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2018 DERECHO AMBIENTAL

YILIANA ALMAO


Tema 12: Ley Penal de Ambiente Objeto: La presente Ley tiene por objeto tipificar como delitos aquellos hechos que violen las disposiciones relativas a la conservación, defensa y mejoramiento del ambiente, y establece las sanciones penales correspondientes. Así mismo, determina las medidas precautelativas, de restitución y de reparación a que haya lugar. Requisitos de las sanciones a personas jurídicas: Independientemente de la responsabilidad de las personas naturales, las personas jurídicas serán sancionadas de conformidad con lo previsto en la presente Ley, en los casos en que el hecho punible descrito en ésta haya sido cometido por decisión de sus órganos, en el ámbito de la actividad propia de la entidad y con recursos sociales y siempre que se perpetre en su interés exclusivo o preferente. Responsabilidad de representante.: Cuando los hechos punibles fueran cometidos por los gerentes, administradores o directores de personas jurídicas, actuando a nombre o en representación de éstas, aquellos responderán de acuerdo a su participación culpable y recaerán sobre las personas jurídicas las sanciones que se especifican en esta Ley. Sanciones a personas naturales.- Las sanciones serán principales y accesorias. Son sanciones principales:

1. La prisión. 2. El arresto. 3. La multa. 4. Los trabajos comunitarios.

La pena de trabajo comunitario consiste en la obligación impuesta al reo de realizar, durante el tiempo de la condena, labores en beneficio de la comunidad, que indicará el juez, quien tendrá presente para tal fin la capacitación de aquél y, en todo caso , sin menoscabo de la dignidad personal. Esta pena podrá ser impuesta en sustitución de la de arresto en los casos en que el juez lo estimare conveniente, atendidas la personalidad del procesado y la mayor o menor gravedad del hecho. Son sanciones accesorias, que se aplicarán a juicio del tribunal:

1. La inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos, hasta por dos (2) años después de cumplirse la pena principal, cuando se trate de hechos punibles cometidos por funcionarios públicos.


2. La inhabilitación para el ejercicio de la profesión, arte o industria, hasta por un (1) año después de cumplida la sanción principal, cuando el delito haya sido cometido por el condenado con abuso de su industria, profesión o arte, o con violación de alguno de los deberes que le sean inherentes. 3. La publicación de la sentencia, a expensas del condenado, en un órgano de prensa de circulación nacional. 4. La obligación de destruir, neutralizar o tratar las sustancias, materiales, instrumentos u objetos fabricados, importados u ofrecidos en venta, y susceptibles de ocasionar daños al ambiente o a la salud de las personas. 5. La suspensión del permiso o autorización con que se hubiese actuado, hasta por un lapso de dos (2) años, después de cumplida la sanción principal. 6. La suspensión del ejercicio de cargos directivos y de representación en personas jurídicas hasta por tres (3) años, después de cumplida la pena principal: y 7. La prohibición de contratar con la Administración Pública hasta por un lapso de tres (3) años, después de cumplida la sanción principal. Es necesariamente accesoria a otra pena principal, el comiso de los equipos, instrumentos, sustancias u objetos con que se hubiere ejecutado, a no ser que pertenezcan a un tercero ajeno al hecho; y de los efectos que de él provengan. Los objetos e instrumentos decomisados se venderán, si son de lícito comercio, y su producto se aplicará a cubrir las responsabilidades civiles del penado. Sanciones a personal jurídicas: La sanción aplicable a las personas jurídicas por los hechos punibles cometidos, en las condiciones señaladas en el artículo 3 de esta Ley, será la de multa establecida para el respectivo delito y, atendida la gravedad del daño causado, la prohibición por un lapso de tres (3) meses a tres (3) años de la actividad origen de la contaminación. Si el daño causado fuere gravísimo, además de la multa, la sanción será la clausura de la fábrica o establecimiento o la prohibición definitiva de la actividad origen de la contaminación, a juicio del juez. El Tribunal podrá, así mismo, imponer a la persona jurídica, de acuerdo a las circunstancias del hecho que se haya cometido, alguna o algunas de las siguientes sanciones:

1. La publicación de la sentencia a expensas del condenado, en un órgano de prensa de circulación nacional. 2. La obligación de destruir, neutralizar o tratar las sustancias, materiales, instrumentos u objetos fabricados, importados u ofrecidos en venta, y susceptibles de ocasionar daños al ambiente o a la salud de las personas. 3. La suspensión del permiso o autorización con que se hubiese actuado, hasta por un lapso de dos (2) años; y 4. La prohibición de contratar con la Administración Pública hasta por un lapso de tres (3) años.


