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AĂąo I NĂşmero 1 Enero 2009


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TRIBUNA DEMOCRÁTICA


Cortas reflexiones sobre la crisis • Pablo Lucio-Paredes

Doctor en Economía Aplicada por el Instituto de Estudios Políticos de París-1985;
Master en Física Nuclear por la Facultad de Ciencias de la Universidad de París-1981;
 Asesor del Ministro de Finanzas encargado de la planificación macroeconómica y de las negociaciones internacionales 1987/1988; Ministro (Secretario) de Planificación del Gobierno de Ecuador 1992/1993; Miembro Asesor de la Comisión de Washington de Negociación del Acuerdo de Paz Ecuador-Perú 1998. Promotor, fundador y presidente de la revista Ekos Economía 1994/1999; Miembro del Directorio de la Bolsa de Valores 1994/1995; Consultor de instituciones nacionales e internacionales sobre temas financieros y macroeconómicos; Director de investigaciones en numerosos proyectos con Banco Mundial, BID, CAF, AID, Banco Central del Ecuador y otras entidades locales e internacionales. Profesor de la Universidad Católica de Quito 1985/1992; Profesor de la ESPOL de Guayaquil 1992/2003; Profesor y Director de Investigaciones en el Instituto de Desarrollo Empresarial IDE 1995. Publicaciones: La Corrección Monetaria 1990; Paradigmas de la Modernización 1996; Cimas, Abismos y Tempestades de la Economía 1999; El Libro de la Dolarización 2000; La Dolarización ¿Un Amor Eterno? 2004. Artículos en los principales medios de comunicación del país.

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provechemos estos tiempos de crisis para compartir algunas reflexiones alrededor de sus causas, consecuencias y paradigmas:

1) El verdadero origen de la crisis, como lo fue la Gran Depresión de 1929, es que tenemos en el mundo un sistema monetario sin ancla. Ya lo fue en esa época al pasar en 1922 de patrón oro (en el cual toda creación monetaria estaba respaldada en oro) a lo que los anglosajones llamaron el “Gold Exchange Standard”, es decir un sistema en que la moneda podía estar respaldada por dólares o libras esterlinas que a su vez se sustentaban en el oro. Y en 1972 pasamos a un sistema de pura confianza (sin ancla) al decretarse que el dólar no debía estar respaldado en nada. El gran inconveniente de estos nuevos sistemas es muy sencillo: le permiten al país de moneda de reserva (los EEU en este caso) tener un déficit de balanza de pagos que cancela con dólares, los mismo que van a las reservas de otros países, allí constituyen respaldo a la emisión interna de moneda, pero los dólares de reservas vuelven a ser depositados en el sistema monetario americano donde respaldan la creación crediticia. ¿Problema? Los mismos dólares generan al mismo tiempo una doble pirámide crediticia: en el país que los recibe y en los EEUU. Esto genera especulación, subida de los precios de los activos y luego catástrofe. Por eso lo primero y casi único que requiere la nueva arquitectura financiera mundial es encontrar un ancla al sistema >3


monetario, que impida esta doble pirámide, es decir que un país no tenga que “ajustarse el cinturón” cuando tiene un déficit externo. ¿Por qué no otra vez el ORO?. 2) La solución que se está implementando a la crisis es muy peligrosa: inyectar masivamente recursos monetarios y fiscales para estimular las economías. Es peligroso porque lo peor que trajo la anterior etapa monetaria de excesos, es básicamente una gran baja de tasas de interés y en consecuencia el desarrollo de una enorme cantidad de proyectos de inversión de alto riesgo y de mala calidad, que no se hubieran desarrollado en otras condiciones, y con las políticas actuales se está intentando evitar que estas malas inversiones y activos sean reajustados a su valor real o simplemente eliminados. Es decir que al intentar mantener en vida a la economía, también estamos manteniendo en vida todos estos lastres que inevitablemente frenarán la recuperación posterior. Quizás hoy empecemos a salir del hueco, pero la salida definitiva se torna mucho más compleja. 3) Para el Ecuador petrolero había una enorme receta que aplicar: ser cuidadosos con el uso de los recursos extraordinarios porque en cualquier momento podían caer. No acostumbrar a la economía a vivir con un alto (e inestable) precio del petróleo. Pues eso es exactamente lo que NO hemos hecho. De un precio del petróleo promedio de 15 dólares hasta el 2000, pasamos lentamente a 60 dólares en el 2007 y luego 100 en el 2008. Y le fuimos acostumbrando a la economía a esta nueva droga petrolera, primero lentamente, y con enorme frenesí en el 2007-2008. ¿Por qué no se aplicó esta receta tan básica y tan bíblica? Porque sonaba a muy neoliberal (aunque solo era de sentido común), lo cual es inaceptable para la revolución ciudadana. Porque había la oportunidad enorme e inesperada de construir un proyecto político alrededor de esos recursos. Caímos en las trampas ….aquí y afuera!

