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¿Víctimas o victimarios? Adolescentes en conflicto con la ley

Breve análisis de la Justicia Penal Juvenil en Ecuador y la representación mediática de las y los adolescentes en conflicto con la ley

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1. Justicia Penal Juvenil: contexto legal El Ecuador al ser un suscriptor más de la Convención de los Derechos del Niño tiene responsabilidades que cumplir a favor del ejercicio, la vigilancia y exigibilidad de los derechos de la niñez y adolescencia. Entre esas, todo lo correspondiente a las y los adolescentes en conflicto con la ley. Con la finalidad de garantizar que este grupo social, en situación de riesgo, sea restituido en sus derechos se ha establecido una política pública afín con la Doctrina de Protección Especial. En la reforma del 2003 del Código de la Niñez y Adolescencia se incorpora la justicia especializada de niñez y adolescencia y la aplicación de medidas socioeducativas, la misma que es ratificada en la Constitución Política del Ecuador, aprobada en 2008 En el Art. 77, numeral 13 de la Constitución Política del Ecuador señala que para las adolescentes y los adolescentes infractores regirá un sistema de medidas socioeducativas proporcionales a la infracción atribuida. Además, que el Estado determinará mediante ley sanciones privativas y no privativas de libertad. La privación de la libertad será establecida como último recurso, por el periodo mínimo necesario, y se llevará a cabo en establecimientos diferentes a los de personas adultas. Más adelante la Constitución expresa, en su Art. 175, que las niñas, niños y adolescentes estarán sujetos a una legislación y a una administración de justicia especializada, así como a operadores de justicia capacitados, que aplicarán los principios de la doctrina de protección integral. La administración de justicia especializada se dividirá la competencia en protección de derechos y en responsabilidad de adolescentes infractores. Para el cumplimiento de estas leyes, dispuestas en la Constitución y el Código, existe un aparataje institucional encabezado por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia (CNNA), como órgano rector de políticas públicas y donde intervienen todos los operadores de justicia especializados, además de la 2


Dirección Nacional de Centros de Internamiento para Adolescentes Infractores, el Ministerio del Interior y los Ministerios del Frente Social. A pesar de existir toda la institucionalidad necesaria y las leyes acorde con la protección de derechos, el Comité de Derechos hace las siguientes observaciones a Ecuador: - Todavía no exista un sistema apropiado de justicia juvenil, faltan jueces especializados y, según algunas informaciones, haya niños recluidos junto con adultos en celdas policiales y centros de detención preventiva; - Faltan estadísticas sobre los niños que pasan a estar recluidos y la duración de su reclusión; y - No se haya facilitado suficiente información sobre el trato dispensado a los niños menores de 12 años (la actual edad mínima de responsabilidad penal) en conflicto con la ley o la existencia de algún sistema de resolución de conflictos con la ley fuera del sistema judicial, con arreglo a lo establecido en el artículo 40 de la Convención. Las leyes que protegen a las y los adolescentes en conflicto con la ley y la política de Justicia Juvenil del Ecuador se confrontan duramente con la cotidianidad y el proceso de los juicios. Si bien en el país se impulsan iniciativas que caminan en la dirección del enfoque de derechos, persisten transgresiones y obstáculos que dificulta la cristalización de lo expuesto en las leyes. La principal amenaza que enfrenta el sistema especializado es la propuesta del Código Penal integral que se discute en la Asamblea. La misma que señala en el Art. 30 lo siguiente: “Las y los adolescentes en conflicto con la ley que hubieren cumplido 16 años de edad al momento de cometer una infracción penal establecida en este Libro, serán imputables penalmente”. Además, en el Art. 784 dispone que: “Las y los adolescentes que aún no hayan cumplido 16 años serán inimputables penalmente, pero serán responsables por el cometimiento 3


