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NARCOMENUDEO

Entramado social por la institucionalizaci贸n de una actividad econ贸mica criminal


Policía Nacional de Colombia. Dirección de Inteligencia Policial. Centro de Inteligencia Prospectiva. Narcomenudeo: entramado social por la institucionalización de una actividad económica criminal / Jefe del Centro de Inteligencia Prospectiva Luis Ernesto García Hernández; investigadores Yofre Luis Cortés Vargas, Rodolfo Parra Cely; co-investigador John Alexander Durán Martínez. (1a ed.) Bogotá: Policía Nacional de Colombia, Dirección de Inteligencia Policial, 2012. p. 348; 16,5 cm x 23,5 cm. Volumen: 2500 Incluye referencias bibliográficas. ISBN: 978-958-99675-4-6 Primera Edición, diciembre de 2012. Bogotá D.C., Colombia Diseño y diagramación: Mario Fernando Barrios Guerrero Impresión: Imprenta Nacional de Colombia 1. NARCOTRÁFICO - COLOMBIA. 2. CONTROL DE DROGAS Y NARCÓTICOS - COLOMBIA. 3. DELITOS CONTRA EL ORDEN ECONÓMICO SOCIAL - COLOMBIA. 4. CONTROL SOCIAL - COLOMBIA. 5. SERVICIOS DE INTELIGENCIA COLOMBIA. I. Cortés Vargas, Yofre Luis. II. Parra Cely, Rodolfo. III. Durán Martínez, John Alexánder.


CONTENIDO Presentación Introducción

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Capítulo I Amenazas a la seguridad pública en lo urbano: históricamente invisibles

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Razones para visibilizar el narcomenudeo como fenómeno que genera inseguridad ciudadana. La exploración del conocimiento científico y fáctico frente a la comercialización de estupefacientes. La referenciación: una mirada fáctica de la venta de estupefacientes. Comprender la amenaza: el reto para guiar la actividad de policía con inteligencia. Un marco teórico concebido en el sistemismo para comprender la comercialización de estupefacientes. Un marco metodológico para objetivar los problemas de la convivencia. Capítulo II Aproximación a la base teórica de la inteligencia policial: una tipología universal

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Atributos de una tipología de inteligencia. El funcionalismo estructural: la base teórica más afín con la inteligencia policial. La inteligencia policial: una tipología universal. La inteligencia criminal: complementaria para el servicio de policía. Capítulo III Caracterización de la comercialización de estupefacientes: el presupuesto para la predicción y la anticipación

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El narcotráfico: una amenaza a la convivencia.

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CONTENIDO Caracterización de la comercialización de estupefacientes: el presupuesto para la predicción y la anticipación. Estructura lógica de análisis de la comercialización de estupefacientes. El mercadeo o marketing estratégico de la comercialización de estupefacientes. Objetivos estratégicos de la comercialización de estupefacientes. Sistema de cálculo del precio. Análisis del mercado: la microeconomía de los estupefacientes Segmentación del mercado. Canal de abastecimiento. Estructura organizacional. La mercadotecnia o marketing operativo de las sustancias estupefacientes. Producto. El precio. Promoción. Punto de venta. Actores y roles en el referente espacial donde se ubica el punto de venta. Monetización de los productos del narcotráfico en el punto de venta. Capítulo IV “La Cordillera”: institucionalización de una actividad económica criminal que genera entramado social del crimen Entramado social del crimen. Cohesión social negativa como presupuesto del entramado social del crimen. Propósitos del entramado social del crimen. De los factores asociados a las causas del entramado social del crimen. El narcomenudeo como forma de entramado social. Actividad económica criminal: una aproximación al concepto. El narcomenudeo afecta la convivencia no solo por los delitos. La interdependencia de los fenómenos que afectan la convivencia. Fenómenos de conflicto social: la invisibilidad de las manifestaciones visibles

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CONTENIDO Fenómenos de violencia: no toda violencia se constituye en conducta penal. Fenómenos de criminalidad: la base empírica de la inseguridad pública. Capítulo V Narcomenudeo: interdependencia de manifestaciones que amenazan la seguridad pública La reconstrucción social de la afectación a la seguridad pública. Estado actual de los ámbitos de protección de la seguridad pública. Seguridad nacional. Seguridad ciudadana. Capítulo VI Desterritorialización del control social estatal La desterritorialización: una realidad palpable en Pereira. La incidencia en el aspecto económico local. La apropiación del territorio: elemento vital para el narcomenudeo. Afectación a la inclusión social por la injerencia del actor criminal. Un nuevo orden social institucionalizado implica manifestaciones de control social. La legitimidad alcanzada por el actor criminal. Percepción de legitimidad en los entornos del punto de venta. El poder como medio para el control social. El reto: desterritorializar la comercialización de estupefacientes. Capítulo VII Análisis sistémico útil para asesorar la toma de decisiones en la planeación y prestación de la actividad de policía Análisis sistémico de los intereses entre los actores. Análisis de proyectos de los actores. Análisis de relación de influencias, dependencias y fuerzas de los actores.

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CONTENIDO / GRÁFICOS Propuesta con enfoque prospectivo para preservar el control social estatal. Conclusiones Generales El estatus epistemológico de la inteligencia policial. La profesionalización de la inteligencia policial reconocida por IALEIA. El entramado social del crimen: un enfoque para explicar la realidad social El reto del Estado: la comprensión de la amenaza para su adecuada intervención. El análisis del narcotráfico fragmentado: los vacíos para la producción de conocimiento. El narcomenudeo: una amenaza a la seguridad pública del hemisferio. Limitaciones: retos de la investigación científica. El uso de la investigación para transformar la realidad. Epílogo Referencias

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ÍNDICE DE GRÁFICOS Gráfico 1. El valor público que genera la Policía Nacional. Gráfico 2. Cobertura territorial realizada a través de la aplicación de la encuesta. Gráfico 3 Estadística de la población que participó en la aplicación de la encuesta por edad. Gráfico 4 Atributos de una tipología de inteligencia. Gráfico 5 La seguridad pública: integrada por la seguridad nacional y la seguridad ciudadana. Gráfico 6 Rol diferencial de la inteligencia policial y la inteligencia criminal frente al servicio de policía. Gráfico 7 El narcotráfico: la abstracción de un sistema socioeconómico. Gráfico 8 Estructura lógica de análisis del narcotráfico con enfoque sistémico. Gráfico 9 Cadena de valor de la comercialización de estupefacientes. Gráfico 10 Estructura lógica de análisis de la comercialización de estupefacientes. Gráfico 11 Variables del sistema de cálculo del precio de los productos del narcotráfico.

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GRÁFICOS Gráfico 12 Curva de la demanda en un mercado monopolístico. Gráfico 13 Canal de agente intermediario en la comercialización de estupefacientes. Gráfico 14 Estructura organizacional en cadena de asociación. Gráfico 15 Tipología de los actores en el referente espacial donde se ubica el punto de venta. Gráfico 16 Tipología para la monetización de los productos estupefacientes. Gráfico 17 Flujo de actividad de la comercialización de estupefacientes. Gráfico 18 Entramado social del crimen para la institucionalización de actividades económicas criminales. Gráfico 19 Sistema de acumulación de capital: institucionalización de una actividad económica criminal. Gráfico 20 Proceso de institucionalización expansiva de un nuevo orden social. Gráfico 21 Estadística de Pereira 2010 sobre hurtos, lesiones personales y homicidios. Gráfico 22 Enfoque cuantitativo de la representación social del narcomenudeo. Gráfico 23 Enfoque cuantitativo de las manifestaciones de conflicto social asociadas al narcomenudeo. Gráfico 24 Enfoque cuantitativo de las manifestaciones de violencia asociadas al narcomenudeo. Gráfico 25 Enfoque cuantitativo de las manifestaciones de criminalidad asociadas al narcomenudeo. Gráfico 26 Actores que amenazan la seguridad pública. Gráfico 27 Estadística: intención de los ciudadanos para denunciar el punto de venta de estupefacientes. Gráfico 28 Estadística: intención de los ciudadanos para denunciar al vendedor de estupefacientes. Gráfico 29 Reglas de control social impuestas por el actor ilegal para favorecer la venta de estupefacientes. Gráfico 30 Ilegitimidad estatal que genera la el punto de venta. Gráfico 31 Fricción social y espacial generada por actividades económicas criminales. Gráfico 32 Análisis de convergencia y divergencia de los actores.

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GRÁFICOS / TABLAS Gráfico 33 Análisis de influencia y dependencia de los actores frente al problema público del narcomenudeo. Gráfico 34 Análisis de fuerza de los actores según el coeficiente ri. Gráfico 35 Integración del sistema de producción y acumulación de capital para maximizar las ganancias por parte de una organización narcotraficante.

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ÍNDICE DE TABLAS Tabla 1 Tabla 2 Tabla 3 Tabla 4

Tabla 5 Tabla 6 Tabla 7 Tabla 8 Tabla 9 Tabla 10 Tabla 11

Cobertura político-administrativa donde se identificaron puntos de venta de sustancias estupefacientes. Grupos focales para la elaboración de la representación social del narcomenudeo. Escenarios en los que se recolectó y validó la información sobre la afectación a la seguridad pública. Barrios priorizados para la aplicación de la encuesta que permitió obtener la representación de la comercialización de estupefacientes. Discriminación de la población que participó en la aplicación de la encuesta por sexo. Discriminación de la población que participó en la aplicación de la encuesta por edad. Discriminación de la población que participó en la aplicación de la encuesta por estrato social. Discriminación de la población que participó en la aplicación de la encuesta por tiempo de residencia en la ciudad. Discriminación de la población que participó en la aplicación de la encuesta por escolaridad. Discriminación de la población que participó en la aplicación de la encuesta por estado civil. Comparación entre las teorías de sistema social y de sistema de acción social.

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TABLAS Tabla 12 Tabla 13 Tabla 14 Tabla 15 Tabla 16 Tabla 17 Tabla 18 Tabla 19 Tabla 20 Tabla 21 Tabla 22 Tabla 23 Tabla 24

Tabla 25 Tabla 26

Tabla 27 Tabla 28

Diagramas cruzados del sistema de Acción. Diagramas cruzados del sistema social. Comparación entre inteligencia policial e inteligencia criminal. Estructura lógica de análisis de la comercialización de estupefacientes en la categoría de producto. Estructura lógica de análisis de la comercialización de estupefacientes en la categoría de precio. Estructura lógica de análisis de la comercialización de estupefacientes en la categoría de promoción. Estructura lógica de análisis de la comercialización de estupefacientes en la categoría de punto de venta. Manufacturación de una arroba de marihuana para la venta al comprador/ consumidor final. Peso y precio de venta de los productos estupefacientes en Pereira. Línea de productos estupefacientes, la presentación y uso según las necesidades del consumidor. Producto estupefaciente, presentación y comisión por venta. Jerga empleada por los vendedores de estupefacientes. Tensión generada por la divergencia de intereses (metas y objetivos), de los actores involucrados en el problema público del narcomenudeo. Factores comunes y tensiones generadas por los actores para el logro de sus metas. Matriz de Actores por Actores (MACTOR): meta que persigue cada actor frente al problema público del narcomenudeo versus lo que necesita de los demás para lograrla. Resto estratégicos por objetivos asociados de cada actor. Propuesta con enfoque prospectivo para la recuperación del control social estatal.

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“... Lo que los médicos dicen de la tisis, que en los comienzos es fácil de curar y difícil de conocer, pero que más tarde, si no la discernieron en su principio, ni le aplicaron remedio alguno, es fácil de conocer y difícil de curar. Con las cosas del Estado sucede lo mismo. Si se conocen anticipadamente los males que pueden después manifestarse, lo que no concede el cielo más que a un hombre sabio y bien prevenido, quedan curados muy pronto. Pero cuando, por no haberlos conocido, se les deja tomar un incremento tal que llega a noticia de todo el mundo, no hay ya arbitrio que los remedie.”

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Nicolás Maquiavelo

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PRESENTACIÓN

No se quiere afirmar con esto que se trata de una visión concluyente y paradigmática. Por el contrario, hace parte de un proceso de construcción histórico de carácter organizacional sujeto a mejoramiento constante. Los logros no solo se materializan en la producción de nuevo conocimiento sino en la potenciación de las capacidades, habilidades y competencias del talento humano, que como en este caso, deja ver investigadores habilitados para acercarse científicamente y con visión sistémica a las realidades sociales y elucidar de forma comprensiva las interacciones y los procesos de intercambio objetivos en relación con la comercialización de estupefacientes. La contrastación de esas realidades con diversas teorías científicas, derivó en un conjunto de construcciones teóricas con grado de validez, ubicadas en un contexto novedoso fundamentado de forma estricta en la crítica y la reflexión, que contraría proposiciones dogmáticas para abrir espacios a la sana discusión. El libro Narcomenudeo: entramado social por la institucionalización de una actividad económica criminal es el resultado de un ejercicio de investigación con rigurosidad científica que aborda la comercialización de estupefacientes como un subsistema del narcotráfico. Eso significa que la venta de drogas ilegales que de forma cotidiana se realiza en diferentes referentes espaciales de los entornos urbanos, hacen parte del sistema socioeconómico del narcotráfico, porque su finalidad es la monetización de los productos que permi-

Narcomenudeo: entramado social del crimen

El objetivo central de esta obra es evidenciar en términos tangibles los avances de la Dirección de Inteligencia Policial de la Policía Nacional de Colombia en la comprensión de las amenazas que afectan la convivencia. Los resultados que aquí se muestran son producto del enfoque científico que marca la diferencia en la forma como se aprehenden racionalmente los rasgos esenciales de un fenómeno concreto. Pero el ejercicio es mucho más profundo: el salto cualitativo está en hacer cognoscibles las relaciones ocultas que se entretejen alrededor de las amenazas a la convivencia, para interpretarlas y explicarlas de forma concordante entre el objeto de estudio y la imagen que se ha recuperado de él.

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ta maximizar ganancias a favor de los actores criminales que controlan este modelo de mercado simplificado. Para ello, se requiere una estructura organizacional que desarrolle de forma sistemática procesos de marketing (mercadeo y mercadotecnia) dirigidos a satisfacer las necesidades de los consumidores en condiciones de proximidad, seguridad, accesibilidad y disponibilidad. Si bien es cierto, en muchos apartados del texto se hacen analogías de prácticas empresariales de carácter legal, no se pretende hacer apología al delito, solo se quiere significar la importancia de los aspectos teóricos para hacer lecturas más aproximadas a las realidades que afectan la convivencia.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Describir los aspectos ontológicos (componentes y funcionamiento) de la comercialización de estupefacientes fue posible desde la perspectiva de comprender inicialmente el fenómeno del narcomenudeo. Con este neologismo se pretende representar los hechos perceptibles que se configuran en las transacciones de compra, venta y consumo de drogas ilegales. Cuando se materializan tales vivencias dentro de los conglomerados sociales, tienen un espectro de impacto negativo al ejercicio individual y colectivo de los derechos y libertades públicas, por la afectación que se causa a los ámbitos de protección de la convivencia. La comercialización de sustancias estupefacientes, por tanto, es considerada como una actividad económica criminal, porque lleva implícita todo un conjunto de acciones asociadas a un sistema económico de mercado -división del trabajo e intercambio de bienes y servicios ilegales-, que busca institucionalizarse en el territorio como una forma de trabajo para los ciudadanos.

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Este panorama se representa de forma material en la desterritorialización del control social, que dentro de este contexto, es la abstracción de los mecanismos de poder que ejercita un actor criminal especializado en la comercialización de estupefacientes, para lograr la dominación y la apropiación de un espacio geográfico local a fin imponer y mantener el control social (instaurar normas de carácter simbólico, cultural y comportamental, así como sanciones en caso de ser violadas). Quiere decir que se presenta una ruptura en las relaciones sociales históricamente construidas a partir de acciones de coerción, violencia y criminalidad que permiten modelar los comportamientos colectivos acordes con las condiciones fácticas reque-


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ridas para el desarrollo de la actividad económica criminal. También significa una fractura en los procesos y herramientas de interacción entre la ciudadanía y las autoridades político administrativas en el plano local, que implica una disputa permanente en las relaciones de poder dentro del territorio.

De modo que el ejercicio investigativo y los resultados obtenidos con rigurosidad científica sirvieron para diseñar la generalización del subsistema de la comercialización de estupefacientes fundamento basal para predecir, disponer de una estructura lógica de análisis de datos y pre-configurar la arquitectura del Sistema Integrado de Información de Inteligencia (SI3), como presupuestos para la producción de inteligencia policial. Los aportes hasta aquí descritos contribuyen a la reorientación de la inteligencia policial comprometida en aportar conocimiento respecto de las preocupaciones ciudadanas y gubernamentales relacionadas con la convivencia. En razón a lo anterior, se estructuró una metodología endógena para la caracterización de las amenazas a la convivencia que se constituirá en el componente medular del renovado ciclo de inteligencia policial. Será un aporte más que sistemáticamente contribuya al diseño estructural del Centro Integrado de Información de

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Una vez establecidos los mecanismos para la desterritorialización del control social estatal, y como producto de estos, se configura el entramado social del crimen, que emerge y adquiere las condiciones de un medio efectivo para la protección de la actividad económica criminal. En esta instancia, algunos ciudadanos de manera racional o por coacción disponen sus potencialidades físicas y cognitivas para aportar, mediante formas de distribución del trabajo, al mantenimiento y perfeccionamiento de las condiciones y los procesos en que se ejecuta la actividad económica criminal. Los elementos de la cohesión social entonces, se transforman en un sentido negativo y se presentan como un sistema de acción para proteger toda la estructura impuesta por los actores criminales y diversificar los espectros de acción ilegal. Hay por lo tanto, unas lógicas diferenciales y distantes de la representatividad estatal, que se convierten en amenazas latentes a la legitimidad e institucionalidad oficial, la gobernabilidad local, la convivencia y del desarrollo armónico de las comunidades.

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Inteligencia Policial para la seguridad ciudadana (CI3-24/7). Este proyecto de largo alcance significa para la inteligencia policial establecer un modelo de gestión de conocimiento e innovación para el cumplimiento de los procesos misionales a partir de la integración de capacidades humanas, técnicas y tecnológicas que generen valor y ofrezcan la posibilidad de incidir en las decisiones relacionadas con la planeación y prestación del servicio en el ámbito territorial para el tratamiento de las problemáticas de convivencia. Mediante este conjunto de acciones se responde al imperativo señalado en la estrategia institucional que despliega el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC), gracias a la articulación del Plan Nacional de Inteligencia por Cuadrantes (PNIPC).

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Las dinámicas en las que evoluciona el conocimiento, la interacción con múltiples ciencias y disciplinas y los conflictos sociales propios de la sociedad moderna, se presentan como impulsores para contribuir a la formalización de la base teórica de la inteligencia policial. El esfuerzo se circunscribe a delimitar el objeto, límite y alcance de la Inteligencia Policial como modalidad de un cuerpo de policía. Es buscar la ocupación de un lugar definido en el contexto fundamental de nuestras bases, creencias y acciones que nos den identidad, pero también que nos permitan identificar la complementariedad con otras áreas de conocimiento. Una vez establecidos estos fines superiores e intrincados en el saber como organización tendremos una piedra angular para buscar teorías puras que signifiquen y validen a la inteligencia policial.

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En estos esfuerzos cognitivos y académicos se evidencia la misión y el papel preponderante que desarrolla el Centro de Inteligencia Prospectiva (CIPRO) de la Dirección de Inteligencia Policial como grupo de investigación y centro de pensamiento, que se posiciona como una estructura que asesora instancias de decisión estratégica de tipo organizacional e institucional. Igualmente, se hace visible ante los demás cuerpos de policía y la comunidad académica del hemisferio, con una perspectiva vanguardista en la intención de crear la red de prospectiva policial. El objetivo es integrar grupos de trabajo de alto rendimiento que de forma conjunta, aporten en la construcción futura de los entornos de convivencia para nuestros Estados a partir de la comprensión territorial de los problemas y la formulación estratégica para el tratamiento de los mismos.


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Este texto persigue además, que a nivel hemisférico los integrantes de los cuerpos de policía, la academia y entes gubernamentales, tengan la oportunidad de conocer los resultados obtenidos. Como producto de este intercambio se espera incentivar el debate crítico y la discusión juiciosa con diversos actores que tengan interés en los temas tratados, no sin antes ofrecerles desde la Dirección de Inteligencia Policial, a partir de la experiencia aquí demostrada en investigación científica, la disposición para el intercambio constructivo y colaborativo con los diferentes sectores académicos, las autoridades de gobierno -local, regional y nacional-, así como el entrenamiento de los cuerpos de policía mediante procesos educativos y asistencia técnica como nueva oferta de valor en cooperación nacional e internacional.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Coronel JORGE LUIS VARGAS VALENCIA Director de Inteligencia Policial

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INTRODUCCIÓN

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Esta obra quiere presentar el acercamiento que la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) hace con el propósito de avanzar en la comprensión de las principales amenazas que afectan la convivencia. La investigación realizada, de corte descriptiva transversal, no se limitó a observar el fenómeno del narcomenudeo como un conjunto de delitos, sino que orientó su esfuerzo a entender la realidad emanada de las representaciones sociales de los ciudadanos, las autoridades político administrativas y de justicia, así como los integrantes de la Policía Nacional de Colombia. La naturaleza disímil de los roles que tienen esos actores, responde a un denominador común: el conocimiento y la vivencia que de forma directa han experimentado en la ciudad de Pereira frente a la comercialización de estupefacientes.

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La investigación tuvo dos propósitos fundamentales: el primero, desde el punto de vista estratégico, realizar una reconstrucción sistémica y teórica que permitió comprender, a partir del fenómeno del narcomenudeo, los componentes del subsistema de la comercialización de estupefacientes luego de analizar los hechos fácticos y los datos empíricos encontrados en Pereira. Esta actividad económica criminal que se constituye además en problema público, evidencia diversas manifestaciones en el territorio que tienen profundo impacto sobre la seguridad pública y afecta el mantenimiento del orden social por parte de las autoridades del Estado. Todo ello debido al asentamiento de un actor criminal que, por medio del ejercicio del poder materializado en la violencia y la criminalidad, se institucionalizó de forma hegemónica en la cotidianidad de la vida local e interviene la relación entre el ciudadano y las autoridades. El segundo propósito, consistió en asesorar la actividad de la policía en el marco del Plan Nacional de Inteligencia Policial por Cuadrantes (PNIPC) desde los ámbitos estratégico, táctico y operacional, de manera que se responda a las realidades territoriales y a las


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necesidades de los ciudadanos. Esta visión con enfoque anticipativo es una potencialidad puesta a disposición del servicio de policía para contribuir de manera efectiva al desarrollo de la estrategia institucional denominada “Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC)”.

Una vez que la evidencia demuestra la complejidad del tema de estudio, se dimensiona que el narcomenudeo es un problema público, al que están asociadas, de manera interdependiente, múltiples manifestaciones de conflicto social, de violencia y de criminalidad. Además, algunos ciudadanos ven en el fenómeno una opción laboral no sólo para solventar sus necesidades básicas insatisfechas sino que de manera racional, se incorporan al crimen para acumular capital. También el actor ilegal que controla la actividad económica criminal alcanzó niveles de control y apropiación territorial que en últimas se convierte en un proceso de institucionalización, a través de la utilización de mecanismos de regulación social, para lograr de los ciudadanos el reconocimiento, la tolerancia y la colaboración (legitimidad material) mediante la violencia, la criminalidad o aprovechando la indiferencia.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

De allí la importancia de comprender la amenaza que se deriva del fenómeno llamado narcomenudeo perceptible para los ciudadanos a través de las transacciones de compra, venta y consumo de estupefacientes que se llevan a cabo en los diferentes referentes espaciales. Sin embargo, lo que no se conoce a través de los sentidos son las actividades desarrolladas bajo una lógica de mercado simplificado y de forma sistemática por un actor criminal –en Pereira– que monopoliza esta actividad económica criminal. Así las cosas, no se trata de un problema referido a lo que tradicionalmente se conoce como “la olla” (antes sólo sitio de venta, hoy lugar de almacenamiento o de venta y consumo), sino que el resultado ofrecido en este texto, se enfoca en visibilizar el entramado social del crimen que tiene por fin último, la protección del negocio ilegal y la acumulación de capital para maximizar ganancias, por medio de la comercialización de estupefacientes.

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Toda esta argumentación se basa en evidencias, abstracciones devenidas de los fundamentos teóricos confrontados con la realidad, rigurosidad metodológica y reflexiones juiciosas, que es la parte sustantiva de esta investigación. En tal sentido, el capítulo I plantea los elementos considerados en la formulación de la investigación, es decir, la justificación, el estado del arte y los marcos (teórico, conceptual y metodológico), como plataforma estructural del conocimiento previo con el que se abordó la indagación.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

El capítulo II está dedicado a formular un estatuto epistemológico de la Inteligencia Policial. Este ejercicio propositivo de carácter preliminar quiere sentar las bases teóricas fundamentales de los supuestos más generales del conocimiento que le son propios. Por lo tanto, es un esfuerzo por deslindar el objeto de la inteligencia policial frente a otras ciencias, disciplinas o actividades afines, pero en el fondo, diferenciales y algunas, complementarias. Identificar esa plataforma lógica e ideal sobre la cual se edifique la producción de conocimiento, es una construcción organizacional permanente, derivada de las experiencias científicas que obligan al debate y a la reflexión.

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En el capítulo III se formulan proposiciones para realizar un acercamiento al narcotráfico desde la óptica de una empresa criminal que funciona como un sistema socioeconómico de carácter abierto y abstracto integrado por los subsistemas de producción, distribución, comercialización y flujo de capitales. Esta forma de análisis se nutrió de ejercicios académicos con integrantes de cuerpos de policía de diferentes países del hemisferio. El enfoque sistémico permitió diseñar un esquema morfológico como presupuesto para saber qué es y cómo funciona este sistema. Sin embargo, esta investigación priorizó la comercialización de estupefacientes como objeto de estudio y a partir de ello, se diseñó una propuesta de estructura lógica de análisis sustentada en la teoría del marketing. Para tal propósito, se elaboró una noción del narcomenudeo que se convirtió en la base desde la cual, de forma secuencial, se construyó la ontología -representación, abstracción y generalización- de la comercialización de estupefacientes en cual-


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quier entorno. Los resultados ontológicos se pueden contrastar en otros escenarios, por poseer las propiedades universales del subsistema del narcotráfico, a fin de identificar las distintas tipologías o particularidades diferenciales.

En el capítulo V se describe la representación social de afectación generada por la comercialización de estupefacientes a la seguridad pública. La penetración al tema es profunda al visibilizar algunas manifestaciones que atentan contra la seguridad nacional -dimensión interna- en el ámbito local, en especial, lo relacionado con la protección institucional de la Policía Nacional, y las situaciones que perturban las dimensiones individual y colectiva de la seguridad ciudadana. En este sentido, se clasifican algunos fenómenos de conflicto social, de violencia y de criminalidad asociadas al narcomenudeo que limitan el libre ejercicio de los derechos y libertades públicas. El capítulo VI refiere de manera pormenorizada como el narcomenudeo es un factor para la desterritorialización del control social. La apropiación y explotación del territorio en el marco de las relaciones sociales sugiere relaciones de poder y hegemonía que el actor criminal desarrolla, con el fin de adecuar las condiciones favorables al objetivo de maximizar ganancias por medio de la comercialización de estupefacientes. El control social que demanda condiciones re-

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El capítulo IV detalla analíticamente el entramado social del crimen que se convierte en un medio, a través del cual, el actor ilegal institucionaliza la comercialización de estupefacientes como una actividad económica criminal. Para cumplir este objetivo, las relaciones sociales de las áreas donde funcionan los puntos de venta son intervenidas y los propósitos de la cohesión social terminan distorsionados por efectos de la violencia y la criminalidad. Así mismo, se profundiza en los factores y las manifestaciones que se evidencian en el territorio, para decodificar la forma como el narcomenudeo adquiere las características de en un problema público que desterritorializa el control social estatal, limita la gobernabilidad y legitimidad del Estado y mina la capacidad de abordaje y tratamiento de la problemática por parte de las autoridades.

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gladas como mínimos de interacción humana en los entornos urbanos, se convierte en una herramienta de poder que los criminales usan para imponer normas de comportamiento que terminan siendo aceptadas por el ejercicio de la coacción. El territorio, entonces, se convierte en un factor de disputa donde el Estado termina desconectado de los colectivos y la representación simbólica se distorsiona afectando la legitimidad de las autoridades.

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El capítulo VII, con base en la complejidad de la amenaza a la convivencia, se da paso a la descripción en términos institucionales de los principales aspectos, que desde la gobernabilidad de la Policía Nacional, deben considerarse para establecer una estrategia de actuación frente a la comercialización de estupefacientes que resulta novedosa por el alcance y naturaleza de las tareas que implica, pero que responden a una realidad hasta ahora invisible. Las conclusiones señalan los principales retos en términos de comprensión y actuación que pueden contribuir a mejorar el desempeño institucional de cara a las multivariadas manifestaciones de la amenaza en la sociedad.

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Vale la pena precisar que el libro Narcomenudeo: entramado social por la institucionalización de una actividad económica criminal es una versión mejorada y adicionada de una producción anterior publicada en noviembre del año 2011. Los nuevos elementos hacen parte de la continua tarea de los investigadores por explorar y verificar científicamente nuevos hallazgos relacionados con la comercialización de estupefacientes. Los trabajos de campo realizados en diferentes ciudades de Colombia y de Latinoamérica mediante cooperación internacional -a través capacitaciones brindadas a otros cuerpos de policía- fueron los vehículos para contrastar de forma controlada, la relación del objeto de estudio con la imagen lograda en el ejercicio de indagación que da solidez teórica a los intentos de universalidad que se persiguen, como un esfuerzo que aporta en el aspecto conceptual a la actividad de la policía. Igualmente, se pretende ilustrar con modelos teóricos, esquemas de análisis y leyes científicas un mejor acercamiento que permita comprender las amenazas que afectan la convivencia. Todas las


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Narcomenudeo: entramado social del crimen

orientaciones y propuestas se fundamentan en la misión constitucional de la Policía Nacional de Colombia, los lineamientos y políticas institucionales, así como en la participación de todas las modalidades y especialidades del servicio de Policía. Esta es una apuesta para producir conocimiento sistemático sobre un problema de profundas implicaciones económicas, sociales, políticas y culturales que, dadas las connotaciones descritas en esta obra, implica una amenaza real contra la gobernabilidad y el ejercicio de los derechos y libertades públicas. Por supuesto que no se develan resultados concluyentes, pues se trata de un ejercicio de aproximación estrictamente riguroso, que invita más bien a la crítica y al sano debate para profundizar sobre un problema de connotaciones globales. La expectativa es que a través de la ciencia se continúe profundizando sobre el conocimiento del complejo submundo de la comercialización de estupefacientes.

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CAPÍTULO I Amenazas a la seguridad pública en lo urbano: históricamente invisibles

Narcomenudeo: entramado social del crimen

El narcotráfico es un sistema de producción de capital que está compuesto de subsistemas, uno de los cuales es la comercialización de estupefacientes en el que a su vez, se identifica el fenómeno del narcomenudeo como un problema público que afecta no sólo la seguridad ciudadana sino la convivencia.

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“La adquisición de cualquier conocimiento es siempre útil al intelecto que sabrá descartar lo malo y conservar lo bueno”. Leonardo da Vinci


AMENAZAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LO URBANO: HISTÓRICAMENTE INVISIBLES

Amenazas a la seguridad pública en lo urbano: históricamente invisibles El análisis histórico de la comercialización y el consumo de sustancias estupefacientes ha permitido conocer que este fenómeno urbano en Estados Unidos, data de finales del siglo XIX. Luego se relacionó la expansión del consumo, con hechos históricos como la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam y el surgimiento del movimiento hippie como rechazo a esta; entre otras.

Desde entonces, la evolución de la comercialización y el consumo de sustancias estupefacientes han sido situaciones facilitadas entre otros aspectos, por no haber concebido a la venta de estupefacientes como una actividad económica criminal asociada al narcotráfico. También fueron determinantes aspectos de contexto como la aceptación social, la institucionalización inicial del fenómeno en sectores deprimidos, marginales y populares dirigidos por clanes familiares, la vinculación del fenómeno con manifestaciones de conflicto social, de violencia y de criminalidad; la relación de las élites sociales tradicionales con las emergentes, vinculadas con el crimen, y las dificultades operativas de las autoridades del Estado para su tratamiento.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

En Colombia, por su parte se hallaron evidencias documentales que permiten afirmar que en el año 1920 se aprobó la Ley 11 como una iniciativa prohibicionista por parte del Gobierno Nacional contra la importación, la venta y el consumo de sustancias depresoras, estimulantes y alucinógenas, comportamiento que era de la mayor preocupación urbana al considerar que formaban un hábito pernicioso. Después, hacia 1928 mediante la Ley 118 se sanciona penalmente el tráfico de cocaína y se considera al consumidor como una persona enferma.

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Las dificultades operativas en el tratamiento de la comercialización y el consumo de estupefacientes entre otras causas, pudo haberse dado por las prioridades de seguridad del Gobierno Nacional, el cual condicionaba el direccionamiento estratégico de las Fuerzas Armadas a la protección del Estado contra amenazas de los grupos armados ilegales, el narcotráfico (en los subsistemas de producción y distribución), y de forma reciente el terrorismo y el secuestro. Sin embargo, la comercialización y el consumo de sustancias estupefacientes, a pesar de no catalogarse como una amenaza directa al Estado, sí era percibido por los ciudadanos y las autoridades municipales como una de las causas que perturbaban la convivencia y por ende, la gobernabilidad local.

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En consecuencia, y como resultado de los procesos de democratización en Latinoamérica, el fenómeno neoliberal y la nueva Carta Política colombiana de 1991, por citar algunos aspectos, también en los años noventa surgen varias iniciativas de política pública incluidas en los planes de desarrollo de algunos Presidentes de la República, para atender problemas públicos urbanos que atentaban contra la seguridad de los ciudadanos, pero se superpuso nuevamente el enfoque de seguridad nacional.

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Desde el año 2002 hasta el 2009, luego del desarrollo sostenido de la Política Defensa y Seguridad Democrática, que logró resultados estratégicos satisfactorios contra los grupos armados (desmovilización de las Autodefensas Unidas de Colombia -AUC- y neutralización de miembros del Secretariado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC-) perturbadores del régimen constitucional y la integridad territorial, la clase política y la sociedad civil demandan del Gobierno Nacional priorizar también la seguridad de los ciudadanos en los entornos urbanos. Sumado a lo anterior, el año 2009 termina con la aprobación de la reforma al artículo 49 de la Constitución Política, en donde se prohíbe el consumo de sustancias estupefacientes; decisión que estaba matizada por el ambiente político debido al proceso electoral parlamentario y presidencial. Además los candidatos incluyeron en sus agendas programáticas y públicas, iniciativas relacionadas con la seguridad ciudadana.


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Por su parte, la Policía Nacional a través de la Directiva Operativa Transitoria 004 del 21 de enero de 2010 direcciona la prestación del servicio para tratar el fenómeno del microtráfico, al tiempo que el Presidente de la República y el Ministro del Interior y de Justicia de la época, exigían resultados tangibles contra los puntos de venta de sustancias estupefacientes, entendido esto como la principal amenaza a la seguridad ciudadana.

Desde esta perspectiva la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), especialidad que asesora la toma de decisiones de la Dirección General de la Policía Nacional y a través de ella al Gobierno Nacional, decide explorar un enfoque epistemológico de inteligencia policial, diferente a la inteligencia criminal, que permita orientar la planeación de la actividad de policía y la gestión territorial, en temas de seguridad ciudadana a partir del estudio del narcomenudeo. Es decir, un enfoque que conduzca al conocimiento de los factores que intervienen en las relaciones sociales alrededor del narcomenudeo, y a partir de ello poder establecer si las organizaciones criminales dedicadas a la comercialización de sustancias estupefacientes, regulan el comportamiento social y estimulan la creación de instituciones ilegales y poderes paralelos, procesos a través de los cuales se deslegitima la gobernabilidad de la seguridad ciudadana. Frente a tal propósito, la Policía Nacional a través de la DIPOL seleccionó la ciudad de Pereira (Risaralda), para realizar la investiga-

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Así mismo, las autoridades, la sociedad civil y los medios de comunicación denominaron al fenómeno como microtráfico, el cual fue asociado, sin argumentos verificables, con las diferentes manifestaciones de inseguridad urbana (homicidio, hurto, confrontación entre pandillas) que aún se vive en algunas ciudades. Luego de un análisis conceptual se estableció que el microtráfico era una modalidad de transporte de productos básicos del narcotráfico (alijos inferiores a 5 kilogramos), conocida desde finales de los años noventa y que no era pertinente asociarlo con el fenómeno urbano de comercialización y el consumo de sustancias estupefacientes; por ello se propuso para esta investigación entenderlo como narcomenudeo, un neologismo con el que se ha de denominar la compra, venta y consumo de estupefacientes (producto esperado) como manifestaciones concurrentes y concomitantes del fenómeno objeto de estudio.

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ción institucional titulada “Inteligencia policial para caracterizar el narcomenudeo: un reto estratégico en seguridad ciudadana”. Esto debido al interés de la Policía Nacional de iniciar la aproximación al conocimiento del fenómeno en una ciudad como esta, donde se establece que previamente a la desmovilización del frente Héroes y Mártires de Guática de las autodefensas en el año 2005, surge una estructura criminal denominada “La Cordillera” que dinamizó la venta de estupefacientes con un enfoque de mercado. Aunque no se dispone del patrón histórico que así lo demuestre y que pese al esfuerzo institucional y los resultados obtenidos por el Comando del Departamento de Policía Risaralda (DERIS), para entonces, y después por la Policía Metropolitana de Pereira (MEPER), se concluye que existen vacíos de conocimiento frente a ¿Cómo el narcomenudeo afecta la seguridad pública? Se entiende que el fenómeno es complejo, dinámico y evoluciona constantemente, muta y se desplaza sin que pueda ser identificado de manera técnica por las autoridades, lo que dificulta la prestación eficiente y eficaz de la actividad de policía a la comunidad.

Razones para visibilizar el narcomenudeo como fenómeno que genera inseguridad pública

Narcomenudeo: entramado social del crimen

El problema de conocimiento planteado, ¿Cómo el narcomenudeo afecta la seguridad pública? sugiere varias razones para visibilizar de forma inicial el narcomenudeo desde la perspectiva de la pertinencia, la conveniencia y el impacto.

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Desde la perspectiva de la pertinencia, el fenómeno objeto de análisis se relaciona con los retos fijados por la política internacional de los organismos multilaterales frente a la comercialización de sustancias estupefacientes, la conveniencia está asociada con la necesidad de conocer el fenómeno del narcomenudeo como un problema público que afecta la convivencia. Por su parte, el impacto se determina por la posibilidad de asesorar a la Policía Nacional en los ámbitos interno y externo de actuación, y a la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), porque permitirá la comprensión de las amenazas que afectan la convivencia a partir de la objetivación y caracterización de los mismos.


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En ese orden de ideas, esta investigación es pertinente ya que en el año 2010, la formulación de la política internacional contra las drogas hizo énfasis en la obligatoriedad de los Estados -que son parte de la ONU- de reducir la demanda con enfoque comunitario y no sólo la oferta. Esto plantea retos para el Gobierno Nacional, porque requiere cambios en la legislación y respuesta a las nuevas necesidades de seguridad del Estado y de los ciudadanos, y para la Policía Nacional por que se debe redefinir, entre otros aspectos, el direccionamiento estratégico del servicio que se presta a la comunidad frente al problema público de comercialización y consumo de estupefacientes.

Así, esta investigación desde la perspectiva del impacto se constituyó en conocimiento para asesorar a la Policía Nacional en determinados ámbitos del orden interno y externo. En el ámbito interno, le permitió a la Policía Nacional identificar algunos retos en la prestación de la actividad de policía frente a la reducción de la demanda con un enfoque comunitario, por lo que se consideró como insumo para el diseño de la estrategia institucional contra la comercialización de estupefacientes, bajo el concepto de gobernanza. En el ámbito externo, facilitó la visibilización de los factores que desterritorializan el control social estatal, identificó que la oferta institucional a través de la actividad de policía genera valor público por parte de los ciudadanos, evidenció la necesidad de prevenir la institucionalización de actores ilegales a través de actividades de economía criminal, así como compartir experiencias con otros cuer-

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Así mismo, la conveniencia de conocer cómo el narcomenudeo afecta la seguridad pública se determina en profundizar el estudio conceptual del subsistema de comercialización de estupefacientes del narcotráfico al que está ligado, porque existen vacíos de conocimiento. Se busca una aproximación a la comprensión morfológica del fenómeno a partir del conocimiento de las necesidades y expectativas de seguridad de los ciudadanos. Como la inseguridad es una construcción subjetiva, la investigación consideró el concepto de las representaciones sociales, a través de las cuales se logró identificar el constructo social del narcomenudeo como un fenómeno complejo determinado por la interacción humana.

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pos de policía de Latinoamérica y el Caribe frente al fenómeno del narcomenudeo. Para la DIPOL, contribuyó a la implementación del Modelo de Inteligencia Policial para la Seguridad Ciudadana orientado a comprender fenómenos complejos que amenazan la convivencia de los ciudadanos y de esta forma, iniciar la anticipación de las manifestaciones mediante el seguimiento longitudinal. Así mismo, definir el rol de inteligencia policial en el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC), en procura de establecer el objeto, el límite y alcance de la asesoría de la inteligencia policial en la planeación y prestación del servicio de policía. Las anteriores razones, señalan la necesidad de precisar que Pereira (Risaralda) se seleccionó porque allí se poseía la capacidad institucional para desarrollar la investigación. Aquí se encontró la manifestación de un fenómeno en una geografía de conurbación (área metropolitana) y en su momento se daba la separación orgánica del Departamento de Policía Risaralda (DERIS) respecto de la Policía Metropolitana de Pereira (MEPER).

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La exploración del conocimiento científico y fáctico frente a la comercialización de estupefacientes

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Entendido el narcomenudeo como un problema público de afectación a la seguridad ciudadana, se realizó una exploración bibliográfica orientada a identificar estudios desarrollados al respecto no sólo por parte de la academia, sino también por los cuerpos de policía de Latinoamérica. Por otra parte, se realizaron actividades de referenciación en algunas ciudades colombianas y en Río de Janeiro (Brasil), en procura de comparar las generalidades del fenómeno y, por último, pero no menos importante, se realizó en coordinación con la CICAD-OEA cinco ejercicios académicos en el que participaron integrantes de cuerpos de policía de Centroamérica y Sudamérica, expertos en la lucha contra las drogas, con quienes se compartieron algunas dificultades en la comprensión y actuación coordinada frente a la comercialización de estupefacientes. Por eso resulta pertinente exponer los hallazgos más importantes para distinguir el modo en que los resultados obtenidos en esta investigación pueden


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llegar a significar un enriquecimiento de los conocimientos existentes y no una mera reiteración de estudios anteriores.

Producción Académica: la abstracción para explicar fenómenos Entre los distintos estudios consultados se confirmó la producción de conocimiento para guiar la actuación de los cuerpos de policía frente a la venta de estupefacientes. Por ejemplo, en Estados Unidos este abordaje se realizó desde el concepto de inteligencia criminal, es decir, desde el estudio del delito (Chakravorty, S., Ratcliffe, J. y Rengert, G. 2005). Desde otra perspectiva, se conocieron estudios sociológicos (Zamudio, C. 2007) de los cuales se destaca cierto consenso para concebir la venta de estupefacientes como un fenómeno, en el que se evidencia una relación de mercado (Andrade, X. 1990) y que dada su cercanía con los ciudadanos en la cotidianidad, vulnera la seguridad personal y comunitaria, estos criterios deben considerarse para el diseño de las políticas públicas.

En ese orden de ideas, se puede citar que las principales tendencias de la venta de estupefacientes son: 1. Incremento de la pena para quienes comercializan (venta) estupefacientes. 2. Bajo impacto de los programas orientados a la reducción del uso ilegal de estupefacientes. 3. Creciente securitización del fenómeno del narcomenudeo.

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La síntesis de los resultados se puede agrupar en tres grandes categorías: la primera, en función de algunas tendencias del fenómeno en Latinoamérica; la segunda, la aproximación de los conceptos más destacados a partir de los cuales se comprende el fenómeno y, la tercera, algunas conclusiones asociadas a la situación actual del fenómeno.

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4. Incremento del apoyo político hacia la legalización del consumo de estupefacientes. 5. Crecimiento de mercados en los colegios y escuelas para inducir el consumo y asegurar la venta de estupefacientes. 6. Mayor instrumentalización de los menores de edad para garantizar la venta de estupefacientes. Por su parte, la relación de los conceptos que están asociados con el estudio y comprensión de la venta de estupefacientes son: drogas ilegales, drogas ilícitas, fenómeno, relación de mercado y consumo. Así mismo, la venta de estupefacientes también se conoce como narcomenudeo y microtráfico. Estos aspectos, permiten inferir que aún falta consenso para enriquecer el vocabulario técnico del fenómeno objeto de estudio. En resumen, entre los aspectos que permiten aproximarse al conocimiento del estado actual de la venta de estupefacientes, se mencionan los siguientes:

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a) El fenómeno del narcomenudeo se orienta y asienta en aquellas comunidades ubicadas en barrios deprimidos, marginales y populares para garantizar la instrumentalización justificada en la incapacidad de respuesta para satisfacer las demandas sociales de los ciudadanos.

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b) Las políticas públicas deben favorecer la reducción del consumo de estupefacientes, proveer herramientas a los cuerpos de policía para la actuación preventiva, disuasiva y reactiva; así como estimular la sinergia interinstitucional y comunitaria para tratar el fenómeno. c) El problema de la demanda sigue centrado en estudios para determinar la cantidad de población consumidora y la prevalencia del consumo, pero las políticas públicas no se orientan al tratamiento y rehabilitación. Esto a partir del año 2010, entra a ser demandado por la Junta Internacional de Fiscalización de Estu-


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pefacientes (JIFE) y la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas (CICAD) a los Estados parte. d) La comprensión del narcomenudeo se debe realizar teniendo como fundamento los elementos constitutivos de la comercialización de estupefacientes del narcotráfico, para guiar la actuación de la Policía Nacional, lo que además requiere la implementación de un modelo de inteligencia policial que guarde concordancia con la Constitución, la ley y los reglamentos institucionales. e) El estado del arte no mostró estudios de carácter ontológico que permitieran conocer las propiedades universales de la comercialización de estupefacientes. f) En concordancia, tampoco se conocen investigaciones en las que se aborde el estudio con enfoque anticipativo del fenómeno a partir de las distintas manifestaciones relacionadas con el conflicto social (drogadicción), la violencia (constreñimiento) y la criminalidad (venta de estupefacientes).

Luego del panorama ofrecido por la academia, se destacan algunos aspectos de interés para esta investigación mediante las referenciaciones efectuadas en algunas ciudades de Colombia, en Río de Janeiro (Brasil) y cinco ejercicios académicos realizados con expertos en lucha contra el narcotráfico adscritos a distintos cuerpos de policía de Latinoamérica.

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g) Se puede afirmar que los servidores públicos de los cuerpos de policía requieren entrenamiento especializado para desarrollar procedimientos judiciales contra la venta de estupefacientes (además del porte, tráfico y fabricación) y realizar la actuación contravencional contra quienes consumen estas sustancias como dos comportamientos diferenciados que demandan una actuación integral.

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La referenciación: una mirada fáctica de la venta de estupefacientes Referenciación Nacional ELN: un actor criminal que controla la comercialización en Saravena En el municipio de Saravena (Arauca) ubicado en la frontera con Venezuela, la organización delincuencial “Los Colachos” perteneciente a la Comisión Ernesto Che Guevara del Frente Domingo Laín del Ejército de Liberación Nacional (ELN), posee el monopolio de la venta de estupefacientes. Ese monopolio, además, es aprovechado como un mecanismo para ejercer control territorial urbano con un enfoque de colonización, entendido en geopolítica como establecer la posesión sobre un área determinada.

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Este referente es de vital importancia por las siguientes características particulares: los integrantes tienen doctrina e ideología comunista-guevarista, se evidencia que un solo actor criminal tiene incidencia en todo el sistema del narcotráfico y que además de generar renta, aprovecha esta estructura urbana como componente de milicia para el cobro de extorsiones a comerciantes y transportadores.

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Desde la perspectiva de respuesta del Estado, no se visibiliza el narcomenudeo como un fenómeno del narcotráfico de afectación a la seguridad pública y los procedimientos judiciales no se orientan hacia la comercialización de estupefacientes, ni contra la estructura delincuencial, sino hacia la incautación de sustancias estupefacientes por porte, tráfico y fabricación. El crimen subregional: una prioridad a considerar en la cooperación internacional En Cúcuta (Norte de Santander), luego del proceso de desmovilización en el año 2006, se registraron disputas entre integrantes de las organizaciones “Las Águilas Negras” y “Los Rastrojos”, por el control territorial de la frontera con Venezuela. Luego del asentamiento de “Los Rastrojos”, se identifica la supervivencia de organizaciones nar-


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cotraficantes como “Los Pulpos”, “Los Boyacos” y “Los Pepes”, todas ellas con tradicional influencia en la zona de frontera. Bajo este nuevo contexto criminal se suman unas condiciones urbanas históricas, que favorecieron la evolución del narcomenudeo con un enfoque de mercado; entre ellas el fenómeno del contrabando, la venta de estupefacientes por parte de “Los Boyacos”, la informalidad de la economía, así como la relación laboral y comercial entre las ciudades colombianas de Cúcuta, Villa del Rosario y Los Patios (Colombia) con Ureña, San Antonio y San Cristóbal (Venezuela). Estas condiciones favorecieron la instalación de un mercado de estupefacientes donde participan varias organizaciones delincuenciales en el marco de un mercado oligopólico que tiene influencia en las ciudades fronterizas de ambos países, las que perciben que no son perseguidas por las autoridades de ninguno de los dos Estados. Esto se da por el precario, parcializado y descontextualizado conocimiento sobre las características del fenómeno desarrollado por organizaciones criminales que tienen estructura y son financieramente sólidas (Dammert, L. 2010, p. 203). Es decir, si bien los organismos de seguridad realizan operaciones contra el narcotráfico, no se controla el mercado urbano e inter-fronterizo de estupefacientes.

El puerto de Buenaventura (Valle del Cauca) representa la principal ventaja estratégica para las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico. Por ello, no son percibidas, pero sí propiciadas innumerables alianzas inéditas para obtener participación del envío de estupefacientes al exterior, a través del puerto marítimo y esto genera la necesaria distribución territorial urbana de la ciudad por parte de organizaciones delincuenciales y narcotraficantes que favorecen los intereses de la economía criminal de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y la organización emergente del narcotráfico “Los Rastrojos”. Las alianzas se logran materializar por la convergencia de intereses de quienes lideran las organizaciones delincuenciales (desmovilizados de las FARC) y los actuales narcotraficantes que tuvieron víncu-

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Invisible simbiosis criminal: ¿para qué el control territorial?

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los con los integrantes de los otrora denominados carteles de Cali y el Norte del Valle del Cauca. En el logro de estos propósitos, el narcomenudeo es para las organizaciones delincuenciales y narcotraficantes un fenómeno oligopólico asociado a la comercialización de estupefacientes que les permite generar y capturar rentas, mantener el control territorial, subsumir a las pandillas, reclutar personas para los grupos armados al margen de la ley y asegurar rutas de acceso a la ciudad y al puerto marítimo. Es decir, el narcomenudeo es la parte visible de la comercialización del narcotráfico que está asociado al control territorial y la inseguridad ciudadana, cuyas manifestaciones varían de una región a otra según las condiciones sociales, políticas, económicas y culturales (Innerarity, D. 2002).

Referenciación Internacional

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Esta actividad se desarrolló desde dos perspectivas: la primera un trabajo de campo en Río de Janeiro y, la segunda, en el marco de un curso antidroga desarrollado en Brasilia. El trabajo de campo se orientó a identificar los aspectos más relevantes del fenómeno y su impacto en la gobernabilidad. Por su parte, el ejercicio de enfoque académico, tuvo como propósito conocer las dificultades de actuación para los cuerpos de policía en diferentes regímenes de Gobierno. En suma, se considera que estos aspectos pueden indicar hacia dónde avanzaría el fenómeno en Colombia.

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Río de Janeiro: la venta de estupefacientes, una institución ilegal El trabajo de campo realizado en la ciudad de Río de Janeiro (Brasil) tuvo dos objetivos específicos, el primero fue establecer si el mercado de estupefacientes estaba integrado al narcotráfico, y el segundo, identificar los aspectos más relevantes sobre cómo afecta la gobernabilidad.


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Venta de estupefacientes: ¿un subsistema del narcotráfico o una manifestación? El mercado de estupefacientes en las calles, es la forma efectiva como se monetiza el producto fabricado y manufacturado por las organizaciones narcotraficantes. Es decir, el narcomenudeo o venta de estupefacientes sí está relacionado con el sistema del narcotráfico. Además, se puede afirmar que el narcomenudeo es un fenómeno (solo la manifestación percibida) del subsistema de comercialización de estupefacientes.

Esto permite el tránsito hacia el control territorial como un efecto propio del mercado, pero también como un mecanismo que puede tener otros usos, entre ellos el control del comportamiento electoral de los ciudadanos con fines políticos (gobernabilidad), lo que plantea un reto para el Estado no sólo local, sino que exige una mayor atención por parte del Gobierno Federal.

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El precio de los estupefacientes al menudeo ha permanecido estable y el dinero que se obtiene por sus ventas se inserta en el sector real -la base primaria de la economía local (lavado de activos)-, antes de ingresar al sistema financiero. Desde esta perspectiva, el origen del dinero para la compra de estupefacientes se relaciona con distintas actividades legales e ilegales. Mientras el destino de estos dineros consiste en darle apariencia legal, para ello se reinvierte en otras prácticas ilegales como venta de comestibles, préstamos de dinero con altas tasas de interés (gota-gota), servicios de vigilancia, centros de belleza y estética, siendo estas las oportunidades laborales que se les brinda a los ciudadanos de la periferia; esto además, se identifica como una de las formas de consolidar una intrincada y compleja estructura del crimen-red bajo la lógica del poder popular (Morales, C. y Nougier, M. 2010), o entramado social del crimen por cuanto se desconfigura y reconfigura la cohesión social como mecanismo de protección de la actividad económica criminal.

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El centro y la periferia: la posibilidad de incidir en la gobernabilidad De acuerdo con lo anterior, bajo la teoría capitalista del centro y la periferia (Ocampo, J. 2001) y el fenómeno de la inversión de los recursos del narcotráfico en el sector real de la economía, se puede aseverar que el crimen organizado implementa un modelo económico similar, pero en la periferia y a la inversa. Es decir, los narcotraficantes son el centro (dueños del mercado) y los habitantes de las favelas: la periferia. En este orden, los narcotraficantes consolidan en el territorio estructuras de mercado del tipo oligopolio, a partir de las cuales establecen relaciones de dominación en razón a que las condiciones culturales, topográficas y las crecientes demandas sociales les favorecen en sus propósitos económicos, políticos y sociales.

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Por su parte, los habitantes de las favelas o asentamientos irregulares urbanos (exterior) por su ubicación periférica (alrededor del centro), se constituyen en un subsistema que beneficia los intereses del crimen organizado, pero como tienen una inocua capacidad para organizarse y auto-gestionarse, la dependencia se mantiene alrededor de una economía criminal y, esto, en suma, condiciona y determina el comportamiento del colectivo (instrumentalización). Esta puede ser una interpretación de cómo el crimen organizado urbano le disputa la legitimidad al Estado.

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El entramado social del crimen, es decir, una forma de cohesión social adecuada en función de las actividades criminales, en este caso del narcotráfico, indican la intención de explorar un camino distinto para acceder al poder local, no de manera vertical, sino horizontal. La dependencia económica (voluntaria o constreñida) de los ciudadanos en condición de periferia, garantiza la cohesión social de comunidades en estado de exclusión por parte de los narcotraficantes, lo cual se constituye en la base popular para elegir gobernantes, con el fin de mantener y proteger el mercado y maximizar las ganancias. Es decir, la territorialización (Ramalho, S. 2006) de las ciudades sería el propósito de las organizaciones criminales, por ello se


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habla ya de un poder paralelo. Esto en atención a que organizaciones criminales como el Primeiro Comando da Capital (PCC) tiene una estructura mafiosa con una considerable base social fundada en la comisión de múltiples formas de delito, y que, incluso, “El PCC introduce a sus miembros en concursos para cargos públicos y quiere organizarse para los comicios electorales” (Manrique, L. 2006, p. 5). Por su parte, Dirk Kruijt (2008), en un análisis sobre actores armados y su incidencia sobre la violencia en América Latina, indica que en las favelas de Brasil existen organizaciones de la narcoeconomía, “que ejercen la función de seguridad y de justicia local como una autoridad paralela, que convive a la vez en simbiosis con la población común y está dominando la sociedad local en los barrios populares” (pp. 64-65). La capacidad de respuesta institucional: en crisis por el desconocimiento de la amenaza y la descoordinación

a) Las políticas públicas y las estrategias no responden a las realidades territoriales (Morales, C. y Nougier, M. 2010), porque se desconocen los elementos constitutivos del narcotráfico lo que redunda en una inadecuada lectura de las variables, se desconocen las tendencias y por ello, no se logra anticipar hacia dónde mutará, se desplazará o perfeccionará el funcionamiento del fenómeno. b) La coordinación interinstitucional se dificulta en los países federados por lo complejo que resulta articular esfuerzos de orden municipal, estatal y federal. Por su parte, en los Estados con régimen centralista y unitario la afectación se identifica en que las estrategias son verticales, de aplicación indiscriminada y no responden a las realidades territoriales. En uno u otro modelo la debilidad radica en el bajo impacto de las estrategias en el territorio local.

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En Brasilia (Brasil) la Escuela Regional de la Comunidad de Inteligencia Antidrogas de las Américas (ERCAIAD) desarrolló el “Curso Internacional de Inteligencia Estratégica y Prospectiva del Tráfico Ilícito de Drogas” en el que participaron expertos en la lucha contra el narcotráfico adscritos a diez cuerpos de policía de Latinoamérica, ejercicio académico que arrojó las siguientes conclusiones:

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c) Los mayores esfuerzos de los cuerpos de policía se orientan a reducir la producción y distribución de sustancias estupefacientes que tienen como destino los mercados de Estados Unidos y Europa, como una prioridad bajo la doctrina de la seguridad nacional, pero se desatiende la comercialización de estupefacientes dentro de cada uno de los Estados. d) La capacitación y destinación de los recursos se orienta hacia los grupos especializados de los cuerpos de policía que actúan contra la producción y la distribución de sustancias estupefacientes, pero lastimosamente no ocurre lo mismo con los servicios de policía locales, que deben proceder de manera rutinaria contra la comercialización de estupefacientes, pese a que en este ámbito tiene la mayor incidencia en la inseguridad pública y la gobernabilidad local. e) La investigación criminal se constituye en un factor de suprema relevancia, en el cual existen graves problemas, tales como:

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• En la estructura de los órganos judiciales se han creado unidades especializadas para investigar delitos relacionados con el narcotráfico, pero no se utilizan esas capacidades especializadas en la judicialización de las organizaciones criminales dedicadas a la venta de estupefacientes en la calle, porque de forma equivocada, no se considera parte de ese sistema. Es decir, no se concibe que el narcotráfico funcione como un esquema de crimen-red que articula sistemáticamente lo trasnacional con lo local, en el que la delincuencia común ha sido subsumida y hace parte de la “empresa criminal”.

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• Los investigadores judiciales priorizan los procesos contra los líderes de las organizaciones criminales y la incautación de grandes cargamentos de sustancias estupefacientes, ante la presión por el logro de resultados operacionales. Por ello, la investigación criminal contra los mercados internos no es una prioridad. f) No se concibe el flujo de capitales en las diferentes etapas del narcotráfico sino que la atención se restringe a la dimensión de lavado de activos. Aun así, no están establecidas las variables que permitan un conocimiento y seguimiento estratégico, sino que por ahora, se estudian y persiguen diferentes modus operandi de acuer-


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do a la tendencia y manifestación del delito. En este punto, es necesario advertir el reto de los cuerpos de policía de Latinoamérica por especializar la comprensión de esta fase del narcotráfico para complementar la estructura lógica de análisis. g) En varios Estados del hemisferio se puede identificar que la información estratégica del narcotráfico es limitada y dispersa (su recolección, administración y gestión recae sobre diferentes instituciones gubernamentales), lo que significa dificultades para comprender la interdependencia de las propiedades del sistema. Además, no hay una instancia que centralice y coordine la ejecución de la política pública ni haga seguimiento a la mutación del fenómeno. h) El análisis del narcotráfico desde los cuerpos de policía se percibe fragmentado, su esfuerzo se focaliza en los subsistemas de producción, distribución y la dimensión del lavado de activos. Sin embargo, no se concibe la comercialización de estupefacientes ni el flujo de capitales como un objeto propio de su actividad, y por lo tanto, no se logran evidenciar las relaciones causales ni la interdependencia integral que tiene el sistema.

j) En el hemisferio el fenómeno de venta de estupefacientes se conoce con distintos nombres, por ejemplo, Argentina y Uruguay (boca de expendio), Brasil (boca de fumo), Chile, Costa Rica y República Dominicana (microtráfico), México (narcomenudeo), Nicaragua (expendio de droga), Panamá (venta callejera) y Perú (microcomercialización). El narcotráfico, un sistema: la evolución glocal El narcotráfico es un sistema glocal que afecta la seguridad pública y la estabilidad institucional desde diferentes perspectivas; esto

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i) Los esfuerzos en relación con la demanda han priorizado la prevención del consumo de sustancias estupefacientes, dejando de lado las acciones relacionadas con la mitigación, superación y fortalecimiento de la capacidad de respuesta. Las instituciones del Estado fragmentan la realidad para operacionalizar las estrategias contra el narcotráfico, en otras palabras, descomponen la oferta de la demanda, que en la práctica tiene un impacto negativo.

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permite aseverar que en Colombia la comercialización de estupefacientes estaría fijando tendencias de comportamiento hacia ámbitos afines con las siguientes proposiciones: • Las organizaciones transnacionales, entre ellas las Bandas Criminales (BACRIM), pretenderán expandir y consolidar el mercado ilegal de sustancias estupefacientes dentro del territorio nacional. Factores como la disminución del riesgo, la posibilidad de eludir procesos judiciales en Estados Unidos y la alta rentabilidad del negocio, serían elementos que pueden potenciar esta orientación. • En las zonas de frontera se empezaría a evidenciar la influencia de un crimen subregional y baja capacidad de coordinación entre las autoridades judiciales de los Estados para responder a este reto.

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• El crimen organizado pretendería asentarse en las ciudades principales e intermedias para apropiarse del territorio con el propósito de favorecer y diversificar las actividades económicas criminales. No se pueden perder de vista situaciones complejas como las ocurridas en Río de Janeiro, donde existiría un interés por consolidar fuerzas con carácter revolucionario y de liberación (Morales, C. y Nougier, M. 2010), que se deben tener como referencia de escenarios catastróficos.

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• El mercado de productos sustitutos crecería porque existe el interés sistemático de los criminales por generar la dependencia en el consumo de sustancias que generan efectos similares a los estupefacientes.

Comprender la amenaza: el reto para guiar la actividad de policía con inteligencia De esta manera, se da paso a la caracterización de la investigación que se desarrolló por parte de la DIPOL. Por lo tanto, se presentan a continuación los objetivos y los marcos: teórico, conceptual y metodológico, que fueron empleados para la aproximación al conocimiento del fenómeno en Pereira.


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El objetivo general de la investigación fue elaborar la ontología del subsistema de comercialización de estupefacientes en el sistema socioeconómico del narcotráfico mediante la implementación del Ciclo de Inteligencia Policial para ase­sorar la planeación y prestación del servicio frente a la seguridad pública. Para lograr tal propósito, fue necesario orientar los esfuerzos hacia los siguientes objetivos específicos, secuenciales y complementarios: 1. Identificar la estructura y funcionamiento del subsistema de comercialización de estupefacientes en el sistema del narcotráfico. 2. Explicar el proceso de entramado social para la institucionalización del narcomenudeo como actividad económica criminal. 3. Describir las manifestaciones asociadas al narcomenudeo que amenazan la seguridad pública. 4. Presentar una propuesta con enfoque prospectivo útil para asesorar la toma de decisiones en la planeación y prestación del servicio de policía.

Un marco teórico concebido en el sistemismo para comprender la comercialización de estupefacientes La complejidad para representar en abstracciones teóricas de la forma como el narcomenudeo afecta la seguridad pública demandó la cuidadosa selección de teorías que permitieron aproximarse a las dimensiones reales del fenómeno y a la forma como este se apropia del territorio. Para iniciar este estudio se abordó el fenómeno de narcomenudeo como la manifestación asociada a la comercialización de estupefacientes percibida por los ciudadanos, con lo cual, se logró penetrar en los componentes estructurales del narcotráfico.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

En concordancia y en relación con la teoría fundamentada, se realizaron las consultas teóricas afines con la realidad y que además ofrecieran los conceptos adecuados para enmarcarlos, interpretarlos y explicarlos con los datos fácticos hallados.

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En este sentido, se concibió una teoría central, que es sobre la que se rige la comprensión, y cuatro sustantivas o complementarias, que están en concordancia con la central y permiten profundizar en el conocimiento específico algunos aspectos de esta realidad. Como teoría central para el análisis se seleccionó la Teoría General de los Sistemas, para establecer cómo el narcomenudeo se relaciona con el narcotráfico. Posteriormente se encuentra la necesidad de estudiar teorías relacionadas con el marketing, las representaciones sociales, la geografía humana (en especial las líneas de la territorialidad humana y la geografía crítica del capitalismo) y con el valor público. En consecuencia, se hará una breve descripción de cada contenido teórico y una explicación del aporte que éstos le confieren a la comprensión del narcomenudeo para aproximarse así a la comercialización de estupefacientes y lograr visibilizar la afectación a la seguridad pública.

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Teoría General de los Sistemas

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Este planteamiento teórico se fundamenta en que los acontecimientos parecen envolver algo más que las decisiones y acciones individuales, y están determinados más bien por “sistemas” socioculturales, trátese de prejuicios, ideologías, grupos de presión, tendencias sociales, el crecimiento y la decadencia de civilizaciones y quién sabe cuánto más (Bertalanffy, L. 1946). A través de esta teoría es posible conocer la metafísica de los fenómenos y ello también plantea la necesidad de apoyarse en la interdisciplinariedad para ese logro. Aquí la metafísica es entendida no como lo que trasciende, sino como la ontología, la epistemología, la axiología y la teleología de los fenómenos. Es así como desde la identificación de los sistemas de variables mutuamente dependientes se pretende avanzar hacia la comprensión del fenómeno del narcomenudeo, el cual no puede estar aislado de un sistema o suprasistema y es a partir de una comprensión sistémica que se pretende realizar la aproximación de cómo afecta la seguridad ciudadana.


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Esta teoría clasifica los sistemas según la constitución y el nivel de intercambio con el medio, así: a) Los sistemas según su constitución: pueden ser físicos (compuestos por equipos, por maquinaria y por objetos y cosas reales), abstractos (compuestos por conceptos, planes, hipótesis e ideas) o físico-abstractos (entendidos como la combinación de lo físico y lo abstracto). b) Los sistemas según el nivel de intercambio con el medio: pueden ser cerrados (son herméticos a cualquier influencia ambiental) o abiertos (presentan relaciones de intercambio con el ambiente, a través de entradas y salidas). La teoría general de los sistemas tiene entre sus objetivos producir teorías o elaborar abstracciones, crear condiciones de aplicación en la realidad empírica y elaborar formulaciones conceptuales. Así mismo, se distinguen algunas funciones y principios que rigen los sistemas tales como: Funciones • Adaptación: lleva a cabo los cambios para sobrevivir en un medio cambiante.

• Dirección: coordina las actividades desde los subsistemas y toma decisiones en los momentos necesarios. • Mantención: se encarga de lograr que las partes del sistema permanezcan dentro del sistema. • Producción: transforma las corrientes de entrada en flujos de salida esperados.

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• Apoyo: provee desde el medio al sistema los elementos necesarios para su transformación.

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Principios • Sistema: orden dinámico de partes y procesos en interacción mutua. • Sinergia: es el principio básico de esta teoría y se refiere a que el todo no es igual a la suma de las partes, ni puede ser deducido a partir de algún elemento del sistema. • Recursividad: alude a la relación suprasistema, sistema, subsistema y postula que un objeto sinergético está compuesto de partes que son a su vez objetos sinergéticos. • Organización: es un sistema socio técnico incluido en otro más amplio, que es la sociedad con la que interactúa influyéndose mutuamente. También puede ser definida como un sistema social integrado por individuos y grupos de trabajo que responden a una determinada estructura y dentro de un contexto al que controla parcialmente, para desarrollar actividades aplicando recursos en procura de ciertos valores comunes.

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Los subsistemas de la organización son: el subsistema psicosocial (compuesto por individuos y grupos en interacción), el subsistema técnico (técnicas usadas para la transformación de insumos en productos) y el subsistema administrativo (desarrolla planes de integración, estrategia y operación).

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• Entropía: es la tendencia de los sistemas al desgaste, a la desintegración, para el relajamiento de los estándares y para un aumento de la aleatoriedad. En la medida que la entropía aumenta, los sistemas se descomponen en estados más simples. • Homeostasis: es el equilibrio dinámico entre las partes del sistema. Los sistemas desarrollan una tendencia a adaptarse con el fin de alcanzar un equilibrio interno frente a los cambios externos del medio ambiente. • Isomorfismo: se refiere a la construcción de modelos de sistemas, sobre todo de carácter matemático, de tal forma que la represen-


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tación algebraica permita predecir el comportamiento del sistema. El resultado del modelo coincide con la realidad. • Teleología: define que todos los subsistemas deben tener una relación interdependiente orientada al logro de los fines del sistema. • Equifinalidad: es un principio de los sistemas abiertos que señala que existe más de un método para conseguir un objetivo. Este principio es muy importante en la aplicación de la práctica organizacional, especialmente cuando se trata del logro de objetivos y el diseño de estructuras. Es decir, los sistemas no son la suma de partes en un todo. Su esencia la constituye el poder identificar la estructura, es decir los tipos y números de conexiones de los componentes (subsistemas) (Enguita, M. 1998, p. 42), la interacción entre ellos (dinámica-funcionamiento) y la interconexión o interdependencia con otros sistemas en un gran suprasistema. Entonces, guiados por el criterio de algunos expertos consultados, se explora si la comercialización de estupefacientes, como subsistema del narcotráfico, tiene un enfoque de mercado y para ello, se consulta la teoría del marketing.