Nota: Los editoriales se publican en orden alfabético de los colaboradores.

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2008: algunas preocupaciones • Diego Oquendo Silva

Quiteño, periodista y escritor. Abogado y doctor en Jurisprudencia por la PUCE. Se inició como cronista político de El Tiempo de la capital. En TV fue director de noticias, primer presentador y comentarista de 24 Horas de Teleamazonas. Por algunos años condujo en Telenacional (después Gamavisión), el espacio de entrevistas Ante la opinión. Actualmente es editorialista de Hoy; mantuvo la columna “El gallo de la Catedral” en El Universo de Guayaquil. Produce el programa Buenos Días en Radio Visión, con primeros lugares de sintonía. Ganó premios y reconocimientos nacionales e internacionales: “La Placa Hemisferio”, concedida en 1977 por la Confederación Americana de Periodistas. Además obtuvo en 1978 el “Premio Mundial de Periodismo EFE”, a la mejor labor informativa. Y, en 1981, fue galardonado con el “Premio Beta Press Internacional, Corresponsal de Guerra”, por su serie de reportajes sobre los enfrentamientos armados entre Perú y Ecuador en la Cordillera del Cóndor. También figuró entre los 12 finalistas del “Premio Mundial UNESCO/ Guillermo Cano, de Libertad de Prensa”, en 1998. Diego Oquendo ha sufrido carcelazos, una paliza que le puso al borde de la muerte en 1970, cuatro atentados con bombas, dos abaleamientos fallidos (1977 y 1993) y una demanda fiscal “por atentar contra la seguridad del Estado”, promovida por el derrocado “dictócrata”, coronel Lucio Gutiérrez. Entre sus textos publicados figuran:“Piedra Blanca”, poesía, que en 1966 fuera traducida al francés dentro de la colección “Profils poetiques des pays latins” como “Pierre Blanche” ; “Julio César, el niño de San Vicente: prospecto de navegante, pescador en ciernes”, reportaje; “Voces en el papel”, entrevistas; “Una piedra en el zapato”: visión analítica del ejercicio periodístico y sus desencuentros con el poder.

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o primero, mi agradecimiento a “Novedades Jurídicas”, revista que suelo leer regularmente, sin que en ello pese mi condición de abogado, porque jamás he ejercido la profesión. Es su solo material. Hablo de un contenido ameno, bien escrito, diverso. En mi calidad de articulista invitado procuraré colocarme a la altura de las circunstancias. Pues…, el año 2008 me deja con algunas preocupaciones. Sí, ya sé que con los nuevos tiempos mente y espíritu deben concederle un espacio al optimismo, a la esperanza. De otra parte, no es mi propósito convertirme en un disidente social… No obstante, las circunstancias están allí, de manera inequívoca, causándonos inquietud y obligándonos a un señalamiento crítico. >5


