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BERBIQUÍ

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REVISTA DEL COLEGIO DE JUECES Y FISCALES DE ANTIOQUIA

DIRECTOR Juan Carlos Higuita Cadavid COMITÉ DE REDACCIÓN Martha Cecilia Upegui Velásquez Omar de Jesús David Tapias Evelyn Monsalve Londoño PORTADA La reyerta del 20 de Julio de 1810 frente a la casa del español José González Llorente. Óleo de Pedro Alcántara Quijano.

Edición Especial del Bicentenario

CONTRAPORTADA El Canto del Antioqueño de Don Epifanio Mejía. CORRESPONDENCIA Y CANJE Cra. 52 Nº 42-73 Oficina 206 - Medellín, Colombia Tel. 2621787 - Fax: 2626568 Correo electrónico: jueces@une.net.co Página web: www.juecesyfiscales.org DISEÑO E IMPRESIÓN Grafoprint 512 82 49 Calle 53 Nº 53-77 Medellín -Colombia grafo@une.net.co


BERBIQUÍ 45 Septiembre de 2010 contenido Editorial Juan Carlos Higuita Cadavid

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A propósito del Bicentenario

Los Antagonismos entre el Constitucionalismo del Siglo XIX y el Siglo XX. Albeiro Pulgarín

Algunos Apuntes Constitucionales por el Bicentenario Gloria Montoya Echeverri

Consejo de Estado Luis Fernando Álvarez Jaramillo

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Dignidad Salarial Gabriel Roldán

Bicentenario de los Doscientos Años de la Independencia de Colombia Jaime Arrubla Paucar

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¿ Ha sido el Ciudadano un Protagonista fundamental en estos Doscientos Años de Independencia ? Hernando Bustamante Triviño

El Valor y significado de la Ciudadanía de las Mujeres en la Construcción de Nuestra Identidad Constitucional Bernardita Pérez Restrepo

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Edici贸n Especial del Bicentenario


Edición Especial del Bicentenario

Editorial Pasado, Presente y Futuro de Colombia

Presentar algunos de los diferentes temas relacionados con el bicentenario y lo

Retrato ecuestre de Bolívar también conocido como Bolívar en Carabobo Pintura de Arturo Michelena

judicial, nos lleva a hacer una pregunta, ¿Por qué en Colombia cada vez se limita mas la autonomía e independencia judicial?. Y esta pregunta conduce a examinar cual es el papel que cumplimos los funcionarios judiciales para que ello ocurra.

Desentendernos de las necesidades de la comunidad en materia de solución a sus conflictos por vía judicial, facilita que el ejecutivo y el legislativo, ofrezcan soluciones que poco ayudan, por ser realizadas desde su condición: 1. El ejecutivo proponiendo soluciones imperativas a las que la sociedad debe someterse a pesar que se derriben todas las conquistas que se han logrado en materia judicial como forma de solucionar los problemas que afectan sus derechos fundamentales. 2. El legislativo por su parte, acoge los planteamientos que le hace el ejecutivo y profiere leyes que trasladan los problemas y su solución a lo social, con limitaciones en el presupuesto judicial y asignación de competencias judiciales y jurisdiccionales a quienes no la tienen (particulares, notarios, árbitros, etc). Lo que nos queda después de un estudio del desarrollo de la rama judicial en los últimos 200 años, es tomar un papel político en el futuro de la rama judicial, político, no partidista.

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Surge una pregunta adicional, ¿Porque los proyectos Bolivarianos, inspirados en los postulados de los iluministas del siglo XVII y XVIII, no continuaron o no hicieron parte de los proyectos de gobierno en Colombia, como ocurrió en Francia desde 1789, en Alemania desde 1803, aún en Estados Unidos a partir de 1776?; estos países se desarrollaron a partir de sus revoluciones enmarcadas por constituciones inspiradas en la ilustración, desarrollo de proporciones mayúsculas, ni que decir de China e India que lo han hecho en los últimos 50 años; por el contrario, Colombia con su independencia de 1810, antes que avanzar, ha vivido de copias de regímenes políticos y judiciales que


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poco se adaptan a los requerimientos regionales, sociales y culturales.

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En lo judicial basta mirar cómo se reduce la actividad a través de la poca inversión para el desarrollo de las actividades judiciales operativas, bajos salarios, reducción de la actividad judicial percápita (se incrementó la población y sus conflictos judiciales, pero no se incrementó el número de jueces, fiscales y empleados para resolverlo) . No es una cuestión de partidos políticos con propuestas autónomas de desarrollo, al contrario, en Colombia, con los partidos conservador y liberal, se ha presentado una hegemonía no solo en los funcionarios que gobiernan, sino que han logrado impedir el desarrollo agrícola, industrial, comercial, laboral, económico y por supuesto judicial; un estancamiento asombroso a todo nivel, y las ideas políticas nuevas que piensan en lo social, son macartizadas, denominadas de izquierda y eliminadas físicamente, como un temor reverencial al cambio, a escuchar o ensayar otras propuestas. Es que ni el partido conservador hasta 1930, ni el partido liberal hasta 1945, lograron sacar al país

del atraso, y menos desde esa época con el frente nacional; basta mirar que en 1951 la deuda externa en Colombia era de 200 millones de dólares, para 1985 se incremento en forma descomunal a 8 mil millones de dólares, en 1990 ya había subido a 18 mil millones de dólares, en este año 2010 alcanza la inalcanzable cifra de 55 mil millones de dólares que con el dólar a $1.800,oo como esta hoy día, representa la suma de 100 billones de pesos, 30% del Producto Interno Bruto. La sociedad tampoco ha hecho mucho por ayudarse, continúa pensando con el estómago y delegando el futuro del país a personas poco capacitadas para gobernar y legislar. El estudio de la historia no es para satisfacer el conocimiento en forma pasiva, no, es para aprender de ella y así, no repetir los errores que han conducido a tanto fracaso, se estudia para empezar a generar y proyectar éxitos.

Juan Carlos Higuita Cadavid Director Comité de Publicaciones

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A propósito del Bicentenario Los Antagonismos entre el Constitucionalismo del Siglo XIX y el Siglo XX.

Juan Carlos Higuita Cadavid

Albeiro Pulgarín

La

http://holismoplanetario.wordpress.com/2009/05/ 13/el-jesus-de-rousseau/ Gouhier, Henri. Les méditations métaphysiques de Jean-Jacques Rousseau. Paris : Libraire Philosophique J. Vrin, 1984. Waterlot, Guislain. Rousseau : Religión y política. Trad. del francés de Sandra Garzonio. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica, 2008.

Carta de 1991 puede leerse desde lo histórico, lo filosófico, lo jurídico y lo político, como referentes que marcan la diferencia con el constitucionalismo precedente de 1886. 1.Desde la mirada histórica, las quince Constituciones del siglo XIX fueron promulgadas en escenarios bélicos, en los cuales el vencedor imponía sus intereses al sector vencido. Confrontación alimentada por las siguientes posturas antagónicas gestadas desde la propuesta independentista de 1810 y, las más relevantes fueron las pugnas entre monarquistas y republicanos, centralistas y federalistas, santanderistas y bolivarianos, autoritarismo y democracia; respecto a los conceptos de Estado y de Nación, Estado Clerical y La Sociedad Laica, El Centralismo y La Descentralización.

Puede concluirse que la vigencia de estos proyectos políticos fue mínima, a excepción de la Carta federalista de 1863 que tuvo una vigencia formal de 23 años.

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Los períodos caracterizados por el constitucionalismo histórico son: a. La guerra de Independencia (1810-1819) la cual gestó dos Constituciones, La de Cundinamarca Centralista de marzo de 1811 y la del Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada de noviembre de 1811; b. La Gran Colombia (18191830) y sus cinco constituciones: 1819, las dos constituciones de 1821, la de 1828 y la de 1830; c. La Nueva Granada (1830-1858) y sus cuatro constituciones, la de 1831, 1832, 1843, 1853; d. La Federación (1858-1863) y sus tres constituciones, la de 1858, la de 1861 y la de 1863; e. Periodo de la Regeneración, iniciado desde 1886.


Pero en relación con la eficacia, puede concluirse que en ninguna de ellas logró darle a la sociedad y al ciudadano lo en ellas proyectado. 2.Desde lo filosófico, las Cartas políticas reseñadas no contenían esta categoría jerárquica del conocimiento porque las circunstancias del discurrir social y económico no eran aptas para que al frente del juego de las relaciones de poder innatas en ellas primaran unos valores, unos principios, unos derechos y unas garantías, que son el soporte del poder político, y en su lugar predominó el ejercicio del denominado en Teoría del Estado, poder abstracto o críptico entendido como aquel ejercicio de poder al servicio de lo privado, lo crematístico, lo individual, lo subjetivo, unilateral y superficial, como insumos de la violencia, la corrupción y la guerra.

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Las concepciones de los gestores de la última carta decimonónica1886- se inspiraron en las secuelas epistemológicas que dejaron las hibridas concepciones de poder con herencia colonialista. Esto se observa en que las cartas que sirvieron de modelo al querer de la iglesia, terratenientes, burócratas, militaristas, comerciantes y positivistas representados en Rafael

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Núñez y Miguel Antonio Caro fueron las de 1821,1830 y 1843. Es relevante para el futuro del país que finalizando el siglo XIX se retorne a concepciones de poder tan influidas desde lo foráneo, desconociendo nuestras etnias y nuestra antropología. Precisamos que el siglo XIX se caracteriza por un vacío filosófico en la concepción del ejercicio del poder para suplirse con concepciones ideológicas y pragmáticas trasladadas desde lo externo que hasta hoy predominan en el imaginario social e institucional. Estas secuelas se reflejan en las características de la Carta previa a la vigente en: desmantelamiento del régimen federalista; restauración de la estructura original del centralismo, el presidencialismo, la religión oficial, el proteccionismo económico y el autoritarismo en libertades públicas. Es de resaltar que su objetivo era reaccionar a los postulados ideológicos de la propuesta federalista -1863-de estirpe liberal en lo económico y en lo civil. 3.En lo jurídico las diferencias son de más sustancia cognoscitiva por las enseñanzas ínsitas en la evolución histórica. La carta vigente en lo


filosófico, reconoce y ratifica la concepción del poder político y del poder público prescrita en los ordenamientos jurídicos de postguerra vinculada al país por los tratados internacionales. La base jurídica de la Constitución del 91 se encuentra en el Derecho Internacional, en concreto, en las leyes 74 de 1968 -Carta de la ONU-, Ley 16 de 1972 – Pacto de San José de Costa Rica-, Ley 70 de 1986 – Convenio Contra la Tortura-, Tratados de la OIT, Pacto Internacional Contra la Discriminación Racial, Pacto por la No Discriminación de la Mujer y Pacto por la Defensa de la Biodiversidad.

De la modernización jurídica se derivan acciones desconocidas en la Carta derogada como la acción de

Hay dos diferencias transformadoras del qué hacer político de la Carta vigente con la derogada, consagradas en sus artículos 3º y 94, prescripciones que le dan a la voluntad popular la fuente de legitimidad del poder público, transformándose la democracia de representación en participación democrática que quiere decir que del poder sobre el individuo de la Carta derogada, en la vigente se reconoce es el poder del individuo. Otra norma paradigmática es el artículo 94, que provee que no pueden desconocerse los derechos inherentes a la persona humana con el pretexto de que no estén expresamente en leyes. Esta norma consagra una postura antagónica frente al positivismo estricto de la última carta del Siglo XIX porque recoge la más moderna concepción filosófica denominada como Jusnaturalismo racionalista al darle contenido al concepto de dignidad humana, lo que significa el reconocimiento a las aspiraciones, a

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Una innovación que marca una diferencia esencial con la Carta de 1886 se encuentra en los artículos 9º, 53, 93, 214 y 227 de la Constitución vigente, al consagrar la primacía del Derecho Internacional sobre el Derecho Interno en materia de derechos fundamentales. Prescripciones que ubican la Carta en la concepción monista del orden jurídico al darle fuerza vinculante a los Tratados Internacionales.

tutela, la acción popular, la acción de cumplimiento, la revocatoria del mandato, la iniciativa ciudadana para presentar proyectos de acuerdo, ordenanza o ley, o pronunciarse en plebiscito, referendo, consulta popular o asamblea nacional constituyente.


las condiciones y a las necesidades objetivas de existencia de todo habitante.

soportes: la soberanía popular y el respeto a los derechos fundamentales.

4.En cuanto al Régimen Político: al consagrarse en el Titulo Primero artículo 1º del Código Político vigente el modelo de Estado Social de Derecho, se está presentando una fórmula antagónica al régimen que rigió hasta la novena década del siglo XX. En el recorrido histórico que se hizo en el numeral 1º de este texto, se ilustra sobre la precariedad en la formulación de Nación y de Estado porque las constituciones no consultaban las condiciones reales de existencia como tampoco aspiraban a lograr una vida grata y, en esa confusión y analfabetismo en cuanto al modelo de Estado, los conflictos entre los factores de poder hicieron recurrente la utilización del artículo 121, conocido como la autorización para gobernar con Estado de Sitio. Este ejercicio del poder se hacía a través de decretos legislativos, decretos reglamentarios y decretos leyes.

Las distancias del Estado de Sitio frente al Estado Social de Derecho se compendian así: en el primero de ellos hay una hegemonía presidencialista que desborda el control de poderes para incidir en todas las ramas en sus decisiones. Debilitado el Congreso y la Rama Judicial, el presidencialismo se da licencia para ejercer el poder por intermedio de la legalidad no c o n s u l t a d a y p r ev i e n d o s u desobediencia, se facultaba al gobierno, por intermedio del artículo 121, para declarar perturbado el orden público supliendo la falta de legitimidad con el uso de la coercibilidad.

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Por tal razón, se caracteriza la aplicación de la normatividad vigente, hasta hace veinte años, como positivismo decimonónico, gran diferencia con los postulados de la norma superior vigente que fundamenta la legitimidad en dos

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El paradigma del Estado Social de Derecho reclama su eficacia a partir del respeto a sus cuatro pilares fundamentales: la concepción filosófica, la institucionalidad, la jerarquía del orden jurídico y la legitimidad. La más desprevenida lectura a las dos constituciones, nos permite comprender porque en dos décadas la Carta que se promulgaba para enfrentar el Siglo XXI aún no ha sido eficaz, porque las secuelas históricas que inciden en una epistemología a favor de los regímenes de facto, continúan


inspirando no sólo a las estructuras minoritarias del poder que se benefician sino también de la desobediencia a la Carta de los sectores mayoritarios marginados de esos privilegios. Es decir, son dos desobediencias que así mismo se complacen, desconociendo el poder político y el poder público propuesto a partir de 1991 y en su lugar replican los poderes confusos, oscuros, difusos y ocultos que heredamos de la colonia. La pertinencia y procedencia de reflexionar sobre el bicentenario nos convoca a bajar de la epidermis hacia la esencia de las crisis, porque su solución no puede proponerse con la misma carga ideológica que la originó. Podemos concluir con esta apreciación: el proceso constitucional hasta 1991 tenía como trasunto la gramática de la guerra. La Carta vigente tiene como base de legitimidad el consenso como legado del contractualismo. DOS DÉCADAS DE INEFICACIA DE LA CARTA VIGENTE: SUS CAUSAS

La Corte Constitucional ha precisado que cuando hay una violación permanente de los derechos fundamentales como en nuestro país el fondo de la crisis está en la misma estructura del sistema. Y el recorrido histórico a que se ha hecho alusión demuestra que en la dinámica de las relaciones de poder no habido hegemonía de la estructura del poder político ni del poder público, porque el siglo XIX estuvo mas signado por el ejercicio del poder autorizado bajo la fórmula del estado de sitio, recurso autoritario que convirtió en normal lo anormal por mas de cincuenta años. Esta situación es diferente a la experimentada en Europa, continente en el cual se evolucionó dialécticamente del estado democrático liberal al estado de derecho, siglos XVIII y XIX, y después de su colapso e ineficacia se propone a partir de la primera década del siglo XX el estado benefactor. Este análisis comparado entre los dos continentes resalta una de las causas de la desobediencia al cuarto modelo político de normalidad presentado como estado social de derecho, para entender porque nuestro país no ha recorrido el tiempo histórico suficiente para que la filosofía, la jerarquía del

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Si Partimos del reconocimiento de una constitución justa y válida la pregunta fuerte a hacer es porque el pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre un estado de cosas inconstitucional en el país? La respuesta debe darse con la misma fortaleza que origina la pregunta, tomando así importancia la celebración de

doscientos años de la proclamación de la Independencia.


orden jurídico, la institucionalidad y la legitimidad promulgadas desde el artículo primero de la carta continúe teniendo mas de formalidad que de materialidad vinculante al servicio de lo público, la sociedad y el ciudadano.

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http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Jean-Jacques_Rousseau_%28painted_portrait%29.jpg

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Algunos Apuntes Constitucionales por el Bicentenario Gloria Montoya Echeverri

Para recordar aquello que un día fue el ideal institucional, pensado con el deseo

Manuelita Sáenz y Simón Bolívar. Obra del artista Jorge Alberto Casas. Foto: Daniel Gómez - El Espectador

de mejorar las condiciones de nuestra gente y hacer de la patria un sitio mejor, se retoman algunos referentes constitucionales desde la fundación de la República de Colombia, alusivos ellos a los poderes legislativo y judicial. El lector sacará sus propias conclusiones y podrá con mayor holgura determinar su sentido, conforme al momento político, económico, cultural y social que las precipitó, pero también, de dónde venimos y cuál puede ser el contenido de una reforma a la administración de justicia.

El Acta preconstitucional del Estado libre e independiente del Socorro del 10 de julio de 1810 que, de acuerdo con Carlos Restrepo Piedrahíta1, constituye el primer Código constitucional o Carta Fundamental expedida, en el artículo 11 consagró que "Toda autoridad será establecida o reconocida por el pueblo y no podrá removerse sino por la ley” 2

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Constituciones Políticas Nacionales de Colombia, Instituto de Estudios Constitucionales. Universidad Externado de Colombia. 3ª edición, 2004. Bogotá- Colombia. 2 Ibíd. p.16.

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El Acta de la Confederación de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, del 27 de noviembre de 1811, otorgó -para la conservación de los derechos de los pueblos y la dirección de sus medios y recursos, la autoridad al Congreso integrado por los diputados representantes de las provincias, a razón de uno o dos individuos por cada una de ellas, además de levantar y formar los ejércitos que se juzgaren necesarios y la fuerza naval, según las circunstancias,


permaneciendo a su disposición los buques de guerra y las fuerzas de mar y de tierra, que debían marchar a donde se les destinara bajo sus órdenes.