El término marketing es un anglicismo cuya definición según Philip Kotler (considerado por algunos como el padre del marketing) es “el proceso social y administrativo por el cual los grupos e individuos satisfacen sus necesidades al crear e intercambiar bienes y servicios”. El marketing funciona como un subsistema de una empresa, sistema en el que también se conoce como comercialización (Murgado, E. 2005). Para su estudio, el marketing se considera como una disciplina que ha desarrollado distintas teorías que se agrupan en varias escuelas de pensamiento (Moliner, A. y Cervera, A. 2004), así: escuelas de marketing económicas y no interactivas; escuelas de marketing económicas e interactivas, escuelas de marketing no económicas y

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Teoría del Marketing

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no interactivas, y las escuelas de marketing no económicas e interactivas. Analizadas las escuelas de marketing económicas e interactivas se seleccionan dos de las teorías allí propuestas, por considerarlas de interés en el propósito de aproximación a la comprensión de la comercialización de estupefacientes; en tal sentido, se realiza una síntesis del contenido de estas.

La escuela institucional: los mercados como base de aproximación institucional Este pensamiento tiene afinidad con la escuela de pensamiento de la dinámica organizacional, por ser descendiente de la escuela institucional. Entre sus aportes al marketing se destaca que prioriza el conocimiento en aquellas organizaciones encargadas de transportar o recibir los productos elaborados en los centros de producción, los procesos de transformación para llevarlo al consumidor final. En los canales de distribución estudia el rol del intermediario como componente del marketing moderno, analiza los beneficios y riesgos potenciales de la integración vertical en el canal de distribución, introduce la influencia del entorno e identifica la importancia de los mercados como base de la aproximación institucional en los que se consideran aspectos como el poder, la cooperación y el conflicto.

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La escuela del management o dirección: el marketing mix como integración de distintas funciones simultáneamente

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Entre los aportes más relevantes de esta perspectiva de pensamiento se identifica la introducción del concepto marketing mix, cuya filosofía se centra en la necesidad del marketing manager para sistematizar las tareas de marketing como una mezcla o integración de distintas funciones simultáneamente. En este planteamiento teórico se establecen algunas preocupaciones de enfoque sistémico entre los componentes del mix de mercado o estrategia de las 4P´s, por la necesaria interdependencia que debe darse entre el producto, el precio, la promoción y el punto de venta.


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Es así como esta escuela propone fijar la atención en el ciclo de vida de los productos, la relación de éstos y el coste con el diseño del sistema de cálculo del precio, la correspondencia que debe existir entre las formas de distribución y promoción del producto, así como la necesidad de promover la compra de productos a través de la relación que se debe establecer entre el comprador y los vendedores en el punto de venta. Es decir, las 4P´s se impactan y afectan o benefician mutuamente. Luego de conocidos los enfoques de estas escuelas del marketing, es pertinente señalar la función, los propósitos, los elementos constitutivos y los enfoques de este subsistema en una empresa. En ese orden, la principal función del marketing es ejecutar todas las acciones necesarias para que se produzca la venta definida por la interdependencia que debe existir entre el producto, el precio, la promoción y el punto de venta, lo que se entiende como marketing mix. Algunos de los propósitos que cumple el marketing lo destacan como el subsistema encargado de contactar a los productores con los consumidores, investigar sus necesidades, diseñar los productos que satisfagan las necesidades, hacerlos llegar a los consumidores y, por último, dar a conocer el producto y la empresa a esos consumidores seleccionados.

1. El mercadeo o marketing estratégico tiene entre sus responsabilidades la elección de los productos, los mercados o segmentos en los que la empresa detenta una ventaja competitiva y sobre una previsión de la demanda global. Para ello, realiza el análisis y diagnóstico de la situación (relación con el mercado, el canal de distribución, la competencia, los clientes, el entorno y el ambiente interno o DOFA de la empresa), identifica los objetivos estratégicos (cualitativos y cuantitativos) y establece estrategias (de mercado, de producto, de segmentación y de posicionamiento).

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La estructura del marketing está integrada por dos componentes, a saber: el primero, conocido como sistema de análisis, marketing estratégico o mercadeo, y el segundo, sistema de acción, marketing operativo o mercadotecnia.

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Es decir, aquí se decide cuál es el producto que logra satisfacer las necesidades del consumidor, y a su vez, se establecen los criterios para maximizar las ganancias, se dispone el precio de venta, se define la estructura organizacional y la actuación de la empresa (canal de abastecimiento y distribución), y, por último, se establece la forma como se debe relacionar la fuerza de venta con el comprador. 2. La mercadotecnia o marketing operativo es el aspecto más visible de la gestión de marketing y le corresponde ejecutar acciones en relación con el intercambio y la monetización de los productos, para ello, se debe lograr la armonía entre los componentes del marketing mix (producto, precio, promoción y punto de venta) de los cuales se realiza la descripción de la funcionalidad para la empresa:

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• El producto: es el elemento clave de la oferta para satisfacer las necesidades de un mercado objetivo o clientes. En esta categoría se manufacturan los productos según los criterios establecidos por la organización como bienes (duraderos, no duraderos, de consumo y de uso común), servicios y experiencias, considerando atributos tales como los niveles de satisfacción del consumidor (beneficio básico, producto básico y producto esperado), la marca (verbal, icónica, cromática, psicológica) y la existencia del producto.

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• El precio: se materializa el sistema de cálculo del precio teniendo en cuenta que el precio de venta no genere sensibilidad en el comprador. Para ello, se atienden variables como costos (operacionales y administrativos), objetivo de lucro, características del mercado (monopolio, oligopolio), competencia (poder de la escasez), cualidades y hábitos del consumidor. • La promoción: es la forma como se da a conocer la organización, el producto y su precio, se ejecutan acciones de publicidad (comunicación externa), relaciones públicas (estructura organizacional, imagen y comunicación) y se elige la mejor forma de contactarse con el comprador. • El punto de venta (mercado): es el momento de mayor importancia porque es cuando se visibiliza la organización, aquí se establece el contacto entre la fuerza de venta y el comprador, se da el


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intercambio del producto por dinero (monetización) y el sistema genera intercambio de materias con el medio ambiente. Entonces se puede apreciar la articulación e interacción entre el marketing estratégico (mercadeo) y el operativo de la empresa, por cuanto en el primer nivel se definen los criterios y en el segundo se ejecutan las acciones orientadas a satisfacer las necesidades del consumidor final y maximizar las ganancias. Lo anterior se complementa con los enfoques del subsistema de marketing (Murgado, E. 2005), que en una empresa se pueden clasificar de la siguiente forma: orientación hacia el productor, orientación hacia la venta y orientación hacia el marketing. Orientación hacia el productor 1. Óptica de la producción en masa: demanda muy superior a la oferta, la empresa se centra en conseguir la máxima producción al menor precio y el cliente en encontrar un producto que satisfaga su necesidad a un precio asequible. 2. Óptica del producto: las necesidades, desde un punto de vista cuantitativo, están satisfechas, la competencia empieza a tener importancia y la organización se centra en la calidad técnica del producto como garantía del éxito.

La oferta puede atender plenamente la demanda global, siendo la competencia relativamente intensa. Las organizaciones tratan de estimular la venta de productos no considerados esenciales mediante la búsqueda de los circuitos y puntos de venta más eficaces y, el desarrollo de una fuerza de venta emprendedora. Orientación hacia el marketing 1. Óptica del consumidor: la organización debe determinar las necesidades de sus mercados-meta y diseñar una oferta que permita atenderlas de forma rentable.

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Orientación hacia la venta

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2. Óptica del consumidor y el entorno: considera al individuo como parte integrante de una sociedad, representa el interés de la colectividad. Una vez conocido el rol del subsistema de comercialización en una empresa, se podría establecer que la venta, compra y consumo de los estupefacientes, es lo que se conoce como narcomenudeo. Así mismo, que el narcotráfico se puede considerar como una empresa criminal en la que el narcomenudeo sería sólo la parte visible del marketing o la comercialización de sustancias estupefacientes.

Teoría de las representaciones sociales

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Es una formulación teórica estructurada sobre la construcción de conocimiento a manera de hecho social para hacer inteligible la realidad que integra un grupo (en lo físico y lo social) en la relación de intercambios. Tiene una tradición de proposiciones organizadas y presentadas de forma nomotética para explicar las regularidades que pueden ser observadas de manera recurrente dentro de determinados colectivos, que guardan identidades o factores comunes que les son propios.

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Hacia 1961 Serge Moscovici publica su tesis doctoral “La psychanalyse, son imàge et son public” en la cual se plantean los fundamentos estructurales de esta teoría. El trabajo central de la obra estaba referido a entender la naturaleza del pensamiento social. Es aquí donde introduce el concepto de representaciones sociales, entendidas como una modalidad particular del conocimiento, cuya función es la elaboración de los comportamientos y la comunicación entre los individuos. Sandra Araya Umaña (2002), indica que: Moscovici estudió cómo las personas construyen y son construidas por la realidad social y a partir de sus elaboraciones propuso una teoría cuyo objeto de estudio es el conocimiento del sentido común enfocado desde una doble vía: desde su producción en el plano social e intelectual y como forma de construcción social de la realidad (Banchs, M. 1988) (p. 13).


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En otras palabras se plantea todo un cuerpo conceptual en el que las representaciones sociales son ideas o nociones generadas y adquiridas de forma histórica, cubriendo el carácter pre-establecido y estático que tenían en la visión clásica. Las representaciones, que en el inicio definió Émile Durkheim (1994) como colectivas, pasan a ser sociales; donde lo que cuenta son las interacciones, los procesos de intercambio a partir de los cuales se elaboran dichas representaciones confiriéndoles su carácter social haciendo posible nombrar y clasificar sin ambigüedades los diversos aspectos del mundo, así como la historia individual y grupal. Contextualmente es importante porque generan una visión e interpretación colectiva donde surge la apropiación de las realidades. … En el sentido clásico, las representaciones colectivas son un mecanismo explicativo, y se refieren a una clase general de ideas o creencias (ciencia, mito, religión, etc.), para nosotros son fenómenos que necesitan ser descritos y explicados. Fenómenos específicos que se relacionan con una manera particular de entender y comunicar -manera que crea la realidad y el sentido común-. Es para enfatizar esta distinción que utilizo el término “social” en vez de “colectivo”… (Moscovici,

Un elemento de interés para la comprensión del fenómeno narcomenudeo es la visión que tienen los ciudadanos a partir de la comprensión que internalizan de la realidad social en la que desarrollan su existencia, más aun cuando forzosamente están incorporados a uno o varios colectivos de interacción donde directa o indirectamente reciben efectos de esta problemática. Peter L. Berger y Thomas Luckmann (1999), consideran que la construcción social de la realidad está signada por una apropiación del entorno fenomenológico en el cual proponen que los procesos subjetivos vivenciados en su devenir cotidiano, son realidades objetivas. Aunque parezcan situaciones inconscientes, las personas se apropian y hacen suyo el vivir habitual en forma de realidad ordenada, es decir, los individuos perciben la realidad como independiente de su propia aprehensión, apareciendo ante ellos objetivada, ontológicamente encuadrada y como algo que se les impone. Valga decir que la conciencia colectiva trasciende a los individuos como una fuerza coactiva que direcciona y se muestra convergente.

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1984, citado por Perera, M., 1999, p. 5).

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Moscovici identificaba a las representaciones sociales como un sistema cognitivo con lógica y lenguaje propio, incluso discurso propio. Por lo tanto, hay un conocimiento construido de forma colectiva donde la comunicación (transferencia e intercambio de información y saberes entre pares sociales) establece valores, ideas y prácticas, que como activo social, es extraído de las explicaciones del mismo pensamiento social a los fenómenos que se presentan en el entorno, lo que termina por orientar la forma de percibir, razonar y actuar a manera de conocimiento común. Esto obliga a que las personas piensen y se organicen de forma más o menos homogénea en su vida cotidiana.

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Bajo esta perspectiva, la vida social se organiza a partir de elementos cognitivos, afectivos y simbólicos que son representativos, generan identidad y son colectivamente aceptados, tolerados e incluso, defendidos. De esta manera se estructuran plataformas de organización tanto en las relaciones interpersonales como entre los grupos sociales en que se desarrollan. De ahí que existan opiniones, creencias y normas que independientemente del contenido positivo o negativo a la luz de la estatalidad o la legalidad, tienen una orientación de aplicación generalizada. Así cobran vigencia y aplicabilidad material formas de comunicación (códigos, símbolos), lógicas de actuación, límites y diversidad de prácticas que en suma, construyen la conciencia colectiva, que se rige por una fuerza normativa de aplicación inapelable en determinados contextos y espacios.

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Las representaciones sociales además, se pueden catalogar como conjunto dinámico de imágenes o formas cognitivas que reproducen comportamientos colectivos y relaciones con el medio donde se presentan. No debe confundirse con opiniones ni imágenes sobre determinado aspecto de la vida social, sino proposiciones colectivas destinadas a interpretar y construir lo real, donde la acción construye comportamiento e interacción. Tienen por tanto, una figura y un significado que las revisten de unas propiedades específicas en las que combina objeto con sujeto, para llegar al resultado de una construcción lógica de las conductas y de orientación de las comunidades sociales (Moscovici, S., 2002). Es un intercambio entre percepción y concepto a través de la imagen en cuanto que las


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ideas abstractas se convierten en formas icónicas y este proceso se materializa en formas concretas. La teoría plantea que a partir del análisis de cuatro elementos constitutivos de las representaciones sociales se puede realizar un acercamiento a la realidad social de un colectivo: la información, que se relaciona con lo que “yo sé”, con lo que se entiende como típico, general y cotidiano; la imagen que aglutina lo que “veo”, no como meras percepciones sino cosas concretas y objetivadas que tienen denominación y son comprensivas con patrones de conocimiento colectivo; las opiniones, relativo a lo que “creo”, a manera de internalización y elemento común para las formas de interacción comunicativa; y, las actitudes, fundadas en lo que “siento” y cuál debe ser el comportamiento dentro de marcos generales de cumplimiento. La representación es una acción psicológica que posee una función simbólica, ya que implícitamente contiene un significado y éste tiene que ver directamente con la situación del sujeto frente al mundo en que vive y con el que se relaciona. Formación de una representación social

Tanto objetivación como anclaje son mecanismos que provienen de la propia dinámica de las representaciones. El primero es un proceso por medio del cual se transforman conceptos abstractos extraños en experiencias o materializaciones concretas para llegar a formar una imagen estructurada. En él los saberes y las ideas acerca de determinados objetos sufren una serie de transformaciones específicas para formar luego parte de las representaciones sociales de dichos objetos. Aquí es donde lo invisible se convierte en perceptible. Moscovici lo resume afirmando que “objetivar es reabsorber un exceso de significados materializándolos” (Lacolla, L. 2005).

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De acuerdo con Denise Jodelet (1985), Serge Moscovici analizó los procesos principales que explican el doble camino que transforma un conocimiento en representación y a la vez parten de esta para transformar lo social. Esos procesos fueron denominados objetivación y anclaje que poseen un considerable grado de interdependencia para materializarse.

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En la misma producción Jodelet indica que para la objetivación se requieren tres fases: la construcción selectiva (selección y descontextualización), la esquematización estructurante (formación de un núcleo figurativo) y la naturalización (el concepto se convierte en realidad con existencia autónoma). Mientras tanto, el anclaje como segundo mecanismo, permite integrar información sobre la forma en que los saberes y las ideas acerca de determinados objetos entran a formar parte de un pensamiento e imagen con carácter colectivo. Esto se logra por medio de transformaciones específicas para incorporar asuntos puntuales que modifican los esquemas de identidad. Un elemento clave de este proceso es la pertenencia del sujeto a un determinado grupo social, porque los efectos del enraizamiento dan soporte y objeto a la representación. Según Pereira de Sá (1993) para Moscovici, el principal fundamento que sigue una representación social es “la transformación de lo no familiar en familiar”.

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Una vez realizado este recorrido por la teoría de las representaciones sociales, es claro que las interacciones interindividuales propias de entornos donde se forman asentamientos de colectivos humanos, implican compartir realidades sociales y marcos de referenciación común con significado propio, donde son imperativos procesos básicos como las conversaciones cotidianas. Son en esencia una objetivación común anclada en la vida cotidiana que determina y condiciona las actuaciones tanto individuales como colectivas.

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Es este trasfondo, que representa el núcleo de la vida social y bajo la guía de esta propuesta teórica se recuperó esa parte de la realidad en la que se desarrolla el narcomenudeo no solamente como medio sino como fin de actores criminales, en atención a que impacta de forma directa o indirecta colectivos humanos y construye relaciones sociales alrededor de las interacciones cotidianas. Además porque tiene amplias implicaciones por los procesos de formación e identidad que este fenómeno ha tenido durante largos años dentro conjuntos más o menos amplios de personas que comparten similares realidades. Y fueron las personas, asociadas de forma impuesta a los colectivos sociales quienes exteriorizaron en los instrumentos de recolección de información las manifestaciones, idealizaciones,


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emociones, reglas, símbolos y códigos que son propios del submundo que la comercialización de estupefacientes ha establecido en los entornos inmediatos y próximos a los puntos de venta donde la naturaleza de la relación como objeto, es definitoria de lo social. Hecha esta inferencia como resultado de la comprensión teórica, es oportuno conocer bajo el enfoque sistémico de la teoría de la geografía humana cómo el narcomenudeo se podría constituir en un fenómeno que se territorializa para establecer un nuevo orden social que favorezca la acumulación de capital.

Teoría de la geografía humana Esta es interdisciplinar de la geografía, también conocida como la antropo-geografía que tiene por objeto el estudio de los fenómenos ocurridos en la población, la economía, el urbanismo y la política (Jiménez, P. 2009, p. 31). Walter Alva (2005) advierte que es necesario tener un contexto espacial a partir de principios geográficos tales como la actividad, la causalidad, la comparación o analogía, la descripción, la distribución, la evolución, la localización y la relación, de los cuales se elabora una breve descripción:

Causalidad: formulado por Alexander von Humboldt, se orienta a identificar el porqué de la ocurrencia de un hecho o fenómeno geográfico. Permite encontrar los factores que actúan sobre los elementos y sus características, así como modificarlos, lo que genera unos resultados, unos efectos y unas consecuencias concretas. Comparación o analogía: desarrollado por Karl von Ritter y Vidal de la Blache, consiste en establecer semejanzas y diferencias entre el hecho o fenómeno geográfico que se estudia con otro que se ubica en otras latitudes del globo. Descripción: consiste en dar a conocer las características de un hecho o fenómeno geográfico que se quiere estudiar.

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Actividad: propuesto por Jean Brunhes, señala que todo se encuentra en constante transformación, teniendo como agentes transformadores al hombre o a la naturaleza.

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Distribución: permite analizar el alcance del elemento y sus características, la extensión afectada, el espacio dependiente e influenciado, la posible magnitud y las repercusiones o efectos en el sistema, tanto en su estructura como en su funcionalidad. Evolución: para dar una explicación completa debe considerarse la evolución, la historia, tanto en el caso de fenómenos físicos como humanos. Todo está sometido a cambios y transformaciones. La geografía estudia, por tanto, los cambios o transformaciones que sufre un hecho o fenómeno durante su desarrollo. Localización: elaborado por Federico Ratzel, se refiere a ubicar el lugar exacto de un hecho o fenómeno geográfico considerando algunos aspectos espaciales como latitud, longitud, altitud, límites y superficie. Debe entenderse además en sentido relativo, es decir, la posición que ocupa en el sistema con relación a los otros elementos constitutivos de éste, e incluso con relación al entorno del sistema.

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Relación o conexión: también formulado por Jean Brunhes, establece que todo hecho o fenómeno geográfico debe ser estudiado en su conjunto y no de forma aislada. Los fenómenos generan relaciones e influencias de temporalidad entre ellos, y la geografía permite indicar el espacio en donde se desarrollan y comprender las interdependencias dadas en su estructura y funcionalidad en los distintos niveles de jerarquización (pp. 11-13).

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Los temas por los que se interesa la geografía humana son aquellos relativos a la producción social del espacio y las configuraciones territoriales, las cuales están plagadas de conflictos, y precisamente su planteamiento teórico se sustenta en que no existe un orden espacial que no sea fruto del conflicto o dinamizado por este (Peña L, 2008). Entonces el argumento teórico se orientará en conocer los conflictos que los fenómenos generan en el territorio, para este caso, el narcomenudeo. Según el profesor Luis Berneth Peña (2008) “los conflictos territoriales están presentes en muchas dinámicas sociales porque la estructuración del espacio es un proceso atravesado por las relaciones de poder y, por consiguiente, nunca acabado” (p. 91). Esto significa que el núcleo de la comprensión de los conflictos territoriales debe hacerse buscando los elementos que componen la territorialidad


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humana. También es importante destacar que la geografía humana considera el espacio como un geosistema que tiene al hombre como un integrante, y de este enfoque se derivan las corrientes filosóficas que se encargan de analizar diferentes dominios de la misma, así: • La corriente determinista: es el continente donde se llevan a cabo las relaciones sociedad-naturaleza. • La corriente historicista: es el medio natural donde el hombre, de acuerdo con sus capacidades, desarrolla una serie de acciones y relaciones. • La corriente crítica: es el resultado de las relaciones sociales y económicas en múltiples combinaciones entre sujetos, prácticas y lugares. Conforme a las propuestas filosóficas, se hará un esfuerzo por comprender el conflicto territorial que genera el narcomenudeo, recurriendo a la combinación de dos perspectivas de análisis como son la territorialidad humana y la geografía crítica del capitalismo. Esta última corresponde a la corriente historicista de las relaciones sociedad-espacio; para ello se recurre a su descripción, entendidas como teorías auxiliares de la geografía humana.

Esta teoría plantea que la territorialidad humana es una característica especial de los seres humanos (Soja, E. 1971), un rasgo fundamentalmente cultural de las sociedades humanas, son las construcciones sociales que no han tenido siempre la disposición y características actuales, un componente necesario de toda relación de poder, un atributo de la producción del contexto espacial a través del cual se experimenta el mundo legal y simbólico, y es una conducta humana que intenta influir, afectar o controlar acciones a través del establecimiento de un control sobre un área geográfica específica: el territorio (Sack, R. 1986). La territorialidad humana como conducta animal tiene entre sus propósitos: primero, excluir o admitir en los territorios así fijados a quien ellos quieran, segundo, establecer límites, tercero, mantener

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La territorialidad humana

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espacios individuales, y cuarto, mantener territorios fijos. Desde la perspectiva de instinto, la territorialidad humana se requiere para organizar, poseer y dominar políticamente un área geográfica delimitada. También se concibe como una forma de organización espacial para controlar y dirigir los procesos claves de política, cooperación, competencia y conflicto. Así mismo, se entiende como un prerrequisito para satisfacer necesidades básicas tales como la seguridad y la identidad. Conceptos más modernos señalan que la territorialidad humana sirve para organizar el comportamiento, de manera que reduce la necesidad de la violencia, la agresión y la dominación abierta. Por lo tanto, la territorialidad hacia un espacio físico se asocia con el funcionamiento social y comunitario, así como con el comportamiento individual (Brown, G., Lawrence, B. y Robinson, L. 2005).

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En la noción de Estado-nación, la territorialidad humana se refiere a la percepción de un territorio que es considerado por un grupo de personas como el marco normal y exclusivo de sus actividades, así mismo, se entiende como una realidad de derecho, que se refiere a la vinculación jurídica entre determinado territorio y las personas que se encuentran en él, razón por la cual se definen tres usos (Cairo, H. 2001):

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1. Creación de un concepto de “espacio vaciable”, es decir, un espacio físico separado conceptualmente de los constructos sociales o económicos o de las cosas. 2. Creación de las burocracias modernas, cuyas actividades tienen límites explícitamente territoriales. 3. El oscurecimiento de las fuentes del poder social. Por otra parte, Soja y Sack se diferencian en el enfoque de la funcionalidad básica de la territorialidad humana, por esta razón se considera necesario plantear ambos postulados:


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SOJA

SACK

1. El sentido de la identidad espacial.

1. Fortalecer el control sobre el acceso al territorio.

2. El sentido de la exclusividad.

2. Ratificar el poder a través de su vinculación directa al territorio.

3. Compartimentación de la interacción humana en el espacio.

3. Desplazar la atención de la relación social de dominación. 4. Actuar como contenedor espacial de hechos y actitudes.

Uno de los rasgos más importantes de la territorialidad humana es el concepto de hegemonía, el cual ni es estable ni es total y tiene por objeto lograr la efectividad de un resultado objetivo en el plano social, y presupone la construcción de un universo intersubjetivo de creencias y valores. En ese sentido, se da una combinación en la aplicación de estrategias para lograr la aceptación de la hegemonía ya sea por consentimiento o coacción. Para lograr la construcción de la hegemonía se distinguen tres procesos o lógicas que intervienen (Balsa, J. 2006): 1. Alianza de clases, como un acuerdo político entre sujetos sociales in-modificados por dicha alianza. Esta no se considera por algunos autores como del tipo hegemónico, pues no hay operación ideológica ni transformación de los sujetos sociales que son las operaciones claves de una hegemonía plena.

3. Reconocimiento de la “dirección intelectual y moral” de una clase o sector social dominante. Esta última es la propia hegemonía, para que esta exista requiere un componente ideológico del tipo dominación y se da en dos niveles: “En primer lugar, una acepción más estrecha, la intelectual; es decir la ideología como complejo de ideas, como doctrina. Y, en segundo lugar, una acepción más amplia, la ideología como moral, en tanto conjunto más amplio de valores, prácticas y representaciones sociales ampliamente compartidas dentro de una cultura” (p.18).

Narcomenudeo: entramado social del crimen

2. Difusión de un “modo de vida” que favorecería la aceptación de la situación de dominación.

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Es decir, se materializa la hegemonía, porque se pasa de la ideología como “un sistema de ideas a una práctica social auténtica y habitual que debe abarcar supuestamente las dimensiones inconscientes y no articuladas de la experiencia social además del funcionamiento de las instituciones formales” (Eagleton, T. 1997, p. 153). Ratifica entonces Balsa en su texto: “La lucha por la hegemonía implica una acción que, derivada para la efectivización de un resultado objetivo en el plano social, presupone la construcción de un universo intersubjetivo de creencias y valores”. Cada orden social tendría su “eticidad” (Coutinho, C. 1999, pp. 115-116).

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Sin embargo, la hegemonía está condicionada por otro criterio fundamental como es la legitimidad, que en últimas es el que permite discriminar el sentido ideológico. “Pues, como sintetiza Zizek (2003: 15), la ideología siempre es funcional respecto de alguna relación de dominación social de un modo no transparente: la lógica misma de legitimar la relación de dominación debe permanecer oculta para ser efectiva” (p. 17). Una vez construida la hegemonía, se requiere preservar en la práctica, y para ello, se orientan las acciones hacia el reconocimiento de aquella. Para este propósito, se contemplan la aceptación general de la clasificación del espacio, la creación de un sentido de apropiación subjetiva del espacio (attachment) y el control de este espacio, con la ayuda de la vigilancia y el mantenimiento del orden.

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Como se puede apreciar, este es un concepto amplio, pero de interés para reconocer sus manifestaciones en los comportamientos territoriales y a partir de ellos, comprender si hay algún interés por instalar en el territorio (dimensiones físicas y de representaciones sociales) una hegemonía a través del narcomenudeo. No obstante, para complementar lo expuesto hasta aquí, se cree necesario combinar la teoría de la territorialidad humana con la teoría de la geografía crítica del capitalismo, la cual se analizará con el fin de extraer los elementos más relevantes para la comprensión del narcomenudeo con un enfoque de acumulación de capital.


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La teoría de la acumulación: “Geografía Crítica del Capitalismo” Es una teoría relacionada con la corriente historicista de la geografía humana que se encarga del análisis de las relaciones sociedad-espacio, uno de cuyos exponentes es David Harvey (2001). La geografía crítica, principalmente de carácter marxista y estructuralista-marxista, se apartó de la idea de los conflictos como falta de orden y empleó las nociones de contradicciones en la lógica de acumulación capitalista, así como la noción de conflictos de clase (Peña, L. 2008, p. 102).

El aspecto de mayor énfasis en esta teoría es la importancia de los procesos de producción social del espacio en las sociedades capitalistas avanzadas, además, comprende los conflictos que se producen y reproducen en el territorio, a partir del modelo teórico del ciclo sistémico capitalista. El propósito de las organizaciones regidas por el capitalismo es “acumular por acumular” y para ello el modelo teórico del ciclo sistémico capitalista se descompone en la notación Dinero-Mercancía-Ganancia: D-M-D'. Este ciclo sistémico capitalista implica la implementación de estrategias por parte de una institución u organización para mantener las ganancias; así como, para superar las crisis y conflictos que pudieran surgir.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

En esta teoría el espacio ya no era considerado plano y abstracto, sino que se califica como un producto social y, por lo tanto, puede adquirir numerosas formas en función del comportamiento y de las actividades humanas (Constenla, X. 2003, p. 135); así mismo, David Harvey reivindica con fuerza la construcción de una geografía histórico-materialista como una herramienta fundamental para comprender las dinámicas sociales de explotación y dominación (p. 137); estos planteamientos se orientan a identificar la forma como distintas organizaciones aprecian ventajas estratégicas en ciertas desigualdades sociales y contribuyen a reproducirlas o, incluso, a reforzarlas y a profundizarlas.

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Al respecto, Luis Berneth Peña Reyes (2008, pp. 104-108), propone que los principios de las estrategias espaciales desarrolladas en el capitalismo para salir de las crisis y/o para hacer posible la reproducción ampliada, sean: Reducción de costos de producción Recurre a la desregulación (eliminación de restricciones) en aquellos ámbitos que le permitan al capital ganar independencia de la localidad donde produce. Las desregulaciones que promueven estas instituciones permiten que la empresa les pertenezca a los inversores, no a los empleados ni a los proveedores, ni siquiera a la localidad en la cual está situada. Innovación tecnológica y organizacional Produce cambios en las maneras de organización del trabajo, en el manejo del tiempo y del espacio de la empresa, así mismo, hace inversiones en el uso de nuevas tecnologías que contribuyan a aumentar la eficiencia. El esquema está caracterizado por mercados y procesos de trabajo más flexibles, una alta movilidad geográfica y rápidos desplazamientos en las prácticas de consumo. Estos nuevos espacios comerciales están constituidos sobre la base de la especialización flexible y la descentralización de la coordinación y la gestión de la firma.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Disminución de la fricción espacial

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Todas las estrategias de la acumulación capitalista están ligadas a este principio, con el cual se busca suavizar o limar las rugosidades espaciales (de carácter físico, social, cultural e institucional), acelerar los procesos económicos, disminuir las distancias y producir una compresión espacio-temporal del mundo de la producción y del consumo. La convergencia de los sistemas de objetos y de acciones hegemónicas hace que la constitución física y política de los lugares corresponda a una lógica cada vez más extralocal. La glocalización es producida por ideas, políticas e instituciones. Estas instituciones (legales e


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ilegales) controlan las economías y los destinos de personas a través de dispositivos tales como los ajustes estructurales (control territorial, orden social), acompañadas de la concentración de poder. Los efectos espaciales del funcionamiento de esas instituciones se relacionan con la disminución de las fricciones espaciales, estas han podido crear un espacio institucional que les da la libertad a las corporaciones de moverse libremente. Si una empresa se traslada, solo los inversores pueden seguir ligados a ella, porque no están sujetos al espacio y son los únicos que tienen la capacidad de decidir si quieren trasladar la empresa ante la posibilidad de mejorar los dividendos en otra localidad. Con esta libertad que tiene la empresa para trasladarse, viene implícita la posibilidad de liberarse o huir de las consecuencias. Ajuste espacio-temporal o la solución infraestructural Estas son las estrategias destinadas a dar “solución” a la crisis de sobreacumulación en el capitalismo. Las opciones que el capital tiene para contener o manejar dicha crisis son: a) la devaluación de las mercancías, de la capacidad productiva y del dinero; b) el control macroeconómico, y c) la absorción de la hiper-acumulación a través del desplazamiento temporal y espacial (Constenla, X. 2003, p. 141 y Harvey, D. 1989).

Este es un tipo de estrategia de expansión de las fuentes de acumulación de capital, de desplazamiento espacial, pero que sirve especialmente para explicar las expresiones más violentas de dicha expansión. La extensión de las relaciones sociales capitalistas originalmente estuvo basada en: a) la violencia, b) el fraude, c) la depredación, y d) la implementación de procesos orientados a la mercantilización y la privatización de la tierra, la expulsión forzosa de las poblaciones, recaudación de impuestos, la usura y la supresión del derecho a los bienes comunes. El Estado, con su monopolio de la violencia y sus definiciones de legalidad, desempeña un papel crucial al respaldar y promover, o no, estos procesos.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Acumulación por desposesión

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Un nuevo orden social para la acumulación de capital A pesar de que este aspecto no es citado por Luis Berneth Peña Reyes, se incluye por la relevancia que tiene para la reconstrucción teórica de la comercialización de sustancias estupefacientes desarrollada por una organización narcotraficante especializada en este subsistema del narcotráfico. “... la acumulación por la acumulación supone, inevitablemente, la «tendencia a producir sin tener en cuenta los límites del mercado»”. (Harvey, D. 2001, p. 257). En consecuencia, surge el interrogante sobre cómo construir un plano de demanda efectiva que puede aumentar la capacidad de absorber los productos manufacturados por una organización. Es decir, para crear un nuevo espacio social dirigido a la acumulación de capital se requiere uno de los siguientes aspectos o la combinación de ellos: (p. 259). 1) Organizar la actividad preexistente con enfoque capitalista. 2) Crear nuevos deseos y necesidades sociales, desarrollando líneas de producción completamente nuevas. 3) Facilitar y fomentar la expansión de la población.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

4) Expandirse geográficamente hacia nuevas regiones.

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Estas estrategias se pueden entender en esta investigación como mecanismos de acumulación de capital, que en suma brindan ventajas a las instituciones u organizaciones, las cuales orientan sus esfuerzos hacia: a. Hacer más provechoso y rápido el tránsito entre D y D’ (dinero y ganancia), siendo su motivación fundamental la obtención de un volumen creciente de ganancias en el tiempo más corto. b. Producir y reproducir el espacio dentro de un contexto condicionado por la aceleración en la obtención de la ganancia. c. Controlar y producir un “espacio fértil” para la reproducción ampliada de capital.


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d. Poner fin a los esquemas territoriales que impiden la reducción del tiempo de rotación de las mercancías y la solución de las crisis. Este análisis teórico insinúa la necesidad de establecer si el narcomenudeo es un problema público y sistémico, así como determinar si genera conflicto territorial como un proceso de producción social del espacio para implementar la territorialización (hegemonía) necesaria en el interés de una organización criminal por acumular capital. Es decir, esa territorialización implica aquí la instalación de un fenómeno que puede ser de economía criminal, la reconfiguración social inédita del territorio, la implementación de un nuevo orden social aceptado (por consentimiento o coacción) por los ciudadanos que, en suma, modifican el orden jurídico-político del Estado, como síntoma de crisis del modelo político-administrativo local (Boussaguet, L., Jacquot, S. y Ravinet, P. 2006). En razón a ello, se propone una revisión teórica para conocer la dimensiones del valor público que pudiera generar la Policía Nacional durante la prestación del servicio.

Teoría del valor público

Desiderio López Niño (2002) da un enfoque diferencial del valor público que genera el sector privado y aquellos bienes y servicios que el Gobierno provee de forma colectica para satisfacer a los ciudadanos. Al respecto describe el valor público como: … un indicador de la eficiencia operacional de las instituciones públicas y privadas que se refleja en el bienestar de la comunidad [es una amalgama de muchos factores más allá de la riqueza material simple] según sea el nivel de satisfacción de sus deseos. Existen diferentes tipos de deseos a satisfacer. Unos se refieren a los bienes o servicios que puede producir y distribuir el mercado. De estos se ocupa la gestión privada y no requieren nuestra atención (Esta investigación no profundizó sobre este enfoque). Otros se refieren a lo que producen las organizaciones públicas y que constituyen, de manera más o menos imperfecta, el re-

Narcomenudeo: entramado social del crimen

El valor público se refiere al valor creado por el Estado a través de servicios, Leyes, regulaciones y otras acciones, que se corresponden con las necesidades y expectativas de una colectividad. En una democracia este valor es definido en última instancia por el público mismo. (Kelly, G., Muers, S. y Mulgan, G. 2002, p. 4).

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flejo de los deseos que los ciudadanos expresan a través de las instituciones del Gobierno representativo. Los deseos que satisface el Gobierno son de dos tipos, el primero (de interés para esta investigación) se refiere a los bienes colectivos que los ciudadanos desean, porque el bien es indivisible y no se puede vender al consumidor individual, como la seguridad pública; y el segundo consiste en las aspiraciones políticas que reúnen condiciones sociales adicionales, como por ejemplo la voluntad de economizar en el gasto de los recursos que hacen las organizaciones públicas. Este concepto hace referencia a aspectos importantes tales como el orden social y en él se refiere a la legitimidad del Estado y la eficacia de los mecanismos para mantener el control social.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Es decir, la idea de “valor” alude a la calidad de la percepción colectiva frente a lo que es considerado valioso y prioritario; por tanto, requiere necesariamente ser disfrutado y/o consumido de manera colectiva. En el sector público el valor tiene que ver con la satisfacción, el bienestar y el deleite producido en los ciudadanos. El enfoque de valor público prioriza entonces la calidad de la respuesta a los ciudadanos buscando mantener la confianza y la legitimidad a través de la entrega apropiada de bienes, productos o servicios, pues las preferencias públicas constituyen un elemento esencial en la definición del valor público. De esta forma, la legitimidad del Estado en su conjunto generalmente depende de cuánto valor genere (Kelly, G., Muers, S. y Mulgan, G. 2002).

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El valor público concibe tres elementos básicos que configuran la definición descriptiva de Estado, a saber: el primer elemento es el componente humano, que se denomina nación, y está compuesto por aquellas personas que comparten algunas características en común, una historia, un conjunto de tradiciones y comportamientos colectivos, la lengua, la religión, entre otros. Un segundo elemento es el territorio, que cumple tres funciones específicas: ser objeto, sujeto y límite de la estructura de poder. El tercer elemento se refiere a la estructura de poder legítimamente constituida y reconocida por todos los habitantes del territorio y conserva para sí el uso legítimo de la violencia. El Estado también ha sido definido por otros autores como un conglomerado social, político y jurídicamente constituido, asentado sobre un territorio, sometido a una autoridad que se ejerce a través de


AMENAZAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LO URBANO: HISTÓRICAMENTE INVISIBLES

unos órganos y cuya soberanía es reconocida por todos los habitantes del territorio, en el que ejerce su autoridad. Siguiendo entonces los planteamientos antes expuestos, resulta pertinente reafirmar que el Estado existe de cara a los ciudadanos, y que estos como sujetos de derechos y deberes, tienen una relación de reciprocidad con él. En este sentido, es válido preguntarse para qué existe el Estado. Para esta pregunta pueden existir múltiples respuestas, entre las que se destacan: primero, el Estado existe para proteger a los ciudadanos y garantizarles sus derechos; segundo, el Estado existe para garantizar que se cumplan una serie de reglas y Leyes que permitan generar estabilidad no sólo en relación con la convivencia de los habitantes en el territorio, sino en el ámbito de las relaciones comerciales. Tercero, el Estado existe para garantizar unos mínimos a los ciudadanos, puesto que las relaciones del mercado no son perfectas y los Estados, indistintamente del régimen que tengan, deben encargarse de que existan unos mínimos de equidad, igualdad y sostenibilidad para todos los ciudadanos. No obstante las razones antes expuestas y todas aquellas que no se enumeraron, podría decirse que la razón fundamental por la que existe el Estado y que engloba todas las anteriores es que existe para resolver problemas públicos y para garantizar la convivencia.

José Mejía Lira (2003, p. 25) y Willam N. Dunn (1994, pp. 140-141), estructuran una serie de características que tienen los problemas públicos para empezar a comprenderlos desde el punto de vista conceptual. 1. Son interdependientes, por lo tanto, hacen parte de sistemas abiertos y complejos, ni sus causas, ni sus manifestaciones fácticas, como tampoco sus soluciones son independientes. Se refiere entonces, a que se relacionan entre ellos, por lo tanto, no se pueden estudiar o tratar de manera absolutamente separada por parte de las autoridades. 2. Son subjetivos, es decir que se desarrollan en entornos humanos y tienen que ver de forma directa o indirecta con la cotidianidad de las personas, toda vez que dependen de la forma como los ciudadanos se aproximan a ellos y los intere-

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Ahora bien, los problemas públicos son todas aquellas situaciones que afectan a determinados sectores o grupos sociales de forma negativa y ponen en muchas ocasiones en tela de juicio las garantías que tienen los individuos como miembros de un Estado o limitando sus derechos; por ello los afectados consideran que se requiere la intervención de las autoridades públicas.

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ses que median en la apropiación individual y colectiva. 3. Tienen artificialidad, al hacerse visibles por el deseo de intervenirlos por parte de algunos actores y están ligados a los grupos e individuos. 4. Tienen dinamismo, ni las soluciones ni las manifestaciones son estáticas, sino que tienen permanente desplazamiento, quiere decir que se modifican rápidamente con el paso del tiempo, debido a que se agudizan o se disipan, o impactan a más o menos ciudadanos dependiendo de la fase en que se encuentren o en su desarrollo intervienen más o menos actores. En alusión a los problemas públicos es necesario que las organizaciones públicas estén preparadas para adaptarse a las nuevas demandas de los ciudadanos y que sean innovadoras y abiertas a la experimentación (Gutiérrez, G. y Cortázar, C. 2004). Esto implica que los servidores públicos no sólo deben inquietarse por contar con procesos y procedimientos eficientes en las instituciones, sino por la capacidad que estas tienen para adaptarse a los cambios. Esto conduce a reconocer que el Estado tiene la responsabilidad de resolver los problemas públicos bajo los siguientes criterios básicos: • Eficacia: que se cumplan los objetivos y metas propuestas. • Eficiencia: que los objetivos y metas se alcancen haciendo el mejor uso de los recursos y en los tiempos esperados.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

• Oportunidad: significa la importancia de dar respuesta a los problemas en el momento adecuado, de tal forma que no se vulneren o limiten los derechos de los ciudadanos. Los costos de oportunidad siempre deben ser constatados con los beneficios que se generan a la sociedad.

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• Celeridad: aunque los problemas públicos son complejos, el Estado debe dar respuestas en el menor tiempo posible, toda vez que ponen en juego los derechos y libertades públicas. Pero la tarea del Estado no se limita a resolver los problemas públicos bajo los criterios antes enunciados, sino que va más allá, pues cada respuesta, indistintamente de la forma como se materializa (normatividad, programas sociales liderados por diferentes instituciones, conjunto de acciones interinstitucionales o procesos mucho más amplios como la formulación e implementación de políticas públicas), debe generar valor público. (Ver gráfico 1).


PROBLEMA PÚBLICO

RESULTADO “Impacto”

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Gráfico 1. El valor público que genera la Policía Nacional.

C O M U N I D A D POLICÍA NACIONAL

SERVICIO “PNVCC”

GOBERNABILIDAD

GESTIÓN PÚBLICA

VALOR PÚBLICO

CONFIANZA “Reconocimiento”

VALOR PÚBLICO QUE GENERA LA POLICÍA NACIONAL

AMENAZAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LO URBANO: HISTÓRICAMENTE INVISIBLES

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Así las cosas, el valor público debe ser entendido como la capacidad para responder de manera fundamental a las preferencias y aspiraciones de los ciudadanos. El valor público es percibido por el conjunto de la sociedad y es disfrutado de manera colectiva, surge en el momento en que se satisfacen determinadas necesidades o expectativas de los ciudadanos con los bienes, servicios u oportunidades que están disponibles. Por ende, el Estado es el llamado a resolver los problemas públicos generando valor público.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Entonces, ante la pregunta ¿Qué valoran los ciudadanos?, puede responderse que estos valoran tres elementos: los servicios, los resultados y la confianza, como se ve en el gráfico 1. Lo anterior, debido a las diferentes percepciones y preferencias sobre los bienes y servicios que reciben de manera individual, pero al mismo tiempo tienen aspiraciones y deseos con relación a la forma como esperan que funcione la sociedad en su conjunto. Esto genera que desarrollen más o menos confianza en las instituciones, las autoridades y los demás ciudadanos.

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De esto se desprende que los ciudadanos esperan estar satisfechos con los servicios y bienes públicos que disfrutan; por este motivo conceden un valor importante a la forma como son atendidos por las autoridades, a la calidad y oportunidad de los servicios que reciben. De igual forma, los ciudadanos desean que las autoridades puedan generar resultados que trasciendan a la satisfacción individual que tienen frente a un servicio. Por ello, siempre están interesados en conocer los resultados obtenidos con las diferentes intervenciones del Estado. Y, por último, los ciudadanos valoran la confianza que pueden depositar en las instituciones que les prestan los servicios, les garantizan el disfrute de bienes públicos y además les presentan resultados positivos para el conjunto de la sociedad. Por este motivo, Mark Moore (1998) reconoce que el valor público tiene dos dimensiones importantes: • El beneficio que efectivamente se genera para determinados usuarios o consumidores. • El beneficio que de manera global se genera para la ciudadanía al responder a sus expectativas (pp. 59-100).


AMENAZAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LO URBANO: HISTÓRICAMENTE INVISIBLES

De ahí se infiere que los gerentes públicos deben preocuparse no sólo por las aspiraciones generales de la ciudadanía, porque pueden perder de vista a los usuarios efectivos, sino que al mismo tiempo deben preocuparse por las aspiraciones de los ciudadanos como usuarios y las expectativas de la sociedad como un todo. Este marco teórico permitió elaborar un cúmulo sistemático de conocimiento necesario para la comprensión del comportamiento fáctico del narcomenudeo como fenómeno, y así, aproximarse en la identificación de los elementos que componen la comercialización de estupefacientes como una amenaza a la seguridad pública. La representación social de los problemas públicos: imperativo para la prestación heterogénea de la actividad de policía

Un marco metodológico para objetivar los problemas de la convivencia

Se realizó así porque la construcción subjetiva responde a la orientación establecida por la Policía Nacional en el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC), que consiste “responder a las nuevas demandas sociales de la seguridad ciudadana en el país” (Policía Nacional, 2010, p. 15). Para tal fin se fijó como interés diferenciar las variables del fenómeno de aquellas relacionadas con la gestión empleadas por la institución policial para la intervención del narcomenudeo como fenómeno. Esta construcción subjetiva se entiende como un sistema de valores, ideas y prácticas con una doble función: primero, establecer un orden que permita a los individuos orientarse en su mundo material y social y dominarlo; segundo, posibilitar la comunicación entre los miembros de una comunidad proporcionándoles un código para el intercambio social y un código para nombrar y clasificar sin ambigüedades los diversos aspectos de su mundo y de su historia individual y grupal (Mora, M. 2002). En ese orden, es pertinente se-

Narcomenudeo: entramado social del crimen

La construcción subjetiva del fenómeno del narcomenudeo se realizó en la ciudad de Pereira (Risaralda) bajo la teoría de las representaciones sociales, con el objetivo de caracterizar la interdependencia que existe entre el narcomenudeo como manifestación de la comercialización de estupefacientes, la gestión comunitaria (ciudadanos e instituciones privadas), la sinergia interinstitucional (instituciones del Estado) y el desempeño institucional regido por los objetivos estratégicos de la Policía Nacional.

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ñalar que esa construcción subjetiva se corresponde con la realidad social de la cotidianidad, elemento imperativo para la prestación heterogénea de la actividad de policía, que responda a las realidades territoriales según los grupos poblacionales y la forma como se han apropiado del territorio.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Los criterios citados son mínimos para la investigación, porque el narcomenudeo es un fenómeno complejo, mediado por los intereses y conflictos propios de la interacción humana, lo que hace que las representaciones de la inseguridad y los indicios de alarma sean diferentes para cada persona. Así mismo, como otro factor condicionante en la aproximación al fenómeno, se dispuso la recolección de información en traje de uniforme por parte de policías de vigilancia. También es pertinente aclarar que si bien entre los recolectores de información se encontraban los investigadores adscritos a la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), ellos actuaron en traje de civil durante el contacto con la comunidad. Sin embargo, esto se constituyó en sí mismo en una experiencia de la investigación, útil para asesorar la actividad de policía.

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Los anteriores aspectos constituyeron las motivaciones por las cuales la investigación se desarrolló de manera transversal (mayo de 2010 a febrero de 2011), con enfoque descriptivo, enmarcado en el área de servicio de policía y en la línea de seguridad de acuerdo a los parámetros del Sistema Institucional de Ciencia y Tecnología de la Policía Nacional. Así mismo, las personas que participaron en la reconstrucción empírica del narcomenudeo fueron en su mayoría residentes de Pereira, de ambos sexos, en edades que oscilaron entre los 8 y 65 años, de todos los estratos sociales (1-6), y la distribución de la muestra se hizo por criterio (no probabilística), utilizando técnicas cuantitativas y cualitativas en la recolección de información.

Población y muestreo Mediante procedimientos de inteligencia policial se identificaron ciento veintinueve (129) sitios (de uso público, abiertos al público y privados) de comercialización de productos estupefacientes (básicos y sustitutos), los cuales se ubicaron en cincuenta y seis (56) barrios pertenecientes a diecisiete (17) comunas de la ciudad de Pereira. Lo anterior se constituyó en el insumo para la selección de la población.


AMENAZAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LO URBANO: HISTÓRICAMENTE INVISIBLES

Comuna

Frecuencia Absoluta

Frecuencia Relativa

Uno Villa Santana

15

11,6%

Dos Rio otún

15

11,6%

Tres Centro

18

11,4%

Cuatro Villavicencio

15

11,6%

Cinco Oriente

5

3,9%

Seis Universidad

2

1,6%

Siete Boston

9

7,0%

Nueve Cuba

6

4,7%

Diez Consota

9

7,0%

Doce Ferrocarril

10

7,8%

Trece San Joaquín

7

5,3%

Catorce Perla del Otún

1

0,8%

Quince El Oso

3

2,3%

Dieciseis San Nicolas

8

6,2%

Diecisiete el Rocío

1

0,8%

Dieciocho Comuna del Café

4

3,1%

Diecinueve El Poblado

1

0,8%

129

100%

Total

Tabla 1. Cobertura político-administrativa donde se identificaron puntos de venta de sustancias estupefacientes.

La muestra tuvo en cuenta la necesidad de asociar e interpretar las variables que permitieron la construcción subjetiva de los ámbitos de protección de la seguridad ciudadana que se afectaban por el narcomenudeo. En razón a lo anterior, se definieron los criterios de “Población y Muestreo”, que se enumeran a continuación: 1. Clasificar las personas entrevistadas o encuestadas por atributos relacionados con la edad, el sexo, el estrato social y el rol que desempeñan dentro del conglomerado social (policía, transeúnte, estudiante, residente y comerciante).

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Con base en estos criterios se utilizó un muestreo no probabilístico denominado de juicio, selección experta o selección intencional, en el cual los investigadores tomaron la muestra a partir de la definición de los elementos que eran representativos o típicos de la población.

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2. Seleccionar los barrios en donde se ubicaron los sitios de comercialización de sustancias estupefacientes para conocer la percepción de los ciudadanos frente al fenómeno del narcomenudeo. 3. Obtener información a través de la interacción con diferentes actores sociales y estatales. Con base en lo anterior fueron seleccionadas las técnicas de recolección de información y se diseñaron los instrumentos. “El enfoque metodológico empleado para el diseño de los instrumentos de recolección es afín con la escuela clásica (metodología cualitativa -entrevistas y análisis de contenido-) y con énfasis en enfoque procesual (pensamiento constituyente) pero no estructural (pensamiento constitutivo). El enfoque procesual, en resumen, se distingue por ser una aproximación cualitativa, hermenéutica, centrada en la diversidad y en los aspectos significantes de la actividad representativa; por tener un uso más frecuente de referentes teóricos procedentes de la filosofía, la lingüística y la sociología; por un interés focalizado sobre el objeto de estudio en sus vinculaciones socio-históricas y culturales específicas y por una definición del objeto como instituyente más que instituido” (Araya, S. 2002).

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Recolección de información

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Se buscó describir cuantitativa y cualitativamente el fenómeno del narcomenudeo (frecuencias absolutas y porcentajes); de la misma forma, se hicieron las comparaciones y los análisis correspondientes. Por ello, las técnicas de recolección de información seleccionadas fueron el grupo focal, la observación directa, el cine-foro, la entrevista semiestructurada, la encuesta, el simposio y la consulta documental, durante los cuales se aplicaron los principios de la administración de información y se garantizó la protección de los derechos humanos y los datos personales de los ciudadanos que participaron en la reconstrucción conceptual del narcomenudeo y la actuación del Estado frente a este problema público. Grupo focal: esta técnica permitió conocer y construir con la participación de doscientas seis (206) personas las manifestaciones de in-seguridad ciudadana generadas por el narcomenudeo mediante cuatro modalidades de desarrollo: Grupo focal comunitario: consistió en convocar a los ciudadanos representantes de diferentes grupos poblacionales que tenían establecida su residencia en sectores cercanos a los sitios de co-


AMENAZAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LO URBANO: HISTÓRICAMENTE INVISIBLES

mercialización de sustancias estupefacientes y, a través de la expresión de su perspectiva, se realizó la construcción social de las reglas impuestas por la organización criminal para maximizar las ganancias, el constructo social de los elementos del narcomenudeo y el impacto percibido en la seguridad individual y colectiva, además de conocer el valor que le dan al servicio que presta la Policía Metropolitana de Pereira. Para tal fin, se combinaron las técnicas de comunicación escrita y oral (los gráficos y el habla), con el fin de obtener una representación más integral y detallada de la percepción.

Grupo focal institucional: reunión desarrollada con personal policial de las diferentes modalidades y especialidades que conforman la Policía Metropolitana de Pereira (MEPER) para elaborar la construcción individual y colectiva de la percepción del narcomenudeo; identificar los riesgos, las amenazas y las vulnerabilidades institucionales y personales, que genera el fenómeno; por último, y de manera autocrítica, valorar la forma como se presta el servicio (fortalezas y debilidades en el aspecto procedimental para la aplicación de los medios de policía) a la comunidad. Así mismo, en el grupo focal desarrollado con los integrantes del Centro Internacional de Estudios contra el Narcotráfico (CIENA) de la Dirección Antinarcóticos (DIRAN) se conoció el esquema sistémico del narcotráfico. Como complemento de lo anterior, se desarrolló un grupo focal asistido por docentes del Área Comercial del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) Seccional Risaralda, para identificar las características de una empresa legal y hacer el símil de funcionamiento sistémico del narcotráfico con un enfoque de empresa criminal.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Grupo focal comunal: consistió en convocar representantes de gremios tales como el gremial e industrial, el eclesiástico, los medios de comunicación y la comunidad académica, para identificar la forma como ellos interpretan el fenómeno del narcomenudeo desde su propia la perspectiva gremial y como integrantes de la sociedad civil. Esto permitió percibir la forma como valoran la oferta y la actuación institucional, así como la manera en que desarrollan en la práctica los conceptos relacionados con la cohesión social, como componente colectivo de la seguridad ciudadana.

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Modalidad de grupo focal

Número de eventos

Rol de los participantes

Número de participantes

9

Regional de Inteligencia Policial No. 3, Seccional de Inteligencia Policial Metropolitana de Policía Pereira, Seccional de Inteligencia Policial Departamento de Policía Risaralda, Infancia y Adolescencia, 103 Policía de Vigilancia, Policía Comunitaria, Oficiales, Suboficiales, Dirección de Antinarcóticos, Curso Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

2

Comité Municipal de Prevención, Alcaldía, Personería, Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC), Defensoría del Pueblo, Metropolitana de Policía Pereira, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), Concejo Municipal.

26

Comunitario

4

Comuna Villavicencio Comuna Oriente Comuna Cuba Comuna Villa Santana

65

Comunal

1

Representantes del Gobierno, los gremios, sector estudiantil, comunidad diversa, clero, Cámara de Comercio.

12

Institucional

Interinstitucional

16

206

Tabla 2. Grupos focales para la elaboración de la representación social del narcomenudeo.

OBSERVACIÓN DIRECTA

Narcomenudeo: entramado social del crimen

No.

ACTIVIDAD

1

Lanzamiento del PNVCC.

LUGAR Desquebradas

2

Encuentro comunitario barrio Parque Industrial.

Pereira

3

Encuentro comunitario barrio Málaga.

Pereira

4

Participación Congreso Internacional de Prospectiva y Planeación de CiudadesIntermedias.

Pereira

5

Procedimiento de captura en flagrancia en la Unidad de Reacción Inmediata (URI).

Pereira

6

Comportamiento y roles de los actores en los puntos de venta (Corocito, Santander, El Centro, Los Puentes, Parque La Libertad) Av. del Río, Restrepo, Las Churrias, El Acuario sector La Carrilera.

Pereira

7

Audiencia de legalización captura, imputación de cargos y medida de aseguramiento.

Pereira

76 Tabla 2. Grupos focales para la elaboración de la representación social del narcomenudeo.


AMENAZAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LO URBANO: HISTÓRICAMENTE INVISIBLES

No.

ACTIVIDAD

LUGAR

8

Observación captura vendedor de estupefacientes.

Pereira

9

Observación captura portador-consumidor de estupefacientes.

Pereira Pereira

10

Sede de la Fundación Jóvenes al Rescate.

11

Evaluación implementación PNVCC

12

El narcomenudeo y el narcotráfico: factores generadores y facilitadores.

13

Retoma de la Favela Alemao en Rio de Janeiro

Brasil

14

Municipalidad de La Victoria en Lima

Perú

Bogotá D.C. Buenaventura, Cúcuta, Saravena, Medellín

Tabla 3. Escenarios en los que se recolectó y validó la información sobre la afectación a la seguridad pública.

Grupo focal interinstitucional: consistió en congregar a las autoridades político-administrativas de carácter local y descentralizado del nivel nacional que prestan el servicio a la comunidad en Pereira, para identificar la percepción que ellos tienen del fenómeno del narcomenudeo desde la función que desempeñan como servidores públicos, así como identificar la oferta institucional local y departamental incluida en las políticas públicas, proyectos, programas y planes para el tratamiento e intervención del fenómeno.

Así mismo, esta técnica de recolección de información permitió conocer la relación del narcomenudeo con otros fenómenos de conflicto social, violencia y criminalidad; el desempeño institucional, la sinergia interinstitucional y la gestión comunitaria frente a los problemas públicos. También se identificaron las manifestaciones de apropiación del territorio con fines criminales por parte de un actor criminal, las cuales afectan las dimensiones y propiedades de la seguridad pública. Cine-foro: técnica a través de la cual los investigadores observaron seis películas y tres documentales relacionados con el narcotráfico y de manera particular con la comercialización de sustancias estupefacientes. Esta metodología de recolección de información

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Observación directa: procedimiento que permitió el contacto de los investigadores con los escenarios en donde se percibieron los comportamientos individuales y colectivos de los actores gubernamentales y no gubernamentales, según su rol, en los entornos de decisión, participación y actuación en relación con el narcomenudeo y otros fenómenos que afectan la convivencia.

77


POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

permitió entender la génesis y evolución del fenómeno; las representaciones que caracterizan la realidad cotidiana de las personas vinculadas a la organización criminal, la relación del narcomenudeo con otras manifestaciones criminales y de violencia, así como elaborar la aproximación epistemológica, ontológica, axiológica y teleológica del fenómeno.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Entrevista semiestructurada: consistió en la elaboración de un banco de preguntas orientadoras que permitieron conocer los aspectos ontológicos del narcomenudeo, lo que requirió una previa selección y ubicación de ciento veintiséis (126) personas (servidores públicos, integrantes de la organización criminal y ciudadanos en general) que tenían conocimiento empírico, pertinente, especializado, directo o indirecto del fenómeno. De esta manera se logró comprender el funcionamiento del mercado de sustancias estupefacientes y su impacto en la seguridad pública; identificar las debilidades en la complementariedad, la coordinación y la concurrencia del Estado para el tratamiento del narcomenudeo como un problema público y los vacíos de conocimiento del fenómeno que se deben suplir para lograr la anticipación de sus manifestaciones.

78

Encuesta: actividad desarrollada en 56 barrios de 17 comunas de Pereira en donde fueron contactadas trescientas sesenta y una (361) personas considerando en la distribución de la muestra los criterios de sexo, edad, estrato social, tiempo de residencia en Pereira, escolaridad, estado civil y rol del encuestado (transeúnte, policía, residente, comerciante y estudiante). Adicionalmente, durante el ejercicio se aplicó el instrumento a personas vinculadas de manera directa con el narcomenudeo las cuales desempeñan roles tales como trabajadoras sexuales, habitantes de calle, recicladores, expendedores de sustancias estupefacientes, entre otros. (ver tablas 4 al 10 y gráficos 2 - 3).

Esta técnica dejó conocer la percepción de los ciudadanos respecto de la actuación de las instituciones del Estado frente al mercado de estupefacientes (el valor público que genera), la representación social del narcomenudeo, la afectación a la seguridad pública y, en términos más generales, la convivencia. Así mismo, la incidencia del actor criminal en la desterritorialización del control social estatal, por efectos del proceso de institucionalización del entramado social como el medio para ejercer el control de actividades económicas criminales.


AMENAZAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LO URBANO: HISTÓRICAMENTE INVISIBLES

Barrios Intermedio

Villa Santana

Río Otún

Centro

Villavicencio

Oriente

Universidad

Cantidad de encuestas 11

Las Brisas

11

Tokio

10

Las Margaritas

10

San Judas

5

Peñol

5

Galán

4

Nuevo Peñol

4

Las Palmas

4

San Camilo

4

El Triunfo

4

Cañarte

4

Santa Helena

4

Jorge Eliécer Gaitán

4

Centro

17

Parque La Libertad

17

El Porvenir

16

Berlín

14

Corocito

14

Villavicencio

14

Charco Negro

4

Santander

4

Hernando Vélez

3

San Gregorio

3

Avenida Circunvalar

6

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Comuna

79


POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Comuna

80

Barrios

Cantidad de encuestas

Boston

Mejía Robledo La Arenosa La Laguna Travesuras La Churria

5 5 5 5 5

Cuba

Cuba Centro Ormaza San Fernando Padre Valencia

5 4 4 4

Consota

El Restrepo El Dorado La Divisa Las Mercedes

7 6 6 6

Ferrocarril

Matecaña Nacederos La Libertad El Plumón El Plumón Medio

6 6 6 5 5

San Joaquín

Laureles ll El Recreo La Isla Crucero bajo sector La Carrilera

5 5 5 4

Perla del Otún

Villa María

3

El Oso

Jaime Pardo Leal Acuario sector La Carrilera

4 4

San Nicolás

Nuevo México San Nicolás Los Molinos

8 8 7

El Rocío

El Rocío

3

Comuna del Café

Málaga Parque Industrial

6 5

El Poblado

Rocío Bajo

3

17

56

Tabla 4. Barrios priorizados para la aplicación de la encuesta que permitió obtener la representación de la comercialización de estupefacientes.

361


Narcomenudeo: entramado social del crimen

Gráfico 2. Cobertura territorial realizada mediante la aplicación de la encuesta.

AMENAZAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LO URBANO: HISTÓRICAMENTE INVISIBLES

81


POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

Sexo de los encuestados El número de participantes de sexo masculino fue similar al femenino; la diferencia es de tres personas. Existió un equilibrio de sexo en las opiniones y percepciones. Frecuencia absoluta

Frecuencia relativa

Mujeres

179

49,6%

Hombres

182

50,4%

Total

361

100%

Tabla 5. Discriminación de la población que participó en la aplicación de la encuesta por sexo.

Edad de los encuestados La mayoría (29.4%) de los participantes en el estudio tiene menos de 20 años, según el análisis de los intervalos. Entre los 15 y 35 años se concentra el 83.1% de los participantes (300 personas), es decir, son personas jóvenes, económicamente activas y participan en las diferentes dinámicas de la ciudad de Pereira. En la siguiente tabla se pueden observar estos resultados. Intervalo

Frecuencia absoluta

Frecuencia relativa

15 a 20 años

106

29,4%

20,1 a 25 años

63

17,5%

25,1 a 30 años

61

16,9%

30,1 a 35 años

70

19,4%

35,1 a 40 años

21

5,8%

40,1 a 45 años

38

10,5%

2

0,6%

N/R

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Total

82

361

100%

Tabla 6. Discriminación de la población que participó en la aplicación de la encuesta por edad.

106

63

61

70

21 29,4% 15 a 20

17,5%

16,9%

19,4%

5,8%

38 10,5%

20,1 a 25 25,1 a 30 30,1 a 35 35,1 a 40 40,1 a 45

0,6% 2 n/r

Gráfico 3. Estadística de la población que participó en la aplicación de la encuesta por edad.


AMENAZAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LO URBANO: HISTÓRICAMENTE INVISIBLES

Estrato social En la información prevalece el número de personas del estrato 1 (42.9%). Seguidamente, la representación de los estratos 2 y 3 son similares. Esto indica que la representación del fenómeno del narcomenudeo se elaboró en los estratos 1, 2, 3 y 4, mayoritariamente. Intervalo

Frecuencia absoluta

Frecuencia relativa

1

155

42,9%

2

101

28,0%

3

75

20,8%

4

22

6,1%

5

6

1,7%

6

1

0,3%

No respondio

1

0,3%

Total

361

100%

Tabla 7. Discriminación de la población que participó en la aplicación de la encuesta por estrato social.

Intervalo

Frecuencia absoluta

Frecuencia relativa

Menos de un año

60

16,6%

1 a 10 años

107

29,6%

10,1 a 20 años

90

24,9%

20,1 a 30 años

58

16,1%

30,1 a 40 años

34

9,4%

más de 40 años

11

3,0%

N/R

1

0,3%

361

100%

Tabla 8. Discriminación de la población que participó en la aplicación de la encuesta por tiempo de residencia en la ciudad.

Escolaridad Prevalece la educación básica; la mayoría de personas sólo ha cursado la secundaria, y el nivel de estudios técnicos y profesionales se puede considerar como bajo.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Tiempo de residencia en Pereira La mayoría de los encuestados lleva un tiempo de residencia de 1 a 10 años. Sin embargo, sumadas las personas que llevan entre 20 y 40 años, el resultado es de 182, es decir, el 50.4%. Este aspecto pretende demostrar el grado de conocimiento que los encuestados tienen de la realidad urbana y del fenómeno como problema público.

83


POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

Intervalo

Frecuencia absoluta

Frecuencia relativa

Escolaridad

213

59,00%

Primaria

85

23,55%

Técnica

41

11,36%

Pregrado

18

4,99%

4

1,11%

361

100%

No respondieron Total

Tabla 9. Discriminación de la población que participó en la aplicación de la encuesta por escolaridad.

Estado civil La prevalencia de las personas solteras radica en que la mayor concentración de la muestra se dio entre los 15 y los 20 años de edad. En concordancia, es pertinente señalar que al agrupar las personas en unión libre con los casados representan un intervalo relevante para la reconstrucción empírica del narcomenudeo. Intervalo

Frecuencia absoluta

Frecuencia relativa

1

0,28%

Casado

59

16,34%

Divorciado

12

3,32%

Soltero

187

51,80%

Unión libre

99

27,42%

Viuda

3

0,83%

Total

361

100%

N/R

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Tabla 10. Discriminación de la población que participó en la aplicación de la encuesta por estado civil.

84

Simposio: metodología empleada para la recolección y el intercambio de información mediante la divulgación de resultados de investigaciones que desarrollaron objetos de estudio afines con el narcomenudeo, el cual se denominó “Gobernabilidad de la Seguridad Pública frente al Narcomenudeo”. El evento contó con la participación de académicos, investigadores sociales, servidores públicos de distintas especialidades de la Policía Nacional, funcionarios de la Administración municipal, estudiantes y representantes de la comunidad de Pereira interesados en esta temática. En el desarrollo de este evento académico se lograron los siguientes resultados de interés:


AMENAZAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LO URBANO: HISTÓRICAMENTE INVISIBLES

a) El desconocimiento del fenómeno por parte de los investigadores judiciales y los fiscales incide en la impunidad que se genera, por cuanto las investigaciones relacionadas con el narcomenudeo se archivan bajo el argumento de que los capturados en flagrancia en posesión de la dosis personal, son consumidores y no hacen parte de la infraestructura que monopoliza el mercado de estupefacientes en Pereira. b) La comercialización de estupefacientes tiene unos componentes visibles (que estructuran el narcomenudeo) y otros que generan fuertes tensiones, pero que no se logran percibir (adquieren la connotación de noúmenos). La política pública se enfoca sobre los primeros, razón por la que las acciones desarrolladas permiten mostrar gestión mas no incidencia en el fenómeno. c) Dada la alta injerencia de una organización criminal en el territorio, algunos sectores de la comunidad se encuentran constreñidos bajo unas reglas que regulan la conducta social, lo que se reconoce como una seria amenaza para la gobernabilidad de la seguridad pública. d) La forma como se interpretan los delitos desde la criminología dificulta comprender las interacciones de los diferentes fenómenos de criminalidad.

f) El crimen organizado afecta la legitimidad del Estado en el territorio y la subordinación de los ciudadanos frente a este, el cual ha logrado hacer un uso del ocio, especialmente en la población adolescente, en procura de vincularlos como fuerza de venta en la comercialización de estupefacientes. g) La información estadística oficial (objetiva) usada para la planeación estratégica de la seguridad pública por parte de todas las instituciones del Estado, no describe la realidad cotidiana de los ciudadanos.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

e) La producción de conocimiento regulada por el sesgo político, los prejuicios y los paradigmas, tiene a la sociedad en una condición de sin salida frente al crimen.

