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NOVIEMBRE, 2010 NOVEMBER, 2010

No. 92

INDICE INDEX PÁG. /PAGE OPINION OPINION ARTICULO # 1: ARTICLE #1:

TEMERIDAD Y MALICIA PROCESAL – COSTAS, COSTOS, MULTAS RESPONSABILIDADES Y SANCIONES RECKLESSNESS AND MALICE IN LITIGATION: COSTS, FINES, PENALTIES AND LIABILITY FOR LITIGATION

ARTICULO #2: ARTICLE #2:

AUTONOMIA DEL DERECHO INFORMATICO AUTONOMY FOR IT LAW

ARTICULO #3: ARTICLE #3:

CAMINOS PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO Y RECUPERACION DE LA CRISIS ECONOMICA EN LATINOAMERICA WAYS FOR ECONOMIC GROWTH AND RECOVERY OF THE ECONOMIC CRISIS IN LATIN AMERICA.

JURISPRUDENCIA: EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO JURISPRUDENCE: THE ADMINISTRATIVE POSITIVE SILENCE NOVEDAD LEGISLATIVA MENSUAL: CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION MONTHLY LEGISLATIVE NEWS: ORGANIC CODE OF TERRITORIAL ORGANIZATION, AUTONOMY AND DECENTRALIZATION

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NOVEDAD LEGISLATIVA- LA NUEVA CONSTITUCION: TRABAJO Y PRODUCCION LEGISLATIVE NEWS – THE NEW CONSTITUTION: WORK AND PRODUCTION INDICADORES ECONOMICOS ECONOMIC INDICATORS

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EVENTOS EVENTS

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Amazonas 4600 y Gaspar de Villaroel Piso 10 Telf. (5932) 2266062 Fax (5932) 2266061 Quito – Ecuador

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Víctor Emilio Estrada # 814 - A entre Guayacanes e Higueras Telf. (5934) 2386665 Fax (5934) 2358973 Guayaquil - Ecuador

COORDINADORA: Ab. María Dolores Orbe ejvyv@uio.satnet.net www.vivancoyvivanco.com El presente material ha sido preparado, elaborado y/o editado por el Estudio Jurídico VIVANCO & VIVANCO, Cía. Ltda. La información, datos y material presentado en este Boletín tiene fines informativos únicamente por lo que son sujetos a cambio o modificación sin previo aviso. Si usted no desea seguir recibiendo este Boletín, comuníquese inmediatamente con nosotros: ejvyv@uio.satnet.net. This newsletter has been prepared, elaborated and/or edited by Estudio Jurídico VIVANCO & VIVANCO, Cía. Ltda. The information, data and material presented in this Bulletin is for information purposes only, thus are subject to change or modification without previous notice. If you do not wish to continue receiving this newsletter, please contact us immediately at: ejvyv@uio.satnet.net


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OPINION Luego de 2 años de crisis económica mundial, hasta la fecha no existe una recuperación total, sin embargo es importante destacar el papel que ha jugado Latinoamérica en este proceso de recuperación mundial, específicamente liderados por las actuales potencias como Brasil, México, Perú. Precisamente es este tema el que tratamos en nuestro artículo escrito por la Ab. Maria Dolores Orbe del Estudio Jurídico VIVANCO & VIVANCO, y cuáles podrían ser los caminos para avanzar en la recuperación de la crisis económica. Recomendamos su lectura. Adicionalmente, el contenido de esta edición se ha programado para que sea de su interés en general. Es así que recomendamos el artículo “Temeridad y Malicia Procesal – Costas, Costos, Multas, Responsabilidades y Sanciones”, mediante el cual conoceremos las incidencias y repercusiones de iniciar demandas o acciones legales innecesarias o demandar por demandar. En nuestra sección de Novedad Legislativa, presentamos el Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, vigente desde el 19 de Octubre de 2010 y mediante el cual se descentralizan aspectos fundamentales para la toma de decisiones de los organismos seccionales, con la finalidad que puedan agilitar y optimizar los procesos en temas referentes a administración, tributos, manejo y obtención de recursos entre otros. Sin embargo nuestro análisis a la norma se centra específicamente en el tema de los tributos ya que es aquí donde se ha creado un importante cambio con respecto lo establecido anteriormente. Igualmente, recomendamos su lectura. En la sección Constitucional, detallamos en que consiste la sección de Trabajo y Producción, según nuestra Constitución Vigente, y que aspiramos que estas bases constitucionales sobre la producción y trabajo, vayan de la mano con el proceso de recuperación de la crisis económica a

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propósito del Código de la Producción que se encuentra en debate de la Asamblea.