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Del Congreso igualmente fue la dirección, organización, nombramiento de oficiales de todos los grados, el establecimiento de arsenales y apostaderos de la marina, la construcción y el armamento de los buques de guerra y las órdenes en todo lo que fuere de urgente necesidad para la defensa de las provincias. El Congreso contaba con la facultad de asignar a cada una de las provincias el número de milicias con que debía contribuir para la defensa común, con arreglo a las circunstancias en que se hallaba respecto del enemigo, sus proporciones o recursos en este género y su población, Contaba, también, con la facultad para expedir las ordenanzas y reglamentos generales y particulares que convinieran para la dirección y el gobierno de las fuerzas marítimas y terrestres mientras subsistieran3. Podía establecer impuestos, exigir contribuciones o derechos sobre todos aquellos objetos y en todas

aquellas materias de interés general y que no fueran privativas o especiales de las provincias, entre otros. Las casas de moneda, en ese entonces vigentes en Santafé y Popayán, quedaron inmediata, directa y únicamente bajo la autoridad del C o n g re s o ; l a s m i n a s q u e n o pertenecían a alguna provincia o que fueran cedidas por alguna de ellas, que adquiriera o comprara; el establecimiento de alguna gran fábrica o invento, principalmente de aquellos a que no alcanzaran las rentas o facultades de una provincia; la creación del papel moneda; los pesos y medidas y su arreglo respectivo, para citar algunas 4. La resolución de las diferencias entre dos partidos igualmente poderosos de los pueblos disidentes se sometían a la resolución del Congreso, si no podían conciliarse amistosamente entre sí, lo mismo que los pleitos y diferencias entre ciudadanos de diversas provincias, entre éstas y los habitantes de otra, así como todas aquellas en que el interés de la Unión se viese comprometido y no bastaren las facultades de las provincias para decidir respecto de aquellas materias objeto de discusión 5. 3

Ibídem. ps. 53 y 54. Ibídem. p. 57. 5 Ibídem. p. 63. 4

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En el artículo 59 se declaró que como "El ejercicio de estos poderes queda atribuido al Congreso en todos los objetos de su inspección; pero como principalmente y judicial (sic) embarazaría la atención debida a puntos más importantes, cuales son los de la defensa común y bien general, el Congreso creará el tribunal o tribunales que tenga por convenientes, fuera de su seno para atender este ramo, reservando el ejecutivo y legislativo para ejercitarlos por sí mismo, bien en común, bien por secciones, según lo permita el número de diputados y la gravedad de las materias que hoy nos ocupan" 6.

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Las leyes vigentes, hasta ese entonces, conservarían su validez, en lo que no fueren contrarias a dicha declaración, al estado actual de las cosas y a la situación política del reino o provincias de la Nueva Granada 8. Con todo, de acuerdo con el artículo 57, el Congreso no podía resolver las cuestiones importantes sobre la declaración de guerra o ajuste de paz; determinación de contingentes de tropas y dinero para la defensa de las provincias o de alguna de ellas en específico; la construcción o adquisición y armamentos de buques de guerra, celebración de tratados de alianza, comercio, límites, etc., con las naciones o Estados extranjeros; el establecimiento de impuestos, despachos de patentes de corso y

Ibídem. p. 66. Ibídem. ps. 67 y 68. Ibídem. p. 69.

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No le era prohibido a los ciudadanos de una provincia demandar o seguir sus instancias y querellas ante los respectivos tribunales o juzgados de los reos demandados y pactarlo en los particulares instrumentos y contratos, renunciando a todo otro derecho y sometiéndose a las leyes y jueces del país, efectuado lo cual no podían apartarse de ella ni desistir de sus efectos, a los que quedaban obligados. Del Congreso era la creación de las oficinas y empleos subalternos que se necesitaran para la expedición de sus negocios, mediante la escogencia de los

ciudadanos más aparentes de la Unión, al igual que para sus comisiones y tribunales de justicia, los cuales recibían sus ingresos de ella y no podían estar al mismo tiempo al servicio de ninguna provincia en particular ni recibir pensiones ni gratificaciones de ella, por sí o por otro medio, al igual que los miembros o individuos del Congreso 7.


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represalias en tiempo de paz; toma de dinero a crédito sobre los fondos de las Provincias Unidas; variación de la ley y valor de la moneda corriente o admisión de la extranjera y la estimación de su precio; creación del papel moneda; alteración de pesos y medidas conocidas; acuerdos sobre materias de patronato u otras graves eclesiásticas en que tuviera que intervenir la suprema potestad de un Estado; la separación de un diputado por excesos reprensibles en su c o n d u c t a p ú b l i c a y p r iva d a ; nombramiento de generales en jefe o comandantes de mar y tierra, cónsules, negociadores o ministros públicos, sin la debida concurrencia y unanimidad de los votos de las dos terceras partes de los diputados que se hallaren en el lugar de residencia del Congreso. Tampoco podía nombrar secretarios y ministros de su despacho, jueces del supremo tribunal de justicia, administradores, contadores y tesoreros de aduana, superintendentes, contadores y tesoreros de casas de moneda, administradores y contadores generales de correos, capitán de guardia y otros empleos 9

Ibídem. ps. 65 y 66. Ibídem. p. 68. Ibídem. p. 82.

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principales de responsabilidad y confianza, sin la concurrencia y unanimidad de los votos de los dos tercios de los miembros presentes, que debían ser también, por lo menos, las dos terceras partes de los residentes en el lugar del Congreso 9, a quien, conforme al artículo 69, se le debía tratar como alteza serenísima10, calificativo que guarda consonancia con los poderes que detentaba. En la Ley Fundamental de la Unión de los Pueblos de Colombia del 18 de julio de 1821, en el artículo 40, se establece que el poder supremo nacional estará "siempre dividido para su ejercicio en legislativo, ejecutivo y judicial 11”. Y en el Congreso General a los habitantes de Colombia, del 6 de octubre de 1821, se lee que: "El poder judicial donde los asaltos de la intriga pierden toda su fuerza y el rico todo su ascendiente; a donde nadie puede llegar con rostro sereno, si no va revestido con los simples adornos de la justicia, está destinado a dirimir imparcialmente vuestras contiendas, reprimir al malvado, y favorecer la inocencia: en tan respetuoso lugar rinden todos homenaje a la Ley; y allí veréis las pasiones desarmadas, cortadas las


tramas del artificio y descubierta la verdad 12” En dicha Constitución se pretendía asegurar la libertad, la seguridad, la propiedad y la igualdad. Los jueces, sin necesidad de ninguna disposición, tenían el poder de convocar las asambleas parroquiales, que presidían con la asistencia de cuatro testigos de buen crédito en quienes concurrían las cualidades de sufragantes, para votar por el elector o electores que correspondían a cada cantón 13.

El artículo 158 presumía la inocencia de todo hombre hasta que se le declarase culpable con arreglo a la ley, y en el dispositivo siguiente se prescribía, que ningún colombiano podía ser preso sin que precediera la información sumaria del hecho por el que mereciera, según la ley, ser castigado con pena corporal; así como todas aquellas que rodeaban de garantías el uso del poder punitivo del Estado15. Así, el artículo 171 ordenaba que "Todo juez y tribunal debe pronunciar sus sentencias con expresión de la ley, o fundamento aplicable al caso". Y en el artículo 172, que ningún juicio tendría más de tres instancias y los jueces que fallaren en una nunca podían intervenir en otra. En el Decreto Orgánico de la Dictadura de Bolívar del 27 de agosto

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Ibídem. p. 87. Ibídem. p. 88. 14 Ibídem. ps. 110 y 111. 15 Ibídem. p. 112. 13

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En el título VI se regló el poder judicial con la creación en el artículo 140 de la Alta Corte de Justicia de Colombia, compuesta por cinco miembros, por lo menos, propuestos por el Presidente de la República a la Cámara de Representantes en número triple, quien la reducía al doble y la presentaba al Senado para su elección, directiva que se seguía siempre que por muerte, destitución o renuncia fuere necesario componerla, salvo que el Congreso no estuviese reunido, en cuyo caso, el poder ejecutivo podía proveer interinamente las plazas vacantes hasta que procediese la elección en la forma antes dicha. Se permitía

también al Congreso establecer las cortes superiores que juzgare necesarias y los juzgados inferiores prescritos en la ley particular. Igualmente determinó las pautas o principios rectores de su labor, como los relativos a la libertad que tenían los ciudadanos para reclamar sus derechos ante los depositarios de la autoridad pública, con la moderación y respeto debidos 14.


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de 182816, en función del poder supremo de la República, ejercido con las denominaciones de Libertador presidente, el numeral 6° contiene la obligación de velar por la ejecución exacta en todos los puntos de la República, de los decretos y reglamentos, así como de las leyes que hayan de continuar en vigor y de hacer, según el numeral 8°, que la justicia se administre pronta e imparcialmente por los tribunales y juzgados y que sus sentencias se cumplan y ejecuten. Además de que en el artículo 15 se establece que "La justicia será administrada en nombre de la República y por autoridad de la ley, por una alta corte, cortes de apelación y juzgados de primera instancia, tribunales de comercio, cortes de almirantazgo y tribunales militares 17".

Los tribunales y juzgados no podían ejercer otras funciones que las de juzgar y hacer que se ejecutara lo juzgado, en consonancia con el artículo 115, y en el inmediatamente siguiente les imponía la obligación de fundar y motivar sus sentencias. No podía haber ningún juicio con más de tres instancias y las audiencias de los tribunales y sus votaciones serían públicas, aunque las deliberaciones fuesen secretas (artículos 116 y 117), aparte de los dispositivos contenidos en el Título XI, de los Derechos Civiles y las Garantías 19.

La Constitución Política de la República de Colombia de 1830 dispuso en el artículo 109 que la justicia sería administrada por una Alta Corte de Justicia, cortes de apelación y demás tribunales y juzgados creados o que se crearen por la ley, los cuales no podían ser destituidos sino en virtud de sentencia judicial, ni suspensos

La Ley Fundamental de la Nueva Granada del 17 de noviembre de 1831, como una de sus aspiraciones, involucró la ejecución fiel de las leyes para abrigar el orden, la seguridad, la dicha y la riqueza en el Estado; y con el fin de asegurar la independencia nacional, consolidar la unión, promover la paz y la seguridad doméstica, establecer el imperio de

sino por acusación legalmente admitida, ni destinados a otra carrera, sino habiéndose separado voluntariamente de la justicia conforme al artículo 114 18.

16 Decreto que fue promulgado y obedecido como ley constitucional del Estado, hasta que reunida la representación nacional convocada para el 2 de enero de 1830, expidiera la Constitución de la República, en términos del artículo 26. 17 Ibídem. p. 123. 18 Ibídem. ps. 147 y 148. 19 Ibídem. ps. 148, 151 a 153.

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la justicia y garantizar la vida, el honor, la libertad, la propiedad y la igualdad de los granadinos, erigió el título VII destinado al poder judicial. Así el artículo 130 señala que la justicia se administrará por una Corte Suprema de Justicia y los demás tribunales y juzgados que la ley establezca. Los magistrados de la Corte debían ser propuestos por el Consejo de Estado a la Cámara de Representantes en número de tres, para el nombramiento de cada uno. Dicha cámara los debía reducir a dos para presentarlos al Senado, quien los elegía (artículo 133). Los miembros de los tribunales se nombraban por el poder ejecutivo, previo acuerdo y consentimiento del Consejo de Estado y mediante terna enviada por la Corte Suprema de Justicia 20.

La Carta Política de la Nueva Granada de 1843, si bien mantiene similar esquema, en el artículo 123 estableció que el territorio de la República se dividiría en distritos judiciales y en cada uno de ellos habría un tribunal superior de justicia 23 , y en el artículo 169 c o n s a g ró q u e l a s d u d a s q u e ocurrieran sobre la verdadera i n t e l i g e n c i a d e c u a l e s q u i e ra de las disposiciones constitucionales deberían ser resueltas mediante una ley especial y expresa 24. El acto legislativo del 24 de mayo de 1851 mantuvo el esquema de funcionamiento del poder judicial en el capítulo 7° y en el capítulo 9°. permitió la aclaración de la Carta en caso de oscuridad, por medio de

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Ibídem. ps. 191 a 193. Ibídem. p. 193. 22 Ibídem. p. 202. 23 Ibídem. p. 238. 24 Ibídem. p. 244. 21

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Con respecto al ejercicio de sus funciones, si bien destacaba la continuidad en el ejercicio de sus cargos, en cuanto que no podían ser suspendidos de sus destinos, sino por acusación legalmente intentada y admitida, ni tampoco depuestos sino por causa de sentencia conforme a las leyes, en el artículo 147 impuso la regla hermenéutica que se

transcribe a continuación: "Todos los tribunales y juzgados en sus sentencias están obligados a hacer mención de la ley aplicada, y por falta de ella, de los fundamentos en que se apoyan21''. Y en el artículo 213 se le confiaba al Congreso la facultad de resolver cualesquiera dudas sobre la inteligencia de alguno o algunos de los artículos de la Constitución 22.


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una ley. En tanto que la de 1853 determinó que los nombramientos en propiedad de los magistrados y los fiscales de los tribunales serían por el voto popular de los ciudadanos de los respectivos distritos judiciales, por el término de cuatro años y mantuvo la misma previsión para la aclaración en caso de oscuridad del Estatuto Fundamental. La Constitución Política para la Confederación Granadina de 1858, en el artículo 10, impuso el deber de todas las autoridades de cada uno de los Estados, de cumplir y hacer que se cumplan y ejecuten en él, la Constitución y las leyes de la Confederación, los decretos y las órdenes del presidente de ella, así como los mandamientos de los tribunales y juzgados nacionales. En el artículo 50 se le atribuyó a la Corte Suprema de Justicia la suspensión de los actos de las legislaturas de los Estados contrarios a la Constitución o a las leyes de la Confederación y resolver las consultas de los jueces y tribunales sobre la inteligencia de las leyes nacionales, dirigiendo al Congreso su opinión sobre el modo de resolverlas 25. 25

Ibídem. p. 321. Ibídem. p. 364. 27 Ibídem. p. 418. 28 Ibídem. p. 420. 29 Ibídem. p. 464, artículo 40 de la reforma. 26

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Para la Constitución Política de los Estados Unidos de Colombia de 1863, el Poder Judicial se ejercía por el Senado, por una Corte Suprema Federal, por los tribunales y juzgados de los Estados y por los que se establecieran en los territorios que debían regirse por legislación especial 26. La Constitución Política de la República de Colombia de 1886 determinó, en el artículo 147 que el empleo de magistrado de la Corte Suprema sería vitalicio, salvo que concurriera destitución por mala conducta27, y el 161 prescribió que toda sentencia debía ser motivada28. Los actos reformatorios números 10 del 27 de marzo de 1905 y 30 del 31 de octubre de 1910, se ocuparon del período y el número de magistrados de dicha Corte, no obstante lo cual en la última de las anotadas se indicó que: "En todo caso de incompatibilidad entre la Constitución y la ley se aplicarán de preferencia las disposiciones constitucionales 29", y en el 41 se le confirió a la Corte Suprema de Justicia la guarda de la integridad de la Constitución, motivo por el cual debía decidir sobre la exequibilidad


de los actos legislativos que hubiesen sido objetados como inconstitucionales por el Gobierno Nacional, o sobre todas las leyes o decretos acusados ante ella por cualquier ciudadano como inconstitucionales30. Y los artículos 58 y 64 facultaban a los particulares agraviados por los actos de las asambleas o los concejos municipales, para recurrir ante el tribunal competente o ante el juez para que por medio de una pronta providencia, se suspendiera el acto denunciado por causa de su inconstitucionalidad o ilegalidad 31. El acto legislativo número 10 del 16 de febrero de 1945 contempló varias disposiciones referentes al Consejo de Estado, entre las que se encuentra el artículo 41, de acuerdo con el cual corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo conocer de l a s a c u s a c i o n e s p o r inconstitucionalidad de los decretos dictados por el Gobierno, cuando no sean de los expedidos en ejercicio de las facultades contempladas en los

ordinales 11 y 12 del artículo 69 y del artículo 117 de la Constitución, además de suspender provisionalmente los actos de la Administración por los motivos y con los requisitos que estableciera la ley, de acuerdo con el artículo 42 32. La justicia es un servicio público a cargo de la nación, preceptuó el artículo 47 y el artículo 147 señaló que a la Corte Suprema de Justicia se le confiaba la guarda de la integridad de la Constitución, en virtud de cuya competencia podía decidir definitivamente acerca de la inexequibilidad de los proyectos de ley que hubiesen sido objetados por el Gobierno como inconstitucionales o sobre todas las leyes o decretos dictados por éste, en ejercicio de las atribuciones de que tratan los ordinales 11 y 12 del artículo 69 y el artículo 117 de la Carta Política, cuando fuesen acusados ante ella por inconstitucionales, por cualquier 33 ciudadano .

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Ibídem. p. 464. Ibídem. ps. 466 y 467. Ese acto reformatorio de la Constitución integró el Consejo de Estado por un número de siete individuos, por períodos de cuatro años, que se renovarían por mitad cada dos. El acto legislativo número 1 del 25 de agosto de 1924, modificó el artículo 35 del acto legislativo número 3 de 1910, en el sentido de la Corte Suprema de Justicia que se compondría por el número de magistrados que determine la ley, sin ser inferior a nueve y mediante salas, una de las cuales sería para la casación en materia civil, otra para los asuntos criminales y otra para negocios generales. 32 Ibídem. p. 508. 33 Ibídem. p. 511. 31

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El artículo 148 estableció que en caso de incompatibilidad entre la


Constitución y la ley se aplicarían de preferencia las disposiciones constitucionales34, y el artículo 161, que toda sentencia debía ser motivada35.

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El decreto legislativo 0247 del4 de octubre de 1957, relativo al plebiscito constitucional, en el artículo 12 determinó que la Corte Suprema de Justicia estaría integrada por el número de magistrados que determinara la ley y sus cargos distribuidos entre los partidos políticos en la proporción en que estuvieren representados en las

34

Ibídem. p. 511. Ibídem. p. 514. 36 Ibídem. p. 542. 37 Ibídem. p. 543. 35

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cámaras legislativas. Sus magistrados serían inamovibles, salvo que concurriera su destitución por causa legal o retiro por jubilación36, y el decreto legislativo 0251 del 9 de octubre de ese año, en el artículo 12, estableció la paridad de los cargos entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, quienes permanecerían en sus cargos mientras observaran buena conducta y no hubiesen llegado a la edad de retiro forzoso. Sus vacantes se llenarían por la respectiva corporación37.

Manuelita Sáenz, pintura del Siglo XIX


Consejo de Estado

Luis Fernando Álvarez Jaramillo Presidente del Consejo de Estado

Coriolano Leudo, óleo (19380). Museo de la Independencia - Casa del Florero.

E l Consejo de Estado tuvo su origen en un decreto del General Simón Bolívar, expedido en la ciudad de Angostura el 30 de octubre de 1817, que se trataba de un órgano político administrativo, que sustituyó, en alguna medida, la representación ciudadana en los cuerpos de elección popular y contribuyó a la toma de decisiones administrativas, legislativas y de gobierno propias del Estado.

