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Desmontar Pizarro
organismo que, a propósito, se debe aún la discusión de la necesidad de derogar la Ley 22351, de Parques Nacionales de Argentina, porque tiene ilegitimidad de origen, dado que fue sancionada por un gobierno de facto, y porque pone trabas al trabajo con los actores sociales ubicados dentro o en las cercanías de las áreas protegidas. La ley prohíbe los asentamientos humanos, la “explotación agropecuaria, forestal” y aún “cualquier tipo de aprovechamiento de los recursos naturales dentro de las áreas protegidas”. La cuestión medular parece poner en crisis la existencia misma de áreas protegidas, al menos con el concepto en que fueron pensadas, en la Argentina. Dirigentes indígenas como la guaraní Claudia Farías, cuyo territorio está comprendido en el Parque Nacional Calilegua, cuestionan la utilidad de un área protegida, algo que también llegó a cuestionarse entre las comunidades vecinas al Monumento Natural Laguna de los Pozuelos, también en Jujuy. Plantean que primero debe definirse la cuestión de la tierra y luego analizar el tratamiento que se le dará a los bienes y servicios del área. “Qué pueden hacer (los habitantes originarios) si no saben si son dueños de la tierra”, cuestionó, explicó, Patricia Piccardo, que como trabajadora de Parques se vinculó con las comunidades kollas de la cuenca de la Laguna de los Pozuelos. En la experiencia que desarrolló, tras muchas reuniones y reflexiones, las comunidades
terminaron por considerar que antes que nada la Administración de Parques Nacionales debía reconocer a los habitantes de la región como preexistentes a la creación del área protegida. Piccardo sostuvo que “la gente tiene que estar empoderada, porque sentarse en esas condiciones de desigualdad frente a Parques, que tiene muchos elementos y gente” es una correlación de fuerzas en la que no se puede dar una discusión equilibrada. “Para empezar a hablar de cualquier tipo de manejo tenemos que sentar a todas las partes en igualdad de condiciones, tenemos que empezar a discutir sobre tener cierta igualdad al menos de oportunidades”, afirmó Piccardo. Y se preguntó “cómo hacemos para hablar de territorio sin hablar de distribución”. Por eso, en la experiencia de Pozuelos, con el pueblo kolla, se planteaba el desarrollo “como la libertad que tiene un pueblo de elegir”. Piccardo consideró que Parques tiene que tener una definición política, “al menos regional”, sobre el co-manejo, porque de otra manera los avances dependen “más de la voluntad de los actores” que de un impulso monolítico de la conducción central. Desde el centro del país Gustavo Peyroti, que además de ser funcionario de Parques Nacionales es licenciado en trabajo social, aportó una visión similar sobre las causas que dificultan la relación con los pueblos originarios: el hecho de que una de las partes es el propio Estado nacional, por lo tanto “hay una relación