85


POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

Consulta documental: actividad de recolección de información que consistió en la búsqueda de bibliografía especializada, el seguimiento a los medios de comunicación, la producción especializada de los organismos multilaterales (ONU-OEA) y web-grafía (ensayos, monografías, artículos) tanto para la caracterización del fenómeno como para la identificación de los constructos que permitieron interpretar los datos fácticos y elaborar la reconstrucción conceptual del narcomenudeo.

Análisis de la información Este aspecto se desarrolló en las fases de tratamiento e interpretación de la información siguiendo los criterios establecidos por la teoría fundamentada desde la perspectiva de Glaser y Strauss (Hernández, R. y Opazo, H. 2010) para el análisis inductivo, cualitativo y sistémico de datos empíricos, mediante el uso de herramientas tecnológicas pertinentes para tal propósito tales como Dokeos Mind, Visio y Atlas TI.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

En ese orden, el tratamiento tuvo como propósito la reducción de los datos para hacerlos inteligibles mediante la codificación abierta y selectiva de estos. En tal sentido, el procedimiento consistió en identificar las ideas, experiencias y motivaciones que las personas tienen frente al segmento de la realidad que conocen, y se fragmentaron los datos para facilitar su estudio. Estos se agruparon a través de categorías que emergieron de manera preliminar (codificación abierta).

86

En consecuencia, las categorías preliminares se contrastaron con los conceptos de la teoría principal y las sustantivas, a través de las cuales se logró realizar un segundo proceso de reducción de datos denominado codificación axial o selectiva, necesaria para la elaboración de “hiper-constructos” o dimensiones superiores, prerrequisito a su vez, para la abstracción del funcionamiento de la comercialización de estupefacientes. El resultado del tratamiento consistió en el diseño de las categorías que contenían un significado o múltiples significados de la comercialización de estupefacientes y la actuación del Estado frente a esta.


AMENAZAS A LA SEGURIDAD PÚBLICA EN LO URBANO: HISTÓRICAMENTE INVISIBLES

La codificación axial es la etapa que materializa el análisis de la información producto de la relación de datos y categorías de acuerdo a sus propiedades, vínculos y demás relaciones que se exploren. El fin de este proceso es identificar ideas que tengan la capacidad de dar cuenta de algunos de los aspectos relevantes para elucidar la pregunta problema de la investigación y los objetivos específicos. En palabras de Claudia Andrea Ballas (2008) “La codificación axial y selectiva da origen a los resultados analíticos relacionales y a la construcción de modelos teóricos” (p. 35). Posteriormente, el análisis buscó descubrir un contenido objetivo común a través del cual se forma la representación general de la realidad, es decir, identificar los rasgos comunes, a pesar de las diferencias, que caracterizan la tendencia a la universalidad y una orientación hacia la totalidad de los objetos o el conocimiento del mundo objetivo. Seguidamente, se ubicó dentro del subsistema de la comercialización de estupefacientes al fenómeno del narcomenudeo, y partir de ello, se realizó la interpretación y la construcción conceptual a la luz de las teorías seleccionadas.

A continuación, en el Capítulo II, se hará un esbozo de los planteamientos generales que abran el debate para la construcción del estatus epistemológico de la Inteligencia Policial. Se trata de un esfuerzo para cimentar los fundamentos del conocimiento que guían esta modalidad del servicio de policía. También servirá para ubicar contextualmente la necesidad de trabajar en la producción de conocimiento científico para apuntar al logro de la misión encomendada.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Como resultado de la interpretación, se elaboró la construcción teórica tanto del subsistema de la comercialización de estupefacientes como del fenómeno del narcomenudeo, el diseño de modelos abstractos (generalizaciones de aplicación universal) que permiten hoy representar la realidad y elaborar una hipótesis de causalidad y desarrollo argumentativo de esta, es decir, la propuesta teórica formal. Ese componente de la investigación será desarrollado de forma detallada en el Capítulo III.

87


POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

CAPÍTULO II Aproximación a la base teórica de la inteligencia policial: una tipología universal

Narcomenudeo: entramado social del crimen

La emergencia de nuevas realidades conlleva la necesidad de construir nuevas categorías a partir de las cuales se pueda explicar la complejidad y diversificación que la caracteriza.

88

“Generalmente, los hombres juzgan por lo que ven y más bien, se dejan llevar por lo que les entre por los ojos que por los otros sentidos, y pudiendo ver todos, pocos comprenden bien lo que ven”. Nicolás Maquiavelo


APROXIMACIÓN A LA BASE TEÓRICA DE LA INTELIGENCIA POLICIAL

Aproximación a la base teórica de la inteligencia policial: una tipología universal Atributos de una tipología de inteligencia La inteligencia como sustantivo es una capacidad de la cual se dispone para tomar decisiones que guíen la actuación individual o colectiva. Es por ello importante delimitar el alcance de la actividad de inteligencia y esto se logra cuando se define la tipología. Para definir la tipología de inteligencia en una organización se debe establecer la correlación entre los siguientes atributos: 1) ámbito de protección, 2) capacidad, 3) amenaza y 4) seguridad (Cortés, Y. 2012, diciembre).

Gráfico 4. Atributos de una tipología de inteligencia. Elaboración propia (Cortés, Y. 2012, diciembre).

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Ámbito de protección: es aquella “cosa” que la organización se propone proteger para lograr cumplir con la misión. Capacidad: conjunto de recursos de los que dispone una organización para garantizar el desarrollo de la misión. Amenaza: es una “cosa” compuesta de hechos y acciones (Bunge, M. 2004. p. 32) que potencialmente puede causar daño a la organización y de esta forma impide el desarrollo de la misión. Seguridad: es un concepto polisémico que implica la correlación que existe entre ámbito de protección, capacidad y amenaza. En función de esta correlación se define la tipología de seguridad.

89


POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

El eje central lo determina el ámbito de protección. Cada uno de esos atributos adquiere significado dependiendo del adjetivo que acompañe el término de inteligencia, es decir, la tipología. La tipología demanda identificar una unidad de análisis u objeto de estudio que delimita el alcance de la actividad de inteligencia, según la misión de la organización. Una vez es conocida la amenaza (identificadas las propiedades que la componen) se dispone del insumo para predecir, anticipar y de esta forma asesorar la actuación proactiva para evitar que el riesgo se configure.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

La Dirección de Inteligencia Policial en razón a la implementación del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC), identifica la necesidad de producir conocimiento útil para la prestación del servicio de policía desde la perspectiva de la seguridad ciudadana. Como se modificó el ámbito de protección esta situación de cambio, que se presenta como problema de conocimiento, plantea el reto de redefinir el concepto de inteligencia policial, porque se requiere un modelo organizacional que armonice el conocimiento de las amenazas a la seguridad del Estado y de los ciudadanos. “La emergencia de nuevas realidades conlleva la necesidad de construir nuevas categorías a partir de las cuales se pueda explicar la complejidad y diversificación que la caracteriza” (Calvillo y Favela. s/f. p. 13). Esto hace suponer que se requiere dotar de contenido teórico a la inteligencia policial para orientar las transformaciones en la estructura cultural, organizacional y probablemente, el método.

90

Entonces el reto consiste en definir la tipología de inteligencia policial sustentada en un enfoque teórico. Este planteamiento encuentra su justificación en Sherman Kent quien planteó la trilogía de inteligencia como conocimiento, organización y actividad. En orden secuencial y como delimitación temática, primero se debe disponer del estatus epistemológico o la base teórica (Unión de Oficiales de Reserva de las Fuerzas Armadas de la Nación. s.f) sobre la que descansa el concepto de inteligencia policial. Para lograr este propósito se realizó la investigación institucional en el Área Administrativa, en la Línea Desarrollo Institucional y Organizacional “Prospectiva institucional”, de fuente documental y enfoque descriptiva-cualitativa, titulada “Aproximación a la base teórica de la inteligencia policial: una tipología universal”. Como resultado


APROXIMACIÓN A LA BASE TEÓRICA DE LA INTELIGENCIA POLICIAL

de esta se propone un concepto de inteligencia policial cuya implementación sea útil para la planeación y prestación de la actividad de policía. En tal sentido y teniendo en cuenta el trabajo empírico que se desarrolla en la DIPOL, primero se seleccionó el marco teórico o base teórica que rige el modo adecuado y ordenado para acceder al conocimiento, en una segunda fase se identificaron los rasgos distintivos que hacen única y universal la tipología de inteligencia policial y, finalmente, se realizó una comparación con la inteligencia criminal en la cual se evidencia la diferencia y a su vez la necesaria complementariedad que hay entre estas dos actividades para asesorar el servicio de policía.

El funcionalismo estructural: la base teórica más afín con la inteligencia policial

El orden es un producto social que se reproduce a través de la comunicación, el cual por naturaleza no coincide necesariamente, con el orden legal que pretende establecer un Estado. En esta proposición se destaca que la inteligencia policial debe disponer de un enfoque teórico que le permita hacer aproximaciones válidas a la realidad social y de esta manera, soportar la producción de conocimiento con la cual se orienta al cuerpo de policía y, porqué no, al Ente de policía. Esta aproximación entonces, se presenta como una propuesta que complementa los esfuerzos anteriormente hechos por la Dirección de Inteligencia Policial en procura de encontrar la base científica de la actividad. El enfoque teórico se exploró en los planteamientos de Émile Durkheim y Max Weber quienes propusieron entender los fenómenos sociales como sistema social -mayor preocupación de la

Narcomenudeo: entramado social del crimen

La sociedad moderna se caracteriza por la interdependencia a cambio de la dependencia, la individualidad a cambio de la colectividad, la prevalencia de la informalidad sobre la formalidad, la localización del poder en distintas organizaciones legales e ilegales, la complejidad y su relación con lo sistémico, entre otros aspectos, pero aquí se destacan estos para afirmar que el servicio que presta un cuerpo de policía debe garantizar el orden social bajo nuevos paradigmas de orden.

91


POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

sociología clásica- y acción social -interés de la sociología contemporánea-, respectivamente. En tal sentido, se presentan algunas características de estos enfoques teóricos: ÉMILE DURKHEIM Cómo nace o cuál es la naturaleza. De las ciencias naturales. Lo social: colectivo/ Objetivo/Institucional -sistema social-

Criterio de Comparación

MAX WEBER

Explicación del fenómeno

Sólo aquello cuyo sentido se conoce merece que se indique sus causas.

Método

De las ciencias históricas o sociales.

Objeto de estudio

La persona: individual/ Subjetivo/Personal -acción social-

Existe bajo la figura de la función.

Finalidad

Existe bajo la figura del sentido.

Universalismo

Alcance

Particularismo

Monista: mecanismo de funcionamiento del sistema a partir de la materia.

Visión

Dualista: comprender el ente como fenómeno y noúmeno.

Tabla 11. Comparación entre las teorías de sistema social y de sistema de acción social.

Según George Ritzer (1993) en su obra la Teoría Sociológica Contemporánea:

Narcomenudeo: entramado social del crimen

“… no basta con identificar sólo la estructura y la función de una organización o grupo social, se requiere además, comprender las interacciones que surgen de los procesos sociales y de los cuales emanan, de manera natural, los conflictos sociales, que no necesariamente requieren de una estructura. Desde esta perspectiva el funcionalismo estructural se clasifica en tres enfoques, según Mark Abrahmson:

92

1- Funcionalismo individualista: se ocupa de las necesidades de los actores y de las diversas estructuras (por ejemplo, las instituciones sociales, los valores culturales) que emergen como respuestas funcionales a estas necesidades. 2- Funcionalismo interpersonal: este tipo se ocupa de las relaciones sociales, particularmente de los mecanismos utilizados para ajustar las tensiones que se producen en estas relaciones.


APROXIMACIÓN A LA BASE TEÓRICA DE LA INTELIGENCIA POLICIAL

3- Funcionalismo societal: constituye el enfoque que predomina entre los sociólogos funcionalistas estructurales, para quienes su mayor preocupación se centra en las grandes estructuras e instituciones sociales de la sociedad, sus interrelaciones y su influencia constrictora sobre los actores”. Es por ello que, según los trabajos empíricos a los que se enfrenta la inteligencia policial, se aprecia que las teorías de manera individual son insuficientes, pero encuentra en su complementariedad una alternativa para abordar el estudio de las amenazas que atentan contra la convivencia. Por lo tanto, se recurrió a Talcott Parson, quien propone la teoría del sistema de acción social desde la corriente sociológica del funcionalismo estructural, y a través de ella se intentan armonizar los planteamientos teóricos de Durkheim y Weber. En los años cuarenta y cincuenta, sobre todo en los Estados Unidos, hay dos fenómenos que llaman la atención: a) el surgimiento de la teoría del funcionalismo estructural (o funcionalismo del mantenimiento de las estructuras), y b) el desarrollo peculiar sobre el sistema de la acción que logró Talcott Parsons (Torres, J. 2002. p. 32).

“… la acción solo es posible bajo la forma de sistema. Detrás de esta formulación se revela el intento de Parsons por encontrar un denominador común entre los clásicos de la disciplina sociológica: Durkheim, Weber, Marshall, Pareto. El hallazgo esencial fue que la construcción de estructuras sociales se realiza bajo la forma de sistema y que la operación basal sobre la que se construye dicho sistema es la acción”

(p. 38).

En primer lugar, se explica el sistema de acción -el enfoque individual- en Parsons a partir del método de los diagramas cruzados, el cual no se puede resolver de manera deductiva y se compone de los siguientes elementos:

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Parsons, en su teoría del sistema de acción social afirma que acción y sistema no pueden entenderse por separado.

93


POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

SISTEMA DE ACCIÓN INSTRUMENTAL

CONSUMATORIO

EXTERIOR

Adaptación (Adaptatión) Conducta orgánica

Obtención de fines (Goal attainment) Personalidad

INTERIOR

Mantenimiento de estructuras latentes (Latent pattern maintenance) Cultura

Integración (Integration) Sistema social

Tabla 12. Diagramas cruzados del sistema de acción.

La exigencia teórica consiste en ubicar los análisis en niveles teóricos adecuados, lo que Parsons llamó referencias sistémicas (systems references). Por tanto la teoría de la acción el nivel más abstracto y general. La pregunta que orienta a Parsons, es qué garantiza, qué condiciones son absolutamente indispensables, para que en general se lleve a cabo una acción social. Conducta orgánica. En el sistema de acción se considera que la conducta del organismo es indispensable para que se lleve a cabo la acción. Esta condición es la que orienta la acción y se adapta para lograr el equilibrio en un entorno. Esto es que al considerar la acción como sistema éste debe ser capaz de interactuar con otros sistemas en el exterior.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Personalidad. El sujeto es quien tiene la función de controlar las consecuencias que se derivan de la interacción con el entorno, las cuales se conocen primariamente a través de percepciones y no del pensamiento.

94

Integración. El sistema social es el responsable de garantizar los procesos de integración. La integración es el orden interno dirigido a la satisfacción de las necesidades. Aquí se encuentran la acción (individual/personal/subjetivo) con el sistema social (colectivo/institucional/objetivo) como dos dimensiones interdependientes. Cultura. (Mantenimiento de Patrones). Las pautas culturales que integran el sistema son los agentes de mantención, cambio y renovación en la motivación de los individuos.


APROXIMACIÓN A LA BASE TEÓRICA DE LA INTELIGENCIA POLICIAL

En segundo lugar, como se puede apreciar en el diagrama de la acción social se ubica el sistema social -enfoque de sociedad o colectivo-, una de las partes más desarrolladas de la teoría parsoniana, el cual se describe a continuación por sus siglas en inglés AGIL. SISTEMA SOCIAL INSTRUMENTAL

CONSUMATORIO

EXTERIOR

Adaptación (Adaptatión) ECONOMÍA

Obtención de fines (Goal attainment) POLÍTICA

INTERIOR

Mantenimiento de estructuras latentes (Latent pattern maintenance) INSTITUCIONES CULTURALES

Integración (Integration) SISTEMA COMUNITARIO

Economía. “…en el casillero de la integración (el sistema social), en la ventana conducente a la adaptación, se encuentra la economía. Para Parsons, la economía es una forma de adaptación que tiene la vista puesta en el futuro. Lo que la economía persigue es una adaptación a largo plazo, que se lleva a cabo, dicho de manera tosca, mediante la formación de capital. Gracias a ese mecanismo monetario el sistema social está preparado para resolver situaciones que no pueden ser previstas de antemano. En este sentido, toda inversión de capital ésta orientada por un tipo de finalidad que no presenta un objeto presente por alcanzar, sino futuro. Ya se trate de una inversión de capital para producir, para comprar, para extraer recursos del entorno… El mecanismo del dinero (entendido como medio simbólico de comunicación) constituye una adquisición evolutiva tal, que llevó de la mano el proceso de diferenciación del sistema económico, y logró un mejoramiento en la coordinación con el entorno, además de que ha llevado a garantizar la continuidad y la adaptación del sistema de la acción” (p. 48). Política. “…está referida a la relación con el entorno y tiene por propósito satisfacer las necesidades de la sociedad. Para Parsons, se trata de la función de llegar a tomar decisiones que en el momento mismo de la decisión vinculen colectivamente. Esta función debe ser reconocida y apoyada, ya que se sustenta en la confianza puesta en la autoridad” (p. 49).

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Tabla 13. Diagramas cruzados del sistema social.

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Sistema comunitario. “…procura integrar aspectos de la acción que tienen repercusión en la integración de sí mismo, y no simplemente en la integración de cada una de las personas, ya que cada una de ellas preferiría quizás actuar por su propia cuenta. El sistema social integra al sistema de la acción con respecto a sí mismo, es decir, es el encargado de integrar las propias funciones de economía, política y cultura mediante una comunidad que Parsons designa como la social community” (p. 50). Instituciones culturales. “… la cultura se convierte en el fiduciario del mantenimiento de los patrones de comportamiento, y además está encargado de la preservación de los valores sociales” (p. 50). Cultura. (Mantenimiento de Patrones). Las pautas culturales que integran el sistema son los agentes de mantención, cambio y renovación en la motivación de los individuos. Sin más desarrollo, intencionalmente sólo se plantea hasta aquí lo que se cree pertinente para despertar el interés y de esta forma estimular la discusión; así como, contribuir a la construcción cultural de la organización a la cual anteriormente otros aportaron.

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Entonces, se opta por este planteamiento teórico en razón a su significancia, pertinencia y afinidad con el papel empírico desarrollado por la inteligencia policial. Además, porque según la tradición sociológica de Durkheim, se entiende la sociedad moderna como “un proceso de diferenciación” (p. 53).

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Parsons parte del supuesto de que la acción es una propiedad emergente (emergent property) de la realidad social; o con otras palabras: para que se lleve a cabo una acción deben concurrir un determinado número de componentes. La tarea, entonces, del análisis sociológico sería la de identificar este tipo de componentes y de esa manera llagar a trazar las líneas fundamentales de una teoría analítica de la acción. Parsons entiende este análisis bajo la denominación de Realismo Analítico: Realismo en el sentido de que aunque el esfuerzo por descomponer los elementos intrínsecos de la acción sea una construcción teórica conducida por la sociología, sin embargo, el resultado consiste en poner de manifiesto que gracias a esa emergencia brota la acción. Analí-


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tico, porque al identificar los componentes de la acción, descubre que, tomados de manera aislada, ya no pueden seguir siendo designados, a su vez, bajo la teoría de la acción (p. 39).

Este enfoque se armoniza con la producción literaria de lo que se ha propuesto como ciencia de policía, la teoría general de los sistemas, las representaciones sociales y la geografía humana, que fueron empleadas para caracterizar la comercialización de estupefacientes. Por lo tanto se propone, primero, considerar la teoría del sistema de acción social como la base teórica que rige la definición conceptual de la inteligencia policial, segundo, identificar la convivencia como un sistema de acción social y, tercero, abordar la amenaza derivada del conflicto social como la unidad de análisis para asesorar la actividad de policía.

La inteligencia policial: una tipología universal

Esta aproximación conceptual -que es un aporte con el ánimo de incitar a la construcción colectiva- permite establecer el límite y a su vez el alcance de la inteligencia policial:w

Inteligencia policial es la modalidad del cuerpo de policía que anticipa las amenazas derivadas del conflicto social que afectan la convivencia para asesorar la actividad de policía.

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Luego de esta aproximación teórica se pone en consideración la definición de la inteligencia policial, la cual se integra de varios constructos conceptuales de los que se elabora un desarrollo argumentativo sustentado en: la doctrina de la Policía Nacional de Colombia para contextualizar el papel de la inteligencia policial, la neurociencia para explicar la predicción como elemento basal del análisis necesario para la anticipación, la teoría del riesgo para caracterizar la amenaza que se deriva del conflicto social, el enfoque socio-jurídico de la convivencia para preservar el orden social y, por último, la teoría de la función policial (anglosajona y francesa) que se desarrolla a través del servicio de policía.

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Aquí hay varios elementos que distinguen a la inteligencia policial de cualquier otra actividad en la práctica.

La inteligencia policial: modalidad del cuerpo de policía Como modalidad involucra a los profesionales de un cuerpo de policía que desarrollan los procesos del orden misional, gerencial y de soporte encomendados constitucionalmente (Policía Nacional. 2009, p. 32), para la producción de conocimiento sobre la actividad de policía. Por esta razón la inteligencia policial se constituye en un proceso misional de la Policía Nacional de Colombia y, a su vez, la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) es el órgano rector de esta actividad en la institución. Esto significa que la inteligencia policial es producida de manera exclusiva por los cuerpos de policía, y el uso de este conocimiento es del Ente de policía.

La predicción: fundamento basal de la anticipación

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Por su parte, la anticipación implica comunicar o notificar la configuración de los eventos y sucesos que se constituyen en las condiciones propicias para la manifestación del riesgo en un contexto, y de esta forma, orientar la actuación proactiva del Ente de policía (gobierno y su cuerpo de policía) en procura de evitar que la convivencia sea afectada. Para ello, se requiere disponer de un instrumento que permita predecir.

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Este instrumento -que puede ser un mapa de riesgo o sistema de alertas tempranas- sólo es posible diseñarlo una vez son identificadas las propiedades universales -estructura y sistema- de la amenaza con las que se construye una representación colectiva. Esta representación previa de la amenaza se emplea para diseñar el instrumento de predicción, insumo necesario para la actividad de análisis, a su vez, elemento característico y distintivo de la inteligencia respecto de la investigación (esta reconstruye un objeto cada vez). La representación colectiva para la predicción se compone de concepción y ejecución (Enguita. 1998, p. 64). Porque la concepción


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de la amenaza como unidad de análisis no está dada de manera a priori para una persona –limitaciones de conocimiento- y menos para una organización, ésta se construye. Y la ejecución consiste en conocer la configuración de actuaciones requeridas para la consecución de sus fines (en el contexto de la convivencia sería el riesgo). Conocer los eventos (los sucesos se documentan como eventos)pre-configuradores de la amenaza es lo que Durkheim refiere como mecanismo de funcionamiento del sistema, pero es justo esto lo que Weber reclama para que tenga sentido en el individuo y por esta vía motivar la búsqueda de las causas. La predicción es el presupuesto base del análisis y es por ello se toma como referencia, en analogía, el planteamiento de Rodolfo Llinás (2002) respecto del funcionamiento del cerebro:

Esta descripción es vital para la inteligencia policial porque se constituye en referente para la actividad. En ella se da valor significativo a la imagen sensomotora, como la reconstrucción sensorial de los fenómenos sociales para aprehenderlos y objetivarlos. La imagen interna, premotora de lo que va a suceder, es una representación aproximada de la forma como se configura el fenómeno en la realidad para, a partir de un proceso de realimentación y retroalimentación artificial, orientar la acción. Esto es la predicción: una representación ontológica o universal previa, y a partir de ella, simular las múltiples formas o tipologías como se pudiera manifestar el fenómeno dadas unas condiciones particulares del entorno. A diferencia de la anticipación cuyo objeto es la comunicación de la imagen artificial que indica lo que pudiera ocurrir en un entorno. Por ello se reafirma que la predicción es el presupuesto de la anticipación.

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“…la predicción se formula a partir de una imagen sensomotora –de una contextualización del mundo externo-. El marco de referencia de la imagen interna, premotora de lo que va a suceder, se construye con base en las propiedades del mundo externo, según nos las transmiten los sentidos de audición, visión o tacto. El resultado de comparar el mundo forjado internamente con la información que llega del mundo externo genera órdenes para emprender una acción motora apropiada. Mediante este procedimiento se da una transferencia espectacular: la imagen interna de lo que ha de suceder “asciende” de nivel y adquiere realidad en el mundo externo” (p. 45).

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Elaborar esta representación de la realidad implica considerar los siguientes principios de la predicción: 1. Concurrencia: consiste en reconocer las propiedades (elementos o componentes) de la amenaza que deben participar en la configuración de un riesgo para la convivencia (acontecimiento). 2. Interdependencia: es la relación que existe entre cada una de las propiedades de la amenaza y que permite establecer la forma de funcionamiento de la misma para lograr los fines sociales o individuales. 3. Coherencia: es el orden lógico y secuencial en que los eventos integrados por las propiedades universales se deben manifestar para configurar un riesgo a la convivencia. 4. Temporalidad: se refiere al momento (frecuencia) que puede ser sincrónico o diacrónico es requerido por las propiedades de la amenaza para que se logre materializar el riesgo.

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5. Espacialidad: son las características del contexto necesarias para que las propiedades de la amenaza se manifiesten ante el grupo social o el individuo.

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Una vez hecha esta aproximación conceptual de la predicción y su interdependencia con la anticipación, ahora surge la necesidad de establecer cuál es el objeto sobre el que se requiere desarrollar este proceso de predicción. Entonces, aquí se propone que la unidad de análisis de la que se requiere disponer de una representación previa y colectiva son las amenazas que se derivan del conflicto social y que afectan la convivencia.

La amenaza derivada del conflicto social: es la entidad o unidad de análisis Se requiere cambiar el paradigma tradicional de la entidad concebida como organizaciones, personas, bienes y hechos, para considerar la amenaza que se deriva del conflicto social como tal -factor desintegrador de la convivencia como sistema de acción social-;


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para lograrlo es necesario objetivar o hacer cognoscible ésta, es decir, darle forma y contenido, estructura y función, reconciliar lo universal y lo particular, para “la reunificación del objeto y el sujeto” (Enguita. 1998, p. 62). La amenaza es una “cosa” o sistema compuesto por el origen, la estructura y el fin. El origen exige conocer la fuente de donde ésta emana y el porqué. El fin es lo que se pretende modificar o transformar en la realidad social. No se entiende aquí el concepto tradicional de amenaza que hoy rige la actuación institucional, ni la interpretación constitucional.

Objetivar la amenaza es una prioridad, sólo cuando se dispone de ella es posible comprender y, por tanto, el resultado será una imagen o representación colectiva -un mundo cognoscible-, fundamento para la predicción. Para objetivar o caracterizar la amenaza derivada del conflicto social se diseñó una metodología -con diseño curricular propio para el entrenamiento- que implica tres fases para identificar las propiedades universales de las mismas (Cortés, Y. y Parra, R. 2012). La primera, denominada el grafo o arquetipo, la segunda, es la taxonomía y la tercera, la semántica. 1- El grafo o arquetipo: es una representación colectiva de la amenaza como sistema social, que permite visualizar el orden lógico, coherente y secuencial en que ésta se configura y manifiesta a través de la acción social.

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Mientras que la estructura tiene dos dimensiones, la primera, la realidad y la segunda, la representación. La realidad desde “la visión dualista kantiana se compone de fenómeno y noúmeno, los reinos sensible e inteligible” (Enguita. 1998, p. 59). La representación busca identificar el mecanismo de funcionamiento mediante la abstracción. En este sentido, mediante la aplicación del método inductivo se elabora la ontología (partes y conexiones), se reconstruyen las funciones (interdependencia de las partes) y a través de la semántica se le da significado a los componentes de la amenaza. Es de resaltar que en el postulado del funcionalismo universal todo componente (parte-causa) de un sistema puede desempeñar una función en éste y otra en un sistema de acción social diferente.

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2- La taxonomía: consiste en el diseño del análisis morfológico o estructura de la amenaza como entidad. 3- La semántica: para establecer un lenguaje natural de los datos de acuerdo al contexto propio donde se manifiesta la amenaza. Las amenazas asociadas al conflicto social se entienden en inteligencia policial como la interdependencia que existe entre el conflicto social, la violencia y la criminalidad. Esta condición es imperativa en desarrollo de la actividad, de esta manera se obtiene una lectura integral en un contexto social que será intervenido por el cuerpo de policía y el gobierno, en procura de preservar o restablecer el orden social como característica de la convivencia, “porque lo social es un orden emergente” (Torres, J. 1999. p. 11). La amenaza derivada del conflicto social como unidad de análisis de la convivencia -sistema de acción social- es afín con el funcionalismo estructural. “Este enfoque tiene una larga tradición histórica, pero fue durante los siglos XVII y XIX cuando alcanzó cierta coherencia teórica” (Picó, J. y Sanchis E. 1996, p. 269). Es así que el conflicto como “elemento constitutivo de la estructura de las relaciones sociales contribuye al cambio y evolución de la sociedad” (p. 274). El conflicto social es el objeto de análisis porque de él depende el cambio social, y por eso es necesario considerar los hechos de los que se deriva la tendencia al conflicto y el carácter funcional del conflicto, el primero como factor desintegrador del sistema y el segundo en una función integradora.

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La perspectiva desintegradora del sistema de acción social:

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Parsons observa una tendencia al conflicto derivada de los hechos siguientes: 1) El carácter competitivo de la estructura ocupacional, que establece una jerarquía de prestigio y una desigualdad de oportunidades. 2) La existencia de autoridad y disciplina en la organización, que genera resistencia entre quienes obedecen. 3) La tendencia de los poderosos a explotar a los más débiles. 4) La tendencia a desarrollar distintas “culturas” por parte de quienes se encuentran situados en zonas diferentes de la estructura social, lo cual dificulta la comunicación entre los grupos y exige buscar mecanismos efectivos de integración. 5) La imposibilidad del sistema de establecer una estricta igualdad de oportunidades. Todos estos factores generan conflictos crónicos entre las clases y atentan contra la integración del sistema (p. 272).


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El carácter funcional del conflicto social como atributo integrador del sistema de acción social, se caracteriza porque: a) Los sistemas sociales no están organizados alrededor de un consenso sobre los valores sino que implican situaciones conflictivas en aspectos fundamentales. b) La existencia de tal situación tiende a crear, no una sociedad unitaria, sino una sociedad pluralista en la que hay diversas clases. Las actividades de los miembros del sistema adquieren significado sociológico y deben ser explicadas en referencia a los intereses de los grupos en situación de conflicto. c) En la mayoría de los casos la situación conflictiva estará caracterizada por un desequilibrio de poderes, de modo que una de las clases surgirá como clase dominante que tratará de obtener el reconocimiento y la legitimidad de su posición entre los miembros de las otras clases. d) La relación de poder entre la clase dominante y la dominada puede modificarse como resultado de cambios ocurridos en una serie de factores que aumenten la posibilidad de resistencia o revolución por parte de esta última. Entre estos factores se encuentran el liderazgo, la capacidad de organización y la violencia. De esta manera el conflicto cumple una serie de funciones positivas que ayudan a la integración, mantenimiento, cambio y renovación del sistema social (p. 273).

La convivencia el ámbito de protección: sistema abierto que se construye a partir de la interacción social El conflicto es el resultado de la convivencia. En un Estado Social de Derecho como el de Colombia, la convivencia es un valor subordinado al respeto de la dignidad humana y para ello se compone de unos subsistemas sobre los que se desarrolla el poder, la función de policía y la actividad de policía, de manera concreta y ajustada a la realidad territorial.

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Entonces, el conflicto es un producto social, es connatural a la convivencia y ésta a su vez es el objeto de protección encomendado constitucionalmente al Ente de policía, por lo que a continuación se hará una descripción de ella, una vez se propone entenderla como un sistema de acción social.

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No es válido pensar y entender a la entidad constitucional de la Policía Nacional, desde una perspectiva literalista y abstracta, sin consideración a la realidad dinámica y telúrica del medio en el que ella debe funcionar …es la realidad social y económica la que impone la distinción que reconoce la ley y no ésta la que ha creado las condiciones especiales a las que se refiere la demanda [servicios de seguridad interior y exterior del Estado]. (Corte Constitucional, 1996).

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En concordancia, la convivencia se compone de los siguientes subsistemas: la tranquilidad pública, la salubridad pública y la seguridad pública. Se dispuso entonces, elaborar aproximaciones conceptuales con enfoque socio-jurídico, a partir de las cuales los profesionales de policía logren orientar su efectiva materialización en la cotidianidad, como oficiales de cumplimiento de la ley que son:

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Tranquilidad pública: es un elemento de la convivencia, cuyo mantenimiento, en su aspecto realizador y operativo, corresponde, en principio, a las autoridades administrativas de policía. (Corte Constitucional, 1993). Las autoridades administrativas de policía deben garantizar a todo miembro de la comunidad el derecho a no ser intranquilizado sin justa causa y a que nadie lo inquiete o le cause desasosiego, actuando contra la Ley, por fuera de lo dispuesto en ella, o abusando de sus derechos. Las autoridades de policía, a través de los llamados “medios de policía”, aseguran la tranquilidad ciudadana, y en tal virtud entre sus atribuciones está la de controlar y fiscalizar las diferentes actividades que desarrollan los particulares. Cuando dichas perturbaciones son anormales o extraordinarias, por exceder los límites de tolerancia, existirá una inaceptable agresión al derecho de otros o un abuso en el ejercicio del propio derecho, que demanda la intervención de la autoridad, con el fin de restablecer el estado de tranquilidad (Corte Constitucional, 1994). La idea de tranquilidad pública incluye el concepto de moralidad pública. Los sucesos que afectan el orden moral no son en principio motivos de policía, pero si ellos se traducen en ciertas manifestaciones externas materiales, que provoquen el escándalo y el desasosiego moral de otras personas, entonces representarán atentados contra la tranquilidad, no ya por su significado moral, sino porque de él se desprenden motivos de intranquilidad (Lleras, M. 2009). Se considera pues que todas aquellas manifestaciones del poder


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económico y la fuerza dominante de las organizaciones criminales, en especial de la guerrilla y el narcotráfico, son verdaderos factores que alteran la tranquilidad pública (Ibáñez, J. 2000). Salubridad pública: es un atributo de la convivencia que se concreta en la salud de cada uno de los asociados. Se trata del paso de aquello que es formal (la salud) a lo que es real: vivir en condiciones saludables. Puede decirse entonces que salubridad significa el acto de ser de la salud, es decir, el acto por medio del cual el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. No se trata, pues, de una manifestación potencial, sino de una actual. Ahora bien, al ser la salubridad pública una noción que implica la realización total de la salud, supone la existencia previa de la salud individual. En consecuencia, resulta aplicable el principio de que la lesión de la parte afecta la del todo; asimismo, la lesión del todo (salubridad) es necesariamente la lesión de la parte (salud individual). Si hay una vulneración grave e inminente de la salubridad pública, puede suponerse que la parte que tenga un interés legítimo en restablecer un derecho que, si bien es cierto es colectivo, también la afecta como singularidad, única e irrepetible (Corte Constitucional, 1993).

Seguridad pública: componente de la convivencia que comprende y abarca tanto la seguridad del Estado como la de todas las personas a las cuales deben proteger las autoridades. Por ello, la función militar de defensa y la función policial de preservación, conservación y sostenimiento de la convivencia tienen relaciones manifiestas, pues comparten un espacio común. Su actuación no se concibe desligada, pues se relacionan y complementan. No obstante, la regulación constitucional de la fuerza pública establece una diferenciación básica entre la finalidad primordial de las fuerzas militares y el fin primario e inmediato de la Policía Nacio-

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A este respecto, Miguel Lleras Pizarro (2009), plantea que situaciones fácticas tales como epidemias, enfermedades contagiosas, inadecuado manejo de basuras, venta de sustancias tóxicas e insalubres, entre otras, son condiciones que requieren medidas de policía con carácter preventivo y profiláctico para garantizar la salubridad pública (p. 64).

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nal. Las fuerzas militares han sido instituidas por la nación “para su defensa”, mientras que la policía existe para preservar, conservar y sostener “el conjunto de condiciones fácticas cuya intangibilidad permite el desarrollo inalterado del funcionamiento de las instituciones, del ejercicio pacífico de los derechos constitucionales y de la eficaz prestación de los servicios” (Corte Constitucional, 1995). Es decir, la Policía Nacional desarrolla actividades tendientes a garantizar la seguridad pública y no sólo la seguridad ciudadana. La finalidad básica de la seguridad pública es la defensa de la integridad nacional y la preservación de la convivencia, porque esos elementos son condiciones materiales para que las personas puedan gozar de sus derechos y libertades. Para ello, el Estado moderno se constituye en: ... una institución que aspira a lograr el monopolio eficaz y legítimo de la coacción en un determinado territorio: con esto se busca evitar los peligros que, para la convivencia social, implica la multiplicación de poderes armados privados” y para ello debe “mantener la convivencia e instaurar un sistema jurídico-político estable para garantizar la protección a la vida como una de las obligaciones del gobernante sin las cuales no es posible la continuidad de la comunidad. ...[P]ara asegurar al individuo una esfera de libertad y protección contra la violencia a condición de reprimir, incluso con la fuerza, aquellas actividades violentas de los demás individuos que vulneran esa órbita de libertad (Corte

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Constitucional, 1995).

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En este mismo sentido, la seguridad pública histórica y recurrentemente se ha relacionado con tres acepciones a saber: la primera, entendida como la seguridad que se debe prestar en entornos públicos, abiertos al público o en espacios públicos cuando trascienden a lo público; la segunda, como lo opuesto a la seguridad privada, es decir, la seguridad a cargo del Estado y que debe ser brindada a todos los ciudadanos; y la tercera, como la seguridad interior, que vela por la protección del Estado especialmente en su gobernabilidad y de la convivencia pacífica de los ciudadanos. Sin embargo ante las amenazas, la evolución de éstas y su indivisible interdependencia, se hacen esfuerzos por plantear un enfoque de seguridad pública que tenga como propósito la protección (igual de prioritaria) del Estado y los ciudadanos


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En concordancia, con el objeto de garantizar la seguridad ciudadana, “le corresponde al Estado prestar la actividad de policía, que está a cargo exclusivo de las autoridades de policía administrativa, las que para tal efecto cuentan con el apoyo del cuerpo de policía” (Ibáñez, J. 2005).

Con el objetivo de preservar o restablecer las condiciones de convivencia, el Gobierno (sistema político-administrativo) dispone del cuerpo de policía entendido como grupo social especializado para asegurar en nombre de la colectividad, y haciendo uso eventual de la coacción física, el respeto del orden social y de las principales reglas que lo rigen. El cuerpo o institución de policía es responsable de desarrollar la actividad de policía frente a aquellos fenómenos que alteran o perturban la convivencia en relación sistémica con la función policial (autoridad político-administrativa, la sociedad y el cuerpo de policía) y para ello dispone de unos medios de policía que son jurídicos y materiales. Su actividad se fundamenta en la educación, la prevención y como recurso eventual, la coacción. La seguridad pública es un hiper-constructo, multívoco que, desde la perspectiva ideal, abarca la protección del Estado y de los ciudadanos -como lo exige la constitución según lo establecido en los

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Cuando las circunstancias que configuran la convivencia no coinciden, las personas no cuentan con las garantías necesarias para desarrollar su personalidad y proyectarse en la sociedad de la que hacen parte. De allí que sea un deber del Estado restablecer el orden cuando ha sido turbado, pues hasta tanto no lo haga, es incierta la realización de los derechos y la afirmación de la vida digna de sus ciudadanos (Corte Constitucional, 2002). Entonces por perturbación de la convivencia se entiende un suceso del mundo fenomenológico, de un punto de partida empírico que inicia con la ocurrencia de hechos concretos, perceptibles y, en consecuencia, verificables, que objetivamente generan una alteración de las condiciones de tranquilidad, salubridad o seguridad pública requeridas para el ejercicio de los derechos. Como suceso del mundo fenomenológico, el presupuesto fáctico es susceptible de un juicio objetivo de existencia.

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artículos 2, 216 y 218 de la Constitución Política de Colombia-, es decir, integra los conceptos de seguridad nacional (sólo en su dimensión interna) y la seguridad ciudadana (Cortés, Y. 2012, junio). Sin embargo, y aunque parece amplio, restringe el alcance y para su mejor comprensión se precisan los componentes de cada una de las categorías. Seguridad nacional Es aquella categoría de la seguridad pública que: … es inmanente para garantizar la existencia, la permanencia, la continuidad y la estabilidad de la comunidad política, también entendida como la necesaria para garantizar tanto la seguridad externa como la seguridad institucional interna de una nación y por lo mismo la soberanía, la independencia, la integridad territorial nacional, el régimen y el orden constitucional, todo lo que comprende la seguridad del Estado, esto es, la que le corresponde garantizar el normal funcionamiento de las instituciones constitucional y legítimamente constituidas (Ibáñez,

J. 2005, p. 48).

En la actualidad y para efectos de operacionalizar del concepto se puede concebir en una visión dualista -externa e interna- para procurar la existencia y estabilidad del Estado, así:

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La dimensión externa: está compuesta por la independencia e integridad territorial del Estado, la cual debe ser garantizada por las Fuerzas Militares (artículo 217 de la C.P.C). Ésta no se relaciona con el concepto de seguridad pública.

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La dimensión interna: la componen la soberanía (capacidad de gobernar, administrar y representar), el régimen constitucional (los tratados internacionales ratificados, la constitución y las leyes) y el orden constitucional (adecuado funcionamiento de las instituciones de Estado), cuya protección fue encomendada a todos los habitantes y a la Fuerza Pública en Colombia (artículo 26 de la C.P.C). Sólo la visión interna de la seguridad nacional será concebida como componente articulado a la seguridad ciudadana del cual se deriva la acepción de la seguridad pública.


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a) Soberanía: desde la perspectiva de la legitimidad, se constituye en las expresiones de reconocimiento y disconformidad que al ciudadano le merecen las normas del Gobierno (sistema político) como el actor formal encargado por el colectivo de ejercer el control en la organización social. Connota la legitimidad, la aceptación y el respeto, generalmente consentido y excepcionalmente coaccionado, de un ordenamiento jurídico que no sólo condiciona, sino que determina el comportamiento individual y colectivo (Bolívar, J. 2009). La dominación legítima (de carácter racional) se apoya en “... la creencia de la legalidad de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad” (Weber, M. p. 172). Pero con el fin de ejercer la dominación legítima que conduzca a la legitimidad de los órganos estatales se requieren mecanismos y personas que desarrollen funciones específicas “Para llevar a cabo este tipo de dominación se desarrolla la burocracia como cuerpo administrativo, profesional y especializado que se encarga de mantener un orden político a través de la aplicación y el respeto de las normas” (Ibarra, S. 2001, p. 90). En este mismo sentido, Andrés Dávila (1995) expone que:

La relevancia de los procesos de legitimación en la relación autoridad subordinación estriba en reconocer la validez de las acciones en la función administrativa que permita el reconocimiento subjetivo de los actores y, de esta manera, lograr diferenciarlos del carácter legal de los actos. (Cruz, L. 2008). b) Régimen constitucional: la normatividad establecida para regular las relaciones sociales, entre otros propósitos, busca establecer condicionamientos que permitan el desarrollo individual y colectivo de los asociados. No en vano el artículo 4o del Código Civil Colom-

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Habermas concibe la legitimidad como un consenso argumentativo verdadero. Su conceptualización se desenvuelve en dos planos. El primero, del orden político, que se legitima y utiliza unos mecanismos para ello; el segundo, el de los individuos que construyen, sustentan y fundamentan la creencia en la validez de esos órdenes. La tensión existente entre estos dos planos del concepto lleva a una reducción y elaboración al mismo tiempo del espectro del problema (p. 18).

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biano enuncia que “el carácter general de la Ley es mandar, prohibir, permitir o castigar” (Congreso de la República de Colombia, 1887). Existen tres dimensiones importantes del régimen constitucional: 1 - Que las normas expedidas por los órganos del poder son válidas. 2 - Que quien ejerce el poder de conformidad con esas normas actúa justamente y dentro de la legalidad. 3 - Que una vez la norma ha sido expedida válidamente y el funcionario ha ordenado su aplicación, el sujeto pasivo debe actuar de conformidad. Por esto el policía no debe actuar frente a la seguridad de los ciudadanos por motivos o creencias personales, materiales o valorativas, sino que sus actuaciones deben ser legales, ajustadas a derecho. Pero uno de los factores de mayor ocurrencia es que la falta de atención a los aspectos normativos perturba la relación ciudadanopolicía-administración, basada en los aspectos materiales y funcionales del ordenamiento jurídico.

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En el sentido colectivo, desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, la comunidad espera que los servidores públicos de la Policía Nacional y de la Administración en general realicen su actividad de acuerdo a lo prescrito por la norma (de lo contrario, se estaría frente a un abuso de poder, arbitrariedad u omisión), pero que también, en términos individuales, los ciudadanos no violen la facultad que les concede la norma de hacer o abstenerse de hacer alguna acción propia. La ocurrencia esporádica de estos eventos es propia de un sistema jurídico, pero la generalización de las violaciones de una u otra parte lo que demuestra es ineficacia o ilegitimidad.

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c) Orden constitucional: proteger la estructura y el efectivo funcionamiento de las instituciones del Estado Social de Derecho e impedir que se modifique el régimen constitucional -contribuir a que los poderes públicos cumplan su función constitucional (Ibáñez, J. 2005, p. 84)-, con lo cual se asegure el ejercicio del poder legal y legítimo indispensable para la unidad de gobierno y responder a las demandas -prestaciones sociales y servicios básicos (Ruíz. s.f. p. 12)- de los ciudadanos para, de esta forma, lograr el desarrollo de los fines esenciales contemplados en el artículo 2 de la constitución. “Sin embargo, hay que reconocer que los nuevos patrones de cambio


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regional y global están transformando el contexto de la acción política, creando un sistema de centros de poder múltiples y esferas de autoridad superpuestas” (p. 12). Para lograr este fin y en contexto institucional, se dispone de la contrainteligencia policial como la actividad que anticipa las amenazas y vulnerabilidades que afectan la integridad policial, la estabilidad institucional y la seguridad operativa (Dirección de Inteligencia Policial, 2011, pp. 17-34) para proteger la estructura y el adecuado funcionamiento de la Policía Nacional. Una vez descritas las dimensiones de la seguridad nacional, continúa el análisis de la seguridad ciudadana como la segunda categoría y complemento de la seguridad pública. Seguridad ciudadana

En tal sentido, y para operacionalizar el concepto, se clasificará la seguridad ciudadana en unos ámbitos de protección agrupados en dos categorías: la primera, entendida como la individual, compuesta por la vida, integridad personal y patrimonio. La segunda, que abarca aspectos orientados a garantizar la cohesión social. Para una mejor comprensión se elaborará una aproximación a cada dimensión -con sus componentes- de la seguridad ciudadana. Dimensión individual

a) Vida: las autoridades de policía, como autoridades administrativas, deben adoptar medidas preventivas y correctivas (perjuicios inminentes), proporcionales, razonables y necesarias, para la protección de la vida digna de las personas, teniendo como criterio de actuación que no se limite la realización de los proyectos de vida

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Es una de las categorías de la seguridad pública cuyo interés de protección se relaciona con la seguridad individual y colectiva de los ciudadanos frente a los factores que perturban el ejercicio de los derechos y libertades públicas, cuyas manifestaciones de afectación se constituyen en problemas públicos.

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individuales; que prevalezca el interés general y la preservación de la convivencia. ... no significa la simple posibilidad de existir sin tener en cuenta las condiciones en que ello se haga, sino que, por el contrario, supone la garantía de una existencia digna, que implica para el individuo la mayor posibilidad de despliegue de sus facultades (Corte Constitucional, 1999), pues supone además que se deben garantizar las condiciones para la pervivencia y el desarrollo efectivo de la vida humana en sociedad.

La vida constituye la base para el ejercicio de los demás derechos, lo que representa para el Estado dos ámbitos vinculantes: los deberes de respetarla y de protegerla frente a amenazas reales, concretas, específicas, individualizadas y verificables. Así, las autoridades públicas están doblemente obligadas, a abstenerse de vulnerar el derecho a la vida y evitar que terceras personas lo afecten (Corte Constitucional, 2002).

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b) Integridad personal: es inherente a la persona en atención a su naturaleza y consiste en gozar del derecho a la integridad física, psicológica y moral. Este derecho comporta el deber de no maltratar, no ofender, no torturar, ni comprometer la integridad física y moral de las personas, como garantía del respeto que se le tiene a la dignidad humana, estrechamente ligada con los más altos valores sociales que fundamentan también la protección del derecho a la vida (Corte Constitucional, 1998).

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En el aspecto físico, la integridad personal se refiere a la conservación del cuerpo humano en su contexto anatómico y al equilibrio funcional y fisiológico de sus diferentes órganos. En lo concerniente al ámbito psicológico del ser humano, se refiere a la preservación total y sin menoscabo de la psiquis de una persona. Es decir, de las plenas facultades mentales propias de su actividad cerebral, tales como la razón, la memoria, el entendimiento y la voluntad, entre otras. El normal funcionamiento físico y psíquico de una persona asegura un despliegue de sus facultades humanas de una manera completa y única. Perder o disminuir esas facultades por la acción u omisión


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de un tercero constituye una violación a los derechos fundamentales de las personas. En el aspecto moral, se refiere a la capacidad y a la autonomía del individuo para mantener, cambiar y desarrollar sus valores personales. Por lo anterior, el derecho a la integridad personal “vinculado necesariamente con la protección a la dignidad humana” tiene estrecha relación con otros derechos fundamentales como el derecho a la vida y a la salud (Huertas, O., Barona, R., Mora, D., Doncel, L., Martínez, M., y Sanabria, A. 2007). c) Patrimonio: el patrimonio es una noción de orden esencialmente pecuniario; los derechos que no tienen significación pecuniaria quedan por fuera del patrimonio; “... el patrimonio constituye un todo, y un todo de naturaleza jurídica; es una universalidad jurídica independiente de los elementos que la componen; el patrimonio es un atributo, una emanación de la personalidad, y como una proyección de dicha personalidad en el campo del derecho...” (Corte Constitucional, 1993).

Las principales características del patrimonio son, entre otras, que solo las personas (naturales o jurídicas) son titulares de él; toda persona posee un patrimonio, así este se encuentre conformado solo por deudas, pues la mayor o menor cantidad de bienes no significa que una persona tenga varios patrimonios; no es transmisible, sino por causa de muerte, ya que nadie en vida puede transferir la totalidad de los bienes que lo conforman. Se dice entonces que el patrimonio es personalísimo, inagotable, indivisible e inalienable, pero sí puede ser objeto de embargo y de expropiación en lo que se refiere a la tenencia de bienes materiales, por razones de utilidad pública o de interés social.

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El patrimonio de las personas es un derecho fundamental constitucional porque a falta de él, el hombre no podría cumplir su cometido de ser social, ya que lo necesita para realizarse como tal y ha de contar con él para atender por lo menos las exigencias económicas de supervivencia suya y de su núcleo familiar.

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Dimensión colectiva

a) La cohesión social: a pesar de tener como peculiaridad que es un concepto en construcción, producto de la ambigüedad que lo caracteriza y el permanente debate académico al que ha sido sometido, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), desde el año 2007 lo considera por un lado, como el conjunto de mecanismos de integración que existen en una sociedad y, por otro, como las percepciones de la ciudadanía sobre la operación de dichos mecanismos. Estas últimas a su vez determinan el sentido de pertenencia al colectivo social por parte de los grupos que lo conforman (p.16). Así mismo, “se refiere no sólo a los mecanismos instituidos de inclusión y exclusión en la sociedad, sino también a cómo estos influyen y moldean las percepciones y conductas de los individuos ante una sociedad o comunidad en particular” (p. 10).

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Los desarrollos teóricos del concepto de forma reciente están asociados a los mecanismos de integración para el bienestar general de la sociedad en su conjunto que estableció la Unión Europea. El Comité de Ministros del Consejo de Europa (2010) la define como “la capacidad de una sociedad para asegurar el bienestar de todos sus miembros, minimizar las disparidades y evitar la polarización: una sociedad cohesionada es una comunidad de apoyo mutuo compuesta por individuos libres que persiguen estos objetivos comunes por medios democráticos” (p. 2). El despliegue y la validez de su contenido fueron irradiados a la visión de la política pública de Latinoamérica que la considera fuertemente en su marco de gestión.

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El profesor Carlos Barba Solano (2011) resalta elementos claves para la cohesión social que resultan integradores para visualizar los fines de la misma: pertenencia, legitimidad y confianza. Por lo tanto, la cohesión social hace relación a la naturaleza “de los vínculos sociales que permiten a los individuos experimentar un sentido de pertenencia social (en diversas escalas), confiar en los demás (confianza horizontal), reconocer la legitimidad de la sociedad y confiar en sus instituciones” (p. 71). La cohesión social se asocia con las categorías de capital social, integración social, inclusión social y ética social como partes estructurales de la misma. Para tener una panorámica del significado de


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cada una de ellas, se hará una aproximación conceptual, guardando como criterio una contextualización de sus implicaciones en la seguridad ciudadana y por ende, en la seguridad pública. Capital social: su marco de significancia está dado por la CEPAL (2007a) como: [aquel]... patrimonio simbólico de la sociedad en términos de la capacidad de manejo de normas, redes y lazos sociales de confianza, que permiten reforzar la acción colectiva y sentar bases de reciprocidad en el trato, que se extienden progresivamente al conjunto de la sociedad. En este sentido, el capital social da cuenta, en buena medida, de un acervo de los agentes sociales que contribuye a una sociedad más cohesionada (p. 15).

El objetivo fundamental del capital social en este contexto, es potenciar los mecanismos de coordinación establecidos para que se gestionen y asuman compromisos desde el principio de la corresponsabilidad frente al tratamiento e intervención de las amenazas a la seguridad pública. En esta instancia juega un papel determinante la gestión comunitaria como herramienta para administrar, operacionalizar y mantener proyectos de en esta órbita de forma coordinada y cooperativa en busca de beneficios comunes. Integración social: en atención a la proposición de la CEPAL (2007a) se entiende como “... un sistema común de esfuerzos y recompen-

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Mientras el vínculo y la interacción de los actores entorno al capital social tengan suficiente proximidad, positivismo y fortaleza “mayor será la variedad requerida en la toma de decisiones y mayor la capacidad de aprendizaje organizacional dentro de la red” (Navarrete, N., Piergentili, N. y Sulbrandt, J. 2007). Para la seguridad pública, el capital social es importante de cara a la interlocución de líderes legítimos y representativos de los colectivos organizados con las autoridades locales y los cuerpos de policía en un marco de confianza. James Coleman (1988) explica que el capital social “es el valor de los aspectos de la estructura social de los actores como los recursos que pueden utilizar para lograr sus intereses” (p. 101). Por tanto, es una forma de vincular subjetividades recogidas y agrupadas en dinámicas colectivas que pretenden bienestar general.

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sas, igualador en cuanto a oportunidades y meritocrático en términos de retribuciones ...” (p. 16). En el año 2007, Martín Hopenhayn (citando a Schindlmayr, Huber y Zelenev, 2006) indica que la integración social es aquella donde existen: ... dinámicas de sociedades que son estables, seguras y justas, basadas en la promoción y protección de todos los derechos humanos, como también en la no-discriminación, la tolerancia, el respeto por la diversidad, la igualdad de oportunidades, la solidaridad, la seguridad, y la participación de todos, incluyendo a los grupos y persona en situación de desventaja y vulnerabilidad que considera el nivel mínimo de bienestar compartido entre los miembros de la comunidad (p. 38).

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Como elemento de interés en la seguridad ciudadana es pertinente establecer que en la praxis colectiva, la integración social está identificada con la posibilidad de acceso a la oferta institucional (bienes, oportunidades y recursos sociales) como sujetos activos de la ciudadanía en igualdad de condiciones. De la misma forma, en las facilidades para el uso y apropiación de los bienes y servicios que los diferentes niveles del Estado provee para satisfacer necesidades y expectativas de los asociados para garantizar el bienestar. Significa poseer un acumulado de elementos como plataforma de la justicia social para que haya un “cumplimiento de las condiciones básicas para el bienestar de las personas” (Comisión Económica para América Latina y el Caribe, 2007b, p. 47).

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La potencialidad de acceso a las expresiones del Estado por parte de los ciudadanos, así como sus roles de actuación dentro de los grupos sociales a los que pertenecen, implican que se precise una interacción de las personas, no solo con sus núcleos de pertenencia directa sino con otros alternos. La integración social ha sido mayoritariamente contemplada como expresión de la posible conjugación de roles diversos y confluyentes en un individuo o conjunto de individuos”. Luego entonces, el espacio de comunicación e intercambio abre el espectro de acción colectiva en pos de bienestar, que logra “mayor potencial de beneficio mutuo por complementariedad en la variedad de roles y contactos diversificados (Lozares, C., López, P., Verd, J., Martí, J. y Molina, J. 2011, p. 16).


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Inclusión social: es un proceso que abre las opciones de incorporar los diferentes actores e individuos en los esquemas de decisión sobre aspectos de diversa índole que les atañen como colectivo. Siguiendo su fundamentación la CEPAL (2007a) enuncia que la inclusión social “no solo supone mejorar las condiciones de acceso a canales de integración, sino también promover mayores posibilidades de autodeterminación de los actores en juego” (p. 16).

Los aspectos locales en el área de la seguridad pública demanda la participación activa con enfoque cívico por parte de los ciudadanos, en pro de la atención que el Ente de Policía preste a sus preocupaciones y expectativas. Es abrir el abanico de posibilidades para la autodeterminación de los actores sociales de manera que ingresen en los círculos de decisión local. Ética social: se considera que alude a los valores compartidos y la solidaridad que se estructura dentro de un grupo social (Villasuso, J. 2006). Para la CEPAL (2007a) es “la comunidad de valores, el consenso en torno a mínimos normativos y mínimos sociales, la solidaridad como valor ético y valor práctico y un principio asumido de reciprocidad en el trato comunidad de valores y solidaridad, fomento de la dignidad humana” (p. 16).

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Si bien la inclusión social hace relación y tiene desarrollos teóricos y prácticos para remover círculos de pobreza por la exclusión de personas en los mecanismos de producción de riqueza, el enfoque que aquí se quiere dar está asociado al aspecto político y del ejercicio de la ciudadanía. La participación activa de los ciudadanos es catalogada como uno de los principales activos de la democracia de manera que se convierta en un proceso que contribuya a la gestión y aplicación de las políticas públicas. Por eso es importante, abrir los espacios para recoger las preocupaciones y experiencias de los grupos sociales, de forma que ese conocimiento haga parte integral de la planeación, ejecución y evaluación de los programas públicos. Lo que se quiere, es precisamente un medio eficaz para evitar que la exclusión se perpetúe y propiciar que se rompan ciclos de invisibilidad y ausencia de deliberación política. Esta es una forma clave para el cambio de percepción y mejoramiento de la legitimidad en el seno de los grupos sociales (Hopenhayn, M. 2007, p. 39).

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La ética social tiene relación con la identidad de normas subjetivas que rigen las actuaciones de los individuos, de forma tal que sean socialmente aceptadas y construidas colectiva e históricamente. Al decir de Martín Hopenhayn (2007) la ética social es “la interiorización por parte de los sujetos de un “saber conducirse” en las relaciones con los demás, donde los bienes públicos y el bienestar general aparecen como motivaciones que guían comportamientos de las personas” (p. 39). Es concluyente que dentro de una sociedad hay establecido un conjunto de normas y valores que tiene las características de patrimonio simbólico consolidado y vigente que ayuda a mantener una forma de control social en reciprocidad, porque se espera que el otro se ciña a él.

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La solidaridad dentro de los grupos sociales se considera una manifestación de carácter ético finamente intrincada como valor, porque según Laura Mota Díaz y Eduardo Andrés Sandoval Forero (2011) representa una “diversidad de acciones, pensares, decires y actuares de las personas y colectivos involucrados en ese conjunto de realidades y subjetividades de la experiencia humana” (p. 43). Su importancia radica, además, en que se convierte en un medio multifacético de cooperación e identidad entre agrupaciones (dadas las relaciones de empatía e identidad), en especial para resolver conflictos y apoyar desinteresadamente a quienes lo requieran, ratificando que se trata de un vínculo social dada la necesidad de participación social, interacción y ayuda para con los demás (pp. 40-45).

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Por otro lado, Carlos Eduardo Maldonado (2008) propone que la cohesión social no está garantizada dada la necesidad de reconocer “el surgimiento, la creación o la emergencia de nuevos valores sociales” (p. 12). Esta alerta anticipa escenarios problemáticos para la ética social porque se pueden hacer imperantes determinados principios sociales que varíen la interpretación de mínimos que rigen una sociedad de forma moderada y respetuosa de la solidaridad como un bien colectivo, así como de las formalidades legales y del interés común. El concepto de cohesión social se refiere sobre todo a las relaciones entre los distintos elementos que la componen. La articulación armónica que surja al interior de los colectivos sociales orientará la gestión satisfactoria de la convivencia de los individuos a partir de


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la reducción de las brechas en bienestar general y en los sentidos de adhesión, vinculación y pertenencia a la sociedad por parte de las personas que conforman los grupos sociales. Es decir, la cohesión social consiste en aquellos mecanismos de asociación gestionados y garantizados por el Estado y las percepciones de la ciudadanía sobre la operación de los mismos; se considera, pues, como una responsabilidad compartida entre los sectores sociales, la sociedad civil y todos los niveles de gobierno que procuran la equidad y el desarrollo. Los aspectos que componen la cohesión social tienen por propósito prevenir la fragmentación social y la pérdida de lazos estables.

Entonces la seguridad pública es brindada de manera exclusiva por el Estado como un objetivo de la función policial, pero se requiere establecer en la interacción de las instituciones del orden políticoadministrativo roles orientados a la protección integral de los ciudadanos en las dimensiones individual y colectiva (Corte Constitucional, 1993). El concepto aquí propuesto concibe una relación bidireccional entre el Estado y el asociado, cuyo propósito es asumir la responsabilidad constitucional de mantener las condiciones necesarias para la convivencia mediante la protección del individuo y los grupos sociales, así como la preservación de la conducta y el comportamiento (individual y colectiva) en la organización social (Ver gráfico 5).

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Lo que se pretende con este apartado es dejar sentadas las bases para dimensionar la estrecha relación de integralidad que existe entre la seguridad pública y el ámbito de la cohesión social en el contexto de la dimensión de protección colectiva de la seguridad ciudadana. El Plan de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) como modelo de prestación del servicio de policía tiene un enfoque de prevención e interacción directa y cercana con el ciudadano y las formas de organización social que contribuye al mantenimiento y fortalecimiento de la cohesión social. Esta variable, por tanto, se constituye en un agregado de valor que la Policía Nacional viene protegiendo como medio para garantizar la legitimidad, la gobernabilidad y el desarrollo social en el ámbito local. En este sentido, Lucía Dammert (2012) en un análisis sobre la relación seguridad y cohesión social afirma que “Socialmente, son atributos de un orden colectivo (una sociedad cohesionada, una sociedad segura) que también tiene profundas consecuencias en términos individuales” (p. 43).

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120 Régimen Constitucional

Integridad Territorial

Vida

SEGURIDAD PÚBLICA

Inclusión Social Integración Social

Psicológica Moral

Ética Social

Capital Social

Anatómica

Cohesión Social

Integridad Física

Policía Nacional

Colectiva

Propiedad

Seguridad Ciudadana

Individual

Gráfico 5. Cortés, Y. (2012, junio). La seguridad pública: un concepto socio-jurídico para el servicio de policía. Seminario Internacional “Delitos Trasnacionales e Investigación Criminal” realizado en Manizales, Colombia.

Orden Constitucional

Soberanía

Interna

Independencia

Externa

Fuerzas Militares

Seguridad Nacional

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Es decir, la sociedad convive en conflicto. Sólo cuando se supera el umbral de tolerancia la alteración se expresa mediante manifestaciones de violencia y criminalidad, las cuales amenazan la convivencia. Aquí, se profundizará el desarrollo teórico de la función policial, por ser de interés para la Dirección de Inteligencia Policial aproximarse a la interdependencia que existe entre: a) las amenazas asociadas al conflicto social, b) el enfoque de seguridad pública y c) las capacidades -función policial-.

La función policial: la capacidad para proteger la convivencia

Frente a ese propósito, Loubet del Bayle orienta los esfuerzos a demostrar la consustancialidad entre la autoridad político-administrativa y el cuerpo de policía en el marco de un sistema político, lo que hoy se conoce como Ente de Policía (cuerpo de policía y autoridad político-administrativa): “...toda organización política comporta una dimensión policial y la función policial aparece como consustancial a la organización política de una sociedad” (Loubet, J. 1992, p. 13). En ese orden expresa el autor que: ... esa consustancialidad queda además confirmada si se observa que tanto la organización política de una sociedad, como el ejercicio de la función policial encuentran su legitimación en la referencia a un mismo concepto, el de orden social, ya que la finalidad de lo político, al lado de la seguridad exterior, es la de asegurar el orden interno, la concordia

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Este planteamiento teórico se obtiene de los resultados de la investigación desarrollada por Jean-Louis Loubet del Bayle, autor francés, quien propone que “existe función policial cuando, en el marco de una colectividad que presenta los caracteres de una sociedad global, algunos de los aspectos más importantes de su regulación social interna son asegurados por una o más instituciones encargadas de esa tarea, actuando en nombre del grupo y teniendo la posibilidad de emplear como último recurso la fuerza física”. El enfoque de policía, además, contempla tres importantes atributos en una lógica sistémica, es decir, de relación interdependiente entre: 1- la organización político-administrativa (sistema político), 2- la sociedad o entorno societario, y 3- el cuerpo de policía.

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interior”, en el seno del grupo social políticamente organizado, mientras que la función policial remite a los medios puestos en marcha para alcanzar ese objetivo (p. 18).

Esta propuesta coincide con los tratados expuestos en el siglo XIX por los expositores del Derecho Administrativo, quienes comienzan a plantearse dos futuros perfiles de la idea de policía y su importancia para la sociedad: como función e instrumento de orden y de paz, o como necesaria a la convivencia de los asociados (Londoño, F. 2006). En la realidad se evidencia la convergencia entre ambas propuestas en dos conceptos fundamentales, el orden social -como producto social, que no es legal- y la convivencia o la concordia interior, las cuales se dan de manera complementaria en relación con un mismo fin. El orden social plantea para la organización política la imperativa preservación de este y es en razón de ello que se introduce el concepto de control social como una de las responsabilidades de la función policial.

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El control social, por su parte, es un concepto de inspiración anglosajona, extraído de la sociología entendido como: el proceso destinado a asegurar la conformidad de las conductas a las normas establecidas, para salvaguardar entre los miembros de una colectividad concreta el denominador común necesario para la cohesión y el funcionamiento de la misma (Loubet, J.1994, p. 301).

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Ese denominador común y necesario se entiende como la convivencia, y es esta la finalidad de la función policial, a la que le corresponde mantener el equilibrio entre el orden interno y externo, lo individual y lo colectivo, así como otros aspectos tales como preservar o restablecer el orden cuando es perturbado por aquellos fenómenos que se conocen como motivos de policía o en el ámbito político como problemas públicos. La función policial se materializa a través del servicio de policía, concepto entendido como el servicio público que presta el Ente de policía, a través del cual el Estado cumple el mandato constitucional de preservar el orden social. Al respecto afirma Ibáñez Najar (2005) “… le corresponde al Estado prestar el servicio público de policía,


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que está a cargo exclusivo de las autoridades de policía administrativa, las cuales para tal efecto cuentan con el apoyo del cuerpo de policía” (p. 86). El servicio a cargo de la Policía Nacional, hace parte de la función administrativa que debe cumplir la Rama Ejecutiva del Poder Público “al servicio de los intereses generales” (artículo 209 C.N.) (p. 88). Es por ello necesario producir inteligencia policial para asesorar los tres niveles de despliegue de la estructura del servicio de policía: estratégico, táctico y operacional (Policía Nacional, 2009. p. 39). Inteligencia policial estratégica: actividad que consiste en comprender las amenazas a la convivencia para asesorar el diseño de la política institucional de la Policía Nacional y la formulación de política pública del Gobierno Nacional. Inteligencia policial táctica: actividad que consiste en identificar las amenazas y vulnerabilidades, según la realidad territorial, para desplegar la política institucional mediante el diseño de planes y programas.

Se anticipa el final este capítulo con una reflexión de la necesaria complementariedad que existe con la inteligencia criminal, esto en razón a que el concepto de servicio de policía articula la actividad de policía y la actividad de policía judicial.

La inteligencia criminal: complementaria para el servicio de policía En la Policía Nacional de Colombia el servicio de policía se concibe como un dualismo funcional entre actividad de policía (policía administrativa preventiva) y actividad de policía judicial (investigación criminal). En tanto que en el modelo anglosajón, no. En este “el

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Inteligencia policial operacional: actividad consiste en orientar el desarrollo de actuaciones que impidan la configuración de riesgos (gestión de amenazas y vulnerabilidades) mediante la actividad de policía en coordinación con las demás autoridades del Estado.