En la Constitución de 1821 se consagró un cuerpo semejante pero bajo un nombre distinto: Consejo de Gobierno, conformado por el Vicepresidente de la República, un ministro de la Alta Corte de justicia y los secretarios del Despacho. Sus dictámenes presentados al Presidente, no eran obligatorios. Mediante Decreto Orgánico del 27 de agosto de 1828, expedido por el mismo Bolívar en calidad de Libertador Presidente de la República de Colombia, se restablece de nuevo la institución y se conforma por el Presidente del Consejo de Ministros, los ministros secretarios de Estado y, al menos, un consejero por cada uno de los departamentos. Sus funciones estaban dirigidas a preparar todos los decretos y reglamentos que haya de expedir el jefe del Estado y a dictaminar sobre los asuntos indicados en el mismo decreto orgánico.

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La Constitución de 1830 conserva la figura del Consejo de Estado pero varía su composición al quedar integrado por el Procurador General de la Nación y doce consejeros escogidos indistintamente de cualquier clase de ciudadanos, para auxiliar al poder ejecutivo con sus luces en los diversos ramos de la administración pública, atribuyéndole, además de las funciones consultivas, las de preparación de proyectos de ley.


La Constitución del Estado de la Nueva Granada, de 1832, modifica la composición del Consejo de Estado al conformarlo por siete consejeros nombrados por el Congreso. Se le asignaron funciones de órgano consultivo y de preparación de proyectos de ley; así como la de presentar a la Cámara de Representantes ternas para la elección de ministros de la Corte Suprema de Justicia. La Constitución Política de la República de la Nueva Granada, de 1843, abolió el Consejo de Estado, pero conservó el de gobierno como cuerpo consultivo del ejecutivo.

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La Constitución Política de la Confederación Granadina, de 1858, y la Constitución de los Estados Unidos de Colombia, de 1863, no contemplaron la existencia del Consejo de Estado ni de un organismo similar. La última etapa del Consejo de Estado se inicia con la Constitución de 1886, en donde aparece no solo como cuerpo consultivo del gobierno, sino con la tradicional función de preparar los proyectos de ley y de códigos. Además, se le asignó la función de máximo juez de lo contencioso administrativo. Posteriormente, bajo la dictadura del General Reyes se expidió el Acto Reformatorio de la Constitución Núm. 10 de 1905 por el que se suprime el Consejo de Estado.

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El Acto Legislativo No. 3 de 1910, reformatorio de la Constitución Nacional, dispuso que mediante ley se estableciera la jurisdicción de lo contencioso administrativo, orden que se cumplió mediante la Ley 130 de 1913 que crea dicha jurisdicción, integrada por un Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y unos tribunales seccionales, encargados de efectuar la revisión de los actos de las corporaciones o empleados administrativos en ejercicio de sus funciones, o con pretexto de ejercerlas, a petición del ministerio público, de los ciudadanos en general, o de las personas que se crean vulneradas en sus derechos, en los casos y dentro de los límites de dicha ley. Esta ley, en consecuencia, puso en práctica por primera vez en Colombia el sistema de dualidad de jurisdicciones y se constituyó en el primer Código Contencioso Administrativo. Pero el Constituyente de 1910 olvidó recrear, a nivel constitucional, el Consejo de Estado, por lo que fue necesario, posteriormente, expedir el Acto Reformatorio de la Constitución, de 10 de septiembre de 1914, el cual restableció definitivamente en el ordenamiento jurídico colombiano el Consejo de Estado, como supremo cuerpo consultivo del gobierno en asuntos de administración y como ... tribunal supremo de lo contencioso administrativo, asignándole, además, la función de preparar los proyectos de ley


y códigos que deban presentarse a las cámaras legislativas y proponer las reformas convenientes en todos los ramos de la administración. A partir de septiembre de 1914, el Consejo de Estado y la jurisdicción contencioso administrativa han permanecido vigentes en nuestra vida institucional, sin interrupción, como jueces de la administración y como garantes de los derechos de los gobernados. La Ley 167 de 1941 estableció un nuevo estatuto general sobre la organización y funcionamiento de la jurisdicción contencioso-administrativa, el cual constituyó el segundo código sobre la materia. Se conservó la estructura de la jurisdicción y el carác ter tanto consultivo como jurisdiccional del Consejo de Estado.

Se dividió el Consejo en salas o secciones para separar sus funciones como Tribunal Supremo de lo

A su vez, el Decreto Legislativo 51 de 1957 estableció que el Consejo de Estado, al igual que la Corte Suprema de Justicia, sería paritario; que los consejeros permanecerían en sus cargos mientras observaran buena conducta y no llegaran a la edad de retiro forzoso y que las vacantes serian llenadas por la misma corporación a través de la cooptación. La Reforma Constitucional de 1968 ratificó las atribuciones consultivas, de preparación de proyectos de ley y las que le corresponden como Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo y dispuso que en cada departamento habría un tribunal administrativo. En 1984 se expidió el Decreto-Ley Núm. 1, el cual, con las reformas introducidas por normas posteriores, constituye el actual Código Contencioso Administrativo. La Constitución Política de 1991 conserva la existencia del Consejo de Estado y de la jurisdicción administrativa.

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El Acto Legislativo 1 de 1945, reformatorio de varias normas de la Constitución, se ocupó del Consejo de Estado y de la jurisdicción de lo contencioso-administrativo, conservando, en lo esencial, su estructura y funciones, aunque estableciendo la elección de los consejeros por las cámaras legislativas, de ternas presentadas por el Presidente de la República.

Contencioso Administrativo, de las demás que le correspondían. Además, les otorgó a los Consejeros de Estado voz en los debates en las Cámaras o en las comisiones en los casos señalados por la ley.


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Durante esta nueva etapa, la Ley 446 de 1998 introduce la figura de los jueces administrativos, de forma que la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo ha quedado integrada por tres niveles: los jueces administrativos, los tribunales administrativos y el Consejo de Estado.

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Actualmente el Consejo de Estado ejerce sus funciones jurisdiccionales y de consulta por medio de tres (3) Salas, integradas así: La Plena integrada por sus 31 miembros; la de lo Contencioso Administrativo, por veintisiete (27) Consejeros, y la de Consulta y Servicio Civil, por los cuatro Consejeros restantes.


Dignidad Salarial Gabriel Roldán

El tema bajo el cual hemos sido convocados, al XIX SIMPOSIO NACIONAL DE http://numisecu.tripod.com/bolivar.htm

JUECES Y FISCALES: “El Servidor Judicial Colombiano, 200 Años Después”, y el subtema “Dignidad Salarial”, tienen en el marco maravilloso de la histórica ciudad de Cartagena de Indias, y en la coincidente celebración del BICENTENARIO DE INDEPENDENCIA, el escenario y la ocasión más propicios para pensarnos colectivamente como jueces y fiscales de Colombia, en cuanto a lo que hoy somos, y en cuanto a lo que ha sido la administración de justicia en las dos centurias de nuestra vida republicana.

El presente trabajo pretende abordar el tema “Dignidad Salarial” desde tres perspectivas: 1.) La histórica, en el devenir de la Rama Judicial de Colombia a lo largo de dos siglos de vida republicana; 2.) La visión comparada, no solo frente a la Administración de Justicia en algunos países del área y en países desarrollados, sino también en relación con otros empleos (medido frente al salario mínimo y frente a la remuneración en otros frentes del servicio público; y, 3.) La perspectiva gremial, esto es, la visión, postura filosófica y limitaciones estatutarias de los Colegios de Jueces y Fiscales.

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La metodología busca desarrollar las siguientes premisas: 1.) Si la justicia ha sido prioridad estratégica del Estado colombiano en alguna época. 2.) Si se ha perpetuado una relación asimétrica e inequitativa entre jueces unipersonales y colegiados, cuáles pueden ser las causas y sus efectos. 3.) Si el tema de “Dignidad Salarial” ha estado relegado y si continúa estándolo, aún de cara a las exigencias del modelo constitucional vigente. 4.) Si los Colegios de Jueces y Fiscales y la Federación que los aglutina, como gremios profesionales, pueden buscar reivindicaciones salariales, y en caso positivo si hay límites y diferencias frente a gremios sindicales; y 5.) Si los bajos


salarios desincentiva objetivos de excelencia y aumenta los riesgos de corrupción.

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1. PERSPECTIVA HISTÓRICA: 1.1. Panorama del poder judicial a lo largo de dos centurias: De entrada valga partir de una constatación dolorosa: Aún está por escribirse la historia judicial de Colombia, y se dificulta una labor de búsqueda historiográfica sobre la administración de justicia, porque en muchos casos no se han conservado los archivos, en otros casos, lo que ha podido salvarse por falta de sentido histórico, e interés desde adentro y desde afuera, sobre la historia de la Administración de Justicia en Colombia, no está sistematizado, o se arruma con muy poca técnica archivística1, y yace desperdigado en distintos archivos históricos, en espera de que algún día despierten la atención de los historiadores, y ojalá de los propios jueces y Fiscales, para que contemos nuestra historia antes de que sea contada por otros, quizás arriesgando perspectivas sesgadas, de quienes no conocen ni han compartido nuestros anhelos, limitaciones y bregas; o que obedeciendo a intereses, desde otros frentes del Estado y de la

Sociedad, pretenden la postración de la Rama, para que en vez de emerger como auténtico poder, en equilibrio con los demás poderes públicos, sea presentada como un órgano cundido de ineficiencia y venalidad; en lugar de mostrar un equilibrio de historias2. Una breve cronología (meramente ilustrativa, por obvias limitaciones de espacio y de tiempo en el escenario de este simposio), sobre el desarrollo del poder judicial colombiano hasta los perfiles actuales, nos presenta: De similar modo que en el período colonial, en el que la audiencia virreinal representaba un sui generis tribunal, dotado de funciones judiciales y administrativas, en los primeros años de vida independiente hubo confusión entre las funciones ejecutivas y judiciales que tenían los intendentes, los gobernadores y los jueces políticos; pues había otras prioridades atendibles por quienes habían tomado las riendas de la naciente república, por lo que las ideas del iluminismo y el principio de división trial del poder que alentaron las revoluciones en América, en la práctica seguían postergadas en la organización de instituciones que aún funcionaban conforme a la herencia colonial.

1 En el caso de este ensayo, la búsqueda de fuentes en el archivo judicial de Medellín, y los Archivos Históricos de Antioquia y Medellín, así como de la Universidad Nacional – sede de Medellín- a donde fueron a parar, librados del fuego por clemencia pedida por historiadores locales, y esperan ser sistematizado, por si algún día podían servir de fuente de investigación. 2 El bellísimo y lúcido discurso de la escritora nigeriana Chiamamanda Adichie, propalado en la web, advierte sobre los peligros de una historia única, que puede hacer caer en una incomprensión grave que simplifica y roba la dignidad de las personas y los pueblos; pues las historias pueden ser usadas tanto para despojar y calumniar como para dar poder y humanizar.

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De modo que el aparato colonial administrativo tenía funcionarios administrativos, como Regidores y Alcaldes, en quienes convergían funciones administrativas y judiciales; y en la nueva organización republicana, por debajo de los gobernadores estaban los jueces-políticos 3, a quienes les correspondía cumplir funciones judiciales y policivas; y solo hasta 1832 vienen a nombrarse por los cabildos a los primeros jueces penales y civiles. Una primera e incipiente forma de organización judicial en la Colombia republicana se remonta a la Constitución de 1821, la cual estableció una Alta Corte de Justicia, a la cabeza del poder judicial, conformada por 5 “ministros” (3 jueces y 2 fiscales), nombrados por el Congreso de ternas presidenciales; en un segundo nivel estaban las Cortes Superiores de Justicia, en cada uno de los 3 departamentos que hoy son Colombia, Venezuela y Ecuador, los cuales estaban conformadas por 9 miembros (7 jueces y 2 fiscales).

Un segundo intento de organización del poder judicial en la naciente república, lo constituye la LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, expedida el 30 de abril de 1825, y sancionada por Santander, la cual dispuso que en cada departamento debía haber una Corte Superior de Justicia, aunque se reservó por motivos presupuestales la creación de dichas Cortes en departamentos donde resultara más urgente y hubiera mayor número de letrados. Pocos años después, tras la debacle de la disolución de la Gran Colombia, la Convención del Estado de la Nueva Granada, expidió el DECRETO ORGÁNICO DE TRIBUNALES, el 23 de marzo de 1832, y dividió el territorio en cuatro distritos judiciales, en lo que son ahora centro, sur, costa caribe de nuestro país, y el entonces departamento de Panamá. Promediando el siglo 19 (1851), un Magistrado de Tribunal Superior recibía 12 mil reales, su secretario 6.400, el

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Correspondió al llamado “Juez Pedáneo” , que era una especie de juez subalterno de carácter administrativo, en simbiosis con las funciones del alcalde, que fallaba, de pie, causas leves. 4 El Noticioso instaba a que Presidente y Vicepresidente (Bolívar y Santander), y los militares jefes trabajaran “de balde para alivio de los pueblos”, pero que a los Ministros de Justicia (magistrados) “como tan portantes en la sociedad” no les mezquinaran su sueldo anual de 10 a 12 mil pesos sin descuento.

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Para la década de 1820 el naciente poder judicial correspondía a hombres intelectuales, educados en ejercicio de las leyes, aunque de condición inferior a la de políticos y militares; desde entonces se empieza a marcar diferencia

en el estatus económico entre gobernantes, militares y jueces, pues la asignación a un magistrado de la Alta Corte, que oscilaba entre 10 y 12 mil reales, era en mucho inferior a los sueldos establecidos para las otras altas dignidades en el Estado4.


oficial 4.200 y el portero escribiente 2000. Entre tanto por la misma época, con la creación por Ley del cargo de Juez Letrado del Distrito de AmbalemaTolima5, se asignó un estipendio anual de 4 a 6 mil reales, es decir, entre la tercera parte y la mitad de lo que devengaba el Juez Colegiado en los referidos Tribunales Superiores.

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Transcurrido desde entonces un siglo, en 19466 un Juez Promiscuo Municipal como el de Angostura Antioquia, cobraba un sueldo mensual de $ 87.30, su secretario cobraba $58 y el portero $38.80, lo que significa que el secretario devengaba aproximadamente el 70% de la asignación del Juez, y el sueldo del portero, cargo que debía estar entre los niveles más modestos en la escala de remuneración, comparable hoy con el obrero; lo que significa que a mediados del siglo pasado el salario de un juez municipal era poco más del doble del salario mínimo, si se traduce a estándares actuale7 . Para 1967 el mismo cargo de juez era remunerado con $2000, y el cargo de secretario con $1.196, lo que muestra que transcurridas dos décadas, se mantuvo el promedio de remuneración del Juez, en relación con la de su secretario; y para la misma época, los 5

Magistrados del Tribunal Superior de Medellín cobraban $5.5008, es decir el doble del Juez Municipal. Conforme a datos históricos sobre salario mínimo, ambas remuneraciones (de juez municipal y de magistrado) correspondían, respectivamente, a 5 y 10 veces el salario de un obrero (salario mínimo)9; y si hoy los salarios de los jueces municipales, los Jueces del circuito y los Magistrados de Tribunal, bordean las cifras de 4, 4.5 y 15 millones respectivamente, ello significa, un mejoramiento porcentual de aproximadamente 8, 9 y 30 salarios mínimos, lo que muestra una escala abismal en el último de dichos eslabones. 2. LA VISIÓN COMPARADA: 2.1. B r e c h a s a l a r i a l e n comparación con otros países del área: Mientras la revista Cambio, publicó en su edición del 2 de noviembre de 2008, con ocasión del prolongado paro judicial (que buscó presionar del Gobierno Nacional el reconocimiento de las reivindicaciones laborales que por años se han mezquinado a un sector de la Administración de Justicia), que los jueces colombianos estábamos

Leyes y Decretos año 1849 Archivo de la Rama Judicial 7 Archivo de la Rama Judicial, Municipio de Angostura- Antioquia- Juez Julio Ramos J. 8 Archivo de la Rama Judicial, nóminas de los Magistrdos Bertha Zapata Casas, Alberto Ospina Botero y Gustavo Gómez Velásquez. 9 Cesar Augusto Duque Mosquera- búsqueda Google en página web sobre datos históricos del salario mínimo en Colombia. 6

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“ e n t re l o s p e o r p a g a d o s d e Latinoamérica”, señalando que la brecha salarial entre los magistrados de las altas Cortes y los jueces en Colombia es la más grande entre los países de América Latina”10, pues un Magistrado de la Corte ganaba cerca de 21 millones de pesos, que equivalían entonces a 47 salarios mínimos mensuales, mientras que el Juez Municipal percibía menos de 4 millones de pesos (aproximadamente 8 veces el salario de un obrero). Lo que comparativamente frente a las fluctuaciones del dólar, equivalía y equivale aún a aproximadamente a 2.000 dólares para un Juez Municipal, y 12.000 dólares para un Magistrado de Altas Cortes.

Es importante anotar que los jueces venezolanos de primera y segunda instancia en materia penal, devengan 10.500 y 11.500 nuevos bolívares, que al actual cambio oficial de 4.3 bolívares por dólar, representan sueldos de 2.500 y 2.800 dólares respectivamente, lo que en principio sugiere que la asimetría de la que nos dolemos en Colombia, podía tener ribetes más dramático entre bajas y altas instancias judiciales en materia salarial13. De otro lado, el 31 de agosto de 2009, en razón de la huelga de 4.500 jueces que enfrentó España a mediados del año pasado, según se lee, “hartos de

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Revista Cambio, noviembre de 2008 Página web, buscador Google. 12 El artículo del periódico de la Universidad de Zulia, consultado en Internet, en su análisis habla de un sueldo de 3.170 dólares para los 18 “jueces Supremos”. Entre tanto, el diario El Comercio, de Lima, en su edición del 20 de octubre de 2008, se refirió a la crítica del presidente a los Magistrados por no atender su llamado a la austeridad (cabe anotar que según el mismo diario la moneda peruana se cotizaba a junio 23 de 2008 a 2,942 soles por dólar (fuente Internet). 13 Cabe anotar que la información fue suministrada de manera informal por un ex magistrado del Tribunal Supremo, y remitida vía Internet, y aunque en lo personal resulta fiable, podría no haber tenido en cuenta variables como primas, sobresueldos o bonificaciones. 11

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El 23 de abril de 2010, la revista de la Universidad de Zulia- LUZpublicó el siguiente titular: “Salario de los magistrados venezolanos es uno de los más altos de Latinoamérica”11,señalando que los del vecino país ganan 22.000 dólares (el doble de los magistrados colombianos), sin que sea el país de Latinoamérica donde se paguen los salarios más formidables, pues México lleva la delantera con 24.000 dólares,

ubicándose los magistrados de Colombia, junto con los de Brasil y Argentina en una especie de nivel de “clase media”, mientras que países como Perú, Bolivia y Ecuador tienen en la cúpula de sus respectivos órganos judiciales a magistrados peor pagados (en el caso del Perú, en 2008, los “Jueces Supremos” fueron fustigados por el Presidente, calificando su gesto de “traición”, al auto aumentarse el sueldo de 15 a 22 mil nuevos soles, que equivalían entonces a unos 7.200 dólares12.


trabajar en condiciones precarias”, se publicó un artículo, también propalado por la web, en el cual se criticó que si bien es posible que a los jueces les cueste llegar a final de mes con salarios que oscilaban entonces entre 3.000 y 5.000 euros, es decir 6.000 y 10.000 dólares, o aproximadamente 12 y 20 millones de pesos colombianos. En dicho artículo se critica a los jueces en paro, porque el articulista estimó que había problemas más prioritarios por los cuales reclamar, como dotación de los despachos y falta de personal en los mismos.