OPINION After 2 years of economic world crisis, up to the date a total recovery does not exist, nevertheless it is important to emphasize the paper that has played Latin America in this process of world recovery, led by the current specific powers such as Brazil, Mexico, and Peru. It is precisely this issue or topic, the one that we treat in our article written by the Ab. Maria Dolores Orbe of VIVANCO & VIVANCO Law Firm, and which might be the ways to advance in the recovery of the economic crisis. We recommend his reading.

Additionally, the content of this edition is scheduled to be of general interest. Thus we recommend the article "Recklessness and Malice in Litigation: Costs, fines, penalties and liability for Litigation”, by which we will know the incidents and repercussions of initiating demands or legal unnecessary actions or demanding for demanding... In our Legislative News section, we present the Code of Territorial Organization, Autonomy and Decentralization, effective since October 19, 2010 and through which fundamental aspects of decentralized decision-making bodies of the sectors, with the aim to expedite and streamline processes in matters relating to administration, taxation, management and acquisition of resources among others. However, our analysis focuses specifically rule on the issue of taxes as it is here that has created a significant change from the previously set. We also recommend reading. Constitutional Section, which is detailed in the section Production and Labor, according to our Constitution in force, and we hope that these constitutional bases on the production and work, go hand in hand, with the recovery process of the economic crisis, of purpose Production Code


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which finds in process of debate in the Assembly.

TEMERIDAD Y MALICIA PROCESAL Por:

Dr. Jorge Isaas Torres Manrique Perú

COSTAS, COSTOS, MULTAS, RESPONSABILIDADES Y SANCIONES.1. COSTAS.Según el Código Procesal Civil peruano (art. 410), las costas están constituidas por i) las tasas judiciales, ii) los honorarios de los órganos de auxilio judicial y iii) los demás gastos judiciales realizados en el proceso. La costas o gastos son de aplicación a la parte vencida (se aplican de oficio), tanto como los costos, pueden ser convenidos por las partes cuando el proceso concluye por transacción o conciliación. Notificadas las costas deben ser canceladas de manera inmediata, caso contrario se podrá cobrarlas por la vía forzosa. Hugo Alsina[1] sostiene que “en los inicios del antiguo derecho romano no se conocían las costas, cada litigante abonaba sus propios gastos… tampoco se conocieron en Francia hasta la edad media, en que se comenzó a aplicar una multa a quien sucumbía en el pleito, de donde derivó la costumbre”. El maestro Chiovenda[2], manifiesta: “la máxima de que el vencido ha de pagar necesariamente al vencedor los gastos o costas del juicio corresponde ya a la última fase del derecho romano. Anteriormente la condena en costas, no se imponía sino al vencido temerario, entendida la temeritas, al igual que la calumnia, como consecuencia de lo injusto. En días más remotos aún no tenía lugar el reembolso de gastos entre las partes contendientes, pues quedaban a cargo del vencedor y del vencido, a no ser que uno de ellos tuviera derecho a exigirlas de un tercero ajeno al pleito, pero responsable de él”. Para Jaime Guasp[3], “las costas son una parte de los gastos procesales: una species

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de un genus más amplio que abarca todos los desembolsos de carácter económico que el proceso puede producir”. Según explica Pedro Sagástegui Urteaga[4], “la expresión costas tienen varios sentidos: i) Cantidades fijas e inalterables que se adeudan al Estado con ocasión del proceso ii) Condena accesoria impuesta en sentencia por su conducta procesal iii) Indemnización a cargo de la parte vencida en proceso civil a favor del vencedor, cuando el juez condena al resarcimiento de esa parte de los gastos causados iv) Es propio de los sistemas del civil law. En el derecho anglosajón se denomina expensas o fees”. Por otro lado, Raúl Chanamé Orbe[5] refiere que las costas son “gastos ocasionados a las partes litigantes con ocasión del proceso judicial, que se cuantifican en un valor económico. Las costas son: i) procesales (actuaciones y diligencias) y ii) personales (honorarios de abogado, etc.). Henri Capitant[6], señala: “costas es el conjunto de gastos tasables efectuados por las partes en el curso o con ocasión de un juicio y que constituyen el objeto de una condena especial en el fallo; en principio se ponen a cargo de la parte vencida”. 2. COSTOS.Se debe entender por costos genéricamente como una indemnización impuesta por el magistrado como resarcimiento. Sin embargo, el Código procesal civil peruano (art. 411) establece que son costos del proceso el honorario del Abogado de la parte vencedora, más un cinco por ciento destinado al Colegio de Abogados del Distrito Judicial respectivo para su Fondo Mutual y para cubrir los honorarios de los Abogados en los casos de Auxilio Judicial. Couture señala: “los costos son 1.Cantidades variables que como los honorarios profesionales, se adecuan a los que prestan servicios a los litigantes o a la justicia. 2.Condena accesoria que el juez impone a quien ha litigado con malicia que merece la