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primer objeto de una policía eficiente es la prevención del delito; el siguiente es la investigación y castigo de los culpables, si el delito se cometió” (Peel, R., citado por Fentanes, E. 1968. p. 84). Entonces, se requiere la complementariedad entre la inteligencia policial -asociada a la actividad de policía- y la inteligencia criminal -a la actividad de policía judicial-. Para estos efectos, se entenderá la inteligencia criminal como una actividad que anticipa amenazas criminales contra la convivencia para asesorar la actividad de policía judicial (Amaya, H y Cortés Y. 2011). No obstante, pese a la complementariedad para asesorar la planeación del servicio de policía, existen diferencias substanciales que ayudan a distinguir la actividad de inteligencia sea una u otra. Determinar el grado de complementariedad de estas dos tipologías de inteligencia, implica considerar un mecanismo de definición conceptual que arroje claridad sobre el objeto, límite y alcance de cada una de ellas. Definir algo por su esencia, según Aristóteles, es incluirlo en su género próximo e indicar su diferencia específica. El piso epistemológico de un área de conocimiento se determina por su delimitación e integración al acervo comprensivo del objeto de estudio por parte de las personas vinculadas directa o indirectamente a la misma. De ahí la necesidad de plantear una serie de proposiciones que cimenten y estructuren ese estatus de manera que se introduzcan dentro de la doctrina corporativa.

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INTELIGENCIA POLICIAL

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Criterios de Comparación

INTELIGENCIA CRIMINAL

Modalidad de un cuerpo de policía

Organización que la produce

Actividad de un cuerpo de policía u otro organismo estatal

Amenazas derivadas del conflicto social

Unidad de análisis

Actividad de policía

Origen primario del dato

Amenazas criminales Actividad de Policía Judicial

Tabla 14. Comparación entre inteligencia policial e inteligencia criminal. Amaya, H. y Cortés, Y. (2012). El Fleteo: análisis de un fenómeno criminal para asesorar el servicio de policía, Programa Internacional de Asistencia y Entrenamiento en Investigación Criminal (ICITAP). Bogotá D.C., Colombia.


NECESIDADES BÁSICAS INSATISFECHAS

o

ACTIVIDAD DE POLICÍA JUDICIAL

ACTIVIDAD DE POLICÍA

SERVICIO DE POLICÍA

INTELIGENCIA CRIMINAL

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Criminalidad

INTELIGENCIA POLICIAL

Gráfico 6. Rol diferencial de la inteligencia policial y la inteligencia criminal frente al servicio de policía.

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APROXIMACIÓN A LA BASE TEÓRICA DE LA INTELIGENCIA POLICIAL

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Como se parte de dos conceptos equívocos (inteligencia policial e inteligencia criminal), donde es notable la ausencia de una definición elaborada, histórica, colectiva y aceptada mayormente por los actores sociales involucrados en su uso, se está haciendo un esfuerzo para delimitar su amplitud. Un inconveniente anexo que se ha identificado tiene relación con el uso indiscriminado de esas nociones en el lenguaje vinculado al tema de la convivencia en algunos países del hemisferio, sin que tengan una connotación clara y definida. Incluso, para algunas personas, la mención puede ser desconocida, sinonímica y en el peor de los casos, ligada a los arcaicos conceptos de la inteligencia de Estado, que se le sindicó de vacilar ante el respeto de los Derechos Humanos en el marco histórico de la “guerra fría” y esquemas antidemocráticos superados hace ya varias décadas.

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Por ello, este componente es netamente reflexivo, y tiene por propósito fundamental invitar a al debate, al análisis y a la divergencia. Lo que se busca es darle una mayor solidez y estructura a los fundamentos epistemológicos de la propuesta. Está claro que no se pretende dar una fundamentación cerrada, condicionada, ni terminada; por el contrario, se plantea que sea el comienzo de una construcción dialéctica que genere espacios de interacción y complementación. No se persigue un fin último diferente a mejorar la estructura epistémica que aporte al desempeño institucional de las entidades del Estado comprometidas en la seguridad pública. Pero se quiere contribuir a la construcción doctrinaria más allá de proposiciones tradicionales o guiadas por los pareceres cotidianos ligados a la experiencia.

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De la complementariedad entre inteligencia policial e inteligencia criminal El primer elemento fundamental de la complementariedad es la relación directa que funge entre las dos tipologías de inteligencia para identificar nexos o terminales causales dependientes entre sí con el propósito de comprender, desde la diferencial de cada objeto de estudio, la interdependencia de las amenazas que afectan la convivencia. En este sentido, los fenómenos y noúmenos que integran el ser (o ente) de la amenaza, tienen distintos aspectos que los descri-


APROXIMACIÓN A LA BASE TEÓRICA DE LA INTELIGENCIA POLICIAL

ben, pero con esquemas igualmente esenciales de un conocimiento perfectamente definido acerca de los objetos en cada área de dominio de una u otra. Esta afirmación de carácter objetivo apertura la posibilidad de tener una visualización de acción transversal en las ciencias y disciplinas que estudian aspectos relacionados con la convivencia.

La complementariedad se visualiza, por otro lado, cuando se entiende que las entidades del Estado que, según el caso, están comprometidas en el desarrollo de la inteligencia policial, y que lleguen a ejecutar formalmente la inteligencia criminal, están sometidas al ordenamiento jurídico, que implícitamente explican principios de complementariedad, coordinación y corresponsabilidad. Por lo tanto, se alinean en orientar su acción al cumplimiento de los fines esenciales del Estado (artículo 2 de la Constitución Política Colombiana). Es decir, que hay una conjunción de actividades que en la práctica están ligadas a coordinaciones, compartir información, entre otras. Esta concepción vinculada al Estado Social de Derecho implica que en lo que respecta a la inteligencia policial, al ser ejecutada como una modalidad del servicio de policía, se encuentra sometida al marco normativo que establece límites y alcances definidos. Como garantía de esta visión, día a día se democratiza la función de inteligencia en Colombia y aumentan sistemáticamente los controles para evitar desviaciones fácticas.

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En segunda medida también se trata de los aportes en materia de conocimiento que se genera en cada una de ellas. Porque se pueden presentar explicaciones diferentes para la interdependencia de las amenazas a la convivencia, de acuerdo a la perspectiva que en esencia poseen de forma disímil. Con ello, se trae desde la realidad a la abstracción, una comprensión de elementos que en su estructura y funcionamiento pueden ser complejos y sirven para la coherente explicación de amenazas asociadas a la otra inteligencia. En esencia, tanto la interdependencia como la complejidad, desde la perspectiva de sistemas, para un acercamiento a la realidad son, en lo práctico, elementos de complemento. Un tercer factor, es la selectividad o enfoque que ofrece la posibilidad de definir y aproximarse con las técnicas propias de cada una de ellas, a las amenazas que son realmente importantes para el cumplimiento de los fines del Estado Social de Derecho.

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En la práctica, la complementariedad se da además, por la interpretación simultánea de las amenazas a la convivencia desde puntos de vista diferenciales guiados por la unidad de análisis, técnicas y dependencias específicas. Es probable que en esas experiencias se excluyan mutuamente por la mecánica de acercamiento a los problemas. No obstante, serán las instancias de decisión con carácter colegiado o individual, las encargadas de recopilar los avances en la producción de conocimiento mediante el asesoramiento e incidencia en el proceso decisional. Al final, el resultado se puede percibir en términos de visiones integrales focalizadas en el tratamiento sistémico de los riesgos a la convivencia.

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En este sentido, no hay antagonismos ni incompatibilidad, más aún cuando se encuentran por encima intereses superiores ligados a la función estatal. La complementariedad es un sistema conceptual más amplio producto de la fijación del objeto, límite y alcance de estas tipologías de inteligencia. Tampoco se está ante una dualidad o una sinonimia, sino ante dos elementos diferentes con propósitos también diferenciales, aun así parezca que los rasgos esenciales estén en lo que se podría catalogar como una delgada línea de imperceptibilidad. En estricto sentido positivo y constructivista, se pretende avanzar en la superación de potenciales contradicciones o confusiones conceptuales y prácticas. No es que se trate de que una u otra es más importante o dominante; esa discusión en estricto sentido, no tiene asidero, gracias a la especificidad y complementariedad circunstancial en doble vía (alimentación y retroalimentación) en la que se está avanzando.

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La inteligencia policial y la inteligencia criminal no son tampoco excluyentes. Sobre todo porque no se trata de entrar en el paradigma de plantear eventuales enfrentamientos o protagonismos entre las instituciones que las desarrollan. Lo importante es tener la concepción de que cada una de ellas puede servir para propósitos diferenciados de acuerdo a la necesidad, pero enfocadas en aportar desde su perspectiva particular, a asesorar cursos de acción relativos a la convivencia. Como consecuencia de lo anterior, tienen aplicaciones diferentes en términos de planeación y prestación de la actividad de policía para la inteligencia policial, o la formulación de la política criminal para la inteligencia criminal.


APROXIMACIÓN A LA BASE TEÓRICA DE LA INTELIGENCIA POLICIAL

Además, la coherencia y correspondencia entre estas tipologías de inteligencia, le da un valor de racionalidad a las proposiciones desarrolladas. En este sentido, se dice que para producir conocimiento desde una u otra de las tipologías en mención, se deberá acudir de manera separada al ejercicio propio de su actividad, por la diversidad de herramientas, métodos y sobre todo, la diametral diferencia entre las unidades de análisis. La ventaja para lograr esta finalidad es que cada una de ellas tiene su espectro de acción bien definido, pero a su vez, ambas, producen inteligencia sea estratégica, táctica u operacional, dirigida a asesorar temas afines con la convivencia. La problemática se establece porque si bien, puede afirmarse que una instancia aboque el despliegue de estas tipologías de inteligencia, seguramente desde el punto de vista funcional y de misión constitucional de determinadas instituciones, no tenga mecanismos válidos de interacción y capacidad de asesoramiento. Por eso, para la futura implementación de la inteligencia criminal en el país se debe tener la claridad que la inteligencia policial, con un objeto de estudio definido y toda una tradición histórica, deberá continuar como una modalidad del servicio de policía de carácter autónomo. Serán entonces las ramas del poder público, las llamadas a abocar la definición de las instancias y regulaciones jurídicas que guíen la inteligencia criminal, como producto de ejercicios de análisis y consenso.

En cuanto a la utilidad de la inteligencia policial y su punto de confluencia con la inteligencia criminal, está condicionada por la dependencia funcional y orgánica que se le designe a la segunda de ellas, al interior de alguna institución del Estado relacionada probablemente con la investigación criminal, o si se diera el caso, la creación de nueva organización estatal. Una vez sorteado este factor, la confluencia de estas tipologías de inteligencia estará dada en instancias de coordinación interinstitucional del nivel central o en órbitas de gobierno, de manera que se influencie a los tomadores de decisión en acciones dirigidas contra los factores de riesgo que atentan contra la convivencia, es decir, comprender para actuar; en otras palabras, prevenir que significa desplegar acciones contra el factor de riesgo. Ese podría ser el eje articulador y punto de

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Las bondades de la diferenciación en lo local

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conexión de estas tipologías de inteligencia al servicio del Estado -Ente que tiene la responsabilidad de garantizar las condiciones de convivencia-. En este aspecto, es notorio que en la actualidad los Comandantes de las unidades policiales asentadas en jurisdicciones territoriales (estaciones y subestaciones de policía, especialmente), requieren una considerable contribución de la inteligencia criminal en atención a las exigencias institucionales para el control y disuasión de los delitos y las contravenciones. También por la necesidad de cumplir los indicadores de las políticas de convivencia de las diversas instancias de gobierno. Por lo tanto, la inteligencia criminal de carácter operacional se convierte en un insumo para alcanzar resultados tangibles y mitigar la ocurrencia de conductas punibles. No obstante, para comprender la dinámica e interdependencia de los conflictos sociales asociados por lo general a necesidades básicas insatisfechas, manifestaciones de violencia y hechos de criminalidad, será la inteligencia policial la llamada a orientar la acción institucional. Sin embargo, ambas tiene en común que están orientadas a contribuir a la prevención de las manifestaciones que afecten la convivencia.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

La inteligencia criminal, por tanto, deberá orientar su atención a la comprensión de las amenazas criminales. Gracias a que el enfoque de las políticas integrales de seguridad del Estado durante los últimos periodos de gobierno, se han concentrado en disminuir los indicadores en la comisión de delitos, esta actividad se constituiría en una herramienta de utilidad en todos los niveles de despliegue de la Policía Nacional.

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Necesidad de saber qué es como punto de partida Pensar en la diferenciación entre inteligencia policial e inteligencia criminal surge de la imperiosa necesidad de avanzar en una propuesta sistemática para encontrar la esencia de lo que se es (el qué). Deslindar los elementos que conducen a las dicotomías y confusiones es una labor propia para delimitar y definir tanto la naturaleza como los atributos que pertenecen a cada tipología de inteligencia con el fin de llegar a una propuesta universal que defina su totalidad y unicidad. En otras palabras, es definir su esencia (ha-


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llar el género) de forma necesaria y suficiente frente a un medio, con base en proposiciones propias que le distingan de las demás. Aunque pareciera una discusión estéril, vale decir innecesaria, exige la rigurosidad y lógica que se plantearon y desarrollaron en la primera parte de este capítulo, como presupuesto para la comprensión conceptual y la facilitación en la comunicación específica.

El primer beneficio de elucidar el objeto, límite y alcance de la inteligencia policial frente a la inteligencia criminal, es definir la identidad y el marco de actuación de cara a los retos estratégicos, tácticos y operacionales que demanda la convivencia en la era moderna del Estado Social de Derecho. Consecuentemente, aportar al estatuto epistemológico que lo fortalezca para ampliar la base teórica de conocimiento para algo que hoy, en su esencia, tiene el carácter denominativo de modalidad del servicio de policía, herramienta, proceso, entre otros, pero que como desafío de futuro, deberá avanzar en métodos, metodologías y rigurosidad hasta convertirse en una disciplina científica que coadyuve y se nutra en el conocimiento de algunas ciencias como la sociología, la política, solo por mencionar algunas. En segunda instancia la objetivación de los ámbitos de acción deparará, como consecuencia, claridades sobre lo que se debe hacer. Este probablemente sea el nivel de mayor utilidad práctica porque definirá, de manera material, el tipo de planeación y acciones para

Narcomenudeo: entramado social del crimen

La importancia de la inteligencia policial estará determinada por la capacidad de anticipar las amenazas derivadas del conflicto social que atentan contra la convivencia para asesorar la actividad de policía, mientras que la inteligencia criminal se encargará de anticipar las amenazas criminales contra la convivencia para asesorar la actividad de policía judicial. Ambas de forma integrada podrán, entonces, darle soporte decisional al servicio de policía. Aquí se quiere llamar la atención sobre la imperiosa necesidad de volver a los principios doctrinales que rigen el concepto de policía tanto en la corriente francesa como en la anglosajona de donde emanan los desarrollos que en la materia se han hecho en Colombia; porque desconocer la esencia teórica de los conceptos y términos que les son propios, puede conducir a nublar la comprensión o confundir los planteamientos expuestos.

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cumplir la labor de producción de conocimiento desde la modalidad de inteligencia policial. Será entonces, la forma para salvar definitivamente la recurrente confusión de roles que se presenta no solo entre las diferentes modalidades y especialidades de policía sino con otras tipologías de inteligencia asociadas a esta función del Estado.

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En lo particular, la necesidad de redefinir la inteligencia policial responde a las nuevas realidades de la sociedad moderna, los giros doctrinarios, los avances de política pública de convivencia y las demandas de los ciudadanos. Ese viraje implica que las necesidades de convivencia se afronten por parte de los cuerpos de policía desde una perspectiva que materialice una mejora en la planeación y prestación de la actividad de policía dirigida a la intervención de eventuales riesgos. La modificación de las tradicionales amenazas a la estabilidad del Estado disminuye su potencial impacto; mientras tanto, la interacción ciudadana focalizada especialmente en los entornos urbanos, modifica la reproducción del mundo social dando como resultado la creación de múltiples problemáticas difíciles de identificar, comprender e intervenir.

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La fluctuación de las interacciones humanas así como la evolución de las dinámicas asociadas a la convivencia, presionan el surgimiento de amenazas asociadas al conflicto social, entendidas éstas como la unidad de análisis de la inteligencia policial. Bajo esta perspectiva se requiere un enfoque realista que, a partir de las capacidades y oportunidades, deparen visiones vanguardistas y de preferencia no dogmáticas para instalar a la inteligencia policial como eje de producción de conocimiento dirigido a asesorar la planeación y prestación de la actividad de policía que desarrolla el cuerpo institución Policía Nacional, para el caso colombiano.

Inteligencia policial e inteligencia criminal desde la perspectiva de la Policía Administrativa La Policía Administrativa como poder jurídico tiene por objeto la prevención. La Corte Constitucional Colombiana (1994) ha definido a aquella como “… el conjunto de medidas coercitivas utilizables por la administración para que el particular ajuste su actividad a un fin de utilidad pública y lograr de esa manera la preservación del orden


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público”. Esta aclaración se justifica para entrar a delimitar, desde el punto de vista doctrinal, las distinciones entre Policía Administrativa y la función de Policía Judicial para verificar planteamientos de distinción que se han hecho a lo largo de este ejercicio de reflexión.

Los fundamentos de la Policía Administrativa como plataforma doctrinaria de la inteligencia policial advierten que la finalidad es hacer valer los límites y prohibiciones impuestos por la ley para garantizar la convivencia a partir del control social. Como elemento integrador, entonces, la inteligencia policial responde con predicción y anticipación a la función de Policía Administrativa que articula ese conocimiento para cumplir con la indicación primaria y fundamental de su carácter preventivo frente a la materialización de los riesgos (acontecimientos que afectan la convivencia). Por otro lado, entendiendo que el crimen tiene la connotación de fenómeno social, éste opera como separador entre la inteligencia policial, la investigación criminal y la inteligencia criminal, siendo las dos últimas, desde la diversidad de sus fines y medios, las que sirven de soporte a la actividad de policía judicial. Se hace énfasis en que la inteligencia policial no tiene como foco de análisis al delito por el delito, sino que más bien, se considera que éste es la materialización de una serie de eventos ligados, por lo general, al conflicto social y hechos de violencia (que no necesariamente son punibles), susceptibles de caracterizar para su comprensión. Por lo tanto, el nivel de correlación de la inteligencia policial está dado directamente al servicio de la vigilancia (prevención) “… los términos de policía y prevención son sinónimos: la policía es únicamente preventiva” (Lleras, M., 2009, p. 196). Por lo tanto,

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Este carácter eminentemente preventivo de la policía administrativa la distingue de la policía judicial encargada fundamentalmente de reprimir los atentados contra el orden público una vez que ellos hayan ocurrido. La distinción entre ambas policías es importante no sólo por el principio de separación entre autoridades administrativas y judiciales propiamente dichas sino porque en la práctica numerosas acciones de policía son mixtas y su calificación se funda algunas veces en la finalidad de la acción más que en su contenido (Corte Constitucional, 1992, pp. 28-29).

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cuando se presenta un delito, es la investigación criminal, apoyada en otras ciencias, la que desde el punto de vista reactivo, permita el esclarecimiento del hecho con base en la ejecución del programa metodológico, y por el otro, mientras que la inteligencia criminal gestiona este conocimiento para comprender la amenaza criminal -ésta implica la comisión de más de un delito- y esta forma contribuir en un futuro con la anticipación de la misma para asesorar la reducción del delito.

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Desde la perspectiva de la planeación del servicio de policía surge la exigencia de direccionar el funcionamiento de las unidades policiales para que sean eficaces de cara a los objetivos estratégicos, tácticos y operacionales. Según O. W. Wilson (1966), define la Planeación como “… la operación de formular un método o procedimiento o un ajuste de diversas partes con el fin de facilitar el logro de un propósito definido”. En este sentido, la inteligencia policial contribuye a la planeación y prestación de la actividad de policía, es decir, aporta a la función de prevención que se materializa en el tratamiento de las vulnerabilidades y amenazas a la convivencia para disminuir la materialización de riesgos. La inteligencia criminal, por su parte, estaría alineada a la actividad de Policía Judicial e incluso, a la formulación de política criminal del Estado.

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Una vez entran en complementariedad e interdependencia, la actividad de policía con la actividad de policía judicial, integran lo que conceptualmente recibe la denominación de servicio de policía calificado como servicio público que está “… encaminado a mantener y garantizar el libre ejercicio de las libertades públicas y la convivencia pacífica de todos los habitantes del territorio nacional”. (Policía Nacional, 2009, p. 18). Para el caso de Colombia hay que ser explícitos y recurrentes en afirmar que el cuerpo institución Policía Nacional, desarrolla de forma paralela estas dos actividades con dependencias especializadas para cada fin. Por otro lado, el aporte de Inteligencia Policial desde la óptica táctica estaría dirigido a contribuir en el diseño los planes entendidos como “un conjunto organizado y metódico de actividades previstas para realizar una operación policial o adelantar un procedimiento administrativo. Se elabora a partir de una decisión o proyecto del mando; en él se asignan responsables, responsabilidades y se mo-


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vilizan los recursos necesarios” (p. 46). Esta orientación estratégica y táctica parte de la comprensión de las amenazas a la convivencia en los niveles de despliegue institucional estructurado en los Planes Nacional y Regional de Inteligencia. Una correcta coherencia, complementariedad e interdependencia de la inteligencia policial y la inteligencia criminal se puede convertir en una herramienta eficaz para la toma de decisiones significativas y adaptativas frente a las amenazas que atentan contra la convivencia. Lo que contribuirá a una mejor planeación y prestación del servicio de policía enfocado en el tratamiento de las amenazas y la superación de las vulnerabilidades institucionales del Ente de policía.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Hechos estos planteamientos se invita al lector a la reflexión, al debate y a revisar en forma detallada la caracterización de la comercialización de estupefacientes, que bajo la denominación de amenaza a la convivencia, sirve como presupuesto para la predicción y la anticipación. El siguiente capítulo de este libro es donde las proposiciones epistemológicas de la inteligencia policial, se materializan en la práctica.

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CAPÍTULO III Caracterización de la comercialización de estupefacientes: el presupuesto para la predicción y la anticipación

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La comercialización de estupefacientes para efectos de la presente investigación es una actividad económica criminal que pretende satisfacer las necesidades o deseos de los consumidores, monetizar los productos del narcotráfico y maximizar ganancias.

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La predicción se refiere al pronóstico de algo específico que puede suceder. En este ámbito es claro que la predicción se formula a partir de una imagen sensomotora – de una contextualización del mundo externo-. El marco de referencia de la imagen interna, premotora de lo que va a suceder, se construye con base en las propiedades del mundo externo, según nos la trasmiten los sentidos de audición, visión o tacto. El resultado de comparar el mundo forjado internamente con la información que llega del mundo externo genera órdenes para emprender una acción motora eficiente.

Rodolfo Llinas.


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

El narcotráfico: una amenaza a la convivencia A continuación se plantea una estructura de comprensión, análisis y seguimiento transversal del narcotráfico. Bajo esta perspectiva, se propone considerar al narcotráfico desde la óptica de una empresa criminal que funciona como un sistema socioeconómico, el cual se puede clasificar según su constitución como físico-abstracto y, de acuerdo con el nivel de intercambio con el medio, abierto (Bertalanffy, L. 1976). Tal descripción tiene sentido porque presenta relaciones de intercambio con el ambiente a través de entradas y salidas, y a su vez, está compuesto por subsistemas susceptibles de visualizarse como procesos, y representarse de tal forma.

La evidencia que se obtuvo en procura de identificar esta estructura lógica de análisis del narcotráfico tuvo la participación de analistas de narcotráfico de varios cuerpos de policía del hemisferio. Esta necesidad se derivó de la inexistencia de un instrumento que permitiera elaborar ejercicios analíticos de manera sistémica para la caracterización de este problema. Una conclusión al respecto, es que el sistema no es controlado en su totalidad por una sola organización criminal, sino que por el contrario, puede haber numerosas estructuras o personas que prestan servicios o elaboran bienes que aportan en aspectos puntuales a determinadas actividades o procesos del narcotráfico. En este mismo sentido, se puede afirmar que en los subsistemas de producción, distribución y comercialización se desarrolla el flujo de capitales o efectivo. Bajo esta proposición queda claro que el lavado de activos es un componente del flujo de capitales en la categoría de inversión y no un subsistema, como de manera tradicional se había concebido por organismos multilaterales y las instancias de persecución penal dentro de los Estados. Así las cosas, el funcionamiento del narcotráfico como sistema pudiera ser, según se muestra en la gráfica 7 (Cortés, Y. y Parra, R. 2011),

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Entonces, el narcotráfico se puede entender como un sistema de producción capitalista (Harvey, D. 2001) integrado por los subsistemas de producción, distribución, comercialización y el flujo de capitales.

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con una coordinación, una comunicación y un control más descentralizado. Bajo un enfoque sistémico se plantea una panorámica amplia que pretende lograr un nivel de conocimiento más aproximado para la comprensión del mismo. Eso implica entenderlo como un objeto y cuestionarse sobre su ser, es decir, de qué está hecho (qué es) y cómo funciona (cómo es) (Heidegger, M. 1975, p. 16), de manera que se pueda objetivar y hacerlo comprensible. Por lo tanto, hay que pensar en darle una orientación ontológica para abstraerlo (importarlo mediante idealización) de la realidad y dominarlo por medio de constructos teóricos que describan, más allá de los meros actores y supuestos, cuáles son las partes fundantes del narcotráfico y cómo se desarrolla su mecanismo de funcionamiento.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

El sistema del narcotráfico interactúa con el suprasistema de la sociedad, y, por lo tanto, no basta con elaborar análisis criminológicos para su comprensión. En el narcotráfico los subsistemas mantienen una relación sinergética y un equilibrio dinámico que busca maximizar ganancias como el fin de la empresa. Esto sugiere que, no obstante, cada subsistema es una parte especializada del todo, el narcotráfico como sistema abierto se apoya en el principio de equifinalidad para lograr una exitosa articulación de sus componentes y materializar el fin. Así mismo, requiere del establecimiento de reglas de comportamiento de un colectivo en sociedad y unas condiciones de orden socio-espacial que permitan su supervivencia en el medio.

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Gráfico 7. El narcotráfico: la abstracción de un sistema socioeconómico.”Según la cibernética, el narcotráfico se rige por la causalidad circular”.


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

El 8 de abril de 1986 el Presidente de Estados Unidos (EE.UU) Ronald Reagan emitió la Decisión Directiva 221 de Seguridad Nacional, afirmando que el hemisferio occidental estaba afectado por el narcotráfico (Egremy, N. 2010). No significa con esto que la historia del tráfico ilegal de drogas date de esa fecha, pues en Colombia se registra legislación contra el fenómeno desde el año 1920, lo que indica que el problema es anterior. La declaratoria política del narcotráfico como amenaza a la seguridad nacional por parte de EE.UU incidió en que los gobiernos latinoamericanos priorizaran las políticas de seguridad orientadas a la estabilidad de las instituciones del Estado. Ese efecto se experimentó de forma especial en especial en Colombia, más aun cuando se atravesaba por una época de la vida nacional caracterizada por el impacto de la máxima expresión del narcoterrorismo.

Para el año 2012 la Estrategia del Gobierno de los Estados Unidos se orienta a “un espectro de la prevención, la intervención temprana, tratamiento, apoyo a la recuperación, reforma de la justicia penal, aplicación de la ley y la cooperación internacional” (p. iii), por considerar que el consumo de estupefacientes es una enfermedad crónica y progresiva. Es este sentido, se hace fuerte la Estrategia Nacional de Prevención para mitigar el impacto del consumo de drogas estupefacientes en todos los segmentos poblacionales. En lo relacionado al trabajo integrado con los demás Estados de

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No obstante, en el año 2010 se marcó un hito en la historia de la lucha contra el narcotráfico. El Presidente Barack Obama, en la Estrategia Nacional de Control de Drogas, establece criterios importantes como la reducción del consumo con un enfoque comunitario, la articulación de las instituciones públicas y privadas del orden nacional y local, y el respaldo a las labores de los servicios del orden público para reducir la disponibilidad de las drogas y por informar al público acerca de los peligros y las consecuencias jurídicas del tráfico y uso indebido de drogas (Kerlikowske, R. 2010). La estrategia, que converge con las propuestas de la ONU y la OEA, implica un enfoque en el que se debe privilegiar la seguridad nacional y la seguridad ciudadana; es decir, que el narcotráfico se percibe políticamente como una amenaza a la seguridad pública.

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Latinoamérica, se continúa brindando apoyo para reducir la participación de las organizaciones criminales en la desestabilización de los gobiernos y la amenaza que se cierne sobre la seguridad pública (seguridad nacional y seguridad ciudadana). Finalmente, es clara la reorientación de la política al buscar romper el ciclo del consumo de drogas, la delincuencia y el encarcelamiento

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Estos cambios en la política internacional exigen nuevos enfoques en el diseño de la política nacional y por supuesto en el análisis del fenómeno. En este sentido, surge la necesidad de identificar un esquema que permita observar la representación aproximada del narcotráfico como amenaza a la seguridad pública y asesorar al Gobierno Nacional respecto de la evolución y mutación de este sistema. El propósito es identificar la forma como el narcotráfico vulnera la estabilidad de las instituciones, no sólo en el orden nacional, sino también en el ámbito local, así como establecer la afectación a la seguridad de los ciudadanos, es decir, un problema aún más complejo por la interacción de lo local con lo global (glocalidad).

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En tal sentido, se visualizó la necesidad de estudiar el sistema del narcotráfico para ubicar dentro de este el subsistema de la comercialización de estupefacientes en el que se configura el narcomenudeo como la venta, la compra y el consumo de estupefacientes al detal para satisfacer las necesidades del consumidor final. Se hallaron diversos esquemas para el estudio del narcotráfico, pero no se encontró concordancia en estos. Ello se puede explicar por diferentes razones, especialmente del orden político; en un segundo plano, por la baja producción literaria enfocada al análisis epistemológico y ontológico del narcotráfico y en un tercero, por los paradigmas que existen alrededor del tema. En el primer aspecto surgen diferencias conceptuales y de análisis por la incidencia que esto pudiera tener en la política de cooperación internacional, entonces en algunos países de Latinoamérica el esquema operacional de las agencias o instituciones antidrogas es el que se considera para hacer seguimiento analítico a los resultados y gestión contra el narcotráfico, y a partir de estos, diagnosticar el impacto generado por la amenaza. Por lo tanto, la comercialización de los estupefacientes, si bien es una grave problemática local, no se reconoce por ninguna autoridad estatal como una parte estructural del narcotráfico.


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

En los países productores la variable de cultivos ilícitos es objeto de análisis y medición, mientras que en los de tránsito y destino quizás no representa importancia superior; en razón a ello se puede afirmar que no se comparte una estructura lógica de análisis que permita una lectura integral del narcotráfico, con un lenguaje universal que represente una aproximación objetiva a la realidad del problema.

En el tercer aspecto, paradigmas tales como que el producto sólo se comercializa en el exterior (especialmente Estados Unidos y Europa), que el mercado interno surge como respuesta a los resultados operacionales y estrategias de control por parte de la fuerza pública; que la venta de estupefacientes no tiene directa relación con el narcotráfico o que es un problema de persecución penal o de adicción, sólo ayudaron a profundizar la ininteligibilidad y el desconocimiento de la amenaza. Considerando los aspectos anteriores, surgió la necesidad de explorar modelos conceptuales que permitieran la comprensión del narcotráfico como sistema. En tal propósito se describen algunos esquemas conceptuales propuestos para el análisis del mismo: a) La Estrategia Nacional sobre Drogas 2009-2016 de España (Gobierno de España, Ministerio de Sanidad y Política Social, 2009) concibe cuatro procesos: producción, distribución mayorista, dis-

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En el segundo criterio, relacionado con el conocimiento epistemológico y ontológico, se identifican como problema el hecho de no conocer la estructura y mecanismo de funcionamiento del narcotráfico, que deja en evidencia confusión con las variables de gestión. Los indicadores de seguimiento del fenómeno no representan la realidad, y aunque diversos autores refieren el narcotráfico como un negocio multinacional y a la venta de estupefacientes similar a un mercado, los analistas económicos, de manera particular, han orientado sus esfuerzos a determinar las ganancias que genera y el impacto en el producto interno bruto (PIB). Así mismo, se encuentra un vacío de conocimiento entre la distribución de estupefacientes y el flujo de capital, es decir, se da por hecho que los productos del narcotráfico se comercializan, pero no se conoce la forma en que se monetizan ni se incorporan en el sector real de la economía.

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tribución minorista y transformación de las ganancias obtenidas en bienes económicamente cuantificables. b) La cadena de valor del negocio de las drogas psicoactivas ilegales (DPSI) en Colombia (Beltrán, I. y Salcedo, 2007) está compuesta por cuatro (4) actividades principales: producción, transporte, distribución y lavado. c) La cadena del narcotráfico para la Dirección Antinarcóticos (DIRAN) de la Policía Nacional de Colombia está compuesta por los siguientes eslabones: cultivos ilícitos, producción, distribución y demanda interna. d) La Dirección Antidrogas (DIRANDRO) de la Policía Nacional de Perú tiene establecido un Ciclo para el Tráfico Ilícito de Drogas (TID), fundamentado en los siguientes procesos: cultivo (coca, marihuana y amapola), transporte de sustancias químicas, procesamiento de drogas ilícitas, distribución de drogas ilícitas, consumo, lavado de activos y reinversión de capital.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Como se aprecia, los esquemas pueden tener componentes o conceptos diferentes que representan lo mismo; luego, se puede afirmar que existe una necesidad de disponer de un modelo conceptual de la estructura, el funcionamiento y la interacción entre los componentes del narcotráfico. No obstante surge un interrogante: ¿Cuál de estos modelos conceptuales representa la realidad del sistema relacionada con la monetización o venta de los productos del narcotráfico? El modelo español incorpora la distribución minorista, que significa distribución al consumidor final de la sustancia, pero no describe los elementos que la constituyen ni la manera como funciona.

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En el modelo propuesto por los profesores Isaac de León Beltrán Pacheco y Eduardo Salcedo Alabarán (2007), la actividad de distribución minorista se describe como el aprovechamiento de los inmigrantes hacia Estados Unidos, quienes se organizan en cadenas de distribución independientes conocidas como street gangs. Es decir, el conocimiento de la venta de productos del narcotráfico está casi inexplorado. En su orden, el modelo planteado en la Estrategia de la Policía Nacional para la Consolidación de la Seguridad Ciudadana (2010) tiene dos aspectos para destacar; el primero, que concibe los cultivos


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

ilícitos como un subsistema, y el segundo, que la comercialización de estupefacientes no se considera como parte de la interacción en el análisis. En resumen, después de la distribución de los productos estupefacientes en el mercado externo, se espera el retorno del dinero (Pizarro, E. 2004). Aquí se puede apreciar como aspecto de interés que el análisis del narcotráfico está fragmentado, es decir, no existe una institución que haga el seguimiento estratégico e integral al sistema del narcotráfico; por ejemplo, la Policía Nacional, adscrita al Ministerio de Defensa Nacional, analiza los cultivos, la producción y distribución en coordinación con la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) del Ministerio de Interior y Justicia, mientras que la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, hace lo propio con el lavado de activos. Entonces ¿Qué institución de rango ministerial analiza la comercialización de estupefacientes del narcotráfico?

El narcotráfico es un sistema abierto porque dispone de elementos físicos para la producción, distribución, comercialización y flujo de capitales. También se considera abierto porque presenta relaciones de intercambio con el ambiente, a través de entradas y salidas, es decir, los subsistemas deben permitir visualizarse como procesos y representarse de tal forma. La empresa del narcotráfico en un análisis morfológico, se puede visualizar como un sistema de producción capitalista (Harvey, D. 2001. p. 257) integrado por los subsistemas de producción, distribución, comercialización y flujo de capitales (Cortés, Y. y Parra, R. 2011). En ese orden se puede señalar que la producción está integrada por los cultivos ilícitos, las sustancias químicas (precursores e insumos químicos) y las infraestructuras de producción. Por su parte, la distribución estaría integrada por centros de aco-

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El propósito de este análisis no es identificar necesariamente responsables, sino proponer un tema para la discusión, que requiere mayor comprensión y que debe ser incluido en la estructura lógica de análisis del narcotráfico. En este sentido, se propone considerar el narcotráfico como una empresa criminal que funciona como un sistema, el cual se puede clasificar según su constitución en físicoabstracto y de acuerdo con el nivel de intercambio con el medio, abierto.

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pio (almacenamiento), métodos de transformación y ocultamiento, rutas y transporte; a esta categoría corresponde el fenómeno de microtráfico. Seguidamente se ubica la comercialización de estupefacientes, en la que utilizando el mercadeo y la mercadotecnia se logra la monetización de los productos del narcotráfico, lo cual se conoce como narcomenudeo, proceso fundamental para dar inicio al subsistema en el que se da apariencia de legalidad al dinero producido por las empresas criminales asociadas al narcotráfico. En todo el sistema de producción de capital del narcotráfico se visualiza de manera transversal que concurren las siguientes características de una organización: a) posee individuos y grupos en interacción, b) emplea técnicas para la transformación de productos, c) diseña y ejecuta planes de integración, y d) dispone de un esquema de operación caracterizado por una alta capacidad de adaptación.

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El sistema del narcotráfico interactúa con el suprasistema de la sociedad, razón por la que no basta con elaborar análisis criminológicos para su comprensión. En el narcotráfico los subsistemas mantienen una relación sinergética y un equilibrio dinámico que busca maximizar ganancias como el fin de la empresa. Esto significa que no obstante, cada subsistema es una parte especializada del todo, el narcotráfico como sistema abierto se apoya en el principio de equifinalidad para lograr una exitosa articulación de sus componentes y así materializar el fin. Así mismo, requiere del establecimiento de reglas de comportamiento de un colectivo en la sociedad y unas condiciones de orden socio-espacial que permitan su supervivencia en el medio.

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Luego de argumentar las razones para comprender el narcotráfico como un sistema (empresa criminal) a través del cual se elaboren análisis integrales, es de interés señalar que la idea es abrir la discusión y hacer énfasis en el subsistema de la comercialización de estupefacientes como uno de los componentes más relevantes. Es decir, a partir de este momento los esfuerzos se concentran en detallar las categorías que integran la comercialización, su funcionalidad y la interdependencia que existe entre ellas. Para tal fin, se diseñó e implementó la metodología de caracterización de amenazas, con énfasis ontológico, en la ciudad de Pereira.


Transporte

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FENÓMENOS

Gráfico 8. Estructura lógica de análisis del narcotráfico con enfoque sistémico.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

MICROTRÁFICO

Punto de Venta

Rutas

Infraestructura de producción

HORMIGUEO

Promoción

Transformación

Sustancias químicas

NARCOMENUDEO

Precio

Producto

Acopio

Cultivos ilícitos

Comercialización

Distribución

Producción

NARCOTRÁFICO

PITUFEO

Acumulación

Inversión

Costos operativos

Flujo de Capitales

CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES


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Caracterización de la comercialización de estupefacientes: el presupuesto para la predicción y la anticipación Comercialización de sustancias estupefacientes Para plantear una visión teórica de lo que se puede entender por comercialización en términos generales se acude a lo expuesto por Carlos Sabino (1991), en su Diccionario de Economía y Finanzas, donde la define como:

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“… los procesos necesarios para llevar los bienes del productor al consumidor. Todas las grandes firmas modernas tienen departamentos o gerencias especializadas en la comercialización de sus productos, las cuales se hacen cargo, usualmente, de las siguientes actividades: investigación de mercados, para conocer las necesidades de los individuos; sus hábitos de consumo y la posible aceptación de nuevos productos; publicidad, para difundir y estimular las ventas; las ventas en sí mismas, que usualmente se hacen a mayoristas, aunque en otras ocasiones directamente a los minoristas o al consumidor final; las promociones de diverso tipo, que complementan y hacen más efectiva la acción publicitaria y la distribución física de los bienes vendidos.

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Las actividades de comercialización -a diferencia de lo que ocurría hace algunas décadas- resultan fundamentales en el desarrollo de la empresa moderna, pues sin ellas es casi imposible competir adecuadamente en los complejos mercados de hoy. La diversidad y tecnificación de las mismas ha hecho que, en muchos casos, diversas actividades de comercialización sean desempeñadas por firmas especializadas; tal es el caso de la publicidad, la investigación de mercados, la promoción, etc.”

En este sentido, la comercialización de estupefacientes para efectos de la presente investigación es una actividad económica criminal que pretende satisfacer las necesidades o deseos de los consumidores, monetizar los productos del narcotráfico y maximizar ganancias. Tiene siete características que la particularizan:


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

1. Es un subsistema del narcotráfico del mismo nivel de categoría que la producción, la distribución y el flujo de capitales que en lo global se integran sinérgicamente como sistema. En este sentido, se considera que es una dimensión interdependiente que funciona en relación e interacción dinámica y organizada con los demás subsistemas ya mencionados. 2. Como subsistema desarrolla un conjunto de actividades de mercadeo y de mercadotecnia para facilitar la venta de los productos del narcotráfico bajo la confluencia de la oferta y la demanda. Para ello cuenta con cuatro elementos estructurales: producto, precio, promoción y punto de venta. Este proceso se materializa en las transacciones de compra y venta de los productos del narcotráfico mediante la monetización, dicho de otra forma, la conversión o intercambio de los productos para una utilidad de las partes comprometidas donde se valora bidireccionalmente (comprador/consumidor – vendedor) la utilidad recibida.

4. Cumple la función de transformar los productos esperados del narcotráfico en un flujo de ingresos generados por las operaciones de venta a través de diversas acciones que estimulen la confluencia de compradores/consumidores al punto de venta para intercambiar los estupefacientes por dinero en efectivo u objetos de valor monetario. 5. Es una amenaza a la seguridad pública porque las manifestaciones que se presentan en las cotidianidades sociales, especialmente de los entornos urbanos, afectan los ámbitos de protección de la seguridad nacional y de la seguridad ciudadana.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

3. Se materializa en un contexto de mercado ilegal bajo la perspectiva de que “mercado ilegal es el que se presenta por fuera de la ley” (Céspedes, A. 2008, p. 23). Así mismo, porque proviene de la represión y la prohibición de ciertos bienes y servicios ilícitos. Las drogas estupefacientes son bienes ilícitos porque su producción, distribución y comercialización son ilícitas.

147


POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

6. Es un problema público, en donde el narcomenudeo como fenómeno relativo al punto de venta por las transacciones de compra y venta y el consumo de sustancias estupefacientes, interactúa con otras amenazas asociadas al conflicto social, la violencia y la criminalidad. Por la interacción con el medio la comercialización de estupefacientes configura mecanismos para estructurar el entramado social del crimen. 7. La comercialización de estupefacientes tiene su punto de partida en la recepción que se hace de la materia prima o producto básico recibido del subsistema de distribución y se prolonga hasta que el producto esperado es puesto en poder del comprador/consumidor. En esta demanda interactúan una serie de personas que juegan roles determinantes en cada uno de los procesos de acuerdo a sus necesidades y capacidades.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

La comercialización de estupefacientes se define como el subsistema del narcotráfico a partir del cual se desarrolla el mercadeo y la mercadotecnia de esas sustancias. Las transacciones monetarias que se realizan en los subsistemas anteriores a la comercialización de estupefacientes se diferencian de este último porque aquí se busca satisfacer las necesidades del consumidor final.

148

Para lograr este propósito se hizo una analogía de la teoría del marketing aplicada al narcotráfico, no para legitimar esta actividad económica criminal desarrollada por “La Cordillera”, sino en procura de identificar las propiedades universales de la comercialización de estupefacientes mediante la aproximación a la estructura y el sistema, en un símil con una organización legal por ser el fundamento para acudir a la homologación en los conceptos. Desde esta perspectiva, la aproximación a la inteligibilidad de la comercialización de estupefacientes se realizará desde dos enfoques: el primero, consiste en citar los componentes del análisis morfológico de la comercialización de estupefacientes como modelo conceptual general, y el segundo, describir los componentes estratégicos y operativos del marketing del narcotráfico, los cuales están concebidos en la estructura lógica de análisis propuesta.


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

Estructura lógica de análisis de la comercialización de estupefacientes El esquema conceptual, que es una propuesta y no un dogma, asume la comercialización de estupefacientes como una categoría, además, contempla aspectos como la codificación representada en una combinación alfanumérica, la clase (amarillo), la subclase (azul) y la variable (rosado), como la estructura con la cual es posible la adaptación del conocimiento de la comercialización de estupefacientes según las realidades territoriales, es decir, los aspectos citados aquí son la base del análisis morfológico. Este esquema orienta el proceso de recolección de la información, el tratamiento y el análisis de inteligencia (estratégica, táctica y operacional) con énfasis en el análisis sistémico. Los objetivos que se plantean a continuación de cada una de las categorías de análisis pretenden orientar la utilidad para el análisis de la comercialización de estupefacientes. Así mismo, permiten estudiar las múltiples interdependencias y avizorar formas inéditas de interacción en este subsistema del narcotráfico. COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

I

PRODUCTO

I-A

PROVEEDOR

I-A-1

Guerrilla

I-A-2

Banda Criminal

I-A-3

Organización narcotraficante

I-A-4

Otro

I-B

PRODUCTO BÁSICO

I-B-1

Alucinógeno

I-B-2

Estimulante

I-B-3

Depresivo

I-B-4

Sustituto (Farmacéutico - Industrial)

I-C

PRODUCTO ESPERADO

I-C-1

Concentración de estupefaciente

I-C-2

Peso del producto

I-C-3

Presentación del producto

I-C-4

Efecto del producto

I-D

BENEFICIO BÁSICO

I-D-1

Alucinógeno

I-D-2

Estimulante

I-D-3

Depresivo

Narcomenudeo: entramado social del crimen

CÓDIGO

149


POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

CÓDIGO I

COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES PRODUCTO

I-E

ATRIBUTOS DE LA MARCA

I-E-1

Elementos de la marca

I-E-2

Beneficio

I-E-3

Valor

I-F

DISPONIBILIDAD DEL PRODUCTO

I-F-1

Canal de distribución

I-F-2

Esquema de almacenamiento

Tabla 15. Estructura lógica de análisis de la comercialización de estupefacientes en la categoría de producto.

Objetivo: definir la forma como la organización narcotraficante fija los criterios para llevar los productos estupefacientes al mercado; identificar las nuevas necesidades y expectativas de los consumidores (beneficio básico) para seleccionar o elaborar los productos que satisfagan la demanda (producto básico); manufacturar los productos según las necesidades del consumidor final (producto esperado), así como determinar la disponibilidad (stock) de los productos y la marca de estos como mecanismo para delimitar la ocupación territorial.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

CÓDIGO

150

COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

II

PRECIO

II-A

MANUFACTURA

II-A-1

Concentración de estupefaciente

II-A-2

Peso del producto

II-A-3

Duración del efecto

II-B

REGULACIÓN DEL MERCADO

II-B-1

Costo de producción

II-B-2

Clasificación de consumidores

II-B-3

Precio de venta

II-C

EQUILIBRIO EN PUNTO DE VENTA

II-C-1

Disponibilidad del producto

II-C-2

Inducción al consumo

II-C-3

Fuerza laboral

II-C-4

Dirección de expansión geográfica

II-D

NECESIDADES DEL CONSUMIDOR

II-D-1

Producto exigido

II-D-2

Producto adquirido

II-D-3

Frecuencia de compra

Tabla 16. Estructura lógica de análisis de la comercialización de estupefacientes en la categoría de precio.


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

Objetivo: diseñar el sistema de cálculo de precio de los productos estupefacientes de la organización criminal, lo que tiene directa relación con la fijación del precio de venta para no generar sensibilidad en el comprador. CÓDIGO

COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

III

PROMOCIÓN

III-A

TIPO DE MERCADO

III-A-1

Monopolio

III-A-2

Oligopolio

III-B

RELACIONES PÚBLICAS

III-B-1

Tipo de estructura organizacional

III-B-2

Reglas de comportamiento interno

III-B-3

Comunicación

III-B-4

Imagen organizacional

III-B-3

Comunicación

III-C

PUBLICIDAD

III-C-1

Organización asociada

III-C-2

Público objetivo

III-D

CONTROL DEL MERCADO

III-D-1

Nivel de ocupación territorial (Ocupado – No ocupado – Por ocupar)

III-D-2

Reglas de comportamiento colectivo

Objetivo: establecer la estructura organizacional para garantizar su estabilidad en el funcionamiento, como presupuesto de la organización narcotraficante para adoptar la forma de comunicación, coordinación y control con el fin de apropiase del territorio, expansión territorial e imponer las reglas para el funcionamiento interno de la empresa criminal. CÓDIGO

COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

IV

PUNTO DE VENTA

IV-A

SEGMENTACIÓN DE MERCADO

IV-A-1

Producto

IV-A-2

Presentación

IV-A-3

Precio de venta al público

IV-A-4

Clase de comprador

IV-A-5

Horario

IV-B

TIPO DE VENTA

IV-B-1

Modalidad

IV-B-2

Espacio

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Tabla 17. Estructura lógica de análisis de la comercialización de estupefacientes en la categoría de promoción.

151


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CÓDIGO

COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

IV

PUNTO DE VENTA

IV-C

INFRAESTRUCTURA DE EXPENDIO

IV-C-1

Accesibilidad

IV-C-2

Modalidad de ingreso

IV-C-3

Cobertura

IV-C-4

Barreras de protección (Humana - Física Natural - Artificial - Tecnológica)

IV-D

CONDICIONES DEL ENTORNO

IV-D-1

Infraestructura urbana

IV-D-2

Establecimientos comerciales

IV-D-3

Equipamiento urbano

IV-D-4

Grupos poblacionales

IV-D-5

Organización comunitaria

Tabla 18. Estructura lógica de análisis de la comercialización de estupefacientes en la categoría de punto de venta.

Objetivo: realizar la transacción del producto esperado por dinero en efectivo entre el vendedor y el comprador para maximizar ganancias a la organización criminal y satisfacer las necesidades del consumidor final, mediante la protección que se genera de la cohesión social negativa.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Este modelo se propone como una estructura lógica de análisis para producir inteligencia policial frente a la comercialización de sustancias estupefacientes, no sin antes recalcar que puede mejorarse y que pretende contribuir en la generación y profundización del conocimiento longitudinal (seguimiento permanente) y no solo transversal (eventual y coyuntural) del narcotráfico desde uno de sus subsistemas.

152

Dimensiones estratégica y operativa de la comercialización de estupefacientes Según la teoría del marketing, para comprender la comercialización de sustancias estupefacientes en Pereira, se debe concebir que este subsistema posee dos dimensiones: la estratégica, conocida como mercadeo, y la operativa, denominada mercadotecnia, momento en el que se ejecuta la mezcla de las 4 P’s o el “mix de mercado”, entiéndase, producto, precio, promoción y punto de venta. Este planteamiento teórico coincide con la realidad y ayuda a hacer inteligibles las relaciones sociales asociadas al subsistema de la comercialización de estupefacientes.


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

El mercadeo o marketing estratégico de la comercialización de estupefacientes En esta dimensión la organización criminal fija los objetivos estratégicos de la comercialización de sustancias estupefacientes; define el tipo de mercado según su historicidad y las formas de regulación, establece las características del sistema de cálculo del precio. Así mismo, se elabora la segmentación del mercado, que determina tanto el canal de distribución para acercar el producto al consumidor final como el esquema organizacional de funcionamiento y analiza las condiciones de entorno que favorezcan el fin de la empresa narcotraficante, y maximizar ganancias.

Objetivos estratégicos de la comercialización de estupefacientes Como un subsistema del narcotráfico en la comercialización de estupefacientes se transforman las corrientes de entrada en flujos de salida esperados, que implica disponer de una cadena de valor cuyos componentes se explican a continuación:

Los procesos de dirección: conciben en su orden los objetivos estratégicos de la organización narcotraficante para alcanzar el fin de maximizar ganancias. Estos objetivos estratégicos, que tienen directa relación con el mercadeo, se pueden entender como: primero, mantener y ampliar el mercado; segundo, promover la venta y consumo; y tercero, favorecer y maximizar las ganancias, fin último de la empresa criminal. Los procesos misionales: se constituyen en los componentes de la mercadotecnia o marketing operativo, valga decir, producto, precio, promoción y punto de venta. Aquí se operacionaliza la estrategia y se manufacturan los productos básicos que se ofrecen al comprador final en las condiciones de presentación, precio de venta y accesibilidad.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Los input’s o entradas: se componen de los productos básicos elaborados en el subsistema de producción tales como cocaína, base de cocaína, heroína y marihuana. Así mismo, se incluyen los productos sustitutos de origen farmacéutico, industrial y de diseño ofertados en el mercado del narcotráfico, de los cuales algunos son empleados en la manufacturación y otros no sufren ninguna transformación, sólo se ofrecen directamente al comprador final.

153


154

Producto

Precio Promoción

Promover la venta y consumo

Gráfico 7: cadena de valor de la comercialización de estupefacientes.

Punto de venta

Favorecer y maximizar ganancias

MECANISMOS DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL

Mantener y ampliar el mercado

CADENA DE VALOR DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

Gráfico 9. Cadena de valor de la comercialización de estupefacientes.

Materia prima “productos básicos”

Narcomenudeo: entramado social del crimen

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“Producto esperado”


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Gráfico 10. Estructura lógica de análisis de la comercialización de estupefacientes.

155


Narcomenudeo: entramado social del crimen

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156


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

Los procesos de soporte: aquellos mecanismos que permiten la acumulación de capital, es decir, la diversificación de actividades de economía criminal y la institucionalización de estas, lo cual incluye procesos de territorialización, desterritorialización y re-territorialización mediante los cuales se produce y reproduce el espacio social, y a través de esto generar las condiciones necesarias para favorecer el logro de los objetivos estratégicos de la organización narcotraficante. Los output’s o salidas: son los productos transformados y esperados (en términos de presentación, precio y accesibilidad) por el comprador. Su objetivo es satisfacer las expectativas del consumidor en dos aspectos fundamentales, el primero, responder a su necesidad, que puede ser el efecto o la sensación, y segundo, no generar sensibilidad en el precio de venta. Una de las grandes diferencias con la comercialización de productos legales es que en el narcotráfico la calidad es relativa y condicionada a los intereses de la organización narcotraficante; este es un criterio vital en el sistema de cálculo del precio.

Sistema de cálculo del precio

En consonancia con el modelo teórico del ciclo sistémico capitalista (se descompone en la notación Dinero-Mercancía-Ganancia: D-MD’) la organización busca hacer más provechoso y rápido el tránsito entre dinero y ganancia (D y D’), siendo su motivación fundamental obtener un volumen creciente de ganancias en menor tiempo. (Ver

gráfico 11).

El sistema de cálculo de precio contempla la combinación de diferentes categorías, clases, subclases y variables del subsistema. En principio, se relaciona con la clase estratégica de “manufactura del producto esperado” concebida en el esquema de análisis de la comercialización de sustancias estupefacientes, fundamentalmente en tres de sus variables como son: calidad (pureza), cantidad (peso)

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Es uno de los aspectos neurálgicos y de mayor importancia para la organización en razón a que las variables aquí consideradas tienen directa relación con el fin de la empresa criminal: maximizar las ganancias.

157


POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

y efecto (durabilidad). No obstante, también se contemplan algunas variables del punto de venta. En ese sentido, la organización fija entre las condiciones de cálculo de precio. Es imperioso que éste sea constante e inalterado K y para ello en el proceso de manufacturación disminuye la concentración de estupefaciente c y el peso de la dosis pd.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Las organizaciones narcotraficantes disminuyen la concentración de estupefaciente y lo reemplazan con adulterantes de origen farmacéutico. Según concepto del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses Regional Occidente: “…los adulterantes más comunes en sustancias estupefacientes son la Lidocaína, Fenacetina, Aminopirina, Imidazol y Guaifenesina…” (Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 2010), aun cuando en los procedimientos de la Policía Nacional también se ha logrado establecer el uso de Benzodiacepinas para tal propósito. También señala Medicina Legal que “en el 80% de muestras de cocaína y basuco estas aparecen adulteradas y las de heroína en un 5%...”(sic).

158

Así mismo, en el Laboratorio de Criminalística del Cuerpo Técnico de Investigaciones Seccional Risaralda y de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN), afirman que no se dispone de los instrumentos ni los patrones ni de los protocolos que de manera técnicocientífica permitan establecer con validez los porcentajes en que las sustancias son adulteradas. Los cronomatogramas que se practican actualmente no responden a la realidad del fenómeno (Cuerpo Técnico de Investigaciones, 2010). Entonces surgen las siguientes preguntas: ¿Aumentó el consumo de cocaína en Colombia? ¿Se amplió el mercado hacia el consumo de qué sustancia? ¿Cómo se podría llamar a la combinación de cocaína con adulterantes, según hace referencia el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses? ¿Cómo afecta esto la salubridad pública? ¿Cuáles son los protocolos para atender a los consumidores de estas combinaciones de estupefacientes? ¿Cuáles son las dimensiones de las ganancias que genera este negocio en el mercado nacional? ¿En dónde se invierten las ganancias del narcotráfico? ¿Cuáles son las nuevas modalidades de lavado de activos? ¿Cuál es el modelo de flujo de capitales en cada subsistema del narcotráfico? De acuerdo con esto, en el sistema de cálculo del precio para mantener la regulación del mercado A, la organización narcotraficante


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

considera aspectos como reducir costos de producción cp, aumentar el número de consumidores nc, expandir el ciclo de vida del consumidor cv y disminuir la sensibilidad del precio al consumidor final sp. Estas condiciones tienen directa relación con la satisfacción de las necesidades del consumidor final S1, desde perspectivas como el nivel de adicción o dependencia ad, la capacidad económica de compra ce y la necesidad generada ng. Por parte de la organización narcotraficante, en el punto de venta se requiere mantener el equilibrio entre disponibilidad del producto dp, expansión geográfica eg, fuerza de venta fv y la inducción al consumo ic. La concurrencia de las anteriores variables tiene como propósitos disminuir la durabilidad del efecto D1, aumentar la frecuencia de compra F1 del consumidor y mantener el equilibrio del consumidor en el punto de venta Ep, lo cual da como resultado la maximización de las ganancias G. Estas variables cambian dependiendo de diversos factores, entre ellos el tipo de mercado establecido y las formas de regulación y desregulación del mismo. En el aspecto del valor de los productos esperados, los compradores no son conscientes de que la organización narcotraficante “La Cordillera” altera los atributos objetivos del producto esperado tales como peso (disminuido), concentración de estupefacientes (adulterado) y el atributo subjetivo, es decir, que es la razón de la corta duración del efecto.

K = c*pd

cp+nc+cv+sp

+

ad+ce+ng

A

+

S1 D1 *

F1

+ (dp*eg*fv*ic) *

E1

G Gráfico 11. Variables del sistema de cálculo del precio de los productos del narcotráfico.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

ÁRBOL DE PRECEDENCIA

159


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Análisis del mercado: la microeconomía de los estupefacientes Los mercados se clasifican según el número de demandantes y oferentes en competencia perfecta e imperfecta; esta última se subdivide en monopolio, oligopolio y competencia monopolística. En razón a ello se puede aseverar que el mercado de estupefacientes en Pereira es una competencia imperfecta del tipo monopolio que surgió como consecuencia de un proceso sistemático y emergente antes del proceso de desmovilización del Frente Héroes de Guática (FHG) orgánico del Bloque Central Bolívar (BCB) de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC). Es decir, integrantes del FHG en el año 2005 crearon la organización “La Cordillera” (Ortiz, D. 2007). En consecuencia, es pertinente señalar que el monopolio se logró por el uso de la violencia, la criminalidad, la cooptación, el constreñimiento y la apropiación del territorio con fines de explotación de actividades económicas criminales. En Pereira el mercado monopolístico de estupefacientes por parte de “La Cordillera”, posee unas características particulares, entre las que se destacan las siguientes:

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Grado de concentración en el mercado: es único oferente con muchos compradores, por ello impone precios y la cantidad del producto que se va a vender. En relación con la concentración, vale destacar que la segmentación del mercado en Pereira se puede identificar en relación con la disponibilidad geográfica de los productos. Por ejemplo, no en toda la ciudad se comercializa heroína. Dadas estas condiciones, se puede afirmar que en este mercado particular la curva de demanda sería la siguiente:

160

El monopolista sabe que, si quiere colocar en el mercado una cantidad Q1 superior a la que vendía anteriormente Q0, ha de disminuir el precio (de P0 a P1).

Precio

P0 P1

Q0

Q1

Cantidad

Dependiendo de la elasticidad de la curva de demanda, la organización monopolista tendrá distintas posibilidades de actuación en el mercado.

Gráfico 12. Curva de la demanda en un mercado monopolístico.


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

La escasez de un producto del narcotráfico no genera elasticidad en el precio. El concepto escasez se puede interpretar como: primero, el monopolio ejercido por la organización que no permite que otro competidor venda sustancias estupefacientes, y segundo, la no disponibilidad del producto. Este último aspecto tiene consecuencias negativas en la salud de los consumidores, porque para mantener el negocio en época de escasez (no disponibilidad del producto) ocurren como mínimo dos eventos: el primero, que la organización incrementa la concentración de adulterante, y el segundo, que el consumidor mezcla sustancias estupefacientes para lograr experiencias más fuertes y duraderas. Grado de homogeneidad del producto: en este aspecto se puede interpretar que las características idénticas de los productos tienen directa relación con criterios como la exclusividad, la movilidad y el precio.

• Movilidad: tanto el comprador como el vendedor (jíbaro) se encuentran en todos los referentes espaciales utilizados como puntos de venta, con los mismos productos e iguales características. • Precio: se encuentra estable y estandarizado desde el año 2005. Además, se procura controlar las fisuras comerciales que se desarrollan tanto por vendedores (jíbaros) como por compradores tales como rendir (cortar) el producto y los domicilios (no se logra controlar quién compra para su consumo o para el consumo de otra persona).

Narcomenudeo: entramado social del crimen

• Exclusividad: se representa de tres formas. La primera, que no se permite la apertura de puntos de venta sin autorización de la organización o de quienes ocupan el territorio; la segunda, que se impide el ingreso de productos que no son ofertados por la organización. En ese orden, la tercera consiste en identificar las nuevas necesidades del mercado objetivo (nuevas sustancias o efectos que desea el consumidor final) para intervenir el mercado legal, obtener el producto básico y esperado, para lograr la oferta de manera monopolística.

161


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Barreras de entrada al mercado: para impedir el acceso al mercado se identifica una deficiencia en la información transmitida a los intervinientes del mercado (datos tecnológicos, económicos y la estructura organizacional), es decir, no se permite conocer las características del producto estupefaciente que se vende. Así mismo, los costes de producción se disminuyen porque tienen fuertes alianzas con las organizaciones narcotraficantes que proveen el producto básico y por la disminución en la concentración de estupefaciente que contiene el producto final. Los propósitos de la organización son del orden económico, pero también buscan el desarrollo de objetivos sociales y políticos; de esta forma lograron la fidelización de los compradores y han implementado la economía de escala (los costos unitarios de producción disminuyen al aumentar la cantidad de unidades producidas).

Segmentación del mercado

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Es una actividad que permite clasificar los clientes en el territorio según: 1) necesidades de consumo; y dependiendo de ello, 2) se acerca el producto; 3) se define la presentación del producto más amigable para el consumidor, y 4) se conoce el precio del producto. Según la segmentación, el marketing de mercado puede ser masivo, de público objetivo o de producto variado.

162

En Pereira es de producto variado, porque se observa la capacidad económica y la presentación que el consumidor necesita (abastecimiento o consumo inmediato como la marihuana). Esta actividad se desarrolla de manera natural y permanente en el punto de venta y se constituye en una alternativa de actuación para la organización narcotraficante frente a la posibilidad de dirigirse e intentar llegar de modo uniforme a todo el mercado. En la segmentación, la organización narcotraficante considera cinco (5) variables: la demografía (edad, sexo, lugar de compra), la socioeconómica (ocupación, estrato social y capacidad adquisitiva), la psicografía (estilos de vida, rol social y gustos [Klainer, V. 2002]), la conductual (expectativa del consumidor, comportamiento de compra y lealtad con la marca) y la geografía (la ubicación, condiciones topográficas de acceso). La interacción de estas variables moviliza y orienta la sinergia de la organización criminal hacia el conocimiento


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

de sus clientes y a fijar criterios organizacionales que permitan acercar el producto esperado por el consumidor. En este componente del proceso estratégico se evidencia la sinergia con los procesos operativos y la concurrencia de las funciones en cada nivel para la transformación de los productos básicos en productos esperados por el consumidor final.

Canal de abastecimiento Es una actividad desarrollada por quienes lideran la organización criminal en la que se analiza el flujo de los productos desde el proveedor (productos básicos), la manufacturación (transformación), el vendedor (jíbaro) al detal, el comprador y el usuario final del producto esperado, para aprovechar las sinergias y reducir sustancialmente los costos en un sistema eficaz y eficiente. Es pertinente señalar que no necesariamente quien compra el estupefaciente es quien lo consume, por eso se emplea el concepto de comprador/consumidor, para significar que quien compra puede ser uno u otro, o alguien que cumple con ambos criterios. En otras palabras, compra para su propio consumo.

La organización narcotraficante “La Cordillera” con alcance transnacional y especializada en la comercialización de sustancias estupefacientes, emplea el canal de agente intermediario, o sea, los actores involucrados no son visibles, pero desempeñan un papel fundamental para que el producto se acerque al comprador o consumidor final. “La Cordillera” es una organización mayorista que presta servicios completos, dado que posee músculo financiero, tiene capacidad de transporte, almacenamiento y conservación, es el eje que articula la zona de producción con el punto de venta, es decir, hace la interfaz entre el productor y el comprador/consumidor. Para el desarrollo de la interfaz, “La Cordillera” como mayorista de servicios completos ejerce las siguientes funciones:

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Existen diferentes canales de distribución, aunque los más comunes son canal directo, canal detallista, canal mayorista y canal de agente intermediario.

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Narcomenudeo: entramado social del crimen

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Gráfico 13. Canal de agente intermediario en la comercialización de estupefacientes.

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CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

• Incrementa la producción comercial, es decir, facilita la comunicación más fluida y eficaz entre productores y mercados finales. • Contribuye a ajustar las cantidades y surtidos de bienes producidos y consumidos. • Armoniza o cataliza las discrepancias entre lo producido y lo demandado. • Facilita la comunicación en ambos sentidos. • Adelanta el pago de la mercancía y asume el riesgo financiero que se produce por las incautaciones hechas por parte de la fuerza pública o por la demora en el consumo final, debido a la estacionalidad del producto y la fluctuación en la venta.

Estructura organizacional

Según los diferentes modelos de estructura organizacional (Hub, piramidal, múltiples redes), “La Cordillera” funciona de manera similar al tipo cadena de asociación, cuya principal característica física es que los enlaces no son lineales como en la estructura piramidal, sino que son covalentes, es decir, comparticiones de una estructura compacta que se dan en los extrarradios de los distintos niveles en que se desagrega la estructura. Este modelo organizacional posee cuatro estructuras, conocidas como primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. La estructura primaria: componente central donde están situados todos los constituyentes que facilitan la nucleación heterogénea para garantizar el crecimiento y la estabilidad de la organización criminal y el desarrollo de objetivos estratégicos. Es decir, un cuerpo colegiado integrado por el nivel directivo, los asesores contables, financieros y comerciales, los que no son visibles a la comunidad. El enlace covalente con la estructura secundaria son los jefes de zona.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

“La Cordillera” es una organización narcotraficante especializada en la comercialización de sustancias estupefacientes, con alcance transnacional (controla actividades similares en Quito -Ecuador- y Barcelona -España-). La estructura organizacional tiene directa relación con el sistema de producción y el proceso de acumulación de capital. En tal sentido, a diferencia de la concepción tradicional, esta organización en particular no funciona de manera piramidal. La estructura organizacional determina la forma de coordinación, comunicación y control.

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CADENA DE ASOCIACIÓN

Estructura Secundaria

Estructura Terciaria

Estructura Primaria

Estructura Cuaternaria

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Gráfico 14. Estructura organizacional en cadena de asociación.

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La estructura secundaria: es una unidad compuesta por subunidades, liderada por los jefes de zona. Da inicio a la conformación de la estructura organizacional con enfoque descentralizado, cuyo funcionamiento permite el control del nivel directivo en el ámbito local, regional, nacional o internacional. Su extrarradio se une a la estructura primaria y a través de ella se da el intercambio entre la organización criminal y el medio ambiente, es decir, se da el proceso de comunicación y retroalimentación entre el marketing estratégico y operativo. Las subunidades de la estructura secundaria representan, por un lado, la forma como la organización se apropia del territorio (según el orden políticoadministrativo) y, por el otro, señalan el esquema de producción y reproducción del espacio. Esos jefes de zona se hacen visibles a la comunidad porque representan la marca de la organización criminal como medio de constreñimiento a través del cual pretenden mantener el control social.


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

Dado el crecimiento de la organización se conforma una estructura secundaria con sus subunidades, es decir, un jefe de comuna, administrador o jefe de olla y sus jíbaros. La estructura terciaria: está compuesta por los jefes de comuna quienes hacen las veces de enlace entre la estructura secundaria y las subunidades ubicadas en la estructura cuaternaria. Tienen entre sus responsabilidades acercar pedidos que contienen dosis de todas las líneas de productos estupefacientes ofertados por la organización narcotraficante y acopiar el dinero producido, que debe a su vez ser entregado al jefe de zona, quien lo acerca a la estructura primaria.

Las anteriores características de la cadena de asociación permiten interpretar y comprender los datos empíricos que identifican al fenómeno del narcomenudeo en la cotidianidad para lograr los fines estratégicos de “La Cordillera”, la maximización de las ganancias. Sin embargo, es pertinente señalar algunos otros atributos que facilitan las condiciones para mantener la cohesión interna de la organización: • La comunicación es multinivel. La efectividad de la comercialización de estupefacientes se centra en la venta directa y en la creación de redes conocidas como Network Marketing en su esquema. Este sistema de comercialización de productos estupefacientes es muy efectivo, “ya que no sólo abre canales constantes de venta, sino que además ejerce una labor activa en la generación de empleo a través de la incorporación de nuevos

Narcomenudeo: entramado social del crimen

La estructura cuaternaria: está integrada por los administradores o jefes de olla quienes controlan los puntos de venta y los vendedores (jíbaros), los cuales se instalan en los barrios de la ciudad. Aquí interactúa el jíbaro con el comprador/consumidor final de estupefacientes para monetizar el producto estupefaciente. Es la manera como la organización se apropia del espacio con interés capitalista en procura de maximizar las ganancias. Es un nivel en el que se adoptan distintas formas de organización y comunicación y se hacen efectivas las orientaciones estratégicas de la organización criminal, en este caso de “La Cordillera”.