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Indaga el artículo de la revista de la Universidad de Zulia, si el sueldo define a un buen juez, planteando que no solo un buen sueldo determina a un juez íntegro, sino que hace falta una escuela de la magistratura, un compromiso ético y la garantía de estabilidad en el cargo (es decir, que ello debe compaginarse con formación, ética y sistema de carrera). Este análisis coincide con otro artículo, el del jurista José María Rico14 quien plantea que en el caso de los sistemas judiciales en los países latinoamericanos, es necesario analizar variables como carrera, estabilidad laboral, y formación y capacitación. Y

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concluye el especialista, 1.) Que una vez seleccionados y nombrados los jueces deben recibir una remuneración adecuada que los ponga al margen de cualquier tentativa de corrupción y les permita cumplir, con cierto decoro, las funciones asignadas; 2.) Que un factor estrechamente relacionado con la independencia de los jueces, es su competividad de los salarios con los del sector privado. Entre tanto, a raíz de un artículo aparecido en la revista Cambio15, tras la noticia de que los jueces colombianos somos “los más mal pagados de Latinoamérica, la opinión generalizada tras el último paro judicial, fue la de que los jueces no hacemos méritos para ganar mejor, pues el artículo hizo eco del criterio de la Directora de la Corporación Excelencia de la Justicia, organización privada con fondos del empresariado y la academia, en representación de la sociedad civil “para influir en la búsqueda de excelencia en la justicia”16, quien refiriéndose a la congestión judicial y al represamiento del 50% de los procesos, dijo que “la remuneración debe estar asociada no solo a la responsabilidad de las funciones asignadas, sino a la productividad”; y que los bajos salarios desmotivan a quienes los devengan, por

J. M. RICO, “Justicia Penal y Transición Democrática en América Latina”. Buscador Google. Edición del domingo 2 de noviembre de 2008. 16 Según la página web de dicha corporación, como entidad sin ánimo de lucro, en www.cej.org.co. 15

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lo que el factor salarial, sin ser el único factor, era clave para el mejoramiento y dignificación de la justicia; pues los mismos jueces reconocían en múltiples talleres, y “con franqueza descarnada”, que como las instancias superiores eran los que recibían mejores sueldos, “habían decidido disminuir sus esfuerzos”, por lo que concluye el articulista que ello constituye una postura antiética17. L o a n t e r i o r, l l eva a q u e n o s preguntemos si en efecto la congestión es exclusiva de los niveles inferiores en la escala judicial, y aún más, si puede estar determinada por una actitud deliberada de trabajar menos. Según la Comisión de Expertos en su informe preliminar del proyecto de reforma a la justicia, aún en preparación, hay una altísima tasa de congestión en todas las altas Cortes, lo que muestra entonces que la menor productividad no es efecto del desestímulo que representa la remuneración, y que paradójicamente los índices de productividad en la

justicia muestran una abrumadora carga estándar en los más bajos niveles, sin relación costo-beneficio18. 2.2. Brecha en la escala salarial de la rama judicial La Ley 4 de 1992, fue una “ley marco” que estableció el régimen salarial y prestacional de los empleados públicos, miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública; y señaló que el Gobierno Nacional fijaría dicho régimen teniendo en cuenta el nivel de los cargos, su naturaleza, funciones, responsabilidades y calidades exigidas para su desempeño (literal j. del artículo 2°). Así mismo creó una prima del 30% al 60% del salario básico mensual para magistrados y jueces; y como fruto de la necesidad de fortalecer a la rama judicial frente al nuevo marco constitucional, señaló que entre las vigencias de 1993 a 1996 se revisaría el sistema de remuneración de los funcionarios y empleados de la Rama Judicial, sobre la base de la nivelación o

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17 El artículo señaló que en 60 talleres realizados por la Corporación Excelencia para la Justicia, los funcionarios asistentes reconocieron que como los funcionarios que fallan en segunda instancia son los que reciben mejores sueldos, ellos habían decidido disminuir sus esfuerzos en la primera instancia. 18 Según estadísticas aportadas por Secretaría, el Juzgado 20 Penal del Circuito falló durante el año 2008 inició con 119 procesos penales, 21 tutelas de primera instancia y 8 tutelas de segunda instancia, en el 2009 inició con 85 procesos penales, 13 tutelas de primera instancia y 8 de segunda instancia; en el 2010, inició con 39 procesos penales, 27 tutelas de primera instancia y 2 tutelas de segunda instancia. En estos tres últimos años, el comportamiento de dicho Juzgado en cuanto a los procesos evacuados fue así: En 2008 egresaron 494 procesos penales, y26 tutelas de primera instancia y 101 tutelas de segunda instancia, más 242 incidentes a continuación de éstas; en 2009 egresaron 500 procesos penales, 709 tutelas de primera instancia, y 98 de segunda instancia, más 328 incidentes tramitados; y en 2010, hasta marzo 31 (dos meses y 20 días desde el inicio del año judicial) han egresado 107 procesos penales, 255 tutelas de primera instancia, 16 tutelas de segunda instancia y se han tramitado 103 incidentes. Cabe mencionar que el número de empleados se redujo prácticamente a la mitad, tras la implementación del nuevo sistema penal acusatorio, bajo el entendido de que la concentración en un centro de servicios judiciales haría innecesario el mantenimiento de una planta de personal tradicional.


reclasificación, “atendiendo criterios de equidad”19. Lo anterior fue fruto de la necesidad de fortalecer a una rama judicial que como poder público no tuvo mayor peso, ni representatividad en la estructura de tripartición del poder, dentro del modelo formal de Estado de Derecho que nos rigió hasta antes de la Constitución Política de 1991.

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Fue entonces una respuesta que en principio se entendió que iba en serio, en torno a los desafíos planteados por una nueva carta de derechos, en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, cuya promulgación marcó solo el punto de partida para su construcción. Desde el gobierno del presidente César Gaviria hasta el actual de Álvaro Uribe Vélez, el mandato dado al Gobierno Nacional de revisar, conforme a criterios de equidad, el sistema de remuneración en la rama judicial, ha sido desatendido; y aunque éste último, por medio del Decreto 4040 de 2004, concedió una remuneración a Magistrados de Tribunales, Fiscales Delegados y Procuradores ante éstos, equivalente al 70% de la que 19

corresponde a los Magistrados de las Altas Cortes, formidable para lo que entonces tales funcionarios devengaban, al dejar intacta la base salarial para los niveles inferiores, significó un auténtico acto de discriminación, porque era obvio que la escala salarial no podía troncharse por el medio, y que debía aplicarse para las demás el aforismo “a la misma razón, la misma disposición”, pues generó unas asimetrías o diferencias salariales abismales, frente a lo dos primeros niveles funcionales, de jueces municipales y del circuito, devengando salarios más que modestos, y los dos últimos niveles funcionales, de magistrados de Tribunales y de Cortes, devengando salarios que triplican y hasta cuadruplican los de los primeros. En tal sentido, una remuneración que resulta razonable y muy acorde con un país, cuyo Gobierno actual, ya de salida, se muestra alborozado por sus logros económicos 2 0 , pero que contradictoriamente se duele de las penurias fiscales a la hora de atender reclamaciones del gremio judicial, o de plasmar en su plan quinquenal de desarrollo, el tema de la remuneración salarial, atándola, de entrada, a n e c e s i d a d e s p re s u p u e s t a l e s y restricciones fiscales21.

Parágrafo 14°, Ley 4° de 1992: “En el mismo término revisará el sistema de remuneración de funcionarios y empleados de la rama judicial sobre la base de nivelación o reclasificación, atendiendo criterios de equidad”, norma que está relacionada con el artículo 13 de la misma ley, el cual estableció una escala gradual de nivelación entre las vigencias fiscales de 1993 a 1996. 20 Consultar página de Internet presidencia.gov.co 21 Titulares de los principales periódicos del país, como La República, o el periódico El Colombiano, en sus ediciones del lunes 24 de mayo y el jueves 27 de mayo de 2010, han resaltado con optimismo que Colombia ha sido incluido por importantes analistas financieros entre los llamados “países civetas”, especies de economías emergentes, diversificadas, dinámicas y en expansión, a niveles de Indonesia, Turquía y Sudáfrica.

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Como quiera que el último empeño de reforma a la justicia, que busca apresuradamente, y quizás en vano22, un cambio estructural pero más bien “orgánico” en la Rama Judicial, enfocado en la composición y estructura de las altas Cortes, el fortalecimiento a los mecanismos de acceso a la justicia y medidas contra la congestión judicial; sin reparar en el factor de dignificación salarial, el cual se diagnostica como “factor que innegablemente es clave” dentro del propósito de mejorar la Justicia”23, hemos propuesto, a través del Comité de Estudios Políticos y Legislativos del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, a la Comisión de Expertos, que creara el Gobierno Nacional24, que los temas salarial, pensional y de ascenso sean tenidos en cuenta en la agenda de la reforma.

jueces unipersonales, fiscales ante los mismos y personal subalterno, que el Plan Nacional de Desarrollo 20062010 diseñado en torno a los ejes “Estado Comunitario y Seguridad Democrática”, se fijó como frente de acción la dinamización de la Administración de Justicia, mediante estrategias de modernización, gestión judicial (herramientas de seguimiento y evaluación) descongestión, unificación de procedimientos, entre otros; incluyendo en tal frente de acción, la remuneración y bonificación de los jueces y fiscales”,si bien aludió a que, “dadas las restricciones fiscales, tal estrategia partiría de “una propuesta concertada de financiación por fases que atienda las necesidades del sector y considere las necesidades presupuestales de la Nación26” 3. LA PERSPECTIVA GREMIAL

Desde luego que nuestros clamores no son producto de arribismos, envidias o apetito voraz por exigir mucho sin dar nada a cambio, como algunos suponen25, porque tan palmaria resulta la iniquidad con un sector de la justicia, en el tema de remuneración salarial de

Valga indicar que el Colegio de Jueces y Fiscales, pionero en el país de nuestras agremiaciones profesionales, establece en sus estatutos, que la filosofía que lo alienta, como asociación profesional, no es sindical27, lo que para algunos

Se espera que el nuevo Gobierno retome lo dejado en la materia por el actual, acicateando nueva legislatura. Según fue consultada por la revista Cambio en la publicación citada, Gloria María Borrero Restrepo, Directora de la CEJ, dijo además que aún siendo clave el factor salarial en el propósito de dignificar la justicia para “atraer a los mejores abogados de las mejores universidades”, depende “…estructuralmente de que el sistema logre que sus servidores tengan las mejores calidades profesionales y éticas y para eso es preciso que los criterios de enganche de jueces y demás servidores, así como los de ascenso en la carrera judicial, respondan a evaluaciones de la mayor exigencia”. 24 Decreto 4932 del 18 de diciembre de 2009. 25 El artículo de la revista Cambio dio lugar a comentarios, en su mayoría adversos. 26 Plan Nacional de Desarrollo 2006-2010. Departamento Nacional de Planeación. 27 Los Estatutos del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia, consagran en el parágrafo del artículo 3° que “Por la Filosofía de sus objetivos el COLEGIO, no es una institución partidista, sindical, religiosa ni financiera.

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constituye una limitación y para otros, una ventaja que le suma credibilidad a sus objetivos de mejoramiento gremial e institucional, a través de métodos de interlocución al margen de las luchas sindicales, que a conciencia sus miembros consideran opción atendible, a través de la simultánea vinculación de muchos al colectivo sindical ASONAL JUDICIAL. Lo anterior no obsta para que las reclamaciones salariales estén en su agenda, como lo constatan las gestiones que nuestro Colegio, entre otros, y la Federación Nacional de Colegios de Jueces y Fiscales han venido realizando desde antes, durante, y con posterioridad al paro judicial de 2008.

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De acuerdo al informe que el Presidente de la Federación dirigiera a los respectivos Colegios, a través de la interlocución con el Gobierno, por representación de la Dra. MARTHA AMPARO BELTRÁN, y con la asesoría d e l o s d o c t o r e s E L I BA R D O CONTRERAS y PABLO CÁCERES CORRALES, se logró la emisión del Decreto 1251 del 26 de abril de 2009, con el que se derogó el 707 del mismo año, haciendo revivir el Decreto 3901 de 200828. Cabe anotar que el Decreto 3901 de 2008 disponía que la remuneración de jueces y fiscales se basaba en los 28

salarios que por todo concepto recibieran los magistrados de altas cortes, de manera porcentual, de acuerdo a la categoría de los funcionarios, disposición que fue derogada por el Decreto 707 de 2009, sin que el Gobierno Nacional reconociera que las cesantías formaran parte del salario, en el entendido de quedar abarcada por la locución “todo concepto” de lo recibido por los altos togados como remuneración. Desde luego, las acciones de los Colegios, cohesionados a través de la Federación, se siguen enfocando en el cumplimiento de los Decretos que el Gobierno firmó bajo el acicate del paro convocado por la directiva sindical de ASONAL JUDICIAL, y ha llevado tal reclamo hasta oídos de la Comisionada de las Naciones Unidas para Asuntos de Justicia, en reunión celebrada en Bogotá en diciembre último, y a los del Director de la Comisión Colombiana de Juristas, contemplando la posibilidad de demandas internacionales. 3.1. La propuesta del Colegio de Jueces y Fiscales para la reforma judicial: En sendos textos que han sido remitidos al presidente de la Comisión de Expertos, el Comité de Estudios Políticos de nuestro Colegio, ha

Comunicado 05 de este año, dirigido por HÉCTOR ALONSO MARTÍNEZ a los Presidentes de los respectivos Colegios.

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presentado propuestas, no solo en cuanto a aspectos esenciales para una reforma judicial que de manera auténtica propenda al mejoramiento institucional y resuelva problemas estructurales, sino que hemos hecho conocer de manera puntual a dicha Comisión29, nuestra visión frente al aspecto de dignificación salarial de los jueces y fiscales, así: 3.1.1. Régimen pensional: Solicitamos que sea nuevamente incluida como “actividad de alto riesgo” la ejercida por Jueces y Fiscales, tal cual se tuvieron estas actividades judiciales en el Decreto 1835 de 1994, abrogado por el Decreto 2090 de 2003.

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3.1.2. Régimen de carrera: Solicitamos que al artículo 125 de la Constitución Nacional se le adicione un “parágrafo 2” que disponga implementar y adecuar la promoción interior de los funcionarios de la Rama Judicial que se encuentren en carrera; en el sentido de garantizar la autonomía, la independencia y la promoción de quienes han ingresado a la Carrera, hasta los más altos cargos. 3.1.3. Régimen salarial: La Ley 4ª de 1992, que es ley marco en materia salarial y prestacional para los empleados públicos, miembros del Congreso Nacional y la Fuerza Pública, o r d e n ó r ev i s a r e l s i s t e m a d e remuneración de funcionarios y empleados de la Rama Judicial sobre la base de nivelación o reclasificación atendiendo criterios de equidad. Como quiera que tal disposición ha sido desconocida a través de sucesivos gobiernos, mezquinándole a los Jueces y Fiscales una justa remuneración, que crea asimetrías odiosas; solicitamos que una reforma estructural, como la que se pretende, no deje de lado medidas que

Comunicación dirigida al Dr. José Alejandro Bonivento Fernández el pasado 18 de mayo.

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Para el efecto, consideramos que debe contemplarse una reforma constitucional, ya que el Acto Legislativo 01 de 2005, artículo 1°, adicionó al artículo 48 de la Constitución, y no contempló como de “alto riesgo” una actividad, que por su naturaleza, y frente a las modalidades delictivas propias de organizaciones criminales, exige una salvaguarda especial para tales empleos, tal cual la Constitución se la ofrece al personal uniformado del INPEC (parágrafo 5° Tr a n s i t o r i o ) , f u n c i ó n q u e e s complementaria de la desempeñada por

la Rama Judicial, para la custodia de quienes son juzgados y sancionados por los Jueces a instancias de los Fiscales.


efectivamente garanticen una auténtica dignificación de los funcionarios judiciales, acorde no solo con la responsabilidad de sus funciones sino también conforme a la remuneración estándar de los mismos funcionarios en países del área, o que tienen similares niveles de desarrollo. EPÍLOGO:

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Hace 24 años, recibí con alborozo mi primer nombramiento como Juez. Por aquel entonces, muchos de mis compañeros de aulas, hijos, algunos, de abogados, aspiraban a seguir en los bufetes de sus padres, o incursionar en el mundo empresarial a través del derecho civil o comercial. La función judicial era un verdadero apostolado o bien un “escampadero” para quien careciera de mejores enchufes; y la escasa remuneración de los jueces apenas podía ser comparable al modesto estipendio de un maestro de escuela, que también puede ser otro apostolado, que no se gratifica bastante. Cuando gané mi primer sueldo de $64.820, apenas podía pagarme la estancia en el pueblo a donde ilusionado fui a servir en el noble empeño de pacificar con las armas de la ley y la justicia; y emprendí una carrera “tras el azul de un sueño”, convencido de que era en ella donde podía luchar y hacer un proyecto personal de vida. Ha pasado casi un cuarto de siglo desde ese primer sueldo, y como diría el poeta

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“Nosotros los de entonces ya no somos los mismos”, porque muchas cosas han cambiado en nuestra nación, y sin duda el presente trabajo muestra que se han dado pasos importantes para una remuneración justa y digna en algún sector de la Rama, y que en el nivel en el que ahora me hallo, el mejoramiento no es óptimo. Advierto todavía que seguimos siendo víctimas de una paradoja que la sabiduría popular describe mejor con el refrán “en casa de herrero, azadón de palo”; y es que estando los jueces implementados para remediar injusticias, somos al propio tiempo víctimas de injusticias que vienen de todo lado; y en el caso de la remuneración, las reivindicaciones y derechos laborales de los funcionarios y empleados de la rama judicial, el Estado ha mezquinado los medios, desatendiendo sus propias normas. Dejo estas reflexiones a mis colegas de todo el país, para que juntos reflexionemos cuán benignos han sido esos cambios en el estatus de los jueces, en nuestra representatividad social, y en la satisfacción de nuestras condiciones materiales de existencia; en búsqueda de propuestas y de acciones que nos lleven a ubicarnos en el puesto que debe correspondernos. Gabriel Fernando Roldán Restrepo Juez 20 Penal del Circuito de Medellín Carrera 52 N° 42-73, piso 23, Oficina 2303 Tel: 2 62 06 15


Bicentenario de los Doscientos Años de la Independencia de Colombia

Jaime Arrubla Paucar Presidente de la Corte Suprema de Justicia (e)

La Corte Suprema de Justicia, ha querido unirse a la conmemoración del Bicentenario Magistrados de Corte Suprema de Justicia

de los doscientos años de la independencia de Colombia, y se vincula a la celebración organizada por el Colegio de Jueces y Fiscales y la Alcaldía de Cartagena exaltando la labor realizada en este magno evento.

