Issuu on Google+

Publicación mensual del Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario Tercera época - Año 9 - La Paz, junio de 2010

Nº 62 REFORMA DE PENSIONES DEL MAS

LA PERPETUACIÓN DE LAS RENTAS BAJAS

3 El incremento salarial no ocasiona inflación 8 Incremento salarial de hasta un 20% no afectaría el pago de bonos.


2 - OPINIÓN Junio de 2010

PENSIONES: EL CABALLO DE TROYA GUBERNAMENTAL

L

a pugna por la demanda salarial iniciada por los trabajadores a finales de abril de este año tuvo como desenlace una ruptura en el seno de las propias organizaciones laborales. De esta manera, el g obierno de Ev o Morales se anotó una victoria sobre una demanda social, bajo el argumento de un “manejo responsable de la economía”, tan utilizado por sus antecesores inmediatos en el gobierno, a quienes el propio presidente del Estado Plurinacional no escatima en adjetivar como “neoliberales”. El método utilizado para detener el ímpetu social sobre la demanda de mayor incremento salarial al 5%, ofrecido por el g obierno, ha sido también uno que guarda similitud con el pasado: la división del movimiento obrero sobre la base de ofer tas que benefician a unos cuantos y la coptación de las dirigencias que ven prontamente comprometida su legitimidad frente a sus bases.

Y, en esta ocasión, el Caballo de Troya utilizado por el gobierno que le permitió ingresar en el fuerte contrario, ha sido un retoque a la refor ma de la Ley de P ensiones ofer tada el 2008. Nada muy creativo ni “revolucionario”, tan solo un descenso en la edad de jubilación hasta los 58 años (que en el caso de los trabajadores mineros podría llegar a los 51 y para las m ujeres con más de 3 hijos, que podrían jubilarse a los 55 años), además de la modificación del fondo para una renta solidaria. El Sistema de Capitalización Indi vidual basado en un ma yor apor te de los trabajadores se mantiene, y con él la orientación de la ley aún vig ente, aprobada por Gonzalo Sánc hez de Lozada en 1996. Este número del boletín Aler ta Laboral incluye el análisis de estas modificaciones a la Ley de Pensiones, argumentando su carácter limitado y llamando la atención sobre las falacias en torno a sus supuestos beneficios .

Por ejemplo, la medida, al final, trae consigo beneficios para casos excepcionales en el mercado laboral, pues la predominancia de la eventualidad y larg os periodos de cesantía en la ma yoría de los trabajadores no per mite que esta refor ma alcance los resultados señalados por los personeros de gobierno. De esta manera, las organizaciones laborales tienen una tarea pendiente , la de evaluar la oferta de reforma de la Ley de P ensiones, que per mitió al gobierno tener un aire en las negociaciones respecto de las demandas de incremento salarial, más aún si suponemos que la misma no tuvo otro fin que el de debilitar al mo vimiento obrero. Javier Gómez Aguilar DIRECTOR EJECUTIVO CEDLA

Director Ejecutivo

Javier Gómez

Coordinación de publicación

Unidad de Comunicación Consejo editorial

Carlos Arze, Gustavo Luna y Bruno Rojas Producción editorial

Unidad de Comunicación Edición

Soraya Luján y Carmen Rivero Escribe

Carlos Arze Diseño, armado

Milton Iñiguez Ilustraciones

Gonzalo Llanos Jaimes Freyre 2940 esq. Muñoz Cornejo, Sopocachi Tel. 241-2429, Fax 241-4625 E-mail: cedla@cedla.org La Paz - Bolivia Los artículos son de exclusiva responsabilidad de sus autores. La suscripción a Alerta Laboral puede realizarse gratuitamente en las oficinas del CEDLA

Visitanos

www.

cedla.org


DERECHOS LABORALES - 3 Junio de 2010

E

l argumento de los empresarios y del gobierno de relacionar de manera directa un incremento salarial mayor al 5% con el riesgo de una alta inflación, es equi vocado, porque si existe alguna relación, ésta es más bien, inversa. Sin embarg o, nuevamente viene a colación la amenaza de una hiperinflación1 como justificativo empleado por las autoridades para no considerar un incremento ma yor al mencionado, demandado por las organizaciones laborales. El 2009 el g obierno decretó un incremento salarial del 12% –uno de los más elev ados de la g estión del MAS– sin embargo, ese año se registró una inf lación de apenas 0,26%. El 2005, año en el que no se registró ningún incremento salarial, la inflación fue de 4,91% (Cuadro 1). P or lo tanto , se evidencia que los incrementos en el salario no deter minan de manera directa los mo vimientos de la inflación (Cuadro 1). Este cuadro corrobora de manera contundente que, mientras se otorgaron incrementos en el salario , la inflación tendía a registrar un comportamiento opuesto.

