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UNIVERSIDAD YACAMBÚ VICERECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

EL RETARDO PROCESAL EN LA CRISIS PENITENCIARIA ACTUAL VENEZOLANA

Autora: Wendy Pérez Tutor: Abog. Salvio Yánez

Araure, Abril 2013 1


UNIVERSIDAD YACAMBÚ VICERECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

EL RETARDO PROCESAL EN LA CRISIS PENITENCIARIA ACTUAL VENEZOLANA Trabajo presentado como requisito parcial para Optar al Grado de Abogado

Autora: Wendy Pérez Tutor: Abog. Salvio Yánez

Araure, Abril 2013

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APROBACIÓN DEL TUTOR

En mi carácter de tutor del Trabajo Especial de Grado presentado por la ciudadana Wendy Pérez, titular de la Cédula de Identidad N° 15.070.487, para optar al título de Abogado, considero que dicho trabajo reúne los requisitos y méritos suficientes para ser sometido a la presentación pública y evaluación por parte del Jurado Examinador que se designe.

En la ciudad de Araure a los 08 días del mes de Abril de 2013.

____________________________________ Abg. Salvio Yánez C.I. 2.918.822

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UNIVERSIDAD YACAMBÚ VICERRECTORADO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO INSTITUTO DE INVESTIGACIÓN Y POSTGRADO

EL RETARDO PROCESAL EN LA CRISIS PENITENCIARIA ACTUAL VENEZOLANA

Autor: Wendy Pérez

Trabajo Especial de Grado aprobado, en nombre de la Universidad Yacambú, por el siguiente Jurado, en la Ciudad de ________________ a los _______ días del mes de Abril de 2013

_________________________ Abg. Salvio Yánez C.I. 2.918.822

___________________ Abg. Luis Reyna C.I.

______________________ Abg. Yurys García C.I.

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AGRADECIMIENTO En este día primeramente quiero agradecerle a Dios, ya que sé que él me acompaño por este arduo y largo camino, sé que ha estado ahí en esos momentos donde he sentido perder mis sueños, dándome la dirección y fuerza necesaria para seguir adelante.., sé que ha sido él porque cuando ya sentía que no podía luchar contra tantos obstáculos de la vida al punto de echar todo a un lado encontraba una puerta abierta, donde estaba la repuesta y solución de tantos problemas, esa puerta es mi biblia. A mi bella, única e inigualable madre, Gladys Elena Pérez M.; gracias por haberme traído al mundo, por cuidarme desde mi niñez hasta hoy en día que lo sigues haciendo, eres la mujer más importante en mi vida y uno de los motivos de esta meta alcanzada. A mis amados y adorados hijos Willisthon R. Torrealba Pérez y Wildher E. Torrealba Pérez; mis dos razones de vivir, por quienes daría mi vida y por quienes oí en sinfines de veces esa voz de Dios que me decía NO LOS DEFRAUDES, todo lo que soy y quiero llegar a ser es en realidad mi sueño, pero fundamentalmente es por y para ellos, para que se sientan orgullosos de quien es su madre y a su vez ser buen ejemplo a seguir LOS AMO. A mi mejor amigo, mi cómplice y AMADO ESPOSO Pedro Alejos; cuando pienso en ti son millones de ideas en agradecimiento las que pasan por mi mente, tanto así que no me alcanzaría la vida para expresarle a los presentes cada uno de ellos, gracias a ti he podido finalizar esta meta. Solo Dios, mis hijos, mis compañeros de clases, mi madre, mi amiga Mirna y mis hermanas, WILMAR, WIRLA, WITHNEY Y WALLERYS saben lo que hemos luchado, vivido y hasta sacrificado para ver este día hecho realidad, pero

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nada de esto lo fuese logrado sin tu presencia mi amor, eres el pilar fundamental en mi presente y futuro, quien ha estado ahí por más de 10 años aguantando mis caprichos, secando mis lágrimas, soportando mi mal genio, quien se desvela cuando estoy enferma entre otras cosas, dándome ese abrazo tan sincero y respondiéndome con mucho amor “tranquila mi vida, si lo tendrás, si lo lograras, tu puedes mi amor, te amo mi muñequita” por eso y muchas cosas más eres la persona más importante en mi vida después de Dios y mis hijos. TE AMO. A mi compañeros de clases, como mi esposo y yo los llamamos NUESTROS NIÑOS; Jesús Aponte, Carolina Herce, María T. Palma, Karlina Villamizar, Lisbelia Gonzalez entre otros, si me tocara elegir nuevamente un grupo de estudio los elegiría a ustedes sin dudar, sin flaquear y sin titubear, es lo mejor que me pudo pasar en este camino que junto a mi esposo me propuse recorrer, Dios me bendijo con la unión de ustedes “ Que anécdotas y recuerdos tan bello me llevo de esta casa de estudio junto a ustedes “ lloramos , reímos , nos enojamos y discutimos pero solo una verdadera amistad logra vencer todas las pruebas que la vida nos da, ni la distancia ni el tiempo harán q esta bella amistad algún día marchite… serán siempre parte de mi presente y futuro, como le dije a mi esposo “mi nueva familia” LOS AMO. A mis profesores; ¡Que paciencia han tenido con nosotros! también debo agradecerle a Dios por ustedes, que día y noche nos han alimentado de tanta sabiduría ya que con esmero y dedicación han hecho un esfuerzo enorme para que en tan poco tiempo nos lleváramos las base fundamentales de la diversas ramas del derecho… Entre los profesores que más me inspiraron estas líneas están, los profesores Yuris Garcías, Luis Reyna, Juan

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Caro y en especial Darvin Lobaton, Salvio Yánez y a la coordinadora de DERECHO Claudibel Romay MI RESPETO Y AGRADECIMIENTO. A mi casa de estudio UNIVERSIDAD YACAMBÚ; mi segundo hogar y donde más tiempo pase en estos cinco largos años, a la que le debo respeto por mi formación y preparación, por brindarme todo el apoyo y hacer de mi toda una Profesional, gracias a todas las persona que integran esta casa de estudio. GRACIAS POR SU APOYO

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ÍNDICE GENERAL

p.p. RESUMEN…………………………………..…………………………….. INTRODUCCIÓN………………………………………………………….. CAPÍTULOS

ix 01

I. EL PROBLEMA…………………………………………………………. Planteamiento del Problema……………………………………… Objetivos de la Investigación……………………………………... Objetivo General………………………………………………… Objetivos Específicos…………………………………………... Justificación………………………………………………………... II. MARCO TEÓRICO…………………………………………………….. Antecedentes Investigativos……………………………………… Bases Teóricas…………………………………………………….. Bases Legales………………………………………………………

03 03 07 07 07 08 10 10 12 20

Base Jurisprudencial…….………………………………………… III. MARCO METODOLÓGICO………………………………………….. Tipo de Investigación……………………………………………… Técnica e Instrumento de Recolección de Información………..

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Procedimientos de Investigación……….………………………… IV. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES……………………… Conclusiones………………………………………………………..

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Recomendaciones…………………………………………………. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS……………..………………………

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EL RETARDO PROCESAL EN LA CRISIS PENITENCIARIA ACTUAL VENEZOLANA Autor: Wendy Pérez Tutor: Abg. Salvio Yánez Fecha: Abril, 2013 RESUMEN El presente estudio, se enmarca en una investigación documental, cuyo objetivo consistió en analizar el retardo procesal en la crisis penitenciaria actual venezolana, con la finalidad de promover aspectos relevantes relacionados con esta temática. Por ello, para obtener la información que sirvió de sustento a la misma, se empleó como técnica de recolección de información, las fuentes documentales, como citas bibliográficas, comentarios, análisis, resumen, entre otras; destinadas para tal fin, para concluir que la administración de justicia en Venezuela sigue siendo un proceso lento, engorroso, con atrasos constantes producto de la falta de celeridad de los jueces, fiscales, abogados y las partes, quienes contribuyen al diferimiento constantes de audiencias, bien por conveniencia o bien por la carente responsabilidad en acciones como su ausencia en el juicio, inhibiciones sin fundamento, entre otros aspectos; que requiere de una debida actuación del Estado para que conjuntamente con el Tribunal Supremo de Justicia, optimicen el funcionamiento de los tribunales penales, garantizando así celeridad y evitando problemas que de esta situación se desprende como es el caso del hacinamiento carcelario. Por esto, se recomienda al Tribunal Supremo de Justicia, como máximo ente judicial del país, cuyas autoridades deben ser garantes de la adecuada administración de justicia, velando por el cumplimiento de los distintos tribunales ubicados en el territorio nacional, a fin de lograr la celeridad procesal que constituyen acciones positivas para disminuir los problemas carcelarios del país. Descriptores: Retardo Procesal, Crisis Penitenciaria.