de infracciones penales. Se les aplicará un régimen de medidas socioeducativas”. Por último, el Art. 827 reza lo siguiente: “Detención. Quienes tienen desde 12 hasta menos de 16 años serán detenidos. La sanción máxima: 6 años de medidas socioeducativas (art.45) Es decir, que con este último artículo bajaría la edad de un adolescente para ser detenido, de 14 que es la actual a 12 años. Por otro lado, con las reformas al Código Penal Integral corre el riesgo de desaparecer la Policía Especializada en Niñez y Adolescencia (Dinapen), así como los operadores de justicia especializados. Esta propuesta inconstitucional y que se contrapone a los Convenios Internacionales suscritos por el país salió de un sector del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y es apoyada por partidos políticos de derecha. Actualmente las reformas se discuten y no existe una fecha límite para la publicación de la ley en el Registro Oficial. Mientras tanto, el CNNA y el Movimiento de Nacional de Niñas, Niños y Adolescentes ejercen presión, junto a organizaciones de la sociedad civil, para que esta propuesta no sea aprobada en la Asamblea Nacional. Existe optimismo en estas instituciones porque tienen varios argumentos que alegan lo antijurídica e inconstitucional que es la reforma. El CNNA propone que se endurezcan las penas para los y las adultas que utilizan a menores de edad para infringir la ley. Nos encontramos entonces ante dos miradas sobre la Justicia: una preventiva y garantista, otra reactiva y de mano dura. Quienes defienden la primera tesis insisten en que se debe trabajar en prevención y en brindar una atención integral a las y los adolescentes que se encuentran internos. Es más, el país no tiene programas fuertes de prevención de violencia. 4


De acuerdo al CNNA se trabaja en una política pública para el uso del tiempo libre en sectores de escasos recursos económicos, utilizando al arte y la creación de microempresas como alternativas para la inclusión de adolescentes en grupos delictivos. Aunque por otro lado, la funcionaria del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos reconoce que el presupuesto asignado para prevención es muy bajo debido a que el grupo que se atiende no es cuantitativamente representable. Los de la segunda posición consideran que las y los adolescentes son los generadores de violencia en el país, tachándolos así a todas y todos como potenciales delincuentes. Asimismo, no puede dejar de reconocerse un tinte populista en esta propuesta, pues ante la demanda de más seguridad de la ciudadanía, las autoridades competentes responden con estas reformas que están muy lejos de solucionar los problemas de inseguridad del país y que reafirma las estigmatizaciones que pesan sobre las y los adolescentes. El mayor y consensuado argumento de este sector es que las y los adolescentes actualmente pueden ejercer el voto desde los dieciséis años, por lo tanto tienen también la responsabilidad de asumir “como adultos” las infracciones que cometieran. De esta manera, se toma como argumento un avance en el ejercicio del derecho de de las y los adolescentes, para justificar su resolución que va en contra de lo estipulado en instrumentos internacionales de derechos humanos.

2. Problemas y avances en materia de Justicia Penal Juvenil De lo operacional El Sistema Nacional Descentralizado de Protección Integral desarrolló la “Primera Evaluación y Diagnóstico de Organismos Operadores de Justicia 5


Especializada en Niñez y Adolescencia, con el objetivo de contar con información sobre el diseño institucional, la capacidad instalada y la gestión (2008, 2009, 2010) de los operadores de justicia especializados en niñez y adolescencia. En relación a las oficinas técnicas, órganos auxiliares distritales de la Administración de Justicia de la Niñez y Adolescencia integrada por médicos,

psicólogos,

trabajadores

sociales

y

más

profesionales

especializados en el trabajo con la niñez y adolescencia, apenas el 42% de los juzgados consultados afirman contar con esta instancia de apoyo. Adicionalmente, apenas un 2% de los juzgados consultados afirman que las Oficinas Técnicas de Apoyo cuentan con todos los insumos para su funcionamiento. La percepción de funcionamiento de estas oficinas por parte de los juzgados a nivel nacional desprende los siguientes resultados: Muy Bueno (27%), Regular (18%), Excelente (4%), Malo (4%), Pésimo (2%). Así por ejemplo, provincias como Carchi, Cotopaxi y Los Ríos