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vendedores a su red” (Marketing en redes sociales y negocios multinivel, 2011). • Las posibilidades de estructuración a nivel primario (nivel directivo) son prácticamente ilimitadas. La estructura primaria determina los niveles inferiores de la organización, característica que orienta la reconstrucción deductiva de funcionamiento de “La Cordillera”. Es importante enfatizar que en una entidad criminal como esta, dos aspectos son celosamente ocultados: la organización estructural y no hacer visible que son legítimos ante la comunidad. • La estructura organizacional permite la apropiación del territorio, de la misma forma como está definida la organización políticoadministrativa de la ciudad, es decir, por comunas y barrios. En Pereira hay dos (2) jefes de zona (uno de ellos en la comuna Cuba y otro que cubre el resto de la ciudad de Pereira); por cada comuna existe un jefe (en Pereira hay 19 comunas); en los barrios de las comunas donde venden hay un administrador o jefe de olla (por cada barrio hay una sola y el barrio puede tener varios puntos de venta), y en el barrio existen varios puntos de venta; los vendedores (jíbaros) se vinculan por turnos.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

• La estructura organizacional fija los criterios para el desarrollo y el control como componentes del proceso administrativo. Este esquema de control en una empresa criminal como “La Cordillera” fija normas internas tales como:

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- No se despiden personas, sino que por el contrario, se constriñen, se intimidan o se cometen acciones contra su integridad personal (homicidio, lesiones personales, entre otras), por no actuar conforme a las reglas establecidas e impuestas de manera coactiva. - Las actividades se ejecutan con base en la fuerza ejercida por “La Cordillera” a través de mecanismos como los esquemas de seguridad (oficinas de cobro). - “La Cordillera” ejerce presión para dirigir y el nivel operativo tiene motivaciones para actuar; esta relación se media por la


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

fuerza (violencia y criminalidad) y los intereses económicos para acceder al poder. - El administrador o jefe de olla tiene una relación comercial con el jefe de comuna, es decir, tiene como regla comprar los productos estupefacientes básicos que él le suministra. - Entre el administrador o jefe de olla y el jíbaro, hay una relación económica que depende de lo que este último venda. En este sentido, si es efectivo en la venta, recibe pago y/o comisión; la regla es mantener el precio. - No se acepta relación entre el jíbaro y el jefe de comuna, porque se desconoce al administrador o jefe de olla; como tampoco entre el administrador o jefe de olla y el jefe de zona, porque se desconoce al jefe de comuna. - En caso de ser capturados por la Policía Nacional o los organismos de seguridad del Estado, no deben delatar a los integrantes de la organización, como tampoco transmitir ningún conocimiento sobre la dinámica de funcionamiento del mercado.

- En la vinculación de personas a los puntos de venta se exige que alguno de los jíbaros las recomiende; su desvinculación no es voluntaria. Se requiere aprender la jerga, conocer y aceptar la forma en que se dirimen los conflictos en la organización, superar pruebas de confianza como la participación en actividades criminales, no necesariamente debe ser consumidor; las expectativas de ascenso van hasta llegar a ser administradores o jefes de olla. De esta forma la organización criminal fija los objetivos estratégicos de la comercialización de sustancias estupefacientes y la forma de actuar en cada uno de los niveles de la mercadotecnia, para lograr que las condiciones del entorno favorezcan el fin: maximizar ganancias.

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- Los vendedores (jíbaros) tienen márgenes de maniobra en la monetización y brindan seguridad al comprador/consumidor sin que esto implique una relación de confianza.

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La mercadotecnia o marketing operativo de las sustancias estupefacientes En esta dimensión se materializan los criterios de funcionamiento fijados por la organización criminal, e inicia con el ingreso y la manufactura de los productos estupefacientes, durante los cuales se rinde o corta la dosis de venta al comprador/consumidor para cumplir los criterios de precio. Así mismo, se desarrollan actividades para acercar el producto al comprador/consumidor garantizando el control del mercado y el equilibrio de las condiciones en el punto de venta para maximizar ganancias.

Producto Los productos comercializados en el mercado del narcotráfico en Pereira son tangibles, de uso no duradero y común, y según el hábito de compra de especialidad (identificación marca).

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El beneficio básico de los estupefacientes consiste en satisfacer una sensación (adicción) o lograr un efecto físico (dependencia). Pero la clasificación de los productos que son comercializados por los narcotraficantes en las calles, según concepto de 2005 emitido por la Organización Mundial de la Salud (OMS) también pueden responder al siguiente orden: según la dependencia (duras y blandas), según el origen (vegetales, semi-sintéticas y sintéticas), según su uso (absorbida, parenteral e ingerida) y según los efectos que genera (estimulantes, alucinógenas, narcóticas, depresoras y tranquilizantes).

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“Empacaderos”, bodegas de empaque o centros de manufactura de marihuana” En este apartado se realizará una descripción fáctica de los procesos de manufactura y abastecimiento de marihuana. Es importante advertir que sobre estos dos aspectos desde el punto de vista conceptual, que hacen parte de la amenaza denominada comercialización de estupefacientes, pero no se consideran como fenómenos porque son imperceptibles para el común de los ciudadanos y de las autoridades. Bajo este criterio se afirma que hacen parte de los noúmenos (Kant, E. 2004, p. 243), que se incorporan a la secuencia


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

lógica y sistemática de la organización criminal para mantener los stock en los puntos de venta. La manufactura de estupefacientes entendida como un conjunto de procesos de transformación (que incluye máquinas, herramientas, energía y trabajo manual) del producto básico en producto esperado, tiene como propósito dejar las sustancias en condiciones de presentación requeridas para el abastecimiento del punto de venta y su posterior transacción de compra – venta. Mikell P. Groover (1997) advierte que manufactura desde el punto de vista económico es “la transformación de materiales en artículos de mayor valor a través de una o más operaciones de ensamble”, así mismo, indica que la importancia de estos procesos radica en que “… agrega valor al material original, cambiando su forma o propiedades…” (p. 3). Esta descripción teórica refleja las características generales que desarrolla “La Cordillera” en lo que tiene que ver con la marihuana.

Esta actividad se realiza inmediatamente después de que la sustancia es trasladada desde las zonas de producción especialmente ubicadas en el sur del país. El alucinógeno es distribuido con mayor énfasis por vía terrestre, siendo el de mayor uso el transporte de servicio público de pasajeros y los vehículos de carga. En esta fase el estupefaciente llega prensado en costales o paquetes que superan los 20 kilogramos de peso y son ocultados en canastas, cantinas de aluminio o recipientes de plástico, a la vez, se encubren con productos perecederos o revestidos con diferentes materiales para aislarlos de los controles viales que ejercen las autoridades. Una vez se reporta el arribo de la sustancia la persona que lidera esa línea de mercado, dispone las actividades estratégicas y operativas para llevar a cabo el empaque de las dosis de marihuana. En

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Esta manufactura es un proceso importante para el actor criminal porque contribuye a la generación de riqueza ya que se aplican mecanismos para reducir la inversión (costos operativos), de forma tal que esos valores que se ganan allí se incorporen a las utilidades finales. Se constituye además, en una forma de explotación y subordinación que se aplica a los operadores, por los emolumentos que los responsables de la manufactura les ofrecen como contraprestación.

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esta instancia es donde inicia lo que dentro de “La Cordillera”, es conocido como el “empacadero”, verbigracia el proceso de manufactura. Funcionamiento y estructura de un “empacadero” de marihuana

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Manufactura del producto: la sustancia contenida en bultos o paquetes prensados es sometida a un procedimiento que busca ponerla en forma maleable. Esto se logra sacándola con las manos para extenderla sobre el piso o una superficie de madera. Posteriormente, se realiza una actividad a mano para macerar, triturar o “trillar” la marihuana que todavía se encuentre compacta y extraer la semilla que es eliminada del contenido del producto esperado. Así este material es llevado a una zaranda o malla de angeo que actúa como cedazo para extraer las partes gruesas de la marihuana (tallos y hojas). Luego, con la utilización de licuadoras industriales o de uso doméstico, es sometida a licuado para reducirla a fragmentos pequeños y polvillo. Luego se procede a empacarla en papeles color blanco de la marca “Smoking, blond y Platinium”, por medio de unas herramientas en aluminio diseñadas para tal fin.

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En este punto se utiliza saliva para que el papel pegue y luego armar las “bombas” o paquetes de 18 cigarrillos de marihuana en bolsas de cierre hermético o cajetillas de cigarrillo reutilizadas. En Pereira, durante los últimos meses se incorporó a esta fase de manufactura el marcaje de un logotipo (caballo) que representa la marca de la organización que lidera la comercialización. Esta acción obedece a la necesidad de establecer un control o barrera para identificar el acceso de este tipo de productos provenientes de organizaciones criminales diferentes a “La Cordillera”. Los “empacaderos” tienen varias características comunes entre las que se encuentran: 1. Tipo de residencia: se prefieren casas de habitación de dos plantas, las cuales son tomadas en arriendo por parte de la organización criminal. En la relación contractual de arrendamiento generalmente se subvencionan con anticipación los cánones de alquiler por varios meses (3 o más). Estas viviendas se encuentran ubicadas en barrios subnormales de las ciudades y con di-


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

fíciles condiciones de acceso que ofrecen la posibilidad de no ser identificadas con facilidad por las autoridades. Al interior no hay ningún tipo de amueblamiento y la totalidad del espacio se utiliza para efectos del empaque de la sustancia estupefaciente. De esta manera, se busca reducir los costos de operación y solo se pretende cancelar los cargos básicos de los servicios públicos. En muy pocas ocasiones las organizaciones permiten que dentro de estas casas residan personas, sin embargo, cuando esto ocurre, obedece a que el encargado de la manufactura tiene vínculos de afectividad con el jefe de la línea, y se le permite vivir allí con su familia de manera gratuita.

3. Cantidad de personas dedicadas al empaque: los ciudadanos que se dedican a la actividad de manufactura de la marihuana oscilan en una cantidad de tres (3) a veinte (20). El número de “operadores” puede variar dependiendo del volumen de sustancia que se encuentre disponible dentro de la residencia y requiera ser manufacturada. Estas personas reciben como contraprestación la suma de $80.000 por cada semana de “trabajo”, los cuales son cancelados al término de ese lapso de tiempo. Quienes se vinculan a este tipo de actividad no tienen la posibilidad de retirarse voluntariamente porque la organización criminal exige lealtad y permanencia al servicio de la manufactura dentro de la comercialización de estupefacientes. A pesar de ello, un considerable segmento de la población ven este tipo de acciones como una opción laboral para la satisfacción de sus necesidades básicas. 4. Elementos que se requieren para la manufactura: los elementos que deben estar disponibles para la manufactura de la marihuana son: sustancia alucinógena disponible para el empaque (producto básico), bolsas de plástico con cierre hermético o cajetillas

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2. Horario de funcionamiento: cuando los volúmenes de marihuana llegan a la vivienda las personas encargadas de las actividades de empaque en dosis inician su labor a partir de las 7 de la noche y se prolonga hasta las 7 de la mañana del día siguiente. Este horario es utilizado porque favorece la clandestinidad del sitio y el ocultamiento de las actividades que se realizan al interior de la residencia.

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reutilizadas de cigarrillo para empacar los cigarrillos de marihuana y armas las “bombas”, utensilios plásticos (baldes, tinas, entre otras) para depositar la marihuana ya macerada y licuada, malla de angeo para cernir la sustancia y extraer las partes del tallo y las ramas (esto se conoce como bagazo), lo cual posteriormente es eliminado como si se tratara de basura doméstica o por los ductos de los lavamanos o baños; maquinas para armar los cigarrillos elaboradas en aluminio y que cumplen con la función de envolver la marihuana en el papel y darle forma de cigarrillo, peso o báscula para calcular la cantidad de sustancia disponible para la manufactura y a la vez, controlar el número de cigarrillos que se deben elaborar, cajas de papel marca “Smoking” las cuales son adquiridas a distribuidores mayoristas o en puntos de venta ambulantes que se encuentran en las zonas comerciales de Pereira, en menor medida son utilizados papeles saborizados como Platinium y sirven para envolver el alucinógenos; sillas y mesas para que los empacadores tengan un sitio apropiado para realizar la labor, hojas de papel, cuaderno o agenda para registrar la sustancia que ingresa y el producto que se elabora y entrega a los abastecedores, así mismo, para llevar la contabilidad de los recursos financieros que se requieren para la operación del lugar; finalmente, se requieren licuadoras para que la planta de marihuana quede reducida a pequeños trozos o polvillo, de manera que se facilite el armado de los cigarrillos, también para este procedimiento en ocasiones son usados rayadores de cocina convencionales.

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Un propósito adicional es maximizar la utilización de la totalidad de la sustancias y disminuir la cantidad de material que se deba desechar. Además, con el ánimo de ampliar la cantidad final de ganancias, se ha establecido que el volumen de marihuana tienda a ser menor a la que espera el consumidor, de manera que se produzcan muchas más dosis con la misma cantidad de producto básico. Vale la pena advertir que como lógica de actuación de la organización criminal, los sitios donde se manufactura marihuana tienen un nivel despliegue dentro de la ciudad que les dan la calidad de descentralizados. Todo depende de la capacidad que tenga el jefe de comuna para controlar esta fase de la comercialización y de la cantidad de puntos de venta y consumidores que necesita proveer


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

de la sustancia. Esto muestra una marcada diferencia con los empacaderos de cocaína, basuco y heroína que son centralizados y tienen estándares de control y protección más exigentes, porque por lo general, se reducen a una sola infraestructura por cada línea de producto. MANUFACTURACIÓN DE UNA ARROBA DE MARIHUANA 6.5 kilos

Se dividen en cincuenta y dos (52) unidades de 125 gramos cada uno, conocidas como "cuarto”.

6 kilos

Se dividen en cincuenta(50) cuartos; con cada cuarto se elaboran cincuenta(50) dosis de alucinógeno para la venta, es decir, se fabrican dos mil quinientas (2500) unidades en presentación de “cigarrillo (bareto), moño o bolo".

Tabla Tabla19. 16.Manufacturación Manufacturaciónde deuna unaarroba arrobade demarihuana marihuana para para la la venta venta al al comprador/consumidor comprador/consumidor final. final.

Con base en los fundamentos teóricos de María José Escudero (2009), el abastecimiento de marihuana se puede entender como el conjunto de operaciones que realiza “La Cordillera” para aprovisionar del producto final a los vendedores o jíbaros que realizan la venta. Lo que se busca es que haya una existencia mínima del producto final para satisfacer la demanda del comprador/consumidor (de acuerdo a los ritmos de venta: ni excesivo almacenamiento pero tampoco la pérdida de las mismas). Abarca el almacenaje que se realiza tanto en el centro de manufactura como en las “ollas” y en los puntos de venta. Los objetivos estratégicos para el actor criminal en esta fase están relacionados con que el mantenimiento de los stocks se haga en las mejores condiciones y con el menor costo posible, por supuesto que también establecer controles de los inventarios y de esos costos operativos asociados a la acción de abastecer (pp. 6-7). El abastecimiento incluye la racionalización del riesgo para disminuir la posibilidad de ser intervenidos en estas acciones por parte de las autoridades. Por lo tanto, se propende porque haya un equilibrio entre la cantidad de dosis en las “ollas”, en los puntos de venta y en los desplazamientos que realizan los abastecedores desde el

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El abastecimiento para la venta de marihuana

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sitio de manufactura. El riesgo es un factor determinante en este aspecto porque condiciona las relaciones de los actores involucrados, en atención a que la responsabilidad del valor monetario de las sustancias, es asumido por cada uno de ellos, es decir, que si por ejemplo, un abastecedor es interceptado por las autoridades e incautada la sustancia alucinógena, este deberá no solo asumir las consecuencias penales por el porte sino retribuir monetariamente la pérdida causada a la organización criminal dentro de un tiempo prudencial, so pena de ser objeto de algún tipo de “sanción” por parte de “La Cordillera”.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

De forma descriptiva se puede indicar entonces que una vez terminado el proceso de manufactura, el alucinógeno es empacado en “bombas” y esta a su vez, almacenadas bolsas de plástico. Del sitio de manufactura son sacadas para el abastecimiento en vehículos de servicio público o particular, motocicletas o por personas que las ocultan a la vista de los demás. Luego inician el recorrido hacia el sitio de ubicación del administrador de la “olla” o el punto de venta, de acuerdo a cada caso. El abastecimiento se hace durante la mañana y la tarde que son los horarios de mayor comercialización del producto. La cantidad llevada a cada sitio depende de las orientaciones que por medios de comunicación, especialmente telefonía móvil celular, emita el encargado de la línea de producto, para lo cual, utilizan una jerga propia a manera de código como medida de protección.

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En esta labor están comprometidas varias personas que se encargan de surtir determinadas “ollas” o puntos de venta de la ciudad. Para ello se utilizan “caletas”, compartimientos o sitios de ocultamiento adaptados en los automotores. Cuando se trata de personas, es común el uso de recipientes plásticos de productos de aseo del hogar, en las partes íntimas de las mujeres o en las prendas de vestir; así mismo en portacomidas, loncheras u otros elementos que faciliten el ocultamiento. Esta situación depende y varía dadas las capacidades de innovación de los abastecedores y la apropiación de naturalidad en lo que hacen, que les permita racionalmente disminuir el riesgo y mejorar las técnicas de camuflaje del producto final para garantizar la entrega.


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

Los conteos por unidades en el sitio de manufactura, así como en el sitio de entrega es un mecanismo de control entre el responsable de la manufactura, el abastecedor y el jefe de “olla” que recibe el producto. Es advertir que tanto el proceso de manufactura como de abastecimiento son actividades que requieren entrenamiento y especialización por parte de las personas que participan en ellas. De igual forma, demandan códigos de lealtad para con “La Cordillera” dada la vinculación laboral que se configura para los ciudadanos que se dedican a suplir estos procedimientos de la cadena de comercialización de estupefacientes. En ese sentido, para lograr la presentación acorde a las necesidades del vendedor (jíbaro) y del consumidor, la organización se encarga de manufacturar las materias primas, durante las cuales se surte el proceso de adulteración (rendir o cortar) de la sustancia estupefaciente. Éste consiste en disminuir la concentración de estupefaciente que contienen las dosis (producto final) haciendo la mezcla con sustancias adulterantes de origen farmacéutico o industrial. Sin embargo, ya que se practica en distintos niveles es importante precisar el objetivo diferencial que con esta acción se persigue en algunos de ellos:

Vendedor (jíbaro): procura aumentar la cantidad del producto para generar mayor rentabilidad individual. Aquí se identifican dos modalidades de fisura comercial, una consiste en aumentar el producto para mayor rentabilidad y la otra es la reventa, que implica un aumento en el precio de venta. Las sustancias estupefacientes según la convención de las Naciones Unidas contra el tráfico de estupefacientes y sustancias sicotrópicas (1998) son aquellas “... sustancias, naturales o sintéticas, que figuran en la Lista I o la Lista II de la Convención Única de 1961 sobre Estupefacientes y en esa Convención enmendada por el Protocolo de 1972 de Modificación de la Convención Única de 1961

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Nivel directivo de la organización: busca reemplazar los efectos que desea sentir el consumidor, procurando causar el mínimo daño en éste, es decir, garantizar el ciclo de vida del consumidor.

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sobre Estupefacientes”. Los productos catalogados como estupefacientes e identificados en el mercado ilegal del narcotráfico son muchos, y tienen distintas clasificaciones, sin embargo, en este análisis se agruparon según los efectos que producen en: alucinógenas, estimulantes, depresoras y sustitutas. Alucinógenas: son sustancias estupefacientes de origen vegetal y semi-sintéticas que distorsionan las impresiones sensoriales dando lugar a ilusiones y alucinaciones. Estas sustancias se clasifican en canabinoides (Achís y marihuana) y hongos (L.S.D. y mescalina). Estimulantes: sustancias que aceleran el funcionamiento del Sistema Nervioso Central S.N.C., por ser consideradas como psicoactivas algunas son legales, blandas y socialmente aceptadas. Sin embargo, el mercado del narcotráfico se ocupa de las ilegales por la alta rentabilidad que generan. Entre ellas se destacan la cocaína y sus derivados (crack, basuco) y las anfetaminas (Efedrina).

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Depresoras: sustancias estupefacientes entre las que están las narcóticas u opiáceos, que provocan sueño o estupor y, en la mayoría de los casos, inhiben la transmisión de señales nerviosas asociadas al dolor. Entre ellas se destacan el opio, la morfina, la heroína y la metadona.

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Sustitutas: estas sustancias originalmente estuvieron relacionadas con el tratamiento terapéutico de personas en proceso de desintoxicación como su principal objetivo; hoy se ha redefinido el concepto, porque han sido incluidas en el portafolio de productos ofertados en el mercado del narcotráfico, este último criterio y también su fácil disponibilidad en el mercado legal, depende de que la sustancia sea adulterada o no. Es por ello que los efectos que se buscan reemplazar son comúnmente alucinógenos y estimulantes, aun cuando también depresoras. Así los estupefacientes sustitutos se clasifican en depresoras del Sistema Nervioso Central S.N.C. y la médula ósea (Barbitúricos), tranquilizantes (Benzodiacepinas), químicas (inhalantes, solventes industriales y nitritos) y de diseño (Metanfetaminas y éxtasis).


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

Los estupefacientes de diseño pueden clasificarse básicamente en cuatro tipos: a) agentes destinados a imitar los efectos de los opiáceos -China white, Tango and Cash, Goodfella, New Heroin-, b) agentes diseñados para sustituir a la cocaína (Crystal caine, Coco snow, Synth coke, cristal menth y ice –hielo- también conocida como glass -vidrio-), c) agentes diseñados para reemplazar efectos alucinógenos (Ketamina y Fenciclidina o polvo de ángel), y d) sustancias que se podrían denominar originales debido a la novedad de sus efectos (Love pill, éxtasis, Venus, X Files, STP) (Malpica, K. 2003). Teniendo en cuenta lo anterior, “La Cordillera” acerca al comprador/ consumidor los productos esperados considerando las diversas necesidades del consumidor, así: Alucinógenos: se encuentra la marihuana en dos presentaciones la vegetal y la hidropónica. La organización distribuye una arroba (25 libras) de marihuana para comercializar en cuartos y dosis individuales. • Las primeras 12 libras y media (6.5 kilos) se dividen en 52 cuartos. • Las otras 12 libras y media (6.5 kilos) se dividen en 50 cuartos, de cada uno de ellos se sacan 50 dosis; luego salen 2.500 dosis, que se acercan al comprador/consumidor en presentaciones tales como cigarrillos, moños o bolos (ver tabla 19).

• Cocaína: conocida como “perico” se encuentran en empaques o “bombas” que contienen 30 o 35 dosis o “bichas”. • Basuco: empaques o “bombas” de 40 dosis o “bichas”. Depresoras: entre estos se identifica la comercialización de heroína y metadona.

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Estimulantes: se encuentran en el mercado cocaína y basuco; con las particularidades propias de cada producto.

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• La heroína se comercializa en gramos y dosis, pero sólo en Dosquebradas (barrio Guadualito) y en Pereira (en un sector conocido como “La calle tercera”). La heroína en una nueva forma de consumo es inhalada al combinarse con la marihuana, es decir, no es inyectada. Para ello, “La marihuana se desmoña o trilla, se revuelve en un papel aluminio que contienen las cajetillas marca Pielroja y con una tarjetica se rosea la heroína y se arma un cigarrillo. El papel de Pielroja se calienta con un encendedor y se inhala, lo cual se conoce como El Balazo” (sic). Esto fue enseñado por la organización como mecanismo para garantizar el ciclo de vida del consumidor. Sustitutos: Rivotril (1 y 2 mg) o clonazepam, ativan, diazepam también conocidas como “pepas”. Estos productos se presentan en tabletas, cada una de ellas contiene 10 pastas y se entregan al vendedor (jíbaro) 5 tabletas. La metadona se comercializa en presentaciones 5 mg, 10 mg y 40 mg. No obstante, los narcotraficantes están pendientes de satisfacer las necesidades de los consumidores quienes buscan experiencias (efectos) duras y nuevas. Por lo tanto, surge la exigencia de estar atentos a nuevos mercados que introduzcan nuevas sustancias o presentaciones para ser cooptados por actores criminales.

Precio de venta

Narcomenudeo: entramado social del crimen

PRODUCTO

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PESO

PRECIO

Cocaína

0,6 gms

$ 5.000

Basuco

0,3 gms

$ 2.200

Marihuana Heroína (dosis) Heroína Pepas "Benzodiacepinas" Metadona

0,8 gms

$ 1.000

125 gms

$ 17.000

0,2 gms

$ 10.000

1 gm

$ 27.000

1 ó 2 mg

$ 2.500

5 mg

$ 2.500

10 mg

$ 9.000

40 mg

$ 20.000

Tabla Peso yy precio precio de de venta ventade delos losproductos productosestupefacientes estupefacientesenenPereira. Pereira. Tabla 20. 15. Peso


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

Suele confundirse en el argot popular las expresiones precio y valor. En ese orden, el precio se entiende como la cantidad de dinero que una persona (comprador/consumidor) está dispuesta a pagar por un bien o servicio, para este caso, el producto esperado. Por su parte, el valor tiene dos aspectos a destacar: el primero denominado objetivo, que lo constituyen los atributos del producto y el segundo es el subjetivo, es decir, la satisfacción de la necesidad del consumidor, de ello depende saber si un producto, según el precio, es caro o barato. Mediante observación hecha en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación en Pereira, se pudo establecer durante la práctica de la Prueba de Identificación Preliminar Homogenizada (PIPH) que las características de peso del producto, no son las que el comprador/consumidor espera. En el imaginario del consumidor él paga por dosis exactas, por ejemplo, un gramo de cocaína (perico), un gramo de marihuana, pero en la práctica están consumiendo menos cantidad, esto es inadvertido ya que el precio no le genera sensibilidad, es decir, está al alcance de su capacidad económica. Esta es una de las formas como “La Cordillera” garantiza que se maximicen sus ganancias disminuyendo los costos de producción por la alteración de los atributos del producto, en este caso el peso.

En la ciudad de Pereira se identificaron actividades relacionadas con un mercado paralelo de elementos requeridos para el consumo de sustancias estupefacientes que dinamizan la comercialización. En algunas vías de la zona céntrica se encuentran varios puntos de venta que ofrecen de forma abierta al público, una serie de objetos que tienen como finalidad, facilitar la ingesta de los productos del narcotráfico, a pesar de que originalmente, su uso se estableció para el consumo de tabaco o cigarrillos de marcas comerciales. Si bien las personas (vendedores ambulantes) que desarrollan esta actividad la consideran como una forma de trabajo, son conocedoras de la utilidad que los usuarios les dan a esos elementos. Este

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Mercado paralelo dinamizador del narcomenudeo

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mercado paralelo se realiza con otro tipo de objetos tales como manillas, collares, inciensos y prendas de vestir, entre otros, que combinan con su actividad de comercio informal para aumentar las cantidades de recursos económicos que reciben por ejercer esta labor. Los consumidores de sustancias estupefacientes tienen identificados los puntos de venta de este tipo de elementos, que para el caso específico del centro de la ciudad de Pereira, están ubicados espacios de uso público (andenes, parques, etc.) en las cercanías de los sitios de comercialización de estupefacientes. Los consumidores adquieren allí múltiples presentaciones de pipas para el consumo especialmente de basuco, y diferentes papeles que se utilizan como envolturas para armar cigarrillos de marihuana. Algunas de las marcas de estos productos son Smoking en diferentes colores, Snoop Dog G, Hornet y Raw. También se encuentran papeles saborizados tales como Platinum y Blunt Wrap.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Una de las principales amenazas frente a este mercado paralelo es que la actividad descrita se constituya en un potencial escenario de intervención y cooptación de la organización criminal “La Cordillera”, por tratarse de materiales en su mayoría importados, que están ingresando al país sin el cumplimiento de los requisitos aduaneros. Tal eventualidad se daría porque este tipo de mercado tiene las características de una actividad económica que ofrece la posibilidad de maximizar las ganancias para el actor criminal.

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Se identifica que el mercadeo de elementos utilizados para el consumo de sustancias estupefacientes, especialmente de marihuana, favorece y complementa la actividad criminal de la comercialización de estupefacientes, sin que haya un despliegue de control y supervisión por parte de las autoridades hacia las personas que cotidianamente ofrecen estos productos en algunas zonas céntricas de la ciudad de Pereira. Para elaborar una apreciación de lo que ocurre en Pereira como parte del estudio de caso, se caracterizan los aspectos de precio y valor (objetivo y subjetivo).


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

El precio El precio en la organización “La Cordillera” se mantiene estable (fijo) y es homogéneo en cualquier punto de venta de Pereira. No se modifica pese a los procedimientos de incautación, allanamientos a centros de acopio o manufactura y capturas que realiza la fuerza pública; no importa que se modifiquen los comportamientos de venta en aspectos como horarios, formas de abastecimiento, dificultades para ese abastecimiento y modalidades de venta. En la indagación se apreció como dificultad, que no se tiene un referente objetivo (evidencia) que permita afirmar desde cuándo el precio se ha mantenido estable, pero según los compradores/consumidores y vendedores (jíbaros), los precios están fijos desde el año 2005.

En relación con el precio se identifica como una fisura comercial para la organización criminal, la venta a domicilio. En esta modalidad de venta, el producto estupefaciente se comercializa al precio que ha fijado la organización (no se incrementa el precio del producto); sin embargo, quien realiza el domicilio cobra un precio adicional por acercar el producto al usuario (valor subjetivo) desde dos perspectivas: Perspectiva del consumidor: paga el precio adicional por el costo de movilidad y por el riesgo que implica acercarse a un punto de venta en el que quizás no lo identifican como comprador, desconoce el sector donde se ubican los puntos de venta (ciudadano foráneo), o tiene problemas con algún integrante de la organización.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

¿Por qué el interés de mantener fijo el precio? Para no aumentar la sensibilidad del precio al consumidor final, no disminuir la frecuencia de compra, porque están generando ganancia y como un mecanismo de control del mercado (monopolio). El precio a manera de criterio de control se orienta a evitar el contrabando (venta de productos estupefacientes diferentes a los que oferta “La Cordillera”), impedir que los vendedores (jíbaros) aumenten el precio al comprador/consumidor sin consentimiento de la organización y restringir el tránsito de vendedores (jíbaros) entre los barrios como características propias de la regulación del mercado monopolístico.

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Perspectiva del mensajero: persona que realiza el domicilio y hace parte de la fuerza de venta no organizacional de estupefacientes y es quien tiene contacto con el vendedor (jíbaro). El cobro adicional del precio tiene como propósitos, percibir un beneficio económico individual; cobrar al consumidor el tiempo y el desplazamiento al punto de venta, fidelizar un cliente que potencialmente se relaciona con él en una actividad comercial legal, en lo que se conoce como un bien o servicio aumentado (por ejemplo: relación taxista y pasajero, mesero de bar y cliente) y obtener así un beneficio pecuniario por la transacción del riesgo que recibe del usuario/consumidor para ingresar a la zona donde se ubica el punto de venta. En consideración, la entrega a domicilio no se interpreta como una reventa, porque el precio del producto no se incrementa, lo que se hace es un cobro adicional (mensajero) por el valor que se deriva de este servicio, es decir, acercar el producto al consumidor final quien asume el costo de la transacción. Valor del producto

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Esta proposición está condicionada porque depende de si el consumidor es abusivo u ocasional. En Pereira, según el valor objetivo el precio del producto puede ser caro, porque la concentración de estupefaciente y el peso, no corresponden con lo esperado por el consumidor. Desde la perspectiva del valor subjetivo la satisfacción se relaciona con dos aspectos; el primero que genere el efecto deseado (estimulante, alucinógeno, depresor) y el segundo, la durabilidad del efecto.

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En Pereira los consumidores afirman que si bien los productos estupefacientes generan los efectos deseados, la durabilidad de estos es de menor tiempo que antes. Esta proposición no cuenta con evidencia técnico-científica, pero sí visibiliza el aspecto, porque según los consumidores han aumentado la frecuencia de compra en un rango de tiempo relativamente corto: “… antes uno se consumía una dosis de perico y duraba unas dos horas el efecto, pero ahora eso casi no dura. Yo no sé si es por mi adicción


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

o porque nos están vendiendo basura, pero si así fuera en dónde más compramos, si la cordi (“La Cordillera”) es la que vende y manda” (sic).

Esta adulteración hecha por “La Cordillera” no genera sensibilidad o reacción en el consumidor, porque por un lado no sabe que lo están “estafando” y, por otro, si fuera consciente de lo que ocurre, el monopolio y la capacidad de constreñimiento que ejerce la organización criminal, no le permitiría reclamar ante ella y si lo hace no va a incidir en el mercado. Finalmente, no denuncia ante las autoridades legales (judiciales o administrativas), porque debido a la prohibición del consumo, el consumidor percibe su adicción o dependencia como una actividad ilegal con consecuencias penales (privación de la libertad y multas).

Promoción Se clasifica en publicidad, venta personal, promoción de ventas y relaciones públicas.

Así mismo, el canal de comunicación de masas, realmente es no masivo (voz a voz o “cuchicheo”) y el soporte, que es el vehículo que lleva el mensaje, se asocia con los jíbaros (fuerza de venta), campaneros (cuidanderos/guías) y compradores/consumidores. El propósito de la publicidad por parte de “La Cordillera” es difundir y anclar la marca para que los compradores/consumidores los identifiquen, los diferencien, los valoren (respeto por su capacidad), acepten sus productos y reglas de comportamiento (determina y condiciona la conducta social); y a través de esto, se favorezca el monopolio del mercado. “La Cordillera” es una marca de denominación verbal, cuyo elemento de mayor relevancia es el psicológico ya que es a través de este que se facilita la consolidación de las dos dimensiones de la estatura de la marca: el conocimiento y la estima.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

La publicidad: como instrumento para promocionar un producto, según la teoría del marketing, se clasifica en institucional, comparativa y de producto. En Pereira “La Cordillera” desarrolla publicidad institucional, porque pretende generar actitudes y opiniones favorables para el monopolio del mercado, el control social y territorial. En razón a esto, no es de interés para la organización criminal la publicidad comparativa ni del producto.

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Venta personal: es una relación en la que se requiere la participación imperativa del comprador/consumidor y el vendedor (jíbaro). El mercado de Pereira se caracteriza porque en la venta personal se reconocen el vendedor (jíbaro) y el comprador/consumidor a través de un lenguaje y conductas particulares (códigos verbales y no verbales). Un concepto importante a considerar en este aspecto es la fuerza de venta, la cual se clasifica en organizacional y no organizacional, la primera está integrada por los jíbaros y los campaneros, ellos son los responsables de hacer las ventas y de desarrollar relaciones con los clientes, identificar los nuevos nichos de mercado y comunicar a “La Cordillera” los comportamientos que se identifican en el mercado (ingreso de contrabando). La segunda clasificación (fuerza de venta no organizacional) se relaciona con aquellas personas que realizan domicilios y no pertenecen a la estructura organizacional criminal.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Algunos atributos de la relación vendedor (jíbaro) y comprador/consumidor son: garantizar seguridad por parte del primero al segundo para ingresar al sector en donde se encuentra ubicado el punto de venta (expendio u olla), crear valor mediante la confianza recíproca, proveer el producto que genera el efecto deseado por el consumidor (fidelizar), así como mantener y ampliar el mercado.

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Por su parte el comprador/consumidor es un actor importante en esta relación, ya que demanda la necesidad de adquirir el producto para su satisfacción personal o la de otro y contribuye de manera voluntaria o constreñida a ampliar el mercado, es decir, contacta nuevos clientes con el vendedor (jíbaro) para que se logre la transacción e identifica nuevos mercados. Promoción de ventas: entendida como los incentivos a corto plazo para fomentar la compra o la venta de un producto o servicio. Inicialmente se expresa que el producto vendido pertenece a “La Cordillera”, lo que lleva implícito una carga de intimidación y constreñimiento que favorece la aceptación de estímulos, que además se perciben como adicionales, desde la perspectiva del vendedor (bonificación, sueldo fijo) y del comprador/consumidor (pago en especie, regalar dosis y crédito -fiado-).


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

Ofrecer dosis gratuitas es una acción asociada a la promoción de ventas, pero también se relaciona con la venta personal, porque es la forma como se produce la iniciación en el consumo para la ampliación del mercado. Esta es una práctica que se empezó a hacer común en establecimientos educativos de todos los niveles. Las relaciones públicas: pretenden identificar la estructura organizacional, así como la identidad y las relaciones internas que la caracterizan, es decir, indican la forma de actuar y de comunicar. Para tal fin, se requiere: • Identificar la estructura organizacional (áreas, grupos y cargos, funciones y objetivos que persiguen). • Conocer la concepción, el esquema y la dirección de la comunicación (formal e informal, programada y no programada, las reglas internas, códigos, lenguajes). • Analizar las manifestaciones que caracterizan la imagen: riesgos de reputación, funcionalidad de los comunicadores y crisis institucional (disidencias, retaliaciones o delaciones).

En “La Cordillera” la estructura organizacional desde la perspectiva de la comunicación es formal y programada, desde la naturaleza de mando, es autoritaria porque concentra su poder de dirección en un grupo limitado de personas. La imagen es un aspecto sensible y se relaciona con manifestaciones como: 1. Riesgos de reputación como el contrabando y pérdida del monopolio; 2. La crisis institucional (no se entiende como ente de Gobierno, sino como organización) como la cooptación por parte de otras organizaciones criminales y la fragmentación interna por el control de la organización y, 3. Los integrantes del nivel directivo de la organización desempeñan el rol de comunicadores internos.

Punto de venta Espacio físico en el que se da la transacción de venta (producto vs. dinero) entre el vendedor (jíbaro) y el comprador/consumidor. Es el momento crítico de éxito para la organización, porque allí concurren

Narcomenudeo: entramado social del crimen

• Establecer la naturaleza del “mando”, es decir, el modelo de direccionamiento establecido por la organización.

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el ideal de la planeación estratégica y las acciones previas para asegurar la monetización de los productos. Ciertos productos marcas y precios vienen fijados por parámetro de la organización narcotraficante. No se permite la incorporación de productos, decidir sobre la cantidad de colación de los productos ni sobre los precios de venta.

Características del punto de venta Es quizás uno de los aspectos más importantes, porque es allí, en el punto de venta, donde se aprovechan las condiciones ambientales, espaciales y de comportamiento colectivo, es decir, el orden social establecido por la organización narcotraficante para cumplir el fin de maximizar ganancias en el menor tiempo posible. Esta responsabilidad está a cargo del administrador o jefe de olla, quien además de elaborar la lista de turnos de los vendedores (jíbaros) contribuye a realizar el intercambio de la organización con el medio ambiente, mediante las siguientes características:

Narcomenudeo: entramado social del crimen

• Entorno: las condiciones de entorno permiten obtener la georreferenciación de los datos (geográficos y urbanísticos) que favorecen o se constituyen en infraestructura para repeler las manifestaciones asociadas al narcomenudeo.

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• El referente espacial: lo constituyen lugares de uso público, abiertos al público o privados, para la venta de estupefacientes tales como polideportivos, canchas de fútbol, vías peatonales (gradas), esquinas concurridas y parques concurridos, billares, tiendas y casas de habitación. • Accesibilidad: recorrido de ingreso y salida que debe realizar el comprador/consumidor. Condiciones topográficas de infraestructura (vías, senderos peatonales, caminos en campos abiertos). • Forma de ingreso: vehículo o a pie, para ello se modifica y acondiciona el entorno físico con el objetivo de proteger y disminuir el costo de la transacción en términos de riesgo y tiempo.


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

• Tiempo: de transacción y recorrido, aquí se determina cuál es la mejor forma de ofrecerle el producto al comprador/consumidor para que sea rápida, dinámica y en posible, imperceptible. • Cobertura: minimiza la distancia total recorrida por los clientes potenciales para adquirir los estupefacientes. La cercanía del punto de venta al cliente ayuda a fidelizar al comprador/consumidor. Aquí se determina el radio de impacto geográfico del punto de venta. • Barrera de protección: pueden humanas, físicas, naturales, artificiales o tecnológicas que buscan blindar al punto de venta o dificultar el acceso a las autoridades. • Modalidad de punto de venta: fijo (sitio privado y abierto al público), móvil (sitio de uso público) y a domicilio (fuerza de trabajo no organizacional).

• Existencia del producto: administración de la disponibilidad o stock del producto en el punto de venta. Tiene dos enfoques; el primero, se relaciona con los mecanismos de ocultamiento empleados por el administrador o jefe de olla para almacenar y abastecer los productos a los vendedores (jíbaros) de forma controlada. El segundo es desarrollado por el vendedor (jíbaro), quien busca ocultar el producto en sitios de uso público y portar sólo la dosis que potencialmente va a vender; así lo hace hasta acabar existencias y regresa o informa al administrador o jefe de olla la venta total del producto para que se realice de nuevo el surtido (aprovisionador o mula). Al finalizar la venta del producto debe hacer entrega del dinero obtenido al recaudador y de los excedentes de producto que no logró vender al aprovisionador o mula. - Acopio: sitio en el que se realiza la manufactura, es decir, se transforma la materia prima en producto final. - Bodega: lugar al que la organización traslada los productos estupefacientes esperados para acercarlos a los Jefes de Olla, existe por lo menos uno por comuna.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

• Ocupación del territorio: con base en la concentración de puntos de venta puede ser no ocupado, por ocupar y ocupado.

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- Olla: sitio en donde el administrador o jefe de la olla recibe los productos en dosis excepto la marihuana. Puede existir uno por sector o por barrio. - Punto de venta: se da la transacción de venta (producto vs. dinero) entre el vendedor (jíbaro) y el comprador/consumidor.

Actores y roles en el referente espacial donde se ubica el punto de venta En este lugar físico interactúan varias personas que desempeñan roles diferentes pero complementarios en procura de intercambiar el producto estupefaciente por dinero en efectivo. • Rol del administrador o jefe de olla: persona que recibe de “La Cordillera” y almacena los productos estupefacientes en las presentaciones esperadas por el comprador/consumidor. En este aspecto se identifica como excepción la marihuana, porque parte de este alucinógeno es manufacturado por el administrador o jefe de olla y otra parte no. El alucinógeno es entregado por “La Cordillera” por arrobas y este lo manufactura de la siguiente forma:

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Por otra parte, la marihuana hidropónica (cripa) y con envolturas saborizadas ya vienen en una presentación estándar, es decir, no es sometida a ninguna manufacturación. Se precisa que no toda la marihuana hidropónica que se produce en Pereira es con fines de comercialización, porque quien la cultiva lo hace con fines de uso personal o para su círculo de amigos.

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Cuando los productos ya se encuentran disponibles en la olla (sitio de almacenamiento) el administrador o jefe de esa instancia organiza los estupefacientes por línea de productos, como se aprecia en la tabla No. 21. • Rol del recaudador: luego de que los vendedores (jíbaros) comercializan los estupefacientes, le entregan el dinero producto de la venta al recaudador quien lo pone a disposición del administrador o jefe de olla y el jíbaro asume que cumplió su responsabilidad que le garantiza recibir una remuneración por su actividad aportada, y es nuevamente abastecido por el aprovisionador o mula.


“Aprovisionador o mula”

Jíbaro de “turno”

Gráfico 15. Tipología de los actores en crimen el referente espacial donde se ubica el punto de venta. Narcomenudeo: entramado social del

Jefe de Zona o responsable de finanzas

Recaudador de dinero

Administrador o jefe de olla

ORGANIZACIÓN NARCOTRAFICANTE “LA CORDILLERA”

Jíbaro “apoyo de venta”

Campanero “seguridad”

Jíbaro “aprendiz”

TIPOLOGÍA DE ACTORES Y ROLES EN EL REFERENTE ESPACIAL DONDE SE UBICA EL PUNTO DE VENTA

Persona en condición de ocio

Consumidor

CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

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Los productos sustitutos de origen farmacéutico se comercializan en unidades o tabletas y para tal fin, constriñen a algunos propietarios de droguerías para que los provean de estos productos y no las vendan como tradicionalmente se hace a los ciudadanos, ni siquiera con prescripción médica. Esta es una de las formas de extensión que tiene el actor criminal para cooptar actividades legales que representan diversidad de acción y ganancias. Línea de Producto

Presentación

Uso del consumidor

Marihuana

Cigarrillo no saborizado Moño Bolo Cuarto

Inmediato Abastecimiento Abastecimiento Abastecimiento

Marihuana hidropónica (cripa)

Cigarrillo saborizado (chocolatosos) Cigarrillo no saborizado

Inmediato

Cocaína Basuco

Bolsa Papeleta

Inmediato

Heroína

Envoltura en bolsa plástica negra Papeleta

Inmediato Abastecimiento

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Tabla Tabla21. 17.Línea Líneade deproductos productosestupefacientes, estupefacientes, la la presentación presentación yy uso uso según según las necesidades del consumidor. las necesidades del consumidor.

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El administrador o jefe de olla también elabora la lista de vendedores (jíbaros) porque hay sobreoferta de ellos, al respecto, un individuo que desarrolla este rol advierte: “… en los últimos tiempos ha bajado la venta individual porque hay muchas ollas, eso también ha propiciado que se organice la venta de estupefaciente por turnos a la semana” (sic). En concordancia con esta dinámica se le entrega al jíbaro sólo la línea de productos estupefacientes que le autoriza el administrador o jefe de olla. Este criterio de control tiene incidencia en varios aspectos: 1) es una de las formas en que el jíbaro es reconocido por el comprador/ consumidor, 2) es un mecanismo para disminuir el riesgo de pérdida por las incautaciones que realiza la fuerza pública y 3) permite mantener el control de los jíbaros para que no vayan a vender en otras zonas. • Rol del aprovisionador o mula: es la persona encargada de recibir del administrador o jefe de olla los productos estupefacientes para abastecer a los jíbaros en el punto de venta y continuar así


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

con la actividad económica criminal, que es valorada como una relación laboral en tanto concurren los criterios de subordinación, prestación de un servicio y una remuneración económica (comisiones) por la venta de estupefacientes. (Ver la tabla 22). Es decir, un vendedor (jíbaro) no comercializa todos los productos y la clasificación de los productos estupefacientes presentada aquí, puede ser útil para la actividad de policía, porque ayuda a comprender la dinámica de la comercialización en los procesos de judicialización, se reconoce qué tipo de productos estupefacientes se comercializan en un sector e interpreta qué clase de resultado operacional se logró, entre otros aspectos.

En los diferentes referentes espaciales se reúnen algunos actores que deben ser diferenciados de acuerdo al rol que desempeñan, tales como: - El “jíbaro” de turno: es quien recibe del administrador o jefe de olla las dosis estupefacientes y ejecuta materialmente la venta del producto esperado, según la línea de productos a la que esté asignado. - El “jíbaro” de apoyo: reemplaza al jíbaro de turno cuando éste por diferentes causas se ausenta del punto de venta (es cap-

Narcomenudeo: entramado social del crimen

• Rol del jíbaro y su margen de maniobra: persona que vende estupefacientes e identifica las necesidades del comprador/consumidor. No obstante, el jíbaro se apoya en amigos del barrio para vender más rápido los productos y para poder ausentarse en momentos como la toma de alimentos y necesidades fisiológicas. El jíbaro puede recibir el pago en especie (elementos que vende a reducidores o lleva a las compra-venta), pero a la organización le debe entregar dinero en efectivo (monetizar). Implementa la modalidad de crédito, pero en el momento de transferir el dinero al administrador o jefe de olla. Emplea a otras personas para que le ayuden a vender el producto. Puede ser selectivo con los clientes (no venderle a persona no conocida) y rendir el producto bajo su riesgo y sin autorización de la organización.

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turado, necesidades fisiológicas o se enferma, entre otras). Lo importante de esta figura es que el punto de venta de forma permanente tenga un vendedor, independientemente de las circunstancias que tenga el jíbaro de turno. - El “jíbaro” aprendiz: generalmente son menores de edad y adolescentes que requieren darse a conocer al comprador/consumidor en el referente espacial, aprehender el lenguaje verbal y no verbal, así como comprender la dinámica necesaria para desarrollar el papel más importante de la comercialización de estupefacientes, monetizar el producto. • Rol del campanero: persona (especialmente menores de edad y mujeres) que cumple el rol de seguridad del punto de venta y comúnmente recibe a cambio de su servicio dosis de estupefacientes para su consumo. La función primordial de quien juega este rol, es advertir la presencia de agentes externos que puedan perturbar el funcionamiento del punto de venta. Opera como factor de protección para identificar amenazas a la infraestructura de venta. Producto estupefaciente

Presentación Unidad cigarrillo

Narcomenudeo: entramado social del crimen

$300

Paquete cigarrillo

$3.000

Cuartos

$2.000

Pepas

Unidad Tableta

$500 $1.000

Cocaína

Dosis (Bicha)

Basuco

Dosis (Bicha) Bomba

$200 $2.000

Heroína

Dosis Gramo

$1.000 $2.000

Marihuana

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Comisión por venta

Tabla22. 18.Producto Productoestupefaciente, estupefaciente,presentación presentaciónyycomisión comisiónpor porventa. venta. Tabla


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

• Rol del consumidor: persona que en oportunidades reside en el sector donde se ubica el punto de venta y que suele consumir estupefacientes ante la vista de los residentes y transeúntes. Cabe resaltar que frente al consumo de marihuana se evidencia un preocupante nivel de aceptación social ya sea por coacción o por indiferencia, lo que redunda en que el consumidor ocupe un espacio que tradicionalmente no empleaba. Distinto ocurre con la heroína, el basuco, la cocaína y los sustitutos, porque quienes consumen estas sustancias prefieren buscar lotes baldíos, quebradas de los ríos o sitios privados. • Rol de la persona en condición de ocio: es conocida por los jíbaros y no necesariamente por los consumidores, y su condición se da por estar vinculadas al crimen –ladrones, sicarios-, haber sido desescolarizados, desplazados, o por no tener vinculación con ninguna ocupación formal. Ellos se constituyen en potencial fuerza de trabajo disponible para actividades informales o criminales paralelas al modelo delictivo que tenga la organización. Fuerza de trabajo entendida según Karl Marx (2006) como “... el conjunto de las condiciones físicas y espirituales que se dan en la corporeidad, en la personalidad viviente de un hombre y que éste pone en acción al producir valores de uso de cualquier clase” (p. 121).

Las dosis recibidas por el jíbaro de turno generalmente las distribuye en partes iguales entre los demás actores del referente espacial, con el fin de que las oculten en diferentes sectores del espacio ocupado (árboles, contadores de agua, energía eléctrica, gas, entre otros). Es por ello, que cuando los servidores públicos de la Policía Nacional registran a los actores del referente espacial sólo les encuentran una dosis, que es la que tienen disponible para la venta, razón que explica el por qué cuando los capturan y judicializan en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación, son considerados por los Fiscales, de manera a priori como consumidores. Ello no sig-

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Por esta razón, pese al rol de los actores citados con la venta de estupefacientes, ellos no se sienten parte de la organización narcotraficante, ni esta los considera o reconoce como integrantes.

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nifica que en ocasiones ese argumento sea cierto, pero tampoco se practica un procedimiento técnico-científico que permita establecer la condición de consumidor o vendedor (jíbaro), lo que deja como resultado la recuperación de la libertad. Esto requiere profundizar el conocimiento judicial mediante la investigación criminal que demuestre este modus operandi. De lo anterior se derivan otras percepciones ciudadanas que contribuyen a la deslegitimación del Estado. Por ejemplo, que entre los vendedores (jíbaros) de estupefacientes se ha generado el paradigma según el cual, la organización narcotraficante “tiene arreglados a los fiscales y que por eso no necesitan contratar abogados” (sic), lo cual es falso, mientras que para los demás ciudadanos “los policías practican mal los procedimientos o reciben plata a los delincuentes” (sic), lo que tampoco coincide con la realidad dadas las implicaciones jurídicas que rodean este tipo de casos. Es decir, la libertad concedida a los vendedores de estupefacientes es un fenómeno que compromete la imagen de las instituciones encargadas de administrar justicia y mantener el control social. Los actores vinculados a la venta de estupefacientes que frecuentan estos referentes espaciales emplean un lenguaje que caracteriza la dialéctica entre ellos y el comprador/consumidor que allí concurre, por ejemplo, en algunos sectores de Pereira se utiliza la siguiente jerga:

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Expresión

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Significado

Aguas

Presencia de la Policía Nacional.

Amure o amurado

Ganas de consumir.

Balazo

Inhalación de la heroína al ser calentada con fuego en un pedazo de papel de aluminio.

Bicha

Unidad o dosis de estupefaciente de basuco o cocaína.

Bomba

Unidades o dosis de estupefacientes que se les entrega a los jíbaros para la venta.

Borrado

Muerto.

Carátula

Personas.

Chimba

Bueno.

Chirriar

Consumir de todas las sustancias estupefacientes.

Combo

Grupo de “parceros” o amigos que comparten objetivos y costumbres.


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

Significado

Contrabando

Productos estupefacientes que no pertenecen a "La Cordillera".

Dilema

Problema.

Drogo

Persona drogada.

El cucho

Patrón, administrador o jefe de olla, es decir, quien entrega el estupefaciente al vendedor (jíbaro) de turno.

El cuero

Papel de cigarrillo marca Pielroja u otro tipo de papel (marcas Smoking, blond y Platinium) empleados para armar los cigarrillos de marihuana.

El mecánico

Presencia de la Policía Nacional.

El Nacional

Presencia de la Policía Nacional.

Enfuetado

Persona que porta un arma de fuego.

Fresiar

Una persona (gomelo) que está bien vestida.

Fuete

Arma de fuego.

Gurbia

Hambre.

Hay vengo

Presencia de la Policía Nacional.

Heroma

Aroma que se genera de la combinación de marihuana y heroína como una forma de consumo.

Jíbaro

Persona que vende estupefacientes.

Lamparear

Informar-vigilar

Más paradito

Persona que logra tener el control de algo.

Meloniar

Comer.

Montarlo

Armar una dosis de estupefacientes para consumirla.

Parceros

Grupo de amigos que comparten identidades y afinidades.

Parcharnos

Reunión del combo.

Parcharse

Reunirse.

Pase

Dosis de perico.

Plones

Soplos de marihuana.

Probones

Verracos para delinquir.

Que la pare

Expresión para señalar que una persona deje de hacer algo.

Sobar la axila o costilla

Expresión no verbal para advertir la presencia de la Policía Nacional.

Voletiarse

Llamar la atención.

Tabla 23. Jerga empleada por los vendedores de estupefacientes.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Expresión

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Monetización de los productos del narcotráfico en el punto de venta En los distintos referentes espaciales citados por los ciudadanos y utilizados por los vendedores (jíbaros), tales como entornos y ambientes de educación (escuelas, colegios, institutos, universidades), parques, alamedas, esquinas, polideportivos y canchas de fútbol, por citar algunos, se desarrolla el intercambio de productos entre el vendedor (jíbaro) y el comprador/consumidor, lo que aquí se conoce como monetización de los productos. Para “La Cordillera” es una prioridad monetizar el producto razón por la que los administradores o jefes de olla no reciben especies, sino efectivo; no obstante se pueden identificar otras formas de transacción entre vendedor (jíbaro) y comprador/consumidor: 1. El vendedor (jíbaro) para fidelizar al comprador/consumidor recibe especies las cuales monetiza en compra-ventas y a través de reducidores.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

2. El adicto o dependiente presta servicios a cambio de productos estupefacientes dependiendo del nivel de adicción o dependencia del consumidor.

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3. El vendedor (jíbaro) y el consumidor pactan un crédito. Cuando el consumidor no paga o se va a comprar a otro punto de venta, se materializan algunos de los siguientes eventos: a) riña entre el vendedor y el consumidor; b) el consumidor va a comprar a otra olla, porque no posee los recursos económicos para pagar la deuda y lo poco que tiene sólo le alcanza para una dosis. Esta situación se interpreta como una traición por el comprador/consumidor y suele producir riñas, y c) el comprador/consumidor ingresa a una zona donde no es conocido y por ello, corre el riesgo de ser víctima de agresión física al considerársele una amenaza para ese punto de venta. El consumidor generalmente obtiene los productos estupefacientes mediante la disponibilidad de efectivo como resultado de la actividad laboral que desarrolla, la mendicidad, el intercambio de prendas con el vendedor (Jíbaro), la comisión de delitos (hurto) o la prestación de servicios criminales (homicidio -sicariato-, seguridad como


Consumidor

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Gráfico 16. Tipología para la monetización de los productos estupefacientes.

Actividad económica criminal

Hurto

Empeño y venta de objetos de valor

Mendicidad

Financiación

Actividad económica personal (Legal)

FUENTE DE DINERO

TIPOLOGÍA PARA LA MONETIZACIÓN DE LOS PRODUCTOS ESTUPEFACIENTES

Intercambio de dinero y objetos de valor por productos estupefacientes

Dinero

Vendedor (jíbaro)

Objeto de valor

Administrador o jefe de olla

MONETIZACIÓN

Receptador

CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

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campanero, transporte de estupefacientes o armas de un lugar a otro de la ciudad, entre otros). Valga la pena destacar que el dinero producto de la comercialización de estupefacientes es ubicado en el sistema real, no necesariamente en el financiero, porque es la forma como se evaden los controles desarrollados por la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. En el punto de venta se perciben hechos concretos y verificables que afectan la seguridad de los ciudadanos en sus dimensiones individual y colectiva. Es decir, no todo el proceso de comercialización es percibido por los ciudadanos. Esto significa que sólo lo que ocurre en el punto de venta, se considera como fenómeno de narcomenudeo (compra, venta y consumo de estupefacientes), el cual además, es considerado como un problema público cuyas manifestaciones se constituyen en amenaza real, concreta, objetiva, específica e individualizada para la seguridad pública y en general para la convivencia.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Es en el punto de venta donde “La Cordillera” debe mantener el equilibrio (E) entre la fuerza de venta (fv), la disponibilidad del producto (dp), así como mantener y ampliar la población consumidora (ic) y realizar la expansión geográfica (eg), como elementos básicos que deben concurrir en una especie de estructura espacial para que el sistema de producción se sostenga y genere acumulación de capital.

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La fuerza de venta (fv): personas dispuestas a desarrollar el oficio criminal de venta de estupefacientes que generalmente son población joven y que están en condición de vulnerabilidad. La fuerza de venta no es consciente de su vinculación con “La Cordillera”, no obstante, saben que el producto que venden es de esa organización. La fuerza de venta es un activo necesario donde las necesidades básicas insatisfechas, la exclusión social, la marginalidad y la oferta de una contraprestación por la prestación de un servicio que hace el actor criminal, juegan un papel determinante. El sentido de los elementos de la cohesión social cambian, entonces los ciudadanos están dispuestos a vincularse a la venta de estupefacientes. Valga la pena aclarar que no se quiere decir que la pobreza sea un factor determinante para la decisión criminal.


CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

Disponibilidad de productos (dp): disminuye el tiempo de circulación del producto. Para ello se requieren generar las condiciones físicas y superar los obstáculos espaciales para que se de el intercambio y monetización del estupefaciente, en procura de favorecer la acumulación y maximización de ganancias. Ampliar la población consumidora (ic): consiste en generar nuevas necesidades y deseos para los consumidores de los productos estupefacientes, además de ofrecer otros servicios criminales que provee “La Cordillera”. Expansión geográfica (eg): consiste en la ampliación sistemática de la cobertura espacial por parte de la organización criminal para establecer nuevos puntos de venta. Esta relación interdependiente se evidencia en la siguiente ecuación, en la que se representa que deben concurrir las cuatro variables para que el equilibrio se mantenga. Si alguna de ellas no existe, es decir, si su valor fuera cero (0) el equilibrio sería cero (0).

Es entonces en la estructura espacial donde se da la mayor fricción social por la confluencia de intereses no comunes, porque la fuerza de venta y la población consumidora son los ciudadanos que el crimen le disputa al Estado. Por otra parte, la disponibilidad de productos estupefacientes y la ampliación de la cantidad de consumidores tienen directa relación con la expansión geográfica y la proliferación de puntos de venta. Además de la anterior argumentación, en la categoría de Punto de Venta se propone incorporar como un atributo los “fenómenos asociados” para que los policías y de manera intuitiva y perceptual in situ, establezcan la relación entre la venta de estupefacientes, con las manifestaciones de conflicto social, de violencia y de criminalidad; esto en razón de lo siguiente: los indicadores criminológicos

Narcomenudeo: entramado social del crimen

E= fv.dp.ic.eg

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que rigen la prestación de la actividad de policía y los sistemas de información oficial no relacionan las conductas contravencionales ni delictivas, con las distintas manifestaciones del narcomenudeo, que no sólo se asocian con los verbos rectores establecidos en el artículo 376 del Código Penal colombiano, y por último, contar con datos que permitan correlacionar el narcomenudeo con su incidencia en la seguridad pública, que se ve afectada además de los delitos, por manifestaciones propias del conflicto social y de la violencia. Hasta este momento se entiende el narcotráfico como un sistema de producción, distribución, comercialización de sustancias estupefacientes y flujo de capitales. El siguiente análisis complementario a éste, permitirá comprender un poco más las implicaciones que tiene la venta de estupefacientes, cuando se interpreta como una actividad económica criminal institucionalizada para la acumulación de capital, requisito necesario para la maximización de ganancias.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

El anterior inserto, ubicado en la página 155, es una herramienta de análisis en pensamiento sistémico que permite identificar la asimetría de los elementos de un sistema que se alimenta con una influencia e información recíproca al proceso de realimentación (Senge, P. 1998, p. 92). Mientras tanto, el inserto que se presenta a continuación es un flujo de actividades que representa el proceso de la comercialización de estupefacientes. Aquí están graficadas las operaciones y transacciones que ocurren durante toda la operación para que se cumpla de forma completa la actividad económica criminal.

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CARACTERIZACIÓN DE LA COMERCIALIZACIÓN DE ESTUPEFACIENTES

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Gráfico 17. Flujo de actividad de la comercialización de estupefacientes.

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Narcomenudeo: entramado social del crimen

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“LA CORDILLERA”: INSTITUCIONALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA CRIMINAL

CAPÍTULO IV “La Cordillera”: institucionalización de una actividad económica criminal que genera entramado social del crimen

Narcomenudeo: entramado social del crimen

El entramado social del crimen es una forma de asociación colectiva donde actores criminales diseñan y ejecutan acciones dirigidas a maximizar ganancias por medio de actividades económicas criminales de diversa índole. Para lograr este propósito, acuden a la violencia, la coerción y la criminalidad que permita adecuar las condiciones de los entornos, especialmente urbanos, establecer idearios de representación social y definir roles individuales que contribuyan a la institucionalización de esas actividades económicas criminales.

“Es la propia configuración del mundo actual lo que no permite abandonarse a lo visible y exige interpretaciones más complejas”. Daniel Innerarity

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“La Cordillera”: institucionalización de una actividad económica criminal que genera entramado social del crimen “La Cordillera” que también se conocerá como la organización, la organización criminal o la organización narcotraficante, se institucionaliza en aquellos territorios que favorecen el desarrollo de la actividad económica criminal para generar y maximizar ganancias, mediante la consolidación de un sistema de acumulación de capital (permite acumular capital proveniente de diferentes fuentes) complementario a un sistema de producción (comercialización de estupefacientes). Las ganancias son fundamentales por dos razones que expone David Harvey (1998): la primera, porque permite usar el dinero para producir más dinero y la segunda, porque da la posibilidad de ampliar sus inversiones futuras. Que cualquier situación que interfiera con las ganancias, la nueva inversión y la expansión de los mercados, amenaza la sostenibilidad del mecanismo de acumulación de capital.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Entramado social del crimen

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Esta propuesta teórica pretende establecer los lineamientos de una forma de asociación colectiva donde actores criminales diseñan y ejecutan cursos de acción para maximizar ganancias por medio de actividades económicas criminales. Para lograr este propósito desarrollan actividades de violencia, coerción y criminalidad a fin de adecuar las condiciones de los entornos especialmente urbanos, establecer idearios de representación social y definir roles individuales que contribuyan a la institucionalización de esas actividades económicas criminales. Estos esquemas implantados socialmente inciden de forma directa en los elementos de la cohesión social,


“LA CORDILLERA”: INSTITUCIONALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA CRIMINAL

que se transforman en un sentido negativo para proteger toda la estructura de adecuación que se diseña por parte de los grupos delincuenciales. Como se observa, hay otras lógicas de acción y vivencia en los colectivos sociales que se distancian de cualquier representación del Estado, lo que en la práctica significa una pérdida de gobernabilidad y legitimidad de las autoridades político administrativas. Cohesión social negativa como presupuesto del entramado social del crimen

Se planteó con anterioridad la complejidad conceptual de la cohesión social. A consecuencia lógica, una calificación negativa como la que se acaba de esbozar, puede ser objeto de cuestionamientos. Pero sea esta la oportunidad de abstraer elementos fácticos obtenidos en esta investigación que de forma objetiva representan unas nuevas lógicas de interacción humana y relaciones sociales, mediadas por agentes criminales, que bajo parámetros materiales forjan nuevos esquemas de la vida social. En la práctica los elementos de la cohesión social (capital, integración, inclusión y ética sociales) se articulan con diferentes matices en los grupos sociales donde el control de “La Cordillera” implementa mecanismos para articular

Narcomenudeo: entramado social del crimen

La distorsión de los mecanismos cooperativos y de asociación de carácter colectivo con los que cuenta la sociedad, así como la intervención que de ellos hace la organización criminal, configuran un contexto vivencial de carácter atípico. Y lo es porque establece cambios profundos en los patrones establecidos en la organización social; dispone así mismo, de dinámicas, nexos y cotidianidades enfocadas a la apropiación de las formas de organización social pero con un sentido negativo en su fundamentación y en su finalidad. A esta realidad emergente e imperceptible, pero con toda la fuerza imperativa, es lo que se ha denominado cohesión social negativa, porque todos los elementos propios de la propuesta teórica de la cohesión social que debería orientar territorialmente el Estado, son adecuados por actores criminales para imponer modelos de comportamiento social desviados. A través de ellos se pretende proteger y ampliar el espectro y posibilidad de desarrollar actividades económicas criminales, por medio de una base social sometida al poder material de la organización criminal.

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conductas y comportamientos de afinidad y pertenencia a líneas prácticas e ideológicas de vinculación a actividades económicas criminales. Carlos Barba (2011) supone que pueden existir diversos tipos de cohesión social porque cambian de acuerdo a la historia e incluso al mismo tipo de sociedad (p. 76). Sin embargo, las descripciones ofrecidas en su clasificación (universalista, liberal y conservadora), no exponen elementos que permitan hacer analogía o asociar con la cohesión social negativa (pp. 76-77). Esa propuesta tipológica sirve como referencia para explorar e identificar nuevas formas de cohesión social que se pueden adherir para ampliar la gama de análisis.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Así las cosas, no se trata de una forma de desintegración social o anomia (Durkheim, É. 2007) caracterizada por tener fenómenos sistemáticos de involucramiento social que rompen el orden, la adhesión y pertenencia de los individuos a la sociedad. Es la implantación de un marco de valores y reglas compartidas que superan las diferencias personales para gestionarlas de forma óptima, a fin de lograr una articulación de los componentes de los colectivos en la funcionalidad y adecuación de entornos apropiados que permitan el desarrollo de actividades económicas criminales. La unicidad colectiva que interioriza las representaciones sociales de actuación impide factores de polarización, aislamiento, resistencia o divergencia que pueden depender del uso de la coacción o la violencia.

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El entramado social del crimen aprovecha las tensiones surgidas entre las formas de organización social y la estructura estatal. Las contradicciones a las que se hace referencia son las diferentes manifestaciones de conflicto social, carencias, privaciones y en general, todo tipo de necesidades básicas insatisfechas. Las redes sociales intervenidas por el actor criminal están adaptadas a los entornos urbanos, están territorializadas; a pesar de ello, son móviles, dinámicas, permeables y flexibles, pero a pesar de ello, son controladas y terminan homogenizadas por los intereses que pretenden explotarlas económicamente. Mientras tanto, los esquemas organizacionales del Estado son estables, con fuerte centralización y paquidérmicos, que impiden respuestas acertadas y efectivas a los problemas que de forma endémica están en la organización social.


Percepción de incapacidad de respuesta estatal

Instrumentalización de la estructura del Estado por el actor criminal

Gráfico 18. Entramado social del crimen para la institucionalización de actividades económicas criminales.

Vinculación de los ciudadanos a actividades económicas criminales

¿Por qué la cohesión social criminal es una vulnerabilidad para la gobernabilidad?

Configuración de un modelo criminal

Cooptación e implementación de actividades económicas criminales

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Imposición de normas de control social y territorial por el actor criminal

Entramado social del crimen

Institucionalización de un nuevo orden social

Desarticulación de la ejecución en la política pública

Control territorial

“LA CORDILLERA”: INSTITUCIONALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA CRIMINAL

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Para hacer material la cohesión social negativa a la que se aludió con anterioridad, es necesario el encajamiento de nuevos valores y principios en la sociedad. Este proceso se surte en el marco de la contradicción a partir de paradigmas mientras logran establecerse tales ideales nocivos para la formalidad del Estado pero altamente valorados por el actor criminal porque se cree que a través de estas lógicas se alcanzan ideales personales, familiares o colectivos. La ética social con ese contenido desviado finalmente se impone en la contradicción porque “… los nuevos valores en construcción y emergencia” al final muestran que son capaces de “garantizar condiciones de vida nuevas y mejores” (Maldonado, C. 2008, p. 12). De allí que se pueda entender la forma como la visualización de las prácticas ilegales tienen aceptación social y se llevan a la cotidianidad como una forma de vida frente a la que no existen cuestionamientos morales. Otros planos que resultan afectados con las tendencias al individualismo, a la falta de confianza en las instituciones y la carencia de solidaridad, que en suma deslegitiman al Estado y minan los elementos existentes de cohesión social.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Propósitos del entramado social del crimen

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El entramado social que genera el crimen organizado se constituye en una de las principales amenazas para la gobernabilidad local, la gobernanza, la convivencia y el desarrollo armónico de las comunidades. Los actores delincuenciales se instalan en el territorio con la abierta intención de monopolizar actividades económicas criminales que entran en interdependencia con manifestaciones de conflictividad social, de violencia y de criminalidad. Es por esto que las personas ven como de forma sistemática se afecta la convivencia, producto de la reimplantación de un nuevo orden social que mina la capacidad estatal de ser garante y mediador de las relaciones sociales. La gobernabilidad es entendida como las “condiciones que hacen gobernable y eficiente la administración de una determinada sociedad y por esa vía a la evaluación de las estructuras y del funcionamiento de las instituciones” (Launay, C. y Bolívar, I. 2010, p. 14). Bajo esta referencia, en términos locales, la gobernabilidad se ve afectada en razón al bajo impacto que tiene la implementación de las políticas públicas en las zonas de asentamiento de los puntos


“LA CORDILLERA”: INSTITUCIONALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA CRIMINAL

de venta de sustancias estupefacientes. Por supuesto que la repercusión en los ciudadanos es que la administración se percibe distante de los colectivos sociales y de los problemas públicos que les aquejan. Por eso, la capacidad de atención para cubrir integralmente el territorio es catalogada como deficiente y el despliegue de las diferentes instancias no opera de forma eficiente en algunas áreas.