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INTRODUCCIÓN El

sistema

penitenciario

en

Venezuela

confronta

innumerables

problemas, tales como el retardo procesal, el hacinamiento, el precario estado de los penales, la ausencia de una clasificación de presos, la carencia de servicios básicos indispensables y la presencia de armas y drogas, todo lo cual contribuye a la excesiva violencia que lo caracteriza. En tal sentido, es notoria la violación de derechos humanos establecidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y en los convenios y tratados internacionales. Las dilaciones indebidas, abandono del criterio jurisprudencial, vencen en la mayoría todos los plazos razonables para una respuesta oportuna, la iniciación de un proceso, se les niega el derecho de ser juzgados en libertad, violando los principios fundamentales y los derechos humanos, situación que viola el principio como el de presunción de inocencia, defensa, tutela juridicial, procesos oportunos, dando pie al retardo procesal y paralización de las causas sin justificación alguna, decisiones sin sentido jurídico, la lentitud en sus decisiones, todo como único fin de mantenerlos encarcelados. Cabe destacar además, que en la mayoría de los centros de reclusión venezolanos, persisten condiciones infrahumanas y se registra una violación generalizada de derechos humanos, pues a partir de la implementación del Código Orgánico Procesal Penal, se han registrado algunas variaciones en los indicadores de la violencia carcelaria, hacinamiento y en la proporción de reclusos procesados y penados. Aun cuando se registran avances en algunas áreas del Poder Judicial, dicho retardo procesal continúa siendo un déficit central de la administración judicial. Por ende, las bondades procesales emanadas del mencionado ordenamiento jurídico, que efectivamente ha reducido los tiempos promedios de los juicios penales, se ven opacadas ante la incapacidad del Estado de 10


adoptar

medidas

adecuadas

que

faciliten

y

permitan

su

plena

implementación, por ello, el retardo procesal opera igualmente por las debilidades que marcan las actuaciones que el Ministerio Publico, así como de los administradores de justicia, lo cual ocasiona daños graves a quien es sometido a un juicio, por cuanto ni es sentenciado culpable ni es absuelto del delito que le imputa. De allí, que este estudio es relevante, puesto que se centró en analizar el retardo procesal en la crisis penitenciaria actual venezolana, con la finalidad de resaltar aspectos fundamentales derivados de la presente investigación, la cual quedó estructurada de la siguiente manera: Capítulo I: Se desarrolla el planteamiento del problema, los objetivos de la investigación y la justificación. Capítulo II: Comprende los antecedentes, bases teóricas y legales que sustentan la investigación. Capítulo III: Se enfoca en marco metodológico, donde se señala el tipo de investigación, técnicas de recolección de información y procedimientos. Capítulo IV: Se refiere a las conclusiones y recomendaciones derivadas del estudio.

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CAPÍTULO I EL PROBLEMA Planteamiento del Problema Las sociedades del mundo actual, están atravesando por una serie de problemas relacionados con el ámbito económico, político, social y familiar; los cuales se han acrecentado con el paso del tiempo y han incidido de manera negativa en la consolidación de un mundo mejor, acompañado esto del aumento de la delincuencia, la cual ha adquirido grandes dimensiones a nivel mundial, incluso acabando con la vida de las personas, así como atentando contra sus bienes patrimoniales. Esto, ha requerido de una adecuada gestión de seguridad ciudadana y de una actuación efectiva de los órganos jurisdiccionales, asociada siempre a la garantía de los derechos y a una mejor calidad de vida, pues de esta manera se estaría atacando un fenómeno presente en las sociedades modernas, como es el caso de la inseguridad y los problemas de gobernabilidad

que

de

ella

derivan,

asociados

directamente

a

profundización de la exclusión y los conflictos sociales. Así las cosas, Pulido (2009) refiere: En un escenario caracterizado por niveles elevados de inseguridad, agoniza la noción de ciudadanía, si se entiende como el efectivo ejercicio de los derechos reconocidos a todas las personas, por lo que para garantizar el ejercicio de los derechos y libertades abrigados por el término en si, se requiere un marco social seguro y unos requisitos funcionales mínimos. Debe procurarse un cierto grado de seguridad en la organización social de la producción, el equilibrio y estabilidad de la actividad política, un marco jurídico 12

la


vigente ajustado a la dinámica de la sociedad, logrando el acoplamiento de las normas y valores sociales, entre otros elementos (p. 71). En este sentido, desde un punto de vista amplio, la seguridad ciudadana

depende

de

condiciones

sociales,

políticas,

económicas,

culturales e institucionales, que serán determinantes para la garantía o violación de los derechos reconocidos a todos; por lo que es fundamental contar con un sistema judicial efectivo, donde se garantice el debido proceso y la administración de justicia, pues éstos constituyen garantías de la aplicación de las leyes y de la disminución de los delitos. En este contexto del adecuado funcionamiento del sistema de justicia en el país, dependen diversos aspectos como es el caso de la aplicaciones de las penas y sanciones, pero, además, incide directamente en la crisis carcelaria que en la actualidad enfrenta Venezuela, producto de la desidia, indiferencia de los sectores encargados de su gestión y los retardos procesales, entre otros factores negativos que han originado el hacinamiento que constituye uno de los detonantes de los enfrentamientos, al existir privados de libertad sin que se les haya dictado sentencias, habiendo pasado dos, tres o más años recluidos en una cárcel, otros son abandonados por la justicia venezolana, ni siquiera han sido presentados ante los Tribunales competentes para conocer las medidas a dictarse en torno al delito cometido y todo ésto producto de dicho retardo en materia judicial. De esta manera, surge la problemática que hoy enfrenta el país en cuanto a la crisis penitenciaria, atribuida a diversos factores, entre ellos el retardo proceso y donde además intervienen otros elementos, como el ocio, inactividad física, la poca inversión económica y las condiciones laborales que, lejos de preparar a la población para su reinserción satisfactoria, se fomentan a través de la explotación y la sumisión. En este orden de ideas, Pérez (2010) ha planteado lo siguiente: 13


Quizá uno de los problemas más visibles de la crisis carcelaria es la constante violación al derecho a la vida e integridad personal de los privados de la libertad, para acabar con el ingreso ilegal de armas, ante la poca efectividad en el desarrollo de políticas para controlar la violencia (p. 23) De acuerdo con el autor, la crisis penitencia en el país, es producto de la corrupción manifiesta en el sector, donde el comercio de armas se ha convertido en un negocio lucrativo, el irrespeto a la derecho a la vida e integrad personal es constante dentro de los recintos penitenciarios, así como los constantes diferimientos de audiencias y la carencia de transporte para el traslado de los privados de libertad a los Tribunales de Justicia, los cuales inciden en el retardo procesal; esto ha ocasionado malestar entre aquellos que están privados de libertad, llegando así a producirse huelgas generales, autosecuestros de familiares y enfrentamientos entre ellos con el personal de custodia, que se traducen en la ineficacia e ineficiencia en el manejo de la situación carcelaria y en el de la administración de justicia. Por su parte, Torrealba (2011), afirma: La situación que se está viviendo en los centros de reclusión se presenta como una bomba de tiempo, que en varias ocasiones ha estallado, pudiendo por ahora ser controlada la situación; pero con resultados sumamente penosos, ya que se han perdido muchas vidas, y quedará en la conciencia de los venezolanos la duda de saber si se trataba realmente de personas responsables del delito que se les imputaba, además que después de ocurrida sus muertes el único camino que tienen los administradores de justicia es declarar terminada la averiguación por extinción de la acción penal o sobreseer la causa (p. 51). Lo afirmado por el autor, conlleva a determinar que este problema es ocasionado por el retardo procesal, donde los imputados de un delito no son sometidos a la justicia en los lapsos establecidos para tal fin, pasando años en una cárcel que no les garantiza el derecho a la vida y estando sometidos 14