y Pastaza califican de excelente el trabajo de sus oficinas

técnicas; por su parte, Pichincha y Tungurahua lo califican como muy malo; Azuay, Imbabura, Loja, Cotopaxi, Imbabura y Santo Domingo de los Tsáchilas lo califican como regular. En relación a la capacitación del personal en materia de niñez y adolescencia, en el 2008, apenas un 28% de los juzgados consultados recibieron algún tipo de capacitación, en el 2009 se elevó el porcentaje a 33% y para el 2010 un 39% de los juzgados afirman haber sido capacitados. Es decir, en el periodo analizado (2008-2010) existe un incremento considerable, de un 11%, para el acceso a servicios de capacitación especializada en niñez y adolescencia. Los juzgados de Azuay, El Oro, Cotopaxi, Tungurahua, Imbabura afirman haber recibido mayor capacitación en relación a las otras provincias a nivel nacional. Sobre la participación en capacitaciones realizadas por el Consejo Nacional de la Niñez y Adolescencia y de los Consejos Cantonales de la Niñez y Adolescencia, el 53% de los juzgados a nivel nacional, afirman haber recibido dichas capacitaciones.

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El 78% de las judicaturas indican que no han participado en reuniones para la construcción de “Rutas de Protección”; y, solo el 22% son parte de alguna Red Institucional de niñez y adolescencia. La aplicación de los principios de la doctrina de protección integral que manda a las autoridades administrativas y judiciales a ajustar sus decisiones al cumplimiento del conjunto de sus derechos; y en ese sentido la obligación de escuchar al niño, niña o adolescente en todos los asuntos que les interesa aparece evaluado de forma negativa por parte de los Juzgados de Niñez y Adolescencia, siendo esto un incumplimiento claro a la normativa nacional e internacional vigente en nuestro País. De la aplicación de medidas socioeducativas: ¿privación de la libertad como último recurso o único? La Dirección Nacional de CAI’s ha trabajado en un Protocolo para aplicar las medidas de reinserción social que se contemplan en el Código. Este proyecto piloto se implementará desde el próximo año en Quito y Guayaquil, aunque paralelamente se lo realizará en otras ciudades. Para esto, se ha capacitado a las y los operadores de justicia, con la finalidad de no seguir aplicando el internamiento

como

única medida

frente a infracciones

penales

de

adolescentes. Aunque la Constitución Política del Ecuador menciona en el art. 77, numeral 13 que la privación de libertad será el último recurso y lo mismo es ratificado en el Código de la Niñez y Adolescencia, esta medida ha sido la más utilizada en los procesos. A continuación detallamos las medidas sustitutivas de la privación de libertad que se contemplan en la ley ecuatoriana. Las medidas socio-educativas no privativas de la libertad, se basan en la justicia restaurativa, son medidas para que el joven infractor, no entre en contacto con el Sistema Formal de Justicia Penal, de esta manera se evita la violación de los 7


derechos humanos, mediante la protección integral del adolecente por medio de un traro digno, como lo determina la Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), la privación de la libertad de las y los jóvenes infractores, solo debe ejecutarse como último recurso. Como lo determina el Art. 369 del CNA: “Las medidas socioeducativas son acciones dispuestas por una autoridad judicial cuando ha sido declarada la responsabilidad del adolescente en un hecho tipificado como infracción penal. Su finalidad es lograr la integración social del adolescente y la reparación o compensación del daño causado”. Las medidas socio-educativas no privativas de la libertad, se implementan para que los o las adolescentes en conflicto con la ley, asuman su responsabilidad sobre la infracción cometida y el daño que pudo generar a otra persona o a la comunidad. Basándose en esta toma de consciencia del adolescente infractor las medidas socio-educativas que se pueden llegar a implementar son: La medida más ligera es la amonestación, que es una recriminación verbal por parte de un juez, para que el adolescente comprenda la injusticia de las acciones así como el llamado de atención a sus progenitores o representantes, de esta manera se consigue la integración del adolescente con su entorno familiar y social. La orientación y apoyo familiar.- esta medida consiste en la obligación del adolescente y sus padres o representantes, de participar en programas de orientación y apoyo familiar, para la adaptación del joven con su entorno. Reparación del daño causado.- es la obligación del adolescente para restablecer el equilibrio personal del afectado con la infracción cometida, mediante la reposición, restauración o el pago de una indemnización proporcional por el perjuicio personal o material provocado. 8


Una de las medidas socio-educativas más usuales que toman en cuenta aptitudes, habilidades, destrezas para cumplir su responsabilidad por la infracción cometida, es el servicio a la comunidad, esta medida es impuesta por un juez y consiste en actividades de beneficio comunitario realizadas por los y las adolescentes infractores, siempre respetando su dignidad e integridad, sin que èstas afecten a sus responsabilidades académicas o laborales.