Para comenzar, cómo no reparar en el hecho de que casi todas las iniciativas gubernamentales –quizás lo apropiado sería decir “todas”, sin excepción- tienen un propósito electoralista. Objetivo político bastante mezquino, puesto que busca mantener, a cualquier costo, la popularidad de un líder de cuya acción depende el resto del andamiaje, incluido el partido único. Ante tal perspectiva, una intención que pudiera ser rescatable en principio termina por desnaturalizarse. Otra cosa: ¿Se vislumbra el famoso “cambio” prometido? Yo, al menos, no termino de ubicarlo. Claro que se ha dado una cierta inversión de beneficio colectivo, pero aplicada mediante metodologías de emergencia, lo que impide la consolidación de un proceso realmente histórico. No faltan, así mismo, testimonios materiales desperdigados aquí y allá, al margen de ningún control estatal. La suma de semejantes factores pregunto, ¿son señales de una revolución en marcha? Y más allá de lo tangible, ¿dónde se descubre el cambio moral, ético, que nos ofreció Correa durante su campaña electoral? En el capítulo anterior me parece justo relievar un logro cuya iniciativa pertenece al Ministerio de Inclusión Social: durante la última Navidad no concurrimos, venturosamente, al penoso montaje de la pobreza infantil demandando caridad en las calles de nuestras ciudades, suplicando migajas de cualquier cosa a la vera de los caminos que atraviesan los campos ecuatorianos. Janet Sánchez -titular de una Cartera que habla de integrar a la sociedad- empleando sensibilidad, energía y talento, supo articular un operativo humanísimo que devolvió una dosis de dignidad a segmentos poblacionales siempre preteridos. Hay un tercer elemento que me desvela: ¿en qué sitio, en qué momento, fuimos demoliendo lo poco que nos restaba de nuestra institucionalidad, de nuestra democracia? Lo que vivimos en la actualidad, ¿coincide con los principios de una República que garantiza lo suyo a cada ciudadano? ¡Ay el momento en que, por desgracia, el fracaso irredimible sea la respuesta a tanto desaguisado! Me duele pensar desde ahora en la eventualidad de una frustración generacional que nos impediría, a futuro, concretar una auténtica transformación nacional. …Y lo peor de todo: el país experimenta una suerte de éxtasis masivo. Parecería que en el gran escenario (o en la gran tarima, si ustedes prefieren), viene actuando un mago que al mismo tiempo es un consumado hipnotizador. No de otra manera puede explicarse el espectáculo de sumisión cotidiana al que asistimos. El entontecimiento es general. No faltan las excepciones, como es obvio, que confirman la regla. Ojalá durante los próximos meses el panorama asuma otro perfil. Ojalá. La ilusión es lo último que debe perderse. Sin embargo, alimento mis dudas.

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Visión jurídica sobre los cambios normativos propuestos por el Gobierno • Vicente Peralta León

Subsecretario General Jurídico de la Presidencia de la República desde enero de 2007. Doctor en Jurisprudencia y Abogado por la Pontificia Universidad Católica del Ecuador; Candidato a la Maestría de Gerencia Política de la Gobernabilidad por la George Washington University y la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Director Ejecutivo de Voto CEI – consultora electoral internacional en 2006; Abogado Comisión de Control Cíivico de la Corrupción; Gerente de asesoría jurídica del Fondo de Solidaridad 2004-2005; Director de la Unidad de Control de Gasto Electoral y de la Propaganda Electoral del Tribunal Supremo Electoral 2003 – 2004. Asesor del Presidente del Tribunal Supremo Electoral 2002 – 2003 Asesor del Gerente General del Fondo de Solidaridad , 2000- 2002. Asesor Legal de Vivienda Fundación Mariana de Jesús, 1999-2000. Asesor del Subsecretario General Jurídico en el Ministerio de Finanzas y Crédito Público, 1999- 2000. Consultor Individual - Banco Interamericano de Desarrollo Asistente de la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría General del Estado, 1997. Asesor y Coordinador de la Presidencia de la República, 1996. Asistente del Secretario General de la Administración Pública, 1995. Asistente Legal y Administrativo Oficina Profesional del Dr. Víctor Hugo Bayas Valle, 1992 – 1995.

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l cambio de época nos trae certezas, incertidumbres e inquietudes. Un ciclo político ha concluido y muchas de sus expresiones jurídicas han sido derogadas y otras se reformarán.