a constantes enfrentamientos que ocasionan incluso la muerte; por ello, es fundamental que la administración de justicia en el país funcione adecuadamente, dando celeridad a las actuaciones de los jueces, fiscales, abogados defensores y a las partes, para que así se realicen juicios breves que contribuyan a disminuir los problemas carcelarios actuales. Es por esto que Salazar (2011) señala “El retardo procesal es un problema de todas las fases del proceso penal venezolano, aunque el mayor y más escandaloso retardo es el que se produce antes de la celebración de la audiencia preliminar” (p. 56). Esto, debido a que en la mayoría de los casos los privados de libertad pasan tiempo para ser presentados a los Tribunales y una vez logrado esto y fijada la audiencia respectiva, se suscitan diversos diferimientos producto de la ausencia del Fiscal del Ministerio Público, del Defensor Público o Privado, de la suspensión del traslado del imputado, entre otros factores; pasando así años hasta que la misma se concrete. En el mismo orden de ideas, Posada (2011) plantea: Los factores del retardo procesal son múltiples y frecuentes, hasta el punto de que el retardo casi se ha convertido en costumbre. Entre ellos destacan el exceso de causas para un número insuficiente de operadores, quienes, además, no siempre actúan con diligencia; la falta de infraestructura, y las dificultades para los traslados de los presos (p. 50). De allí, que en el país, el problema del retardo procesal es común, por cuanto en la mayoría de las causas de los Tribunales de Justicia, ésto esta presente, convirtiéndose en un reclamo constante de los privados de libertad, así como en un detonante para las huelgas y posterior enfrentamiento de éstos con efectivos policiales y guardia nacional, situación ésta que debe ser solventada efectivamente por las autoridades competentes, a fin de evitar que la crisis carcelaria adquiera dimensiones desproporcionales para el país. 15


Por lo tanto, en vista de la actualidad del tema planteado en esta investigación, la misma resulta importante, debido a que trazó su objetivo en analizar la relación del retardo procesal en la crisis penitenciaria actual venezolana, por ser un problema que afecta al país en los últimos tiempos. De lo antes planteado, surgen las siguientes interrogantes: ¿Cuál es la incidencia del retardo procesal en la crisis penitenciaria actual venezolana?. ¿Cómo se relaciona el retardo procesal con la crisis penitenciaria actual venezolana?. ¿Cómo se interpreta la relación del retardo procesal en la crisis penitenciaria actual venezolana?. Objetivos de la Investigación Objetivo General Analizar el retardo procesal en la crisis penitenciaria actual venezolana. Objetivos Específicos Establecer la incidencia del retardo procesal en la crisis penitenciaria actual venezolana. Describir los aspectos que relacionan el retardo procesal con la crisis penitenciaria actual venezolana. Interpretar la relación del retardo procesal en la crisis penitenciaria actual venezolana.

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Justificación La institución penitenciaria debe ser una pieza ineludible de la política de seguridad e intervención social del país. En tal sentido, construyendo espacios de tratamiento, reeducación y rehabilitación para aquellas personas que un día cometieron un delito se puede dar respuestas eficaces que incrementen la seguridad y la libertad ciudadana. En este sentido, el sistema penitenciario en Venezuela confronta innumerables problemas, tales como el retardo procesal, el hacinamiento, el precario estado de los penales, la ausencia de una clasificación de presos, la carencia de servicios básicos indispensables y la presencia de armas y drogas, todo lo cual contribuye a la excesiva violencia que lo caracteriza. Lo expresado, aunado al retardo procesal, constituyen una situación que desfavorece la condición de la persona privada de libertad, a quien se le vulneran sus derechos, por no ser debidamente procesados y sentenciados, pasando gran tiempo de su vida recluidos en un centro penitenciario sin ser sometidos a un juicio imparcial, ajustado a derecho, tal como lo establece la ley venezolana que rige la materia. Por lo tanto, dentro del marco legal y jurisdiccional en Venezuela, el retardo procesal constituye uno de los problemas que afectan a la Nación, tomando en consideración que ha ocasionado el incremento de la población penitenciaria, quienes pasan largos años esperando un juicio que los condene o absuelva y ésto trae como consecuencia además, el hacinamiento en las distintas cárceles. En este marco, la presente investigación se acrecienta, por cuanto se basa en analizar el retardo procesal en la crisis penitenciaria actual venezolana, con la finalidad de que quienes impartan la justicia, contribuyan a mejorar este proceso, evitando la retención de expedientes de personas

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que pasan largo tiempo e incluso años en un escritorio y quienes esperan una sentencia firme o en todo caso, que los absuelva. Desde otro punto de vista, como es el ámbito institucional, la investigación se justifica, debido a que en ella se exponen temas de gran relevancia para su estudio, por constituir un aporte teórico para ser consultado por todos los interesados en la temática planteada y al mismo tiempo, un apoyo al ser un antecedente para sustentar otras investigaciones que pueden relacionarse con el retardo procesal en la crisis penitenciaria actual.

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CAPÍTULO II MARCO TEÓRICO Antecedentes de la Investigación En vista de la importancia que tiene el presente estudio, se ha hecho necesario consultar diversas investigaciones previas, que han tratado el tema sobre el retardo procesal en la crisis penitenciaria en Venezuela, los cuales se describen a continuación. Así encontramos que: López (2011), presentó un estudio para la Universidad Central de Venezuela, denominado “El Retardo Procesal como causante de violencia en las cárceles venezolanas”, enmarcado en una investigación documental, cuyo objetivo fue analizar el retardo procesal como causante de la violencia carcelaria en el país, llegó a la conclusión que la situación de las cárceles venezolanas en los últimos años presentó lo que consideran los expertos como una involución a pesar de los avances constitucionales. Así mismo, destacó este autor que el retardo procesal es el principal elemento de estas condiciones de desmejora, entre las que destacan aspectos como hacinamiento, reforma de los reclusos y condiciones alimentarias, especialmente cuando en la actualidad cuando existen más de treinta y cinco mil reclusos, de los cuales el ochenta por ciento está en situación de procesados y el restante veinte por ciento son condenados; siendo necesario revertir esta situación, a través de la debida actuación del sistema de justicia venezolano. El citado estudio se relaciona con la investigación, por cuanto resalta la importancia que en el país se garantice la debida aplicación de los procesos

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judiciales, que permitan juicios rápidos y efectivos, con la finalidad de disminuir el retardo procesal que constituye un factor detonante de la crisis penitenciaria en el país. En este sentido, Romero (2011), presentó un estudio para la Universidad de Carabobo, denominado “Incidencia del retardo procesal en los problemas carcelarios en Venezuela”, enmarcado en una investigación documental, siendo su objetivo analizar la incidencia del retardo proceso en la situación carcelaria, para concluir que en la actualidad, este problema aunado a la inseguridad penitenciaria es altamente violenta y violatoria de los derechos humanos, desviando totalmente su esencia y no contribuyendo a la regeneración del delincuente para reinsertarlo luego a la sociedad. Por ello, es necesario mejorar el sistema de justicia del país; no es posible que hoy en día el mayor porcentaje de los reclusos de los centros penitenciarios no presente sentencia judicial violando sus derechos y el debido proceso y el sistema de justicia, el cual funciona constitucionalmente bajo los principios de celeridad, eficiencia y eficacia. También es necesario depurar los cuerpos armados militares y policiales, formar un nuevo policía, con un diferente perfil humanista y un cuerpo policial con carácter preventivo, no violento y represivo, que s{olo debo recurrir a estos recursos por causas de fuerza mayor. Así mismo, se deben crear nuevos centros educativos a nivel superior

para formar a los que pretendan ser parte de un cuerpo

policial y beneficiarlos con buenos sueldos y salarios, además de brindarles una seguridad social confiable. El citado estudio es relevante, por cuanto resalta la importancia de solventar el problema del retardo procesal, con la finalidad de lograr una adecuada administración de justicia, el cual a su vez, incida en la disminución de la corrupción carcelaria y del problema de hacinamiento e higiene que coloca en situaciones infrahumanas a los privados de libertad.