Cabe resaltar, que la institucionalidad de esta Corporación ha sido considerada como el principio esencial de nuestra nacionalidad y fundamento de la democracia; a través de la historia podemos ver la manera como el Libertador creó la Corte Suprema de Justicia, como máximo Tribunal. Los momentos relevantes que han hecho hito en la historia de la Corte Suprema de Justicia, se pueden reseñar de la siguiente manera: Un primer periodo se conoce entre los años de 1810 y 1886 que se caracterizó por la inestabilidad política cíclica, la pluralidad de guerras civiles, la pugna entre centralistas y federalistas, y el excesivo celo del gobierno por asegurarse la influencia en la designación de los integrantes del alto tribunal de justicia.

2-. En la Gran Colombia (1819-1830), unión de las repúblicas de Venezuela y Nueva Granada, la Constitución de 1821 estableció la Alta Corte de Justicia cuyos "ministros"

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Un segundo período, desde la Constitución Política de 1886, hasta nuestros días. 1- En las Provincias Unidas de la Nueva Granada (1811-1919) el Acta de la Federación atribuyó al Poder Ejecutivo la facultad de nombrar un Alto Tribunal de Justicia encargado de los asuntos judiciales que le asignara dicha Acta; de la facultad de interpretar la ley, consultando al Congreso si fuere necesario; y en última instancia de los negocios de hacienda.


eran propuestos por el Presidente de la República y elegidos por la Congreso. 3-. En el Estado de la Nueva Granada (1831-1858) la Constitución estableció que la justicia sería administrada por una Corte Suprema y por los demás tribunales y juzgados que la ley determine. Los magistrados eran elegidos directamente por el Congreso y, hacia 1853, finalizando esta organización estatal, los dignatarios de la Corte se elegían popularmente.

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4-. La Confederación Granadina (18581861) marcó una época de mayor desarrollo y evolución de la Corte Suprema, como máximo tribunal en asuntos jurídicos, y entre sus funciones se destaca la de oír las consulta de los jueces sobre la inteligencia de las leyes nacionales, y expresar su opinión al Senado sobre el modo de resolver cuestiones hermenéuticas. 5-. Hacia el final de ese primer periodo, en los Estados Unidos de Colombia (1863-1886) la Constitución consagró la Corte Suprema Federal integrada por cinco magistrados, cada uno en representación de un Estado Federal. A esta Corte se le asigna ya la función de control constitucional sobre los actos del Congreso y del Poder Ejecutivo. No obstante, la decisión final sobre la validez de los actos legislativos de las asambleas federales correspondía al Senado de la Unión.

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6-.Con la Constitución Política protocolizada el 4 de agosto de 1886, el Estado se reconstituyó en forma de república unitaria, denominada República de Colombia. Fue creada la Corte Suprema de Justicia caracterizada como máximo tribunal del Poder Judicial y Corte de Casación, debido a que por primera vez se consagró el recurso de casación, diferencia esencial con los regímenes anteriores, como un medio para lograr la invalidación o anulación de las sentencias proferidas por los Tribunales Superiores. El Presidente de la República conservó la facultad de nombrar por primera vez a los magistrados de la Corte Suprema, y en adelante se sustituían por el sistema de cooptación. En principio, la Corte Suprema de Justicia era el máximo tribunal de justicia, velaba por la guarda de la Constitución Política y conocía algunos asuntos contenciosos de la Nación. 7-. Acentuada la inestabilidad política, con el Acto Legislativo No. 1 de 1945, pasó a las Cámaras Legislativas la facultad de elegir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, de ternas confeccionadas por el Presidente de la República. La Corte fue dividida en Salas: una Constitucional; y tres de Casación, civil, penal y laboral. 8-. Con el Plebiscito No. lº de 1957, se estableció el sistema de cooptación para el nombramiento de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y se exigía


paridad en cuanto a la filiación política de sus dignatarios. 9-. No se puede omitir el lúgubre pasaje de la historia nacional ocurrido los días 6 y 7 de noviembre de 1985 hechos que se mantienen incólumes en nuestra memoria, cuando se enfrentaron la razón y la barbarie, y ésta se impuso para dar al traste con la vida de ilustres juristas al servicio de la justicia, como fueron los Honorables Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, doctores FABIO CALDERÓN BOTERO, MANUEL GAONA CRUZ, JOSÉ EDUARDO GNECCO CORREA, FANNY GONZÁLEZ FRANCO, RICARDO MEDINA MOYANO, CARLOS MEDELLÍN FORERO, LUIS HORACIO MONTOYA GIL, ALFONSO PATINO ROSELLI, ALFONSO REYES ECHANDÍA, PEDRO ELIAS SERRANO ABADÍA y DARÍO VELÁZQUES GAVIRIA, y otros funcionarios y empleados de la misma Corte y del Consejo de Estado, que fueron sorprendidos por la muerte, introducida a la fuerza a la máxima sede judicial a manos de un grupo subversivo.

Separó la Jurisdicción Ordinaria, siendo su máximo tribunal la Corte Suprema de Justicia; la Jurisdicción Contencioso Administrativa, cuyo tribunal supremo es el Consejo de Estado; y la Jurisdicción Constitucional, encargando a la Corte Constitucional la guarda de la integridad y la supremacía de la Constitución. La Constitución Política de 1991, de igual manera, reconoció la posibilidad de que coexistieran en el sistema judicial nacional algunas jurisdicciones especiales, entre ellas las autoridades de los pueblos indígenas, que podrán ejercer funciones jurisdiccionales dentro de su ámbito territorial; y los jueces de paz, encargados de resolver en equidad conflictos individuales y comunitarios. También fue creada la Fiscalía General de la Nación, para estatuir en la Carta la separación de las funciones de instrucción criminal y juzgamiento en la mayoría de los asuntos penales, en desarrollo de lo que se ha llamado el sistema de procedimiento con tendencia acusatoria. Actualmente, por disposición constitucional los magistrados de la

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10-. El 31 de julio de 1986, cuando la comunidad jurídica del país apenas sí trataba de asimilar el suceso anterior, fue ultimado por balas asesinas el Honorable Magistrado HERNANDO BAQUERO BORDA, distinguido dignatario de la Sala de Casación Penal, mártir del cumplimiento cabal de su deber.

11-. Fue entonces que la Constitución Política de 1991, publicada en la Gaceta de la Asamblea Nacional Constituyente No. 114 del 7 de julio de ese mismo año, introdujo cambios sustanciales en la Rama Judicial del Poder Público, a saber:


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Corte Suprema de Justicia son nombrados por la misma Corporación, para periodos individuales de ocho años, de lista enviada por la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y no son reelegidos.

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¿ Ha sido el Ciudadano un Protagonista fundamental en estos Doscientos Años de Independencia ? Hernando Bustamante Triviño

"Episodio de mercado (Bogotá)" Torres Méndez, Ramón Aguatinta. 26 x 33 cm Publicado en: Torres Méndez, Ramón. Albúm de cuadros de costumbres París, A. De la Rue, 1860, p. 20

E n este bicentenario resulta interesante realizar un análisis sobre el papel del PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

ciudadano, con el fin de determinar que incidencia ha tenido en cada una de las formas de gobierno que se han dado a través de la historia, desde 1810 hasta nuestros días, para concluir si efectivamente fue un protagonista activo en los cambios que se han dado o si al contrario su contenido semántico e identificación de lenguaje ha estado influenciado o determinado por las circunstancias o intereses, de la clase dirigente del momento. NOCIÓN HISTÓRICA DEL CONCEPTO DE CIUDADANO

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Se hace indispensable hacer un recuento histórico de la semántica de la noción, a fin de identificar el lenguaje con que se ha distinguido. El origen de concepto “ciudadano” nos lleva a adentrarnos en los inicios de una época que es autoconsciente de su poder de modificar estructuralmente la sociedad a través de sus decisiones gubernamentales, generalmente se admite que este proceso comienza en el período denominado posthomérico, en el siglo VI a.C., con Solón (640-558 a.C.), cuyas actividades legislativas son consideradas como el momento más relevante del inicio de la historia de la ciudadanía griega, y con Clístenes, quien en la segunda mitad del siglo VI a.C. emprende la construcción de una nueva estructura política, y a comienzos del siglo V a.C. cuando Pericles (495-429 a.C.) quien hereda todo el movimiento histórico reformador desde Solón, modifica sustancialmente la institución de la ciudadanía, restringiendo su adquisición a aquellos que tengan un origen ateniense por parte de ambos padres, lo que respondía a una serie de circunstancias creadas a raíz de la Guerra


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del Peloponeso, donde las leyes no tenían como objetivo ampliar la ciudadanía por razones militares, sino limitarla. En ese contexto aparece el criterio de Aristóteles (384-322 a.C.), el que emprende una restauración política y ética, frente a esa realidad; de sus escritos se extrae el deseo de preservar las mejores cualidades de la persona para formar parte como ciudadana de la comunidad, da testimonio que en aquella época ya no es ni el origen ni la residencia lo que convierte a una persona en ciudadana, sino su actividad cívica y política, en su libro “Política” (libro III) establece una relación entre tipo de ciudadano, y tipo de régimen y gobierno, dejando muy en claro que según el marco político y el tipo de gobierno, determina la forma de actuación del ciudadano, o bien el ciudadano orienta su acción hacia el interés propio o hacia el interés común, lo que determina un tipo de práctica ciudadana, se expone que ser ciudadano es tener la capacidad de mandar y ser mandado de gobernar y ser gobernado, por ello el ciudadano obedece a las restricciones que el gobierno le impone puesto que es él mismo quien ha participado activamente en su elaboración, no deja de ser sobresaliente desde el discurso de Aristóteles, esa importancia que se le da en la semántica de la noción hasta

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nuestros días, la cual tiene un carácter limitado, ya que su adquisición esta limitada por un criterio económico, pues se exige para ser ciudadano el ser libre y para ser libre debe tener la posesión de un OIKOS, es decir tener residencia, propiedad, fortuna, lo cual le de la posibilidad a la persona de ser autosuficiente, que refleja la realidad de una época clásica, donde a pesar de su perseverante preocupación por sobreponer lo comunitario a lo particular, da origen semántico a la noción de ciudadano de una identidad privilegiada, la cual no era accesible a todos. Esta noción de ciudadanía de Aristóteles permanece hasta el advenimiento de la República y el Imperio Romano, donde se lleva a cabo una separación en la definición, ya que la ciudadanía empieza a operar como instrumento político para conseguir una estabilidad en una sociedad cada vez más plural debido a las conquistas del imperio y ante la necesidad de actuar y entenderse con esas comunidades, entonces surge aquel ciudadano que gobierna y manda, el cual es legislador y ejecutor (una noción fuerte de ciudadano), dirigido a aquel ciudadano gobernado y mandado, es decir el súbdito (noción débil de ciudadano), lo que da pie a una dinámica de


ciudadanía tiene su punto culminante con el conocido edicto de Caracalla (188-217) donde el emperador romano en el año 212 intentó unificar el imperio cada vez más disgregado, otorgando la ciudadanía a todos los sujetos libres. Esta globalización preparó el terreno a una nueva forma de entender la ciudadanía, dependiente de leyes y de edictos, con la llegada del cristianismo al imperio (año 391), comienza un cambio semántico de la noción en el período de la Edad Medía. En la Edad Media a través de la ciudadanía se construye una identidad legal, política, económica y social diferenciadora, tal como se había venido dando, pero ya entra un factor determinante que es el creciente ánimo de competitividad económica dentro de una misma ciudad y de ciudades entre sí, las civitas con un poder autónomo como entidad política y administrativa, por lo que el concepto descriptivo de ciudadanía designaba aquella persona habitante de una ciudad determinada, que como tal se diferenciaba en privilegios y en identidad jurídica de los habitantes de otras ciudades. En este nivel, la educación adquiere un papel clave para generar el patriotismo necesario para los futuros ciudadanos, lo que adquiere tal fuerza que se llega al sentimiento de tener a la ciudad como

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interrelación entre los que ostentan el poder y sus gobernados, era frecuente que la ciudadanía se le otorgara a determinados extranjeros o gremios como el de los mercaderes o comerciantes, que significaba que quedaban investidos con una serie de derechos positivos y legales, por lo que la adquisición de la ciudadanía se convierte en un medio para entrar a figurar, pues le daba la posibilidad a la persona de ejecutar sus deseos y de satisfacer su ambición particular, se puede asegurar que durante todas las fases de la época Romana, la semántica del concepto de ciudadano mantiene su carácter limitado y excluyente, convirtiéndola en un instrumento en manos de la oligarquía para integrar y controlar el creciente pluralismo conforme avanzaban las conquistas, pues la otorgaba o la quitaba como una recompensa o castigo, por ello existían ciudadanos de primera clase, que era la minoría patricia gobernante (noción fuerte) y los ciudadanos latinos, de segunda clase (noción débil), sin el sufragio, solo tenían con ciertas graduaciones derechos legales y económicos, lo cual se utilizó también para crear lealtad, otorgando ciertos derechos privados se conseguía apoyo al sistema y los soldados que se requerían para ampliar las conquistas. Este proceso de universalización de la


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patria, con ello el ciudadano adquiere un nuevo carácter, expresa también una condición metal, una actitud hacia la ciudad situación que alcanza su máxima expresión durante ese período y entra en crisis no solo por la competencia militar y económica que se presenta entre las ciudades, sino también por el incremento del poder de los nobles y diferentes príncipes, que toman conciencia del poder que les otorga el ser ciudadanos de primera clase y lo utilizan para entrar a definir a su favor sus vínculos con los ciudadanos de segunda clase, de la forma que más satisfaga sus intereses. En el período renacentista y monárquico, durante los siglos XIV y XV, se desarrolla un humanismo cívico, que es obra de muchos pensadores, pero su formulación sistemática la hizo N. Maquiavelo (1469-1527), como una reacción a la tendencia histórica que comienza a desligar al ciudadano de los asuntos de la comunidad, contra la vida contemplativa defendida por el cristianismo, contra la vida lujuriosa y éxito económico como valores hegemónicos, se avoca la participación de los ciudadanos como un requisito para la estabilidad de la república, pese a ello a finales de este período comienzan a formarse y a consolidarse las monarquías absolutistas, lo que

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rompe con la independencia y autogobierno de las ciudades, ya el ideal político que se respecta es la voluntad del monarca, el ciudadano pasa a ser sustituído por el súbdito, pues el término es rechazado por la monarquía, por la connotación activista y republicana que alcanzo durante el renacimiento, pero aun así el concepto pervive como un símbolo de rebeldía y continúa estando ligado a cierta idea de jerarquía y a nivel local como criterio de exclusión, durante los tres siglos de monarquía en Europa (XVI al XVIII), el lenguaje de ciudadano tiene un uso ambiguo, designa tanto al súbdito, sometido a leyes y expresión de una estricta obediencia a la autoridad, como a la persona con obligaciones y deberes políticos, pero lo más significativo en este período es que para la monarquía no existían ciudadanos, sino que todas las personas eran súbditos, lo que provoca una reacción cimentada en un ideal reivindicativo, una vida ideal clásica independiente de sujeciones autoritarias, que produce revueltas sociales y guerras religiosas contra el autoritarismo real, que obligó a un cambio en la semántica de ciudadano, pues así es llamada la persona que podía hacer un libre uso de sus derechos y privilegios, entonces la noción se empezará a ligar íntimamente con “libertad”, tan escasa y deseada, en esos


propiedad el ser humano no puede satisfacer su moralidad y subjetividad, si el poder perjudica estos derechos los ciudadanos tienen poder para revelarse con el fin de restablecer el orden establecido, lo que conlleva a sustentar la idea de limitar la conducta del soberano sobre la base de unos derechos inherentes del ciudadano, pensamiento artífice de la revolución liberal inglesa de 1688, lo que es recogido por Franklin (1706-1790), Hamilton (17571804), Madison (1751-1836), que preconizaron la revolución americana y participaron en su independencia en 1776 y su constitución en 1787 y evidentemente por los pensadores y protagonistas de la Revolución Francesa, en cuanto al derecho legítimo a revelarse, pero no para restablecer el orden, sino para imponer un nuevo orden social. Algunos sostienen que la Revolución Francesa introduce explícitamente el sentido moderno de igualdad de la ciudadanía que se había estado gestando durante el siglo XVII, lo que hace que pierda ese matiz excluyente que había marcado al concepto durante la historia, se reivindica la citoyenneté como medio para rechazar los supuestas limitaciones, en el leguaje de la revolución surgen tres términos bien definidos, el de hombre, que se refiere a

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momentos, dándole un contenido altamente social y político, más adelante cuando aparece la doctrina del Estado soberano y así la necesidad de definir la lealtad y el derecho para los habitantes de un país frente a los extranjeros y ante el cuestionamiento y puesta en duda de el absoluto poder de los príncipes, lo que generaba que los individuos comenzaran a tener confianza en si mismo, con un derecho moral de decidir, en un principio a nivel individual y luego a nivel general, las leyes y formas de gobierno, introduciéndole a la semántica de la noción el elemento moderno de la igualdad, en este contexto cobran sentido las obras de Hobbes (1640) y Locke (1642), que reflejan la dificultosa separación entre sociedad y política y la necesidad de crear unos vínculos mediadores, a saber el contractualismo, para el primero el ciudadano continúa siendo un súbdito, que realiza un pacto, basado en la razón, de obediencia y lealtad con el monarca, a fin de poder vivir en sociedad, en un mundo donde el hombre es lobo para el hombre y por ello es un completo caos ; el segundo desarrolla su pensamiento a partir de un estado natural donde la persona es propietaria, haciéndose necesario el contrato de forma natural, con la única finalidad de preservarla y protegerla contra agresiones externas, ya que sin la


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la subjetividad sin ningún vínculo especial con cualquier institución; citoyen, cuando las personas se relacionan con la comunidad y bourgeois, cuando la subjetividad no va dirigida hacia los intereses comunes sino privados. La revolución le incorpora a la noción tres nuevos componentes: 1°- se relaciona explícitamente la ciudadanía con una concepción igualitaria de la naturaleza humana, y se intenta aplicar esta idea a la práctica política, dejándose claro que la distinción entre estratos sociales no tiene fundamento religioso o natural, sino económico, político y social; 2°- Se comienza a relacionar ciudadanía y nacionalidad; 3°- se introduce en la semántica de la noción la idea de emancipación universal. Con estas connotaciones la semántica de la noción de ciudadano, vuelve a los términos de Aristóteles, es decir al ciudadano fuerte y débil al mismo tiempo, esta es la idea que desarrolla Rousseau, en el contrato social, citoyen es la persona que actúa soberanamente para el bien común y al mismo tiempo según sus propias leyes. Hoy en día puede considerarse que en cuestión de semántica de la ciudadanía todas las combinaciones son teóricamente posibles, pero al ponerlas en práctica existen todavía barreras que imposibilitan su aplicación, como son la política, el nacionalismo, la económica

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el mercado, sobre lo cual no profundizare, ya que para el trabajo que me he propuesto con lo manifestado basta, para formarnos una idea del contenido del lenguaje durante las diferentes etapas de la historia. EL CIUDADANO DURANTE DOSCIENTOS AÑOS DE HISTORIA. 1- CONTEXTO HISTÓRICO La revolución que dió lugar a la independencia del 20 de julio del año 1810, no se presentó de un momento a otro, ni surgió de la nada, sino que desde tiempos atrás se fueron presentando determinados hechos y circunstancias que sirvieron para que se fuera fraguando un movimiento que en últimas fue la causas de este evento, donde también tuvo mucho que ver la semántica de la noción de ciudadano, esas causas fueron internas y externas, las cuales estaban fuertemente interrelacionadas, como es el hecho de la declaración de la guerra de Inglaterra y España, a finales del siglo XVIII, lo que se hizo sentir fuertemente en la Nueva Granada, ya que para atender los cuantiosos gastos, la Real Audiencia creó nuevos impuestos, donde todo estaba gravado, lo que dió pié a una protesta unánime de los súbditos, que


vino a estallar el 16 de marzo de 1781, en la ciudad del Socorro con la llamada revolución de Los Comuneros, donde más que una calidades de ciudadano, se reclamaban unos derechos de clase, su consigna era “¡Viva el Rey! Abajo el mal gobierno!”, movimiento que por falta de fundamentos e ideales fuertes y claros, fue fácilmente engañado y exterminado prácticamente.