Tema 13: Diversas especies de delitos contra el ambiente Vertido ilícito: El que vierta o arroje materiales no biodegradables, sustancias, agentes biológicos o bioquímicos, efluentes o aguas residuales no tratadas según las disposiciones técnicas dictadas por el Ejecutivo Nacional, objetos o desechos de cualquier naturaleza en los cuerpos de las aguas, sus riberas cauces, cuencas, mantos acuíferos, lagos, lagunas o demás depósitos de agua, incluyendo los sistemas de abastecimiento de aguas, capaces de degradarlas, envenenarlas o contaminarlas, será sancionado con prisión de tres (3) meses a un (1) año y multa de trescientos (300) a mil (1.000) días de salado mínimo. Alteración térmica: El que provoque la alteración térmica de cuerpos de agua por verter en ellos aguas utilizadas para el enfriamiento de maquinarias o plantas industriales, en contravención a las normas técnicas que rigen la materia, será sancionado con prisión de tres (3) meses a un (1) año y multa de trescientos (300) a mil (1.000) días de salario mínimo. Cambio de flujos y sedimentación: El que cambie u obstruya el sistema de control, las escorrentías, el flujo de las aguas o el lecho natural de los ríos, o provoque la sedimentación de éste, en contravención a las normas técnicas vigentes y sin la autorización correspondiente, será sancionado con arresto de tres (3) a nueve (9) meses y multa de trescientos (300) a novecientos (900) días de salario mínimo. Extracción ilícita de materiales: El que contraviniendo las normas técnicas vigentes y sin la autorización de la autoridad competente, extraiga materiales granulares, como arenas, gravas o cantos rodados, será sancionado con arresto de cuatro (4) a ocho (8) meses y multa de cuatrocientos (400) a ochocientos (800) días de salario mínimo. Contaminación de aguas subterráneas: El que realice trabajos que puedan ocasionar daños, contaminación o alteración de aguas subterráneas o de las fuentes de aguas minerales, será sancionado con prisión de uno (1) a dos (2) años y multa de mil (1.000) a dos mil (2.000) días de salario mínimo.


Daños a las defensas de aguas: El que rompiendo o inutilizando, en todo o en parte, barreras, exclusas, diques u otras obras destinadas a la defensa común de las aguas, a su normal conducción, o a la reparación de algún desastre común, haya hecho surgir el peligro de inundación o de cualquier otro desastre, será penado con prisión de seis (6) a treinta (30) meses y multa de quinientos (500) a dos mil quinientos (2.500) días de salario mínimo. Si efectivamente se hubiere causado la inundación u otro desastre común, se aplicará la pena de prisión de tres (3) a cinco (5) años y la multa se elevará al doble. Permisos o autorizaciones ilícitos: El funcionario que otorgue permisos o autorizaciones para la construcción de obras y desarrollo de actividades no permitidas, de acuerdo a los planes de ordenación del territorio o las normas técnicas, en los lechos, vegas y planicies inundables de los ríos u otros cuerpos de agua, será sancionado con prisión de seis (6) meses a un (1) año y multa de seiscientos (600) a mil (1.000) días de salario mínimo.

Tema 14: Ley Penal contra delitos informáticos En los tiempos actuales se evidencia la necesidad de estudiar nuevas relaciones de la ciencia del Derecho con las nuevas tecnologías que van surgiendo periódicamente. Las teclogías han pasado a integrarse con todas las otras ciencias del saber humano y, por lo tanto, también ha pasado a formar parte del Derecho. Según Martino (1991): “La actividad informática forma parte de una transformación global que en sus diferentes aspectos debe ser regulada por un conjunto específico de normas y de principios e instituciones que le sean propias”. Hoy día, el delito informático según es lo que se conoce como toda aquella acción, típica, antijurídica y culpable, que se da por vías informáticas y que puede producir daños al patrimonio de la persona así como a su integridad física.


En la actualidad se conocen varias clases de delitos informáticos los cuales contempla la Ley Especial Contra los Delitos Informáticos, entre ellos se encuentran: 

Delitos Contra los Sistemas que Utilizan Tecnologías de Información: en el que tipifica el acceso indebido, sabotaje o daño a sistemas, posesión de equipos o prestación de servicios de sabotaje, espionaje informático y falsificación de documentos. 

Delitos contra la privacidad de las personas y las comunicaciones: son los siguientes: La violación de la privacidad de la data o información de carácter personal que se encuentre en un sistema que use tecnologías de información, La violación de la privacidad de las comunicaciones y La revelación indebida de datos o información obtenidos por los medios ilícitos. 