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Bases Teóricas El Retardo Procesal Penal En relación con este apartado, el retardo procesal puede constituir la vulneración del derecho humano a la tutela judicial efectiva, al no garantizar una justicia sin dilaciones indebidas, así como al debido proceso, en detrimento al derecho a ser juzgado en un plazo razonable. En este marco, Paredes (2003) señala que “El retardo procesal en violación del derecho al debido proceso

afecta a quien es imputado o

acusado de un delito o de una infracción administrativa” (p. 23). En tal sentido, aqu{el que vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva afecta tanto a quien acude ante los órganos de administración de justicia para formular cualquier tipo de pretensión, como a todo el que sea parte del proceso judicial, cualquiera sea su situación de sujeto procesal. Aunado a lo anterior, el retardo procesal en violación al derecho al debido proceso puede conllevar la violación de los derechos a la presunción de inocencia y a la libertad personal, así como la omisión del Estado de garantizar que la incertidumbre de quienes están a la espera de un juicio como imputados de infracciones de cualquier orden, no se prolongue en exceso y que las pruebas no se deterioren o extravíen. Por otra parte, la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva puede conllevar a la vulneración de otros derechos fundamentales, tales como el derecho a la propiedad o los derivados de la víctima de un delito. De igual manera, Vergara (2005) indicó que el retardo procesal se origina “por una violación al debido proceso, ya que el Código Orgánico Procesal Penal (COPP) establece las etapas claras y precisas en las cuales se deben dar los actos” (p. 7). De esto se deduce que, al no darse celeridad a los procesos penales, se está incurriendo en un quebrantamiento de lo 21


establecido en el marco legal venezolano, donde se establece la importancia de que se cumplan los mismos dentro de los lapsos correspondientes. Por su parte, el derecho procesal es fundamental como parte de la administración de justicia, puesto que es allí donde se establecen las reglas básicas de cualquier procedimiento judicial o administrativo y está consagrado en el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), la cual, en el numeral 8, reza lo siguiente: Toda persona podrá solicitar del Estado el restablecimiento o reparación de la situación jurídica lesionada por error judicial, retardo u omisión injustificados. Queda a salvo el derecho del o de la particular de exigir la responsabilidad personal del magistrado o magistrada, juez o jueza y del Estado, y de actuar contra éstos o éstas (p. 35). En atención a lo señalado, se evidencia que el retardo procesal penal constituye una violación de los derechos que tiene toda persona a ser sometido a un juicio enmarcado dentro de la ley, donde la actuación del juez debe darse de forma que garantice celeridad en estos procesos; en tal sentido, la persona que se sienta vulnerado el mismo, puede exigir que los responsables asuman su responsabilidad y por ende, al Estado y sus leyes, a tomar medidas al respecto. De igual manera, la Defensoría del Pueblo (2005) plantea que: Cuando se está ante un retardo procesal injustificado, se deben evaluar varios factores: lo que dictamina la legislación procesal, la complejidad del caso, el comportamiento del procesado o de las partes en el proceso, el comportamiento de las autoridades y si la persona se encuentra detenida. Cada uno de estos factores tiene un peso específico, que difiere según el proceso sea penal o de cualquier otra naturaleza, lo que viene dado por la gravedad de los

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derechos que pudieran verse afectados en el proceso que se trate (p. 18). De ello se deriva que el retraso procesal penal puede afectar las garantías de los derechos, tanto del procesado como de quienes intervienen en el proceso; ésto conllevará a que no se vean vulnerados y al mismo tiempo a llevar adelante juicios ajustados al marco legal venezolano. Para esto intervienen los siguientes elementos: - La legislación procesal penal: Dependiendo del tipo de proceso, se debe acudir al procedimiento previsto en la legislación y tener como referencia los lapsos procesales allí previstos, sin que pueda considerarse como el único factor que determina la razonabilidad del tiempo transcurrido durante el procedimiento, pues es posible que se excedan algunos plazos legales, sin que se concrete una dilación indebida. - Complejidad del litigio: Para medir la complejidad de un litigio se deben atender a distintos factores, tales como su naturaleza, el número de personas que intervienen en él, la cantidad de elementos probatorios así como la complejidad para su evacuación. En el caso específico del proceso penal, se deben evaluar también la gravedad del delito, la cantidad de imputaciones que se le asignan al procesado y la naturaleza de la investigación que se precisa efectuar. - Comportamiento de las partes o del procesado: La conducta de las partes, durante las distintas fases del proceso, debe considerarse para determinar si ha existido dilación indebida, pues si ésta no es atribuible al Estado, no se viola la garantía. En el proceso penal, se debe observar si el procesado

se

niega

a

cooperar en

su

traslado,

puesto

que

su

comportamiento deberá considerarse al momento de determinar si ha existido dilación indebida.

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- Comportamiento de las autoridades: En principio, las autoridades deben cumplir con los actos procesales con la mayor celeridad posible. Se puede decir que el plazo no es razonable, cuando por voluntad propia o por negligencia no se hace avanzar el proceso y se paralizan las actuaciones, o que algunas diligencias y actos procesales tomen un tiempo excesivo en completarse. Crisis Penitenciaria en Venezuela El sistema penitenciario debe atender en principio a la aplicación de unas políticas criminal seria, objetiva y moderna que facilite al Estado la ejecución de medidas preventivas y penal destinada a reducir los niveles de criminalidad tolerantes. El estado tiene la responsabilidad de facilitar los servicios penitenciarios que sirven de estructura para el control, el aislamiento y la ejecución de la pena incluyendo la atención a los imputados y condenados; en este orden de ideas, evitar los comportamientos considerados como antisociales logrando la rehabilitación y su posterior reinserción a la sociedad. Sin embargo, el sistema carcelario Venezolano vive una realidad profundamente deteriorada caracterizada por condiciones sanitarias nulas, corrupción, condiciones infrahumanas, derechos humanos inexistentes hacinamiento, tráfico de armas, drogas y aparatos electrónicos dentro de las prisiones, que constituyen los factores que contribuyen a la violencia. De allí, que en los penales más peligrosos la Ley imperante es la de los reclusos, divididos en bandas que gobiernan en ciertos sectores. Los líderes son llamados “Pranes” y también tienen poder fuera de los centros penitenciarios, con sistemas de comunicación que van de mensajes con familiares hasta celulares que sobreviven a las requisas.

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Por lo tanto, la situación penitenciaria venezolana se presenta sumamente compleja y violenta, evidenciando el fracaso de los diferentes actores responsables de la Administración de Justicia y como consecuencia la flagrante violación de los Derechos Humanos de las personas sometidas al régimen penitenciario. Así lo han venido reseñando por muchos años los medios de comunicación, al igual que algunos actores en el pasado y en el presente. Esta crisis penitenciaria obliga a los presos a vivir en condiciones inhumanas imposibilitando la reinserción de ellos a la sociedad. Se ha vuelto común ver a un personal dentro de los recintos sin ningún tipo de capacitación profesional, son cada vez más los intereses económicos que se mueven entre guardias y reos, tráfico de armas, explosivos y drogas. Al respecto, el Observatorio Venezolano de Prisiones (2012), destacó que, para el año 2012, se registraron: 137 fugas, 92 hechos como auto secuestros, huelgas de hambre y sangre, se decomisaron 1.815 armas en 70 requisas realizadas, entre ellas, 79 revólveres, 81 pistolas, 31 escopetas, 2 subametralladoras, 38 granadas, 985 chuzos, 284 chopos, 6.324 proyectiles y 1.150 cartuchos (p. 31). Estas devastadoras cifras permiten analizar la situación de las cárceles en Venezuela y como poco a poco empeora el panorama penitenciario en el país, producto de las inadecuadas políticas gubernamentales que se vienen gestando desde hace muchos años, producto del manejo poco efectivo de las políticas carcelarias, situación que podría solventarse al privatizar las cárceles, especialmente en la actualidad, cuando la centralización constituye un problema, porque las decisiones tienen que ser tomadas por toda una comitiva asignada por el ejecutivo nacional que probablemente ni estudiará el caso en la brevedad posible ni aportará una solución en el momento.