Las certezas de construir una sociedad más justa, sin tanta inequidad e injusticia, se expresan mediante un nuevo ordenamiento jurídico, ahora a la luz de la Constitución aprobada por el pueblo ecuatoriano y que rige desde el 20 de octubre de 2008. Sin embargo desde el 15 de enero de 2007 hemos iniciado la transformación del Ecuador. La Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, la firma electrónica, son evidencias de que la transformación ha sido posible desde la decisión política y liderazgo del Presidente Correa Delgado para estar a tono con los tiempos y ofrecer transparencia y gestión eficiente de los recursos del Estado. Vivimos un cambio liderado por una persona inteligente, capaz y honesta; por ello, es un cambio en orden. Los temores y las dudas están en quienes pretenden seguir arropados del régimen excluyente que vivíamos antes. Entre quienes no respetan a sus con>7


ciudadanos y pretenden explotarlos. Entre quienes pierden sus espacios de poder individual o beneficios del anterior régimen si que se ven afectados y por ello su reacción. Entre otros que pensaban obtener esos espacios de poder dejados por los anteriores para saciar sus expectativas atrasadas y no lo han conseguido, expresan su insatisfacción, por ello su reacción. La denominada Ley de Fondos Petroleros permitió que podamos utilizar los recursos desde una estrategia de desarrollo nacional y no frente a imposiciones foráneas o de sectores de poder interesados únicamente en su propio beneficio en desmedro del interés general. La nueva Constitución que recoge la evolución de la doctrina en esa materia permitirá el empoderamiento de la condición de ciudadanos a los habitantes del Ecuador. La despolitización y la despartidización de los órganos decidores del Estado es una gran conquista. La participación ciudadana como eje de la vida nacional es otra. El replanteamiento de roles de las entidades del Estado frente a las verdaderas expectativas nacionales y no como parte de un botín o mecanismo de persecución política tiene un respaldo sólido en el nuevo texto constitucional. Los derechos pueden ser exigidos de mejor manera con la Constitución de Montecristi. En un nuevo proceso político hasta es posible que ciertos instrumentos jurídicos tengan ligeras inconsistencias porque es una construcción plural en la que los criterios de todos son importantes, pero la Autoridad legítima decide cual regirá. Desde mi experiencia puedo expresar que los cambios normativos del Gobierno de la Revolución Ciudadana son pensados en función de una estrategia de desarrollo nacional incluyente que cree las bases de una sociedad con mayor justicia, que rescate la dignidad del servicio público y que se eliminen los privilegios. Los cambios son destinados para que el pueblo ecuatoriano especialmente los más humildes y relegados encuentre las oportunidades para salir adelante, con el impulso inicial del Estado, pero con la conciencia de que su responsabilidad de vida es asumirla a plenitud, ejercer sus derechos y construir entre todos una Patria Nueva.

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El no pago de la deuda externa • Francisco Rosales Ramos

Doctor en derecho y abogado por la Pontificia Universidad Católica de Quito. Posición actual: presidente y socio principal de la firma legal Corral & Rosales. Editorialista de planta del diario Hoy. Miembro de los directorios de algunas empresas industriales, comerciales y de servicios, ubicadas en Quito, Guayaquil y Cuenca. Posiciones anteriores: Ministro de Industrias, Comercio e Integración. Presidente del directorio de la Corporación Andina de Fomento, CAF. Presidente de la Comisión del Acuerdo de Cartagena (hoy Comunidad Andina de Naciones). Miembro de la Junta Monetaria designado por la actividad privada.