¿QUÉ DETERMINA EL PRECIO DE LOS PRODUCTOS? Si bien se ha dejado establecido que un incremento salarial no está directamente relacionado con un proceso inflacionario, por otro lado, es necesario aclarar que el precio de una mercancía está deter minado por: la ley de oferta y demanda, sin embargo este precio siempre es el aproximado a su valor, es decir que, por ejemplo, un litro de leche no puede tener un precio de Bs 20 ó de Bs 1; tendrá, más bien, un comportamiento determinado por el tiempo de trabajo empleado en su producción. Es lo que los economistas clásicos llamaron el precio natural o lo que ahora se conoce como el valor. Ahora bien, si se reduce el tiempo de trabajo en la producción del litro de leche, debido a mejoras aplicadas en su producción, obviamente el valor de este producto se reducirá así como su precio en el mercado. Está claro que este precio tendrá oscilaciones , pero su comportamiento estará alrededor de su valor. Ahora bien, en la producción de este litro de leche, se debe considerar el costo de la materia prima, el desgaste de la maquinaria y el equipo e instrumentos utilizados . Una v ez hecho este cálculo, se obtiene el valor

El motivo por el que se niega un incremento salarial superior al 5% a los trabajadores tiene que ver con la reducción de la ganancia empresarial.

Argumento poco válido

El incremento salarial no ocasiona inflación agregado o valor nuevo creado. Este valor ag regado es resultado de la aplicación de un determinado tiempo de trabajo humano. EL TRABAJO TIENE UN PRECIO El trabajador posee una mercancía peculiar que es su fuerza de trabajo, es decir, su capacidad de trabajar, que la vende a un deter minado precio, éste es el salario . Entonces el empleador debe pagar al trabajador un salario que g arantice la cober tura de sus necesidades básicas de alimentación, vestimenta, salud, educación, entre otras cosas. Siendo que el precio del trabajo está determinado en el mercado, éste está casi siempre por debajo de su valor, porque la cantidad de personas que están dispuestas a trabajar es siempre mayor que las necesidades de los empresarios de ocupar trabajadores. Ante esta estructura de la oferta y demanda de trabajo los salarios obviamente serán bajos. SALARIO Y GANANCIA Como se señala líneas ar riba, el trabajador es el que produce el litro de leche, el valor agregado generado a partir de las materias primas , del

desgaste del equipo y de las herramientas utilizadas. Este valor agregado se divide en salario y ganancia, pero resulta que al productor de este litro de leche le toca un salario bajo (puesto que es deter minado por el mercado y por las leyes vigentes) y el resto del valor agregado, la ganancia, (que es la mayor parte de la torta) será apropiado por el empresario. . Ahora bien, si se pagara una suma mayor al trabajador por concepto de salario, lo que ocurriría es que el dueño de la empresa se quedaría con una menor cantidad de dinero proveniente del nuevo valor creado. He aquí las razones del por qué el empresario que contrató al trabajador, no quiere aumentarle el salario. Y, por lo tanto , esto no tiene nada que v er con el precio del litro de leche en el mercado o con la inflación. NOTAS

1. El control del proceso hiperinflacionario, fue logrado mediante la aplicación de recetas neoliberales, modelo aún vigente en el país, cuyo factor de ajuste fue el control de determinados precios del tipo de cambio, la tasa de interés y, sobre todo, del salario de los trabajadores.

Cuadro 1

TASA DE CRECIMIENTO Incremento salarial nominal (En porcentaje)

Inflación acumulada a doce meses (En porcentaje)

7,6 12,7 7,5 2,3 0,0 0,0 13,6 5,0 10,0 12,0 5,0

3,41 0,92 2,45 3,94 4,62 4,91 4,95 11,73 11,85 0,26 4,50

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 (p) Fuente: INE, BCB y UDAPE. Elaboración: CEDLA (p) = Proyección Nota:


4• ANÁLISIS

ANÁLISIS • 5 Junio de 2010

Con la venia de la COB, el gobierno del MAS apuesta por la continuidad de la Ley de Pensiones de Sánchez de Lozada, con modificaciones insustanciales que la hacen pasar por nueva y revolucionaria.