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En este orden de ideas, Jiménez (2011) menciona: Es cada vez más el personal que no está capacitado para enfrentar la situación carcelaria del país. Hoy día estudiantes universitarios de la materia pueden trabajar en las cárceles sin estar graduados, lo que dificulta el seguimiento de la persona. No se aplican los adecuados planes de saneamiento a los recintos, por lo que es cada vez más común que aparezcan enfermedades de todo tipo que no tengan el tratamiento debido para los afectados (p. 21) De allí, que esto permite evidenciar que hasta los momentos no se han ejecutado las medidas preventivas necesarias según la Corte Interamericana de Derechos Humanos para solucionar algunos de los problemas que se viven en las cárceles del país, por lo tanto, es necesario tomar medidas inmediatas para lograr el buen funcionamiento de ellas con estricta seguridad y planes de saneamiento con urgencia. También se debe crear un personal apto para trabajar en los recintos porque cada vez se agrava la situación con respecto al tráfico de armas y drogas entre el personal que labora en la cárcel y los reos. Otro problema, lo constituye el retardo procesal, que según Lovera (2011) “opera igualmente por las debilidades que marcan las actuaciones que el Ministerio Publico como producto de las estrategias contrarias a la ética profesional por parte de algunos abogados al realizar recusaciones con el único fin de retardar las causas” (p. 88). Este retardo procesal ocasiona daños graves a las privados de libertad, incrementándose las denuncias sobre la insalubridad; la ausencia y deficiencia en el acceso a servicios básicos; la aplicación de maltratos físicos y vejaciones como imposición de disciplina; las prácticas denigrantes que sufren los familiares y visitantes de los centros de reclusión; una infraestructuras que, en muchos casos, atenta contra la seguridad de reclusos y autoridades; las deficiencias de los operadores del sistema de 26


administración de justicia en los procesos judiciales aplicación de beneficios; el comercio de bienes y servicios escasos y de los ilícitos dentro de los recintos, que continúan presentes en la agenda carcelaria producto del retardo procesal penal.

El retardo procesal en la crisis penitenciaria actual El retardo procesal genera nuevas violaciones, siendo el más grave el preso sin condena alguna, así como también se convierte en uno de los problemas que afecta de manera directa el idóneo funcionamiento de la administración de la justicia penal. Así se desprende lo planteado por Gómez (2011), quien considera: En la realidad venezolana, es constante la violación de lo dispuesto en que la Convención Interamericana sobre los Derechos Humanos, que en su artículo 7 ordinal 5, consagra el derecho de toda persona a ser juzgada en un plazo razonable, pues el retardo procesal penal es el principal generador de impunidad e inseguridad jurídica, violentando la tutela judicial efectiva (p. 45). En referencia a lo anterior, el retardo procesal implica una violación de los derechos humanos y garantías contemplados en la constitución, norma suprema, ubicando al imputado o procesado en un estado de indefensión, incumpliendo además con los tratados y convenios internacionales que en esta materia ha suscrito Venezuela. En otro orden de ideas, Carrillo (2010) establece: Uno de los objetivos fundamentales de la reforma del Código Orgánico Procesal Penal, es la reducción de los lapsos procesales para la realización de la audiencia preliminar y la audiencia del juicio oral y público, garantizando y corrigiendo de manera inequívoca una de las fallas de la administración de justicia que 27


afecta considerablemente el sistema penitenciario venezolano y viola flagrantemente los derechos humanos de los imputados y procesados (p. 56). De lo anterior, se desprende que es fundamental que al propiciarse leyes que regulen todo lo relacionado con el proceso penal, es indispensable que las mismas se cumplan cabalmente, especialmente cuando en el retardo procesal

intervienen

diversos

aspectos

como

es

el

caso

de

no

comparecencia de las partes, problemas relacionado con el traslado de los presos a los Tribunales competentes, entre otros aspectos; que van más allá de la simple reforma o creación de nuevos ordenamientos jurídicos. En otro orden de ideas, se destaca que dentro del ámbito carcelario venezolano, el retardo procesal tiene gran responsabilidad en la crisis de hacinamiento, tal como lo plantea Salazar (2011): Las cárceles venezolanas albergan tanto procesados como penados, ya que, por un lado, se encuentra el hecho de que no existe clasificación adecuada según el delito cometido (u otro criterio) y, por el otro, se encuentra el retardo procesal. A este último se le suma la negligencia de las autoridades, la pérdida de documentos por traslado de los reclusos, la falta de vehículos de transporte a los tribunales y la corrupción en los sistemas de justicia. (p. 165). De allí, que el retardo procesal es un detonante en la crisis penitenciaria, contribuyendo directamente al hacinamiento, especialmente cuando los privados de libertad son sometidos a juicios largos, pasando años sin una sentencia definitiva, afectando la reducción de la población recluida, que a la larga generan conflictos como enfrentamientos entre los privados de libertad con la pérdida de la vida, ante el porte de armas producto de la corrupción manifiesta en el sector carcelario venezolano.

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En este contexto, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en ponencia del Magistrado Francisco Carrasquero, aclaró que “(…) a través de la medida de privación judicial preventiva de libertad no se puede anticipar la protección de un bien jurídico utilizándola como pena (…)”. Pero los problemas de retardo judicial no sólo se registran para los procesados que no han sido juzgados y que representan más de la mitad de la población, sino también para los penados que se encuentran a la espera del otorgamiento de las formas de libertad anticipada establecidas en el Código Orgánico Procesal Penal vigente. Es por ello que, aun cuando se registran avances en algunas áreas del Poder Judicial, el retardo procesal continúa siendo un déficit central de la administración judicial, por ende, las bondades procesales del Código Orgánico Procesal Penal, que efectivamente han reducido los tiempos promedios de los juicios penales, se ven opacadas ante la incapacidad del Estado de adoptar medidas adecuadas que faciliten y permitan su plena implementación destinadas a erradicar dicho retardo y mejorar las condiciones actuales de las cárceles venezolanas. Bases Legales El sistema penitenciario en Venezuela debería respetar la presunción de inocencia y el estado de libertad como sus premisas principales, dejando atrás las penas dictadas por los jueces y el verdadero proceso judicial que debe llevarse a cabo con cada criminal, donde se garantice la celeridad en las actuaciones evitando el retardo procesal. En tal sentido, se consulta en primer lugar a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999), que en su artículo 46: Toda persona tiene derecho a que se respete su integridad física, psíquica y moral, en consecuencia: 29


Numeral 2: Toda persona privada de libertad será tratada con el respeto a la dignidad inherente al ser humano. Numeral 4: Todo funcionario público o funcionaria pública que, en razón de su cargo, infiera maltratos o sufrimientos físicos o mentales a cualquier persona, o que instigue o tolere este tipo de tratos, será sancionado de acuerdo con la Ley. Mientras tanto, el artículo 272 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estipula: “El estado garantizará un sistema penitenciario que asegure la rehabilitación del interno o interna con respecto a sus derechos humanos. Para ello, los establecimientos penitenciarios contarán con espacios para el trabajo, el estudio, el deporte y la recreación, funcionarán bajo la dirección de penitenciaristas profesionales con credenciales académicas universitarias y se regirán por una administración descentralizada, a cargo de los gobiernos estadales o municipales, pudiendo ser sometidos a modalidades de privatización (…) El estado creará las instituciones indispensables para la asistencia post penitenciaria que posibilite la reinserción social del ex interno o ex interna y propiciará la creación de un ente penitenciario con carácter autónomo y con personal exclusivamente técnico”. En tanto el Código Orgánico Procesal Penal (2012), establece las garantías señaladas en el artículo 1° que a la letra dice: Nadie podrá ser condenado sin un juicio previo, oral y público, realizado sin dilaciones indebidas, sin formalismos ni reposiciones inútiles, ante un Juez o Jueza, o tribunal imparcial, conforme a las disposiciones de este Código y con salvaguarda de todos los derechos y garantías del debido proceso, consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, los tratados, convenios y acuerdos internacionales suscritos y ratificados por la República.