Delitos contra niños y adolescentes: son los siguientes: La difusión o exhibición de material pornográfico sin la debida advertencia para que se restrinja el acceso a menores de edad, y La exhibición pornográfica de niños o adolescentes.

Delitos contra el orden económico: que son los siguientes: La apropiación indebida de propiedad intelectual mediante la reproducción, divulgación, modificación o copia de un software, y La oferta engañosa de bienes o servicios mediante la utilización de tecnologías de la información.

En términos generales, se describió una compleja tipología de delitos informáticos establecidos en nuestra legislación, vigente en el país. Todas las modalidades de delito informático tienen en común el elemento interno, que consiste en la utilización de un medio electrónico para la comisión del ilícito. Sin embargo, difieren en el elemento subjetivo, es decir, la finalidad que ellos persiguen. En los delitos contra la propiedad, el sujeto activo tiene el propósito de obtener un lucro de manera ilícita mediante engaños o artimañas por un medio electrónico. En los delitos contra la privacidad de las personas y las comunicaciones, se afecta la integridad de la persona.


Fraude informático Definición El fraude por vía informática también conocida como fraude informático, es para Piva y Pinto (2013), “la manipulación o alteración del proceso de elaboración electrónica de cualquier clase y en cualquier momento de este, realizada con ánimo de lucro y causando un perjuicio económico a un tercero” (p.963). El fraude informático es aquel delito informático realizado con intención de engañar o perjudicar a una persona u organización y proporcionar un beneficio ilegítimo a quien lo realiza. El fraude informático y sus orígenes en Venezuela Nuestro primer contacto con los delitos informáticos en Venezuela fue la desagradable experiencia de la clonación masiva de teléfonos celulares que ocurrió a finales de los años noventa. El usuario de una línea móvil encontraba en su cuenta cargos por llamadas a lugares donde no estaba precisamente el mayor número de sus contactos o relaciones, sitios como Singapur, Japón o Malasia, por citar un ejemplo; esta circunstancia, por cierto y por fortuna, permitía demostrar ante las compañías de telefonía celular la total alteración de los patrones de consumo habitual del usuario, que no guardaban relación alguna con la factura que le estaba llegando. Ese primer evento creó cierta desconfianza hacia las nuevas tecnologías, pero fue superada paulatinamente gracias a nuevas inversiones de estas empresas en materia de seguridad y, posteriormente, también a la adopción de mecanismos tales como el pago anticipado (compra de tarjetas de prepago) de las llamadas telefónicas que restaron atractivo a este tipo de fraude y redujeron el riesgo económico de un grueso número de consumidores. Luego, tuvimos otro evento que también nos puso en contacto con delitos informáticos. Se trató de la clonación masiva de tarjetas de crédito y de débito. Esta segunda incursión motivó un esfuerzo mayor de los órganos de investigación penal y también de las instituciones emisoras de dinero electrónico para tratar de enfrentar el problema y procurar una salida adicional a la innegable necesidad de invertir más en seguridad, de modo que, si este factor resultase rebasado, pudiésemos contar con la certeza de la aplicabilidad de una sanción, porque es obvio que si estamos ante conductas que lesionan bienes jurídicos dignos de una mayor protección, la misión del derecho penal es la de procurar una respuesta.


Al evaluar nuestra situación respecto de ese punto encontramos para aquel momento graves carencias, dada la total imposibilidad de provocar una reacción que fuese útil en el sentido de que se lograse un efecto disuasivo inmediato hacia este nuevo tipo de delincuencia. Muchas veces los jueces, en casos como los descritos, intentaron buscar nuevas interpretaciones del Código Penal para poder encuadrar estas conductas pero, como es lógico, los casos carecían de sustento por una razón obvia: la del respeto al principio de legalidad; ciertamente, no puede adaptarse un tipo penal a una nueva situación cuando esa norma no ha sido concebida, no ha sido tipificada, no ha sido creada para esa situación específica; por ello, ante casos como los descritos, había que buscar una respuesta pronta porque estábamos en presencia de una delincuencia diferente, muy avezada, con mejores recursos, totalmente tecnificada, esto es, la delincuencia informática.