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nota de temeridad, o en los casos en que es preceptiva por disposición de la ley. 3.Indemnización que debe el vencido al vencedor cuando el juez, por ministerio de la ley o por apreciación de la conducta de aquél en juicio, condena al resarcimiento de esa parte de los gastos causídicos”[7]. 3. MULTA.Se encuentra constituida por una sanción económica con la singularidad de estar destinada a ser ingresos propios del Poder Judicial. Sin embargo, a diferencia de las costas, no está regulada la exoneración de la misma. En consecuencia, se entiende que el juez debe ponderarla debidamente para no ocasionar angustias económicas excesivas en la parte vencida. [8]

Henri Capitant afirma que multa de procedimiento “es una multa considerada, a menudo como una variedad de la civil, y cuya función es asegurar el juego regular de un procedimiento, ya sea obligando a cumplir una formalidad o previniendo el ejercicio abusivo de un recurso”. Antiguamente las costas importaban una suerte de prohibición de imponer otra sanción como sería la condena a pagar un resarcimiento suplementario (multa). Sin embargo, en la actualidad es casi de común aceptación en el derecho latinoamericano que contempla a su vez la temeridad procesal. Así por ejemplo: el artículo 22 de la Ley colombiana 446 de 1998 establece lo relacionado a la imposición de multas por entorpecer el normal desarrollo del proceso, obstruir la práctica de pruebas, entre otros. 3.

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terceros; consecuentemente es responsable por dicho acto a nivel civil, penal y administrativo. Pero, cabe señalar que el daño que ocasiona es un daño material y no moral. Además, incurren en temeridad y malicia procesales quienes hayan actuado de manera dolosa, fraudulenta y no por culpa. Es decir, tienen que haber obrado con plena conciencia y voluntad de querer hacerlo. Así, traemos a colación el inc. 5 del art. 50 del Código Procesal Civil peruano, que indica: “son deberes de los jueces en el proceso: sancionar al abogado o a la parte que actúe en el proceso con dolo o fraude”. 4. SANCIONES.Es importante precisar que los sujetos del proceso que incurren en temeridad o malicia procesales, son pasibles de sanciones como la multa. Así, citamos el inc. 1 ab initio del art. 53 que trata sobre las facultades coercitivas del juez y que en mérito a ellas puede “imponer multa compulsiva y progresiva destinada a que la parte o quien corresponda, cumpla sus mandatos con arreglo al contenido de su decisión”. La parte pertinente del inciso del artículo mencionado en el párrafo anterior, es aplicable cuando por ejemplo: el juez advierte que se está incurriendo en temeridad o malicia procesales o se pretende hacerlo, entonces, se hace saber al o los responsables conminándolos a que se abstengan de continuar o insistir en dicha actitud, con el apercibimiento de imponer multa como sanción.

RESPONSABILIDADES.Jorge Isaas Torres Manrique La temeridad y malicia (mala fe) procesales se ubican en el Derecho de Daños, ocasionándose consecuentemente daños en todos los sujetos de un proceso judicial, aunque mayormente en el demandante y demandado. El litigante que incurre en temeridad y/o malicia (mala fe) procesales abusa del derecho en perjuicio de la contraparte y/o

Ex Gerente de Asesoría Legal del Centro Vacacional Huampaní. Ex Gerente de Secretaría General de la Municipalidad del Distrito de Asia. Doctorado en Administración por la Universidad Nacional Federico Villarreal. Egresado del Doctorado en Derecho, de las Maestrías en Derecho Empresarial y Derecho Penal, por la misma Casa Superior de estudios; y del I Nivel del VII


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Curso del Programa de Formación de Aspirantes a Magistrados de la Academia de la Magistratura. Abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa (Perú). kimblellmen@hotmail.com

[1]

Veni ALSINA, Hugo. Tratado teórico práctico de derecho procesal civil y comercial. Tomo IV segunda parte. Segunda edición. Ediar S. A. Editores. Buenos Aires- Argentina. 1961, p. 523.