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En relación con el mencionado artículo, se resalta la importancia que reviste llevar adelante juicios enmarcados en las leyes que rigen esta materia, donde la actuación del juez resulta fundamental, por ser quienes se encargarán de todo este proceso; por lo tanto, sus funciones deben regirse por lo que el marco legal estipule, como es el caso de los lapsos establecidos para el debido proceso, por cuanto esto permitirá la celeridad procesal y por ende, contribuirá a disminuir la crisis carcelaria actual. Igualmente, el Código Orgánico Procesal Penal (ob. cit.), establece en el artículo 6: “Los jueces y juezas no podrán abstenerse de decidir so pretexto de silencio, contradicción, deficiencia, oscuridad o ambigüedad en los términos de las leyes, ni retardar indebidamente alguna decisión. Si lo hicieren, incurrirán en denegación de justicia”. En este sentido, el artículo 107 establece: Los jueces o juezas velarán por la regularidad del proceso, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe. No podrán, bajo pretexto de sanciones disciplinarias, restringir el derecho de defensa o limitar las facultades de las partes. En relación con el mencionado artículo, se evidencia que todo proceso judicial debe enmarcarse dentro de un lapso previamente establecido, lo cual garantiza que no se produzca retardo en esta materia; por ende, la importancia de que los administradores de justicia sean sensibles, contribuyendo así con la celeridad del sistema judicial venezolano. Base Jurisprudencial REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui Barcelona, 19 de noviembre de 2012 31


202º y 153º ASUNTO PRINCIPAL : BP01-O-2012-000034 ASUNTO : BG01-X-2012-000036 PONENTE: DRA. LIBIA ROSAS MORENO. Vista la recusación interpuesta en fecha 22 de agosto de 2012, por el Abogado HECTOR ANTONIO ARANGUREN CARRERO, en su carácter de Apoderado Judicial y Defensor Privado de la ciudadana SOLANGEL DEL VALLE ALVAREZ DE RENDON, contra la Dra. MAGALY BRADY URBAEZ, Jueza Superior integrante de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, indicando como fundamento de su recusación el artículo 86 ordinal 8° del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el artículo 87 ejusdem, correspondiendo a quien suscribe conocer dicha incidencia, de conformidad con lo establecido en los artículos 46 y 47 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación con los artículos 94 y 95 del Código Orgánico Procesal Penal. DEL ESCRITO DE RECUSACIÒN El escrito de recusación presentado por el precitado Abogado, entre otras cosas señala lo siguiente: “…De conformidad con la causal 8º del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, en nombre de la Ciudadana SOLÁNGEL DEL VALLE ÁLVAREZ DE RENDÓN, RECUSO FORMALMENTE a los tres jueces que conforman la Sala Única de la Corte de Apelaciones del Estado Anzoátegui, Dra. GILDA COROMOTO MATA CARIACO, Juez Presidente, Dra. LINDA SILVA, Juez Superior y Dra. MAGALY BRADY URBAEZ, por cuanto han incurrido en retardo procesal injustificado en decidir la pretensión de AMPARO CONSTITUCIONAL incoada con motivo de la abstención o negativa de la Juez Primero (1º) de Primera Instancia en funciones de JUICIO del Circuito Judicial Penal de la Circunscripción Judicial del Estado Anzoátegui, Abogada EVELYN OSUNA, en decidir el sobreseimiento de la causa invocado por mi defendida y por la ciudadana JALOUSIE FONDACCI DE GAMARRA. La pretensión de Amparo Constitucional no ha sido objeto de ningún trámite procesal, lo cual constituye un retardo procesal injustificado que preconiza la denegación de justicia. La presente recusación se fundamenta en la causal 8º del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, puesto que el retardo en tramitar la pretensión de Amparo Constitucional cuyo sustento lo es la VIOLACION DE LA GARANTIA DE TUTELA JUDICIAL EFECTIVA, consagrada en la norma del artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constituye una irregular situación procesal que vulnera las normas de orden público y la jurisprudencia de la Sala Constitucional que instauran el procedimiento expedito para el ejercicio, sustanciación y decisión de las pretensiones de Amparo Constitucional.

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El retardo procesal injustificado en la tramitación de la pretensión de Amparo Constitucional, define el motivo gravísimo que afecta la imparcialidad de los jueces y conculca la Garantía Constitucional de Tutela Judicial Efectiva y el Debido Proceso, consagrados en las normas inseridas en los artículos 26 y 49 de la Carta Magna. Son pruebas de los argumentos que esgrimo a lo largo de la presente recusación, las siguientes: 1º) La pretensión de Amparo Constitucional incoada por las ciudadanas JALOUSIE FONDACCI DE GAMARRA Y SOLANGEL DEL VALLE ALVAREZ DE RENDON, inserta en el expediente Nº BP-01-0-2012-34.2º) La solicitud de sobreseimiento de la causa formulada por mi representada y la ciudadana JALOUSIE FONDACCI DE GAMARRA ante el Juzgado Primero (1º) de Primera Instancia en lo Penal en funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, inserta en el expediente Nº BP01-P-2009-3808, la cual aún no ha recibido ninguna respuesta, lo cual en el contexto del derecho de petición y oportuna y adecuada respuesta, consagrado en la norma del artículo 51 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, acarrea DESTITUCION. En esta situación procesal, en nombre de la ciudadana SOLÁNGEL DEL VALLE ÁLVAREZ DE RENDÓN, agraviada en la pretensión de Amparo Constitucional RECUSO, a los Jueces integrantes de la Sala -Unica- de la Corte de Apelaciones del Estado Anzoátegui, Dra. GILDA COROMOTO MATA CARIACO, Juez Presidenta, Dra. Linda Silva, y Dra. Magalys Bradys Urbaez quienes han incurrido en retardo procesal injustificado al no decidir la pretensión de AMPARO CONSTITUCIONAL incoada por las ciudadanas JALOUSIE FONDACCI DE GAMARRA Y SOLÁNGEL DEL VALLE ÁLVAREZ DE RENDON, circunstancia ésta constitutiva de la causal 8º prevista en el artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, en concomitancia con el artículo 87 ejusdem…” (Sc).DEL INFORME PRESENTADO POR LA RECUSADA Por su parte la Jueza Superior integrante de la Sala Única de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, presentó su informe en el que expresó: “…INFORME DE RECUSACIÓN “…Quien suscribe, DRA. MAGALY BRADY URBAEZ, en mi condición de Jueza integrante de la Sala única de la Corte de Apelaciones de la circunscripción judicial del Estado Anzoátegui, una vez verificada la recusación interpuesta el día de ayer 22 de agosto de 2012 por el ciudadano HECTOR ARANGUREN CARRERO, en su carácter de apoderado judicial y defensor privado de la ciudadana SOLANGEL DEL VALLE ALVAREZ DE RENDON, con fundamento en el ordinal 8° del artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal en contra de las tres juezas que conformamos este Tribunal Colegiado; para seguir conociendo en la acción de amparo signada 33


con el número BP01-O-2012-000034. Procedo a presentar informe previsto en el último aparte del artículo 93 de la ley penal adjetiva, en los términos siguientes: Expresa el mentado profesional del derecho que mi persona, junto al resto de mis compañeras que integramos esta Alzada, incurrimos presuntamente en retardo procesal injustificado para decidir la ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL, incoada por la presunta abstención o negativa de la Juez Primera (1°) de Primera Instancia en función de Juicio de esta misma circunscripción judicial, DRA. EVELYN OSUNA, para decidir el sobreseimiento de la causa invocado a favor de su defendida y por la ciudadana JALOUSIE FONDACCI DE GAMARRA. Es de hacer notar que sobre el particular indicado, esta Corte de Apelaciones en fecha 20 de agosto del año que discurre dictó pronunciamiento en la acción de amparo interpuesta por el hoy recusante, en contra de la ciudadana DRA. EVELYN OSUNA en su condición de Jueza Primera (1°) de Primera Instancia en función de Juicio de esta misma circunscripción judicial en el que alega la presunta abstención o negativa para decidir el sobreseimiento de la causa invocado a favor de su defendida y por la ciudadana JALOUSIE FONDACCI DE GAMARRA. La decisión emitida el 20 de agosto de 2012 por esta sede Constitucional es del tenor siguiente: “…ASUNTO: BP01-O-2012-000034” “PONENTE: Dra. CARMEN B. GUARATA “Se recibió ante esta Corte de Apelaciones, actuando en Sede Constitucional, escrito presentado por los Abogados HECTOR ANTONIO ARANGUREN y RICARDO RAFAEL REYES RINCON, quienes interponen Acción de Amparo Constitucional, de conformidad con establecido en los artículos 21, 26, 27, 44.1, y 49.4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículos 1, 5, 16, 18, 22 y 23, de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, en nombre y representación de las ciudadanas SOLANGEL DEL VALLE ALVAREZ DE RENDÓN y JALOUSIE FONDACCI DE GAMARRA, titulares de las cédulas de identidad Nº 4.582.913 y 8.930.540, respectivamente, en contra del Tribunal de Juicio Nº 3 del Circuito Judicial Penal, quien en su criterio se ha abstenido de pronunciarse con respecto a la solicitud de sobreseimiento formulada por la defensa en fecha 26 de abril de 2012, ejercido conjuntamente con la medida cautelar innominada constituida por la libertad plena de las mencionadas ciudadanas…” “DISPOSITIVA” “Por las razones antes expuestas, esta Corte de Apelaciones Accidental del Circuito Judicial Penal del Estado Anzoátegui, actuando como Tribunal Constitucional, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes 34