La expedición botánica, encabezada por el sabio español José Celestino Mutis, además de darle categoría al Virreinato de la Nueva Granada, creó un ambiente propicio para la incubación de todas

Externamente se habían dado hechos como el de la Independencia de los Estados Unidos, ocurrida el 4 de julio de 1766 y La Revolución Francesa(1789), movimientos inspirados en pensadores, que dieron lugar a una transformación política, social y económica, que repercutió en todo el mundo, ideas que influyeron en hombres como el precursor Antonio Nariño, Francisco de Miranda, el libertador Simón Bolívar y Camilo Torres, que ya propendían por una igualdad de derechos frente a los españoles y que fueran considerados

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Ya en 1794 se empiezan a presentar indicios de que ese movimiento de inconformismo que existía entre los súbditos estaba empezando a ser permeado por ideas de movimientos foráneos, es así como en ese año Don Antonio Nariño, en Santafé, traduce, imprime y reparte algunas copias de los Derechos del Hombre y el ciudadano, en las tertulias se discute sobre política y literatura, leían y comentaban apasionadamente lo de la revolución francesa, encontraban hermosas y dignas de implantarse en las colonias las palabras, ciudadano, libertad, igualdad, fraternidad, que habían servido de base para la transformación lograda en aquel histórico movimiento.

estas ideas innovadoras, dándole a sus habitantes ese sentido de identidad y cierta autonomía que los compelía a exigir sus derechos, tanto así, que en 1808 a raíz de que Napoleón invadió a España, los criollos exigieron que fueran tenidos en cuenta en la Junta Suprema de Gobierno, que se había conformado defensora de los derechos de la Península y al no ser atendidos, Camilo Torres escribió un documento que se conoce como el Memorial de Agravios, donde se analiza las injusticias de España, la arbitrariedad de sus gobernantes, la inexplicable diferencia entre Españoles y Americanos, concluye explicando que si no se aplica el santo derecho de la igualdad, vendrá como consecuencia una separación externa.


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como ciudadanos de las colonias de América, esta situación sumada a la invasión de Napoleón a España, lo que ponía en peligro a la Nueva Granada de caer en Poder de este, considerado como el anticristo, ya que su forma de gobierno era netamente secular, llevó sin quererlo a los habitantes a pronunciarse a favor de la independencia . En este contexto histórico los criollos (hijos de españoles nacidos en las colonias), la noción que tenían del ciudadano era la que había surgido durante la Revolución Francesa, o sea, la de Aristóteles retomada y adobada por Rousseau en su obra El Contrato Social, el ciudadano fuerte y débil al mismo tiempo (elegir y ser elegido, gobernar y ser gobernado, legislador, en un ambiente de igualdad), lo que contrastaba fuertemente con la realidad que vivían, ya que eran menos que los súbditos españoles, por lo que en su movimiento independentista una de las reivindicaciones que buscaba era esa, aunque no la entendieran sino aquellos que habían podido tener acceso a la educación o tenido contacto con estos, la gran mayoría desconocían la noción y el contenido de su lenguaje, lo que los privaba del sentir y ser conscientes de su protagonismo en la sociedad de que 1

hacían parte. Eran extensos territorios, con precarias vías y formas de comunicación, donde confluían varios grupos sociales de especiales características por su complejidad étnica y cultural, como lo eran los aborígenes, que se encontraban diezmados por la encomienda, la mita y posteriormente la hacienda, formas de esclavismo, pero dentro de las cuales existían unidades políticas precolombinas; los negros que habían sido traídos como esclavos para trabajar en las minas; los mestizos; los chapetones, esto es los españoles cuya mentalidad era la de poner a trabajar a otros y quedarse con el producido; los criollos que eran los hijos de españoles nacidos en las colonias, se consideraban postergados por los peninsulares o por la política uniformadora de la corona, solicitaban las distinciones, privilegios y prerrogativas, que según ellos, les correspondía como descendientes de los fundadores de estos reinos1. 2- CIUDADANO DESPUÉS DE LA INDEPENDENCIA Por haberse formado en la Nueva Granada regiones bien marcadas por el localismo y regionalismo, cuando se encontraron con la independencia, según la región se dictó un acta de

GUERRA, Fransua Xavier. MODERNIDAD E INDEPENDENCIAS, capítulo II LA MODERNIDAD ABSOLUTISTA, Ensayo Sobre Las Revoluciones Hispánicas, Editorial Mapfre, Fondo de Cultura Económica, México, Segunda Edición-1993. Pag. 68 y 69.

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revolución, ya que estaban dominadas por los realistas, lo que marcó fuertemente el espíritu federalista dominante en la región y la confluencia de diversas constituciones con diverso contenido, donde se diferenciaba el trato que se le daba al ciudadano2 . Es de resaltar que como principio general todas las constituciones se inspiraron y consolidaron sobre los postulados republicanos, desarrollando los rasgos del constitucionalismo decimonónico temprano, la división del estado en tres ramas o poderes, el reconocimiento de derechos civiles, incluso elecciones indirectas y la adopción de un sistema semijudicial de la defensa de la constitución. Sin embargo, al ser adaptadas a la realidad nacional dictaron normas elitistas y que excluían a gran parte del pueblo, puesto que limitaron el derecho al voto a quienes reunieran requisitos especiales, como ocurrió en la Constitución de Cundinamarca3, del año 1812, donde se consagra un capítulo a “LOS DERECHOS DEL HOMBRE Y DEL CIUDADANO”. se declara que todos los indios gozan de los derechos de los ciudadanos4, y tenían voz y voto en todas las elecciones, luego dispone que todos los ciudadanos son soldados natos

2

SAMPER, José María. DERECHO PÚBLICO INTERNO DE COLOMBIA, Editorial Temis, Bogotá-Colombia, 1982. Ver la Página 17 a la 33. 3 POMBO, Manuel Antonio y GUERRA, José Joaquín, CONSTITUCIONES DE COLOMBIA, TOMOII, cuarta edición, estudio preliminar y anexo por CARLOS RESTREPO PIEDRAHITA, Edición Especial Realizada por el Banco Popular, Santafé de Bogotá-Colombia. 1992. Pág. 5 a la 70. 4 Ver el artículo 24.

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independencia y posteriormente constituciones, las cuales tenían marcadas diferencias entre sí, Durante el año 1810, en lo que respecta con el ciudadano y las elecciones, tal como ocurrió en el Cabildo Extraordinario que se dió en la ciudad de Santafé el 20 de julio, se hizo por aclamación popular, esto es los dirigentes proponían los nombres y el pueblo los aceptada con vivas y aclamaciones, así se designó la Superior Junta de Regencia, sin que se exigiera ningún requisito para elegir y ser elegido. Estas actas revolucionarias t e n í a n c o m o fi n p r i n c i p a l l a organización de un gobierno propio y de origen popular, lo que mostraba la influencia del movimiento francés, por lo que la segunda mitad de dicho año y parte del de 1811, la actividad se había reducido a una situación puramente revolucionaria, formalizada por medio de pronunciamientos, actas y juntas de gobierno, pero en los registros históricos no se dice nada sobre educación al pueblo sobre sus derechos y obligaciones como ciudadanos, lo que contribuyó a que no se diera un movimiento fuerte y consciente, más aún, si a esto se le suma la desunión que existía entre provincias, pues algunas eran muy celosas de su autonomía y otras eran hostiles todavía a la


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de la patria y que nadie puede eximirse del servicio militar, si es capaz de llevar las armas5 (como en el imperio romano), por lo que en el artículo 30, consagra que todo ciudadano desde la edad de 15 años hasta la de 45, para gozar de los derechos de ciudadano, debía inscribirse en la lista militar de la nación y que para poder sufragar debía contar con 21 años de edad, estar inscrito en la lista cívica y vivir de su renta y trabajo, que los que no tenían esta edad, quedaban habilitados si estaban casados y velados6, lo que nos muestra como a ese contenido semántico de la noción, se le introduce el factor económico, lo que se convertía en un obstáculo para la gran mayoría. Este patrón se repite en las constituciones que se dan en las otras provincias7, por lo que se puede decir que en la práctica se da la división en la identificación del lenguaje, ya que la noción fuerte del ciudadano se presenta en las personas que llenan los requisitos para elegir y ser elegidos que eran una minoría. La noción débil son aquellas personas que no tenían derecho al voto, solo eran mandados y gobernados, esto es la gran mayoría del pueblo.

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Debido a la proliferación de ideas y juntas regionales el liderazgo neogranadino emergente se dividió en dos fracciones enfrentadas: el partido centralista, dirigido por Nariño, alrededor de la Junta Suprema y el partido federalista, acaudillado por Torres y organizado en el llamado Congreso de las Provincias Unidas de la Nueva Granada, los grupos en pugna representaban intereses diferentes, los centralistas hablaban por los burócratas y abogados de la capital (origen del partido conservador) y los federalistas tenían la vocería de los terratenientes y comerciantes de la provincia (origen del partido liberal), pero apelaron a la misma estrategia, al constitucionalismo y formularon sus opiniones divergentes en constituciones discrepantes, pues en este escenario polémico, que dió origen a varias guerras, cada carta trata de prevalecer sobre la anterior a través de la formulación de un nuevo arreglo de herramientas legales y recursos políticos, que la facción dominante podía usar como autoridad legítima contra las otras facciones y también contra la mayoría de la población que no entendía qué pasaba y solamente obraba influenciada por los “patriotas” del momento.

Artículo 2 del Título VIII. Ver el artículo 1° del Título XI. 7 Constitución de Cartagena de Indias, del 14 de junio de 1812, Constitución provisional de la Provincia de Antioquia de 1815, En la Constitución de la República de Colombia, del 30 de agosto de 1821. 6

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Esta situación creó una gran inestabilidad, ya que la gran mayoría de la población sumida en la miseria e ignorancia, protagonizando el papel del ciudadano en su noción débil, era presa del oportunismo de la clase dirigente y sus contradictores en su papel de ciudadanos en su noción fuerte, lo que provocaba continuas guerras entre ellos, facilitando en un principio la reconquista por parte de España y la proliferación de constituciones, ya que a través de la edificación del estado nacional, rigieron 15 constituciones generales o nacionales, hasta llegar a la Constitución de 1991, que consagra un Estado Social de Derecho, que son: dos durante la guerra de independencia (1810-1819); cinco durante la Gran Colombia (1819, 1821, 1828 y 1830); cuatro durante la Nueva Granada (1831, 1832, 1843 y 1853); tres durante la federación (1858, 1861 y 1863) y la del centralismo de 1886.

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El común denominador de las constituciones del siglo XIX, es que cada una de ellas fue la consecuencia de una guerra y a su vez la causa de otra, donde era el ciudadano en su noción débil, el que ponía la sangre y los muertos pues era el autor material de estas, lo terrible era que en las mayoría de los casos no sabía por qué estaba peleando, si lo beneficiaba o no, pagando con creces su falta de actitud mental, el asumir el papel de ciudadano

en su versión débil, sin su alma y nervio, al no ser consciente que podía ser el sujeto portador de un derecho moral de decidir, en un principio a nivel individual y luego a nivel general; al contrario los que recogían los frutos de estas guerras eran los ciudadanos en su noción fuerte, o sea, los autores intelectuales de estas, siendo importante resaltar que en las constituciones de corte liberal, se mostraba una tendencia más igualitaria, que en las de corte centralista o conservador, tanto así que en la constitución de 1863, se consagró la ciudadanía universal (que anteriormente se había propuesto en la constitución de l858 de la Confederación Granadina), la secularización de la sociedad, la liberalización de las prácticas sociales, la libertad del porte de armas y el establecimiento de una política económica permisiva (el estado gendarme), lo que fracasó pues no existía un escenario nacional, que respondiera de manera unificada al activismo de la administración, primer lesión que recibimos los Colombianos de que las formas de gobierno, donde se tienda a la igualdad de todos y el bienestar común, requiere de un ciudadano cualificado con actitud mental, que sienta y sea consciente, que de su voluntad y la de sus conciudadanos dependen la forma de gobierno y el futuro de la Nación, pues


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de no ser así, lo único que se logra es fracasos e involuciones, una muestra las ideas de la Constitución de Rionegro, considerada la obra más original del constitucionalismo Colombiano, durante su vigencia hubo más de cincuenta guerras provinciales, dos nacionales y cuarenta y dos constituciones estaduales, lo que muestra que la sociedad en general no estaba preparada social, política, cultural y mentalmente para ello, convirtiéndose en cuchillo para su propio cuello, ya que su ignorancia, es aprovechada por lo oportunistas del momento, quienes consiguen que se exterminen entre ellos y obren en contra de sí mismos, en beneficio de los intereses de unos pocos.Al ser derrotadas las facciones federalistas en la batalla de la humareda y la famosa frase que se le atribuye a Rafael Núñez “La constitución de Rionegro ha dejado de existir”, se viene una reacción contra las instituciones liberales y se produce una involución en el desarrollo político, con la expedición de la constitución de 1886, pues pese a atribuírsele el haber enrumbado el futuro de la nación, al establecer la centralización política y descentralización administrativa, así como al acoger como oficial la religión católica apostólica y romana, 8

determinar la unificación del país y la denominación que hoy nos identifica, República de Colombia. Sin embargo, si bien muchos de los preceptos tuvieron aplicación, la mayoría no, de tal manera que se debe tener como la restauración del sistema elitista y exclusionista, e incluso, determinó la hegemonía de los dos partidos tradicionales constantemente enfrentados entre sí, que mediante los más diversos procedimientos, desde fraudes electorales hasta la repartición del poder (Frente Nacional), durante 105 años, se alternaron en el poder. Con la Constitución de 1886, se marcó un retroceso en las libertades y derechos de los ciudadanos, se volvió a incluir en la semántica de la noción de ciudadano separadamente sus dos presentaciones, la fuerte y la débil, ya que se volvieron a imponer exigencias como “Que solo podían intervenir en la elección directa de concejales y diputados a las asambleas; los que supieran leer y escribir y además tuvieran determinada capacidad económica, votaban directamente para elegir representantes a la cámara y a los electores, personas que se encargaban de escoger presidente y vicepresidente de la república, los senadores eran designados por las asamb l e a s departamentales” 8 , además de las

Vila Casado Iván, Nuevo derecho Constitucional, parte General y Colombiana. Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez. Bogotá D.C. 2004 Pág. 248.

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restricciones para el voto, estas se hacían más insalvables en lo que tenía que ver con los candidatos para los altos cargos, se dotaba al ejecutivo de una herramienta para que en nombre de la restauración del orden público, decretara el “estado de sitio”, lo que lo facultaba para legislar, ejecutar y hasta juzgar.

En 1948 el país sufre un evento catastrófico, es asesinado el líder político Jorge Eliecer Gaitán, que era la esperanza de millones de Colombianos para alcanzar cambios sociales, acción que se le imputa a la oligarquía, desencadenándose lo que se denominó como la violencia (1949 a 1953), otra ve z s e m a s a c r a l a p o b l a c i ó n Colombiana, con el pretexto de una lucha entre liberales y conservadores, pero la historia muestra que en verdad fue una guerra entre los terratenientes y el pueblo, con el fin de ampliar sus latifundios. Episodio lúgubre que terminó con un pacto entre la oligarquía al que se le llamó “Frente Nacional” por medio del cual los dos partidos tradicionales se alternaban el poder, otra vez el pueblo ignorante pone los muertos y la oligarquía se queda con el poder, la tierra y los medios de producción, pero se puede decir que a partir de ese momento la lucha deja de ser partidista y pasa a ser una lucha de clases, debido a que varios grupos de campesinos que se habían organizado para defenderse de la violencia del Estado se niegan a entregar las armas cuando se da el pacto, de donde surge el movimiento guerrillero. Las ideas socialistas, comunistas permean los movimientos sociales, sindicales y estudiantiles, el

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Con esta constitución se ingresa al siglo XX, donde ese estado de polarización se sigue dando, pero ya no se dan guerras sino conflictos, no se da una nueva constitución al final de cada conflicto sino una reforma a la constitución, la lucha partidista es sangrienta el pueblo se masacra entre ellos por un color, el azul (conservadores) o el rojo (liberales), de todas formas no deja de haber un activismo social en algunos lideres políticos, en pro del bienestar común lo que permea algunas reformas ante la presión de movimientos obreros, de campesinos y estudiantes, influenciados también por ideas socialistas y comunistas, es así como en el acto legislativo número uno de 1936, en su artículo séptimo se abolió todo tipo de condicionamiento para elegir y ser elegido, de tal manera que quienes no supieran leer y escribir, al igual que así no tuvieren renta, podían sufragar, desde luego con la limitante que se reservaba este derecho solo para los varones mayores de 21 años, pero continuaban las exigencias para poder

ser elegidos.