Mientras tanto, la gobernanza, entendida como “los procesos de acción colectiva que organizan la interacción entre los actores, la dinámica de los procesos y las reglas de juego con las cuales una sociedad toma sus decisiones, y determina su conducta. (Taller: “Gobernanza: Hacia un concepto”, Montevideo, 2004)” (citado por Launay, C. y Bolívar, I. 2010, p. 14), sufre igualmente, alteraciones porque la interacción sociopolítica no se direcciona hacia el logro de objetivos comunes de carácter específico, dada la intervención que sufre por el actor ilegal. Esta situación se denota porque al estar fracturada la relación entre la comunidad y el gobierno local no existe una acción colectiva que motive la inter-relación entre los actores sociales. Luego entonces, la toma de decisiones políticas no consulta los procesos de relacionamiento entre los asociados y el Estado por cuenta de los efectos que causa la cohesión social negativa. Con base en esta perspectiva, el entramado social del crimen tiene como uno de sus principales propósitos establecer un nuevo orden social. Para ello las organizaciones criminales requieren mantener

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Entonces la afectación corre por cuenta de una doble vía. La primera porque la estructura política tiene deficiencias en su desarrollo que le impide equilibrar las demandas sociales con la respuesta institucional, y la segunda, porque la organización criminal diseña y favorece las condiciones de insatisfacción, de forma tal, que es beneficioso aislar a los asociados de cualquier representación del Estado, aun a pesar de su ineficiencia, pero ejerciendo la violencia y la coerción. Es decir, que a mayor perturbación de la relación sociedad-gobierno, más se aproximará un estado de ingobernabilidad y mejor será el escenario para desarrollar actividades económicas criminales. Francisco Rojas Arenas (2008) lo afirma de manera tajante: “La violencia aumenta la ingobernabilidad, debilita la democracia, incrementa la desconfianza y genera las condiciones para violaciones a los derechos humanos” (p. 10).

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el control territorial en fragmentos urbanos, que a su vez, se constituye en un presupuesto necesario para la imposición material del poder y el ejercicio de la dominación sobre los colectivos sociales. A esto se une la percepción de incapacidad de respuesta estatal para el tratamiento de las amenazas que generan riesgo para la convivencia. Ello obedece en parte a que no hay una aproximación objetiva a las problemáticas locales ni un consenso con las comunidades que defina prioridades de atención gubernamental con enfoque sistémico, más allá de los indicadores de desempeño de las instituciones comprometidas en mantener la convivencia en el territorio. Adicionalmente, de forma histórica y sistemática en el territorio (que se lo apropian y explotan) se han venido configurando diferentes modelos criminales que mutan y se perfeccionan, sin que todavía haya una caracterización que permita identificarlos estratégicamente para desarrollar planes de intervención de forma focalizada o hacerles seguimiento longitudinal. La fundamentación en este aspecto por parte de las autoridades se ha basado más en identificar estructuras e individuos que las componen, pero no en cuáles son los mecanismos que hacen funcionar esos aparatos criminales.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

De los factores asociados a las causas del entramado social del crimen

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Los actores criminales una vez están instalados y tienen control sobre el territorio imponen mediante la fuerza normas de control social y territorial para que las cotidianidades de las comunidades se adapten al modelo de explotación criminal. Las mismas imposiciones de los criminales hacen que el circuito de comunicación entre los ciudadanos y las autoridades político administrativas sufran interferencias irreparables, que generan un espectro de ilegitimidad hacia las entidades del Estado. Más bien los delincuentes terminan por ser aceptados, tolerados y reconocidos por parte de los ciudadanos como consecuencia del ejercicio de medidas de fuerza y coacción. Por otro lado, la apropiación del territorio y el crecimiento exponencial de la influencia de los actores criminales expanden su potencialidad de control para doblegar la resistencia de organizaciones criminales de menor capacidad a quienes terminan por cooptar por medio de la fuerza o por alianzas que implican subordinación y su-


“LA CORDILLERA”: INSTITUCIONALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA CRIMINAL

misión. Pero la acción no es solo contra grupos estructurados de delincuentes sino que cualquiera de las actividades económicas criminales que se ejecute también es intervenida por el actor que tenga mayor poder de confrontación. Una vez establecido este panorama existe la posibilidad de diversificar el portafolio de actividades económicas criminales e implementar nuevas fuentes de riqueza en los entornos urbanos.

Muchas de las funciones del Estado en esos territorios donde se asientan los actores criminales, terminan siendo instrumentalizadas por los delincuentes que condicionan el acceso de la oferta de bienes y servicios para el bienestar general. Acciones de regulación y control social, así como la ejecución de políticas públicas se vicia por la presión que se realiza sobre los funcionarios públicos. Lo paradójico es que muchas de las acciones oficiales son intervenidas y de forma pública el actor criminal hace creer que gracias a su gestión se puede tener acceso a determinadas labores del Estado. Finalmente, toda esta compleja situación se enraíza en el colectivo social y la ejecución de la política pública en el territorio se muestra desarticulada. A pesar de los esfuerzos sectoriales, el tratamiento de los problemas públicos es aislado e insuficiente. Además se tiene la lectura de que la responsable de esas problemáticas asociadas al tema de la convivencia, es la Policía Nacional pero esta labor no se realiza de forma coordinada con el Ente de Policía.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Nada de estas circunstancias serían efectivas en pos de la maximización de ganancias sino se contará con la decidida participación de ciudadanos que conscientemente están dispuestos a vincularse en cualquiera de los roles a las actividades económicas criminales. Esta relación se da por la variada combinación de factores en el territorio que presiona a las personas por buscar diferentes mecanismos que les permita tener opciones como fuentes de recursos económicos. Se ratifica que no es una conducta que obedezca a los considerables índices de pobreza que se vivencia en los diferentes asentamientos sociales, sino que además se une la exclusión social, la marginalidad, la falta de oportunidades, los inadecuados modelos de desarrollo social (nacional y local), la pérdida de valores y principios colectivos o la decisión racional de esos ciudadanos que terminan integrando actores criminales.

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El narcomenudeo como forma de entramado social El narcomenudeo es un fenómeno complejo que se constituye en un problema público por el entramado social que genera el cual tiene por fin último, la acumulación de capital para maximizar ganancias por medio de la comercialización de estupefacientes en los entornos urbanos. Esta actividad que se manifiesta en los contextos cercanos al punto de venta genera la concurrencia de comportamientos causados por los actores involucrados en la compra – venta y consumo de drogas ilegales que propician alteraciones en la convivencia pacífica de los habitantes de esos sectores.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

El proceso de transformación del territorio desarrollado por los actores ilegales para lograr la explotación económica, implica la desestructuración y restructuración de la cohesión social. Para tal fin, la organización narcotraficante, sin proponérselo quizás, logra institucionalizar un nuevo orden social, el cual cobra sentido objetivo cuando se materializan acciones concomitantes de roles, reglas y mediación para desarrollar una actividad económica criminal, como es la venta de estupefacientes para este caso, pero podrían ser otras tales como el tráfico de armas, el cobro de extorsiones, la explotación minera ilegal, entre otros.

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El proceso de transformación del territorio desarrollado por “La Cordillera” para lograr la explotación económica, implica la desestructuración y reestructuración de la cohesión social. Para tal fin, la organización narcotraficante, quizás sin proponérselo, logra institucionalizar un nuevo orden social, el cual cobra sentido objetivo cuando se materializan acciones concomitantes de roles, reglas y mediación para desarrollar una actividad económica criminal, como es la venta de estupefacientes para este caso, pero podrían ser otras tales como el tráfico de armas, la exigencia de extorsiones, la explotación minera ilegal, entre otros. Lo anterior significa que el actor criminal desarrolla una serie de procesos concurrentes, paralelos, entrelazados y en diferentes niveles para instalarse en un territorio en relación con lo que se denomina entramado social del crimen o cohesión social negativa. Esto se en-


“LA CORDILLERA”: INSTITUCIONALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA CRIMINAL

tiende como la inserción en el sistema de acumulación de capital que favorece la institucionalización con fines económicos, así: 1. Identifica una actividad económica legal o ilegal que sea susceptible de ser intervenida dada la rentabilidad que ofrece. 2. Desregulariza el mercado en el que se desarrolla la actividad económica (implementa el mercado imperfecto). 3. Establece mecanismos de control social, es decir, reglas, roles y mediación de las relaciones sociales. 4. Subsume o coopta aquellas organizaciones que tienen intervenido el mercado objeto de la organización criminal (alianzas y confrontaciones). 5.

Desestructura y reestructura la cohesión social (entramado social del crimen).

6. Incorpora nuevos valores a partir de la hegemonía impuesta, es decir, que el actor criminal desterritorializa el control social y se re-territorializa al establecer un nuevo orden social. Involucra a la comunidad en la actividad económica capturada, ya sea por consentimiento, constreñimiento u oferta de servicios para el bienestar general para la acumulación de capital.

8. Elimina las barreras que impiden el desarrollo de la actividad económica criminal, pero impone barreras a la competencia en un mercado imperfecto. 9. Disminuye tiempo y distancia en la obtención del dinero producto de la actividad económica criminal, también reduce el tiempo en que una actividad económica criminal hace tránsito a una legal donde el constreñimiento es aceptado socialmente. 10. Inserta el dinero de origen ilegal en el sector real. 11. Diversifica la actividad económica criminal para maximizar ganancias, es decir, vuelve e inicia el ciclo.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

7.

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216 LEGITIMIDAD

COHESIÓN SOCIAL

CONTROL SOCIAL

Gráfico 19. Sistema de acumulación de capital: institucionalización de una actividad económica criminal.

INSTITUCIONALIZACIÓN DE UN NUEVO ORDEN SOCIAL

COMUNIDAD

ACTIVIDAD ECONÓMICA

SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL

MAXIMIZAR GANACIAS

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

Narcomenudeo: entramado social del crimen

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“LA CORDILLERA”: INSTITUCIONALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA CRIMINAL

El resultado final de la aplicación de los procesos enumerados anteriormente, donde el grueso de la sociedad no alcanza a determinar ni identificar de manera consciente, es lo que se denomina institucionalización de una actividad económica criminal en razón a la intervención hecha por la organización narcotraficante, para este caso. La institucionalización se entiende como la unidad y estabilidad que adquiere la organización criminal en un grupo social y el territorio que estos ocupan. Lo crítico del proceso de instalación y expansión de un nuevo orden institucional con fines capitalistas, es la necesaria vinculación de la comunidad como actor protagónico o instrumentalizada de acuerdo al rol necesario que puedan aportar para lograr los objetivos criminales. En el contexto de la crisis multidimensional actual, que se refleja en el índice del desempleo, y pérdida de cohesión social producto de la división del trabajo en las familias y comunidades, como un resultado necesario de la economía política que subordina a la Nación a poderes económicos y políticos externos, se abren mayores posibilidades para la organización de grupos dedicados al sistema de la economía criminal, que han ido extendiéndose hacia amplios sectores de la sociedad. (Montoya, A. 2010).

Parte del fundamento que se ha hecho dentro de la investigación está relacionado con el desarrollo de actividades económicas criminales. Por ello se propondrá el desarrollo conceptual de esta expresión con el propósito de dimensionar su alcance y para efectos de comprensión. Actividad económica criminal es entendida como el conjunto de acciones que ocurren en un sistema de economía simplificado en el que se identifica la interdependencia entre los mercados de factores productivos con los de bienes y servicios legales e ilegales. Como sistema de economía simplificado se refiere a que estas actividades escapan a las regulaciones del Estado, esto es que son cerradas y estacionarias, no hay intervención del gobierno a través de

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Actividad económica criminal: una aproximación al concepto

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políticas que afectan el sistema. Por definición, tampoco se toman en cuenta las influencias del comercio internacional.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

La interdependencia entre los mercados de factores productivos con los de bienes y servicios implican un rasgo característico y distintivo siempre que su objetivo final se relacione con lo ilegal tras una apariencia de legalidad. Para tal fin se identifican cuatro aspectos relevantes: el primero, los bienes y servicios se ofertan en un mercado paralelo del tipo oligopolio y monopolio (Céspedes, 2008, pp. 3). El segundo, la captura de bienes públicos y privados, así como la cooptación de otros mercados legales e ilegales. El tercero, que la vinculación de las personas es racional (Teoría de la Elección Racional) ya por aceptación social, ya por constreñimiento, no sólo para satisfacer necesidades sino para maximizar ganancias y de esta manera desarrollar procesos de acumulación de capital por el cual se beneficia una organización criminal y, el cuarto, se define como el entramado social del crimen -elemento distintivo de la sociedad moderna- que tiene por objeto generar cohesión social para proteger esta tipología de mercado.

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La dificultad radica en el desconocimiento de esto, porque los ciudadanos que se vinculan a la actividad económica criminal, lo hacen con el propósito de satisfacer necesidades individuales; los unos como integrantes para generar ingresos y los otros, para no ser víctimas de acciones que atenten contra su integridad personal, incluidos en este último grupo están quienes financian de manera constreñida la organización mediante la entrega de cuotas extorsivas. Entiéndase que los unos se vinculan por beneficio individual y los otros por temor, pero en últimas, ambos aportan para el fin de la organización criminal, la acumulación de capital para maximizar las ganancias. “El territorio tiene que ser fuente de capital”. Esta frase que cobra relevancia en el argot criminal y que implica explotar los recursos que circulan de una fracción de espacio geográfico, demanda un sistema de acumulación de capital el cual se caracteriza por las tensiones existentes en tres aspectos importantes: primero, la oferta de fuerza laboral, significa esto, personas dispuestas a vincularse en el proyecto criminal capitalista. Aquí se percibe una intrincada relación con el crecimiento de la población urbana por motivos de


“LA CORDILLERA”: INSTITUCIONALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA CRIMINAL

desplazamiento, desarraigo o en condición de ocio (desescolarizados, desempleados), entre otras. Segundo, disponibilidad de los medios de producción y la infraestructura necesaria que permita la instalación y expansión de la producción. En este aspecto se observan condiciones de orden social (comportamiento colectivo e individual), infraestructura urbana (desarrollo urbanístico), cercanía con los centros de producción (infraestructura de producción) y disponibilidad del producto básico (cocaína, base de cocaína, marihuana, heroína), así como productos sustitutos.

En concordancia con estas características del sistema de acumulación de capital y buscando obtener una mejor comprensión de este fenómeno complejo como es el narcomenudeo, debe establecerse una analogía entre los datos empíricos obtenidos del funcionamiento de “La Cordillera” y las estrategias espaciales para la reproducción ampliada del espacio y la acumulación de capital planteadas en la teoría de la geografía crítica del capitalismo en la que se encuentra respuesta a los componentes que pudieran configurar el entramado social del crimen. Estas estrategias contemplan la reducción de costos de producción, la innovación organizacional, la disminución de la fricción espacial y social y la acumulación por desposesión, de las cuales se hará una breve descripción dada la importancia para la organización criminal en su interés por maximizar las ganancias. Reducción de costos de producción: los vendedores (jíbaros) se identifican con “La Cordillera”, pero sólo reconocen al administrador o jefe de olla como “el patrón”; así mismo, desconocen a los actores de la organización ubicados en niveles superiores. Esta es una manifestación de la desregulación en la que “La Cordillera”, dispone de tanta fuerza de venta que la debe organizar por turnos dada la sobreoferta de mano de obra y por la que obviamente, no debe pagar

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Tercero y último, la estructura de demanda, lo que implica un mercado que consuma los productos elaborados por la organización narcotraficante, los cuales deben cumplir tres características fundamentales para el consumidor: precio estable, efecto y presentación deseada.

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impuestos ni prestaciones sociales, como tampoco cumplir con las demás obligaciones legales de carácter laboral vigentes. Entonces se evidencian varios aspectos de interés, entre ellos, que como se describió estructura de organización en cadena de asociación permite reducir costos de producción desde la perspectiva de fuerza laboral; existe independencia de los niveles superiores del capital, con el espacio en donde se producen las ganancias; y se confirma que las desregulaciones promovidas en la protección del monopolio han causado que “La Cordillera”, especializada en la comercialización de estupefacientes con enfoque transnacional, tenga un importante nivel de independencia de otras organizaciones narcotraficantes, es decir, “pertenece a sus inversores y no a los empleados (jefes de comuna, administradores o jefes de olla o jíbaros) ni a los proveedores, ni siquiera a la localidad en la cual está situada” (Harvey, D. 2001, p. 257).

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Innovación organizacional: la estructura en cadena de asociación permite una mejor apropiación del espacio para disminuir los tiempos y las distancias en la circulación de los productos, vitales para maximizar las ganancias. También se aprecia el aumento en la eficiencia de la organización debido a la descentralización de la coordinación, la alta movilidad geográfica, la reducción en el desplazamiento del comprador/consumidor, el esquema de autoprotección que dificulta la desestabilización organizacional ante riesgos como las delaciones y las disputas internas; también la capacidad para infiltrar la base de la economía local a través de la colocación y estratificación del capital de origen ilegal en el sector real, para luego iniciar el proceso de integración haciendo uso del sistema financiero.

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Todo lo anterior; sumado a las prácticas empleadas para disminuir la durabilidad del efecto y aumentar la frecuencia de compra del consumidor, permite afirmar que existe una organización no tradicional, flexible y altamente sofisticada, cuya gestión se especializa en la comercialización de estupefacientes en el ámbito nacional e internacional. Disminución de la fricción espacial y social: la organización promueve entre la comunidad intereses individuales en oposición a los co-


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lectivos. Esto favorece dos propósitos fundamentales, uno de ellos es impedir o condicionar la participación ciudadana en decisiones políticas orientadas a modificar el entorno y, el otro, consiste en desestructurar la cohesión social para reestructurar unas nuevas redes e imponer valores que favorezcan el desarrollo de las actividades económicas criminales (entramado social del crimen). Esto significa la habituación (acciones impuestas que hacen parte de la rutina y son válidas en la interacción con otros ciudadanos), la objetivación (los hechos sociales que son de conocimiento masivo y se transfieren en procesos de aprendizaje informal en este caso) y naturalización (la conducta individual está condicionada, pero se ha incorporado el nuevo proceder) del comportamiento determinado por “La Cordillera”, es decir, lo impuesto se aprecia de manera natural, por ello, se afirma que se configura el entramado social del crimen. (Ver gráfico 20).

Lo anterior puede tener diferentes lecturas de las cuales se citan algunas: por un lado, que “La Cordillera” para hacer reconocer su hegemonía emplea entre los mecanismos de control social acciones de violencia y criminalidad contra los ciudadanos, por el otro, la organización criminal obstaculiza la acción del Estado por el constreñimiento que ejerce sobre algunos servidores públicos o la instrumentalización de la oferta institucional como mecanismo de acumulación política, para legitimarse ante los ciudadanos. Al respecto un profesional adscrito a un organismo descentralizado advierte: “Yo soy servidor público y he ido a barrios complicados en donde gente de “La Cordillera” me dice que si voy a entrar ellos me dicen dónde debo trabajar y con qué comunidad. En otras oportunidades he llegado con paquetes de ayuda y me dicen que la gente fue víctima de desplazamiento intraurbano, entonces los ciudadanos no son beneficiarios de

Narcomenudeo: entramado social del crimen

La disminución de la fricción consiste en evitar la confrontación entre los intereses de la comunidad, con los de la organización narcotraficante. No obstante, esa fricción es generada por las autoridades cuando tratan de materializar la oferta institucional, la cual en derecho se opone a los medios y fines de “La Cordillera”. Pero el resultado de esta fricción es transferida por el actor criminal a los ciudadanos.

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222 OBJETIVACIÓN

SOCIALIZACIÓN

CONOCIMIENTO MASIVO

HECHOS SOCIALES GENUINOS

COLECTIVO

Gráfico 20. Proceso de institucionalización expansiva de un nuevo orden social. Adaptado de la obra ”La construcción social de la realidad” (Berger, P. y Luckmann, T. 1999).

DIALECTICA

HABITUACIÓN

INTERACCIÓN

RUTINA

TIPIFICACIÓN

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LENGUAJE

INTERNALIZACIÓN

LEGITIMACIÓN

COMPORTAMIENTO

CONCIENCIA

INDIVIDUAL

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Gráfico 16: proceso de institucionalización expansiva de un nuevo orden social. Adaptado de la obra “La construcción social de la realidad” (Berger, P. y Luckmann, T. 1999).

la oferta del Estado. Inclusive a veces, los de “La Cordillera” le dicen a uno que les entregue los beneficios a otras comunidades, pero eso no se puede, porque todo ello obedece a un trabajo con comunidades. En otras oportunidades sencillamente, le dicen a uno que no puede entrar, porque si se les quita a ellos un consumidor por ejemplo, mediante la atención terapéutica, esto se considera una afrenta” (sic).

En este aspecto se destaca la dicotomía que evidencia el ciudadano por la presencia de los servidores públicos de la Policía Nacional. Para contextualizar este complejo panorama, una persona consultada afirmó: “Mire las cosas aquí funcionan bien, el todo es cumplir las reglas… nos acostamos temprano, no denunciar y no ingresar a ciertos sitios y aquí no pasa nada. Cuando llega la policía la cosa se complica” (sic).

Esto en la práctica se interpreta como fricción social, porque el ciudadano se encuentra rodeado y tensionado en su comportamiento colectivo e individual, por las reglas impuestas de facto por “La Cordillera” y el ordenamiento jurídico que hace cumplir la Policía Nacional. Se pueden realizar entonces, cuatro afirmaciones:

- Hoy existe una colisión de intereses entre la Policía Nacional y los deseos de los ciudadanos en el territorio, ya que los primeros tienen la responsabilidad de ejercer el control social estatal y los segundos rechazan la actuación institucional porque dificulta su participación en la actividad económica criminal. Lo anterior probablemente como evidencia del comportamiento colectivo ya institucionalizado por “La Cordillera”. - Es la apropiación del espacio para la institucionalización de actividades económicas criminales, lo que representa el núcleo de la fricción social y espacial.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

- La Policía Nacional es un obstáculo para los intereses de “La Cordillera” en el territorio, lo que preocupa es la creciente aceptación (consentida o constreñida) de algunos sectores de la comunidad hacia la actividad económica criminal.

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- Cuando el nivel de fricción espacial y social es estable, evidenciado quizás en la disminución de los delitos, puede significar que las condiciones son favorables para el desarrollo de la actividad económica criminal y por ende, del sistema de acumulación de capital de “La Cordillera”. Acumulación por desposesión: es una estrategia que contempla manifestaciones relacionadas con la captura de rentas, “el poder de la escasez” y la expropiación ilegal forzosa, que busca mantener el sistema de producción y el sistema de acumulación de capital.

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La captura de rentas es una iniciativa criminal, que consiste en involucrarse en negocios legítimos y legales para ofrecer servicios a distintos sectores sociales y económicos y a través de estos, obtener dinero por la exigencia de cuotas extorsivas. Un ejemplo son los lavaderos de buses en donde los conductores acuden para el aseo de sus vehículos y en el pago del servicio viene implícita la cuota extorsiva. De forma similar ocurre con algunos grupos de personas que ofrecen servicios ilegales de seguridad en los barrios, y exigen de manera constreñida una cuota: “los ciudadanos pagamos no por seguridad, sino para evitar ser víctimas de estos supuestos grupos de seguridad” (sic). Pero es aquí donde se debe transitar del constreñimiento a la adaptación social.

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Esto es lo que Tim Harford (2006) alude como “… cobrar el dinero de la extorsión mediante la provisión de un servicio caro, que logra que lo pagado por «protección» resulte, finalmente, «desgravable»”. Esto sugiere que no es la violencia como tal, sino la efectividad de una organización, la que crea las barreras para ingresar a un mercado…” (p. 39). “El poder de la escasez” es una capacidad que “La Cordillera” desarrolla para impedir el acceso de otras organizaciones en los territorios ocupados por ella, y esto guarda directa relación con los controles de precios de venta, la presentación de los productos estupefacientes y la apropiación del espacio para la venta de los mismos. Es a través del monopolio que logra tal propósito. Esta capacidad se manifiesta en la dependencia de los ciudadanos vinculados a la organización como fuerza de venta o como consumidores.


“LA CORDILLERA”: INSTITUCIONALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA CRIMINAL

Otra modalidad empleada es, que ante la desconfianza y muchas veces, la incapacidad de la gente para acceder al sistema financiero, esta organización aprovecha las necesidades económicas de los ciudadanos para ofrecer préstamos de dinero a altas tasas de interés, fenómeno conocido como “gota-gota”, que se convirtió en una actividad económica criminal capturada por las organizaciones narcotraficantes. La expropiación ilegal forzosa entendida como la afectación al derecho de dominio sobre bienes muebles e inmuebles que de facto realiza “La Cordillera” al ciudadano, es concomitante con el desplazamiento intraurbano. Esta modalidad criminal pretende acrecentar su riqueza o disponer de propiedades para favorecer la actividad económica criminal o se implementa como mecanismo de “sanción” a quienes vulneran las reglas de control social establecidas por la organización narcotraficante.

“¿Dígame para qué uno denuncia? Primero es un problema para que lo escuchen a uno, segundo, se demoran mucho y mientras tanto uno qué hace y, tercero, acudir a la justicia es muy costoso, nada más piense cuántas veces toca ir a la Fiscalía, cuánto valen los pasajes y fuera de eso, quieren que uno vaya y les ayude a investigar en el barrio del que uno ha sido expulsado o lo obligan a uno a involucrar otras personas. Lo mejor es no decir nada y volver a conseguir las cositas” (sic).

Es decir, hasta este momento la conclusión que se puede compartir es que “El poder del narcotráfico está en su sistema de producción y de acumulación de capital” (Montoya, 2010), dos componentes complementarios que requieren un análisis interdependiente.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

En consecuencia, la captura de rentas, “el poder de la escasez” y la expropiación, ilegal tienen en común que contribuyen al fin que busca la organización criminal: maximizar las ganancias mediante la protección que brinda el entramado social del crimen para institucionalizar las actividades económicas criminales. Esto no es denunciado por los ciudadanos por las implicaciones que trae para su integridad física individual y de su familia, además, porque según ellos, “al Estado se le dificulta restablecer sus derechos” (sic).

225


POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

Pero, ¿La organización en su funcionamiento, es así de sistemática? El ejercicio de análisis buscó decodificar las acciones que “La Cordillera” desarrolló de manera sistémica para establecer un nuevo orden social y racionalizar la apropiación del espacio necesario para la maximización de las ganancias, no obstante se infiere que sus integrantes no son conscientes de la complejidad de sus acciones, entiéndase: “Esto no quiere decir que sean en sí mismas ordenadas o lógicas; simplemente crean las condiciones que provocan cierta racionalización arbitraria del sistema de producción. [T]odo lo que tiene que ocurrir para que el sistema [de acumulación] se sostenga es que se den las condiciones adecuadas para renovar la acumulación” (Harvey, D. 2001. p. 259). Sin embargo, esta apreciación estimula la necesidad de conocer cómo el interés de maximizar ganancias por una organización narcotraficante (“La Cordillera”) afecta la seguridad pública a través del narcomenudeo.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

El narcomenudeo afecta la convivencia no solo por los delitos

226

El homicidio es la variable que por excelencia se emplea para diagnosticar la fricción social y espacial generada durante la institucionalización de una actividad económica criminal, entendida como sistema de acumulación de capital. En el año 2010 Pereira registró una tasa de 50 homicidios, por cada cien mil habitantes. Tradicionalmente se intenta explicar la evolución del narcomenudeo a través de cifras como estas, que no representan necesariamente las dimensiones de afectación a la convivencia y que se deberían considerar en la planeación y prestación de un servicio de policía efectivo. “Una propuesta de seguridad nos exige no poner el énfasis únicamente en el tema de homicidios…” (García, M. 2010, pp. 82-91). Por este motivo, se plantea que no sólo los hechos criminales que genera el narcomenudeo deben ser considerados para el análisis de este fenómeno. El narcomenudeo como fenómeno, también tiene una relación interdependiente, dinámica y subjetiva con manifestaciones de conflicto social y de violencia que ocurren en la realidad cotidiana y afectan los ámbitos de protección de la seguridad pública. Ello demanda una mirada diferenciada que permita explicar las dinámicas complejas e inéditas que se manifiestan en diferentes contextos (García, M. 2010, pp. 82-91). En tal sentido, y recono-


“LA CORDILLERA”: INSTITUCIONALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA CRIMINAL

2252

1250

228 Hurtos

Lesiones personales

Homicidios

Gráfico 21. Estadística de Pereira 2010 sobre hurtos, lesiones personales y homicidios.

ciendo la complejidad del tema, se elabora un análisis que tiene por propósitos: a) conceptualizar lo que se entiende por manifestaciones de conflicto social, de violencia y de criminalidad (Cortés, Y. y Mayoriano, B. 2010, p. 3-4), b) visibilizar la importancia de la caracterización de los fenómenos y el rol de la inteligencia policial en el propósito de comprender la interdependencia de las amenazas asociadas al conflicto social y a la violencia; c) describir la reconstrucción social de la afectación a la seguridad pública y, d) presentar Gráfico 17: estadística de Pereira 2010 sobre hurtos, lesiones personales y homicidios. el estado actual de afectación que genera el narcomenudeo a los Fuente: Centro de Investigaciones Criminológicas (CIC), Metropolitana de Policía Pereira ámbitos de(MEPER). protección de la seguridad pública.

La realidad que viven los ciudadanos en la cotidianidad, se configura en un espacio y tiempo (Berger, P. y Luckmann, T. 1999, p. 44), a partir de comportamientos que se hacen comunes a simple vista, es decir, que se perciben por medio de los órganos de los sentidos, pero que no se consideran manifestaciones en tránsito hacia hechos de criminalidad. El desafío que se plantea depende de la capacidad que se tenga para hacer cognoscibles los elementos y ambientes ocultos tras las apariencias, que eventualmente pueden poner en riesgo y convertirse en amenaza para la seguridad de los ciudadanos. Desde esta perspectiva y en un esfuerzo de aproximación al rol (límite y alcance) de la inteligencia policial frente a la actividad de policía,

Narcomenudeo: entramado social del crimen

La interdependencia de los fenómenos que afectan la convivencia

227


POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

se asumió el reto de anticipar las amenazas derivadas del conflicto social que afectan la convivencia, mediante un método que implica la reconstrucción empírica, luego conceptual y por último semántica (Hessen, 2007: p. 10) de la seguridad pública desde la perspectiva institucional, interinstitucional y comunitaria. En tal sentido, fue necesario clasificar los fenómenos en tres grandes grupos para permitir su estudio, primero, los fenómenos asociados al conflicto social; segundo, las manifestaciones de violencia y tercero, los hechos de criminalidad. Sin embargo, es preciso aclarar que en la realidad, estos se aprecian de forma interdependiente. En ese orden de ideas, se elaboró una diferenciación conceptual de cada uno de los grupos de fenómenos antes citados, por cuanto a partir de ellos se configuran las percepciones de inseguridad. Lo anterior pretende argumentar la imperiosa necesidad de comprender la interdependencia de los fenómenos y advertir la importancia que esto tiene para la anticipación, así como la planeación y la prestación del servicio de policía.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Fenómenos de conflicto social: la invisibilidad de las manifestaciones visibles (Seoane, J. y Taddei, E. 2001, p. 62)

228

Las manifestaciones de conflicto social, entendidas como las acciones que alteran el orden colectivo, quebrando o interrumpiendo temporalmente la reproducción de las relaciones sociales entre actores estatales y no estatales, tuvieron su punto de inflexión en la resistencia presentada a los procesos de apertura económica en la década de los ochenta, los cuales fueron abordados por los estados en América Latina desde la lógica de la seguridad nacional, dada la capacidad de desestabilización que tuvieron los movimientos sociales. Este hito marcó el tránsito hacia la sociedad de mercado y los mercados de masa, lo cual reconfiguró las realidades sociales y políticas del comportamiento colectivo. Aun hoy, luego de tres décadas en la mutación de los fenómenos de conflicto que alteran el orden social, estos se perciben aislados, pero en la realidad constituyen un entramado complejo de relaciones difíciles de reconfigurar conceptualmente. Por lo tanto, comprender el conflicto social demanda visibilizar las tensiones, contradicciones y transformaciones que no sólo condicionan, sino que además, deter-


“LA CORDILLERA”: INSTITUCIONALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA CRIMINAL

minan los patrones de comportamiento individual y colectivo, valga decir, la conducta social. Las manifestaciones asociadas al conflicto social no implican necesariamente violencia (Dammert, L. 2010, p. 195), y se aprecian en el ámbito local, desde donde se articulan a redes conformadas por imperceptibles y difusos nodos que configuran esquemas regionales, nacionales, subregionales y transnacionales, a partir de los cuales se desequilibran las relaciones del colectivo y eventualmente desestabilizan las instituciones democráticas del Estado. Estos conflictos sociales hacen tránsito secuencial hacia manifestaciones de violencia, vía por la que se resuelven las diferencias que emergen en la cotidianidad y que hoy es un problema común en las democracias de Latinoamérica.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2002 definió a la violencia como “El uso intencional de la fuerza o el poder físico, de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o un grupo o comunidad, que cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, trastornos del desarrollo o privaciones” (p.5). A su vez, la violencia se puede clasificar en los siguientes tipos: autoinflingida (el individuo contra sí mismo), violencia interpersonal (contra un grupo de personas) y violencia colectiva (contra la comunidad en general) (p. 6-7). Algunas manifestaciones como el suicidio, la violencia doméstica, la violencia escolar y el linchamiento requieren la atención estatal inmediata, pero para ello se debe comprender la interrelación existente entre las mismas. Debe reconocerse que las manifestaciones de violencia se dan en espacios públicos y privados, sin que necesariamente hagan tránsito a comportamientos delictuales. En esta afirmación hay dos elementos importantes: el primero, la inadecuada respuesta de los actores del Estado, que por el desconocimiento de los procedimientos reglados en el derecho de policía identifican al derecho penal como la vía más expedita de actuación. El segundo, es que ante la incomprensión de la violencia se hace inevitable la inobservancia estatal para su prevención. Señala Lucía Dammert (2010) al respecto: “…las violencias refieren a un fenómeno más

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Fenómenos de violencia: no toda violencia se constituye en conducta penal

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extendido y complejo que los hechos criminales, pero muchas veces son interpretadas sólo a partir de aquello considerado criminal…” (p. 195). Entonces como los comportamientos violentos son difusos, diseminados y generalizados, que se arraigan en el entramado de la cotidianidad, se conciben como consustanciales al ser humano, hasta llegar a expresiones de desesperanza por la impotencia que genera la incapacidad de respuesta tanto de las víctimas como del propio Estado. En consideración, hacer frente a las raíces de la violencia exige la actuación especializada y coordinada de las instituciones del Estado, la comunidad y los individuos, por cuanto al no constituirse necesariamente en delito, las consecuencias pueden ser inmediatas o permanecer de manera latente en el tiempo, luego de lo cual pueden evolucionar hacia hechos de criminalidad.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Fenómenos de criminalidad: la base empírica de la inseguridad pública

230

Esas manifestaciones de violencia harían tránsito a conductas tipificadas como delitos, teniendo en cuenta que por criminalidad se entiende el volumen de infracciones cometidas sobre la Ley penal, por individuos o una colectividad en un momento determinado y en una zona determinada. Aquí se identifica un desconocimiento institucional del fenómeno criminal; es bajo esta aseveración que se argumenta la dificultad de respuesta del sistema judicial para hacer frente a fenómenos delictuales como el desplazamiento intra-urbano, el tráfico de armas ligeras (legales y artesanales) y la instrumentalización de menores de edad y adolescentes con fines criminales, sólo por citar algunos ejemplos. Cabe señalar que la dinámica del crimen hoy, no concibe el territorio como un referente espacial, sino como un elemento de poder en el que las organizaciones criminales le disputan al Estado la legitimidad, la cual es proporcionada por los ciudadanos asentados especialmente en sectores marginados, periféricos y populares.


“LA CORDILLERA”: INSTITUCIONALIZACIÓN DE UNA ACTIVIDAD ECONÓMICA CRIMINAL

Tal situación está acompañada de otras percepciones de la comunidad entre las que se destacan: la desconfianza del ciudadano por la inadecuada respuesta del Estado a sus demandas, en términos de tiempo y eficacia; constreñimiento de las organizaciones criminales hacia la “no denuncia”; la libertad concedida a los presuntos criminales en el marco del Sistema Penal Oral Acusatorio (SPOA) lo que se interpreta como impunidad; así como la desarticulación de las instituciones del Estado para la protección y resocialización del menor infractor en el Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes (SIRPA).

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Según los anteriores criterios, sumados al mandato constitucional y legal de protección de los datos personales se procedió en Pereira a realizar la reconstrucción social del narcomenudeo como un fenómeno que afecta la seguridad pública.

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POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

CAPÍTULO V Narcomenudeo: interdependencia de manifestaciones que amenazan la seguridad pública

Narcomenudeo: entramado social del crimen

La expresión narcomenudeo, como neologismo, hace referencia a la venta de sustancias estupefacientes en el subsistema de comercialización del narcotráfico. Como fenómeno está asociado a la categoría de “punto de venta” (referente espacial) donde se presentan las transacciones de compra, venta y consumo de las mismas.

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“Hay que desconfiar de lo que se entiende con absoluta claridad tanto como de lo que no se entiende”. Voltaire


NARCOMENUDEO: UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD PÚBLICA

La reconstrucción social de la afectación a la seguridad pública Narcomenudeo La expresión narcomenudeo como neologismo, hace referencia al fenómeno de la venta de estupefacientes entendida como una actividad económica criminal asociada a la categoría de “punto de venta” en el subsistema de comercialización del narcotráfico. Es decir, narcomenudeo es un concepto que agrupa los hechos concretos, perceptibles y verificables (características de un fenómeno) que se desarrollan durante la venta de estupefacientes (estimulantes, alucinógenos, depresoras y sustitutos). Por afectar la percepción de los ciudadanos en lugares de uso público, abiertos al público y privados (cuando trascienden a lo público), se considera que es un problema público que, además, tiene interdependencia con los conflictos sociales, la violencia y la criminalidad. Las características de este mercado de estupefacientes se enfocan en tres aspectos fundamentales:

2. Monetización: es el momento en el que los productos estupefacientes son intercambiados por el dinero (de origen legal o ilegal) o de manera excepcional por algunos bienes y servicios. Esta actividad tiene efectiva y directa relación con la categoría de costos operativos del subsistema de flujo de capitales del narcotráfico. 3. Consumo: actividad interdependiente con el sistema del narcotráfico a través del componente de demanda, generalmente perceptible, que se desarrolla en espacios de uso público, abiertos al público y privados (eventualmente trascienden a lo público). Tiene como propósito darle utilidad al “producto esperado”, del cual el consumidor final espera el efecto para satisfacer una necesidad según el estado de adicción o dependencia.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

1. Punto de venta: lugar de uso público, abierto al público o privado en el que se realiza la transacción comercial de pequeñas cantidades de sustancias estupefacientes al menudeo entre el vendedor (actor criminal) y el comprador.

233


POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

REPRESENTACIÓN SOCIAL DEL NARCOMENUDEO Criminalidad

151

Compra/venta de estupefacientes

Violencia

37

70

51

Punto de venta

64 Consumo

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Gráfico 22. Enfoque cuantitativo de la representación social del narcomenudeo.

234

El narcomenudeo entendido como el mercado ilegal de sustancias estupefacientes que se manifiesta en el punto de venta, se constiGráfico 19: enfoque cuantitativo de la representación social del narcomenudeo. tuye en un fenómeno que tiene relación con el conflicto social, la violencia y la criminalidad. Esto se confirma por los datos fácticos recolectados en Pereira, que fueron obtenidos durante la aplicación de encuestas y grupos focales a los ciudadanos, servidores públicos de la Policía Nacional y de otras instituciones de carácter oficial y privado. A continuación se presentan los datos cuantitativos que caracterizan la representación social del narcomenudeo y su afectación a la seguridad ciudadana, los cuales se contrastan con los datos cualitativos que caracterizan el estado actual de los ámbitos de protección de la seguridad pública. Los ciudadanos asocian el narcomenudeo con el punto de venta de estupefacientes, las transacciones de compra y venta y el consumo de estupefacientes. Es decir, identifican estos aspectos como agentes causales y generadores de manifestaciones de criminalidad y violencia que afectan su integridad física y psicológica. No logran


NARCOMENUDEO: UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD PÚBLICA

percibir el funcionamiento interno de la comercialización de estupefacientes, pero sí reconocen al narcomenudeo como un fenómeno que impacta la vida cotidiana en distintos escenarios. Por ello, en la perspectiva de los ciudadanos, el narcomenudeo tiene relación con manifestaciones de conflicto social tales como la prostitución (49%), la indigencia (44%), la deserción escolar (35%), el desplazamiento (32%), el reciclaje (27%), los vendedores ambulantes (25%) y la invasión de tierras (19%). El análisis permite destacar el enfoque de modus vivendi que personas destechadas, desplazadas y desarraigadas, le han dado a la comercialización de estupefacientes; para ellos, sin que se pretenda hacer apología, esta actividad ilegal se constituye en una oportunidad para solventar sus necesidades básicas insatisfechas, con la aclaración de que la vinculación a la comercialización se hace de manera consiente.

En la cotidianidad además, se identifican manifestaciones de constreñimiento al consumidor, modalidad empleada por los vendedores de estupefacientes para asegurar la fidelidad del comprador/consumidor. Frente a los residentes de sectores afectados por la comercialización de estupefacientes, la violencia se manifiesta a través de símbolos (señas, grafitis, gestos) y representaciones lingüísticas (expresiones como “sapo”) para constreñir la “no denuncia”. Las agresiones verbales se evidencian entre los usuarios del espacio público, los vendedores (jíbaros) y los consumidores de estupefacientes, quienes se disputan la presencia en referentes espaciales, tales como parques, escenarios deportivos, senderos peatonales, entre otros.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Durante la interacción diaria de los ciudadanos que está signada por el punto de venta, la compra, la venta y el consumo de sustancias estupefacientes, se evidencian distintas manifestaciones de violencia. En este sentido, los ciudadanos relacionan el narcomenudeo con las riñas (45%), la violencia doméstica (44%), la agresividad verbal (40%), el suicidio (39%), las amenazas (39%), la violencia escolar (37%) y las asonadas (9%). Este último aspecto, el de las asonadas, es referido únicamente por la población de funcionarios policiales consultados.

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POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

Estas manifestaciones de violencia hacen tránsito a hechos de criminalidad como el hurto (39%), el homicidio (35%), el tráfico de armas (32%), las lesiones personales (31%), la extorsión (27%), el desplazamiento intraurbano (22%) y el secuestro (21%). No obstante, el factor de atención estatal lo debe representar el asentamiento de las organizaciones criminales en el territorio, las cuales según la percepción del ciudadano son imperceptibles, pero están allí. Es decir, el narcomenudeo en su componente criminal que a priori demuestra la interdependencia de factores y actores, pero se requiere más que una lectura unidireccional y una interpretación unívoca, para orientar la actuación de las instituciones del Estado.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

En Latinoamérica la percepción entre los integrantes de los cuerpos de policía es la misma, no se conoce el fenómeno. El enfoque se refiere a desarrollar actividades de carácter operacional para incrementar los indicadores de incautaciones de las sustancias y las capturas de personas asociadas al problema, que por lo general, son consumidores. El fenómeno de impacto local, está inexplorado desde las instituciones del Estado. Sin embargo, organizaciones no estatales realizan estudios con orientación particular a determinar la prevalencia del consumo y el impacto de las economías (estudios econométricos), y a partir de ellos, se dan orientaciones políticas a los cuerpos de policía para guiar su actuación in situ, frente a la venta ilegal y la posesión de estupefacientes (Ratcliffe et al., 2005, p. 15-32).

236

La lectura anterior, que demuestra la interdependencia de múltiples factores con el fenómeno del narcomenudeo, se complementó con los datos cualitativos que permitieron hacer una aproximación a la afectación de la seguridad pública mediante la caracterización de cada uno de los ámbitos de protección con los datos fácticos recolectados.


NARCOMENUDEO: UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD PÚBLICA

Manifestaciones de Conflicto Social Prostitución

49%

Indigencia

44% 35%

Deserción escolar Desplazamiento

32%

Reciclaje

27% 25%

Vendedores ambulantes 19%

Invasión de Tierras

Gráfico 23. Enfoque cuantitativo de las manifestaciones de conflicto social asociadas al narcomenudeo.

Manifestaciones de Violencia Riñas

45%

Violencia doméstica (familiar)

44%

Agresión Verbal

40%

Suicidio

39%

Amenazas

39%

Violencia escolar Asonadas

37% 9%

Gráfico 24. Enfoque cuantitativo de las manifestaciones de violencia asociadas al narcomenudeo.

Manifestaciones de Criminalidad

35%

Homicidio

32%

Tráfico de armas

31%

Lesiones Personales 27%

Extorsión Desplazamiento intraurbano Secuestro

22% 21%

Gráfico 25. Enfoque cuantitativo de las manifestaciones de criminalidad asociadas al narcomenudeo.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

39%

Hurtos

237


POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

Estado actual de los ámbitos de protección de la seguridad pública El narcomenudeo como fenómeno que afecta la seguridad pública, estimula una diversidad de manifestaciones que son percibidas por los ciudadanos y que perturban la convivencia. “La Cordillera” establece un nuevo orden social para maximizar ganancias utilizando diferentes actividades de economía criminal entre ellas el narcomenudeo; por esta razón se considera la principal amenaza para el ejercicio de los derechos y libertades públicas en algunos sectores de Pereira. Con esta perspectiva, se presenta el siguiente análisis en el que se elabora una interpretación de afectación a los ámbitos de la seguridad pública y se citan textualmente algunas expresiones hechas por los ciudadanos indagados en esta investigación.

Seguridad nacional Dimensión Interna

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Estado actual de la soberanía del Estado: el actor criminal promueve la desconfianza en las relaciones entre ciudadano-ciudadano, ciudadano-comunidad y ciudadano-Gobierno, como mecanismo para desarticular los lazos y vínculos de los asociados con el Estado, en procura de hacerse reconocer como autoridad, lo cual se logra, además, por coacción.

238

Amenazas: en este aspecto se precisa que si bien los comportamientos citados amenazan la legitimidad del Estado, los ciudadanos no lo consideran así y algunas expresiones citadas aquí son de reconocimiento a “La Cordillera”. Las reglas de comportamiento (horarios, fronteras imaginarias), los mecanismos de violencia y criminalidad para mantener el orden social por parte de la organización criminal, “La Cordillera” manda en el barrio, imponen cuotas extorsivas a manera de tributo, cooptación de negocios legales con enfoque monopolístico; impiden o restringen el acceso de servidores públicos a determinados barrios (facilitan el acceso de manera condicionada), limitan el acceso de los servidores que prestan servicios públicos (recolección de


NARCOMENUDEO: UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD PÚBLICA

basuras, agua, energía eléctrica y teléfonos). “La Cordillera” cree que tiene el control de todo, algunos ciudadanos consideran la venta de estupefacientes como un trabajo, coacción de “La Cordillera” para que no se cometan delitos cerca de los puntos de venta y no se agreda al comprador/consumidor, impiden la denuncia para evitar el ingreso y la actuación de las autoridades del Estado en el territorio. Estado actual del régimen constitucional: la estimulación al incumplimiento de las normas del Estado por parte de “La Cordillera” converge en que los ciudadanos identifiquen los actores del Gobierno, pero no acaten su autoridad. Es decir, el actor criminal busca la interdicción del ordenamiento jurídico para reemplazarlo de facto a través del establecimiento de reglas y mecanismos que faciliten la implantación de un nuevo orden social y subvertir el orden económico en lo local. Amenazas contra la norma: “La Cordillera” estimula el incumplimiento de las reglas y normas del Estado, actúan contra la dignidad humana establecida en la constitución mediante la vulneración de derechos como la locomoción, la expresión y el desarrollo de la personalidad, así como estimular a los ciudadanos para que incumplan las reglas y las normas del Estado.

Amenazas contra la legalidad de la norma: quieren igualar a la fuerza pública, desregular el mercado para asegurar el funcionamiento del negocio ilegal y se creen con la autoridad de “gobernar” un territorio. Estado actual del orden constitucional: tomando como referencia a la Policía Nacional y a la necesidad de que su estructura esté funcionando eficientemente se requiere de la protección institucional para el cumplimiento de su fin constitucional. Esa protección institucional se entiende como las condiciones suficientes para su existencia en el contexto del marco normativo y el plano práctico para la efectividad en la prestación del ser-

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Amenazas contra la validez de la norma: no temerle a la judicialización; capacidad de corrupción, estimular las asonadas contra los oficiales de cumplimiento de la Ley y evitar la acción policial.

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POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

vicio público de policía. El presente ámbito está integrado por la integridad policial, la estabilidad institucional y la seguridad operativa. En este sentido, la ejecución de procedimientos policiales en los entornos del punto de venta y áreas de consumo de estupefacientes, se presentan situaciones que atenten contra la protección institucional. De igual forma, existe una ruptura de la relación entre la Policía Nacional y la ciudadanía por efectos del entramado social que se genera alrededor de esta problemática. Para terminar, actualmente el depositario de la responsabilidad para el tratamiento del problema del narcomenudeo es el policía de la vigilancia, que en medio de ingentes esfuerzos persigue resultados operaciones para cumplir con las exigencias de las TAMIR (Tablas de Acciones Mínimas Requeridas).

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Por otro lado, las medidas que ha tomado el Legislativo para prohibir el porte y consumo de sustancias estupefacientes y sentencias de la Corte Constitucional y la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, terminan por favorecer en el territorio las actividades relacionadas con la comercialización de las mismas y profundizan las dificultades en la atención operativa por parte de la Policía Nacional.

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Amenazas: colisión normativa entre el Acto legislativo 02 de diciembre 2009 que adicionó el artículo 49 de la Constitución Nacional prohibiendo el consumo de sustancias estupefacientes y la sentencia C-422 de 1992 de la Corte Constitucional que ampara la despenalización de la dosis mínima. Decreto de libertad dictado a portadores de estupefacientes y posterior archivo de la investigación que ordenan los Fiscales soportados en que no existe comisión de ningún delito por cuanto, para esos casos específicos, se presenta antijuridicidad material porque no hay un palpable principio de lesividad al bien jurídico tutelado. Amenazas contra la Policía Nacional: apatía del ciudadano al contacto con el policía, intimidan a quienes tienen contacto con la fuerza pública, “La Cordillera” no consiente que los ciudadanos residentes cerca del punto de venta se relacionen con los integrantes de la fuerza pública.


NARCOMENUDEO: UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD PÚBLICA

Estado actual de la integridad policial: la función primaria de prevención y las subsidiarias de educación y sociabilidad que debe desarrollar la policía de prevención, están relegadas por las múltiples responsabilidades que deben atender las patrullas de vigilancia en cuanto a resultados operacionales. Existen situaciones aisladas donde se presentan desviaciones de las actitudes y cualidades personales de los funcionarios policiales. Amenazas: demoras en los procesos de judicialización por venta o porte de estupefacientes que implican la desprotección del cuadrante, pérdida de confianza y credibilidad en la prestación del servicio de policía, ofrecimientos de dádivas por parte de las personas comprometidas en la venta de sustancias estupefacientes, manifestaciones de corrupción administrativa y operativa, uso ilegítimo de la fuerza.

Amenazas: ruptura de la relación entre la Policía Nacional y los ciudadanos, asumir responsabilidades que les competen a otras instituciones, especialmente en lo relacionado con el tratamiento de los consumidores (policialización); manifestaciones de violencia y criminalidad propiciados por el actor criminal, desmotivación de las personas para denunciar las situaciones asociadas a la comercialización de estupefacientes, protección de bienes a los que se les ha aplicado extinción de dominio, impacto en el Subsistema de Seguridad Social de la Policía Nacional por el impacto del consumo de sustancias estupefacientes. Estado actual de la seguridad operativa: existen riesgos para la existencia y conservación de los activos propios de la Policía Nacional, específicamente porque algunos funcionarios policiales son objeto de amenazas por parte de personas dedicadas a la comercialización de estupefacientes debido a los procedimientos que realizan en su contra. Esta misma situación es sufrida por

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Estado actual de la estabilidad institucional: la Policía Nacional es la institución del Estado que de forma cotidiana se enfrenta a la problemática generada por la comercialización de sustancias estupefacientes. Se percibe ausencia de coordinación, subsidiaridad y complementariedad de las demás instancias de gobierno para el tratamiento de esta amenaza a la seguridad pública.

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POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

los entornos familiares que en algunas oportunidades residen en barrios donde existen puntos de venta de las sustancias. Por otro lado, no se cuentan con instalaciones y medios que permitan la Amenazas: denuncias de supuestas violaciones a los derechos humanos, abuso o extralimitación contra los funcionarios policiales que actúan efectivamente contra las personas comprometidas en el narcomenudeo, amenazas contra los policías de la vigilancia o sus núcleos familiares por parte de las organizaciones dedicadas a la comercialización de estupefacientes, asonadas contra las patrullas que atienden motivos de policía en los puntos de venta, presiones del actor criminal para que se presenten desplazamientos intraurbanos de los uniformados, ausencia de mecanismos y protocolos para almacenar sustancias estupefacientes como resultado de los procedimientos policiales.

Seguridad ciudadana Dimensión individual

Narcomenudeo: entramado social del crimen

“La Cordillera” recurre a la coacción mediante el uso de la violencia y la criminalidad para modificar el comportamiento individual de los ciudadanos como componente fundamental del proceso de institucionalización expansivo. Entendiendo por ello, la implementación de un nuevo orden social que favorezca la imbricación de la sociedad en el negocio criminal para lograr la maximización de las ganancias.

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La modificación del comportamiento individual se precisa desde los ámbitos de la vida, la integridad personal y el patrimonio, que a su vez cita el estado actual y las manifestaciones generadas por el narcomenudeo que se constituyen en amenaza para los ciudadanos. Estado actual de vida: el ciudadano condiciona su comportamiento individual mediado por la intimidación que lo obliga a asumir una actitud de autoprotección para no ser víctima de homicidio o para no inducir a otro al suicidio. Amenazas: homicidio (sicariato), suicidio.


NARCOMENUDEO: UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD PÚBLICA

Estado actual de integridad personal: este ámbito que se subdivide en lo anatómico, lo psicológico y el aspecto moral, contempla la afectación desde tres perspectivas: la primera, el daño anatómico (neurológico) causado por el consumo, la segunda, el miedo como mecanismo de institucionalización de reglas de comportamiento social y la tercera, el involucramiento constreñido o consentido de los ciudadanos en actividades de economía criminal. Estado actual de lo anatómico: las agresiones contra la integridad física se aprecian desde dos ámbitos, por un lado las acciones de violencia interpersonal que desarrollan los integrantes de “La Cordillera” contra los ciudadanos y por el otro, el daño que los estupefacientes le causa a los consumidores activos (auto-inflingido) y pasivos.

Estado actual de lo psicológico: los eventos asociados a la venta y consumo de sustancias estupefacientes adquieren naturalidad para algunos ciudadanos, pero en otros generan desasosiego y comportamientos de autoprotección. La intranquilidad y el miedo por las consecuencias que genera el narcomenudeo, no sólo produce preocupación por la protección individual, sino que se extiende y hasta se prioriza la colectiva, entendida como familiares y amigos. Amenazas: enfrentamientos (balaceras, balas perdidas), miedo (al negocio ilegal, a la actitud de los integrantes de la organización, por ser testigos -víctimas o por referencia- de los delitos, a los lugares de venta, a que le ocurra algo a los integrantes de la familia, a ser agredido físicamente), el consumo de estupefacientes, el porte de armas por los delincuentes, la violencia simbólica y no verbal (señas, grafitis, mirada de los vendedores y consumidores) e interpersonal (agresión física), ver episodios de consumo o la persona bajo los efectos de sustancias estu-

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Amenazas: los olores de las sustancias estupefacientes, la violencia interpersonal (agresión física), la drogadicción, las lesiones personales, la inducción al consumo de sustancias estupefacientes, el secuestro y el acceso carnal violento generalmente contra las mujeres.

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pefacientes, los escándalos callejeros generados por las riñas, baja autoestima, intranquilidad y temor a las represalias. La marca “La Cordillera” representa peligro, sensación de inseguridad, percepción de corrupción y temor al desplazamiento intraurbano. Estado actual de lo moral: la modificación del comportamiento individual advierte la institucionalización (ideológica y de valores) de un nuevo orden social por parte de “La Cordillera”. Los ciudadanos modifican su expectativa de desarrollo individual constreñidos por las reglas impuestas por el actor criminal. Amenazas: el constreñimiento de la organización, aceptación consentida o coaccionada de las reglas de control territorial (ley del silencio, no transitar en algunos sitios, cumplir horarios), modificar los comportamientos, amenaza que genera sensación de peligro, pérdida de valores y desarrollo de antivalores (los valores impuestos por “La Cordillera”) y favorecimiento o vinculación a la actividad económica criminal.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Estado actual del patrimonio: la actividad económica y las propiedades legales que constituyen el patrimonio de los ciudadanos, son explotados por la coacción como fuente de financiación por el actor criminal. Así mismo, los ciudadanos son constreñidos para que de manera directa o indirecta se involucren en la dinamización de la actividad económica criminal.

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Amenazas contra los bienes: el hurto (bajo los efectos o para financiar el consumo de sustancias estupefacientes), expropiación ilegal forzosa de bienes, desregularización de los mercados, la extorsión (exigencia de cuotas de seguridad a transportadores, residentes y comerciantes), amenaza contra los empleados de empresas privadas que proveen comestibles, mensajeros y taxistas, obligar a alquilar predios, la invasión de terrenos, así mismo, la presencia de los vendedores y consumidores de estupefacientes afecta la llegada de los clientes a las tiendas. Amenazas por las obligaciones: exigencia del pago de deudas, gotagota.


NARCOMENUDEO: UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD PÚBLICA

Dimensión colectiva La dinámica de la criminalidad generada por el narcomenudeo está condicionada por el mayor o menor nivel de instalación de la hegemonía de una organización criminal. Las instituciones del Estado disponen de indicadores de criminalidad para leer la afectación generada por un actor criminal, pero carecen de mecanismos o instrumentos para leer la institucionalización de las actividades económicas criminales. Es decir, de la ilegalidad y su impacto en la descomposición del tejido social, lo cual se identifica como el principal riesgo de afectación al ordenamiento jurídico y deslegitimación del Estado ante sus asociados. “Estamos ante la realidad de un Estado [en algunos sectores urbanos] cooptado por determinados grupos vinculados al narcotráfico” (García, M. 2010, pp. 82-91).

Estado actual de la cohesión social: este ámbito se subdivide en los aspectos de capital social (redes comunitarias), integridad social (beneficio comunitario), inclusión (participación en la toma de decisiones) y ética social (comportamiento social). En este ámbito se destaca que la construcción de tejido social está en riesgo, en razón a que “La Cordillera” ha estimulado la desconfianza entre los ciudadanos, lo que repercute en la pérdida de identidad y pertinencia con lo que antes se consideraba la propia comunidad, desestimula la organización comunitaria dado que algunos habitantes del barrio (en crecimiento exponencial) comparten intereses con esta organización narcotraficante. Estado actual del capital social (organización comunitaria): la naturaleza social del individuo entra en tensión por la ruptura de la pertinencia e identidad que el actor criminal impone al condicionar y determinar la conducta social frente a los intereses comunes.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

La modificación del comportamiento colectivo está constituida por relaciones sociales genuinas, concretas y visibles, dotadas de una fuerza imperativa y coercitiva que no sólo condiciona, sino que determina la interacción de los ciudadanos en la cotidianidad. Desde esta perspectiva se convierten en una representación social producto de la construcción social de la realidad local. Quien se oponga a la nueva conducta social es sujeto de “sanciones” por los demás ciudadanos o por la fuerza coactiva de “La Cordillera”. En esta dimensión se expone el estado actual del ordenamiento jurídico, la legitimidad de las instituciones del Estado y la cohesión social.

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35,6%

“La Cordillera” 23,7%

Los consumidores No sabe - no responde

16,9%

Los Vendedores (jíbaros)

16,9%

Las pandillas Otros Grupos Armados Ilegales (GAI)

5,1% 1,7%

Gráfico 26. Actores que amenazan la seguridad pública.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Amenazas: control territorial impuesto por “La Cordillera” (las fronteras imaginarias, la fijación de reglas de comportamiento), desplazamiento intraurbano, violencia escolar y de género; confrontación entre vecinos (agresiones físicas y verbales), represalias por parte de integrantes de “La Cordillera”, conformación de pandillas, no se siente libertad, existencia de escuelas de sicarios, el consumo de estupefacientes por algún integrante de la familia causa la desarticulación del núcleo familiar (divorcio), temor a Gráfico se 23: actores la seguridad ciudadana. de estupefaque un familiar inicieque o amenazan lo induzcan al consumo cientes, desconfianza entre vecinos, amigos y familiares (precaución para no ser víctima de hurto); instrumentalización criminal de menores de edad, cooptación de las pandillas y la delincuencia común por parte de “La Cordillera” y negocios fachada.

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Estado actual de la integración social (protección del interés colectivo): el narcomenudeo profundiza y agrava las manifestaciones de conflicto social que inducen a la desintegración del colectivo, por la actuación predatoria mediada por los intereses económicos, en donde el bienestar compartido es superado por los beneficios individuales. Amenazas: la ocupación del espacio público (personas que no viven en el barrio, presencia de vendedores y consumidores, habitantes de calle e indigentes, ubicación de puntos de venta), inasistencia a parques y escenarios deportivos y alquiler ilegal


NARCOMENUDEO: UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD PÚBLICA

de los mismos, la violencia comunitaria (vandalismo, confrontación entre pandillas, riñas), el rechazo social, la intolerancia, la violencia doméstica, la drogadicción, la deserción escolar, los embarazos prematuros, “acepto la venta porque vivo en el lugar de venta y no tengo para donde irme”, infundir terror en el barrio, la degradación del narcomenudeo como problema público, desarraigo al territorio. Estado actual de la inclusión social (participación en decisiones que afectan a los ciudadanos): desestimular la organización comunitaria y la participación ciudadana para entorpecer la gestión política en proyectos de interés general, a través de los cuales se afecten las condiciones que favorecen la apropiación del territorio por parte de “La Cordillera”. Así mismo, las manifestaciones de desorden social se constituyen en una de las causas para que los residentes de algunos sectores de Pereira, se sientan estigmatizados y etiquetados (rechazados o excluidos) por ciudadanos de otros barrios; esto a su vez incide en la desvalorización de los bienes inmuebles y comerciales.

Amenazas: señalamiento negativo hacia los habitantes del barrio donde se ubican los puntos de venta (le dan mala reputación al barrio, mala percepción de seguridad), desplazamiento y agresión contra los Presidentes de las Juntas de Acción Comunal, exclusión social, cooptación del presupuesto participativo, impedir la participación en proyectos de oferta institucional del Estado. Estado actual de la ética social: el comportamiento colectivo de los ciudadanos está tensionado entre quienes rechazan el narcomenudeo y los que comparten intereses con el actor criminal. Es

Narcomenudeo: entramado social del crimen

El desorden social propiciado por el narcomenudeo también impacta negativamente el arraigo y la pertenencia que los residentes no propietarios pudieran tener con el lugar de domicilio. Es decir, el ciudadano al sentir miedo no participa de la vecindad, opta por el aislamiento en razón a la desconfianza y, una vez tenga la oportunidad, trasladará su lugar de domicilio, de acuerdo a lo expresado por algunos ciudadanos.

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decir, los principios y valores insertados en la cultura tradicional se modifican al determinar y condicionar el comportamiento colectivo ante el fenómeno. Por lo tanto, se arraigan idearios que favorecen la expansión e institucionalización del narcomenudeo por la falta de una identidad que rechace su existencia, logrando con ello, disminuir la intensidad de la fricción social. Amenazas: indiferencia (no meterse en problemas, no lo afecta, me conocen, no percibe el problema, adaptarse a la situación, resignarse, no le interesan los consumidores), la no denuncia (ley del silencio), lo que los niños ven, lo aprenden; ocupación remunerada de los jóvenes, la autoprotección o percepción de protección individual, estar de acuerdo con la venta de estupefacientes (porque es vendedor de estupefacientes, porque un familiar consume, porque él consume, porque los que venden son amigos o familiares), acepto la venta de estupefacientes porque me beneficio (no roban y “La Cordillera” presta seguridad).

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Luego de este panorama que se acaba de describir se ratifica lo expuesto por Émile Durkheim (1994), “He aquí, un orden de hechos que presentan caracteres muy especiales: consisten en maneras de obrar, de pensar y de sentir, exteriores al individuo, y están dotadas de un poder coactivo, por el cual se le imponen” (p. 18). La descripción de estos hechos sociales poseen una vitalidad imperativa para los ciudadanos que deben vivenciarlos. Tiene carácter impositivo y se hacen de aplicación general sobre los cuales se prefiere no discutir ni cuestionar.

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Las organizaciones criminales dedicadas a la comercialización de estupefacientes plantean retos al Estado en la garantía de la seguridad pública desde aspectos tales como la actuación judicial, la atención a las manifestaciones de conflicto social, de violencia y de criminalidad; así como la planeación estratégica del Estado para la formulación de política pública frente a esta amenaza. En el ámbito de la actuación judicial la comprensión del fenómeno incide en aspectos relevantes para impactar de manera efectiva a las organizaciones narcotraficantes tales como:


NARCOMENUDEO: UNA AMENAZA A LA SEGURIDAD PÚBLICA

- Mayor protagonismo del sistema judicial para desequilibrar la armonía que existe en el sistema de producción de capital del narcotráfico. - Orientar la investigación criminal a la judicialización de las personas comprometidas en los aspectos estratégicos de la comercialización de estupefacientes donde hay estructuras organizadas y no solo en los vendedores (jíbaros). - Controlar el desdoblamiento de las pandillas con las cuales se busca ampliar la cobertura en el territorio y controlar la comercialización de estupefacientes. - Intervenir la consolidación del crimen subregional a través de organizaciones que controlan la comercialización de estupefacientes en el ámbito inter-fronterizo con otros Estados.

La actuación y atención del Estado con respecto a los fenómenos de conflicto social, de violencia y de criminalidad requieren un tratamiento diferencial, pero complementario, y la elaboración de un análisis interdependiente como se manifiesta en la realidad. Esto determina la planeación estratégica, táctica y operativa de las instituciones del Estado para garantizar la adecuada respuesta a las demandas de seguridad de los ciudadanos. Los fenómenos de conflicto social y de violencia se deben abordar desde la actividad de policía, mientras las manifestaciones de criminalidad se atienden desde la actividad de policía judicial. Por su parte, las necesidades básicas insatisfechas (NBI), se constituyen en factor de análisis para la comprensión de las distintas manifestaciones de afectación a la convivencia, pero no como elemento exclusivo de perturbación.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Además las diferencias conceptuales y la desalineación del ordenamiento jurídico en relación con la prohibición del consumo (artículo 49 de la Constitución Política de Colombia), dificultan la unidad de criterio frente a la comprensión del fenómeno en su componente criminal, es decir, aún falta consenso para enriquecer el vocabulario técnico de los elementos constitutivos del narcomenudeo.

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Desde la primera perspectiva, la actividad de policía asesorada por la inteligencia policial, en coordinación con el Gobierno se concentraría en la coproducción de seguridad a partir de la prevención comunitaria, situacional y social. Respecto de la actividad de policía judicial se requiere la producción de inteligencia criminal y a partir de ella, incidir en la formulación de la política criminal. Luego, se puede concluir que la inteligencia policial y la criminal guardan estrecha interdependencia y complementariedad, aun cuando cumplen un rol diferente.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

La incomprensión del fenómeno del narcomenudeo dificulta la planeación estratégica del Estado para su tratamiento y por ende, desborda la capacidad de respuesta de las instituciones. Ello significa que lo que estas enfrentan hoy, solo muestran la punta del iceberg. Esta afirmación representa que el desconocimiento del narcomenudeo incide de manera directa en la in-gobernabilidad de la seguridad pública por parte del Estado. Esto en razón a que probablemente las entidades estatales no estén generando valor público (Kelly, G., Muers, S. y Mulgan, G. 2002, p.7), lo que implica que la legitimidad formal está en riesgo frente al actor criminal que se impone de manera material.

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También se puede interpretar que puede haber in-gobernabilidad de la seguridad pública por la baja interacción y la descoordinación de los actores estatales y no estatales, para tratar las diferentes manifestaciones que caracterizan el narcomenudeo. No obstante, esa situación tiene su origen, entre otros aspectos en el diseño de la política pública, porque no se realiza bajo una concepción integral del problema público y por ende, en la implementación se evidencia baja coordinación interinstitucional y participación ciudadana frente a las manifestaciones del narcomenudeo (conflicto social, violencia y criminalidad) como un todo. Al intentar una especie de colofón de este capítulo, se advierte que este análisis no agota la discusión, sino que pretende convocar a las autoridades político-administrativas, a la comunidad académica, a la Policía Nacional de Colombia y a los cuerpos de policía de Latinoamérica para iniciar un debate que permita comprender mejor el narcomenudeo como un fenómeno del narcotráfico, que afecta no sólo la seguridad, sino la convivencia de los ciudadanos que lo sufren en toda su dimensión.