pronunciamientos: PRIMERO: Declara INADMISIBLE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por los Abogados HECTOR ANTONIO ARANGUREN y RICARDO RAFAEL REYES RINCON, en representación de las ciudadanas SOLANGEL DEL VALLE ALVAREZ y JALOUSIE FONDACCI DE GAMARRA, titulares de las cédulas de identidad Nº 4.582.913 y 8.930.540, respectivamente, de conformidad con el artículo 6 numeral 5º de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales y en justa concordancia con los fallos jurisprudenciales invocados en la parte motiva del presente fallo; toda vez que los accionantes en amparo, no agotaron las vías ordinarias preexistentes, es decir, no ejercieron recurso de revocación, de apelación, de nulidad conforme a las previsiones del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: En cuanto a la solicitud de Medida Cautelar Innominada formulada por los defensores de confianza referida a que sea decretada la libertad plena de las acusadas de autos se DECLARA INOFICIOSO emitir pronunciamiento sobre la medida cautelar innominada solicitada dado su accesoriedad del amparo interpuesto, a tenor de lo previsto en el Fallo Nº 62, de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con Ponencia de la Magistrada DRA. CARMEN ZULETA DE MERCHÁN, de fecha 16 de febrero de 2011; todo con fundamento en los razonamientos esgrimidos en la parte motiva de la presente decisión…” En base a la transcripción que antecede, se desprende que mi persona no está incursa en la causal de recusación alegada por el ciudadano HECTOR ARANGUREN CARRERO, en su carácter de apoderado judicial y defensor privado de la ciudadana SOLANGEL DEL VALLE ALVAREZ DE RENDON al no existir retardo procesal injustificado en decidir en el asunto que indica, pues su pretensión fue resuelta en el tiempo de ley en la citada fecha del 20 de agosto del año que discurre. En consecuencia, pido sea declarada SIN LUGAR la presente recusación, por los motivos expuestos anteriormente. El 15 de Noviembre del año que discurre este Despacho declaró admisible la incidencia de recusación y la prueba promovida por la Jueza recusada. MOTIVACION PARA DECIDIR Leído y analizado el contenido de las actas procesales remitidas a este Despacho Accidental, estando dentro de la oportunidad legal referida en el artículo 96 de la ley penal adjetiva, pasa a decidir de la manera siguiente: La presente recusación se fundamenta en el artículo 86 del Código Orgánico Procesal Penal, específicamente en el ordinal 8º el cual expresa… “cualquier otra causa, fundada en motivos graves, que afecte su imparcialidad”, con la cual se pretende separar a la Jueza integrante de la Sala Única de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal del conocimiento de la causa. 35


Ahora bien, en materia de recusación la Sala Penal del Máximo Tribunal de la República ha dejado sentado, lo siguiente: “… La recusación constituye un acto procesal cuyo efecto no es otro que la exclusión del Juez del conocimiento de la causa, con fundamento en algunas de las causales previstas en la Ley, ello con el fin de que no se vea comprometida la justicia y probidad del juzgador y asegurar de esta manera la imparcialidad del mismo en sus decisiones” (Sentencia 445, 2-8-2007. Magistrada Ponente: DEYANIRA NIEVES BASTIDAS). Asimismo, en relación a la necesidad de la existencia de pruebas para resolver los asuntos controvertidos que se someten a nuestra jurisdicción, ha dicho el Tribunal Supremo de Justicia, lo siguiente: Sala de Casación Penal, Sentencia Nro. 382 del 23/10/2003, Ponente Dr. JULIO ELIAS MAYAUDÓN. "La Sala ha dicho que la prueba es el eje en torno al cual se desarrolla todo proceso y su producción, evacuación y valoración debe ser la razón de ser del mismo. " De las actuaciones habidas en el presente caso, se observa que el recusante refiere que la Jueza recusada, ha incurrido en retardo procesal injustificado en decidir la pretensión de la acción de Amparo Constitucional incoada con motivo de la abstención o negativa de la Jueza Primera de Primera Instancia en funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, Abogada EVELYN OSUNA, en pronunciarse en relación al Sobreseimiento de la causa invocado por su defendida SOLANGEL DEL VALLE ALVAREZ DE RENDON y por la ciudadana JALOUSIE FONDACCI DE GAMARRA. Por su parte, la Jueza recusada en su informe presentado en fecha 2308-2012, alegó no estar incursa en la causal de recusación alegada por el profesional del derecho Abogado HECTOR ARANGUREN CARRERO, en su carácter de autos, al no existir retardo procesal injustificado para dictar pronunciamiento en la acción de amparo BP01-0-2012-000034, interpuesta por el hoy recusante, en contra de la ciudadana DRA. EVELYN OSUNA, Jueza Primera de Primera Instancia en función de Juicio de este mismo Circuito Judicial Penal, ante la presunta abstención o negativa de la precitada Jueza, para decidir el Sobreseimiento de la causa invocado por su defendida y por la ciudadana JALOUSIE FONDACCI DE GAMARRA, toda vez que su pretensión fue resuelta en el tiempo de ley, es decir, en fecha 20 de agosto del año que discurre, tal como se evidencia de la copia certificada de la decisión proferida por la Corte de Apelaciones y transcrita en líneas anteriores..Así las cosas, se concluye la decidora que el recusante no aportó las pruebas que demuestren la veracidad de sus afirmaciones siendo que por el contrario, según ha informado la juez recusada, en el asunto BP01-0-2012000034, fue proferida resolución judicial, en fecha 20 de agosto de 2012, que declaró “…INADMISIBLE LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL interpuesta por los Abogados HECTOR ANTONIO ARANGUREN y 36


RICARDO RAFAEL REYES RINCON, en representación de las ciudadanas SOLANGEL DEL VALLE ALVAREZ y JALOUSIE FONDACCI DE GAMARRA…” y por notoriedad judicial que, cursa por ante la citada corte el asunto con la nomenclatura BP01-0-2012-0034 que, efectivamente su pretensión fue decidida como se menciona supra; de manera que aprecia que el proceder del recusante no es acorde a los postulados del artículo 102 del Código Orgánico Procesal Penal, que exige a las partes litigar con buena fe, evitando los planteamientos dilatorios y cualquier abuso de las facultades que este Código les conceda, ya que deben fundamentarse en un hecho tangible que revele por si mismo la causal que contempla el numeral 8º del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se declara SIN LUGAR la recusación interpuesta por el Abogado HÉCTOR ANTONIO ARANGUREN CARRERO contra la Dra. MAGALY BRADY URBAEZ, Jueza Superior integrante de la Corte de Apelaciones, con fundamento en el artículo 86, numeral 8 del Código Orgánico Procesal Penal.- ASÍ SE DECIDE. DISPOSITIVA Por los razonamientos expuestos, este Despacho Decisor Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley,, DECLARA SIN LUGAR la Recusación interpuesta por el Abogado HECTOR ANTONIO ARANGUREN CARRERO, en su carácter de Defensor privado y apoderado judicial de la ciudadana SOLANGEL DEL VALLE ALVAREZ DE RENDON, contra la Ciudadana Jueza, Dra. MAGALY BRADY URBAEZ, miembro de la Sala única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Anzoátegui, indicando como fundamento de su recusación el artículo 86 ordinal 8° del Código Orgánico Procesal Penal, en relación con el artículo 87 ejusdem, por los fundamentos expresados en la parte motiva del presente fallo. Dado, sellado y firmado, en la sede del Palacio de Justicia de Barcelona, a los Diecinueve (19) días del mes de noviembre del año dos mil doce (2012).