E

l gobierno logró firmar un convenio con la cúpula dirigente de la Central Obrera Boliviana (COB), que contiene una propuesta de reforma del Sistema de Pensiones favorable a ciertos segmentos de trabajadores que reunirían determinadas condiciones entre las cuales están las de: antigüedad, número de apor tes y nivel de salario para jubilarse . Este acuerdo, repudiado por varios sectores laborales, especialmente por los maestros urbanos y los trabajadores fabriles de La Paz, que se encontraban movilizados, le sirvió al gobierno para desinflar un conflicto social que estaba desenmascarando el carácter neoliberal de sus políticas. La propuesta de nueva Ley de Pensiones es en lo fundamental, la misma que se había aprobado en la Cámara de Diputados en diciembre de 2008, pues mantiene el sistema de capitalización individual y añade un régimen semicontributivo, que pro vee una fracción “solidaria” complementaria a las rentas bajas. Empero, el gobierno obligado por el crecimiento acelerado del conflicto laboral, cambió esa anterior propuesta modificando algunos parámetros de acceso a la renta solidaria, que permitiría a varios miles de trabajadores mayores de 58 años acogerse a la jubilación con rentas mayores a las que se les podría asignar ajustándose a lo previsto por la Ley 1732. EL ESPEJISMO DE LA REDUCCIÓN DE LA EDAD De acuerdo a la lógica del Sistema de Pensiones de Capitalización Indi vidual vigente, una persona puede acceder a una renta jubilatoria, independientemente de su edad, cuando la suma de sus apor tes indi viduales y su compensación de cotizaciones (si hubiese aportado al antiguo Sistema de Reparto) es suficiente para financiar una renta vitalicia equivalente al 70% de su referente salarial o promedio salarial de los últimos 60 meses. La otra opción para jubilarse, es lleg ar a los 60 1 años de edad y percibir el monto que resultare de di vidir la suma de sus ahor ros entre su expectativa de

La propuesta de nueva Ley de Pensiones es en lo fundamental, la misma que se había aprobado en la Cámara de Diputados en diciembre de 2008, pues mantiene el sistema de capitalización individual y añade un régimen semicontributivo, que provee una fracción “solidaria” complementaria a las rentas bajas

Nueva Ley de pensiones

¿Cuál nueva?

Igual nomás a la del Goni

vida; es decir, un monto que puede ser igual o diferente al porcentaje mencionado. En la propuesta del gobierno se mantiene esa lógica, con la novedad de que el porcentaje mínimo a financiar para acceder a la jubilación, sin importar la edad sería sólo de 60%, mientras que la edad de jubilación mínima –para quien no cumple el requisito anterior– bajaría a 58 años. Entonces, con la refor ma del MAS, el trabajador podrá acceder a la jubilación a una edad más temprana si logra financiar un porcentaje de su salario, menor que el requerido por la nor ma vigente. Por otra par te, podrá acceder a la jubilación a partir de los 58 años, sin importar el porcentaje que le corresponda por la cuantía de su ahorro. En reconocimiento de las especificidades del trabajo de las mujeres y de los trabajadores mineros, la propuesta establece un tratamiento especial para ambos segmentos en el tema de reducción de edad. Así, se reconoce para las mujeres que hubiesen tenido hijos, el derecho de reducir el requisito de edad para la jubilación a razón de un año por cada hijo , hasta un máximo de tres hijos. Es decir, que la edad a

REFORMA DE PENSIONES DEL MAS

La perpetuación de las rentas bajas la que una mujer trabajadora con hijos puede jubilarse, podría bajar hasta los 55 años. Para las mujeres que ya hubiesen cumplido la edad de 58 años, este derecho se aplica bajo la forma de un incremento del número de cotizaciones al sistema: por cada hijo , se reconocería el equivalente a un año de apor tes adicionales. En el caso de los trabajadores mineros , se establece la edad de 56 años como nor ma general, pero se reconoce una reducción adicional de un año por cada dos años de trabajo en labores de interior mina hasta un máximo de 5 años , con lo que la edad de jubilación podría reducirse a 51 años. Por tanto, este primer aspecto del convenio entre el g obierno y la COB, presentado por ambos como una modificación trascendental del sistema neoliberal, en realidad no altera el espíritu ni la lógica de dicho sistema: el trabajador seguirá accediendo a una renta jubilatoria si su ahorro individual –hoy en manos de las Administradoras de F ondos de P ensiones (AFP)– se lo permite. Si el espíritu y la lógica no cambian, cabe preguntarse ¿por qué la propuesta de reducción de edad ha desper tado el interés de m uchos trabajadores? UN OPORTUNO APROVECHAMIENTO DE LA INCERTIDUMBRE Debido a las bajas rentas calculadas por las AFP, muchos trabajadores no solicitaron su jubilación, pese a tener 60 años de edad o más. Esta situación estaría particularmente difundida en los sectores del magisterio fiscal y de la minería estatal, donde se contaría por miles los casos de trabajadores con esas características que, además, habrían aportado al Sistema de Seguridad Social por cerca de tres décadas , pero que, merced a la lógica del sistema, sólo lograrían calificar rentas que representan una fracción menor al 50% de sus respecti vos salarios. Estos grupos de personas, como es obvio, habrían optado por alargar su vida laboral con la esperanza de incrementar de ese modo el monto de su futura renta. Consecuentemente, ante la inminente reforma del sistema por parte del gobierno de Evo Morales, estarían dispuestos a aceptar cualquier cambio que les permitiese obtener una renta mayor, así sea a costa de mantener el carácter individualista y puramente financiero del Sistema de Seguridad Social. Es precisamente a la luz de esta situación, que los tecnócratas del g obierno idearon 2 la propuesta de la “renta solidaria”, que consiste en la creación de un fondo o cuenta solidaria