De modo que nuestra Ley Especial contra Delitos Informáticos nace como consecuencia de esta inquietud original que es bueno identificar, puesto que es importante conocer de dónde surgen las cosas porque, a veces, se trajina con normas, elementos o instituciones jurídicas sin saber en el fondo si son un calco de figuras foráneas o, en general, cuáles han sido las influencias o circunstancias prevalecientes en un determinado proyecto. En este caso específico la Asamblea Nacional se planteó, dentro de su Comisión de Finanzas, la creación de una subcomisión especial para el estudio del fraude electrónico, foro éste que sirvió para canalizar y estudiar las numerosas denuncias relacionadas con estos hechos recibidas por el Instituto de Protección al Consumidor (Indecu) y el Cuerpo Técnico de Policía Judicial (hoy CICPC). El trabajo de esta sub-comisión, presidida por el diputado Carlos Tablante, dio el impulso necesario a la respuesta legislativa que se necesitaba. Ley Especial Contra los Delitos Informáticos (2001) Objeto de la Ley. Artículo 1 “La presente ley tiene por objeto la protección integral de los sistemas que utilicen tecnologías de información, así como la prevención y sanción de los delitos cometidos contra tales sistemas o cualquiera de sus componentes o los cometidos mediante el uso de dichas tecnologías, en los términos previstos en esta ley”. Extraterritorialidad. Artículo 2 “Cuando alguno de los delitos previstos en la presente ley se cometa fuera del territorio de la República, el sujeto activo quedará sujeto a sus disposiciones si dentro del territorio de la República se hubieren producido efectos del hecho punible y el responsable no ha sido juzgado por el mismo hecho o ha evadido el juzgamiento o la condena por tribunales extranjeros”.


Capítulo II de los delitos contra la propiedad Artículo 14. Fraude. El que, a través del uso indebido de tecnologías de información, valiéndose de cualquier manipulación en sistemas o cualquiera de sus componentes o en la data o información en ellos contenida, consiga insertar instrucciones falsas o fraudulentas que produzcan un resultado que permita obtener un provecho injusto en perjuicio ajeno, será penado con prisión de tres a siete años y multa de trescientas a setecientas unidades tributarias. Título III disposiciones comunes Agravantes. Artículo 27 Agravantes. La pena correspondiente a los delitos previstos en la presente Ley se incrementará entre un tercio y la mitad: 1º Si para la realización del hecho se hubiere hecho uso de alguna contraseña ajena indebidamente obtenida, quitada, retenida o que se hubiere perdido. 2º Si el hecho hubiere sido cometido mediante el abuso de la posición de acceso a data o información reservada o al conocimiento privilegiado de contraseñas en razón del ejercicio de un cargo o función. Artículo 29 Penas accesorias. Además de las penas principales previstas en los capítulos anteriores, se impondrán, necesariamente sin perjuicio de las establecidas en el Código Penal, las accesorias siguientes: 1º El comiso de equipos, dispositivos, instrumentos, materiales, útiles, herramientas y cualquier otro objeto que haya sido utilizado para la comisión de los delitos previstos en los artículos 10 y 19 de la presente ley. 2º El trabajo comunitario por el término de hasta tres años en los casos de los delitos previstos en los artículos 6 y 8 de esta Ley. 3º La inhabilitación para el ejercicio de funciones o empleos públicos, para el ejercicio de la profesión, arte o industria, o para laborar en instituciones o empresas del ramo por un período de hasta tres (3) años después de cumplida o conmutada la sanción principal cuando el delito se haya cometido con abuso de la posición de acceso a data o información reservadas o al conocimiento privilegiado de contraseñas en razón del ejercicio de un cargo o función públicos, del ejercicio privado de una profesión u oficio o del desempeño en una institución o empresa privadas, respectivamente. 4º La suspensión del permiso, registro o autorización para operar o para el ejercicio de cargos directivos y de representación de personas jurídicas vinculadas con el uso de tecnologías de información hasta por el período de tres (3) años después de cumplida o conmutada la sanción principal, si para cometer el delito el agente se hubiere valido o hubiere hecho figurar a una persona jurídica. Articulo 31 Indemnización Civil. En los casos de condena por cualquiera de los delitos previstos en los Capítulos II y V de esta Ley, el Juez impondrá en la sentencia una indemnización en favor de la víctima por un monto equivalente al daño causado. Para la determinación del monto de la indemnización acordada, el Juez requerirá del auxilio de expertos.