La libertad asistida.- es un conjunto de varias medidas socio-educativas que son realizadas simultáneamente, estas actividades dependen del requerimiento del o la adolescente para su proceso de educación, responsabilidad con la comunidad y desarrollo de sus capacidades y habilidades que los o las jóvenes requieran. El internamiento institucional.- que es la privación total de la libertad del adolescente infractor y que se aplica únicamente a los adolescentes infractores mayores de catorce años de edad y por infracciones que en la legislación penal ordinaria son sancionadas, con reclusión. Se aplica también al adolescente infractor menor de catorce años sólo cuando comete delitos de asesinato, homicidio, violación, plagio de personas y robo con resultado de muerte.

3. Situación de las y los adolescentes en conflicto con la ley ¿Qué nos dicen las cifras? De acuerdo al último Censo de Población y Vivienda, realizado el 2010, existen 1`753333 adolescentes entre 12 y 17 años en el país. Desde enero hasta agosto de 2011 han ingresado 225 adolescentes a los centros de internamiento. Cifra que representa el 0.02% (868714) de las y los adolescentes entre 15 y 17 años y el 0.01% del total de adolescentes del país.

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Según datos del año anterior sobre las causas de ingresamiento (cifras de la Dirección Nacional de Centros de Internamiento de Adolescentes Infractores), el 12% permanecía interno por infracciones contra la integridad física, 56% por infracciones contra la propiedad, el 11% contra la dignidad sexual, 10% por posesión de drogas y el 11% por otras infracciones. Estas cifras son una evidencia clara que la inseguridad del país no es causada por las y los adolescentes, por lo tanto, el endurecimiento de las penas y la reducción de la edad de imputabilidad no se sostienen en datos reales, sino en demandas de corte populista. Entorno familiar y social de adolescentes en conflicto con la ley Las y los adolescentes ingresan al conflicto con la ley penal por diversas, heterogéneas y complejas situaciones; sin embargo existe un factor común que está relacionado con las condiciones de precariedad y pobreza en que viven ellos y sus familias; limitando sus oportunidades educativas y de trabajo. Según una investigación preliminar realizada por la Dirección Nacional de Centros de Internamiento de Adolescentes Infractores, entre el 70% y 80% de adolescentes ingresados en los Centros entre enero y febrero de 2011, provienen de familias desintegradas, generalmente ocasionada por el abandono del padre. Es importante aclarar que las características de la estructura familiar por sí misma no constituye una variable determinante de la conducta delictiva de sus miembros, como si lo es el tipo de crianza que se les da, especialmente lo referido al trato (indiferencia, maltrato, privación afectiva, etc.) que genera sentimientos de inferioridad, baja autoestima, resentimientos, abandono del hogar El estudio comprendió a 803 adolescentes (hombres y mujeres) en conflicto con la ley de Esmeraldas, Guayaquil, Machala, Ibarra, Quito, Ambato, Riobamba, Cuenca y Loja. También contempló a 605 familias de las y los adolescentes privados de su libertad.