–formado con aportes extras de trabajadores, empresarios y personas naturales–, que financia el pag o de una fracción adicional para las personas que califiquen las rentas más bajas . Para financiar este fondo, el Estado no aporta nada (Gráfico 1). Como se obser va en el g ráfico, la renta solidaria sería pagada de acuerdo a una escala creciente que de pende del número de años cotizados. Los dos niveles más bajos cor responden a montos de 476 y 679 boli vianos, equivalentes a 70% y 100% de un salario mínimo nacional, que se reconocería como la renta mínima para trabajadores que hayan cotizado 10 y 15 años, respectivamente. En los siguientes niveles se establecen “pisos” y “techos” para cada rang o de años cotizados , lleg ando, de manera creciente, al máximo nivel de Bs 2.400 para quienes aporten 35 años y perciban salarios cuyo 70% sea un monto cercano a esos Bs 2.400. En el caso particular de los trabajadores mineros la escala tiene “tec hos” mayores en cada nivel y alcanza el máximo de Bs 3.000 a los 35 años de aportes. Naturalmente, en un contexto de enor me incertidumbre entre los trabajadores, acerca de sus posibilidades de acceder algún día a una renta jubilatoria, dada la naturaleza y los magros resultados que les ofrece el Sistema de Capitalización Individual, muchos de ellos pueden haber recibido con cierta simpatía una propuesta que incorpora una mejora relativa en sus rentas esperadas y que los habilita,

mediante la reducción de la edad mínima, para iniciar su trámite de jubilación de inmediato . LA MEDIA VERDAD DE LA PENSIÓN SOLIDARIA Según el g obierno , la renta solidaria permitiría que quienes, bajo los parámetros de la Ley 1732, obtienen rentas muy bajas , incrementen las mismas con una fracción “solidaria” pagada por el fondo común, de modo que alcancen al 70% de su referente salarial (Cuadro 1). Los requisitos para acceder a la fracción solidaria son: tener 58 años cumplidos, haber cotizado al menos 10 años y que el monto de su renta emergente de sus ahorros individuales no alcance al equivalente del 70% de su referente salarial3 (Cuadro 1). Empero, declaraciones oficiales revelan que esa garantía de obtención de una renta igual al 70% de su referente salarial, sólo se aplica para las personas que hubiesen aportado al sistema por lo menos treinta años, pues para quienes hubiesen aportado 25, por ejemplo, el porcentaje sería sólo de 65% y así sucesivamente en sentido descendente. En realidad, si se observa los casos hipotéticos elaborados por el gobierno, se puede constatar que ni siquiera en ellos se v erifica dicha garantía. Como se puede v er (Cuadro 2), el porcentaje que representa la pensión solidaria (pensión final) del referente salarial, m uestra una tendencia decreciente , a medida que el salario es mayor; por ello, en varios casos –como

