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03 JURISPRUDENCIA - Fiscal:Sentencias Fiscal

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IMPORTANTE Una vez abierta la tramitación de dichas reclamaciones o recursos, la posibilidad de interrupción del nuevo plazo prescriptivo de cuatro años que con tales actuaciones se inicia está supeditada al normal desenvolvimiento del procedimiento correspondiente. Vide Sentencia nº 1.

En definitiva, que el escrito de alegaciones presentado en las reclamaciones económico-administrativas interrumpe la prescripción, lo recoge expresamente, entre otras y por citar las más recientes, las Sentencias del Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, Sección 2ª de fecha 21 de julio de 2000 (Recurso de Casación 2782/1994) y 30 de julio de 1999 (Recurso de Casación 7033/1994). F. J. Tercero.- Debe tenerse en cuenta que, para dilucidar si el plazo de prescripción se ha consumado, en el presente caso, desde la interposición del Recurso de Alzada, el 18 de marzo de 1998, hasta la notificación edictal llevada a cabo el 24 de abril de 2002, es preciso analizar el régimen de los actos de comunicación en la vía económico-administrativa, en el centro del cual se encuentra el deber de consignar el domicilio en que se deban practicar las notificaciones al reclamante, sea éste el coincidente con su domicilio fiscal u otro distinto, deber no limitado a la primera instancia del procedimiento económico, sino que se extiende al Recurso de Alzada, en los casos en que sea preceptivo. En este sentido, la sentencia del Tribunal Supremo de 3 de julio de 1990, referida al antiguo artículo 54.1 del Reglamento anterior pero que conserva todo su sentido en la actualidad, ya que el artículo 48 del Reglamento vigente es exactamente igual que se precedente, declara lo siguiente:

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<<A mayor abundamiento hay que, señalar que como tiene dicho esta Sala, entre otras en sus sentencias de 7 julio 1986 y 19 febrero 1988, el art. 56 del entonces vigente Reglamento para las Reclamaciones Económico-Administrativas (reiterado en el art. 54 del actual) establecía de ma-

nera expresa la obligación de consignar el domicilio en que han de efectuarse las notificaciones al reclamante y, en consecuencia, se entienden bien practicadas las que en él se realicen; de manera que los cambios de domicilio del reclamante no surten efectos en la reclamación económico-administrativa si no se notifican explícitamente al Tribunal que conozca de ella. Esto es -y debe ser- así porque en el ámbito de la reclamación económico-administrativa puede existir interés en que las notificaciones se practiquen en domicilio distinto del que corresponda al sujeto pasivo (como pueden ser el de representantes o gestores que atiendan o letrados que dirijan el procedimiento de revisión), de manera que el cambio en el domicilio del contribuyente resulte inoperante a efectos del procedimiento>>. <<Desde el momento que el mencionado art. 56.1 disponía que 'en el primer escrito que se presente en cada reclamación económico-administrativa, en cualquiera de sus instancias, habrá que expresarse necesariamente el domicilio en que deben hacerse las notificaciones, teniéndose por bien practicadas las que se verifiquen en dicho domicilio ...' es obvio que, 'a sensu contrario', han de tenerse por mal practicadas aquellas que se entiendan en domicilio distinto, aun cuando sea en el que ante otras dependencias de la propia Delegación de Hacienda haya consignado el mismo interesado, por lo que si el Tribunal Económico-Administrativo hubiera obrado de la forma que patrocina la tesis del apelante, es lo cierto que hubiese incurrido en notorio vicio de procedimiento. No cabe duda que el carácter absolutamente imperativo de este precepto (que impone rigurosas obligaciones procedimentales) vincula tanto al reclamante como al Tribunal y constituye, en esencia, una garantía formal que no