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La mayor parte de las familias de las y los adolescentes privados de la libertad se caracterizan por ser un hogar disfuncional. Según el tipo de familia, un 30% pertenece a una familia nuclear; el 30% a una familia monoparental; el 20 % a una familia ampliada es decir aquella que se integra por padre, madre, tíos, abuelos; y el 20% restante a una familia ensamblada esto es aquella que se conforma por la unión de miembros de diferentes grupos familiares. En el caso de los padres que se dedican a la agricultura, la producción es mas para autoconsumo y escasamente para su expendio, realizan estas actividades en condiciones de peones, mas no de propietarios y se limita a un ingreso diario y por cosecha. Los padres de los adolescentes son jóvenes adultos de 31 a 40 años con familias constituidas de tres a 4 hijos. Los padres priorizan el trabajo a la recreación familiar o en su defecto recreación personal que por lo general terminan en ingesta de alcohol, derivándose en un maltrato intrafamiliar. Dada la situación en la cual se debate la mayoría de los hogares de los adolescentes internos en el plantel de los que por una u otra razón o por infracciones e ley es conveniente que se los capacite en actividades técnicas como panadería, gasfitería, carpintería, cerrajería, artesanía, actividades avícolas y porcinas. Todas estas actividades laborales que realizan las familias son eventuales por lo que los porcentajes de desempleados varían a lo largo de los meses. En este centro existe un grupo de familias muy colaboradoras e interesados por la recuperación de las adolescentes y su reinserción. Tanto el padre como, la madre laboran sin mayor relación de dependencia, tienen trabajos ocasionales y bajos ingresos, el nivel formativo y educativo de los padres de las adolescentes es bajo. Ellas han tenido pocas oportunidades para estudiar y presentan un mayor índice de analfabetismo. Existe un 35% de las familias que acceden al Bono de Desarrollo Humano, muchos padres han heredado conocimientos laborales convirtiéndose en su actividad principal 11


Las familias de las adolescentes presentan un alto índice de disfuncionalidad, además las familias se dedican a la venta de droga. La situación de conflicto con la ley penal de las y los adolescentes, casi siempre se origina en su entorno familiar y comunitario que no son positivos para su desarrollo integral. Más aún cuando existen adolescentes que no tienen familia porque fueron abandonados o porque ellos decidieron abandonarlas para romper con el círculo de la violencia o la agresión. En la gran mayoría de familias, se han identificado factores de riesgo entre los cuales se destacan: consumo de alcohol o droga que provocan alteraciones de la conducta con desinhibición y facilitación de actos de violencia, situaciones de conflicto familiar prolongados, falta de comunicación real y congruente, problemas de conducta, abuso sexual. Estas situaciones inciden para que la forma de relacionarse entre los miembros de la familia sea a través del gripo, la agresión o el golpe. Lo cual genera entre sus miembros, especialmente en los más pequeños: resentimiento social, baja estima, depresión, inseguridad, sueños de futuro poco positivos.

4. Los relatos mediáticos: ¿víctimas o victimarios? La sociedad juzga a los adolescentes en conflicto con la ley, los medios los llaman “niños sicarios”1, delincuentes, bandidos y demás términos que atentan contra su condición de sujetos sociales de derechos. Sin embargo, ¿cuándo vemos en los medios preguntarse por la violencia institucional y el fascismo social2, que da lugar a actos de violencia? ¿En qué espacio se debate la responsabilidad de todas y todos los ciudadanos de velar por el cumplimiento de los derechos de la niñez y adolescencia?

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Nota de diario Extra del 14 de julio de 2010 titulada “Niño sicario mató a guardia” Término de Boaventura de Sousa Santos en “La caída del Angelus Novus: Ensayos para una nueva teoría social y una nueva práctica política”. 2

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Por lo tanto, la corresponsabilidad social con los actos cometidos por menores de edad, es un nuevo locus desde dónde podemos analizar la situación de los adolescentes que han infringido la ley en el Ecuador y su representación en los medios de comunicación. En el tratamiento informativo se evidencia la criminalización de todos y todas las adolescentes del país, como delincuentes en potencia, por lo tanto se han constituido en enemigos públicos de la seguridad. Los adolescentes que han infringido la ley penal son la “amenaza” actual y por este motivo algunos sectores piden aplicar mano dura, aunque este endurecimiento de penas no se traduzca en más seguridad. Pues como señala Fernando Carrión, catedrático de FLACSO, el “populismo mediático genera un rating y una política que da réditos políticos porque los medios propician agenda pública” (Carrión, 2008: 11). Y esta agenda pública luego se traduce a una política. El análisis de medios denota esta correspondencia entre agenda mediática y política. Puesto que las propuestas para bajar la edad de imputabilidad han estado acompañadas de un incremento de las piezas informativas sobre adolescentes involucrados en actos que infringen la ley. En prensa se ha tomado como ejemplos casos específicos para abordar este debate que actualmente se encuentra en la Asamblea Nacional. En este contexto, las garantías penales se relativizan y por este motivo se da pie a propuestas que buscan satanizar al adolescente involucrado en delitos que atentan contra la vida. A continuación un breve análisis del tratamiento periodístico de estos temas. Desde enero hasta agosto del presente año se han registrado 280 piezas informativas sobre adolescentes en conflicto con la ley, este número corresponde al 3% del total (10829 notas).