Gráfico 1

Escala de la renta solidaria 3.500 3.000

3.000 2.500

2.500

2.200

2.000

2.000

500 0

2.400

2.000

1.500 1.340

1.000

3.000

1.100

1.200

25 años

30 años

1.300

890 476 10 años

679 15 años Acuerdo piso

20 años

Acuerdo techo

Fuente: Ministerio de Economía y Finanzas Públicas Elaboración: CEDLA

Mineros techo

35 años

los casos 6 y 7– sólo se lleg aría a un poco más del 50% del referente salarial. Utilizando los mismos parámetros del ejemplo gubernamental, hemos proyectado otros casos hipotéticos (Casos del 8 al 10), que nos permiten observar que esa tendencia decreciente de la relación entre la renta solidaria y el referente salarial llega hasta un límite, luego del cual, los trabajadores con salarios de cierta magnitud no ingresan al régimen solidario, por tanto no perciben ninguna fracción solidaria que incremente su renta calculada y sólo obtienen el 34% de su referente salarial. Así, por ejemplo, una persona (Caso 10) que tenga las mismas características de otras (Casos del 6 al 9) en tér minos de edad, carg a familiar, etc., pese a percibir un salario mayor al de los otros (Bs 6.812), llegaría a obtener el mismo ni vel de renta que los otros trabajadores que ganan salarios de entre 4.000 y 6.000 boli vianos. Esta situación revela que el goce del derecho de la renta solidaria estará determinado por la fijación arbitraria de un tope en el monto salarial. Lo que sugiere que , en criterio del gobierno, los salarios que sobrepasan niveles cercanos a los Bs 6.000 deben considerarse salarios de lujo 4, razón por la cual quienes lo perciben deberían ser solidarios con los trabajadores de ing resos bajos, liberando de esa responsabilidad a los empleadores y al propio Estado. Entonces , el principal efecto noci vo del sistema neoliberal, que consiste en la obtención de rentas bajas y no proporcionales respecto al salario percibido al final de la vida activa de los trabajadores, se re pite con la propuesta gubernamental. En efecto, como sucede en la actualidad, los trabajadores que en su vida activa obtuvieron salarios de hambre, estarán sujetos a sobrevivir durante su vejez con rentas aún más bajas, las que en m uchos casos no llegarán ni a la mitad del referente salarial (Cuadro 2). UNA MEDIDA PARA CASOS EXCEPCIONALES DEL MERCADO LABORAL Hemos visto que los trabajadores que perciben los salarios más bajos y que han gozado de estabilidad laboral –que les ha permitido acumular cotizaciones por 30 ó 35 años a la edad de 58– podrían beneficiarse con la “fracción solidaria” que incrementaría su renta hasta representar el 70% de su referente salarial (sin importar si dicha renta les permitirá o no “vivir bien”). Esta consideración nos lleva a preguntar nos acerca de las condiciones necesarias para que los trabajadores se beneficien con la renta solidaria. Como se mencionó, uno de los requisitos para acceder a la renta solidaria, es que se haya acumulado por lo menos 10 años de cotizaciones. Más aún, para que la renta solidaria a obtener esté en los rang os superiores de la escala, el trabajador debería haber cotizado por 30 ó 35 años al cumplir la edad de 58 años; es decir , debería haber trabajado ininterrumpidamente desde los 23 ó 28 años de edad en empresas formales que cumplan las leyes so-


6 - ANÁLISIS Junio de 2010

ciales. Está claro que la ev entual interrupción en la vida laboral de los trabajadores implicaría, por lo menos, dos circunstancias: extender su vida activa más allá de los 58 años para alcanzar una densidad de aportes adecuada o ingresar al trabajo a una edad más temprana, ambas situaciones suponen, inevitablemente, la precarización de sus condiciones de vida. El carácter irreal y demagógico de la propuesta se confir ma a la luz de las condiciones reales prevalecientes en el mundo del trabajo. Merced a la sostenida aplicación de políticas de flexibilización laboral, la estabilidad en el trabajo ha caído a niveles alarmantes, según la encuesta de empleo de 2009, elaborada por el Centro de Estudios para el Desarrollo Laboral y Agrario (Cedla), el 48% de los trabajadores ocupados en el país estuvieron sujetos a contratos ev entuales. Asimismo, se conoce que los períodos de desempleo han crecido en número de meses y afectan a fracciones crecientes de la fuerza de trabajo . En 2009, el 20% de los desocupados había estado buscando una fuente laboral entre 6 y 12 meses , un 17% lo estuvo haciendo por 12 a 14 meses y poco más del 9% se mantuv o desempleado por 24 meses o más . Además de ello, se debe considerar

que este escenario se deteriora paulatinamente, a medida que el elev ado desempleo no encuentra solución y, por el contrario, se acrecienta. . Entonces, se puede colegir que la renta solidaria, que exige un elevado número de años de cotización al sistema para alcanzar el 70% (porcentaje que también, teóricamente, ofrece el Sistema de Capitalización Individual), es un régimen útil para casos excepcionales que, dadas las características y condiciones prevalecientes en nuestro mercado de trabajo, coincide con ciertos grupos que en la actualidad presionan demandando su acceso a la jubilación y cuya presencia ha sido utilizada por el gobierno como justificativo para inducir la aceptación de la reforma por parte de la cúpula de la COB. MAYOR DEMANDA DE JUBILACIÓN Y RIESGO PARA EL FONDO SOLIDARIO Desde el 2003 hasta el 2009 se han jubilado 25.000 personas en el Seguro Social Obligatorio (SSO) cuyas rentas están financiadas en un porcentaje mayoritario por fondos provenientes del antiguo Sistema de Reparto (SR) a tra vés del TGN . En efecto , la fracción más grande de las rentas de los jubilados “del SSO” es financiada