Tema 15: Ley sobre armas y explosivos


Las armas de fuego son dispositivos de autodefensa que únicamente deben ser utilizados por personas autorizadas y con fines netamente de seguridad y no de violencia. Un arma es tan sólo un elemento mecánico que debe ser utilizado con la seriedad y los conocimientos mínimos en los aspectos de manejo y seguridad, para hacer de ella un sistema operativo (hombre/arma) que no genere la posibilidad de un accidente humano. En este sentido, la tenencia de estos instrumentos debe responder a una actitud muy seria, madura, responsable y metódica. Lo primero que se debe saber es que el uso de las armas de fuego debe ser el último elemento defensivo o disuasorio, teniendo en cuenta las graves consecuencias que produce cuando una munición impacta en alguna persona. Todo ello unido a la controversia que produce en la sociedad su utilización, así como el correspondiente proceso penal que se inicia cuando se produce un resultado lesivo o la muerte de alguna persona de manera accidental o intencional. En consecuencia, adquirir este tipo de dispositivos requiere de diversas pruebas y justificativos para obtener un permiso o licencia de porte que autorice su tenencia; lo correcto es que el derecho de usar armas en un ciudadano común lleve implícita la obligación de que el Estado haga los exámenes psicológicos y de conducta necesarios, a fin de que los aspirantes a portadores comprueben que no constituyen un riesgo latente para la sociedad, y no que cualquiera porte un elemento peligroso y lo utilice para delinquir o irrespetar a otra persona ciudadano.

Cabe resaltar, que las armas de fuego son mucho más un peligro que una protección, ya que aumentan el riesgo de muertos y heridos; es así como generan una falsa sensación de seguridad. Incluso los policías, que son entrenados para manejar armas, tienen riesgo de ser víctimas de las mismas en diversos casos por su mala manipulación. En ataque, las armas pueden ser utilizadas como un instrumento de coacción, por contacto directo o mediante uso de proyectiles. Estas herramientas, por tanto, van desde algo tan sencillo como un palo afilado a un complejo aglomerado de tecnologías, como un misil balístico intercontinental. En sentido metafórico, cualquier cosa capaz de causar un daño puede ser entendido como arma. Actualmente se encuentra en vigencia la Ley de Armas y Explosivos, según Gaceta Oficial Nº 19.900 de fecha 12 de junio de 1939 e igualmente; así como también la Ley para el Desarme promulgada en el año 2002; sin embargo, como se puede evidenciar, la primera es de muy vieja data y requiere de las actualizaciones necesarias y la segunda no contempla la protección de las personas que entregan las armas ni la confidencialidad del acto, no define las armas de guerra y tampoco presenta un programa político-institucional para su implementación; razones que han llevado a la Asamblea Nacional a presentar un proyecto que intenta fusionar ambos instrumentos legales, con la finalidad de adecuarla y solventar los vacíos existentes en ellas. Ámbito de aplicación de la Ley de Armas y Explosivos


Este instrumento legal es aplicable a todos los ciudadanos venezolanos y venezolanas que de conformidad con el Artículo 1 de dicha ley introduzcan, fabriquen, comercialicen, detenten, porten u oculten armas y explosivos en menoscabo del contenido de la Ley de Armas y Explosivos y el Código Penal Venezolano vigente. Esta Ley, estipula en sus disposiciones la clasificación de las armas así como la prohibición taxativa de que ninguna persona que no sea el Gobierno Nacional pueda introducir en el país fábrica de armas y municiones de guerra, conforme a los reglamentos que en la materia los organismos encargados tengan a bien dictar. Clasificación de las armas según la Ley de Armas y Explosivos. La Ley de Armas y Explosivos ha consagrado taxativamente los instrumentos que deben considerarse Armas, y en este sentido solo deben considerarse como tales las siguientes:

- Armas de Guerra: Son las que se usan o puedan usarse en el Ejército, la Guardia Nacional y demás Cuerpos de Seguridad, para la defensa de la Nación y resguardo del orden público, entre las que se encuentran: cañones, obuses, morteros, ametralladoras, fusiles, carabinas y mosquetones; pistolas y revólveres de largo alcance; y, en general, todas aquellas armas que pudieren ser útiles en la guerra, de todas clases y calibres, de un tiro, de repetición, automáticas y semiautomáticas y sus respectivas municiones y aparejos para ponerlas en actividad; sables, espadas, espadines, lanzas y bayonetas; aparatos lanzallamas; bombas, granadas de mano; gases y sustancias agresivas, así como las armas y dispositivos que puedan arrojarlos o los envases que puedan contenerlos. Dichas armas y sus municiones, siempre y cuando se encuentren, se introduzcan o fabriquen en Venezuela son de la única y exclusiva propiedad de la Nación. Según la Ley en cuestión, bajo ningún concepto, los particulares podrán fabricar, portar, detentar y ocultar armas de guerra ni sus municiones, debido a que esta facultad es exclusiva de la Nación a través del Ejército, la Guardia Nacional, y demás Cuerpos de Seguridad. Sin embargo, atendiendo a la premisa de que toda regla tiene su excepción, las personas que posean colecciones de armas consideradas como objetos de estudio o históricos podrán formar, conservar o vender dichas colecciones de armas, siempre y cuando se apeguen a los Reglamentos que el poder Ejecutivo tenga a bien dictar. - Armas de prohibida importación, fabricación, comercio, porte y detención: a. b.