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Estos datos son resultado del monitoreo diario, que realiza ACNNA, a siete periódicos de circulación nacional: El Universo, El Comercio, La Hora, Expreso, Hoy, El Telégrafo y Extra; y los noticieros de la mañana y noche de cinco canales de televisión: Ecuavisa, Teleamazonas, Tc Televisión, ECTV y Etv Telerama. De acuerdo a la subclasificación de ACNNA que involucra a adolescentes en conflicto con la ley, las notas se desagregan de la siguiente manera:

Delitos: Aunque de acuerdo a las leyes vigentes las y los adolescentes no cometen delitos sino infracciones penales, hemos incorporado esta categoría donde se recogen las piezas informativas que señalan a las y los menores de edad como “delincuentes”. El 90% de las piezas informativas son noticias breves o de máximo 500 caracteres, las mismas que se centran en operativos realizados por la Policía Nacional o la Dinapen, donde se detuvieron y aislaron a adolescentes, principalmente por tenencia ilegal de drogas y/o armas, asaltos a mano armada en buses o en la calle y estruches.

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En la mayoría de las detenciones los niños y adolescentes fueron aprehendidos junto a adultos, en algunos casos (los niños especialmente) eran utilizados por mayores de edad para cometer actos ilícitos.

Medidas de Reinserción Social en este tema se clasifican todas las notas periodísticas sobre la situación que viven las y los adolescentes que permanecen privados de su libertad en los Centros de Adolescentes Infractores. En este año la mayoría de las piezas informativas se han centrado en los hechos violentos dentro del Centro de Guayaquil. Esta situación ha sido abordada con noticias principalmente y en espacio de hasta 500 caracteres, sin dar una explicación del contexto social. Por ejemplo, no se ha hablado sobre la zona conflictiva en la que se encuentra ubicado este lugar o de la medida decretada por el Ministro del Interior de quitar la vigilancia policíaca a las afueras del Centro. Solo un reportaje salió en TC Televisión que realizaba una explicación más profunda sobre la problemática. En Violencia – Causante se clasifican las notas que relatan casos de adolescentes que han cometido homicidio o han atentado contra la vida de personas adultas. En este tipo de información se los califica, a algunos adolescentes, como sicarios. Un medio sensacionalista incluso los tacha de Niños Sicarios. Estas palabras además se acompañan de descripciones que ubican a los adolescentes como personas “sin alma”, frías y calculadoras. En el 40% de las piezas informativas de este tema señalan que los victimarios son adolescentes, pero solo porque los testigos creen que correspondían a esta edad, debido a su contextura física. Por lo tanto, los textos periodísticos afirman que se tratan de adolescentes sin que eso se haya comprobado.