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l hacerlo por sexta ocasión y la segunda en los últimos diez años, Ecuador ha adquirido el dudoso título del primer país en número de incumplimientos con los acreedores internacionales. El tema, por su sensibilidad, ha sido motivo de frecuente retórica vestida de soberanía y patriotismo. Varios elementos del gobierno han cuestionado de tiempo atrás la legitimidad de la deuda externa. Algunos han sido parte de movimientos internacionales de repudio a la deuda, que en su concepto es responsable del atraso de los pueblos, al impedir la atención de las necesidades de infraestructura, salud y educación. En esta línea se creó la Comisión para la Auditoría Integral del Crédito Público, CAIC, conformada por ecuatorianos y extranjeros unidos por el denominador común de su activismo contra la deuda. El informe se presentó con gran despliegue el 20 de noviembre del año anterior. Las primeras frases del informe de la CAIC definen su contenido y conclusiones: “El daño incalculable causado a la economía del país y al pueblo ecuatoriano por el endeudamiento público, omnipresente como sistema de presión – sumisión, y el consecuente compromiso de entregar recursos públicos para su servicio, existan o no disponibilidades, motivó al Gobierno Nacional a adoptar la decisión –primera y hasta ahora única en América Latina– de crear una instancia de auditoría que establezca la legitimidad, legalidad y

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pertinencia de los préstamos, las negociaciones y renegociaciones; que además señale las responsabilidades y corresponsabilidad de los prestamistas, los impactos sociales, económicos y ambientales; y, sobre todo, que permita la acumulación y ponderación de fundamentos para que el país emprenda acciones soberanas y reparadoras respecto de los pagos realizados y futuros”. Recibido este informe por las máximas autoridades con aplausos de pie, era evidente que no se pagarían los intereses de los bonos Global a vencerse en los siguientes días, con lo cual Ecuador caía en situación de morosidad. Proceder de otra manera, habría sido incoherente. Téngase en cuenta que voceros oficiales hicieron pública la decisión de no pagar la deuda por considerarla ilegal e ilegítima –según conclusiones de la CAIC– y no por dificultades financieras para atenderla. Es una decisión política y no económica, enfatizaron, para no dejar dudas sobre la motivación. Ahora bien, si se recuerda la definición tomista de política, como “el arte de lo posible”, se convendrá en que más allá de las razones que pudiese haber para buscar una nueva reducción del monto de la deuda (Ecuador había obtenido importantes quitas en las renegociaciones de 1.995 y 2.000), de la estrategia de recompra de los títulos a valor de mercado (alrededor del veinte y cinco por ciento del nominal), y de la investigación para determinar conductas irregulares por parte de algunos negociadores ecuatorianos, era indispensable prever los resultados posibles de la decisión, teniendo en cuenta el actual estado de la economía global, el impacto en la economía ecuatoriana, y la necesidad de mantener abiertas las fuentes de financiamiento externo. Las consecuencias que se advierten hasta el momento, indican que será más difícil afrontar la crisis internacional, que ha golpeado al país con la caída brutal del precio del petróleo, la disminución sensible de las remesas de los migrantes, un déficit mayúsculo en la balanza comercial y la virtual desaparición de la inversión extranjera, con el cierre de las fuentes externas de crédito. Diciembre 22, 2008.

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Apología de la paz • Eugenia Silva Gallegos

Licenciatura en Jurisprudencia, PUCE. Abogada, Facultad de Jurisprudencia, Universidad Internacional. Especialización en Modernización del Estado: Módulo de Privatizaciones, Flexibilidad Laboral y Seguridad Social, PUCE. Especialización en Movilidad Humana, PUCE. Consultora calificada por el BID, Proyecto de recopilación de legislación ambiental y legislación agropecuaria para el Ministerio de Agricultura a través del IICA. Coordinadora, investigadora y redactora en el Proyecto “Vademécum Procesal”, contratado por PROJUSTICIA con fondos de USAID. En la empresa Ediciones Legales se ha desempeñado como Gerente y Representante Legal; Directora de la Revista Novedades Jurídicas; Directora Nacional de la División Académica; Gerente de Marco Jurídico; Gerente de Relaciones Públicas; Gerente de Comercialización; Coordinación general de las publicaciones de Ediciones Legales (planificación, investigación, desarrollo, diseño, edición e impresión); Gerente y Subgerente de Producción; Jefe de Redacción; Asistente de Investigación. Coordinadora Departamento Legal y Asesora Jurídica en Corporación MYL. Asistente en el Consultorio Jurídico del Dr. Marco Proaño. Asistente en el Departamento de Recursos Humanos del Banco Popular.