[2

Vici CHIOVENDA, Guiseppe. Condena en costas. Valletta Ediciones. Argentina. 2004, p. 11.

[3]

Cfr. GUASP, Jaime. Derecho procesal civil. Tomo primero. 4ª edición. Editorial Civitas. Madrid- España. 1998, p. 527.

[4]

Vide SAGÁSTEGUI URTEAGA, Pedro. Exégesis y sistemática del Código Procesal Civil. Volúmen I. Primera edición. Editora Jurídica Grijley. Lima- Perú. 2003, p. 746.

[5]

Veni CHANAMÉ ORBE, Raúl. Ob. Cit., p. 269.

[6]

Vici CAPITANT, Henri. Ob. Cit., p. 171.

[7]

Cfr. COUTURE, Eduardo J. Ob. Cit., pp. 186- 187.

[8]

Vide CAPITANT, Henri. Ob. Cit., p. 382.

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palabra es ‘necesidad’. El derecho aparece allí donde existe una necesidad humana y evoluciona según cambia la necesidad pero siempre persiguiendo el mismo fin, que es el valor justicia. Cuando un sistema normativo deja el camino de la justicia y de los principios morales básicos, no puede ser considerado un buen ordenamiento jurídico1. Si bien es cierto que lo que en un momento dado se entiende como justicia no lo es en otro (existen múltiples ejemplos de ello en la historia), no lo es menos que, a través del devenir histórico, la humanidad ha ido evolucionando en un modo Darwiniano (dando saltos, retrocediendo a veces, pero finalmente avanzando) hacia ese horizonte que es la Justicia. Y con cada paso dado en este sentido, como debe ocurrir con todo horizonte que se precie de tal, el concepto de justicia se ha alejado dos. Es decir, cada vez que la humanidad ha dado solución, a través del derecho, a una necesidad dada en un momento dado, ha corrido el velo un poco más lejos, viendo lo que aún falta por hacer. Es claro que todo debate sobre el valor justicia es por demás interesante pero excluye, con mucho, el fin de este trabajo. Hoy día, debido a la generalización del uso de las TICs, existen nuevas necesidades que deben encontrar guía y solución en el derecho. Pero estas nuevas necesidades no pueden ser satisfechas con los medios desarrollados para satisfacer necesidades surgidas en otro momento histórico. Por tanto, en el marco del paradigma jurídico de la Modernidad y mientras se mantenga su vigencia, vemos necesaria la ‘aparición’ de nuevos medios que nos permitan cubrir estas falencias. 2. El Derecho y la Informática

AUTONOMÍA DEL DERECHO INFORMÁTICO Por: Ernesto Liceda- Noemí Olivera 1. Introducción En derecho o para el derecho existe una palabra que, entendemos, debe guiarnos en todo momento y en toda situación, esta

La problemática jurídica derivada de la generalización del uso de las TICs puede ser considerada desde diversas perspectivas y utilizando distintas estrategias. De este modo, mientras en el mundo anglosajón, pragmáticamente se ha tenido por reconocido el cyberlaw y de ahí en más, los esfuerzos se 1

Nino, Carlos Santiago “Introducción al Análisis del Derecho”2° edición ampliada y revisada, Colección Mayor Filosofía y Derecho 5, Editorial Astrea 2003.


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destinan al abordaje de las problemáticas involucradas, en Iberoamérica para designar las cuestiones relativas a la relación entre el derecho y las TICs se han utilizado términos como Derecho Informático, Derecho Telemático, Derecho de las Nuevas Tecnologías, Derecho de la Sociedad de la Información, Iuscibernética, Derecho Tecnológico, Derecho del Ciberespacio, Derecho de Internet, etcétera. No es necesario profundizar el análisis para advertir que el significado estricto de los términos utilizados en cada una de esas designaciones alude a conceptos más amplios o más estrictos que el que pretendidamente invocan. Es así como en tanto el Derecho de las Nuevas Tecnologías comprende la biotecnología y el Derecho Tecnológico no podría estar restringido a las ‘nuevas’ tecnologías, el Derecho del Ciberespacio y el Derecho de Internet no deberían, por caso, comprender cuestiones relativas a equipos y programas no destinados a ser conectados a la red, y el último, circunscribiéndose a la Internet, excluye otras redes actuales o futuras. 3. El ‘Derecho Informático’. Estado de la Cuestión En la consideración de la cuestión en análisis, hasta el presente, en el marco del derecho continental europeo ha predominado la visión de quienes se sitúan en el campo de lo que, particularmente en Iberoamérica, se conoce como ‘Derecho Informático’, traducción de Rechtinformatik, término acuñado por el Prof. Dr. Wilhelm Steinmüller, en los años 19702. Lo cierto es que no hay acuerdo sobre el contenido de esta probable nueva rama del derecho, ni siquiera entre los que le reconocen tal carácter y denominación. Más aún, al Derecho Informático le viene siendo negado el carácter de rama por especialistas igualmente distinguidos. Es así como la cuestión ha dado lugar a interesantes debates, algunos por escrito en listas de especialistas3.