Las escopetas de uno o más cañones rayados para usar balas rasas. Revólveres y pistolas de toda clase y calibre. A excepción del caso en el que los organismos competentes, previa presentación de una fianza por parte del interesado, otorgue autorización para importar un arma de fuego, de conformidad con los reglamentos y las condiciones legales que existan. c. Los rifles de cacería de cañón rayado, de largo alcance y bala blindada de calibre 22 o 5 milímetros en adelante. d. Los bastones pistolas, puñales, dagas y estoques.


e. f.

Los cartuchos correspondientes a las mencionadas armas de fuego. Las pólvoras piróxiladas para las cargas de los cartuchos de pistolas, revólveres y rifles de cañón rayado. g. Los cuchillos y machetes que no sean de uso doméstico, industrial o agrícola. El Estado, a través del Ministerio de la Defensa y de la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional, igualmente puede autorizar la importación y expendio de las escopetas de Cacería de uno o dos cañones lisos de un solo tiro o de repetición, en los calibres de 12 a 32, inclusive, y los flowers de cañones lisos, comprendidos entre 9 y 14 Mm. para usar cartuchos de cartón. Del análisis de la Ley de Armas y Explosivos se desprende que Artículo 11 de la misma establece la autorización para la importación y el expendio de las escopetas de Cacería de uno o dos cañones lisos de un solo tiro o de repetición, en los calibres de 12 a 32, inclusive, y los flowers de cañones lisos, comprendidos entre 9 y 14 Mm. para usar cartuchos de cartón, mas no para el porte o detentación de las mismas, sin embargo; teniendo en cuenta que todas las armas de fuego, requieren de un porte expedido por el Ministerio de Defensa, a través de la Dirección de Armamento de la Fuerza Armada Nacional, y que el porte o la detentación de un arma de fuego, sin la permisología correspondiente, amerita la aplicación del tipo penal (porte ilícito de arma de fuego) el artículo 277 del Código Penal establece:

“Artículo 277. El porte, la detentación o el ocultamiento de las armas a que se refiere el artículo anterior se castigará con pena de tres a cinco años”. Por el contrario, en voto salvado de la magistrada Blanca Rosa Mármol de León, con respecto a decisión de la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia de fecha veintinueve ( 29 ) días del mes de marzo de 2011, expone que a su criterio cuando no se trate de un arma de guerra de las previstas en el artículo 9 de la Ley Sobre Armas y Explosivos, no está prohibido su porte, ya que únicamente para su detentación se requiere de un empadronamiento o registro del arma, expedido por el Ministerio de la Defensa, a través del Servicio de Armamento de la Fuerza Armada Nacional, por lo tanto su inobservancia, acarrea una falta administrativa, disciplinaria o pecuniaria, y en este sentido no se debe considerar que la persona que porte un arma que no sea de guerra esté cometiendo un delito. Es necesario que se plantee una modificación a este importante texto legal, que si bien ha permitido regular los aspectos atinentes a la fabricación, porte, detentación, comercio, introducción y ocultamiento de armas y explosivos definidos en la misma; requiere que se ajuste a los nuevos tiempos y que sea más amplia en la definición de las armas; considerando que deberían incluir las armas de fabricación casera (como los chopos) entre la clasificación de armas, debido a que actualmente las mismas no pertenecen a las definidas por la Ley de Armas y Explosivos, por lo que de conformidad con los artículos 276 y 277 del Código Penal, es imposible castigar el comercio, la fabricación, la importación, el suministro, ni mucho menos el porte ilícito de un arma que