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l inicio de un nuevo año lleva implícito un deseo y un mensaje de prosperidad y paz, sin embargo el mundo sigue siendo testigo de una guerra perpetua: el conflicto árabe-israelí cuyo origen fue la asignación de un territorio por parte de la Organización de las Naciones Unidas a Israel y su reconocimiento como Estado en 1948. Todo esto en territorio ocupado por los palestinos. Actualmente, pese a la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU continúa la guerra de Gaza. El Primer Ministro Ehud Olmert mantiene la posición de que el Estado hebreo no someterá sus imperativos de seguridad a la petición aprobada el jueves por la noche en Nueva York por 14 de sus 15 miembros, con la conocida y anticipada abstención de Estados Unidos. En sus comunicados ha dejado muy claro que “Israel no ha aceptado nunca que una influencia externa afecte su derecho a defender a sus ciudadanos. El ejército trabaja para ello”. >11


Esta confrontación que inició el 27 de diciembre del año pasado deja ya 880 palestinos muertos y 3500 heridos. Mientras en Israel desde el inicio de la ofensiva son 15 los muertos y 154 los heridos. La operación “plomo fundido” organizada para eliminar al movimiento islamista Hamas - que ganó democráticamente las elecciones legislativas de enero de 2006-, está exterminando mas bien a la población civil en Gaza. De su parte las organizaciones terroristas palestinas no respetan la resolución de la ONU porque la consideran inaplicable, la rechazan y continúan con los disparos de misiles contra los ciudadanos israelitas del sur. Los bombardeos israelíes han continuado incluso durante las treguas diarias. Es inimaginable que no se permita siquiera la posibilidad de ayuda humanitaria por la falta de seguridad para los organismos que la proporcionan. Frente a esta realidad genocida, la ONU debe continuar exigiendo el fin de las provocaciones y represalias en la franja de Gaza. El Ecuador debe sumarse a la voz de protesta universal para exigir acciones concretas que conduzcan de una vez por todas a detener esta situación intolerable que por más de medio siglo domina el territorio palestino. Decenas de miles de personas respondieron a este llamado en otros países, entre ellos Egipto, Jordania, Kuwait, Irak y Pakistán, así como en Cisjordania, gobernada por la Autoridad Palestina, rival de Hamas. También se ha pronunciado la Comunidad Europea y el Presidente de Francia ha intervenido directamente para conseguir una tregua. Preocupa, sin embargo, que las limitaciones con que actúa la Diplomacia Internacional y el Consejo de Seguridad de la ONU determine que el planeta se conforme esperando un nuevo Mesías. ¿Acaso se debe tolerar más años de cadenas de errores, desastres y una locura que no conduce a ninguna clase de paz?. La violencia debe acabar, así como el derramamiento de sangre palestina e israelí que ha sido indefinida e irreversible.

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Constitución 2008: Del dicho al hecho… • Sergio Vélez Valarezo

Sergio Vélez Valarezo, ha realizado estudios de sociología y ciencias políticas en la Universidad Central y de filosofía en la Universidad Católica. Ha realizado varios cursos de especialización en el exterior. Se ha desempeñado como docente universitario, funcionario público y consultor nacional e internacional. Ha escrito varias obras, entre ellas “Cultura, ciencia y tecnología en el Ecuador”, “El sector informal manufacturero”.

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a sociedad mundial en su conjunto se encuentra actualmente inmersa en un proceso de significativas transformaciones, que varios autores lo han caracterizado como “cambio de época”.