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Steinmüller W. (Hg.), EDV und Recht. Einführung in die Rechtsinformatik, 1970, Berlin, Schweitzer Verlag. 3 Comunidad Alfa-Redi, septiembre de 2007, discusión sobre la existencia del Derecho Informático.

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Limitándonos al debate que tuvo lugar en la comunidad Alfa-Redi, podemos decir que, entre otros, reconocen al Derecho Informático como rama autónoma: Carlos Reusser Monsálvez4, quien plantea que la discusión sobre la existencia o no del derecho informática es antigua y que “los profesores Valentín Carrascosa y Mario Losano han escrito hace mucho sobre el tema”. Nos dice también que ellos “sostenían, que el Derecho Informático reunía todas las características que son propias de una rama del Derecho: Legislación, Doctrina, Jurisprudencia”. Agrega que, “actualmente es claro que el Derecho Informático ya tiene contenidos propios que no tienen relación con adaptaciones o aspectos tradicionales de otras disciplinas, como el derecho fundamental a la protección de datos (que nada tiene que ver con privacidad o intimidad), los nombres de dominio (que no es derecho marcario), efectos jurídicos de la firma electrónica (que no son los de la firma ológrafa ni coinciden con atribuciones notariales) y bastante más”. Y resalta que “ha desarrollado principios, elevados a categoría de jurídicos, que son propios e incluso han impactado a otras áreas del derecho (ejemplo: neutralidad tecnológica; First come, first served [nueva mirada al prior in tempore prior in iure]; ha insuflado vida a la casi fenecida costumbre; etc”. Y finaliza diciendo que “sostener que ‘eso no existe’, es un discurso que sólo escucho ya de antiguos y respetables profesores”. Por su parte el Dr. Horacio Fernández Delpech5 plantea que: “El permanente avance de las modernas tecnologías informáticas ha hecho necesario el dictado de legislaciones en todas partes del mundo, que regulen los diferentes aspectos de esas nuevas tecnologías. Es así como no hace mucho nace en gran parte del mundo una nueva rama del Derecho: el Derecho Informático o Derecho de la Informática. Personalmente creo que hoy en día el Derecho Informático posee en muchas partes del mundo 4

Coordinador Académico del Centro de Estudios en Derecho (Chile) 5 Presidente de ADIAR, Asociación de Derecho Informático de Argentina.


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autonomía jurídica como nueva rama del derecho, por reunir los requisitos de autonomía legislativa, jurisprudencial, académica y científica”. 1. Por su parte, niegan al Derecho Informático el carácter de rama, entre otros: Eugenio Ull6, quien dice que “Tampoco eso es una rama del Derecho. En las nuevas tecnologías, se abarcan múltiples objetos: protección de datos, contratos, etc. y es aplicable el D. penal, civil, mercantil, ley de protección de datos, etc. No hay más ceras que la que arde”. Y Gabriel Campoli7 quien plantea: “De hecho coincido en que es una discusión antigua, pero rescatando lo que dice Eugenio, me permito desviar la atención hacia algunos puntos y el primero, que sostengo junto con Eugenio es que en realidad es una rama transversal del derecho, es decir que, creo en lo personal que hablar de Derecho Informático en general es casi como hablar de derecho en forma genérica, ya que los principios aplicables en materia administrativa no son los mismos que en civil o en penal”.