no estuviere expresamente indicada en la Ley sobre Armas y Explosivos, es decir, impide que quienes las porten, fabriquen, comercialicen u oculten sean sancionados de conformidad con lo dispuesto en la Ley bajo análisis; atendiendo a lo dispuesto en reiteradas decisiones. Es importante conocer que aún y cuando el Estado puede autorizar un porte de arma de fuego (siempre que no sea arma de guerra) la Ley de Armas y Explosivos ha determinado taxativamente que no se autorizará para importar o hacer uso de armas de fuego a personas que tengan antecedentes penales. Y debe quedar claro igualmente que cuando se haya otorgado un permiso para portar armas, su uso sólo estará destinado a su legítima defensa o defensa del orden público, a los fines de que su uso no se considere punible de acuerdo a los establecido en el Artículo 65 del Código Penal. Actualmente en resolución conjunta Nº 041 de fecha 29 de Febrero de 2012 proveniente del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia y el Ministerio de la Defensa se ordenó un operativo de registro de armas y actualización de portes de arma de fuego a nivel nacional, dirigido a todas aquellas personas que posean un arma de fuego en situación irregular, ya sea por vencimiento de porte o por no haber sido registradas dichas armas al momento de su adquisición Los Explosivos. Se debe considerar explosivos toda materia sólida, líquida o mezcla de ambas que, por reacción química, emite gases a altas temperatura, presión y velocidad, desplegando gran cantidad de energía calórica que impacta físicamente su entorno. Los explosivos, municiones, químicos y afines se clasifican en: militares, industriales, comerciales, pirotécnicos, caseros e improvisados. Fundamentación legal de la importación, fabricación y uso de las sustancias explosivas. De acuerdo a la Ley de Armas y Explosivos es posible que, previa autorización formal ante el Ministerio de Defensa, en donde el solicitante exprese sus datos personales y justifique el uso que le dará a las sustancias explosivos, (siempre y cuando no se trate de pólvora negra para cacería y pirotecnia) dicho ministerio pueda autorizar la fabricación, introducción y uso de las mencionadas sustancias. Sin embargo, el mismo instrumento legal contempla que bajo ninguna circunstancia las sustancias explosivas podrán comercializarse por parte de las personas a quién se les ha aprobado una solicitud para su importación, fabricación y uso; ello quiere decir que cuando una sustancia de este tipo ingresa al país, obligatoriamente debe venir previamente destinada a un fin específico, el cual puede ser industrial, agrícola o de minería, pero jamás el fin puede ser lucrarse con el comercio de los mismos, a menos que se trate de la ya mencionada pólvora negra para cacería y pirotecnia; todo ello de conformidad con los artículo 12, 13 y 14 de la Ley bajo estudio. Así mismo, cuando se importe una sustancia explosiva, su uso siempre va a estar regulado por el Ministerio del Poder Popular para la Defensa, es decir, la persona que la importe no podrá llevarse dichos explosivos a su casa y usarlo indiscriminadamente, sino que al momento de ser despachadas por la Aduana, las sustancias pasaran al depósito que designe el estado Venezolano a través del Ministerio de Defensa (Por ejemplo CAVIM), y los importadores podrán sacar, con los respectivos informes, las cantidades específicas que vayan a ir utilizando en sus trabajos. Por lo que se puede deducir que aún y cuando el Ministerio haya aprobado la importación de un explosivo siempre el uso y las cantidades que se necesiten y vayan a retirar va a estar condicionado a un informe favorable que otorgue la autoridad competente.


De acuerdo con la Ley de Armas y Explosivos en su artículo 16, una vez que los importadores hayan obtenido el respectivo permiso para utilizar las sustancias explosivas, tienen la obligación de almacenar la cantidad que retiren en depósitos que deben construir lejos de los centros poblados, todo ello con la finalidad de resguardar la integridad y la vida de la población en general, ante una explosión involuntaria o indiscriminada. Debiendo tener en cuenta que quien contravenga la mencionada disposición será sancionado con las multas a que hubiere lugar, de acuerdo con la disposición contenida en el Artículo 20 ejusdem. Del estudio de la Ley de Armas y Explosivos, se puede evidenciar que las sustancias explosivas por constituir un material altamente nocivo y de uso peligroso ha tratado de ser regulado de una manera tan minuciosa que el importador o dueño de las sustancias está obligado a cancelar mensualmente al Ministerio encargado las cantidades que haya consumido y a justificar que realmente se han usado para el fin bajo el cual se acordó su importación; así como también los vehículos o embarcaciones que los transporten deben cumplir con las medidas mínimas de seguridad para demostrar tanto a los pasajeros como a cualquier autoridad que llevan dentro de sí sustancias explosivas Es importante que todas las personas que de alguna manera quieran utilizar, fabricar o usar sustancias explosivas cumplan con las disposiciones que presenta la Ley de Armas y Explosivos, ya que de lo contrario, el contrabando o uso ilícito de dichas las sustancias, acarreará su decomiso y la aplicación de multas o penas correspondientes de acuerdo con el Artículo 19 ejusdem. En cuyo caso de decomiso, ya sea de explosivos o armas, las autoridades que lo practiquen deberán notificarlo rápidamente al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores y Justicia. No solamente los nacionales se encuentran regidos por la Ley de Armas y Explosivos, sino que de acuerdo a las disposiciones de la misma, los extranjeros que ingrese al país deberán depositar ante la autoridad competente las armas y cartuchos de comercio ilícito que traigan consigo y previo el cumplimiento de las formalidades necesarias, el viajero podrá reclamar su devolución a la salida del país. Por último, se debe indicar que los tipos penales a que se refiere la Ley de Armas y Explosivos, y que a saber son la detentación, fabricación, comercio, detentación, porte y ocultamiento ilícito de Armas y explosivos deberán ser del conocimiento de los Jueces de Primera Instancia Penal en funciones de Control, para que ejerzan su jurisdicción y den inicio a los procedimientos a que hubiere lugar. Así mismo, de acuerdo a las situaciones específicas deberá darse conocimiento al Ministerio del Poder Popular para las Relaciones y Interiores y Justicia y al Ministerio del Poder Popular para la Defensa, tal y como se enunció ampliamente en el transcurso de la investigación presentada.-