Dicha situación es evidente en Latinoamérica, y más concretamente en el Ecuador, en donde podemos apreciar que existe un nuevo escenario social, político y jurídico, que animado por nuevas y viejas concepciones en el campo de las relaciones humanas, tiene como aspiración lograr una sociedad más equitativa y humana, y cuyos objetivos y lineamientos fundamentales se encuentran contenidos en la Constitución Política. La realización de este anhelo conlleva el diagnóstico y consecuente planificación destinados a conocer la situación real y proyectar la acción, para dimensionar la capacidad de aplicación de lo estatuido, es decir, dilucidar las condiciones de posibilidad de los diversos actores implicados en el proceso. Este análisis es tanto más necesario, cuando sabemos que la historia ecuatoriana está caracterizada por el inveterado incumplimiento, inaplicabilidad o escamoteo práctico de los acuerdos y disposiciones constitucionales, denotando que dicho instrumento ha representado tan sólo un conjunto de disposiciones declarativas o demagógicas, particularmente en el orden de las políticas sociales. INSTITUCIONALIDAD PÚBLICA Y DERECHOS Uno de esos importantes actores constituye, sin duda alguna, la institucionalidad pública, la cual no responde en los actuales momentos a los requerimientos de cambio, y representa de partida una seria limitación, por no decir obstáculo, dado el hecho del pasado inmediato, marcado por un régimen político-jurídico contrapuesto al actual, el neoliberal, que se dedicó a desmantelar, degradar >13


y desprestigiar la estructura estatal pública. A ello también contribuyeron otras fuerzas y sectores, otrora opositores al régimen imperante, que se sumaron a ese intento por debilidad o por conveniencia. Esta realidad convierte en una tarea prioritaria el análisis realista e individualizado de las condiciones de posibilidad de la institucionalidad pública, y el establecimiento de las medidas e instrumentos más adecuados para lograr su efectiva funcionalidad, más aún en el momento presente en que el Estado deberá reducir ostensiblemente su presupuesto de inversión, por el “tsunami financiero” en curso, la baja del precio del petróleo, la reducción de las remesas de los migrantes, etc. La nueva Constitución establece que el Estado debe “garantizar sin discriminación alguna el efectivo goce de los derechos establecidos en la Constitución y en los instrumentos internacionales, en particular la educación, la salud, la alimentación, la seguridad social y el agua para sus habitantes”, como reza el Art. 3. Más aún, cuando su cumplimiento tiene el carácter de conminatorio, como se conceptúa a lo largo del Art. 11. Una gran cantidad de instituciones públicas, en la medida que son parte del Estado, están inmersas en la aplicación de la nueva Constitución y deben comprometer sus esfuerzos de cambio para estar a la altura del proceso, y cumplir fidedignamente los mandamientos constitucionales. Uno de esos casos constituye el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, IESS, entidad que encarna en mucho los cambios necesarios y trascendentes, aspirados y esperados, y que de acuerdo a la Constitución vigente “será responsable del seguro universal obligatorio a sus afiliados”, “que se extenderá a toda la población urbana y rural”, y que deberá cubrir las “contingencias de enfermedad, maternidad, paternidad, riesgos del trabajo, cesantía, desempleo, vejez, invalidez, discapacidad, muerte y aquellas que defina la ley”, guiado por los principios de “obligatoriedad, suficiencia, integración, solidaridad y subsidiaridad”, basándose en los “criterios de sostenibilidad, eficiencia, celeridad y transparencia” (Arts. 358-374). La Constitución de 1998 dispuso al IESS ejecutar varios de ellos, prácticamente sin beneficio de inventario, por lo que hoy debemos estar prestos a exigir una estricta “rendición de cuentas”. Con el pasar del tiempo sabremos si el gobierno del Presidente Correa pudo ejecutar los cambios que se propuso y que recogieron la demanda de la mayoría de la población. Por su parte, ésta debe mostrar que ya se encuentra en condiciones de saberse CIUDADANÍA, puede exigir sus derechos, participar en el cambio, controlar la marcha de las instituciones, y ejercer otras importantes funciones que le concede la nueva Constitución, pues, en definitiva, no puede haber Revolución Ciudadana sin Ciudadanos. Quito, diciembre 30 de 2008.

