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/ Expediente CA-OO40-09. PROCURADURÍA PARA LA DEFENSA DE LOS IDERECHOS HUMANOS Salvador, a Jas ocho horas de] día ,'einticinco dejulio de dos mi] nue,'e.

I

Sa'l

Hecho.\"denunciad()s: A tt'avés de denuncia interpuesta ante esta Procuraduría el día veilltitrés de julio del presente año, por persona que solicitó qLle SLI nombre: se malltenga ba.io reserva de contidencialidad con base en el artícLl.lo 34 de la Ley de la ProcLlraduría para la Defellsa de los Derechos I-Iumanos, se tLlVOconocimiento de los sil~Llientes hechos:

Que los jóvenes José Alexander Beltrán Castillo.. I-,udwill Franklill Iraheta y Vladilnir Abarca Ayala, laboran como con"esponsalesde Radio Victoriíl ell el ucparlalllento ue Cabañas y en razón de su labor periodística y del contexto actual que se vive en el depaliamento de Cabañas u'as la muerte de\ señor Marce\o I{ivera.. ex-director lle la casa de la cultura de San Isidro, constantemente se encuentrall ucnuncianuo el Ilecllo a través de la radio y exigiendo a las autoridades con-espondientl~suna investigaciólI exhaustiva que posibilite la identificación de los autores materiale~; e intelectuales del Itolllicidio. Según la denuncia, debido a lo anterior, los.jóvenes antes referidos recientemente hall sido víctimas de amenazas por parte de personas que no se idel'Jtificélny quc utilizan diferentes medios como mensajes cortos que envían desde intemet hacia sus teléfonos celulares.. manuscritos anónimos que introdllcen bajo las puerta~; de sus residencias e incluso llamadas telefónicas directas" En todos ellos los amenazalltes relacionan (Juede continuar con su labor periodística conerán la misma suel1e que el difunto Marcelo Rivera, utilizando frases como "vos sos e\ siguiente", "mucho \\a1L)\aste en Sat\ \sidt"o",."a\ t"ato te toca", etc. Agregó el denunciante que tal situación ha causado zozobra e inestabilidad en los ámbitos laborales, familiares y sociales de estos ,jóvenes, qllienes se han visto obligados a modificar sus rutinas dialias e incluso a faltar a sus labores y compromisos a fin de garantizar su seguridad. Asimismo, expresó qu(~ estas personas temen por su seguzjdad personal, la de sus familias y compañeros de trabajo, por lo que solicitó a ésta Institución que se adopten las medidas necesarias en orden a 10 descrito. Personal de esta Procuraduría examinó un manuscrito que según lo expresado por el joven Ludwin Franklin Iraheta fue encontt"adocerca de la pue11ade su casa de habitación en la mañana del día veinticuatro del couiente mes" En dicl1lo documento se le advie11e al dicente que debe de tener cuidado pues él "también ésta en la lista" haciendo referencia posterionnente a las circunstancias en que se encontt"ó (~l cadáver del ex director de la Casa de la Cultura del municipio de San Isidro, Departam(~ntode Cabañas.

I


2. C'onrideraciones: Re.\pecto de l(}s hech(}s denunciad(}s internaci(males del E.\'tad(} sah'ad(}rell(}.:

2,

y las obligaciones nacionales

Los hechos antes descritos, a]uden a graves afectaciones

e

a] derecho a ]a vida y a la

integridad personal, por las amenazas recibidas por los jóvenes José Alexander l3eltt-án Castillo, Ludwin Franklin lraheta y Vladimir Abarca ,i\:.¡a]a y siendo que tales amenazas pretenden restringir el ejercicio de su labor periodística iinplican a su vez una vulneración al derecho a la libertad de expresión; contl-ariando lo establecido en los allículos 1, 2 y 6 de la Constitución de la República, 3 y 19 de la Dec:laración Universal de Derechos Humanos,. I y IV de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre,. 6 y 19 de] Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y 4, 5 Y 13 de la Convención Americana sobre Derec\10s l--{umanos. Sobre las obligaciones nacionales e internacionales que El Salvador tiene en materia de derechos humanos, debe tenerse presente que el derel:ho internacional impone a los Estados diferentes tipos de obligaciones frente a la~; personas, así los Estados se encuentran obligados a respetar, garantizar y cumplir los (lerechos llumanos, además tienen la obligación de adecuar e] ordenamiento interno a los estándares internacionales de protección a derechos humanos y de adoptar la~; medidas necesarias para dar efectividad a estos. Por su parte, la Col1e Interamericana de Derechos Hurnanos, en su jurisprlldencia, ha sostenido que son dos las obligaciones que para los Estal:ios se desprenden del artículo] de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, t~1deber de respeto y el debel- de

garantía. Sobre el deber de respeto, la CoI1e ha señalado "La

primera

obligación

libertades límites

que

humana

asumida

reconocidos

y,

en

derivan en

de

por

la

que

los

consecuencia,

los

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Convención.