DESTERRITORIALIZACIÓN DEL CONTROL SOCIAL ESTATAL

CAPÍTULO VI Desterritorialización del control social estatal

“Las prácticas sociales pueden llevar a engendrar dominios de saber que no sólo hacen que aparezcan nuevos objetos, conceptos y técnicas sino que hacen aparecer, además, formas totalmente nuevas de sujetos y sujetos de conocimiento”. Michel Foucault

Narcomenudeo: entramado social del crimen

La apropiación y explotación del territorio sugiere relaciones de poder y hegemonía que el actor criminal desarrolla, con el fin de adecuar las condiciones favorables para la comercialización de estupefacientes. El control social que demanda condiciones regladas como mínimos de interacción humana en los entornos urbanos, se convierte en una herramienta de poder que los criminales usan para imponer normas de comportamiento.

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Desterritorialización del control social estatal Es necesaria, a la luz del concepto de valor público, una alineación entre la prestación del servicio, la confianza como forma de reconocimiento social y los resultados en términos de impacto. En Pereira, la Policía Nacional es reconocida por los ciudadanos como la autoridad encargada de garantizar el control social, pero el nuevo orden institucionalizado por el actor criminal puede influir en el bajo impacto de los resultados que en términos de prevención buscan las instituciones del Estado en el tratamiento de los problemas públicos.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Por lo tanto, la Policía Nacional por sí sola no genera valor público frente a un problema complejo como es el narcomenudeo que demanda la concurrencia, coordinación y subsidiariedad de las instituciones del Estado. Esto bajo el entendido de que para remover todas las manifestaciones que tiene el actor criminal en el territorio, le corresponde a la generalidad del Ente de Policía actuar de acuerdo al ámbito de responsabilidad que tiene. Además, porque no son cosas insignificantes, sino rupturas estructurales en la concepción de sociedad y del ejercicio material del control social como se verá en adelante.

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La desterritorialización: una realidad palpable en Pereira Una vez analizado el caso de estudio en la ciudad de Pereira donde la organización “La Cordillera” institucionalizó en el territorio y en el colectivo la comercialización de sustancias estupefacientes como medio para la monetización de los productos del narcotráfico, se entrará a profundizar en los aspectos inherentes a la forma material como esto influye en la desterritorialización del control social estatal, lo que constituye la tesis principal de esta investigación.


DESTERRITORIALIZACIÓN DEL CONTROL SOCIAL ESTATAL

Inicia esta argumentación señalando que el hombre necesita un territorio para desarrollar su vida plenamente. La sociedad como ente organizacional colectivo, necesita de la territorialización, proceso de dominio económico y político, así como de apropiación en los aspectos simbólicos y culturales vitales para los grupos humanos (Haesbaert, R. 2007). Cada disputa por el territorio trae implícitos complejos procesos sociales de desterritorialización por la lucha de poderes, y por esa línea, una vez removidos los vestigios de hegemonía, un proceso de re-territorialización, luego de establecer un sentido propio.

El fuerte anclaje que tiene el territorio en las personas, está dado porque este no solamente es tierra, sino que allí se encuentran, articulan y fundan las relaciones sociales históricamente construidas. Por lo tanto, “el territorio puede ser relativo a un espacio vivido, así como a un sistema percibido en cuyo seno un sujeto se siente en su casa. El territorio es sinónimo de apropiación, de subjetivación encerrada en sí misma”. (Guattari, F. y Rolnik, S. 2006, p. 372). El anclaje descrito se encuentra fracturado por las manifestaciones de poderío y dominación que desarrollan actores ilegales en oposición a la institucionalidad formal. La existencia del fenómeno del narcomenudeo en la ciudad de Pereira es ante todo un problema público, que por su origen e impacto multicausal se materializa en los espacios geográficos, en las interacciones humanas y en las relaciones de poder y hegemonía que impone un actor criminal. Al respecto, David Harvey (1998, p. 250) señala que “las relaciones de poder están siempre implicadas en prácticas espaciales y temporales”. Estas relaciones de poder pueden presentarse tanto de forma material como simbólica, y son el resultado de la adecuación de un espacio que se construye diferen-

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Se debe pensar entonces que la territorialización, la desterritorialización y la re-territorialización a partir del accionar de “La Cordillera” que lidera la comercialización de estupefacientes, son procesos concomitantes, fundamentales para comprender las prácticas humanas referidas en la ciudad de Pereira. Con este enfoque y tomando como guía el marco teórico, a continuación se realiza la interpretación de los hechos y las percepciones sobre la que se reconstruyó la realidad.

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cialmente según vivencias, percepciones y concepciones particulares de los individuos, grupos y clases sociales que lo conforman.

Entramado social del crimen y desterritorialización del control social En las zonas de Pereira, donde se concentran los puntos de venta de estupefacientes, estas se han convertido en escenarios donde la institucionalidad disputa su permanencia y hegemonía, porque el actor ilegal por medio de acciones de violencia, coerción y criminalidad, impone normas de comportamiento que terminan siendo aceptadas por esa coacción, e incluso por consentimiento o por mera indiferencia, lo que se materializa en poder, y que en últimas, hace parte de lo que aquí se ha denominado entramado social del crimen, es decir, la des-configuración y la re-configuración de la cohesión social para favorecer la institucionalización de proyectos económicos y políticos con fines criminales, lo que de hecho afecta la gobernabilidad en las ciudades.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Dicho de otra forma, cuando se aplica una serie de acciones para la imposición de condicionamientos y normas que van en contravía de las legalmente establecidas afectando las instituciones de la sociedad, con el propósito de condicionar y determinar el comportamiento de los ciudadanos de sectores específicos de la ciudad, estas se convierten en un medio complementario para facilitar y potenciar la amenaza de la comercialización de estupefacientes. Este panorama supera las valiosas advertencias de Isaac Beltrán y Elkin Velásquez (2012) proponen, porque no es un proceso de aprendizaje sino de internalización:

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... la lucha contra el crimen se convierte en una línea de acción clave en promoción de la cohesión social. Si el control del crimen no se convierte en una prioridad de los Estados entonces la democracia misma puede estar en riesgo como consecuencia del apoyo masivo de la sociedad hacia las soluciones basadas en la autoridad o, lo que es peor, la sociedad puede aprender a convivir con las organizaciones de bandidos que regulan la oferta de bienes y servicios en el barrio (p. 81).

El resultado es un proceso de afectación en lo político (intervención en los procesos de integración e inclusión social para la toma de decisiones colectivas y el aprovechamiento del bienestar que brinda


DESTERRITORIALIZACIÓN DEL CONTROL SOCIAL ESTATAL

el Estado), lo económico (dineros derivados de actividades criminales insertados en el sector real de la economía local, instrumentalización de los ciudadanos como fuerza laboral y trabajadores), lo territorial (expansión geográfica del fenómeno, aprovechamiento de espacios de uso público como puntos de venta), y sobre el control social (normas de obligatorio cumplimiento, imposición de sanciones, autoridad por coacción), con componentes de apropiación simbólicos y culturales de los espacios locales. En otras palabras, las manifestaciones de poder ejercidas por el actor criminal, como planteaba Michel Foucault (2004), están circunscritas por múltiples mecanismos y procedimientos sistemáticos de imposición contra determinados colectivos. No solo se trata de una consecución creciente y dinámica de ganancias producto de la comercialización de sustancias estupefacientes y otras actividades económicas criminales, sino que el fin es asegurar el poder dentro del territorio y al interior de las interacciones y apropiación que hacen las personas asentadas en las zonas donde se desarrolla el fenómeno del narcomenudeo.

Los procesos de territorialización del Estado, hasta hace poco se consideraban, por encima de todo, que eran efectivos de derecho, bajo el entendido de que el cuerpo normativo y el sometimiento al contrato social por parte de los ciudadanos, garantizaban el control social. Adicionalmente, los procesos de hecho, se tenían por dados, teniendo como fundamento el carácter de validez por la respuesta exclusiva a los referentes territoriales, que tradicionalmente se consideraban como tal. No obstante, la evidencia demuestra que entre las autoridades del Estado de los diferentes órdenes la vida en sociedad en un territorio, a pesar de estar en permanente fluctuación y movimiento, no dimensionan el impacto de los cambios. Los sistemas sociales, por lo tanto, tienen vida propia y una lógica que por lo general los entes

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Además de la institucionalización y estructuración del entramado social del crimen como una forma de intervenir la cohesión social y adecuar las relaciones sociales para el desarrollo de actividades económicas criminales.

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del Estado desconocen. Esta constante transformación tiene como agentes generadores y transformadores al hombre o a la naturaleza. Así las cosas, lo que el narcomenudeo demuestra en la ciudad de Pereira es que los referentes territoriales están determinados y marcados por interrelaciones, vivencias, actores, fenómenos y procesos complementarios que impactan el sentido de territorialidad, conllevando a la alteración del orden social tradicionalmente concebido. En este sentido, la problemática territorial que conduce a la desterritorialización está dada en parte, por las limitaciones de la actuación estatal desde el plano nacional, departamental y municipal.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Por lo tanto, los integrantes de “La Cordillera” haciendo uso del poder que les genera el monopolio de la comercialización de estupefacientes en interdependencia con otras actividades económicas criminales, inicialmente lo que ejecutan es un proceso de territorialización donde juegan un papel determinante las relaciones de poder, coacción, control y el ejercicio de la violencia como opciones expresadas sobre las condiciones sociales que tienden a regular. Dicho de otra forma, cuando se aplica una serie de acciones para la imposición de condicionamientos y normas que van en contravía de las legalmente establecidas afectando las instituciones del Estado, dirigidas a condicionar y determinar el comportamiento de los ciudadanos de sectores específicos de la ciudad, estas se convierten en un medio complementario para facilitar y potenciar el fenómeno del narcomenudeo. El resultado es un proceso de afectación en lo político, lo económico, lo territorial y sobre el control social, con componentes de apropiación simbólicos y culturales de los espacios locales.

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Lo anterior se manifiesta en procesos de institucionalización que no eran percibidos por el Estado como una forma para entender el asentamiento de organizaciones criminales en determinados espacios. Tales circunstancias son una derivación de limitadas acciones proactivas que no anticiparon las realidades ni la atención integral por medio de actividades de contención o neutralización de esos procesos eminentemente sociales que terminaron por afectar el control social estatal. La reflexión que se plantea está orientada a lograr que el enfoque de la actividad estatal detecte y monitoreé los


DESTERRITORIALIZACIÓN DEL CONTROL SOCIAL ESTATAL

procesos de institucionalización de los grupos ilegales asociados a las actividades económicas criminales.

En consecuencia, “La Cordillera” de forma sistemática y progresiva ha conseguido afectar, influenciar y controlar la cotidianidad de las personas, los fenómenos urbanos y las relaciones inherentes a la vida social, mediante la imposición de controles en áreas geográficas delimitadas y específicas. Se percibe cómo un territorio, termina sometido a unos códigos de comportamiento y comunicación que delimitan fronteras reales o “invisibles”, por medio de formas de coacción y control. Debe aclararse que no siempre ese sometimiento es forzado por medios violentos, ya que en no pocas ocasiones, algunos ciudadanos, de forma consciente o inconsciente, reconocen que terminan bajo el poder imperante de forma consentida, pero como respuesta al temor generalizado, e incluso, por indiferencia. Este proceso de territorialización nunca acabado, se mantiene por medio de una vigilancia y seguimiento permanente, que profundiza su alcance con retroalimentación constante para perfeccionar los medios y mejorar los resultados. La organización criminal “La Cordillera” a través de la ascendencia de integrantes desmovilizados de las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), aliados con delincuentes comunes y organizados, recogieron el legado de criminalidad e imposición de control territorial que llegaron a tener las AUC hasta antes de su desmovilización. En el marco del conflicto colombiano es reconocida la capacidad que tuvo esta organización para incidir en el control municipal y la penetración en aspectos locales de tipo político, económico y social,

Narcomenudeo: entramado social del crimen

A pesar de que no se trata de una posesión de facto respecto de la institucionalidad estatal por parte de “La Cordillera”, sí hay interferencias a través de la coacción y la violencia para el ejercicio de ella por parte de los entes y funcionarios que representan al Estado. Por supuesto que las autoridades pueden hacer presencia en esos lugares y de hecho, lo hacen, pero el cumplimiento y la extensión de sus funciones sufren afectaciones. Desafortunadamente en estos casos los ciudadanos lo que esperan, más que la presencia de los representantes del Estado, es una gestión efectiva de sus necesidades y expectativas, así como el tratamiento integral de las amenazas a la convivencia.

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llegando en algunos casos, a suplantar de forma ilegal la autoridad en algunos municipios, ya sea de forma consensuada con sectores políticos o de facto, por medio de la fuerza o en una combinación de ellas. Pero la desterritorialización en el caso de la ciudad de Pereira no sólo se da por la interferencia ilegal de la autoridad del Estado, sino que también obedece a la falta de reconocimiento que desde el punto de vista cultural se da a la institucionalidad legal. Es notoria la animadversión que entre algunos sectores de la población infantil se empieza a gestar hacia los actores que representan al Estado.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Un factor que llama la atención en Pereira es que la ubicación geoestratégica que tiene la ciudad respecto de las áreas del Pacífico colombiano y la zona sur del país, la ha convertido en receptora de población desplazada por la violencia o en calidad de migrante. Los procesos de readaptación de estas personas, que en algunos de los casos han sido instaladas en zonas específicas del municipio (barrio El Remanso, por ejemplo), traen consigo un proceso de “re-territorialización”. A pesar de esas nuevas realidades de vida todavía obedecen a los referentes territoriales de las zonas de donde provienen, y adicionalmente, adquieren las referencias propias de la capital de Risaralda, que terminan entremezclándose, para alcanzar unos niveles suficientes de capacidad para subsistir en esos entornos y bajo las condiciones de vida que se imponen. Con mayor razón si se considera que una familia recién llegada a este nuevo hábitat, se encuentra con múltiples dificultades que incluyen discriminación, exclusión social e incluso, maltrato.

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Para una aproximación a las dimensiones recogidas sobre los efectos de la desterritorialización del control social estatal en Pereira por efectos del narcomenudeo, se analizan los aspectos relacionados con las diferentes manifestaciones que desagrega el actor criminal, esto con el fin de buscar una comprensión práctica y dimensionar la gravedad de la situación como presupuesto para intervenir este problema público. Por lo tanto, se hará un recorrido por la incidencia económica, el aspecto territorial, el impacto en la vida política y en la alteración del control social, que argumentan la desterritorialización del control social estatal.


DESTERRITORIALIZACIÓN DEL CONTROL SOCIAL ESTATAL

La incidencia en el aspecto económico local Conviene aclarar que el enfoque dado a este apartado no tiene por objetivo conjeturar sobre aspectos econométricos relacionados con las ganancias que genera la actividad económica criminal, ya que ese no es el objetivo de la presente investigación, pero no se puede pasar por alto la multiplicidad de hechos fácticos y datos empíricos encontrados en su desarrollo, relacionados con la incidencia económica como una órbita de la desterritorialización citada.

Entonces en los referentes territoriales una “nueva forma de economía” se da por la puesta en funcionamiento de establecimientos comerciales tales como tiendas, panaderías, ferreterías, almacenes de abarrotes, licoreras, carnicerías, billares, salones de belleza y asaderos de pollo, entre otros. Aunque los títulos de propiedad de estos bienes aparecen a nombre de personas naturales, tienen la inversión de recursos económicos derivados de la comercialización de estupefacientes o la captura de otras rentas legales, ilegales o criminales que canaliza “La Cordillera” mediante la instrumentalización de algunos ciudadanos. De forma consecuente, se emite la imposición para que las personas residentes en esas áreas se conviertan en “clientes” de esos negocios como resultado de la coacción, la aceptación social o el desconocimiento. El esquema de relación económica de entrada significa la eliminación de la competencia por falta de clientela que

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Desde esta perspectiva en la incidencia económica, es notable que los actores ilegales entienden que en el territorio (visto como zona de circulación o transporte, el flujo de renta, de concurrencia para el intercambio de mercancías y de cooperación) requiere de los espacios y de procesos de territorialización por las condiciones físicas del entorno, que finalmente son una fuente de recursos por medio del dominio de su acceso, control, explotación o reinversión en actividades de tipo legal, además de las claramente ilegales, que son su principal objetivo. Este aspecto es consecuente, porque como factor de producción y una vez logrado el control territorial de determinados barrios o zonas, entiéndase re-territorialización, los grupos humanos allí situados son inmediatamente considerados como medios para la producción de riqueza, ya sea legal o ilegal.

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significan excelentes márgenes de ganancia, manifestaciones interpretadas como la desregulación de los mercados intervenidos por el actor criminal.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Para calcular la magnitud de la problemática territorial por efectos económicos, basta pensar en la relación de “dependencia laboral” que tienen algunas personas con “La Cordillera”, pues terminan siendo vinculados (constreñidos o por consentimiento) a esos negocios que aparecen como lícitos, lo cual se acepta como empleos informales. Entonces no sólo se ve a la comunidad instrumentalizada como clientela, sino también como fuerza laboral, de allí que se manifieste una notoria inserción de la organización narcotraficante en los mecanismos de generación de capital adoptados con el propósito de pretender acumular riqueza. Pero también para la organización criminal es importante lograr a través de estos medios, el posicionamiento y el reconocimiento por parte de los ciudadanos. En concordancia, debe considerarse que Pereira en los últimos años, aparece como una de las ciudades del país más afectadas por el desempleo.

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Esta nueva perspectiva del comercio en la ciudad de Pereira influenciada por la organización criminal “La Cordillera” ofrece la posibilidad de reinvertir en la base primaria de la economía (sector real) los recursos obtenidos de las diferentes actividades ilegales y legales que lideran. De igual forma, garantiza que los controles del sistema financiero no sean un asunto de interés porque esos capitales no se incorporan primariamente en ese sector y, por supuesto, los movimientos sospechosos de elevadas cantidades de dinero no son rastreables ni detectados. A diferencia de las bandas narcotraficantes que delinquen en las urbes de Brasil, esta incidencia económica aún no muestra intensión de configurar un “poder popular”, sino que su objetivo fundamental es maximizar las ganancias consolidando su asentamiento y apropiación del territorio. Por otro lado, la alta concentración de ciudadanos en condición de riesgo de calle, habitante de calle e indigente que existe en Pereira, se relacionan generalmente con los sitios donde se ubican establecimientos de reciclaje y chatarrerías, así como compra-ventas y lugares dedicados a la adquisición de elementos hurtados (reducidores). En este referente espacial convergen los puntos de venta de estupefacientes (narcomenudeo) lo que permite evidenciar que una parte de las transacciones comerciales ilegales se realicen me-


DESTERRITORIALIZACIÓN DEL CONTROL SOCIAL ESTATAL

diante el intercambio de bienes y servicios por sustancias estupefacientes. En estas áreas es bien característico que la imposición de reglas mantenga cánones de comportamientos suficientes ante la multivariedad de personas que allí acuden, pero que garantizan una aparente convivencia.

Otro factor vinculado al aspecto económico es la posibilidad de acceder a bienes muebles e inmuebles a precios favorables o por expropiación ilegal forzosa a favor de los miembros de la organización criminal, que los obtienen por medio de la violencia o la coacción contra sus legales propietarios, tenedores o poseedores. Esto lo que permite es una sistemática ampliación del margen de injerencia hacia nuevos sectores que se constituyen en foco para la explotación de las actividades económicas criminales y a la vez, como medio de control porque esos predios terminan ocupados por personas afines a la organización narcotraficante que cumplen roles específicos para el logro de los objetivos criminales. Por lo tanto, la desterritorialización va mucho más allá de los aspectos meramente reguladores de conducta como ligeramente se pudiera pensar. Es aquí entonces donde se observa otra forma diversa de generación de riqueza y procesos de re-territorialización, lo que amenaza la capacidad del Estado para actuar como regulador de las interacciones humanas y las relaciones comerciales en específico. El control hegemónico del territorio por parte de los actores ilegales es ante todo un medio a través del cual se logra el fin organizacional que es maximizar las ganancias por medio de la explotación legal o ilegal del mismo, a través de la adaptación y la capacidad de responder a las acciones de las autoridades estatales, lo que demuestra una

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Mención aparte merece el control que la organización criminal tiene de las áreas de tránsito, así como puntos de salida y llegada de las rutas de servicio de transporte urbano en la ciudad de Pereira. En esos territorios se ejecutan extorsiones a los conductores y propietarios de los vehículos que desarrollan estas actividades. Igualmente, los establecimientos de lavaderos de carros, talleres y montallantas en los entornos próximos a los parqueaderos tienen ligazón con los criminales. La evidencia recolectada al respecto advierte además que algunos comerciantes formales e incluso residentes de las zonas de asentamiento de puntos de venta, son víctimas de extorsiones por parte de la organización “La Cordillera”.

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alta capacidad de mutación y sofisticación de los métodos y estrategias que utilizan. No es por lo tanto arriesgado decir que lentamente la organización criminal “La Cordillera” viene construyendo escenarios donde “la sociedad y su espacio están organizados para la producción, circulación, distribución y consumo de mercancías” (Bustos, C. s.f., p. 9), y como se ha visto, esto puede tener origen legal o ilegal. En ese orden de ideas, la captura de rentas es una modalidad implementada por “La Cordillera” para diversificar el flujo de capitales de origen ilegal producto de la comisión de otros delitos o actividades económicas criminales. Esta situación se estaría dando por efectos de extensión que no demanda un importante componente de integrantes o presiones de violencia, ya que por ejemplo, la situación basada en extorsiones de bajas cantidades de dinero terminó siendo impuesta forzosamente contra los comerciantes formales que se tornó en un proceso de naturalización, con la explotación milimétrica del territorio para generar riqueza.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

“La Cordillera” como organización que desarrolla el narcotráfico en el subsistema de comercialización, aplica una lógica de diversificación criminal con fines de explotación económica para generar riqueza. Por lo tanto, el narcotráfico genera mercados paralelos porque se dan formas de intercambio ilícito de bienes en sí mismo lícitos (Uprimny, R. 1993, p. 14). De ahí que exista una intervención en varias actividades criminales locales, nacionales o transnacionales.

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Los campos de la economía formal donde el actor criminal estaría teniendo incidencia son la fijación de cuotas extorsivas en la comercialización de cebolla en las plazas minoristas de Pereira, así como el ganado en pie (para sacrificio) traído desde el departamento de Caquetá y la comercialización de autopartes. Otra situación particular se presenta con los prestamistas de pequeñas sumas de dinero, conocidos popularmente como “gota-gota”, quienes dependen o actúan con el consentimiento de “La Cordillera” y, por lo tanto rinden cuentas de todas las transacciones de crédito informal a altos intereses que se dan en la ciudad, en la que se invierten recursos provenientes de las diferentes actividades criminales. La denuncia de todos estos eventos por los medios de cobro que se aplican o por los sobrecostos generados ante las elevadas tasas de interés, no se


DESTERRITORIALIZACIÓN DEL CONTROL SOCIAL ESTATAL

produce por el temor de los ciudadanos a retaliaciones por parte de la organización criminal. Siguiendo esta misma tendencia, también se ofertan servicios criminales para la comisión de homicidios “por encargo”, presiones y amenazas para el cobro de deudas, causar lesiones personales o coaccionar el desplazamiento intraurbano. Las evidencias fácticas indican que muchos de estos hechos estarían siendo cometidos por grupos delincuenciales integrados por menores de edad al servicio del actor criminal, gracias a lo cual reciben una remuneración económica. Esta forma de subcontratación criminal se gesta no sólo para la comisión de estos hechos en determinados puntos del Área Metropolitana de Pereira o municipios circunvecinos, sino que se ofrece la posibilidad de realizar las acciones en otras zonas del país e incluso en el exterior.

La apropiación del territorio: elemento vital para el narcomenudeo Los procesos de territorialización, desterritorialización y reterritorialización, por efectos del narcomenudeo se materializan por el cambio de identidad real y simbólica de los espacios geográficos con los que las personas tienen vínculos en algunas zonas de Pereira. Es notoria la restricción de los espacios públicos o de uso público como los parques, las canchas, las aceras, las gradas, los parajes arborizados y las orillas de los ríos o quebradas. Muchos de estos sitios están constituidos como zonas de compra, venta y consumo de

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Es importante advertir que a pesar de las ganancias generadas por estas actividades, el principal esfuerzo de actuación de “La Cordillera” se concentra en la comercialización de estupefacientes. Pero se visualiza claramente que estas fuentes alternativas son de interés para el sistema de acumulación de capital, posicionan su actuación y sirven como instrumentos de control y barreras que impiden o dificultan el acceso de otras organizaciones que quieren capturar estas rentas criminales. Es otra forma de abrir la perspectiva para identificar la interdependencia de diferentes actividades económicas criminales articuladas de forma homogénea por una organización con capacidad de controlar, coordinar y establecer monopolios.

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sustancias estupefacientes, en los cuales se identifican escenarios que generan limitaciones para su uso o el mero tránsito de los ciudadanos, ante el fenómeno del narcomenudeo y sus actores, con la carga simbólica de señales que atemorizan (señas, grafitis, miradas de los vendedores, exposición de armas) y las manifestaciones de violencia interpersonal (agresiones físicas y verbales).

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El sentido de apropiación y arraigo por esos lugares se pierde. Las familias paulatinamente entran en un proceso de cambio comportamental asociado al desapego por esos espacios al considerarlos peligrosos, inseguros y de alto riesgo, no sólo para su seguridad integral, sino porque advierten que son propicios para la inducción al consumo de sustancias estupefacientes, especialmente en menores de edad o para la inclusión de los jóvenes en pandillas o como fuerza laboral de “La Cordillera”. Por lo tanto, su uso se desnaturaliza y la falta de mantenimiento de la infraestructura y el entorno conducen a que se deterioren físicamente, lo que de fondo favorece la expansión del narcomenudeo. Algunos ciudadanos consideran que incluso las personas que participan del mercado ilegal de los estupefacientes, planean y ejecutan acciones vandálicas contra los elementos de los lugares de uso público (alumbrado, mallas, canchas, entre otros) para desestimular su utilización o el tránsito a través de ellos.

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Frente a lo anterior, existe la contradicción de carácter comunitario por la construcción de escenarios deportivos en Pereira, porque, pese a que se convirtió en una estrategia de asistencia y cobertura de la administración municipal, también fue una oportunidad para “La Cordillera” porque sobre esos sitios, entendidos como referentes de poder, se iniciaron procesos de desterritorialización para favorecer el narcomenudeo (Callejas, M. 2008, pp. 341-343). A esto se une que las mismas características topográficas de la ciudad obligan a la construcción de gradas, caminos peatonales o vías públicas en zonas de ladera, en las cuales el acceso y movilidad de las unidades de Policía se dificulta porque la disposición del servicio está dada para una cobertura por medio de vehículos. Una configuración urbana de este tipo demora los tiempos de respuesta de la Policía Nacional, y genera aprehensión en el uso del espacio público por parte de los ciudadanos, porque son frecuentemente explotados para la compra, venta y consumo de estupefacientes.


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Por otra parte, las actividades de observación permitieron establecer que la ubicación de los puntos de venta presentan algunos elementos comunes en lo que se refiere a la configuración del entorno que, finalmente, son características que favorecen su actividad. En este sentido, se puede mencionar que las fachadas de las residencias del sector se encuentran en deficiente estado de preservación, las vías públicas, en su mayoría, presentan deterioro o están sin ningún tipo de pavimento; las redes de alcantarillado, el alumbrado público, la conservación de jardines, la recolección de basuras y el estado de los andenes, son precarios; así como las redes de servicio público (energía eléctrica, teléfono, televisión por cable) son desordenadas. El tránsito de personas y vehículos de servicio público (taxis y buses) es bajo. Estos son apenas algunos de los hallazgos que seguramente en una indagación de mayor profundidad, pueden ampliar el abanico de interpretaciones al respecto.

Afectación a la inclusión social por la injerencia del actor criminal Las prácticas criminales a través de las cuales “La Cordillera” llega a establecerse en procesos de re-territorialización significan apoderarse de la información que se utiliza para las gestiones propias de las Juntas de Acción Comunal (JAC). Por medio de la coacción, amenazas y violencia contra los dignatarios de las JAC, estas instituciones terminan condicionadas en su capacidad de desempeño. Por consiguiente, la participación ciudadana se desestimula por efectos

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Por otro lado, una variable del desapego y el desarraigo territorial se orienta a la relación o el “sentido de no pertenencia” con la ciudad. En el Eje Cafetero en general, y de Pereira en particular, existe la idea generalizada entre la población, especialmente juvenil, de “viajar afuera”, o sea, inmigrar a Estados Unidos o Europa. En este sentido, los lugares o espacios habitados, como lugar de significancia, pierden su relevancia y no se dan vínculos de apropiación o filiación con la territorialidad local. Esta situación de alguna manera incide en que las vivencias que suceden en el territorio próximo, no resulten de interés para los ciudadanos que tienen por lógica de existencia, establecer su proyecto de vida en el extranjero. Esta visión de futuro impacta de forma negativa la cohesión social porque origina la desarticulación de las redes de cooperación colectiva e identidad comunitaria.

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de miedo y la desazón entre los ciudadanos da como resultado que estos prefieran “no meterse en problemas” y eluden esta posibilidad ciudadana de incidir en la formulación y desarrollo de proyectos comunitarios liderados desde la sociedad. De fondo, la principal afectación en este sentido se da por la instrumentalización de los mecanismos de inclusión social. Por su parte, las dependencias del orden municipal, descentralizado o desconcentrado de la Administración Pública ven como su capacidad de cubrimiento y ejecución de las políticas propias de cada entidad, está limitada, intervenida o bien restringida por el accionar del actor criminal, especialmente en las zonas donde se concentra el mayor número de puntos de venta de sustancias estupefacientes. Esa interdicción en el ejercicio de la autoridad incide en la desarticulación de las entidades administrativas del nivel local y por ende en la ejecución de las políticas públicas. Las restricciones a la actividad política traen como consecuencia unos grupos sociales mucho más aislados no sólo en el aspecto meramente de distancia entre el centro y la periferia, sino de los ámbitos de acción de las

DENUNCIA PUNTO DE VENTA 62%

DENUNCIA VENDEDOR (jíbaro) 63,2%

Narcomenudeo: entramado social del crimen

38%

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36,8%

SI

NO

Gráfico 27. Estadística: intención de los ciudadanos para denunciar el punto de venta de estupefacientes.

SI

NO

Gráfico 28. Estadística: intención de los ciudadanos para denunciar al vendedor de estupefacientes.


DESTERRITORIALIZACIÓN DEL CONTROL SOCIAL ESTATAL

autoridades estatales. Es aquí donde el logro de los fines esenciales del Estado se ve perturbado, porque aunque existe la capacidad y cobertura institucional, “La Cordillera” logra legitimarse y arraigarse de esta forma en el territorio. El imperante hegemónico de la organización criminal limita a la población la facultad de intervención en asuntos político-administrativos no sólo por la distancia física con la institucionalidad, sino por la prohibición de gestar proyectos de beneficio colectivo a través de los mecanismos de participación democrática instituidos. Esto afecta de manera sensible la inclusión social como forma de cohesión social. Por ello, la comunidad está fragmentada y su sentido de identidad social, minado.

Al respecto la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes (JIFE) en su informe correspondiente al 2010 indica: Algunas veces las organizaciones prósperas del narcotráfico han pasado a ser fuerzas políticas propiamente dichas y han logrado usurpar el poder y la autoridad de las instituciones políticas legítimas. Varias de esas organizaciones, en connivencia con élites corruptas que procuran obtener cierta ventaja política o establecer un monopolio político, con lo que han logrado hacerse al control de los grandes mercados ilícitos. La influencia política y la influencia delictiva, esferas estas que se refuerzan mutuamente, en último término socavan la legitimidad de las instituciones públicas (p. 4).

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Es de interés para “La Cordillera” intervenir toda forma de organización participativa para mantener los sistemas de producción y acumulación de capital. En los procesos electorales es inminente el riesgo por la posible injerencia de “La Cordillera” en materia de financiación, apoyo o limitación para el ejercicio del debate político o del uso del voto, así como para el mismo desempeño de las instituciones político-administrativas de Pereira y el Eje Cafetero. Las prácticas criminales y de violencia en el marco del conflicto armado han fundamentado la orientación de buscar representación política en los entes territoriales por parte de los actores criminales para proteger el intrincado y atomizado modelo de economía de mercado al margen de la ley Con esto, se quiere llamar la atención de las potenciales amenazas contra el sistema democrático en el nivel municipal, por efectos de la comercialización de estupefacientes.

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Un nuevo orden social institucionalizado implica manifestaciones de control social La percepción generalizada de poder que tiene la organización narcotraficante “La Cordillera” y que se encuentra asentada en el ideario colectivo e individual de los habitantes de Pereira, está implantada por efectos asociados al temor por el rompimiento de las reglas de control social. Es por ello que el sistema de producción de capital a través del narcomenudeo está protegido por sentimientos adentrados en los ciudadanos que prefieren no denunciar las conductas asociadas al fenómeno que suceden en los puntos de venta y con los vendedores (38% de los consultados). Las principales razones están ligadas al sentido de autoprotección no sólo de índole individual, sino por salvaguardar al núcleo familiar, al considerar que el hecho de no informar garantiza que no serán víctimas de agresiones ni habrá consecuencias. A esto se une el vínculo que se tiene con los bienes materiales que eventualmente también pueden sufrir daños como forma de retaliación.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

El sentimiento de miedo es altamente considerado por los ciudadanos consultados, pues el hecho de pensar en denunciar formalmente y llegar a ser víctimas de ataques contra su propia integridad o la de su familia por la peligrosidad del actor criminal, son motivos fundados para evitar ir a las autoridades (36,8% de los encuestados manifestaron su intención de no denunciar a los vendedores).

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Así mismo, un margen de personas, aunque mínimo, advierte que no denuncian porque el fenómeno no les interesa, “es problema de cada quien”, o porque no conocen ni a los vendedores ni la ubicación de los puntos de venta, ollas, bodegas, puntos de manufactura o centros de acopio. Valga decir que aunque los vendedores o jíbaros no pertenecen directamente a la organización, son ellos quienes ejecutan los mecanismos ilegales de control social para presionar o actuar físicamente contra los denunciantes y opositores. Profundizando en el tema del miedo, los ciudadanos ofrecen respuestas que denotan esa reacción emocional por las realidades que perciben en los entornos donde se desarrolla el narcomenudeo. Otros hablan del sentimiento de ansiedad por la amenaza de los criminales y los símbolos y manifestaciones asociados a los hechos de criminalidad que se derivan del fenómeno (percepción de inse-


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guridad). Sin embargo, en lo que coinciden es que ese miedo hace que sus componentes afectivos y comportamentales se modifiquen a manera de mecanismos de defensa y autoprotección, y en el fondo, también sus estilos de vida. En las mujeres también es notable la preocupación por los acosos sexuales y los ataques físicos, aunque necesariamente no implique la ocurrencia previa de estos, pero deja en evidencia su vulnerabilidad frente a este tipo de agresión.

Otro factor de asociación para el miedo son las vivencias y experiencias que tienen los ciudadanos en las inmediaciones del punto de venta y los efectos sobre las relaciones sociales que se dan en ese territorio. El sentimiento de temor conduce a escindir la cohesión social por el grado de desconfianza y tensión que se padece al tener la sola concepción de utilizar sitios o bienes públicos relacionados con el narcomenudeo, pero peor aún, el uso material de estos en asuntos tan cotidianos como transitar en cercanías a los mencionados puntos de venta. Estas circunstancias hacen que las viviendas se conviertan en zonas de protección para evitar estas vulnerabilidades. Así las cosas, incentivar y propiciar los sentimientos y las referencias del miedo es una forma de mantener en estado de sumisión a las comunidades por parte de la organización narcotraficante. Eso es lo que precisamente se podría considerar como la fuente del miedo a la que hacen referencia los ciudadanos, que lleva implícita la

Narcomenudeo: entramado social del crimen

El miedo en alto grado generalizado entre los ciudadanos de Pereira se encuentra asociado no sólo a las manifestaciones puntuales de afectación a sus derechos y libertades públicas, sino que está influenciado por las permanentes amenazas producidas por las difíciles situaciones económicas, incluso la misma evolución del conflicto armado y la influencia de los medios de comunicación en el cubrimiento, muchas veces sensacionalista, de las situaciones criminales locales. También se identificó que es tan sensible la institucionalización de “La Cordillera” que pese a no identificar cuál es la real situación de miedo, la sola mención de esa marca psicológica, ya interioriza un sentimiento de tensión individual y colectiva por efectos del control social que ejecuta. A esto se une la imagen del criminal que participa activamente en el narcomenudeo como un factor de impacto interno, donde el delincuente se expone públicamente como detentador de poder.

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necesidad de disminuir los tiempos entre el constreñimiento y la captación social, y luego, el transcurso para que una actividad criminal se convierta en legal. Generalizar sensaciones de inseguridad y temor, además de contribuir para obtener la imposición hegemónica de un nuevo control social, logra construir una conciencia colectiva de limitaciones y prohibiciones, significa en otras palabras la adecuación de lo que se denominado entramado social del crimen.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Por otro lado, llama la atención que algunos ciudadanos manifestaron identificarse con la organización criminal porque consideran que no hacen ningún daño, ofrecen oportunidades de trabajo o les genera algún grado de confianza. Dicha actitud dimensiona la inserción e institucionalización que la organización narcotraficante tiene en el ideario tanto individual como colectivo, así como el grado de aceptación, reconocimiento y tolerancia de parte de algunas personas hacia el asentamiento del actor criminal, las actividades económicas criminales a las que se dedican y en algunas oportunidades, hasta los mecanismos de control social que aplican.

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Sin embargo, ese sentido de indiferencia da por cierto que algunos ciudadanos no se sienten incluidos en la problemática y, adicionalmente, desconfían de las autoridades. A ello se suma, y de manera notoria, que algunos ciudadanos se abstienen de denunciar por la falta de respuesta inmediata, desconfianza hacia quienes reciben las informaciones, falta de protección de la identidad del denunciante, ausencia de garantías de seguridad, manifestaciones de corrupción y un tratamiento inadecuado al narcomenudeo, según la percepción expresada en las herramientas de recolección de información. Bajo estas perspectivas se dimensiona la ascendencia que tiene el actor criminal, para condicionar el comportamiento colectivo en algunas zonas de Pereira. No obstante, un grupo considerable de ciudadanos manifiesta su intención de denunciar o afirman que ya lo han hecho con anterioridad (62%). Los aspectos más recurrentes por los cuales actúan en esa dirección son: ayudar a la sociedad mejorando la convivencia, proteger su núcleo familiar, desestimular la inducción al consumo de estupefacientes, liberarse del control social, actuar por motivación del deber ciudadano y evitar la estigmatización de la zona. Así mismo, porque perciben una adecuada respuesta del Estado o para obtener una recompensa.


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Desde otra perspectiva, cualquier relación social está ligada a la relevancia que para un conjunto social tiene el territorio como zona de apropiación a través de su historicidad. Es la forma en que a través de diversos periodos el territorio significa “algo” para los habitantes en ese momento histórico. Los referentes demuestran que durante los últimos años, la población de Pereira ha sido influenciada por la llegada de personas provenientes de otras zonas del país, y esto ha motivado que el grado de sentimiento y arraigo por su propio territorio varíe ostensiblemente. Las personas suelen advertir que se mantienen en esos barrios porque es la única posibilidad, no porque se sientan a gusto. Manifiestan que para poder sobrevivir, se someten a las condiciones que les imponen la misma realidad de supervivencia y el actor criminal.

En el aspecto social, a pesar de la falta de indicadores oficiales sobre el narcomenudeo, las evidencias advierten un alto impacto por efectos del desplazamiento intraurbano, motivado en las presiones y amenazas de la organización narcotraficante. Bajo este concepto, algunos ciudadanos han tenido que desplazarse de una zona a otra dentro de la ciudad o por fuera de ella. La ausencia del registro de este fenómeno asociado tiene dos causas fundamentales: la primera es la falta de denuncias formales ante las autoridades competentes, motivada en la presión y amenaza contra los desplazados y, la segunda, la falta de mecanismos institucionales para el seguimiento y el tratamiento adecuado a esta problemática.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Por su parte, el control social interno hace que una persona en su acción individual esté condicionada y limitada por los grupos superiores a los que pertenece, por las instituciones y por la sociedad entera de la que es miembro, razones que permiten fundamentar el hallazgo de mecanismos de control que se materializan mediante los controles informales de la desviación o como conjunto de procesos de influencia y de presión. Esa capacidad de la sociedad y de las autoridades del Estado para regularse de acuerdo a los cuerpos normativos, así como principios y valores aceptados de forma generalizada, busca regular la conducta individual y sostener la organización social. Así las cosas, se pueden analizar las diferentes manifestaciones a través de las cuales “La Cordillera” desterritorializa el control social estatal en la ciudad de Pereira.

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Ley del silencio y coacción

37,5%

Ninguna

18%

Normas internas de la organización

13,8%

Proceso de legitimación Fronteras imaginarias No responde Establecimiento de horarios

11,1% 8,3% 6,9% 4,1%

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Gráfico 29. Reglas de control social impuestas por el actor ilegal para favorecer la venta de estupefacientes.

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En cuanto al imaginario social, la representación de “La Cordillera” tiene una marcada influencia por la detentación del poder por medio del delito y la coacción. La comisión de delitos deja huellas que se interiorizan de forma generalizada en la conciencia de las personas, que por vivencia propia (evidencias reales) o por referencia (voz a voz), incorporan su psiquis el temor romper lasfavorecer reglas estaGráfico 26: reglasen de control social impuestas por ela actor ilegal para estupefacientes. blecidasla venta paradeconservar el control territorial. Mientras tanto, con la coacción lo que se transmiten son mensajes “que advierten sobre la peligrosidad o la vulnerabilidad de los sujetos ante las maneras en que se presenta la criminalidad” (Callejas, M. 2008). Por ello, para los ciudadanos es vinculante la mirada inquisidora, los gestos, las palabras, las actitudes y las amenazas de los responsables del narcomenudeo en Pereira. Enfrentar cualquiera de estas experiencias en los sitios públicos por parte de los ciudadanos pone en riesgo su integridad personal en el ámbito psicológico por el temor a ser objeto de retaliaciones o hechos que vulneren sus dimensiones de protección individual o colectiva. Así mismo, otro aspecto de gravedad es la limitación que se da para que los ciudadanos tengan que estar al interior de sus residencias a partir de determinadas horas en la noche. Esto obliga a que las personas limiten su vida social y el derecho a la movilidad se vea restringido, lo que genera que el desarrollo de la vida, en algunos


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barrios se afecte seriamente, porque ese tipo de normas implican unas nuevas lógicas a considerar incluso para aceptar un empleo o la realización de actividades urgentes a nivel personal, familiar o colectivo en zonas geográficamente retiradas de los puntos de venta, que necesariamente implican desplazarse de un sitio a otro.

Aunque parezca ominoso mencionarlo, el desplazamiento de la actividad estatal en el aspecto regulatorio de las relaciones sociales es otro criterio de trascendencia en la territorialización del actor criminal. La “pronta y cumplida justicia” en las zonas de concentración de puntos de venta de estupefacientes es suplantada como medio disuasorio por los integrantes de “La Cordillera”, quienes intervienen en la resolución de problemas cotidianos entre los ciudadanos. Ese sentido de “justicia” implica que las decisiones que se tomen sobre los casos puntuales, sean vinculantes y obligatorias para el ciudadano, que se cuida de mantener el estatus de permanencia en una zona y le garantiza el no ser objeto de acciones en su contra o que afecten su núcleo familiar. Es preocupante que los ciudadanos prefieren acudir a estos medios antes que utilizar los mecanismos legales, a los que refieren como demorados y ofertados lejos de las áreas vivenciales. A este respecto, el sentimiento de impunidad que se percibe en las

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Pasando a las representaciones simbólicas dentro de un marco referencial de las vivencias sociales, se habla de las “realidades figuradas” como producto del proceso de interdicción de la legitimidad estatal. Esos ideales terminaron anclados en el imaginario colectivo que se ratifican de forma constante por el influjo de la amenaza y el sometimiento al poder hegemónico. Una de las consecuencias perceptibles es el alto nivel de desconfianza en el par social (en las redes sociales), cercano, conocido o desconocido; los vínculos socio-culturales se disuelven por el sentido de temor en el “otro”, las formas de organización colectiva se marginan y prácticamente están en riesgo de ser instrumentalizadas. Al respecto, y para calcular el impacto en el imaginario social y simbólico, Thompson (1993) indica que “Las formas simbólicas son constructos significativos que son interpretados y comprendidos por los individuos que los producen y reciben, pero también son constructos significativos que se estructuran de maneras diferentes y se insertan en condiciones sociales e históricas específicas” (p. 301).

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comunidades implica que los ciudadanos prefieran no acudir a los medios de justicia establecidos porque “no castigan a los culpables o se demoran en hacerlo” (sic). Por otro lado, algunos ciudadanos expresaron experiencias en las que se señala que los narcotraficantes en los puntos de venta llegan a desempeñar roles de “asistencia social”, al proveer bienes y servicios a personas de bajos recursos o limitaciones económicas. Así, se financian fórmulas médicas, necesidades básicas, estudio, calamidades personales o familiares, entre otras. Esta distorsión de la asistencia social pretende cimentar una base de aceptación con respuestas inmediatas a las necesidades, ignorando los mecanismos asistencialistas del Estado. Muchos ciudadanos valoran el “interés y desprendimiento” de los narcotraficantes vinculados con del narcomenudeo, para atender sus necesidades básicas insatisfechas.

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Por ello el mensaje que se envía a esa comunidad es que “el poderoso” criminal, a pesar de estar cometiendo una sistemática ilegalidad y de ser perverso en sus actuaciones, a la vez es portador de “buenas acciones”. Esa calificación de maldad, es la que finalmente prima para los intereses de los administradores o jefes de olla porque los empodera y hace que algunos sectores de la sociedad terminen subordinados. De fondo contribuyen a establecer formas de integración social que responden a los intereses de los criminales, para que las condiciones en las que se desarrolla el narcomenudeo permanezcan. Es decir, se reestructura la cohesión social a favor del interés económico criminal.

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Todas esas acciones implican además la prestación de servicios, especialmente de seguridad. Es común escuchar que en la periferia de las “ollas” está prohibido realizar hurtos en sus diversas modalidades, agresiones sexuales y ejecutar actos de violencia, entre otras. De alguna manera se observa que, por lo menos, se ofrece un escenario de seguridad aunque bajo una conceptualización diferente, que en el fondo reclama lealtad para la organización y la necesidad de que las patrullas policiales no tengan que acudir a estas zonas a conocer los motivos de policía, ya que supondría la necesidad de movilizar las sustancias estupefacientes, el dinero, los jíbaros, así como los elementos que podrían configurar la comisión de un delito, tales como las armas de fuego. Claro que el interés también


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se relaciona con querer ofrecer unas condiciones “apropiadas” para que el comprador/consumidor de los estupefacientes llegue sin temores al punto de venta. Los códigos que establece “La Cordillera” restringen la posibilidad de que los consumidores se atrevan a llegar a los puntos de venta a pedir el suministro de sustancias estupefacientes mediante modalidades diferentes al pago de contado o en especie, y mucho menos, a pretender hurtar los estupefacientes o cualquier otro tipo de elemento que pertenezca al entorno.

Algunos miembros de la comunidad donde se concentran los puntos de venta ven en “La Cordillera” una posibilidad para no ser despojados de los elementos materiales que tienen para sí, más aún si las condiciones de vida en esas zonas son bajas, existe una alta valoración objetiva y subjetiva de sus pertenencias. Es una actitud que visualiza la forma efectiva de disminuir los riesgos de acciones que en ese entorno afecte su integridad, vida o patrimonio, así como de un relativo panorama de tranquilidad en la que se sostiene, lo cual es valorado por esos ciudadanos con sentido de protección. De otra parte, los hilos conductores que vinculan a los jóvenes a la actividad del narcomenudeo se encuentran en la generalizada deserción del sistema educativo, la disfuncionalidad de la familia y los niveles de desempleo en los que se encuentran estas personas, sin contar que muchas de ellas están en esa condición por decisión e interés propio. Entonces lo que se verifica es que se esquematizan profundas manifestaciones de ruptura con paradigmas formales que los lleva a rechazar cualquier forma de control social (anomia

Narcomenudeo: entramado social del crimen

El arraigo y apropiación del territorio cuenta también porque los campaneros o cuidadores e incluso los mismos vendedores (jíbaros), ayudan en las labores cotidianas a los residentes cercanos al punto de venta. En ese sentido hacen “mandados”, cargan elementos, colaboran en oficios domésticos, entre otras actividades. Estas personas por lo general, gozan del aprecio de la comunidad por tratarse de jóvenes que crecieron y se formaron en el vecindario; por lo tanto, son allegados y los vínculos de filiación, parentesco o amistad son consistentes, todo con una orientación específica de los administradores o jefes de olla.

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social), diferente a la identidad que se genera en el interior del submundo del fenómeno. Así mismo, las personas, grupos o familias que están involucradas en la comercialización de estupefacientes derivan su sustento diario de los recursos que provienen de esa actividad económica criminal. Muchos de esos ciudadanos visualizan esta práctica como una forma de modus vivendi, y deciden racionalmente asumir los riesgos que esto implica. Algunos aducen que a la luz de cualquier trabajo tienen unas obligaciones, pero también unas remuneraciones producto de su desempeño como “fuerza laboral” que les permite solventar más que sus necesidades básicas. En medio de este panorama, el punto de venta sirve como un escenario para modelar el comportamiento de los menores de edad y jóvenes, con sentimientos de repulsión hacia las autoridades del Estado, incluso de la Policía Nacional, al argüir que la función de control que desempeñan las entidades públicas afecta la posibilidad de satisfacer las necesidades básicas insatisfechas (fricción social).

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Todo este juego de poderes limita la actividad social, porque no se da una estructura de participación comunitaria ni organizacional alrededor de objetivos comunes. Las virtudes de aporte colectivo y solidario sufren restricciones serias para la conformación de organizaciones comunitarias relevantes y gestantes de acciones que alienten la existencia de la comunidad enfocada en la gestión de proyectos colectivos que mejoren las condiciones de vida de los habitantes de la zona.

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Obviamente la solicitud de atención dirigida a las autoridades político-administrativas, en respuesta a las necesidades asistenciales que potencialmente puedan ofrecer son exiguas, y por motivos razonables, la presencia de agentes representantes de la administración es improbable. Ello explica la reducida participación de esas comunidades en las instancias de coordinación, supervisión, auditoría y planeación de la Alcaldía Municipal. Ese panorama también explica por qué la inversión en temas de desarrollo social, inserción laboral formal y educativa, así como en infraestructura es baja. Esta puede ser una vulnerabilidad del or-


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den social porque mientras el Estado hace esfuerzos por modificar la realidad de desarrollo de algunos sectores deprimidos de Pereira, a los criminales no les conviene que por intervención oficial se modifiquen las condiciones y los entornos que facilitan la actividad económica criminal. Como se observa, lo que se presenta es un “nuevo control social institucionalizado por un actor criminal” paralelo a la actividad económica criminal que impone condiciones que vulneran el ejercicio de los derechos y libertades públicas, presionando a las personas a variar sus rutinas, comportamientos, cotidianidades, e incluso, las formas urbanísticas. De esta forma, la ciudadanía termina por reconocer el poder que ejerce “La Cordillera”, obteniendo un grado de legitimidad como se explicará en adelante.

Desde la teoría política, la legitimidad es convertir algo en legítimo, en una manifestación que cumple lo impuesto por la Ley y, por lo tanto, se considera un bien para todo el conjunto de la sociedad de acuerdo a unos parámetros específicos. Este tipo de legitimidad a la que se hará referencia no cuestiona el aspecto normativo (legitimidad legal), simplemente se basa en el fundamento de aceptación, tolerancia y alineación masiva con unas formas de poder propias de los entornos en los cuales la organización criminal institucionaliza el narcomenudeo y desarrolla su actividad ilegal, que se materializa por medio de normas planteadas no escritas e imposiciones no legales, a manera de creencias intrincadas en el tejido social. Desde el punto de vista material esta situación se considera como una legitimación “impuesta” y repercute en ilegitimidad o legitimidad deficiente por parte de las autoridades del Estado que no tienen un reconocimiento social positivo. El poder que tiene “La Cordillera” implanta una “legitimación de la dominación” que se entiende como: ... la probabilidad de encontrar obediencia dentro de un grupo determinado para mandatos específicos (o para toda clase de mandatos). No es por tanto, toda especie de probabilidad de ejercer “poder” o “influjo” sobre otros hombres. En el caso concreto esta dominación (autoridad)

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La legitimidad alcanzada por el actor criminal

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en el sentido indicado, puede descansar en los más diversos motivos de sumisión desde la habitación inconsciente hasta lo que son consideraciones puramente racionales con arreglo a fines. Un determinado mínimo de voluntad de obediencia, o sea de interés (externo o interno) en obedecer, es esencial en toda relación auténtica de interés (Weber,

M. 1977, p. 170).

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Lo anterior por cuanto logran tal dominación a través de la fuerza, la coacción y las manifestaciones de violencia, que les permite reconocimiento o aceptación por medio del ejercicio efectivo en el cumplimiento, respeto y efectividad de las normas. Es un tipo de legitimización de carácter general que se configura en patrones de comportamiento y conducta con sentido de obediencia, después de un determinado tiempo o luego de etiquetar un nombre que como en Pereira, “La Cordillera” tiende a uniformar sus estilos de mostrarse y controlar el mercado ilegal de los estupefacientes. Aquí se dan unos factores de concurrencia entre la justificación del origen, la forma y la permanencia del actor criminal para establecer el monopolio de la comercialización de estupefacientes.

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La forma de dominación que estaría desarrollándose en varios sectores de la ciudad de Pereira por parte de “La Cordillera” tendría un carácter diferencial de lo que Max Weber (1977) denominó “de carácter racional”, es decir, “que descansa en la creencia de legitimidad de ordenaciones estatuidas y de los derechos de mando de los llamados por esas ordenaciones a ejercer la autoridad (autoridad legal)” (p. 172), esto debido a que no se trata de una legitimidad proveniente de órganos o personas amparadas por el ordenamiento jurídico o la aceptación carismática o tradicional. Por lo tanto, en esta interpretación la dominación legal no está amparada para los delincuentes, pero sí las formas propias de legitimidad. Esta legitimidad expresada en el poder de coerción y dominación de los responsables de la comercialización de estupefacientes con base en la continuidad, duración y actualización permanente, tiene expresamente definido un espectro de acción o referente temporoespacial, con delimitaciones imaginarias, pero comprensibles para la comunidad de hasta dónde tiene capacidad de control en cuanto a tiempo y espacio. No obstante, es evidente que dentro de los


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ámbitos próximos al punto de venta, el Estado llega a ejercer su capacidad de regulación y control, con visibles manifestaciones de desagrado e incluso rechazo por parte de algunos sectores de la comunidad (fricción social). Sin embargo, estas cesiones son generalmente reactivas, más que con una orientación estratégica de recuperar el monopolio de la Ley y la legitimidad estatal. Al respecto, suele pasar con frecuencia que el acercamiento de funcionarios de la Policía Nacional a los entornos inmediatos y próximos de los sitios donde funcionan los puntos de venta, es a través de la aplicación de los medios materiales de policía (fuerza y uso de las armas de fuego), teniendo en cuenta las múltiples condiciones de amenaza lo que implica el aumento considerable del riesgo de que los ciudadanos involucrados en la comercialización de estupefacientes, por coacción o consentimiento o como integrantes de la organización, sufran agresiones.

... un espacio de reunión con al comunidad de un sector, barrio, comuna o localidad determinada, con características y necesidades similares, con el fin de abordar problemas de convivencia y seguridad ciudadana. Este espacio pretende lograr cooperación y consenso en la formulación de soluciones a través de un plan de trabajo específico y sirve para facilitar el trabajo de policía, permite el logro de las metas, especialmente en términos de prevención y mejora de la relación de la institución con la comunidad (Policía Nacional de Colombia, 2010, p. 299).

Igualmente, y algo que afecta en forma grave la legitimidad, son los malos tratos de obra y palabra contra los servidores públicos de la Policía Nacional que por actos propios del servicio, acuden a los puntos de venta a conocer los motivos de policía. Uno de los resultados de legitimarse entre la población por parte del actor criminal, es lograr la cooperación de los ciudadanos en actividades como informar la presencia de personas extrañas o miembros de la fuerza pública en la zona.

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Los efectos en la operacionalización de la actividad de policía son variados como, por ejemplo, el rechazo a asistir a espacios de participación que cita la institución como los Encuentros Comunitarios, definidos como:

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Por otro lado, no hay una correspondencia entre las expectativas de la comunidad con el ejercicio de la actividad policial, porque entre los ciudadanos prima la percepción de inseguridad subjetiva. Esto de manera indirecta contribuye a la pérdida de reconocimiento de los ciudadanos hacia la institución policial, que a su vez son presionados por el actor criminal para que mantengan distancias con relación a los policías. Aquí nuevamente los ciudadanos quedan en medio de la disputa por la legitimidad de los actores que pretenden imponer su hegemonía en el territorio. De fondo, se nota una fricción social y espacial por la instrumentalización de las personas de acuerdo a los fines que persiguen los detentadores del poder sean legales o no. En este sentido, el ciudadano está enfrentado no sólo a los intereses del Estado o la organización criminal, sino también a sus propias preocupaciones diarias de supervivencia, y como si fuera poco, a la multiplicidad de fenómenos que afectan su seguridad y que se manifiestan de forma directa en el territorio.

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En este sentido, el cuestionamiento ideológico de los ciudadanos frente a las normas estatales que no responden a la realidad o que no contribuyen a solucionar sus problemas genera un descontento casi generalizado, otra razón que argumentan para desconocer de manera tácita, la legitimidad del Estado. Esa ilegitimidad se manifiesta en la falta de creencia en la misma Ley y en el ejercicio del poder para hacerla cumplir.

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Es entendible que en muchas de las zonas donde funcionan puntos de venta de estupefacientes, no respondieron a una lógica de legitimización pensada y ejecutada por el actor criminal; se trata más bien, de un espacio cedido involuntariamente por el Estado, que no interpretó adecuadamente este problema público para dar respuesta de forma efectiva a las demandas de seguridad de los ciudadanos y no se podrán solucionar estas necesidades, solo mediante la actuación asistencial. Por otro lado, muchas de las Leyes son consideradas por los ciudadanos como ilegítimas porque las personas no observan su cumplimiento, es decir, que a pesar de tener validez (emitida por el órgano


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competente), cumplir unos rangos de justicia (cumplimiento de los fines que la sociedad considera como buenos), no son eficaces. En otras palabras, no hay un acatamiento estricto de las mismas ni temor por las eventuales sanciones que se puedan llegar a imponer. A diferencia de las reglas impuestas por el actor criminal, estas sin tener ninguno de los anteriores atributos de legalidad generan un ideario de cabal cumplimiento por el grado de castigo potencial y efectivo que se puede recibir. Cuando una norma o un conjunto de normas se perciben como ilegítimas terminan siendo masivamente desobedecidas, salvo que haya sanción o coacción para su cumplimiento. Entonces cuando el Estado recurre a alguna de estas dos acciones el mensaje es evidente: por un lado, ese ordenamiento es inválido o es percibido como injusto, o por otro, es ineficaz. Claro que también puede haber una variada combinación de la ocurrencia de las tres variables al mismo tiempo.

Así mismo, es perceptible el grado de legitimidad que toman algunos comportamientos dentro de un entorno social donde se desarrollan actividades de comercialización de estupefacientes, en los cuales por una interpretación distorsionada de algunas personas con intereses en esos sitios, se arraigan mensajes portadores de un contenido de legitimidad para determinadas actuaciones, precisamente contra el mismo mandato legal. Esto se da por el grado de autoridad que por ejemplo, los miembros de una organización dedicada a la venta de sustancias estupefacientes tienen dentro de la población, o el arraigo del administrador de una olla, que puede llegar a alcanzar altos niveles de incidencia social en ese entorno, al decir de los ciudadanos “ellos mandan en el barrio” o “se creen con la autoridad de gobernar un territorio” (sic).

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Entonces de lo que se trata es de una permanente tensión en la aplicación del régimen constitucional para regular el comportamiento social. Esa tensión siempre será perceptible porque el “poder significa la probabilidad de imponer la propia voluntad, dentro de una relación social, aún contra toda resistencia y cualquiera que sea el fundamento de esa probabilidad” (Weber, M. 1977, p. 43), donde el Estado aspira a mantener el poder legítimo sobre los ciudadanos.

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Percepción de legitimidad en los entornos del punto de venta

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Como se ha dicho en los entornos inmediatos de los puntos de venta ubicados generalmente cerca de las denominadas “ollas” hoy conocidos como sitios de almacenamiento, la ilegitimidad del Estado es perceptible porque las reglas que imperan y los comportamientos colectivos, obedecen a la lógica que implanta el actor criminal. Por lo tanto, hay una legitimidad delictiva por los condicionamientos en los cuales actúan y en los cuales el reconocimiento es para los delincuentes por el entramado de relaciones que se terminan dando.

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Las zonas grises a pesar de no estar en el área de injerencia directa de los puntos de venta, son de alta percepción de inseguridad especialmente en lo referente a las calles adyacentes, zonas boscosas y otras áreas públicas. El asunto es que no están en proximidad de los puntos de venta, pero a pesar de ello, las extensiones de los entornos de seguridad abarcan las zonas residenciales y barriales cercanas, que ven perturbada su tranquilidad por el tránsito de consumidores (consumo ambulante) y hechos delictivos de afectación al patrimonio, en los que se atribuye la responsabilidad a los compradores/consumidores. Este componente territorial visto por las autoridades comúnmente es objeto de calificaciones que sugieren la inexistencia de problemas graves de seguridad en razón a que no hay denuncias formales que indiquen lo contrario. Lo que esto puede significar en el fondo es que no ocurren delitos porque la actividad económica criminal y por ende el actor criminal, se han institucionalizado y los ciudadanos acatan las reglas del nuevo orden social territorializado. Es decir, no se dispone de indicadores para advertir y medir la institucionalización del crimen. Ya en los perímetros externos o alejados de los puntos de venta, el Estado de forma efectiva o en algunas ocasiones, relativa, mantiene las condiciones de legitimidad y el monopolio de la coerción y aplicación de los medios de control social. Esa legitimidad abarca numerosos aspectos de la vida cotidiana de una ciudad. Es como si se hablara y ya estuviera determinada la forma de acoplarse a las imposiciones que ejecutan los miembros de “La Cordillera”. Taxistas, mensajeros, empleados de las empresas


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de servicios públicos, familiares de las personas que habitan en las áreas de injerencia y visitantes ocasionales, saben que existen unas reglas que hay que respetar. La comunicación para garantizar la vida de esas personas fluye eficientemente porque para ingresar, deben hacerlo en compañía de los residentes tradicionales. Son códigos interpretados y conocidos que tienden a generalizarse. Por otra parte cuando se presentan procesos electorales, especialmente en el ámbito local (Alcaldía, Concejo Municipal y Juntas Administradoras Locales) el ejercicio del proselitismo político generalmente se ve limitado. Solamente algunos candidatos se arriesgan a hacer presencia pasajera en las zonas de injerencia de los puntos de venta con el apoyo de esquemas de seguridad policiales. En otros, realmente pocos, los aspirantes prefieren no desarrollar ningún tipo de actividad ante la amenaza que significa acudir a los mismos (Solano, A. 2011, p. 13).

Entorno inmediato

Entorno próximo

Punto de venta

Zona gris Legitimidad estatal relativa

Gráfico 30 Ilegitimidad estatal que genera la el punto de venta.

Legitimidad criminal

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Ilegitimidad estatal

Zonas externas

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De igual forma, la instrumentalización de menores de edad para el control social se presenta porque los niños y adolescentes son manipulados y durante determinados horarios son vinculados indirectamente a la actividad de venta de estupefacientes en el esquema de seguridad (campaneros), por medio de comportamientos propios de desarrollo como son las actividades deportivas o juegos de esparcimiento. Mientras que para un ciudadano del común la interacción de esos niños no deja de ser más que un juego, para la estructura que lidera los puntos de venta, es un permanente flujo de información acerca de la cotidianidad que se da en el sitio y la presencia de agentes externos a ese entorno (que pueden ser tanto estatales como particulares).

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Adicionalmente, los administradores de las “ollas” diseñan planes de reacción o escape donde toman partido muchos habitantes del sector de forma voluntaria o en el peor de los casos, obligados. Ante una voz de alerta, cada una de esas personas asume roles específicos para neutralizar u obstaculizar la acción de la Policía Nacional. El objetivo fundamental es impedir que sean incautadas las sustancias estupefacientes o el dinero producto de la venta de las mismas o la captura de alguno de los responsables y, de darse el caso, sufrir el menor daño posible para los intereses de la organización, ante eventuales situaciones no previsibles cuando esos sistemas son vulnerados.

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De otra parte, las condiciones propias de exclusión social, desigualdad y pobreza que construyen todo un entramado social complejo cerca de los puntos de venta, hace que muchas personas validen las actividades que realizan los integrantes de “La Cordillera” y en determinadas ocasiones se enrolen con esas actividades y en ciertos momentos lleguen a aportar informaciones (a la propia organización) o desinformaciones (a las autoridades) como mecanismos de protección. Es decir, que la problemática se convierte en un elemento común que está generando manifestaciones evidentemente contrarias a la legitimidad del Estado, por la identificación que generan los puntos de venta como un escenario para la satisfacción de necesidades básicas. Existe una configuración de formas en el ejercicio del poder


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desconocida para las autoridades donde imperan los códigos, las normas tácitas de miedo para evitar la denuncia, los controles, la aplicación de justicia y la mediación de conflictos. Se presenta de plano un “derecho” de los criminales a mandar y un cúmulo de ciudadanos a “obedecer” esos mandatos establecidos claramente en función de la pervivencia del sitio de expendio, y el mantenimiento de las condiciones que facilitan en términos físicos, el asentamiento de un punto de venta. Los ciudadanos sometidos a este control terminan por interiorizar en el plano individual las nuevas normas y se adecuan a un modelo de tranquilidad establecida en unos estándares que genera la organización que lidera la comercialización de estupefacientes. En este sentido, terminan obligados a renunciar a manifestaciones de resistencia, viven en una pasividad producto de la amenaza basada en el constreñimiento y la violencia, en detrimento del libre ejercicio de sus derechos y libertades. Bajo esta perspectiva surge la pregunta ¿Cómo estimular la denuncia del ciudadano frente al narcomenudeo?

No es por lo tanto, que se trate de ceder los derechos individuales para dejarse instrumentalizar por los integrantes de “La Cordillera”, es un sometimiento en contra de su voluntad. Lo que se evidencia es una arbitraria limitación de derechos y libertades de los habitantes de las zonas perimétricas a los puntos de venta de estupefacientes, por parte de los criminales. Esto se extiende a los actores que tienen injerencia o desarrollan actividades en la cadena de la cual se surten los canales de comercialización de estupefacientes. Estas normas consuetudinarias impuestas por la fuerza terminan siendo válidas por el cumplimiento de los ciudadanos teniendo en cuenta que incluyen un catálogo de premios y castigos que es entendido y aceptado por la comunidad. Ese es el principio que generaliza la ocurrencia de acciones de violencia y de criminalidad

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Finalmente, lo que se evidencia es la instauración de un nuevo orden social, articulado por lineamientos que se vienen dando desde hace varios años y se convierten en norma consuetudinaria. Esa tradición ya empieza a transferirse entre generaciones.

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que involucran a los ciudadanos del común, miembros de la misma organización y a consumidores, entre otros. En la mayoría de las circunstancias el poder, por ejemplo de “La Cordillera”, no se percibe efectivamente, pero es notoria la etiqueta. Aquí se da una construcción de representaciones sociales de carácter colectivo. Esto explica en parte esa “ley de silencio” que impera en las comunidades con presencia de puntos de venta de estupefacientes, porque a diferencia de una legitimidad frente al ejercicio del Estado, aquí no hay posibilidad de oposición, ni cuestionamiento a las reglas de conducta impuestas. Se infiere una sumisión impuesta por la fuerza, pero el actor criminal simultáneamente ofrece asistencia en materia de necesidades básicas lo cual influye en el reconocimiento del poder que el ciudadano tiene de él.

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Esas formas de poder son reconocidas, acatadas y su ejercicio es respetado. Por ello se escucha con frecuencia: “ellos son los que mandan” (sic). En parte la apropiación de estos conceptos es tan fuerte que los administradores o jefes de olla y vendedores (jíbaros), se convierten en agentes de protección territorial para evitar el ingreso de otras organizaciones y actores válidos que pretenden ejercer el control social alrededor del punto de venta.

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Aquí si bien se cumplen unas calidades para acceder al ejercicio del poder, lo que prima es el respaldo popular de la organización y en la mayoría de los casos acciones de violencia y fuerza para imperar, lo que favorece la maximización de ganancias. La relación de mando y obediencia es el efecto que se entreteje en esos escenarios donde los roles están definidos y las maneras de encausar los comportamientos y el control social es por medio de la coacción. Es aquí donde la forma de voluntad general de los sometidos, flaquea por determinación propia o por efectos del miedo generalizado, que conlleva a estados de alta ansiedad social. Por lo tanto, el miedo se convierte en un instrumento para minimizar las resistencias dadas en el campo social inmediato a los puntos de venta. Ese mismo interés de las personas por extender su poder, obliga a que se generen situaciones de tensión por los intereses de ampliar su radio de acción en la comercialización de estupefacientes. Y este


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factor en parte, explica los enfrentamientos entre organizaciones delincuenciales dedicadas a la comercialización de estupefacientes donde existe la intención de ocupar nuevos territorios. Sin embargo, la actividad “fiscalizadora” de una organización como “La Cordillera” sirve de controlador y gestor de soluciones para esos conflictos. Por otro lado, los miembros de las organizaciones dedicadas a la comercialización de sustancias estupefacientes, en ocasiones dan importancia a sus integrantes por medio del otorgamiento de reconocimientos que los empoderan en lo individual. Periódicamente se les ofrece la posibilidad de participar en los procesos de adecuación o cumplimiento de las normas en los entornos sociales en los que ejecutan las actividades económicas criminales, como una forma de detentación de poder. Allí se establece lo que es permitido, independientemente de si es legal o criminal.