por el TGN , debido a que cor responden a la compensación de cotizaciones que esos trabajadores obtuvieron como reconocimiento de sus aportes al antiguo Sistema de Reparto. Según información de la antigua Superintendencia de P ensiones, la fracción financiada por la compensación de cotizaciones alcanzaba a 94,27% en el 2003 y a 93,18% en el 2006. Esto significa que no habría sido posible la jubilación de esas 25.000 personas , si ellas no hubiesen contado con una compensación de cotizaciones de una magnitud importante y sólo hubiesen contado con la renta reconocida por el sistema de las AFP. Esta misma situación se patentiza en el siguiente ejercicio, que el actual Viceministerio de Pensiones utiliza en los seminarios en que publicita las virtudes de la reforma del gobierno:

La eventual interrupción en la vida laboral de los trabajadores implicaría extender su vida activa más allá de los 58 años para alcanzar una densidad de aportes adecuada o ingresar al trabajo a una edad más temprana

Cuadro 1

Personas que tienen 30 años de aportes Detalle Último total ganado Promedio últimas 24 cot. Pensión Ley 1732 % de pensión por 30 años Pensión en Bs Pensión final Fracción solidaria

A B C D E F G

Caso 1 1.500 1.425 486 70% 998 1.200 714

Caso 2 2.000 1.900 642 70% 1.330 1.330 688

Caso 3 2.500 2.375 807 70% 1.663 1.663 856

Caso 4 3.000 2.850 963 70% 1.995 1.995 1.032

Caso 5 3.500 3.325 1.128 70% 2.328 2.200 1.072

Caso 6 4.000 3.800 1.284 70% 2.660 2.200 916

Caso 7 4.500 4.275 1.449 70% 2.993 2.200 751

Fuente: La Razón, 12 de mayo de 2010 Elaboración: CEDLA

Cuadro 2

Personas que tienen 30 años de aportes Detalle Último total ganado Promedio últimas 24 cot. Pensión Ley 1732 Pensión final P. Solidaria como % referente Fracción solidaria

A B C F F/B G

Fuente: La Razón, 12 de mayo de 2010 Elaboración: CEDLA

Caso 1 1.500 1.425 486 1.200 84% 714

Caso 4 3.000 2.850 963 1.995 70% 1.032

Caso 6 4.000 3.800 1.284 2.200 58% 916

Caso 7 4.500 4.275 1.449 2.200 51% 751

Caso 8 5.000 4.750 1.615 2.200 46% 585

Caso 9 6.000 5.700 1.938 2.200 39% 262

Caso 10 6.812 6.471 2.200 2.200 34% 0


ANÁLISIS -7 Junio de 2010

• Hombre casado de 58 años. • Aportes por 25 años: 15 al Sistema de Reparto y 10 al SSO. • Salario cotizable actualizado del antiguo sistema: Bs 1.400 • Total ganado actual de Bs 3.000 y promedio de 24 últimos meses Bs 12.850. Su renta calculada estaría compuesta, aplicando las respectivas ecuaciones de cada sistema, por: Bs 588 del SR + Bs 152 del SSO = Bs 740 Es decir, que con la compensación de cotizaciones correspondiente a un salario equivalente a menos de la mitad del actual, el trabajador financiaría el 79,5% de su renta, mientras que los 10 años de cotización con un salario mayor sólo le reportarían el restante 20,5%. Esta es la razón para que el gobierno proponga una renta solidaria. Ante la evidencia del fracaso de la Capitalización Individual, que está provocando su creciente rechazo y la demanda por un sistema solidario, y por la necesidad de defenderlo porque permite disponer de un enorme ahorro de largo plazo, útil para financiar al Estado y a las empresas, se pretende establecer un régimen “solidario” para casos excepcionales y financiarlo con el aporte adicional de los trabajadores y el ingreso de las personas naturales. Pero esta solución no está libre de riesgos en el futuro. Si en la actualidad, cuando toda vía existe un número importante de personas que poseen cierta antigüedad laboral –ref lejada en su compensación de cotizaciones–, las rentas que se obtienen necesitan de “fracciones solidarias” adicionales de hasta el 52% 5 para cubrir el 70% de sus referentes salariales . Queda claro que la reducción paulatina del número de trabajadores que aportaron al SR, producirá una demanda creciente de recursos al Fondo Solidario6. En otras palabras , a medida que las rentas calculadas por el Sistema de Capitalización Individual sean cada vez más pequeñas –porque los trabajadores que no aportaron al antiguo Sistema de Reparto se hacen mayoritarios– se necesitará más dinero para