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Moratoria de la deuda externa y sus implicaciones económicas • Hugo Villacrés Endara

Hugo Villacrés Endara es Economista de profesión, graduado en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, Master of Science in Economics de la Universidad de Lausanne (UNIL, Suiza) Facultad de Altos Estudios Comerciales (HEC), Escuela de Econometría y Economía Política. Posee un Diplomado en Gerencia de Gobiernos Locales otorgado por la Universidad Tecnológica Equinoccial y un certificado de especialización en Relaciones Público Privadas otorgado por el Institute for Public Private Partnerships, Washington DC. Actualmente se desempeña como Administrador del Mercado Mayorista de Quito, Consultor Económico y Catedrático Universitario.

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ras la presentación del informe de Auditoría a la Deuda Externa de nuestro país en días pasados, el gobierno presidido por el Economista Rafael Correa Delgado tomó la decisión unilateral de suspender el pago de los intereses de los bonos Global 2012 que ascendía a 30,6 millones de dólares; mientras el 15 de diciembre, la Ministra de Economía María Elsa Viteri anunció que el país se acogía a la moratoria técnica de los intereses de los bonos Global 2015 por 30,9 millones de dólares. Estas decisiones han generado conmoción en los Mercados Internacionales, los mismos que inmediatamente reaccionaron con un incremento del indicador “riesgo país” ecuatoriano, que para el 18 de diciembre alcanzó los 5049 puntos. Ahora bien; no es fácil predecir todas las consecuencias del “default”, sin embargo no es complicado intuir que como primer punto, los acreedores acudirán a tribunales internacionales a fin de entablar demandas por este incumplimiento. En segundo lugar, y por si esto fuera poco; la imagen del país a nivel mundial se ha deteriorado con lo cual seguramente las líneas de crédito externo tanto para el sector público como para el sector privado van a contraerse, generando complicaciones para exportadores, importadores y el mismo Gobierno Central que, seguramente deberá buscar créditos externos e internos para financiar su presupuesto del año 2009. De hecho, la reducción del precio del petróleo y las remesas de los emigrantes, sumado al incremento de la proforma presupuestaria del Ecuador y la aplicación de la Nueva Constitución; generan una considerable brecha entre ingresos y gastos (alrededor de 2500 millones de dólares) la cual, pensando en voz alta y con un sentido de percepción no muy agudo, obligará al gobierno a acudir a los organismos multilaterales, los mismos que para otorgar créditos, anali>15


zan entre otros requisitos, los informes presentados por el Fondo Monetario Internacional y el indicador “riesgo país”. Se manejan otras opciones de carácter bilateral como Venezuela o Irán; sin embargo desde mi entender, estos países también son altamente dependientes de sus exportaciones petroleras; razón por la cual su liquidez se verá afectada por la reducción de los precios internacionales y difícilmente podrán financiar a sus socios comerciales. En la vereda del frente, la falta de liquidez en el sector privado, podría verse traducida en una reducción de los puestos de trabajo, lo cual sumado a la crisis internacional, produciría un escenario de recesión para la economía ecuatoriana en donde inclusive algunas empresas se verían obligadas a dejar el mercado. Dadas estas condiciones, habrá que analizar si los 600 millones de dólares en créditos anunciados por el gobierno para este sector, más la agilidad en el “drawback” o devolución de derechos arancelarios, reducción del tiempo de aforo aduanero y casi inmediata devolución del IVA, son suficientes para evitar una crisis de gran magnitud en nuestros exportadores e importadores. Finalmente en tercer lugar pero no menos importante, la moratoria adoptada por el Gobierno Nacional, podría ocasionar la suspensión de ciertas obras de infraestructura iniciadas en este período que quedarían inconclusas por falta de financiamiento. Visto así las cosas; es innegable que en Economía toda acción, genera reacción; es decir no existen medidas económicas de carácter neutral y el tiempo será el único que podrá determinar todas las consecuencias del “default” ecuatoriano; sin embargo puedo añadir que el contexto internacional no era el propicio para este tipo de acciones unilaterales, y que hoy más que nunca debemos pensar acerca de la “estabilidad macroeconómica” como uno de los principales activos que posee un país; caso contrario las consecuencias serán muy duras, especialmente para los sectores pobres y marginados a los que tanto se dice defender.

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