Del análisis de las disposiciones previstas en el Ordenamiento Jurídico Venezolano respecto al delicado tema de las armas y explosivos, se puede afirmar que sólo el Estado puede poseer y portar armas por medio de su fuerza pública y de los miembros de los organismos y cuerpos oficiales de seguridad, con el único objetivo de dar cumplimiento de los fines consagrados en la Constitución y en la Ley. En este sentido, las disposiciones constitucionales muestran que la posibilidad de que los particulares posean armas debe derivarse exclusivamente del permiso estatal, y bajo la obligación expresa de usarla en legítima defensa y en resguardo del orden público. En Venezuela, ha despertado gran preocupación el tema de las armas y explosivos, teniendo en cuenta que lamentablemente la gran cantidad de homicidios que se cometen en el país se producen por armas de fuego y armas blancas; por esta razón mucho se ha discutido respecto a los instrumentos legales que deben regir la materia, sin


embargo, aún y cuando el Legislador ha tratado de regular desde un sentido amplísimo, como se pudo notar del análisis realizado anteriormente, y que se encuentran en vigencia la Ley de Armas y Explosivos y la Ley para el Desarme, y los organismos competentes han emitido reglamentos y Resoluciones conjuntas para regular aspectos tan delicados como el porte de armas de fuego; es necesario que se profundice sobre las disposiciones, que se concentre en un único instrumento los vacíos legales existentes, y sería interesante que el proyecto que actualmente se encuentra en la Asamblea Nacional para fusionar tanto la Ley Desarme como la Ley de Armas y Explosivos, finalmente sea aprobado y promulgado. En los actuales momentos estamos conscientes que una política de desarme cobra real importancia y sentido, sin embargo los problemas sociales no se solucionan por decreto ni por mandatos de ley. Se necesita voluntad, así como una seria implementación y toda una institucionalidad que la haga posible. De lo contrario por más leyes que traten de implementarse las mismas se convertirán en letra muerta. Una política de desarme debería estar integrada a una política de seguridad más general, dirigida no sólo a las armas ilegales, sino también de actualización, fiscalización y control de las armas con porte legal. En este sentido, es rescatable la propuesta de ofrecer un programa político concreto para recoger las armas de la calle lo más pronto posible, con estímulos sociales para la gente que procure este objetivo. Deben incrementarse los requisitos y filtros para el porte de armas, así como su venta. Es necesario controlar y fiscalizar el uso y tráfico de armas por parte de compañías de seguridad privada, así como la restricción o eliminación de las armerías; establecerse un marcaje distintivo de municiones según su origen y usuario final, siendo esto esencial para su control. Así mismo, en la Ley de Armas y explosivos se expone que las Armas de Fuego recuperadas tendrán como destino el Parque Nacional de Armas, pero sería importante que en lugar de darle ese destino, dichas armas sean destruidas o que exista la garantía por parte de las autoridades del no reciclaje de las armas que se decomisen . Sin importar las coyunturas políticas y los créditos por la aprobación o mejoras de un nuevo instrumento legal hay un factor que jamás será negociable: la protección de la vida de todos, en especial la de los más vulnerables de la sociedad, estos últimos son los que sufren de manera más encarnizada la violencia.

BIBLIOGRAFIA CONSULTADA

http://derechovenezuela123.blogspot.com/2012/12/analisis-e-interpretacion-de-la-leyde.html Ley Penal de Ambiente. Tema 13: Diversas especies de delitos contra el ambiente. Tema 14: Ley Penal contra delitos informáticos Tema 15: Ley sobre armas y explosivos.

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