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movimiento guerrillero se fortalece y surgen varios grupos guerrilleros, donde se pone en práctica lo que ellos denominan una educación de masas que es la formación en el pensamiento Marxista Leninista, que les proporciona una amplia base popular en el campesinado, así como una marcada influencia en el ámbito sindical y estudiantil, lo que da nacimiento a una noción de ciudadano débil, más cualificada pues es consciente de sus derechos y de que no los tiene, lo que obliga a la clase dirigente con el fin de acabar con la confrontación a convocar una Asamblea Nacional Constituyente, designada por elección popular, donde se dieron cita representantes de los más diversos grupos sociales, culturales y étnicos, confluyendo una gran variedad de intereses y por ello resulta, a veces, tan abstracta y dispersa, denomina a Colombia como un Estado Social de Derecho, organizado en forma de república unitaria y descentralizada, se deja de lado cualquier restricción en cuanto a la ciudadanía, para la cual solo se requiere tener 18 años y ser colombiano o nacionalizado y rodea a la persona de una serie de derechos que denomina fundamentales. A partir de esta constitución se da comienzo a un nuevo contexto social para la historia de Colombia, se crea un medio de control directo sobre el legislativo como lo es la Corte

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Constitucional y otro difuso, como lo es la acción de tutela, se limita a su mínima expresión la posibilidad de los estados de excepción, se da la separación tripartita de poderes y se garantizan los contrapesos, se crea la Fiscalía General de la Nación y el Consejo Superior de la Judicatura, proveyendo al ciudadano de los elementos enunciados por Rousseau, lo que está acorde con la circunstancias, pues un modelo social como el planteado por esta constitución requiere de un ciudadano que oriente su acción hacía un interés común, consciente de que es posible crear una sociedad pluralista, sabedor que el concepto cultural, político, social y hasta económico que rige en una comunidad depende de su voluntad, siendo entonces determinante, la forma como se interrelacionan los sujetos que la componen y de estos con sus dirigentes, que es ahí donde es protagonista de primer orden y esta fincada su responsabilidad como determinador de la forma de gobierno y el futuro de la nación. Parece ser que estamos condenados a volver a vivir la experiencia de la Constitución de Rionegro, pues ya la carta de 1991, ha sido objeto de más de 30 reformas, que responden a los intereses de la clase dirigente, al mandatario de turno, muchas de las cuales han sido verdaderas involuciones. Durante los últimos 8


años el país se ha polarizado, todos los que no están de acuerdo con las políticas del gobierno, son revolucionarios enemigos del Estado y bajo el convencimiento de contar con un gran apoyo popular el ejecutivo cree ostentar la verdad absoluta, razón por la cual para obtener sus objetivos todo se vale, el fin justifica los medios y cuando obran los contrapesos, surge la amenaza de una reforma que quite del camino el obstáculo y se pone a la gran mayoría de la comunidad en su contra, si la Corte Constitucional acciona en defensa de la Constitución y las decisiones de los jueces no están de acuerdo con sus criterios e intereses, los cuestiona y descalifica, añorándose el fatídico estado de sitio, creando confrontaciones muy peligrosas, ya que siguen siendo alto el analfabetismo político y social, por lo que no es de extrañar los ataques de que son objeto los Jueces y Fiscales.

El correr de los años y las diversas constituciones que han regido, con sus reformas, nos muestran claramente que el remedio no está en el cambio de constitución o su reforma, que el cambió que se debe dar es el de

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En el reciente debate electoral se hizo ev i d e n t e , q u e l o s c a n d i d a t o s enfrentados aunque coincidían en muchas de sus tesis de derecha, se diferenciaban en cuanto que uno representaba el continuismo y el otro proclamaba cambios necesarios, la educación ciudadana, el no todo vale, el respeto al pluralismo y la guarda de la constitución, ganó por un amplio margen el candidato que representa el continuismo, por lo que suenan vientos de reformas encaminadas a acabar con

las garantías que fijó el constituyente del 91 y hasta se habla de una nueva constituyente, lo que implicaría la condena a muerte de la actual Constitución, lo que nos obliga a no olvidar las consecuencias de la derrota de la batalla de la Humareda, donde queda el sabor que a pesar que se han dado los cambios, el panorama de principios de la independencia no ha variado, puesto que a través de los años, la clase política dirigente ha creado una maquinaria electorera, con el fin de que a los altos cargos siempre accedan miembros de determinadas familias, imponiéndose el parentesco político y el compadrazgo, los mezquinos intereses, donde aún en los sectores más marginados y una gran parte de la clase media, rige severamente el caciquismo, por lo que se puede sostener que pese a que la Constitución Política consagra que Colombia es un Estado Social de Derecho, aún se dan amplios espacios, donde el ciudadano responde sumisamente como vasallo al cacique o señor, otorgando su voto por cualquier cosa, contribuyendo así a la continuidad del sistema, debido al desconocimiento que tiene de su condición.


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mentalidad, en la actitud de los ciudadanos, pues así parezca contradictorio al sistema injusto que hoy impera, lo sostiene el voto de los más necesitados, de los más marginados, que responden como vasallos al cacique que es su señor, el cual les indica simplemente por quien deben votar, voto que supera por un amplio margen al voto de convicción, al programático, tal como abiertamente los exponen las encuestas que al respecto se hacen. Lo que parecía una reivindicación para el ciudadano de la noción débil, no lo es, ya que ese ciudadano desprovisto del conocimiento de sus posibilidades y los mínimos recursos, que no tiene para suplir ni sus mínimas necesidades, en el fondo, con su voto velado, lo que hace es darle un sello de validez a un sistema netamente capitalista, que tiende una dictadura presidencialista, lo cual va en desmedro de sus propios intereses y el de los conciudadanos que no tienen acceso a los grupos del poder, por lo que debemos de concluir que el concepto de ciudadano, su contenido semántico, durante estos doscientos años de independencia, ha sido determinado y manejado por la clase dirigente y los oportunistas del momento. BIBLIOGRAFÍA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA DE 1991, vigésimacuarta

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edición, editorial Leyer, Bogotá D.C. G U E R R A , F r a n s u a X av i e r. M O D E R N I D A D E INDEPENDENCIAS, Ensayo Sobre Las Revoluciones Hispánicas, Editorial Mapfre, Fondo de Cultura Económico México, Segunda Edición, 1993. Pag. 520. SAMPER, José María. DERECHO PÚBLICO INTERNO DE COLOMBIA, Editorial Temis, BogotáColombia, 1982. Pag. 657. POMBO, Manuel Antonio y GUERRA, José Joaquín, CONSTITUCIONES DE COLOMBIA, TOMOII, cuarta edición, estudio preliminar y anexo por CARLOS RESTREPO PIEDRAHITA, Edición Especial Realizada por el Banco Popular, Santafé de BogotáColombia. 1992. Pág. 382. POMBO, Manuel Antonio y GUERRA, José Joaquín, CONSTITUCIONES DE COLOMBIA, TOMOIII, cuarta edición, estudio preliminar y anexo por CARLOS RESTREPO PIEDRAHITA, Edición Especial Realizada por el Banco Popular, Santafé de BogotáColombia. 1992 Pág. 388. POMBO, Manuel Antonio y GUERRA, José Joaquín, CONSTITUCIONES DE COLOMBIA, TOMOIV, cuarta edición, estudio preliminar y anexo por CARLOS RESTREPO PIEDRAHITA, Edición Especial Realizada por el


Banco Popular, Santafé de BogotáColombia. 1992. Pág. 378. U R I B E Va r g a s , D i e g o . L a s Constituciones de Colombia. (Historia, crítica y textos) Tomo II. Ediciones Cultura Hispánica, Madrid, 1977. Pág. 712. V I L A C a s a d o , I v á n . N U E VO DERECHO CONSTITUCIONAL, parte General y Colombiana, Ediciones Jurídicas Gustavo Ibáñez, 2004. Pág. 240. YONES Moreno, Diego. DERECHO C O N S T I T U C I O N A L COLOMBIANO, Legis. Editores S.A. Cuarta edición 2001. Colombia. Pag. 322. VALENCIA VILLA, Hernando. CARTAS DE BATALLA, Una Crítica al Constitucionalismo Colombiano, Segunda Edición Aumentada, Fondo Editorial CEREC, Santafé de BogotáColombia. 1997.

HERNANDO ANTONIO BUSTAMANTE TRIVIÑO

Trabajo para la especialización en Derecho Constitucional.

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA FACULTAD DE DERECHO ESPECIALIZACIÓN EN DERECHO CONSTITUCIONAL MEDELLÍN Revista BERBIQUÍ

REVISTA ANTHROPOS, Huellas Del Conocimiento, Ciudadanía e Interculturalidad, Número 191-del año 2001, Edita, Anthropos Editorial Nariño, S.L. Barcelona 2001.

¿ HA SIDO EL CIUDADANO UN PROTAGONISTA FUNDAMENTAL EN ESTOS DOSCIENTOS AÑOS DE INDEPENDENCIA

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Imagen: Biblioteca Luis Ángel Arango del Banco de la República de Colombia."Bicentenario de una nación en el mundo",publicación digital en la página http://www.lablaa.org/bicentenario/index.html

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El Valor y significado de la Ciudadanía de las Mujeres en la Construcción de Nuestra Identidad Constitucional Bernardita Pérez Restrepo Abogada, Profesora de Derecho Constitucional Universidad de Antioquia.

Resumen: La ciudadanía de la mujer como suceso de reconocimiento político es de

Miguel Díaz Vargas [Bogotá, 29.9.1886 – Bogotá, 5.1956] Ceramistas de Ráquira Ca. 1940 Óleo sobre tela

muy reciente aparición, sin embargo, la actuación de la mujer como acontecimiento de participación en lo social y lo público siempre ha estado presente en el mundo. Si bien la mujer fue replegada al mundo estrictamente doméstico desde la antigüedad, siempre ha cumplido un rol de constructora de civilidad, sociedad, cultura y ciudadanía. La salida de la mujer del mundo estrictamente doméstico y el ingreso a la educación en los años 30s del siglo anterior, tuvo una significación decisiva en el reclamo de participación en la función pública y posteriormente la participación activa en lo político. Así las cosas, muchos eventos se han producido en décadas sucesivas hasta concluir con el reconocimiento de la ciudadanía en 1.954 y la actividad permanente de la mujer hasta nuestros días; siempre construyendo derechos, civilidad y cultura.

Palabras claves: mundo doméstico, mundo público, ámbito político, ciudadanía, sufragio, participación, reconocimiento y derechos fundamentales.

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Hace apenas cincuenta y seis años del reconocimiento constitucional del derecho al sufragio de la mujer. Por experiencia propia y del diálogo permanente con las casi adolescentes alumnas en mi cátedra de derecho constitucional en la Universidad de Antioquia, pareciera un acontecimiento menor y lejano, puesto que vistas las cosas desde sus tiempos presentes, la batalla por el reconocimiento de la igualdad de la mujer en el mundo público, se remonta a tiempos inmemoriales, y ahora sólo hace parte de una arqueología que importa en exclusividad a los obstinados que viven del pasado y se niegan a aceptar la plenitud de los tiempos presentes. Pareciera un acontecimiento menor. Estas breves reflexiones van dirigidas a nuestras y nuestros adolescentes y jóvenes que “adolecen” de la memoria, “Mnemosine”, la madre de todas las musas que en la mitología griega, permite dotar las palabras, las proezas, los trabajos y todas las


obras humanas de cierto grado de permanencia y detiene su carácter de perecedero, para hacerlos perdurables, para que el pasado y el presente se mantengan en permanente diálogo y aprendamos de aquel, para vivir los tiempos presentes sin tener que repetir nuestros desfortunios pretéritos.

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Apelo pues a la musa “Mnemosine” para que dote de permanencia la construcción por la civilidad que incluye a la mujer y haga más vívida, cercana y familiar para nuestras tempranas juventudes los acontecimientos que han permitido, en principio en el ámbito de lo jurídico, la igualdad material de las mujeres en el mundo de lo político. Y apelo a no olvidar el significado y valor de la igualdad, como una conquista histórica que no estamos dispuestos a feriar, porque no existen buenas razones que lo justifiquen. La ciudadanía y el sufragio legítimamente “universales”, para los hombres, han sido históricamente luchas prácticamente milenarias, pero conquistas muy recientes, para las mujeres, cuando en los países más reconocidos como democráticos, escasamente, datan de menos de una centuria. Veamos sumariamente qué han significado en Occidente las nociones de ciudadano y sufragio y cómo, por qué, y en qué circunstancias

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llegaron a nuestra institucionalidad colombiana, tardíamente por demás, porque datan realmente del siglo XX: 1.- Significado y valor de la ciudadanía en la antigüedad: Por las huellas que la arqueología nos representa, las mujeres en la más remota antigüedad jugaron un rol definitivo en la construcción del mundo social y público. Fue con el aparecimiento de las ciudades-estado griegas que se vino a establecer la bipolaridad de los mundos, entre lo que ellos mismos denominaron el mundo del oikos o de la casa y el mundo de la polis o de la política. Al primero quedaban confinadas las actividades esencialmente privadas como la vida y la muerte, la manutención y subsistencia de la familia y el credo religioso, entre otras actividades menores. El hombre que lograba tener un dominio pleno del mundo de la casa y disponía de medios económicos congruos, podía saltar al ámbito de la polis, mundo pleno de la igualdad, de la educación, del logos, esto es, del don de la palabra, y en fin, el mundo de la deliberación de los asuntos considerados como los de la polis. De de ahí que sea el hombre y sólo él, el zoon politikon que nos ilustró Aristóteles. La mujer quedaba relegada al mundo estrictamente privado, de la casa, donde no existía regulación normativa para sus relaciones y el hombre la dominaba a


ella y a su estirpe plenamente. Mujeres como la poetisa Safo que en el siglo VI antes de nuestra era se atrevió a fundar en Lesbos, su isla natal, una escuela para la educación de las mujeres fue repudiada públicamente y sancionada y la historia de las palabras construyó, desde ella misma, los peyorativos términos de lesbianas y safistas, que han adjetivado durante más de dos milenios, a las mujeres entrometidas en los ámbitos que supuestamente no les corresponden.

la ciudadanía como pertenencia a la ciudad significa tener derecho a la palabra, ser igual entre iguales y poder participar en la vida pública, esto es, ser sujeto de derechos. Por ello, como hemos dicho, tener ciudadanía, es tener derecho al derecho, que es un privilegio para aquellos que pueden salir del mundo de lo doméstico al mundo de lo público. La cristianización de Occidente desde el Edicto de Milán en el siglo IV con el Emperador romano Constantino, tornó en asunto público la religión y con ello, el precario aparecimiento de las mujeres en este mundo, como que son vírgenes vestales que cuidan los templos del culto y de ahí el salto al culto mariano que es un poco tardío en la Edad Media, esto es, hacía los siglos XI y XII y que significa el respeto a la figura femenina desde una maternidad virginal. Por tanto, el momento de aparecimiento de la mujer en lo público se da por el asunto religioso y, ataviada de virginal presencia, impidiéndole así, andar otros espacios de la vida social y publica humanas. 2.- Ciudadanía como participación activa en la configuración de lo público con las revoluciones liberales:

En consecuencia, tanto en Grecia como en Roma, con las variables y precisiones conceptuales que no es del caso resaltar,

Los siglos XVI, XVII y XVIII construyeron las nociones de “individuo”, “dignidad” y “libertad”,

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Roma, que enaltecía la cultura griega, denominó el mundo de la polis como el mundo público y el mundo del ciudadano, “De cive”. Los términos antípodos privado-público, indicaban que el mundo privado está dominado por el “paeter familiae” que le preside y define los términos de las relaciones domésticas, que justamente indican el dominio que éste ejerce. De ahí que el mundo privado es el de la violencia, y el público el del ciudadano, regido por las normas expedidas por la autoridad pública y cuyos destinatarios son exclusivamente los ciudadanos romanos. En estos términos ciudadano es un sujeto de derechos y obligaciones en el ámbito de lo público. Ser ciudadano, en estos términos, es tener derecho al derecho de Roma.


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consustanciales para repensar el mundo desde una perspectiva secular y laica. Contra la idea de un mundo de privilegios por razón del origen, o sea aristocracias, contra la idea de fundamentación teocrática del poder, o sea la secularización estatal, y el reclamo en la participación en la vida económica y pública, se redefinió la noción de ciudadano. Con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano de 1.789 en Francia, se signa la impronta de la modernidad. Ciudadanía para la participación en el mundo de lo público, participación para elegir y ser elegido en la cosa pública, libertad para competir económicamente y reserva de privacidad en asuntos que no le importan al Estado como el asunto religioso y la economía. No sobra advertirlo no obstante lo evidente, las mujeres que tuvieron una importantísima participación en las huestes revolucionarias inglesa, francesa y norteamericana, fueron excluidas deliberadamente de la ciudadanía y recluidas nuevamente al mundo privado. La ciudadanía de estas revoluciones, por haber sido una construcción burguesa y liberal, definió una noción capacitaria para el sufragio en los nacientes y precarios estados democráticos: ciudadano es el varón con capacidad económica o en defecto de ésta, letrado.

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Los norteamericanos en su proyecto independentista contra el coloniaje inglés izaron banderas en pro de un proyecto eminentemente republicano, donde el ciudadano es virtuoso y es patriota, guerrero y que puede y debe, hasta dar su vida por la pervivencia del Estado. También en ellos, por supuesto, la noción capacitaria del ciudadano para la participación en la configuración del poder público, amén de patriota, se requiere renta, peculio o educación y alta dosis de patriotismo. De todos estos proyectos de ciudadanía que hemos descrito, desde los conceptos griego y romano hasta los de las revoluciones liberales, quedó completamente excluida la mujer y replegada al mundo privado. Sin demeritar los logros de la modernidad en la construcción de civilidad, creemos que no tenía gran valía ser ciudadana en el entendido que se dio al concepto. Aunque parezca altisonante y pudiera indicarse aquí la validez de la fábula de Esopo (la zorra y las uvas), no tiene gran valía la ciudadanía, cuando sobre su conceptualización se ha cabalgado sobre los derechos de los seres humanos, máxime cuando han subsistido discriminaciones odiosas, repugnantes y que nos ubican a los hombres y a las mujeres en un estado prácticamente de premodernidad.


Si bien los vientos revolucionarios fueron a favor de los derechos “del hombre”, los resultados fueron la creación de un ciudadano capacitado por su renta o peculio o por su grado de instrucción; Este fue el siglo de la ilustración, de la razón o de las luces, como se le ha denominado y por supuesto, en el que sólo el varón goza de ese don natural: la razón. Bajo este ideario se expidieron las codificaciones civiles decimonónicas. En ellas la mujer es sujeto incapaz bajo la tutela paterna y luego marital; con limitación para administrar su propio peculio y en consecuencia, apenas natural, para actuar en lo público. Este ideario revolucionario signó nuestro proceso de independencia y primera época republicana. De un lado, las leyes coloniales españolas tuvieron vigencia hasta los años 30s del siglo XIX y luego, se adoptó la normatividad civil francesa consignada en el famoso Code Civile de 1804.