El Sistema de Capitalización Individual sólo puede otorgar rentas bajas insuficientes para el sostenimiento de los trabajadores durante su vejez

financiar la fracción solidaria creciente y, por tanto, se requerirán ma yores aportes “solidarios”. Adicionalmente, la presión se incrementará por la recalificación de las rentas de los jubilados del SSO que estén percibiendo rentas menores a las de las escalas de la renta solidaria. El proyecto gubernamental parece haber previsto esta situación. En el Artículo 31, referido al financiamiento de la Cuenta Solidaria, establece que “los rang os y porcentajes de los aportes establecidos en el presente artículo, serán revisados cada cinco años por el Órg ano Ejecutivo, pudiendo ser modificados, en función de las necesidades de financiamiento de la Pensión Solidaria”. Es decir, la solución podría venir bajo la for ma de mayores aportes de los trabajadores para solventar la política continuista del gobierno. UN CONVENIO QUE OPTA POR EL SISTEMA NEOLIBERAL Por todo lo anterior, se puede concluir que la creación de la renta solidaria, no es sólo un intento de aplicar una reforma insustancial aprovechando la desesperanza de muchos trabajadores de edad avanzada e intentando confrontar sus intereses con los del resto de los trabajadores, sino que es la confesión de par te del g obierno de que el Sistema de Capitalización Individual sólo puede otorgar rentas bajas insuficientes para el sostenimiento de los trabajadores durante su vejez. Pese a ello, el gobierno “revolucionario” persiste en su mantenimiento como Sistema de Seguridad Social en el país, por lo que se puede concluir que su intención es la per petuación de las rentas míseras para los trabajadores bolivianos Lo más lamentable, sin embargo es el abandono de los dirigentes máximos de la COB de su inicial propuesta de Reforma de Pensiones. En el 2008, en reuniones nacionales de los sindicatos del país, se aprobó una propuesta que , aunque presentaba omisiones y deficientes pro yecciones que deberían ser corregidas, reivindicaba el establecimiento de un sistema basado en la solidaridad inter-generacional y en los principios que iluminaron la creación de la seguridad social en el pasado. En ese proyecto, se planteaba la g arantía de rentas de jubilación equivalentes , como mínimo, al 70% del salario promedio de los últimos 24 meses y reajustable cada año en base al incremento salarial dispuesto oficialmente . A diferencia de la propuesta neoliberal del MAS, no se recurría a la elevación del aporte laboral

para complementar sólo las rentas más bajas, sino que se establecía el pago de ese porcentaje a todos quienes hubiesen cumplido los 55 años de edad y aportado 20 años, porcentaje que podría incrementarse, además, en un 2% por cada 12 cuotas mensuales de aporte laboral excedente a las 240 cuotas necesarias. En resumen, el convenio firmado en mayo de este año entre la COB y el gobierno optó por la continuidad del Sistema de Pensiones establecido por el gobierno neoliberal de Sánchez de Lozada en 1996, haciéndole algunas modificaciones insustanciales que le permitan pasar por nuevo y hasta por ser “el más a vanzado del m undo”. NOTAS

1. La Ley 3785 de no viembre de 2007, redujo la edad de jubilación de 65 años a 60 años. 2. A despecho de la supuesta “creatividad” de dichos tecnócratas, se debe mencionar que ya en 1993 se aprobó en Colombia (Ley 100) un régimen solidario de características similares, que estableció: “h) En desarrollo del principio de solidaridad, los dos regímenes previstos por el artículo 12 de la presente Ley g arantizan a sus afiliados el reconocimiento y pago de una pensión mínima en los tér minos de la presente Ley; i) Existirá un Fondo de Solidaridad Pensional destinado a ampliar la cobertura mediante el subsidio a los g rupos de población que, por sus características y condiciones socioeconómicas, no tienen acceso a los sistemas de seguridad social, tales como campesinos , indígenas , trabajadores independientes, artistas, deportistas y madres com unitarias” y que está financiado mediante un apor te laboral adicional. 3. Según la propuesta, es el promedio del total ganado de los dos últimos años (si aportó 60 cuotas o más) o promedio de los totales ganados registrados (si no aportó 60 cuotas). El total ganado es la suma de los salarios, horas extras, primas, bonos, dietas, pulperías y toda retribución ordinaria o extraordinaria, suplementaria o a destajo, que obtiene como ingresos de forma mensual, antes de la deducción de impuestos. Se establece un máximo de 60 v eces el SMN. 4. La misma lógica fue aplicada en el reciente conflicto por el incremento salarial del 5%, cuando el g obierno aludía a un supuesto promedio salarial del magisterio de Bs 3.500 como un “buen” salario. 5. Ver cuadro 2, basado en la propaganda oficial. 6. Declaraciones del viceministro de Pensiones, dan cuenta que existen 30.000 personas en edad de jubilarse y que el gobierno prevé jubilar 25.000 con la pensión solidaria el primer año y 6.000 cada año posterior.