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CAPÍTULO III MARCO METODOLÓGICO Tipo de Investigación El presente estudio se enmarca en la modalidad de investigación documental. Al respecto, Zamudio (2000) señala: La investigación documental depende fundamentalmente de la información que se recoge o consulta en documentos, entendiéndose este término, en sentido amplio, como todo material de índole permanente, es decir, al que se puede acudir como fuente o referencia en cualquier momento o lugar, sin que se altere su naturaleza o sentido, para que aporte información o rinda cuentas de una realidad o acontecimiento. (p. 70). Por lo tanto, la investigación documental se caracteriza por permitir la obtención de conocimientos a partir del análisis de datos ya recolectados en otras investigaciones y que se extraen de las distintas fuentes de consulta. En ese mismo orden de ideas, se llevó a cabo un análisis del retardo procesal en la crisis penitenciaria actual venezolana. Técnicas e Instrumentos de Recolección de Información

En cuanto a las técnicas que se emplearon y parafraseando a Montero (2002) y Ilis (2002) quienes señalan entre otras cosas lo siguiente: "las técnicas son los distintos procedimientos del cual se valen los investigadores

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entre ellas se pueden mencionar: la del fichaje-entrevista, observación y análisis de contenido entre otras." (p. 50). La ficha constituyó una de las técnicas de recolección de información que permitió sistematizar, ordenar y jerarquizar aquellos datos relevantes para el estudio. Por último, la observación estructurada constituyo al igual que las anteriores otra de las técnicas en esta fase del proceso, tal y como lo señala Tamayo y Tamayo (2005), quien indica lo siguiente: “Se presenta esta técnica cuando el investigador corrobora los datos de otros ya sea a través de testimonios orales o escritos de personas expertas en el área de estudio que han tenido contacto de primera mano con la fuente que proporciona los datos”. (p. 100) Por otro lado también se emplearon otras técnicas como la técnica del resumen, la cual según Méndez (2006) "la misma consiste en extraer de las fuentes primarias información válida que servirá de sustentación para corroborar aún más los objetivos de la investigación" (p. 80). De igual modo se consultó en detalle otra de las técnicas como es el análisis de contenido, a objeto de poder hacer las interpretaciones pertinentes en relación a las variables en estudio, al respecto el precitado autor resalta lo siguiente: La técnica de análisis de contenido es de suma utilidad para los estudios bibliográficos-documentales,

porque

permite

extraer

de

las

fuentes

consultadas no sólo información valida sino que también estos datos pueden ser objeto de análisis por parte del investigador desagregando el todo en las partes en un ir y venir de las partes al todo y viceversa. (p. 81) Y finalmente la técnica de la observación estructurada, mediante la cual fue posible centrar la misma en aquellos elementos que de manera directa y/o indirecta se relacionan con el estudio en cuestión, relacionado con el retardo procesal en la crisis penitenciaria actual venezolana.

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Al respecto Méndez (2006) manifiesta lo siguiente: "La técnica de la observación estructurada constituye otra de las formas procedimentales de recabar información relevante y de utilidad en los estudios bibliográficosdocumentales." (p. 82) Las técnicas en cuestión facilitaron no sólo la consecución de los objetivos, sino también ir construyendo en el proceso investigativo lo inherente a la operacionalización que no fue otra cosa que la manera como se llevó a cabo el procedimiento. El diario de campo parafraseando a Méndez (ob. cit.) establece lo siguiente: “Es un instrumento de recolección de información que se emplea generalmente en los trabajos de campo, mientras que la hoja cronológica y el informe expresa el autor en cuestión permite sistematizar y jerarquizar aquellos datos de interés para el estudio” (p. 85) Obviamente si se refiere estrictamente a su nombre para algunos dogmáticos de la metodología de la investigación ello seria incurrir en caso erróneo porque no se esta realizando trabajo de campo, pero tal instrumento no solo es empleado en tales situaciones, sino que también podemos emplearlo en los trabajos bibliográficos-documentales sobre todo si pretendemos ir haciendo interpretaciones sobre algunos y este instrumento facilitó tal registro. Por último a través de la observación estructurada se pudo direccionar adecuadamente la información pertinente que era necesaria para constatar a nivel bibliográfico o documental los elementos a partir se desarrollo el proceso investigativo, basado en el retardo procesal en la crisis penitenciaria actual venezolana. Al respecto Méndez (1996) expresa: "que la observación estructurada es un procedimiento empleado por el investigador para constatar las variables discretas o continuas, enunciadas en el curso del proceso." (p. 88). Este conjunto de procedimientos empleados permitió verificar teóricamente los

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elementos anotados y descritos en la operacionalización de las variables ajustado en todo momento a lo solicitado en el manual para la elaboración, presentación y evaluación de los trabajos de grado. Procedimiento de Investigación

En principio cabe destacar que las etapas y/o fases que se cumplieron para culminar el presente proyecto de trabajo, estas se refieren a todos los aspectos pertinentes en la elaboración del trabajo; siendo entre estos los mas importantes a destacar, las fases de investigación del tema, seguido por la

elaboración

del

marco

teórico,

la

recolección

de

datos

y

consecuentemente su interpretación y análisis. En este último punto, referido a la interpretación y análisis del material obtenido, se emplearon las técnicas del estudio para los trabajos documentales bibliográficos referidas al estudio cualitativo. Para tal efecto, en este tipo de proyecto se puede referir, las etapas a cumplir fueron las siguientes: 1. Indagación en los antecedentes sobre el tema del retardo procesal en la crisis penitenciaria actual venezolana. 2.

Se

revisó

el

material

bibliográfico

documental

respectivo,

implementando las técnicas expresadas en líneas anteriores. 3. Se desarrolló una perspectiva teórica adecuada a los planteamientos expuestos 4. Se construyó el marco teórico 5. Y se elaboraron una serie de Conclusiones con base en la investigación realizada, para finalmente realizar un aporte significativo de recomendaciones en torno al tópico desarrollado.

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CAPÍTULO IV

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Conclusiones

De la presente investigación y ante la importancia de esta temática, se plantean las siguientes conclusiones: En la actualidad, la administración de justicia en Venezuela sigue siendo un proceso lento, engorroso, con atrasos constantes producto de la falta de celeridad de los jueces, fiscales, abogados y las partes, quienes contribuyen al diferimiento constantes de audiencias, bien por conveniencia o bien por la carente responsabilidad en acciones como su ausencia en el juicio, inhibiciones sin fundamento, entre otros aspectos; que requiere de una debida actuación del Estado para que conjuntamente con el Tribunal Supremo de Justicia, optimicen el funcionamiento de los tribunales penales, garantizando así celeridad y evitando problemas que de esta situación se desprende como es el caso del hacinamiento carcelario. Del mismo modo, en el país, los últimos años se han visto marcados por problemas carcelarios, donde la violencia ha imperado y ocasionado la muerte de privados de libertad, producto de las precarias condiciones en las cuales se encuentran sumergidos los centros penitenciarios, por aspectos

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relacionados con el retardo procesal, que trae como consecuencia que los imputados no sean trasladados a las sedes tribunalicias bien sea para su definitiva absolución o sentencia, situación esta generada por la poca celeridad en la administración de justicia, donde son evidentes la acumulación de causas que atentan contra los derechos de los reclusos al debido proceso como precepto constitucional que enmarca la justicia en Venezuela. Por lo tanto, es evidente la relación del retardo procesal con la crisis carcelaria del país, esto requiere de una debida supervisión, control y accionar del Estado, para que así se solvente esta situación negativa que está contribuyendo a incrementar los problemas carcelarios del país, es decir, que se asuma con responsabilidad la actuación de los Fiscales del Ministerio Público, Jueces y Abogados Defensores, con la finalidad de lograr sentencias condenatorias o absolutorias de manera rápida, logrando así una administración de justicia viable, eficiente y rápida. Recomendaciones En el marco de esta investigación, a continuación se aportan las siguientes recomendaciones: Al Estado, por ser quienes tienen la responsabilidad de invertir para optimizar la administración de justicia, de manera que se sancione a los Fiscales del Ministerio Público, Jueces y Abogados Defensores, de comprobarse que su actuación ha afectado la celeridad procesal penal en el país. Al Tribunal Supremo de Justicia, como máximo ente judicial del país, cuyas autoridades deben ser garantes de la adecuada administración de justicia, velando por el cumplimiento de los distintos tribunales ubicados en el

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territorio nacional, a fin de lograr la celeridad procesal que constituyen acciones positivas para disminuir los problemas carcelarios del país. Es por ello, que es recomendable una mejor actuación de la Fiscalía, Jueces, Abogados, entre otros; que asistan a cada uno de los juicios programados, de manera que el imputado no tenga que ser nuevamente traslado más adelante, haciendo que el proceso penal se vuelva lento. Del mismo modo, el retardo procesal debe ser considerado como un delito violatorio a los derechos y garantías constitucionales y judiciales que asisten a los imputados, por ende, resulta fundamental que el Juez se sensibilice ante dicho problema, pues como administrador de la justicia debe contribuir a que los juicios se desarrollen de manera efectiva, para que así se evite el retardo procesal y se dé celeridad a los procesos penales del país.

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Tesis retardo procesal crisis carcelaria