Durante el proceso de independencia, en el que la mujer jugó un rol decisivo, no se discutió en pro de la ciudadanía femenina en los proyectos constitucionales. No fue un tema de la agenda independentista. Así entonces,

El Artículo 15 de la Constitución de 1.886, que en lo sustancial rigió por más de una centuria, establecía que se reserva la condición de ciudadano a los varones mayores de veintiún años que ejercieran profesión, arte u oficio, o tuvieran ocupación lícita u otro medio legítimo y conocido de subsistencia. Además de no considerarse a la mujer la calidad de ciudadana; también se le negaba capacidad para actuar en el mundo público y estaba sujeta a la potestad doméstica, esto es, a la de su padre y en su defecto, la del marido. Igualmente, le era negado el derecho a la instrucción superior. Por tanto, estaba recluida y confinada plenamente al mundo doméstico, donde, de todos modos, y no hay que menospreciarlo, seguía cumpliendo un rol fundamental y silencioso de construcción de civilidad.

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3.- Ciudadanía y sufragio en la Construcción de la República colombiana:

desde el nacimiento de nuestra República que puede datarse hacia 1.821 y casi hasta los albores de la expedición de la Constitución de 1.991, podemos decir que se construyó una noción de ciudadanía muy limitada y unívoca: fue persistente en todo el constitucionalismo del siglo XIX, incluyendo la muy liberal Constitución de Rionegro de 1.863, esto es, el ciudadano es exclusivamente varón y capacitado. Es apenas episódica la regulación de la ciudadanía femenina en la Provincia de Vélez en 1853 y que no tuvo real vigencia.


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Baste recordar que aún bien entrado el siglo veinte, a las mujeres se les equiparaba a los menores y dementes en la administración de sus bienes, no podían ejercer la patria potestad, se les obligaba a adoptar el apellido del marido, agregándole al suyo la partícula “de” como símbolo de pertenencia, entre otras limitaciones. Era, ni más ni menos, la negación plena de la ciudadanía. Podemos decir que la Gran Reforma Constitucional Liberal del Gobierno López Pumarejo y que consta en el Acto Legislativo No 1 de 1.936 introduce un reclamo ya universal y regulado en muchas otras latitudes: el derecho de la mujer a ocupar empleos que lleven “autoridad o jurisdicción”. Estos fueron los términos del artículo 8º de dicha reforma, que bien vale la pena reseñar: “La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa indispensable para elegir y ser elegido, y para desempeñar empleos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción. Pero la mujer colombiana mayor de edad puede desempeñar empleos, aunque ellos lleven anexa autoridad o jurisdicción, en las mismas condiciones que para desempeñarlos exija la ley al ciudadano”. Evidentemente esta

reforma no la hizo ciudadana, pero le permitió salir al espacio público, a la e d u c a c i ó n s u p e r i o r y fa c i l i t ó normativamente el acceso a cargos que comportaran jurisdicción y mando1. Constituye este hito, sin lugar a dudas, el momento fundacional de la ciudadanía femenina. 4.- De la ciudadanía al sufragio femenino: El salto a la vida pública a través de la educación superior y la posibilidad jurídica de ocupar cargos en el Estado que comportaran jurisdicción y mando, significó, sin lugar a dudas, la herramienta necesaria para la obtención de ciudadanía plena y activa. La reforma constitucional del segundo período presidencial de Alfonso López Pumarejo (1.942-1946) que se encuentra consignada en el Acto Legislativo 1º de 1.945, en los artículos 13 y 14, reconoció la calidad de ciudadana a las mujeres. Sin embargo, la timidez de esta reforma se deja consignada en el hecho de que “…sin embargo, la función del sufragio y la c a p a c i d a d p a ra s e r e l eg i d o popularmente, se reserva a los varones” (Artículo 14).

1 No puede dejar de mencionarse el Decreto 1972 de 1933, del Gobierno de Enrique Olaya Herrera, mediante cual se permitió a la población femenina acceder a la Universidad, no obstante que para hacerse valer efectivamente fue necesario la reforma constitucional mencionada.

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Posteriormente y con la participación de mujeres ya letradas, la mayoría privilegiadas por razón de su origen, y que pudieron acceder a cargos públicos, se inicia la batalla por la consecución del sufragio femenino en aras a lograr el reconocimiento pleno de la ciudadanía, al menos en lo que para entonces se entendía. Me remito a mencionar que fue justamente en un régimen de dictadura en el que se hizo tal reconocimiento. Reza así el Acto Legislativo 3 de agosto 27 de 1.954 por medio del cual la Asamblea Nacional Constituyente2 modificó los artículos 14 y 15 de la Constitución Nacional: “…Son ciudadanos los colombianos mayores de veintiún años…. “La calidad de ciudadano en ejercicio es condición previa e indispensable para elegir y ser elegido, respecto de cargos de representación política, y para desempeñar empleos públicos que lleven anexa autoridad o jurisdicción”.

Lamentable, realmente, que el uso del derecho al sufragio se haya dado para un evento de perpetuación de dictadura, exclusión y confinamiento a la libertad de expresión3. Sin embargo, bien vale la

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de la que hicieron parte las señoras Josefina y Esmeralda Arboleda. Aún subsistían normas que prohibían el comunismo, restringían las prácticas religiosas y subsistía la censura a la prensa, amén de que sólo tenía legitimidad la existencia de dos partidos políticos como únicos que podían acceder a la cuota burocrática. 3

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Fue a través de este acto de la Dictadura del Teniente Coronel Gustavo Rojas Pinilla que se concedió el derecho al sufragio de las mujeres. Sin embargo, y por virtud de los acontecimientos posteriores, no fue posible la acción política de tan importante derecho constitucional. La Junta Militar de Gobierno conformada después del derrocamiento del Teniente Coronel

dejó sin efecto todas las reformas constitucionales de la “dictadura” y posteriormente expidió el Decreto Legislativo 0247 de octubre 4 de 1.957 (un acto de estado de sitio) mediante el cual y supuestamente “…Interpretando la opinión nacional expresada en los acuerdos suscritos por los partidos políticos”, …convocó “…para el primer domingo del mes de diciembre de 1.957, a los varones y mujeres colombianos, mayores de veintiún años… para que expresen su aprobación o improbación al siguiente texto indivisible…”. Se trató del Plebiscito de 1957 que distribuyó el poder por períodos de cuatro años entre el partido liberal y conservador durante dieciséis años, además de que la cuota burocrática sería distribuida por mitades entre los dos partidos tradicionales. Como ha dicho uno de los grandes estudiosos del presidencialismo y de las dictaduras del siglo XX (Juan Linz), se trató de un golpe de Estado de dos partidos políticos que polarizó al Estado y a los ciudadanos de un modo tal, que aún no logramos reponermos.


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pena anotar que para la época las mujeres colombianas aún no habían construido suficiente conciencia ciudadana en razón de que la mayoría estaban excluidas de facto del régimen educativo. Tan cierto es ello que ni siquiera aún tenían cédula de ciudadanía y por ello ni siquiera formalmente el instrumento de civilidad. Como bien lo registra nuestra gran mujer antioqueña, batalladora incansable de aquellas justas, Rosa Turizo de Trujillo, “ …a la mujer se le permitió identificarse con cualquier documento: partida de bautismo, carnet del Seguro Social, Tarjeta de Identidad, carnet laboral o estudiantil, etc. Porque no estaba cedulada” (TURIZO, Rosita. Memorias 5º Congreso UCC, pág. 49). Por tanto, fue una ciudadanía inprovidente. Durante todo el tiempo del régimen de “dictadura bipartidista” del Frente Nacional, que se prolonga hasta 1974, la participación femenina en el mundo público es precaria y escasa. No o b s t a n t e s e r eg i s t r a u n s a l t o fundamental en materia de educación superior que prácticamente es difícil registrar en las estadísticas y ello vendría a facilitar el salto cualitativo a la vida pública de las mujeres que se advierte en la actualidad. Como consecuencia de la vigencia formal de la ciudadanía y el sufragio,

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vino la lucha en Colombia por la igualdad real y material que no tenía reconocimiento constitucional ni legal. Poco a poco se dio el reclamo de las mujeres por lograr el reconocimiento de una igualdad jurídica, se venía concretando en diversas normas que ayudarían a transformar ese estado de cosas. En el ámbito civil, la ley 28 de 1932 había reconocido a la mujer casada la libre administración y disposición de sus bienes y había abolido la potestad marital, de manera que el hombre dejó de ser su representante legal. El decreto ley 2820 de 1974 concedió la patria potestad tanto al hombre como a la mujer, eliminó la obligación de obediencia al marido, y la de vivir con él y seguirle a donde quiera que se trasladase su residencia; el artículo 94 decreto ley 99 de 1988 abolió la obligación de llevar el apellido del esposo, y las leyes 1ª de 1976 y 75 de 1968 introdujeron reformas de señalada importancia en el camino hacia la igualdad de los sexos ante la ley. En materia laboral, la ley 83 de 1931 había permitido a la mujer trabajadora recibir directamente su salario. En 1938, se pusieron en vigor normas sobre protección a la maternidad, recomendadas por la OIT desde 1919, entre otras, las que reconocían una licencia remunerada de ocho semanas tras el parto, ampliada a doce semanas mediante la ley 50 de 1990. Por su parte, mediante el Decreto


2351 de 1965, se prohibió despedir a la mujer en estado de embarazo. Muchas de estas normas se establecieron con participación activa de las mujeres desde las corporaciones públicas y desde algunos ministerios que ocuparon en los albores de los años 70s. 5.- La Constitución de 1.991, el valor de la ciudadanía hoy.

El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas a favor de grupos discriminados o marginados. El Estado protegerá especialmente a aquellas personas que por su condición económica, física o mental, se encuentren en circunstancias de debilidad manifiesta y sancionará los abusos o maltratos que contra ellas se cometan.” En segundo lugar la normativa contenida en el inciso último del artículo 40: "Las autoridades garantizarán la adecuada y efectiva participación de la mujer en los niveles decisorios de la Administración Pública", que evidencia la armonía con el inciso 2° del artículo 13, que al disponer que "El Estado promoverá las condiciones para que la igualdad sea real y efectiva y adoptará medidas en favor de grupos discriminados o marginados", legitima y hace obligatoria la acción de las autoridades

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La Constituyente convocada en diciembre de 1.990 que hizo la Constitución que hoy nos rige y que tiene como fundamento lo que hemos denominado como “la séptima papeleta”, se conformó con setenta miembros elegidos por circunscripción nacional, entre los cuales sólo fueron elegidas cuatro mujeres (María Mercedes Carranza, María Teresa Garcés Lloreda, Helena Herrán de Montoya y Aida Yolanda Abella Esquivel). Para la época era ya notorio el trabajo que las mujeres habían hecho en la vida pública y de ahí la importancia que registra la incorporación de dos normas fundamentales que deben propiciar y facilitar el escenario del desarrollo normativo de la igualdad material entre los hombres y las mujeres, y de paso, la exclusión de cualquier clase de discriminación entre los seres de la especie humana. En primer lugar hay que registrar el importante mandato de la igualdad consignado en el artículo 13

de la Constitución de 1.991: “Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley, recibirán la misma protección y trato de las autoridades y gozarán de los mismos derechos, libertades y oportunidades sin ninguna discriminación por razones de sexo, raza, origen nacional o familiar, lengua, religión, opinión política o filosófica.


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públicas encaminada a corregir cualquier inequidad derivada de factores discriminatorios expresamente proscritos en la misma disposición. Por tanto, el reclamo constitucional a todos los poderes constituidos y a los ciudadanos y ciudadanas en general, es lograr hacer efectiva una igualdad de oportunidades real y remover todos los obstáculos que impiden la concreción de tal igualdad. Ejemplos de la vigencia de estas disposiciones constitucionales son la Ley de Cuotas Femeninas y la regulación de los derechos de la mujer cabeza de familia. Puesto que la normatividad legal que fue expedida durante toda la vigencia de la Constitución de 1.886, en principio subsistió a la vigencia de la Carta de 1.991, la Corte Constitucional, juez actual de las garantías constitucionales, ha removido muchas normas que ella ha identificado violatorias de los postulados indicados y que tacha de discriminatorias. Así, ha encontrado que viola la igualdad: el consagrar una causal de nulidad del matrimonio que sólo se predica de la mujer 4; el negar de plano a la población femenina el acceso a la única escuela de cadetes del país5; que una entidad de seguridad social 4

permita a los hombres, y no a las mujeres, afiliar a sus cónyuges6; el exigir que el matrimonio se celebre exclusivamente en el domicilio de la mujer 7; que a ésta se le prohíba trabajar en horarios nocturnos8. En todos estos eventos, la Corte ha concluido que las diferencias en el trato, lejos de ser razonables y proporcionadas, perpetúan estereotipos culturales y, en general, una idea vitanda, y contraria a la Constitución, que trata a la mujer como inferior al hombre9. El valor e importancia de la ciudadanía hoy, no sólo es la vigencia del sufragio para la participación en la configuración del ámbito de lo político, no sólo es poder ser elegidas en igualdad de condiciones a los varones, si con ello vamos a perpetuar las desigualdades que medran en nuestro modelo político. No y no. Creemos que el significado de la ciudadanía y máxime de la mujer, sempiterna constructora de paz, es la lucha por la inclusión de otros y otras que tradicionalmente han sido excluidos social y políticamente por razones diferentes del género, esto es, discriminaciones de origen, raza, condición, pensamiento, religión, cultura y orientación sexual.

Corte Constitucional. Sentencia C-082 de 1999. M.P. Carlos Gaviria Díaz. Corte Constitucional. Sentencia T-624 de 1995. M.P. Jose Gregorio Hernández Galindo. 6 Corte Constitucional. Sentencia T-098 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. 7 Corte Constitucional. Sentencia C-112 del 2000. M.P. Alejandro Martínez Caballero. 8 Corte Constitucional. Sentencia C-622 de 1997. M.P. Hernando Herrera Vergara. 9 Ver otros casos de discriminación en razón del sexo, en las sentencias T-326 de 1995 (M.P. Alejandro Martínez Caballero), T-026 de 1996 (M.P. Vladimiro Naranjo Mesa), C-309 de 1996 (M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz), C-410 de 1996 (M.P. Hernando Herrera Vergara). 5

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La deconstrucción de la ciudadanía hoy, reclama con vehemencia nuevas formas de concebir el poder político, la participación real y efectiva de la comunidad en las decisiones que afectan su vida social y pública y por ello, la remirada a la democracia representativa, la realización efectiva y cierta de una democracia deliberativa y participativa y por tanto, conciudadanas, tenemos una tarea que realizar. Esto es, el cumplimiento de una ciudadanía real e igual donde todos y todas quepamos y tengamos de cierto, una oportunidad sobre la tierra.

BIBLIOGRAFÍA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE COLOMBIA, Compilación de Pombo y Guerra, Banco Popular, Bogotá, 1985. LEÓN, Magdalena, “El empoderamiento en la teoría y práctica del feminismo”, En: Poder y empobrecimiento de las mujeres, Santafé de Bogotá, Tercer Mundo Editores, 1997. TURIZO DE TRUJILLO, Rosa. “Papel de la Unión de Ciudadanas de Colombia en los primeros 40 años del voto femenino en posicionar a la mujer en el ejercicio de sus derechos y en la conquista de la ciudadanía”. En: UNIÓN DE CIUDADANAS DE COLOMBIA, Memorias del Quinto Congreso Nacional, Cali, Octubre, 1997. VELÁSQUEZ TORO, Magdala. “Proceso histórico y derechos de las mujeres, años 50s y 60s” En: Las mujeres en la historia de Colombia. Grupo editorial Norma, Bogotá. 1995. VILLAREAL, Norma. “Movimiento de mujeres y participación política 1.9301.991. Universidad de Barcelona, España. 1994.

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Bicentenario de los Doscientos Años de la Independencia de Colombia y Consejo de Estado. Sacado de la Revista del Colegio de Jueces y Fiscales de Bolívar. XIX Simposio Nacional de Jueces y Fiscales. Agosto 11,12 y 13 de 2010 / Cartagena de Indias.


colaboran en este número ALBEIRO PULGARÍN CARDONA Abogado, Profesor en Derecho Constitucional y ex asesor de la Asamblea Nacional Constituyente. GLORIA MONTOYA ECHEVERRI Abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana. Especialista en Derecho Penal y Criminología y Magister de Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. Docente Universitaria. Juez 14 piloto de Familia. Gestora de la fundación del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia y Ex Presidenta 1990 – 1993 y 1996. LUIS FERNANDO ÁLVAREZ JARAMILLO Abogado de la Universidad Pontificia Bolivariana, actualmente es el Presidente del Consejo de Estado. GABRIEL FERNANDO ROLDAN RESTREPO Abogado universidad de Medellín especializado en derecho constitucional y ciencia política en el centro de estudios constitucionales de Madrid España, ex Fiscal seccional, ex magistrado auxiliar de la sala de casación penal de la corte suprema de justicia, actualmente se desempeña Juez Penal de circuito de Medellín.

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JAIME ALBERTO ARRUBLA PAUCAR Abogado de la Universidad Pontifica Bolivariana, actualmente es Presidente encargado de la Corte Suprema de Justicia. HERNANDO ANTONIO BUSTAMANTE TRIVIÑO Abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana. Especialista en Derecho Penal y Criminología de la Universidad de Medellín. Magíster en Derecho Procesal de la Universidad de Medellín. Ex Fiscal Seccional de Antioquia. Juez Noveno Civil del Circuito de Medellín. Ex Presidente del Colegio de Jueces y Fiscales de Antioquia 2007. BERNARDITA PÉREZ RESTREPO abogada, profesora de Derecho Constitucional, Universidad de Antioquia, especialista en derecho filosófico de la universidad de Castilla la Mancha España, Especialista en derecho público de la universidad Externado de Colombia.

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a nuestros colaboradores

Solicitamos respetuosamente a nuestros colaboradores tener en cuenta las siguientes instrucciones: 1. Entregue sus artículos luego de una cuidadosa revisión. Preste atención a las convenciones ortotipográficas más universalmente aceptadas. Tenga especial cuidado en incluir toda la información bibliográfica completa en sus citas y notas de pie de página. Presente unos originales cuidadosamente revisados. Remita sus trabajos digitados en una única fuente, Times New Román. Todo artículo debe ser procesado en Word y el texto se ha de entregar impreso, además del respectivo archivo electrónico. El artículo debe estar acompañado de un mini-curriculum vitae del autor. 2. Se aceptan máximo quince (15) páginas y mínimo cinco (5) por artículo. 3. El autor es responsable de los enfoques y conceptos expresados en su colaboración. 4. El Comité de Redacción es completamente autónomo para hacer las correcciones de forma de los textos que recibe. Revista BERBIQUÍ 73


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