8 - ¡NO HAY DERECHO! Junio de 2010

U

no de los argumentos del gobierno para no incrementar el salario mínimo nacional (SMN) hasta un 20%, es que con ello se estaría restando recursos para el pago de bonos como el J uancito Pinto, Juana Azurduy de Padilla o la renta Universal de Vejez. Sin embargo, el año 2009 se registró un incremento al SMN de un 12% –este incremento ampliado a la masa salarial del Sector Público No Financiero (SPNF) fue del 17,1%– y con éste las cuentas fiscales no experimentaron mayores dificultades en el pago de la cobertura de estos bonos, que forman parte de la política social guber namental. Es importante aclarar que el 12% de incremento al Salario Mínimo Nacional, correspondiente al año 2009 significó en la práctica un 17,1% en la masa salarial del sector público . Esta cifra se la obtiene de la suma del incremento del SMN más el crecimiento vegetativo, que ese año fue del 5,1%. El crecimiento vegetativo es el incremento de trabajadores registrado en este sector, que se tradujo en un mayor número de ítems y, en consecuencia, en una mayor asignación de recursos erogados por el Estado por este concepto; aún así el pago de los bonos no se vio afectado. Los pagos que se realizaron por el conce pto de los bonos mencionados para la g estión 2009 sumaron un total de $us 240 millones, cuya desagregación se la observa en el cuadro 1. En tanto que el incremento de los pagos por concepto de salarios en el sector público del año 2009, respecto al 2008 fue de $us 246 millones , monto similar al destinado al pag o de los bonos indicados, tal como se muestra en el cuadro 2. La pregunta, entonces, es: si en el momento en que se realizaron los pagos por concepto de los bonos por un monto de $us 240 millones, con un incremento simultáneo del salario en el sector fiscal de 17,1%, no hubo mayores problemas en las cuentas fiscales ¿P or qué ahora podría experimentarse esta situación? ¿Será que ahora se tiene pro yectado un menor nivel de ing resos? O es que se trata de un argumento más político que económico. ¿REDISTRIBUCIÓN DEL INGRESO? Otro elemento , opor tuno de considerar, es el orig en de estos

El año 2009 un incremento de un 17% en la masa salarial no significó una dificultad para el pago de los bonos que efectuó el gobierno.

Política social del gobierno no está en riesgo

Incremento salarial de hasta un 20% no afectaría el pago de bonos recursos económicos . De acuerdo a la información del Banco de Desarrollo Productivo (BDP), existen tres fuentes para financiar el pago de los bonos: Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Corporación Minera de Boli via (Comibol) y Tesoro General de la Nación (TGN). Una proporción alta del origen de los recursos del TGN son los impuestos indirectos que g rava el gobierno al consumo y a la importación. Por tanto estos recursos son financiados por el conjunto de la población, entre la que se encuentran los propios beneficiarios de dichos bonos. Siendo así, se puede

concluir que no existe una real redistribución del ingreso, puesto que el dinero tiene su origen en el cobro de los impuestos que se realiza a toda la población y “retorna” a una parte de la misma en for ma de bonos .

Cuadro 1

Pago de Bonos: Juancito Pinto, Renta Universal de Vejez y Madre-Niño Juana Azurduy (En millones de dólares) Año 2008 2009

Bono Juancito Pinto TGN 50 53

Renta Universal de Vejez 181 187

Bono Madre-Niño Juana Azurduy 0 2

Total 233 240

Memoria Fiscal 2008 - Ministerio de Economía y Finanzas Públicas; y Banco de Desarrollo Productivo SAM, Estados Financieros Consolidados al 31 de diciembre de 2009 y 2008. Elaboración: CEDLA Fuente:

Cuadro 2

Bolivia: Salarios del Sector Público No Financiero* A diciembre de cada año (En millones de dólares) Año

Salarios

2008 2009

1.443 1.689

Incremento absoluto 248 246

Incremento relativo (En %) 20,7 17,1

Salarios/Gastos Corrientes(En %) 35,9 43,0

Fuente: Informe del Milenio sobre Economía, Gestión 2009, Página 29. Elaboración: CEDLA Nota: * = No incluye el sector financiero: Banco Central de Bolivia y otros.

Salarios/Gastos Totales(En %) 24,1 30,0


Ley Pensiones - Alerta Laboral