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La categoría Violencia – Causante y Víctima recoge piezas informativas que muestran a un menor de edad como victimario de un par. En este lapso, el 80% de este tema refiere a casos de adolescentes que han agredido sexualmente a otros menores de edad, el otro 20% corresponde a homicidios y asaltos a mano armada. Enfoques periodísticos Los medios editados e impresos en la Costa dieron mayor cobertura periodística al tema, estos abarcan el 66%. Los enfoques periodísticos de la información pueden clasificarse en tres categorías: represivo, garantista y descriptivo. Por represivo se entiende que la unidad informativa sugiere, justifica e impulsa la rebaja de la edad de imputabilidad a 16 años y otras medidas de endurecimiento de penas, ya sea porque así lo expone el autor del texto periodístico o las fuentes informativas que utiliza el periodista. Las fuentes informativas que corresponden a este enfoque pertenecen a instituciones públicas como: Fiscalía, Policía, Juzgados y Asamblea Nacional. También es importante señalar que del total de textos con enfoque represivo, el 89% son noticias, el resto corresponde a artículos de opinión. Es decir, que los medios de comunicación a través de las noticias están reflejando una postura frente a los adolescentes involucrados en infracciones penales. El enfoque garantista se contrapone al anterior descrito, pues reivindica la condición de sujeto social de derechos de las y los adolescentes y se acoge a los instrumentos legales nacionales e internacionales que protegen a la niñez y adolescencia. Las fuentes informativas corresponden a penalistas especializados, personal del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, de la Dirección Nacional de CAI’s y representantes de la sociedad civil. En cuanto al género periodístico, las unidades informativas con enfoque garantista se disgregan así: 5 reportajes y 1 artículo de opinión. 16


El descriptivo refiere a noticias que se limitan a describir un hecho violento en el que ha participado un adolescente, sin que las fuentes o el mismo periodista adopten una posición respecto a las reformas penales del Código Penal y de la Niñez y Adolescencia. Por otro lado, puede afirmarse que el tema no fue abordado profundamente, las causas y consecuencias no son analizadas más allá de las declaraciones de las fuentes informativas. Por ejemplo, de las 280 unidades informativas solo tres citan datos estadísticos sobre delitos y otros actos de violencia. En una sola noticia se precisan los datos del número de asesinatos cometidos por adolescentes en el país. Aunque las cifras no alcanzan a explicar un fenómeno complejo, al menos el o la periodista intenta dimensionar la problemática en un contexto determinado. Y si además de no contextualizar un tema, la información se limita fuentes testimoniales y algún responsable de las instituciones públicas, los enfoques y puntos de vista sobre el tema serán limitados. Los grandes ausentes en las unidades informativas son los representantes de la sociedad civil, de organizaciones que trabajan por el ejercicio ciudadano de los derechos de la niñez y adolescencia, y los mismos adolescentes. Las fuentes informativas utilizadas solo alimentan enfoques represivos, no solamente se sataniza al adolescente infractor de la ley, sino a todas y todos los adolescentes, porque se los presenta como victimarios potenciales. Además, el discurso consolida la visión adultocéntrica que considera objetos de protección a los menores de edad. Esto lo reafirman los medios al no consultar como fuentes informativas a otros adolescentes, por lo tanto las opiniones de este grupo etario no son consideradas importantes, válidas o creíbles al abordar la temática. Por otro lado, en las unidades informativas se utiliza palabras y términos que no corresponden al enfoque de derechos. En los textos se utilizan las palabras menor o menores, sicario, muchacho y en 2 ocasiones el término niño sicario. Estas palabras y términos califican al adolescente como un individuo que vale 17


menos que otros, así lo expresa la palabra menor y menores. Por otro lado, señalarlos como sicarios o delincuentes alimenta un imaginario de temor y terror contra este grupo etario. En general, el tratamiento periodístico de este tema nos plantea que el camino para combatir la inseguridad y violencia es contar con más y mejor preparada fuerza represiva (policía), la creación de leyes más fuertes, sin importar la edad de los victimarios o que vayan en detrimento de los derechos humanos. Pues se refleja una imagen de asesino a sangre fría que debe responder por sus delitos y, en ningún momento se habla o analiza la corresponsabilidad de la sociedad y mucho menos las causas estructurales de este fenómeno. La historia ha demostrado que esos caminos no se han traducido en mayor seguridad, porque la ciudadanía no confía en estas alternativas. Por el contrario, desde el discurso periodístico se alimenta el miedo al otro, todos somos sospechosos y de esta forma coartamos nuestra capacidad de relacionarnos con las otras y otros que conformamos la sociedad. El reto al que se enfrentan los medios es de construir nuevos relatos que permitan la comprensión de las problemáticas en su complejidad y dejar de lado la espectacularización que se fundamenta en los miedos y temores de nuestras sociedades.

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Justicia Penal Juvenil: Representación mediática de las y los adolescentes en conflicto con la ley