El

derechos

superiores

Partes,

hUmall0S al

(...)

Ejercicio

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son

del

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de

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..) Confonne toda

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derechos

reconocidos

un

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de

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en

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derechos,

Estado se está

es

ilícita por

o de ante

la una un

artículo".!

1Cfr. Caso VelásquezRodríguez,serltenciadel 29 dejulio de 1988, párratos 165 y 169 Y Caso Godínez CrllZ, sentenciadel 20 de enerode 1989,párrafos 174y 178.


J

En cuanto al deber de garantía, la referida Corte ha establecido )0 siguiente "La segunda obligación de los Estados Partes cs la de garanti2:ar el libre y plcno cjcrcicio dc los dercchos reconocidos cn la Convcnción a toda persona sujcta a su jurisdicción. Esta obligación implica el deber dc los Estados Partcs de organizar todo cl aparato gubernamental y, en gcncral, todas las cstructuras a través dc las cualcs sc manificsta cl ejercicio del poder público, dc mancra tal que scan capaccs de asegurar jurídicamclltc cl libre y plcno ejercicio de los derechos humanos (...). La obligación de garmltizar cl libre y plcno cjcrcicio de los dcrcchos humanos no sc agota con la existencia dc un ordcn normativo dirigido a hacer po!;iblc el cumplimiento dc esta obligación, sino que comporta la ncccsidad de una conducta J~ubcrnamcntal qllC ascgurc la existcncia, cn la rcalidad, dc Ulll cficaz garantía dcl librc y plcno ejcrcicio dc los dcrcchos

humanos. (...) El Estado cstá en cl dcbcr jurídico dc prcvcnir, razonablemcnle, las violacioncs dc los dcrcchos humar1os,dc invcstigar scriamcnlc con los mcdios a !;u alcancc las violaciollcs quc sc hayan comctido dcnlro dcl ámbito dc su jurisdicción a fin dc idcnlificar 3 los rcsponsablcs, dc imponcr las sancioncs pcrtincntcs y dc ascgurar a la víctima Ul1aadccuada rcparación".2

En tal sentido, dichas obligaciones deben ser observadas por el Estado salvadoreño frente a todas las personas, sin distinciones de ninguna naturalleza. El Estado salvadoreño.. se encuentra obligado a respetar y garantizar los derechos 11umanos y la dignidad humalla, dada la concepción personalista que dirnana del Art. 1 de la Constitucióll de la '~epública que reconoce a la persona como el origen yel fin de su actividad.

En el caso que nos ocupa, no se ha denunciado situación alguna que pertllita inferir la participacjón directa de agentes del Estado en las amenaZéllS recibidas por los j{)vencs José Alexander Beln-án Castillo, Ludwjn Franklin Iraheta y V11adjmirAbarca Ayala, debido a ello, no se considerarán, de momento, acciones para exigir de los entes competentes del Estado el cumplimiento al deber de respeto de los derechos humanos antes referido; sin embargo, en CUatltO al deber de garantía, el caso impone la necesidad inmediata de prevenir que las atnenazas se concreticen, a través de l~l adopción de medidas para la seguridad de las víctimas, la investigación de los hechos y la sanción de los responsables, 10 cual es exigible al Estado por ser su obligación, según i!os tél1ninos establecidos por la Corte. 2.2. Respecto del Derecho a la vida: Esta Procuraduría ha señalado con anterioridad, que "el v¿uor 'vida' [...] se constituye en el valor principal dentro de la escala axiológica de los derechos humanos"3, de tal fonDa que "el derecho a la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un 2Op cit. Caso Velásquez Rodríguez, párr. 166, 167 Y '74 Y Caso Godínez CJ11Z, párr.

75.

76 Y 184

3


prerrequisito para el disfl1lte de todos los demás derechos humanos. De no ser respetado, todos los derechos carecen de sentido. En razón del carácter fundamental del derecho a la vida, no son admisibles enfoques resn.ictivos del mismo.[...] Los Estados tienen la obligación de garantizar la creación de las condiciones que se requieran para que no se produzcan violaciones de ese derecho básico y, en partic:ular, el deber de impedir que sus agentes atenten contra é1"4. En esos ténninos, y siendo que las amenazas recibidas por los jóvenes José Alexander Beltrán Castillo, Ludwin Frankl in .Iraheta y Vladimir Abarca A yala, se refieren a atentados en contra de sus vidas, a través de alusiones directas hechas sobre la muerte del señor Marcelo Rivera, quien lamentablemente fue ase~)inadoen días recientes y cuyo cuet-po, según información pílblica, presentaba señale:s de haber sido torturado, esta Procuraduría considera que de no prevenirse cualquier atentado en pel~juicio de estas personas" se estaría violando SLIderecho a la vida. 2.3. Respecto

del Derecho

a la libertad

de expresif)n:

[Ja Corte Interamericana de Derechos Humanos, con fecha 13 de noviembre de 1985 emitió la Opinión Consultiva No. 5 referente a la libeI1ad de expresión, en la que señaló lo siguiente: "'El al1Ículo 13 [de la Convención Americana de Derechos J-lumanos] señala que 1a Jibel1ad de expresión "comprende la libel1ad de busCal', rc~cibir y diflJndir intolmaciones e ideas de toda índole.. .". Esos ténninos establecen 1iteralmente que quienes están bajo la protección de la Convención tienen no sólo el derecho y la libertad de expresar su propio pensamiento, si no también la libertad de buscar, recibir y difundir infonnaciones e ideas de toda índole. Por tanto cuando se restringe ilegalmente la libel1ad de expresión de un individuo, no solo es el derecho de ese individuo el que está siendo violado,. si no también el derecho de todos a recibir infonnaciones e ideas. ...".

En tal sentido, esta Procuraduría considera que las amenazas recibidas por los jóvenes José Alexander Beltl-án Castillo, Ludwin Franklin Iratleta y Vladimir Abarca Ayala" restringen ilegalmente su trabajo como corresponsalles de Radio Victmia en el departamento de Cabañas, ya que según la denuncia, estas pretenden evitar que las víctimas continuen denunciando la muerte de Marcelo Rivera a través de la radio, en donde además exigían a las autolidades colTespondientc~suna investigación exhaustiva para la identificación de los autores materiales e intelectuales del homicidio. Es 3Infonne Especialde la SeñoraProcuradorapara la Defensade los Dere(;hosHumanos, en tomo al caso de Katya Natalia Miranda Jiménez,de fecha 09 de Mayo de 2002. 4 Sentenciade la Corte Interamericanade DerechosHumanos sobre el C¡lSOVillagrán Morales y otros, referido a homicidios de niños de la calle en Guatemala,de fecha 19 de noviembrl~de 1999, citada en el Infonne Especial relacionadoen la Nota l. 4


I importante destacar que, bajo los parámetros establecidcls por la Corte, las amenazas q'~ reciben los jóvenes José A1exander Beltrán Castillo" Ludwin Frank1in lraheta y Vladit..~~ Abarca Ayala no sólo afectan su libel1ad de expresión, sino que también restringen el derecho a recibir infonnación a todas las personas que escuchan Radio VictoT)a, por tanto, dichas amenazas deben en-adicarsea la mayor brevedad. 2.4. Re.\pect(} del mandato

de PDDH:

El a11Ículo 36 de la Ley de la Procuraduría para la defensa de los Derechos humanos

establece: "Al rccibir la dcnuncia, tcncr col1ocimicnto dc los hcchos o cn cualquicr cstado dcl proccdimicnto, para cvitar quc sc col1sumcn daños irrcparablcs a la perSOlla,el Proellrador podrá adoptar las medidas cautelarcs quc cstimc I1cccsarias y cficaccs. La adopci()11de talcs mcdidas no prcjuzgará la matcria dc la rcsolución final".

De dicha disposición se desprende que la finalidad de las medidas cautelares es evitar la consumación de un daño iITeparable para la persona hUmé1l1a.Tales medidas se adoptan, en ténninos similares a las medidas provisionales que dicta la Corte 111teré[lllericalla de Derechos Humanos o las medidas cautelares dictadas por la Comisión lllteralllericana de Derechos Humanos, en una alegada situación de extrema gravedad y l[rgencia con supuesta probabilidad de un daño iITeparable a la persona humana.5 Las medidas provisorias, cauteJares o conset-vativas, son definidas por Chiovenda, como "aqueJIas medidas especiaJes detenninadas por el peligro o la urgencia, que se emiten antes de que sea detenninada la voluntad concreta de la ley que nos garantiza un bien, o antes de que sea cumplida su actuación para garantizar su futura actllación prá(~tica"G.