Así mismo, el punto de venta es receptor de jóvenes que son excluidos del seno de sus familias, por problemas relacionados con el rechazo social por causa de la adicción a las sustancias estupefacientes, donde el sentido de identidad entre pares permite que en ocasiones, las residencias adyacentes a los puntos de venta terminen convertidas en “inquilinatos” de consumidores alejados de sus hogares. Por lo tanto, en oportunidades el punto de venta y su entorno se convierten en una forma de “hogar” y tanto la organización criminal como las personas que controlan el negocio, adquieren la connotación de familia. Es una zona donde las privaciones a los derechos y expectativas de vida de esos jóvenes excluidos, es palpable. La

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Esto en razón a que la calle, la esquina, el entorno cercano a los puntos de venta trae consigo identidad, respeto y dominio de un territorio por parte de “La Cordillera”. Las condiciones socioeconómicas y de educación en las que viven los niños, adolescentes y jóvenes forman imaginarios de cercanía hacia la organización y fácilmente estarían siendo proclives al consumo de las sustancias estupefacientes. Adicionalmente, el rol que desempeñan los integrantes de la organización se interpreta como símbolo de poder a emular.

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única contraprestación es la lealtad, la identidad, el silencio y el sometimiento a los patrones de conducta y comportamiento propios del punto de venta. También desde el punto de venta se planean acciones delincuenciales en otras zonas de la ciudad por parte de los integrantes de la organización criminal, referidas especialmente a atracos y homicidios selectivos. Como lugar de refugio los miembros del punto de venta saben que por ningún motivo deben permitir que las autoridades lleguen a ese sitio en su búsqueda. Romper ese código implica ser objeto de castigos que incluso pueden significar la muerte. Bajo estos paradigmas de hegemonía y dominación se pasará a describir los mecanismos y manifestaciones a través de las cuales la organización narcotraficante “La Cordillera”, materializa sus expresiones de poder en el territorio.

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El poder como medio para el control social

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El poder, al decir de Michel Foucault (1979), se manifiesta en formas heterogéneas en constante transformación, donde el poder se realiza en cuanto una práctica social. Así mismo que, hay formas de poder diferentes a las del Estado. El poder es, por lo tanto capacidad de hacer, habilidad para imponer obediencia a otro y la abrogación del derecho a exigir que los demás se alineen con una relación social basada en normas (pp. 80-101). Esta breve descripción sintetiza en la práctica, el ejercicio del poder que la organización narcotraficante “La Cordillera” desarrolla en la ciudad de Pereira como mecanismo transversal para favorecer la comercialización de estupefacientes. La desterritorialización del control social estatal por efectos de la comercialización de estupefacientes, es el resultado de borrar los trazos de particularidad que tenían unas formas sociales anteriores al asentamiento de “La Cordillera”. Luego del ejercicio del poder se configuró la hegemonía criminal que unificó comportamientos heterogéneos de la comunidad. Paralelamente obtuvieron para sí el reconocimiento y la aceptación entre los ciudadanos.


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Viéndolo desde otra óptica, la jurídica, el poder tiene serios cuestionamientos sobre su real poseedor. El Estado en su interés de mantener el control territorial de la ciudad considera que basado en la fundamentación constitucional de Estado Social de Derecho, mantiene el control en el espectro territorial. Sin embargo, ese Estado normativo, o Estado de derecho, no es suficiente por si solo para detentar el poder material, es decir, que el poder de las normas, sufre permanentes violaciones por acción u omisión tanto en el derecho público como en el privado. Es así como a pesar de que las autoridades llegan a las diferentes zonas de Pereira con el ánimo de cumplir su funcionalidad, se perciben acciones de desorden generalizado, donde no prima el respeto por el régimen constitucional, como tampoco la observancia del mismo (entonces el régimen es ineficaz). Por lo tanto, las normas no cumplen su función, lo que se constituye en una vulnerabilidad para el ejercicio de la actividad de policía en su propósito de ejercer el control social externo.

Entonces el mantenimiento del orden social como función de policía (amparado en el ordenamiento jurídico), termina suplantado por los medios aplicados por el actor criminal, mediante el ejercicio del poder y la fuerza como medios de coacción. Se llega finalmente, a la desterritorialización del control social estatal, que es removido para darle paso a unas normas de conducta e interrelaciones que terminan siendo válidas, a pesar de su ilegalidad, entonces entra y se mantiene en vigencia un nuevo orden social instalado, implantado o

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Es así como la función de coacción propia de la escuela positivista del Derecho no es ejercida del todo por el Estado, sino que se da la presencia de un actor criminal que media entre el ciudadano y el Estado, pero posee, como se citó anteriormente, toda la capacidad de ejercer coacción y constreñimiento para que se cumplan las normas ilegales que ha impuesto en el territorio. El otro aspecto de dificultad para el Estado es la ineficacia de ese régimen normativo o la incapacidad de aplicarlo efectivamente, es decir, la potestad regulatoria y sancionatoria difícilmente se ejecuta. Pero también puede suceder que esa normatividad aplicada al aspecto propiamente local, muestre una realidad social en la cual, las normas no tienen en consideración las adecuaciones y variaciones que allí se presentan.

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institucionalizado por “La Cordillera”. Se puede afirmar que el poder es inmanente al medio en el cual se ejerce, porque lo que requiere es una relación de fuerza para imponerse a otro. Una vez que se logra este nuevo orden social, la función de regulación y control se perpetúa en la medida en que hay que mantener la adecuación a través del ejercicio reiterado y continuo de los instrumentos o medios que permiten llegar al control. Así las cosas, la conquista del poder, la hegemonía y la dominación, son básicamente ejercidas a través de acciones desarrolladas en el territorio sobre los ciudadanos y se constituyen en el comienzo de un nuevo orden social.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Para cuando se materializa el consenso (reconocimiento) en cuanto a la legitimidad que reconoce el colectivo a ese poder reinante de “La Cordillera”, inmediatamente se constituye en un poder legítimo. El poder del Estado entonces está en riesgo de no ser reconocido ni aceptado por la ciudadanía, es decir, sería ilegítimo y al decir de Israel López Pino (2006), “deja de ser un poder; no es más que dominación, y aún en la medida en que se debe obedecer” (p. 2).

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La fuerza por su parte, puede llegar a tener diferentes niveles de aplicación y estar en permanente latencia como medio de control y encauzamiento. Pero suele pasar que como se evidencia en Pereira, los mecanismos de fuerza son aplicados con mayor énfasis cuando el actor criminal inicia el proceso sistemático de institucionalización. Posteriormente, una vez anclados en el ideario colectivo y cuando se empieza a regular la conducta individual por presión del colectivo o del común de la sociedad, los medios violentos disminuyen, con el fin de aparentar situaciones de convivencia suficientes. Por ello, se dan situaciones en las que se percibe equivocadamente, que el actor criminal se contrae o busca zonas de escape o formas de eludir su accionar, cuando lo que realmente están haciendo es acentuando su territorialización. No obstante, la violencia y los hechos de criminalidad siempre serán los mecanismos de mayor uso para restablecer eventuales alteraciones del status quo al que han conducido a la sociedad.


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Al decir de Norberto Bobbio (1964): poder efectivo, es el poder que consigue obtener el resultado propuesto: la norma eficaz es la norma observada o cumplida. La eficacia de la norma depende de la efectividad del poder, así como la efectividad del poder, depende del hecho de que las normas sean eficaces; estamos otra vez en un círculo (p. 92).

El reto: desterritorializar la comercialización de estupefacientes Los procesos de territorialización, desterritorialización y re-territorialización limitan, condicionan y minan el dominio y el control que el Estado tiene en el territorio. En términos concretos, en algunas comunas y barrios de Pereira donde funcionan los puntos de venta de sustancias estupefacientes, estos se enfrentan con el poderío del Estado, aunque no se evidencie abiertamente, sí hay una disputa con la organización criminal “La Cordillera” porque la manifestación concreta y empírica de ese poder no es completa para la institucionalidad. Retomando a Freund (1977).

En este sentido, la ventaja del actor criminal es que manifiesta su poder con actos materiales sobre los ciudadanos “El poder sólo existe cuando se lo traduce en acción… Es un conjunto de acciones sobre posibles acciones” (Dreyfus, H. 1990). “La Cordillera” como detentadora de esa forma ilegal de poder en algunas zonas de Pereira, no ha creado nuevos órdenes legales, sino que por el contrario, ha despertado la creencia de que el nuevo orden social establecido es vinculante y obligatorio para los habitantes de esas áreas, so pena de hacerse acreedor a la aplicación de mecanismos de control social soportados en el uso de la coerción. En esto no se tiene consideración si aquel poder es “justo” o “injus-

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Ese poderío y ese dominio, según Max Weber, sólo se tornan políticos, cuando la voluntad se orienta significativamente en función de un agrupamiento territorial, con vistas a realizar un fin, que sólo tiene sentido por la existencia de ese agrupamiento (pp. 160-161).

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to”, lo que realmente se necesita en la práctica, es que sea efectivo y permita el logro del fin que se persigue a través de la comercialización de estupefacientes entendido como maximizar las ganancias. Reafirmando lo que se dijo al comienzo de este capítulo, los procesos sociales son dinámicos y cambiantes, lo que deja en evidencia que la territorialización, la desterritorialización y la re-territorialización se presentan de múltiples formas en la ciudad de Pereira. Puede pasar que esas mismas fluctuaciones y la heterogeneidad de las realidades sociales dentro del municipio, así como la capacidad de maniobra y actuación de “La Cordillera”, propicien escenarios en los que, de forma paralela, se están presentando todos estos procesos. Dependerá mucho de las vivencias diarias en una zona determinada, asociada a las tensiones propias por efectos de la fricción social y espacial, los conflictos sociales y las manifestaciones de violencia y criminalidad, determinar el grado de incidencia. Esto pone en evidencia la complejidad de la situación y el desconocimiento institucional para orientar la intervención estatal.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Después de esta descripción decodificadora de la realidad social, que se presenta en Pereira por efectos de la comercialización de estupefacientes y la incidencia de la organización narcotraficante “La Cordillera” en la cotidianidad de los ciudadanos, se hará un planteamiento teórico de carácter abstracto para representar la desterritorialización del control social estatal. Para tal fin, se confrontan las siguientes dos variables:

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V1= P: La comercialización de sustancias estupefacientes se territorializa. V2= Q: El control social estatal se territorializa. Proposición: cuando V1 o V2 se territorializa, una de las dos se desterritorializa. Luego la hipótesis que se plantea es: “hoy la comercialización de estupefacientes en Pereira se territorializa, entonces desterritorializa el control social estatal”.


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Agregando la conjunción condicional “entonces”, nos da como resultado la siguiente proposición matemática:

Atendiendo el acercamiento sistémico presentado hasta aquí para lograr la comprensión de la comercialización de estupefacientes y dentro de esta el narcomenudeo, se requiere diseñar una estrategia que permita desde la gobernabilidad de la Policía Nacional, intervenir el problema público a partir de la efectiva vinculación de las demás instituciones del Estado. Para tal fin, se presenta a continuación una propuesta con enfoque prospectivo bajo la lógica del riesgo, orientada a recuperar el control social estatal alineando el Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) con las políticas de gobierno.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Esta propuesta de comprensión para las amenazas a la seguridad urbana que se logró a través del estudio sistemático de la comercialización de estupefacientes, pretende dejar al escrutinio y análisis académico, las diferentes implicaciones que para la seguridad pública, tiene la institucionalización de un actor al margen de la ley dedicado a actividades económicas criminales que se valen del sistema de acumulación de capital para territorializarse. Queda planteado también que los problemas públicos que perturban el orden social, requieren un tratamiento multidimensional en el que converjan las autoridades estatales de todos los niveles incluyendo a la Policía Nacional y a la comunidad, donde atendiendo la perspectiva funcional y con base en sus capacidades, proyecciones, oportunidades e intereses, formulen acciones para el abordaje integral de los mismos, de manera que permitan un tratamiento articulado y orientado a remover las causas, variando la mirada tradicional de responder a las situaciones coyunturales o mediáticas que generalmente plantean respuestas sin la adecuada planeación.

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CAPÍTULO VII Análisis sistémico útil para asesorar la toma de decisiones en la planeación y prestación de la actividad de policía

Narcomenudeo: entramado social del crimen

La disciplina prospectiva permitió diseñar el escenario apuesta como el horizonte hacia donde se debería guiar la acción de la Policía Nacional de Colombia para intervenir de manera integral la comercialización de estupefacientes, lo cual se logrará sólo con la participación activa de otras instituciones del Estado y la sociedad.

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“El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos lo desconocido. Para los valientes es la oportunidad”. Víctor Hugo


ANÁLISIS SISTÉMICO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA ACTIVIDAD DE POLICÍA

Análisis sistémico útil para asesorar la toma de decisiones en la planeación y prestación de la actividad de policía

Variable

Meta

Objetivo

Actor Criminal ("La Cordillera")

Mantener la institucionalización de la actividad económica criminal mediante la cohesión social.

Maximizar ganancias.

Gobierno

Ejercer la gobernabilidad a través de la efectividad de las políticas públicas.

Asegurar la convivencia.

Policía Nacional

Reducir índices de criminalidad a través del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC).

Ejercer el control social.

Comunidad

Utilizar los espacios de uso público con libertad de locomoción y seguridad personal.

Gozar de bienestar común.

Tabla 24. Tensión generada por la divergencia de intereses (metas y objetivos), de los actores involucrados en el problema público del narcomenudeo.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

La propuesta que se describe a continuación está orientada a plantear los aspectos relevantes en el diseño de una estrategia institucional contra la comercialización de estupefacientes. En tal sentido, su marco estructural está integrado por el análisis sistémico en la interacción de los actores; el análisis de los proyectos o estrategias de los actores; así como la relación de influencias, dependencias y fuerzas de los actores involucrados. Con la utilización de estos elementos se contribuye a asesorar el diseño de la estrategia institucional porque se visibilizan los intereses de los demás participantes y porque permite calcular el impacto (favorable o desfavorable) potencial que tendrían las decisiones de la Policía Nacional sobre los demás actores que están involucrados de manera directa en la desterritorialización del control social estatal, causada por la comercialización de sustancias estupefacientes.

295


POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

Análisis sistémico de los intereses entre los actores La comercialización de estupefacientes como problema público genera tensión entre los elementos que son comunes para el desarrollo de los objetivos propuestos por los actores involucrados, entendidos estos como: el actor criminal (A1), el Gobierno (A2), la Policía Nacional (A3) y la comunidad (A4). Con el fin de allanar una ruta de acción institucional se analizó a la Policía Nacional de manera diferenciada del Gobierno, a sabiendas de que son un solo cuerpo, es decir, Ente de Policía. En razón al esquema anterior, cada actor espera optimizar sus recursos, disminuir el impacto de las acciones del otro y aprovechar las ventajas estratégicas que se brindan o generan.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

En este sentido, es preciso señalar que las principales desventajas para el Gobierno y la Policía Nacional son: primero, no conocer la real dimensión de la influencia del actor criminal en el territorio; segundo, no haber advertido de forma temprana la institucionalización de ese actor en el territorio; tercero, que las acciones de control no eliminan o neutralizan efectiva ni sustancialmente el sistema de producción y acumulación de capital ilegal, y cuarto, que la gestión pública para la protección del ciudadano y del Estado en lo local, no responde a la amenaza generada por el actor criminal ni a las necesidades ni las demandas del colectivo social.

296

Por su parte, el actor criminal aprovecha varias ventajas proporcionadas por el Gobierno, la Policía Nacional y la fragilidad de la cohesión social, entre ellas la aceptación colectiva de la comercialización de estupefacientes por coacción o consentimiento, el creciente involucramiento de algunos ciudadanos en la actividad económica criminal, la baja sinergia y capacidad de articulación de las instituciones del Estado. También la ineficacia de la administración de justicia que no desestimula el creciente interés de las personas por vincularse a las actividades económicas criminales. El resultado es la institucionalización y estructuración del entramado social del crimen como una forma de intervenir la cohesión social y adecuar las relaciones sociales a favor de las organizaciones al margen de la ley.


ANÁLISIS SISTÉMICO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA ACTIVIDAD DE POLICÍA

El conflicto entre el actor criminal y la Policía Nacional genera fricción social, porque en la búsqueda de ejercer el control social, uno estimula y el otro reprime la transgresión del régimen constitucional. En dado caso, el destinatario (el ciudadano individualmente concebido y la comunidad) está cercado y tensionado por poderes que coaccionan su comportamiento social, además del interés que tiene el actor criminal por instrumentalizarlo. En el análisis de esta relación se requiere visibilizar la baja incidencia de la investigación criminal contra la comercialización de estupefacientes, el impacto negativo que ha generado el actor criminal al interferir la relación de la Policía Nacional con el ciudadano, la medición del desempeño institucional sustentada en los índices de criminalidad lo cual no contribuye a desestabilizar la comercialización de estupefacientes, y por último, la prestación homogénea de la actividad de policía. Todo ello ayudó a profundizar el desconocimiento de la realidad territorial lo que se aprovechó como una ventaja estratégica por la criminalidad.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Gráfico 31. Fricción social y espacial generada por actividades económicas criminales.

297


POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

En ese orden, la relación del actor criminal y la comunidad evidencian un vínculo en el que prima el interés del primero. Así por ejemplo, en el punto de venta de estupefacientes se da la interacción entre los actores citados, y es allí, en donde se requiere mantener unas condiciones que favorezcan el funcionamiento del sistema de acumulación de capital ilegal entre ellos, el entorno para la expansión geográfica, la fuerza laboral y los consumidores para la distribución y compra de productos estupefacientes. De igual forma, la institucionalización de un nuevo orden social para mantener el monopolio del mercado ilegal logrando con ello desestructurar y reestructurar una nueva representación de cohesión social signada por los antivalores impuestos por “La Cordillera”. Por otro lado, la relación Gobierno y Policía Nacional tiene objetivos comunes, pero los instrumentos para mantener el control social, resultan insuficientes para enfrentar las amenazas actuales contra la seguridad pública cuando hoy tienen enfoque de economía criminal. Además, están impactados por la capacidad de corrupción que tiene “La Cordillera”. Se suma a lo anterior, que no se considera el territorio como un referente de poder y de acumulación de capital. Adicional a ello, los ciudadanos no generan valor público respecto de la oferta institucional brindada por el Gobierno y la Policía Nacional, solo se benefician de ella.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Como se ha podido apreciar el actor criminal se constituye no sólo en una amenaza para la seguridad ciudadana, sino también para las instituciones del Estado en el ámbito local, es decir, “La Cordillera”, en desarrollo de la comercialización de estupefacientes atenta contra la seguridad pública.

298

Este análisis sistémico conllevó a la identificación y descomposición de los factores que son requeridos y compartidos por cada actor para lograr sus metas y objetivos, logrando el resultado que se expone en la tabla 25. La identificación y descomposición de los factores, además de otras interpretaciones que surgen de la integración de intereses entre actores, se constituye en la argumentación sólida de la existencia de


Narcomenudeo: entramado social del crimen

Tabla 25. Factores comunes y tensiones generadas por los actores para el logro de sus metas.

Control social, problemas públicos, territorio, legitimidad, cohesión social, bienestar general, participación ciudadana (autogestión), delitos, violencia y contravenciones.

FACTORES COMUNES QUE GENERAN TENSIÓN

Proteger la estructura social.

COMUNIDAD

Respetar el ordenamiento jurídico a la autoridad y mantener orden social. Cumplir la Ley y generar valor público.

Fuerza laboral, consumidores y vinculación a actividad . económica criminal como modus vivendi.

Protección.

POLICÍA NACIONAL

Actividad de policía, reducir índices de criminalidad, violencia y contravenciones.

Hacer cumplir la Ley.

Políticas públicas, satisfacer necesidades básicas y tratar la conflictividad social.

Oferta institucional para fortalecer la cohesión social y la cooperación internacional.

No desarrollar relación formal con el ciudadano ni fricción social.

No ser víctima.

Des-institucionalizarlo.

Aceptar oferta de corrupción.

COMUNIDAD

GOBIERNO

POLICÍA NACIONAL

Función de policía, gobernabilidad y regulación del mercado legal.

Impedir la afectación al desarrollo de la gestión pública.

GOBIERNO

ACTOR ILEGAL

ACTOR ILEGAL

Sistema de producción y acumulación de capital, expansión geográfica, monopolio del mercado, regulación del mercado ilícito, estructura organizacional y crimen transnacional.

ACTORES

ANÁLISIS SISTÉMICO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA ACTIVIDAD DE POLICÍA

299


POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

un conflicto territorial producto de la hegemonía impuesta de facto por el actor criminal. Por eso se afirma que la comercialización de sustancias estupefacientes es un problema público complejo, de relaciones inéditas y de invisibles tensiones. En este análisis se evidencian las tensiones generadas por unos factores individuales y comunes que se requieren para el logro de los objetivos de cada actor. En tal sentido, el actor citado en la columna busca que el otro (ubicado en la fila) desarrolle unas actividades para favorecer su actuación de manera efectiva. No obstante, todos los actores requieren de los factores comunes y esto es lo que pone en tensión a unos y otros para imponerse y lograr la ventaja, lo que fácilmente permite evidenciar la posición de vulnerabilidad de la comunidad ante la hegemonía asumida por el actor criminal, el Gobierno y la Policía Nacional.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Análisis de proyectos de los actores

300

En este aspecto se desarrollaron dos ejercicios, el primero orientado a conocer las metas de los actores y aquellas situaciones que necesitan de los demás, para poder alcanzar sus propósitos, es decir, es una carta de confrontación de proyectos. El resultado lo constituye el cuadro de la estrategia de los actores, en el que se identifican los factores que rigen sus comportamientos, se visualiza la interacción de los mismos y se hacen inteligibles algunas tensiones producto de la divergencia o convergencia de intereses que surgen del problema público de la comercialización de estupefacientes. Con ello se pueden anticipar las potenciales decisiones de los demás actores, una vez inicie la intervención estatal. (Ver tabla 26). El segundo ejercicio, contiene los retos estratégicos asociados con los objetivos que permiten tal logro.

E1. Mantener la institucionalización de la actividad económica criminal mediante la cohesión social: el actor criminal impuso reglas de comportamiento social las cuales fueron inadvertidas por las autoridades y, a partir de ellas, generó un nuevo orden social y las condiciones necesarias y suficientes para el asentamiento de una actividad económica criminal que le permite el fin, maximizar ganancias.


Obedecer reglas del Estado.

Mantener la cohesión social.

Meta: gozar de un bienestar común como resultado de la gestión pública.

Aplicar la Ley.

Meta: garantizar la convivencia mediante el control social bajo el concepto de seguridad pública. Prestar un servicio legítimo para ayudar a resolver problemas públicos que amenazan la seguridad pública.

Meta: asegurar la convivencia a través de las políticas públicas.

Impedir reconfiguración cooptada del Estado.

Armonizar la seguridad pública con intereses políticos y económicos.

Desarrollar la gestión pública.

Reducir los índices de violencia y de criminalidad.

Suplantar funciones del Estado.

POLICÍA NACIONAL

COMUNIDAD

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Tabla 26. Matriz de Actores por Actores (MACTOR): meta que persigue cada actor frente al problema público del narcomenudeo versus lo que necesita de los demás para lograrla.

GOBIERNO

Disponer de fuerza laboral y consumidores.

Proteger los sistemas de producción y acumulación de capital.

ACTOR ILEGAL

Mantener condiciones del mercado y expansión geográfica.

COMUNIDAD

Meta: maximizar ganancias derivadas del desarrollo de actividades económicas criminales.

POLICÍA NACIONAL

GOBIERNO

ACTOR ILEGAL

El problema: desterritorializacion del control social estatal

ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN

ANÁLISIS SISTÉMICO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA ACTIVIDAD DE POLICÍA

301


POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

E2. Ejercer la gobernabilidad a través de la efectividad de las políticas públicas: el Gobierno tiene entre sus objetivos políticos generar confianza inversionista nacional e internacional, lo cual se rige bajo la concepción de la protección de intereses económicos y la mejora de los índices de seguridad pública. En este propósito a veces, se termina priorizando la seguridad de las instituciones sobre las necesidades y expectativas reales de los ciudadanos. E3. Reducir índices de criminalidad a través del PNVCC: la Policía Nacional busca mejorar la efectividad e impacto del servicio de policía con la implementación del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) y a través de él, fortalecer las condiciones que permitan contrarrestar las causas y factores generadores de criminalidad. E4. Utilizar los espacios públicos con libertad de locomoción y seguridad personal: la comunidad demanda ser protegida para gozar de los bienes comunes y ejercer los derechos y libertades públicas, pero en el fondo se debe recuperar fundamentalmente la cohesión social, es decir, las redes de vecindad, la búsqueda de objetivos colectivos, la participación en las decisiones políticas y la estimulación de la solidaridad. (Ver tabla 27).

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Análisis de relación de influencias, dependencias y fuerzas de los actores

302

Luego de conocidos los proyectos y a través de ello, los intereses de los actores, se elaboró el análisis de convergencias y divergencias como primera visualización de las tensiones que en la cotidianidad genera la comercialización de estupefacientes. Seguidamente, se evidencia la relación de influencia y dependencia de los actores, así como la potencia o relación de fuerza, que tiene un actor sobre los demás. En ese orden, las convergencias y divergencias reafirman lo que de manera fáctica se percibe en la cotidianidad, la relación de la comunidad, la Policía Nacional y el Gobierno está perturbada por el actor criminal. Se destaca en este análisis la convergencia de intereses entre el actor criminal y la comunidad lo que debe ser contextualizado para su mejor comprensión.


ANÁLISIS SISTÉMICO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA ACTIVIDAD DE POLICÍA

ANÁLISIS DE LA PARTICIPACIÓN El problema: desterritorializacion del control social estatal NO.

RETOS ESTRATÉGICOS

OBJETIVOS ASOCIADOS

E-1

Mantener la institucionalización de la actividad económica criminal mediante la cohesión social.

1. Maximizar ganancias. 2. Mantener el monopolio. 3. Proteger los sistemas de producción y acumulación de capital. 4. Asegurar las condiciones para la ampliación del mercado ilícito (expansión geográfica, fuerza laboral, consumidores y disponibilidad de productos).

E-2

Ejercer la gobernabilidad mediante la efectividad de las políticas públicas.

1. Garantizar intereses económicos y políticos para generar confianza inversionista. 2. Cumplir los programas de Gobierno. 3. Posicionar su gestión frente a los temas de seguridad pública.

E-3

Reducir los índices de criminalidad a través del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes.

1. Orientar la cohesión intrainstitucional para mejorar la efectividad y el impacto del servicio de policía. 2. Prestar un servicio heterogéneo en respuesta a las necesidades de los ciudadanos. 3. Fortalecer la coordinación interinstitucional para el tratamiento de los problemas públicos.

E-4

Utilizar los espacios de uso público con libertad de locomoción y seguridad personal.

1. Ejercer sus derechos y libertades públicas. 2. Recuperar la confianza en la comunidad favoreciendo la interacción y la solidaridad. 3. Disfrutar de los bienes públicos.

El actor criminal debe mantener en el punto de venta donde se manifiesta el narcomenudeo, un equilibrio mínimo entre cuatro aspectos, dos de ellos son la fuerza laboral y los consumidores. Esto se explica por cuanto elpor ciudadano en condición de vulnerabilidad clauTabla 23. Retos estratégicos objetivos asociados de cada actor. dica ante la oferta hecha por el actor criminal, decide vincularse de manera racional a las actividades de economía criminal, como en este caso, la venta de sustancias estupefacientes. Los consumidores de sustancias estupefacientes se identifican como la otra causa por la cual se reafirma la relación.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Tabla 27. Retos estratégicos por objetivos asociados de cada actor.

303


POLICÍA NACIONAL - DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

La divergencia entre el actor criminal con el Gobierno y la Policía Nacional se sustenta de manera natural en que los últimos representan al Estado y por ende la legalidad. Sin embargo, se debe llamar la atención, porque se están brindando ventajas que facilitan el logro del reto estratégico fijado por “La Cordillera”. Estas ventajas encuentran su justificación en que al desconocer la dinámica de la comercialización de estupefacientes, no se priorizan acciones dirigidas a modificar las condiciones que favorecen la actividad económica criminal.

A3

+1

A1

-1

A2

+1

-1

-1

+1 -1

A4

Gráfico 32. Análisis de convergencia y divergencia de los actores.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Por otra parte, la divergencia entre la comunidad y el actor criminal, se sustenta en que este último representa amenazas para la vida, la integridad personal, el patrimonio y la cohesión social (seguridad ciudadana). Pero también para la soberanía, el régimen constitucional y el orden constitucional (seguridad nacional interna)

304

Las tensiones permiten entonces, comprender la relación de influencia que tiene el actor criminal sobre el Gobierno, la Policía Nacional y la comunidad. Esto significa que “La Cordillera”, como actor de alto poder desarrolla una fuerte motricidad en el sistema, de acuerdo a su relación de fuerza la cual, según el coeficiente ri* es de 2,25; entiéndase como mayor influencia y menor dependencia frente a los demás actores. * El coeficiente ri establece las relaciones de fuerza entre los actores en las que se relaciona la motricidad indirecta real y la relativa con la dependencia indirecta, lo que determina la preeminencia de un actor sobre otro.


ANÁLISIS SISTÉMICO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA ACTIVIDAD DE POLICÍA

De manera contraria, el Gobierno, la Policía Nacional y la comunidad se ubican en una zona de poca influencia y mayor dependencia. En su orden, ellos poseen una relación de fuerza ri* de 0,8; 0,56 y 0,38 respectivamente. Aquí se presenta un reto: ¿Cómo limitar la capacidad de influencia del actor criminal? Es decir, se reafirma un vez más que la relación sistémica está condicionada y determinada por “La Cordillera”. Análisis de influencia y dependencia

Influencia

Alta

A1

A2

Baja

A3 A4

Baja

Alta

Dependencia Gráfico 33. Análisis de influencia y dependencia de los actores frente al problema público del narcomenudeo.

Histograma de relaciones de fuerza Comunidad Policía Nacional Gobierno

0,38 0,56 0,8

Actor Criminal

Gráfico 34. Análisis de fuerza de los actores según el coeficiente ri.

2,25

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Análisis de fuerza según coeficiente ri.

305


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Esbozada la complejidad de la comercialización de estupefacientes se debe considerar una actuación conjunta del Estado, es decir, comunidad y Gobierno, incluida en este último la Policía Nacional. Cerrar filas contra el actor criminal, es el reto para mantener la gobernabilidad de la seguridad pública y a través de ella, el control social estatal.

Propuesta con enfoque prospectivo para preservar el control social estatal Considerando los objetivos de la investigación se esboza una propuesta que contempla los principales elementos sobre los que se podría guiar la intervención de los factores que caracterizan la relación sistémica frente a la comercialización de estupefacientes, sobre los que la Policía Nacional tendría gobernabilidad y que además requieren la actuación coordinada con otras instituciones del Estado. FIN: "El Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante (PNVCC); servicio legítimo para el tratamiento de problemas de convivencia" META: “Ejercer el control social estatal frente a la amenaza generada por la comercialización de estupefacientes mediante el servicio de policía”. NO.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

1

306

2

RETOS ESTRATÉGICOS

Incluir en la planeación estratégica institucional el conocimiento de las realidades territoriales

Desequilibrar la interacción de los factores que le permiten al actor criminal lograr sus propósitos

OBJETIVOS ASOCIADOS Cohesionar la actuación de las modalidades y especialidades del servicio de la Policía Nacional frente a la comercialización de estupefacientes. Implementar una política de administración, flujo y uso de información para orientar el servicio de policía. Articular en la gestión territorial de la seguridad pública las metas estratégicas y operativas. Implementar indicadores de criminalística, criminología y epidemiología que representen el daño social que genera la comercialización de estupefacientes. Desarrollar investigación criminal frente a la comercialización de estupefacientes. Redefinir el procedimiento complementario entre la Policía Nacional y la Fiscalía General de la Nación frente a la comercialización, porte y consumo de sustancias estupefacientes.


ANÁLISIS SISTÉMICO PARA LA TOMA DE DECISIONES EN LA ACTIVIDAD DE POLICÍA

FIN: "El Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrante (PNVCC); servicio legítimo para el tratamiento de problemas de convivencia" META: “Ejercer el control social estatal frente a la amenaza generada por la comercialización de estupefacientes mediante el servicio de policía”. Evaluar la actuación proactiva hacia las fuentes de riesgo que generan y facilitan la comercialización de estupefacientes.

3

Promover las buenas prácticas policiales

Documentar el procedimiento de actuación policial en los motivos de comercialización, porte y consumo de estupefacientes. Desarrollar un esquema de entrenamiento in situ al policía sobre el procedimiento en los motivos de policía relacionados con la comercialización, el porte y el consumo de sustancias estupefacientes.

Articular los programas de institucionales con el Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana (PICS) para apropiar recursos a través de los Planes de Desarrollo Nacional, Departamental y Municipal.

4

Garantizar el ejercicio de la autoridad de policía

Presentar ante la Alcaldía Municipal el proyecto de Plan Integral de Convivencia y Seguridad Ciudadana. Formular proyectos de ley, donde se fije la actuación con metas interinstitucionales, para intervenir la comercialización de estupefacientes, orientadas a la recuperación de la cohesión y el control social.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Tabla 28. Propuesta con enfoque prospectivo para la recuperación del control social estatal.

307


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Conclusiones Generales

En cada uno de los capítulos fueron presentadas afirmaciones concluyentes respecto del tema de análisis, no obstante, es pertinente destacar algunas proposiciones relacionadas con los retos que plantea la comercialización de estupefacientes y el accionar de la organización criminal para el Estado, y enfatizar en algunas limitaciones y vacíos de conocimiento, que demandan el desarrollo de investigación científica.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

El estatus epistemológico de la inteligencia policial

308

Plantear la discusión sobre la pertinencia de definir la base teórica de la inteligencia policial representa la urgente necesidad de aprehender fundamentos de conocimiento para tener claridad sobre lo que se debe hacer de cara a la realidad. A partir de una bien estructurada entidad o unidad de análisis se identifica el límite y alcance de la inteligencia policial, por tanto, hay una contribución en clarificar el enfoque de actuación para articular los aspectos teóricos con las prácticas cotidianas, de manera que impere la coherencia entre el deber ser y el ser. Identificar los ámbitos propios del conocimiento con la debida rigurosidad, se constituye en una potencialidad que facilita encontrar aspectos de complementariedad con otras modalidades del servicio de policía, disciplinas, ciencias y actividades que tienen por objeto de estudio temáticas afines a la convivencia. Una bondad adicional es evitar la interferencia o invasión (confluencia de roles) en campos inherentes a áreas del saber que han avanzado en la formulación de sus respectivos estatus epistemológicos y gozan de claridad en su acción. Al respecto, es necesario elevar el nivel de la discusión sobre estos temas. Si bien no se pretende descalificar la experiencia individual o colectiva ni el conocimiento intuitivo sobre estas cuestiones, se


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requiere un tipo de argumentación y aporte riguroso, sistemático y objetivizado que contribuya a la construcción de un estatuto epistemológico consistente. De igual forma, se hace exigente una apertura discursiva para analizar desde otras perspectivas aspectos teóricos y propositivos que entran en cuestionamientos válidos contra ciertos paradigmas consuetudinarios. Se abre, por consiguiente, un espacio para el criticismo lógico y la divergencia pero a partir de elementos de conocimiento más elaborados producto del estudio juicioso y el análisis detallado. La teoría del funcionalismo estructural, como una propuesta inicial de la base teórica para la inteligencia policial, gracias a sus planteamientos, funge como el esquema sistemático de proposiciones que de manera más afín identifica los fines que desarrolla esta modalidad del servicio de policía. El grado de certeza al hacer esa afirmación es que el ejercicio analítico de contrastación con la práctica hasta ahora ejecutada, muestra que parte de los procesos y acciones que realizan los funcionarios de la inteligencia policial, en su parte empírica, encuentran elementos de sustento en las reflexiones formuladas por Talcott Parsons desde la perspectiva de la estructura de la acción social.

Los resultados de la investigación documental e institucional titulada “Aproximación a la base teórica de la inteligencia policial: una tipología universal” fueron presentados en desarrollo del III Seminario Internacional de Inteligencia Estratégica y Prospectiva 2012 en la cual participaron directivos y miembros de la Asociación Internacional de Analistas de Inteligencia encargados de hacer cumplir la Ley (IALEIA) quienes presidieron el lanzamiento del capítulo Colombia de esta organización. El evento fue el escenario en el que se plantearon reflexiones en cinco dimensiones: La necesaria fundamentación teórica de la inteligencia policial, porque: la inteligencia es un sustantivo y los adjetivos establecen la tipología la cual se acompaña de base teórica, estructura y método, de esta forma se establece su límite y alcance. El papel de

Narcomenudeo: entramado social del crimen

La profesionalización de la inteligencia policial reconocida por IALEIA

309


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la inteligencia policial consiste en identificar las propiedades universales (variables) de la cosa objeto de análisis, insumo requerido por la prospectiva, de lo contrario esta última no existe. Este esfuerzo académico de identificar el marco analítico de la actividad de inteligencia policial es un referente para los otros cuerpos de policía y organismos de inteligencia de Latinoamérica.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

El nuevo paradigma implica identificar entidades de análisis: la unidad de análisis en inteligencia policial, la constituye la amenaza derivada del conflicto social (en su función desintegradora) y el ámbito de protección será la convivencia, la cual se entiende como el sistema de acción social. La amenaza derivada del conflicto social como unidad de análisis, se constituye entonces en la entidad que rige la arquitectura del diseño de la solución tecnológica en la inteligencia policial. La solución tecnológica debe concebir la interdependencia entre las características de la amenaza (indicadores de resultados), los ámbitos de protección (indicadores de impacto) y las capacidades (indicadores de gestión), para permitir la gestión de los riesgos de la convivencia.

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La caracterización de amenazas a la convivencia es una metodología afín con la corriente teórica del funcionalismo estructural y la teoría del sistema de acción social, porque: el acervo teorético es concordante con la producción literaria de la doctrina de policía, de ella se obtiene como uno de los resultados la estructura lógica de análisis instrumento vital para la definición de nuevas entidades de análisis y por tanto de la predicción para, de esta forma, hacer seguimiento gerencial a la gestión de los riesgos que atentan contra la convivencia. Esta metodología emplea el método inductivo -sensorial y racional- para elaborar la reconstrucción de representaciones colectivas -a partir de las individualidades- como imagen artificial para leer la evolución de la amenaza derivada del conflicto social. El resultado de la caracterización como metodología para objetivar las amenazas a la convivencia tiene múltiples usos, entre ellos: a) permite hacer una aproximación sistemática y sistémica a la realidad social de la convivencia, b) facilita la identificación de relaciones causales entre las diferentes amenazas a la convivencia, c) fundamenta la elaboración de estructuras lógicas de


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análisis de la convivencia, d) en relación con el enfoque de seguridad permite identificar las capacidades institucionales, para enfrentar las amenazas a la convivencia, e) identifica nuevas entidades como presupuesto para el diseño de la solución tecnológica con fines de predicción y anticipación. La inteligencia criminal como una actividad desconocida en sus aspectos epistemológicos, teleológicos y ontológicos, por lo que: existe confusión al relacionar la investigación criminal con la inteligencia criminal, es común relacionar la inteligencia criminal con el análisis criminal o delictual. No existe inteligencia reactiva, por lo que la actividad de inteligencia criminal tiene por objeto predecir, principal atributo y fundamento basal tanto de la anticipación, así como para diseñar la estructura y mecanismo de funcionamiento -sistema- de las amenazas criminales presupuesto de la prospectiva. La inteligencia criminal y policial, una relación emergente en la que se destaca que: son dos tipologías diferentes, pero complementarias para planear y prestar el servicio de policía, ellas tienen su confluencia en la protección de la convivencia. Continúa la discusión irresuelta de establecer si la inteligencia policial y criminal son sólo actividades o si las metodologías y la rigurosidad con que estas se desarrollan les daría el estatus de disciplina.

El entramado social del crimen como denominación de una forma de asociación colectiva, es una propuesta que describe situaciones instaladas en algunos grupos sociales que se vinculan a actividades económicas criminales. Es una manera peculiar de interacción que explica el contenido de lógicas observadas en algunos sectores urbanos donde se protege la estructura de mercados ilegales y empresas criminales. En este escenario, la cohesión social se torna en negativa cuando se crean representaciones sociales que imponen adhesión y pertinencia de algunos ciudadanos con valores y principios que ignoran las formalidades y legalidades que las autoridades del Estado buscan mantener en el territorio.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

El entramado social del crimen: un enfoque para explicar la realidad social

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Las actividades económicas criminales, bajo el criterio de algunos ciudadanos, han dejado de ser consideradas como situaciones reprochables, para ser visibilizadas como medios que permiten el sustento personal y familiar. De forma paralela, los actores criminales amplían su radio de acción y se apropian del territorio donde ofrecen opciones de “trabajo” a los residentes de esas áreas que intervienen, para legitimarse como fuerzas proveedoras de bienes y servicios que ayudan a suplir las carencias y necesidades básicas. Al generalizarse este tipo de prácticas, se adoptan actitudes que generan pertinencia e identidad tanto con las organizaciones delincuenciales como con las acciones criminales de donde obtienen ganancias económicas. Esta forma de ver la realidad social resulta pertinente no para hacer apología a situaciones que vulneran el orden social que busca proteger el Estado, sino para entrar, de forma más aproximada, en el complejo mundo de la interacción humana donde el crimen se convierte en un hilo vinculante. En este escenario también se establecen órdenes sociales sui generis que son construidos con base en circunstancias propias de los entornos urbanos como resultado de una construcción histórica y aceptada colectivamente, que en muchos casos, tienen una lógica desconocida para las autoridades estatales.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

El reto del Estado: la comprensión de la amenaza para su adecuada intervención

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Una organización criminal se institucionaliza cuando logra articular el sistema de producción, con el de acumulación de capital. Es decir, para este caso, “La Cordillera” articuló la comercialización de estupefacientes con otras actividades económicas criminales, tales como la extorsión y la captura de rentas generadas por los juegos de azar ilegales, la prostitución y la fijación de cuotas extorsivas a algunas personas que se dedican a la comercialización de cebolla y de ganado en pie. (Ver gráfico 35). Entonces, la comercialización de estupefacientes es el subsistema en el que se monetizan los productos del narcotráfico, mediado por el desarrollo del mix de mercado, lo cual genera un fenómeno deno-


PUNTO DE VENTA

TRANSPORTE

ACUMULACIÓN

Control Social

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

INSTITUCIONALIZACIÓN DE UN NUEVO ORDEN SOCIAL

Cohesión Social

ACTIVIDAD ECONÓMICA

Narcomenudeo: entramado social del crimen

Legitimidad

COMUNIDAD

SISTEMA DE ACUMULACIÓN DE CAPITAL

Gráfico 35. Integración del sistema de producción y acumulación de capital para maximizar las ganancias por parte de una organización narcotraficante.

PROMOCIÓN

RUTAS

INFRAESTRUCTURAS DE PRODUCCIÓN

INVERSIÓN

PRECIO

TRANSFORMACIÓN

SUSTANCIAS QUÍMICAS

COSTOS OPERATIVOS

FLUJO DE CAPITALES

PRODUCTO

COMERCIALIZACIÓN

ACOPIO

DISTRIBUCIÓN

CULTIVOS ILÍCITOS

PRODUCCIÓN

NARCOTRÁFICO

SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE CAPITAL

MAXIMIZAR GANANCIAS

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313


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minado narcomenudeo, que fue institucionalizado por “La Cordillera” como una actividad de economía criminal para la acumulación de capital. El narcomenudeo es un fenómeno que surge como resultado de la aplicación de los procesos estratégicos y operativos de la comercialización de sustancias estupefacientes que busca maximizar las ganancias y es percibido por los ciudadanos como la compra, venta, monetización y consumo de sustancias estupefacientes. Sin embargo, esta representación social mediada por el temor o el miedo generado por la marca “La Cordillera” sumado a la incomprensión del funcionamiento del sistema por parte del Estado, permite que la estructura de comercialización de estupefacientes permanezca indemne, en razón a que el narcomenudeo contempla aspectos superiores. Por un lado representa la institucionalización (establecimiento de un nuevo orden social), de una actividad económica criminal para la acumulación de capital; y por el otro, se constituye en un problema público que amenaza no sólo la seguridad ciudadana, sino la seguridad pública en tanto desterritorializa el control social estatal.

Narcomenudeo: entramado social del crimen

La institucionalización de “La Cordillera” a través de una estructura organizacional en cadena de asociación, le permite mayor flexibilidad en el direccionamiento, mando y control de la actividad económica criminal, facilita la apropiación del espacio, mantiene el control social y disminuye el tiempo de circulación de los productos para maximizar ganancias.

314

Es por ello que el orden institucional en expansión desarrollado por “La Cordillera” adecúa los referentes territoriales como medio para generar riqueza, pero esto es imperceptible para las autoridades. Es decir, el orden institucional es la forma efectiva como el crimen desterritorializa al Estado en sus funciones de asistencia, regulación y control. Contrariamente, los ciudadanos no sólo perciben en la cotidianidad la presencia del actor criminal sino que además, son conscientes que él condiciona y determina el comportamiento colectivo y la conducta individual; lo que se desconoce es la dimensión de los daños que esto causa a la cohesión social, porque las manifestaciones se conciben solo relacionadas a una actividad criminal aislada, y no en interacción con el narcotráfico.


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El narcomenudeo como un fenómeno del narcotráfico estimula nuevas o variadas manifestaciones de criminalidad y violencia como el desplazamiento intraurbano, la instrumentalización criminal de los ciudadanos (entre ellos los menores de edad), la extorsión en pequeñas cuotas de dinero (condicionada a la denuncia), la expropiación forzosa de bienes muebles e inmuebles, la deserción y la violencia escolar, la venta de estupefacientes entendida por los ciudadanos como un modus vivendi y forma de satisfacer sus necesidades básicas. Sobre estas manifestaciones se carece de registro oficial por parte del Estado, pero son las que impiden a los ciudadanos disfrutar sin temores de los bienes públicos, así como ejercitar los demás derechos y libertades públicas.

Se puede afirmar que las vulnerabilidades identificadas en la actuación del Estado frente al narcomenudeo, son interpretadas como debilidades aprovechadas por el actor criminal o que involuntariamente favorecen la pervivencia del actor y de la actividad económica criminal. Es decir, el análisis del narcotráfico no sólo se debe concentrar en su sistema de producción y los actores que en él intervienen, también requiere de especial atención a los mecanismos de acumulación de capital (diversificación de actividades económicas criminales), que se interrelacionan con el subsistema de comercialización en la forma como se apropian del espacio urbano para la venta de estu-

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Todo lo anterior hace suponer que el ordenamiento jurídico, la política criminal, los procedimientos de seguridad y de salubridad públicas, entre otros, no responden adecuadamente a los retos de inseguridad que emanan de la comercialización de estupefacientes. Por esta razón, la actuación del Estado no genera impacto en el ciudadano y como consecuencia, está en riesgo la legitimidad y no se genera valor público a través de la oferta institucional. Quiere decir entonces, que la interpretación criminológica de los problemas de seguridad se debe complementar con análisis estructurales que además de hacer una descripción fenomenológica, permita identificar las causas estructurales e invisibles que los motivan, y de esta forma, orientar la actuación del Ente de Policía, para modificar las condiciones que favorecen la permanencia de estas.

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pefacientes. Así mismo, es de interés estratégico definir las señales, indicios o indicadores para anticipar la institucionalización de una organización criminal en el territorio y no sólo desde la perspectiva de la presencia de un actor criminal. Un ejemplo de ello lo constituye “La Cordillera” que de manera sistemática genera las condiciones para un nuevo mercado en Pereira y algunos municipios del eje cafetero, donde se ofertan sustancias sustitutas (farmacéuticas, industriales, de diseño y combinadas) que generan efectos estimulantes y no necesariamente son elaboradas con derivados de la cocaína. Esto significaría varios retos para la investigación criminal:

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• Los reactivos empleados en el procedimiento de Prueba de Identificación Preliminar Homogenizada (PIPH) no identifican las nuevas sustancias que en su mayoría son de origen farmacéutico e industrial. Esto influye en que el concepto del investigador, vital para judicialización, sea limitado en razón a que el actual protocolo no le permite establecer lo citado en el artículo 376 del Código Penal colombiano “… droga que produzca dependencia…”.

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• No se dispone de los protocolos ni los instrumentos tecnológicos para el análisis químico de los productos estupefacientes que hoy se comercializan; en razón a ello, la Dirección de Investigación Criminal e Interpol (DIJIN) de la Policía Nacional, requiere la adquisición del cromatógrafo de gases masa-masa, el cual permite perfilar estas sustancias a través de la separación, identificación y cuantificación de los componentes volátiles y semivolátiles de las mezclas complejas que contienen. Esto es importante en el consumo porque no se sabe con certeza qué tipo de sustancias adulterantes están siendo usadas en la manufactura ni la concentración de las mismas. Por esto mismo, se desconoce qué es lo que realmente están consumiendo los consumidores. • La persona capturada por la Policía Nacional por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (artículo 376 del


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Código Penal Colombiano) en pequeñas cantidades, recobra la libertad por decisión del Fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de la Fiscalía General de la Nación. La decisión judicial se argumenta en las sentencias 29183 de 2008 y 31531 de 2009 sobre el concepto de aprovisionamiento, promulgadas por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. El aprovisionamiento es una forma de almacenamiento de estupefacientes para el consumo personal, lo cual se interpreta como antijuricidad material, es decir, no se presenta una efectiva lesión o al menos peligro al bien jurídico tutelado por la Ley (principio de lesividad), y por lo tanto, no se configura el delito. La anterior jurisprudencia genera colisión con el artículo 49 de la Constitución Política de Colombia que prohíbe el consumo de estupefacientes. La prohibición obligaría a judicializar a todas las personas que porten cualquier cantidad de sustancia estupefaciente. Adicionalmente, ese mandato constitucional no ha sido reglamentado, lo que dificulta operacionalizar la intención planteada por el Legislativo y el Ejecutivo, que es desarrollada cotidianamente por la Policía Nacional.

• Los centros de manufactura deben ser objeto de investigación criminal para que dentro del desarrollo de los programas metodológicos se documente la estructura y formas de funcionamiento. Este sería un presupuesto para la gestión de conocimiento, que se constituya en aprendizaje institucional susceptible de ser replicado en las unidades policiales y contribuya a la comprensión de la comercialización de sustancias estupefacientes, así como a la focalización de esfuerzos en aspectos estructurales del problema.

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• La información que produce la investigación criminal, no se procesa con fines estratégicos para comprender los fenómenos de criminalidad, solo se emplea para esclarecer los hechos y parte de ella queda registrada en las múltiples bases de datos operacionales de la rama judicial.

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El análisis del narcotráfico fragmentado: los vacíos para la producción de conocimiento La ausencia de una estructura lógica de análisis integral para hacer seguimiento estratégico al narcotráfico como un sistema, es lo que limita la comprensión de los fenómenos asociados al mismo. En los esquemas tradicionales de análisis del narcotráfico no se incluye el seguimiento sistemático a la comercialización de estupefacientes y en esta investigación se presenta una propuesta de análisis con enfoque de mercado que permite racionalizarlo, explicarlo y dominarlo. Hoy las organizaciones narcotraficantes, a diferencia de lo que ocurría en el pasado, no desarrollan todos los subsistemas, sino que se especializan en algunos componentes del sistema.

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Las amenazas asociadas al narcotráfico, como el narcomenudeo, requieren ser caracterizados con enfoque ontológico y sistémico, y a partir de esto, identificar las necesidades de actuación coordinada, concurrente y subsidiaria de las instituciones del Estado. Para la Policía Nacional los problemas públicos son generadores de motivos de policía, en atención a lo cual debe y requiere disponer de mecanismos efectivos, que le permitan ejercer el control social mediante la prestación de un servicio heterogéneo que responda a las realidades territoriales, y se enfoque hacia la seguridad ciudadana en sus dimensiones individual y colectiva, así como a la protección de las instituciones del Estado.

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En razón a lo anterior, la Policía Nacional debe realizar un seguimiento al sistema del narcotráfico integrado por los subsistemas de producción, distribución, comercialización y flujo de capitales, y al sistema de acumulación de capital, lo que plantea la necesidad de adecuar los sistemas de información para tal fin. No es pertinente considerar los fenómenos como meras manifestaciones criminales, ni diseñar estrategias por cada delito que de manera mediática o por percepción, se posicionen en la opinión pública o en el discurso político; sino que se requiere identificar los mecanismos que articulan distintas actividades criminales para intervenirlas de manera integral y sistemática. En relación con ello,


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se pudo confirmar que las autoridades que representan al Estado actúan sobre las manifestaciones de afectación a la seguridad pública que se perciben y no sobre los mecanismos que las generan. Por lo anterior, el Centro de Inteligencia Prospectiva (CIPRO), continuará desarrollando la investigación titulada “Ontología del Narcotráfico: la abstracción del sistema socioeconómico” la cual inició en el año 2009, por lo que tiene caracter de itinerante en razón a los múltiples vacíos de conocimiento que en relación con el narcotráfico existen.

El narcomenudeo: una amenaza a la seguridad pública del hemisferio La generalización del subsistema de comercialización de estupefacientes, en el que se percibe el narcomenudeo, una vez contrastada en algunas ciudades de Colombia, México, El Salvador, Brasil, y Perú, permite afirmar que las propiedades del fenómeno son las mismas en estos países, lo que evidentemente cambia son los atributos propios de cada realidad, debido a la diversidad cultural, política, social, económica y geográfica, entre otros factores.

En este sentido, la estructura lógica de análisis se constituye en el insumo vital para el diseño de soluciones tecnológicas integradas que permitan mejorar la coordinación y el intercambio de información estratégica en el hemisferio, la efectividad de la cooperación internacional, la formulación de políticas públicas y la medición del impacto de la actuación del Estado frente a la comercialización de estupefacientes. El gran reto para los Estados es prevenir que los ciudadanos se incorporen a las actividades económicas criminales. Sin embargo, la tendencia es tipificar como delito todos aquellos comportamientos

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La consulta realizada con los cuerpos de policía de Latinoamérica, deja entrever que no se dispone de una estructura lógica de análisis del narcotráfico (estructura y funcionamiento), que incluya la comercialización de estupefacientes; y que a su vez, permita realizar un seguimiento longitudinal de este subsistema.

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que afectan la convivencia, como mecanismo para ejercer el control social por parte de las autoridades, pero esto conduce a un riesgo de magnitudes incalculables, porque se puede llegar a procesar penalmente y de forma masiva a la población que es constreñida por parte de un actor criminal a vincularse a actividades económicas criminales.

Limitaciones: retos de la investigación científica • La profundización en el conocimiento de las reglas de acumulación de capital es una tarea pendiente. Por ahora se plantea, que intervenir el sistema de acumulación de capital es una necesidad prioritaria, que impactaría estructuralmente el esquema de la organización criminal.

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• Este estudio carece de un análisis de entorno, demográfico y cartográfico de los sitios donde se manifiesta el narcomenudeo, porque no se fijó como un objetivo mismo, pero podría ser de vital importancia para la planeación de una actividad de policía heterogénea, con énfasis en el conocimiento de las realidades territoriales.

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• No se dispone de resultados científicos que refieran el cálculo de las ganancias que genera la comercialización de estupefacientes, ni la forma como estas se integran al sistema financiero. Por este motivo, se requiere un estudio que permita conocer los mecanismos a través de los cuales el capital ilegal es introducido en el sector real y luego en el financiero. En este aspecto, se demanda la coordinación con la Unidad de Información y Análisis Financiero de (UIAF) del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. • La ausencia de un sistema de información relacional hace imposible realizar un seguimiento longitudinal a la comercialización de estupefacientes, por lo cual surge la necesidad de diseñar una infraestructura lógica de análisis que apoyada en una solución tecnológica integrada, represente de manera aproximada la realidad de los problemas públicos que afectan la convivencia en la cotidianidad.


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• Sería pertinente revisar los procedimientos administrativos con los que las entidades del Estado tratan a los servidores públicos o beneficiarios drogadictos y su impacto en el Sistema General de Seguridad en Salud. Además, surge la inquietud respecto de si los tratamientos terapéuticos que se administran en los procesos de rehabilitación de los consumidores, responden al consumo de sustancias sustitutas o la combinación de estas con estupefacientes.

El uso de la investigación para transformar la realidad Los resultados de esta investigación fueron presentados el 1 de julio de 2011 en Cuernavaca (México) en el marco de la VI Cumbre de la Comunidad Latinoamericana y del Caribe de Inteligencia Policial (CLACIP), en donde se destacó por parte de los asistentes la similitud del comportamiento del narcomenudeo con lo que ocurre en cada uno de los Estados miembros.

Bajo esa visión, el enfoque analítico hacia la comprensión de los problemas públicos que afectan la convivencia desarrollado por la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL), demanda la necesaria ampliación de usuarios del conocimiento que se produce en el marco del Plan Nacional de Inteligencia Policial por Cuadrantes (PNIPC). Esto significa que la comprensión de los problemas públicos que afectan la convivencia debe ser útil para orientar, además de la planeación estratégica, la planeación y prestación del servicio de policía, que repercuta en la actuación proactiva de los policías del cuadrante y que, por intermedio de ellos, se pueda involucrar y educar a la comunidad para disminuir los factores que facilitan la perturbación del orden social. En ese sentido, es fundamental que cuando se formule una estrategia institucional contra la comercialización de estupefacientes, se dirija a impactar las variables que se constituyen en amenaza y

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La Policía Nacional de Colombia promueve la investigación con metodología científica para identificar las necesidades de seguridad pública, y a partir de esto, producir conocimiento útil para planear y prestar el servicio de policía en el marco del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC).

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corregir las vulnerabilidades que obstaculizan el propósito de garantizar la seguridad pública. A manera de colofón, esta investigación es solo una aproximación perfectible para la comprensión de un fenómeno que como el narcomenudeo, se constituye en un problema público de afectación, no sólo a la seguridad ciudadana, sino también a la seguridad nacional, y por ende a la convivencia. La última palabra en términos de producción de conocimiento no está dicha, solo se busca iniciar la discusión en distintos ámbitos institucionales, académicos y sociales; así mismo, orientar la actuación de la Policía Nacional guiada por inteligencia policial, en la que se calculen los efectos de las decisiones con indicadores más acordes con la realidad que viven los ciudadanos en la cotidianidad.

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Concebir la inteligencia policial no necesariamente asociada al análisis de la criminalidad es complejo, máxime cuando la literatura la equipara como sinónimo de la inteligencia criminal. Sin embargo, en esta investigación se considera que ambos conceptos poseen connotaciones distintas pero complementarias, en su función de anticipar y asesorar los cuerpos de policía para la prestación de un servicio orientado a ejercer el control social, garantizar la protección de los ciudadanos y del Estado, y a través de este propósito, lograr su fin fundamental, es decir, la convivencia.

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EPÍLOGO

Y sobre estas valoraciones iniciales conviene hacer dos comentarios. Primero, la comprensión es importante para la Policía Nacional de Colombia porque no se puede controlar un fenómeno que no se ha investigado; e investigación significa en este contexto recolección y análisis en función de un conjunto de conceptos que guían la observación; no se puede ver o filtrar la inmensa cantidad de datos de la realidad social si no se cuenta con los instrumentos apropiados. Pero para hacer esto es necesario tomar una cierta distancia frente a los problemas de convivencia con el fin de construir un modelo mental sobre el funcionamiento de un sistema social -fundamental para la predicción- en el que se relacionan diversos actores sociales, cada uno de ellos con sus intereses. Esa distancia es la que permite luego actuar en el marco del Plan Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes (PNVCC) de un modo racional y alinear las capacidades de las otras modalidades del servicio de Policía e incluso de otras instituciones del Estado. Segundo, los objetivos de alto valor reciben ese nombre porque el Estado colombiano aún tiene que enfrentar unas organizaciones que amenazan su estabilidad. Sin embargo, el fortalecimiento de la Fuerza Pública ha permitido que la noción de “alto valor” se pueda aplicar a otro nivel; ahora los objetivos de alto valor pueden ser también aquellos

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El libro Narcomenudeo: entramado social por la institucionalización de una actividad criminal es el primer gran paso de la Dirección de Inteligencia Policial (DIPOL) en reorientar los esfuerzos de comprensión de la Policía Nacional de Colombia a partir de la implementación de una metodología endógena para la caracterización de las amenazas que afectan la convivencia de los ciudadanos. Ellos [Los ciudadanos] están ahora más preocupados por disminuir la venta y consumo de estupefacientes en los sitios públicos que en la captura y extradición de los grandes capos del narcotráfico. Dicho en otras palabras, a los ciudadanos les importa menos la neutralización de los objetivo de alto valor en comparación con el consumo de sustancias en los parques.

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que la ciudadanía señala como relevantes para la paz y la convivencia en el barrio, e incluso en los cuadrantes (esquema de la prestación del servicio de policía). Desde este punto de vista, la DIPOL ha sido capaz de interpretar los nuevos retos en materia de seguridad ciudadana formulados por el Gobierno Nacional en el sentido de que aquellos fenómenos que preocupan al ciudadano de a pie le preocupan también a las más altas esferas del Gobierno y la Policía Nacional.

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El libro Narcomenudeo: entramado social por la institucionalización de una actividad criminal muestra que la comercialización de estupefacientes para el consumo interno requiere una compleja estructura organizacional, la cual depende de las decisiones de asignación de recursos de esta particular empresa criminal. En esta parte de la reflexión se adoptan algunos conceptos del Marketing para explicar el éxito comercial de esta actividad ilegal. Es por ello que estas organizaciones tienen que tomar decisiones sobre: i) el producto, teniendo en cuenta el proveedor, la calidad, y la disponibilidad, ii) el precio, el cual depende de la frecuencia de compra del cliente promedio y el punto de equilibrio de la organización, iii) la promoción, la cual se ve afectada por la inversión en publicidad y los esfuerzos de relaciones públicas, y, por último, iv) la administración del punto de venta, el cual exige disponer de una infraestructura que garantice la máxima cobertura y ciertas características de acceso. En otras palabras, la comercialización de estupefacientes es una actividad económica criminal en donde hay un proceso de maximización de ganancias que depende de la gestión de una cadena de valor, es decir, una red de actividades interdependientes en donde incluso lo legal y lo ilegal se pueden confundir. Así, estas organizaciones criminales no son simples, y esta investigación es el primer paso en la comprensión de las dimensiones de la amenaza. Cada vez más las autoridades se percatan de que el consumo interno de estupefacientes es también una fuente de riqueza criminal; ya no es sólo la exportación de varias toneladas (distribución) lo que aumenta el capital y la capacidad de coerción del crimen organizado. Quizás uno de los aportes más significativos del libro Narcomenudeo: entramado social por la institucionalización de una actividad criminal es la relación de las organizaciones delincuenciales con el territorio. El control territorial es lo que les permite mantener


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cautivos a sus clientes y de este modo comportarse monopólicamente en el nivel local. Sin embargo, el control territorial permite también que estas organizaciones participen en la regulación de la vida social y en ese sentido desplacen la capacidad de influencia del Estado -Desterritorialización del control social estatal-.

Esta no es una investigación que adopte un único marco teórico y que luego, de modo consecuente, se dedique a aplicarlo tanto en la recolección de los datos como en la contrastación de un conjunto de hipótesis. No. En este trabajo los autores usan las teorías que consideran convenientes y de este modo se induce la mezcla de múltiples teorías en múltiples niveles y con variados puntos de vista, los cuales incluyen tanto al productor como al consumidor, y también al personal uniformado. La economía, la sociología, la geografía y el marketing son algunos de los campos a los que se apela para construir una compleja visión del fenómeno de la comercialización de estupefacientes. Si se mira este libro con los lentes del rigor académico convencional no se podrá apreciar la riqueza de la investigación y la multitud de discusiones y preguntas que pueden nacer después de su lectura. Este es un trabajo que no subordina el problema de investigación al marco teórico sino que, por el contrario, subordina las teorías en función de su capacidad para iluminar nuevas aristas de un fenómeno –si se quiere epifenómeno– que apenas estamos conociendo. La Policía puede usar los protocolos académicos para

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Cuando esto pasa, las organizaciones dedicadas a la comercialización logran incluso un cierto grado de legitimidad y en ese sentido terminan convirtiéndose en el arbitro –por no decir el juez– de la convivencia y la seguridad en el barrio. De esta manera, el control territorial de la empresa criminal termina convertido en un instrumento de influencia sobre las relaciones sociales lo cual termina por construir una nueva representación del orden social justo. Como en el caso de cualquier otra empresa, la organización delincuencial busca aceptación de la comunidad en la que opera -entramado social del crimen-, e incluso procura tener influencia en los procesos democrático electorales, con lo cual trata de fusionar las representaciones sociales del infractor con las representaciones de los ciudadanos. En un contexto como este la actuación de la Policía es extremadamente difícil porque no se percibe a la Institución legal como el “policía natural” de la seguridad y la convivencia.

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hacer su investigación, pero también tiene plena autonomía para usar las teorías disponibles con el fin de construir su propia comprensión del mundo. Porque, a diferencia de los académicos, a la Policía la evalúan por su capacidad para mejorar la convivencia y la seguridad ciudadana. Mientras que algunos académicos están preocupados por el número de citas en el Science Citation Index, los autores de este libro tratan de mostrarle a los otros policías un camino para mejorar su capacidad de análisis -estructura lógica de análisis- al momento de planear el servicio de vigilancia. Cuando los hallazgos de este libro sean divulgados al interior de la Policía –y en especial en la policía de vigilancia– cambiará el modo en que la Institución luche contra la comercialización de estupefacientes.

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La investigación criminal exige trabajo empírico; ya sea que se trate del trabajo de los operadores jurídicos o de investigación criminológica. Sin la recolección de datos la investigación criminal se convierte en criminología de tablero. Y este libro recolectó información de las más diversas fuentes, algunas de ellas de muy difícil acceso para un investigador social adscrito a una entidad universitaria. Se entrevistaron y se aplicaron encuestas a policías, miembros de las organizaciones criminales, consumidores y ciudadanos afectados.

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Se necesita una delicada mezcla entre teoría y datos con el fin de explicar el comportamiento criminal. Una teoría completamente terminada es insensible a las pequeñas variaciones del mundo criminal; una completa subordinación a los datos nos empuja a estudiar cada caso en su unicidad, lo cual puede dificultar el hallazgo de regularidades empíricas que luego pueden renovar la teoría. En cualquier caso, lo cierto es que las investigaciones de la vida real se alejan de las recomendaciones dictadas por los manuales. Sólo cuando se cuenta con un campo de teorías, métodos consolidados y compartidos por una comunidad académica se pueden seguir las fases recomendadas por los metodólogos; pero eso sólo ocurre en los periodos de ciencia normal, es decir, cuando hay grandes acuerdos. Pero, cuando el campo está en proceso de construcción quizás sea mejor alejarse de las recomendaciones escolares que dicta la siguiente secuencia en términos generales: teoría-hipótesisrecolección de datos-contrastación de las hipótesis. Este conjunto de pasos sólo funciona en momentos particulares de la producción de conocimiento; esta es una receta industrial que estandariza la


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producción de artículos pero que corre el riesgo de olvidar los compromisos éticos y políticos del trabajo científico. Porque, y esto va más allá de la voluntad, en la investigación social siempre hay intereses, conscientes o inconscientes. Es por esa razón que la honestidad intelectual exige reconocer desde donde, en términos políticos, estamos hablando. Y, si se tiene en cuenta esto, los autores del libro Narcomenudeo: entramado social por la institucionalización de una actividad criminal muestran que su comprensión y sus intereses están alineados en torno a un interés superior: hacer que la Policía Nacional de los colombianos y el Estado funcionen mejor.

Isaac De León Beltrán Pacheco Universidad Externado de Colombia Fundación Ideas para la Paz

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El señor Coronel Jorge Luis Vargas Valencia, Director de la DIPOL, advierte que este libro no debe ser interpretado como una apología del delito; lo cual se explica por el tipo de lenguaje empresarial usado para describir la comercialización de estupefacientes. Y frente a eso yo agrego: este libro trasciende la comodidad de los juicios morales y obliga a comprender la naturaleza de la amenaza a partir de la racionalidad de la actividad criminal empresarial. Esta es la primera vez que se revela la estructura de las actividades de una organización infractora e innovadora. Este libro será un punto de referencia para los investigadores del narcotráfico y del crimen organizado en Colombia y América Latina, y el primer paso para tal vez desarrollar una nueva doctrina de inteligencia policial, según se sugiere en el capítulo II de esta obra. Que sea esta la ocasión para impulsar más investigaciones así de innovadoras en cabeza del Jefe del Centro de Inteligencia Prospectiva, TC. Luis Ernesto García Hernández y los investigadores Yofre Luis Cortés Vargas, Rodolfo Parra Cely y John Alexander Durán Martínez.

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La propuesta entonces, es considerar a la inteligencia policial como la modalidad del cuerpo de policía que anticipa las amenazas derivadas del conflicto social que afectan la convivencia para asesorar la actividad de policía.

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NARCOMENUDEO

Entramado social por la institucionalizaci贸n de una actividad econ贸mica criminal

Libro narcomenudeo un entramado social por la institucionalización  

Un análisis realizado por la Policía de Colombia sobre un problema que debe ser visualizado como un fenómeno social y criminal con una visió...

Libro narcomenudeo un entramado social por la institucionalización  

Un análisis realizado por la Policía de Colombia sobre un problema que debe ser visualizado como un fenómeno social y criminal con una visió...

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