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SENTENCIAS Y RESOLUCIONES FISCAL

debe menoscabarse a través de una interpretación laxa del precepto, derivada de la finalidad del acto de notificación, como pretende el apelante>>. A tal respecto, debe tenerse en cuenta que el artículo 48 del Reglamento de Procedimiento para las Reclamaciones Económico-Administrativas, bajo la rúbrica de <<expresión del domicilio>>, dispone que <<En el primer escrito que se presente en cada reclamación económicoadministrativa, en cualquiera de sus instancias, habrá de expresarse necesariamente el domicilio en que deban hacerse las notificaciones, teniéndose por bien practicadas las que se verifiquen en dicho domicilio mientras no se haya acreditado en el expediente la sustitución de aquél por medio de escrito o de comparecencia personal suscrita por el interesado o apoderado>>. Tal es lo sucedido en el presente proceso, pues en el escrito de interposición del Recurso de Alzada, registrado el 18 de marzo de 1998, la parte recurrente expresó como domicilio propio el que ya había consignado como tal en las precedentes actuaciones inspectoras, así como las seguidas en la primera instancia económicoadministrativa, esto es, el localizado en la C/ XXXX, nº 9, de Pozuelo de Alarcón (Madrid), coincidente además con el domicilio social de la empresa hecho constar en la escritura de apoderamiento acompañada al escrito de interposición del presente recurso, sin que ni en el devenir del recurso de alzada ni en ningún momento posterior la parte recurrente hubiera indicado cambio alguno de domicilio o de lugar destinado a notificaciones, haciendo válida, por tanto, la practicada sin éxito en el domicilio señalado a tal fin, siendo así que la notificación edictal se produjo por causa, entonces, directamente imputable al sujeto pasivo, pues la notificación personal intentada en el expresado domicilio social, consignado como tal en el primer escrito iniciador del procedimiento en cuya tardanza se fundamenta la denuncia de prescripción, quedó frustrada no por irregularidades del acto de comunicación mismo, sino por causa directamente atribuible al sujeto pasivo, lo que en modo alguno puede beneficiarle prolongando a su voluntad el plazo de prescripción cuando ésta, en el presente caso, no quedaría fundamentada en la inactividad de la Administración, que no sólo resolvió dentro del

plazo sino que intentó también de forma tempestiva su regular notificación, sino en la resistencia, voluntad o, al menos, negligencia, de la empresa recurrente que, habiendo designado un domicilio para notificaciones, su propio domicilio social, no recibió la notificación correctamente intentada por causas que, por lo demás, ni siquiera intenta explicar en la demanda, que prescinde de toda consideración sobre la notificación intentada y fallida, de 16 de julio de 2001, fecha en la que, con toda claridad, aún no se había producido la prescripción, así como la segunda notificación que se pretendió efectuar el 14 de septiembre de 2001, también por tanto dentro del periodo cuatrienal, intentos a los que ni siquiera se alude, significativamente, en la demanda, que también omite mencionar la fecha en que se produjo la resolución impugnada. Por lo demás, no hay reconocimiento alguno de la Administración sobre la prescripción alegada, por el hecho de que la comunicación de remisión al BOE de la resolución impugnada contuviera la recomendación urgente para evitar la prescripción del derecho, con indicación de la fecha en que ésta, teóricamente, se podría producir, pues ni se conoce la autoridad que plasmó tal indicación de cautela en la comunicación presentada, ni la interpretación jurídica de las normas puede ser objeto de disposición, renuncia o pacto entre las partes pues la doctrina de los actos propios -no futuros, como en este caso- se refiere precisamente a actos o hechos-, no a sus consecuencias jurídicas." A la vista de los razonamientos de la sentencia y de las alegaciones del recurrente el recurso ha de ser desetimado pese a las críticas que se dirigen a la sentencia. Efectivamente, sólo hay dos posibilidades para explicar la no recepción de la notificación del TEAC. La primera, que la actora hubiera cambiado el domicilio, hipótesis en la que los razonamientos de la sentencia serían de plena aplicación al supuesto litigioso, así como la sentencia del Tribunal Supremo que se cita. Pero es que la segunda hipótesis, la de haber efectuado la notificación en el domicilio señalado, también está recogida en la sentencia (…...) Es evidente que personado en el domicilio designado el funcionario encarga-

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