Por OU"apalie y como señala García Ramírez: "a la tutela internacional como nacional de los derechos humanos interesa sobremanera prevenir las 'violaciones y no sólo reparar sus consecuencias. De ahí la existencia de medidas precautorias o cautelares denominadas provisionales, indispensables para asegurar el derecho e impedir o reducir la violación, a las que se les asigna carácter tutelar y cautelar y que poseen obviame11te eficacia obligatoria". Estas medidas continúa, "se erigen sobre ciel1as condiciOlles: que haya extrema gravedad y urgencia y que se dirijan a evitar daños ilTeparables a las personas,,7.

sCan~adoTrindade,Antonio Augusto.Voto razonadoa la resoluciónde 0(, de septiembrede 2()()6,sobreMedidas Provisionalesde Protecciónde la Cortelnteramericanade DerechosHumanosen el casoGloria Giralt de García Prieto y Otros versus El Salvador. 6Greif, JaÍlne.Medidascautelares,Rubinzal- Culzoni Editores, Primera Edición, pág. 50, Buenos Aires, Argentina 'García Ranúrez,Sergio."Medidas precautorias.En: v.'WW.bibliojuridica.orgl'librosII/324/15.pdf


.Adopte

Vale decir que, las medidas cautelares o provisionales son un mecanismo procesal utilizado por diversos tribunales y órganos cuasi jurisdiccionales internacionales, tanto en el ámbito universal de Naciones Unldas, como en los sistemas regionales de protección de derechos humanos de Europa y AInérica. Así también esta facultad le es concedida al Ombudsman, Defensor del Pueblo o Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, en aras de una tutela efectjva de derechos humanos. Las medidas cautelares tjenen como finalidad proteg(~r los derechos humanos ante un grave riesgo de Sll vlllneración, de allí que para otorgar/as deben reunjrse los reqlljsitos básjcos de 1a extrema gravedad y urgencia y de la prevención de daños irreparables a las personas, en tanto que se transfonnan en una garantí,:¡ cuasi jurisdiccional de carácter preventivo, dada su vinculatoriedad jurídica. Por su n¡lturaleza, las medidas cautelares, son de carácter provisional y temporal y no prejuzgan la materia de la resolllción final. Esta atl"ibución del Procurador para la Defensa de los Derechos f-rllmanos ha sido empleada en anteliores oporttmidades, por haberse estimado procedente decretar medidas caute\ares con carácter de urgel\C1a, para prevenir afectac101\eS11l."eparablesa los derechos humanos!!. Por todo lo anterior, en el ejercicio de las potestades constitucionales y legal(~s, derivadas del Alt. 194 romano I ordinales 1°, 2°, ] 0° y ] 1° de la Constitución de la l"{epúbJica y J ], 27, 28 36 Y 45 de la Ley de la ProcuTaduría para la Defensa de los Derechos Humanos, el Procurador para la DeJensa de los Derechos l-lumanos, con la finalidéld de evitar qlle se consumen daños irreparables en la vida e intehJ.fidad fisit::a de los jóvenes José Alexander Beltrán Castillo, Ludwin Franklin Iraheta y Vladimir Abarca Ayala, DICTA las siguientes medidas cautela res:

A. Al Señor Director de \a Policía Naciona\ Civi\, Comisionado Carlos Ascenc1o Girón A

de inmediato las acciones que estime necesalias en orden a garantizar la vida e integridad física de los jóvenes José Alexander Beltrán Castillo, Ludwin Franklin lraheta y Vladimir Abarc2l AyaJa y sus con-espondientes grupos familiares.

B. Al Señor FiscaJGeneral de Ja RepúbJica, en funcione~¡,Jicenciado Astor EscaJantey al Señor Director de JaPolicía NacionaJ CiviJ, Comisionado Carlos Ascencio Girón: B.l.Con carácter urgente, investiguen de manera imparcial, exahustiva y efectiva 1as amenazas en contra de los jóvenes José Ale~:ander Beltrán Castillo, Ludwin 8Resolucionesde medidascautelares de expedientesUS-0142004y SM-0¡J.43-04 de 05 de abril de 2005,01-1294-{)2 de 13 de abril de 2005 y 01-0452-06de 04 de octubrede 2006.

6


Franklin lraheta y Vladimir Abarca Ayala, a efecto de dar con los responsables y que estos enfrenten lajusticia. Con base en el articulo 27 de la Ley de la Procuraduria para la Defensa de los Derechos Humanos, se solicita a los funcionarios antes citados, rendir un infolme en el cual se pronuncien sobre las acciones y medidas que adoptarán pa¡"a dar cumplimiento a lo recomendado, debiendo remitir dicho infonne dentro dlel plazo de setenta y dos horas contadas a partir de la notificación de la presente resoluclión" Verifiquese su cumplimiento /J,

Hágase del conocimiento de la Asociación de Asociación de Radios y Programas. .

de

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Salvador

(APES),

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Asociación Salvadoreña de Radiodifusoras / Notifiquese. /

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Resolución de la PDDH en el caso de amenazas a Radio Victoria  

Resolución de la PDDH en el caso de amenazas a periodistas de Radio Victoria, Cabañas.

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