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demanda consistente y sostenida en tal sentido, y el subsecuente reclamo por el retardo del legislador en dar respuesta. 4. Pros y contras del reconocimiento de una Rama La falta de reconocimiento del Derecho Informático como rama autónoma es un obstáculo social9 que surge de un error (o un temor) de parte de la doctrina y la jurisprudencia que, por interés o ignorancia, sólo posibilita el beneficio de aquellos que ocupan una posición de poder en el manejo de las TICs. Esto es así porque al negar la existencia de la autonomía, se obliga al Derecho Informático a regirse por principios propios de otras ramas del derecho que en forma alguna permiten una comprensión plena de la situación en conflicto. Si, en cambio, reconocemos que el Derecho Informático es una rama autónoma, los principios de otras ramas pasarían a un segundo plano siendo sólo utilizables en caso de darse una situación que no encuentre solución dentro de este campo. La subsunción del Derecho Informático en otras ramas impide también la posibilidad de tratarlo en su conjunto y, por tanto, de lograr un mayor conocimiento y estudio de su objeto.

Unos y otros, desde una perspectiva profesionalista8, focalizan la cuestión en las demandas que el uso de las TICs propone a los derechos nacionales y, a partir de allí, desarrollan respuestas instrumentales. Las más de las veces estas respuestas transitan el camino de ofrecer sucedáneos digitales del soporte papel para, de ese modo, tener por cumplidas las exigencias formales de la legislación vigente en casos en los que se utilizan medios electrónicos. La firma digital y la factura electrónica son muestra cabal de lo afirmado. Así es como se ha producido, una

5. Requisitos de una Rama Autónoma

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En lo referente al objeto y al método propios del Derecho Informático, entendemos que el objeto no es la tecnología, ni Internet ni la Sociedad de la Información, sino ‘las relaciones interpersonales a través o con las TICs’.

Académico numerario de la Real Academia de Doctores de Madrid. Director del curso de DERECHO INFORMÁTICO (INFORMÁTICA Y DERECHO) de la UNED, Madrid, España. 7 Abogado por la UNPA, posgraduado en temas relativos al Régimen Jurídico de las bases de datos, contratos informáticos y telemáticos. 8 Barrio F., “Sobre la existencia del Derecho Informático”, Derecho en la Era Digital, Profesionales del Derecho en la Era Digital, RDI: Alfa Redi Nº 121, Agosto de 2008, http://www.alfa-redi.org/rdi-articulo.shtml?x=10726

Tal como se advierte en las opiniones arriba transcritas, algunos autores fijan como necesario para lograr la autonomía que la rama en cuestión tenga ‘legislación, jurisprudencia y doctrina propias’. No desconocemos que son elementos de suma importancia, pero entendemos que no podemos quedarnos ahí. Para reconocer una rama como autónoma es necesario que la misma tenga también ‘autonomía didáctica, objeto de estudio y método propios’.

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Cossio, Carlos “La Teoría Egológica del Derecho, Su Problema y Sus Problemas” Abeledo-Perrot 1963.


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Acudiendo a métodos de análisis penales, proponemos analizar la frase anterior como si fuera una figura delictiva. Según este sistema podemos decir, entonces, que la frase contiene dos conceptos: 1. Relaciones interpersonales a través de las TICs. 2. Relaciones de las personas con las TICs. Hacemos esta distinción ya que, por un lado podemos decir que existen el gobierno electrónico y el comercio electrónico (o derecho público informático –término que forzosamente incluye al penal informático- y derecho privado informático), en donde vemos relaciones directas entre diversas personas mediante la utilización de las TICs. Y por el otro, tenemos casos (ya son varios y todo parece indicar que sólo pueden aumentar) de relaciones de personas con las TICs, como podría ser el caso de aquellos que trabajan en el desarrollo de programas ‘open source’ o de código fuente abierto, donde si bien se puede plantear una relación directa (o semidirecta) entre 2 programadores consecutivos, es difícil verla cuando sobre el mismo programa trabajan una multiplicidad de personas de diferentes países y en diferentes momentos. 6. El Método El Derecho Informático es una de las ramas del derecho con mayor dinámica. Actualmente el único que podría acercársele en este aspecto es el derecho comercial, con la diferencia de que en el caso del Derecho Informático, para cuando un uso se convierte en costumbre y se llega a legislar, es probable que ya se haya dejado de lado. Por tanto y entendiendo que no se puede andar desnudo esperando la última moda, es necesario revisar la situación actual y prospectar hacia dónde se dirige. En base a este análisis será necesario fijar una serie de principios básicos propios de esta rama, con los cuales, en caso de conflicto, los jueces puedan llevar a cabo su tarea sin tener que estar ‘atados’ a una ley que, al momento del fallo, quizás carezca ya de sentido y equidad.

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Por lo expuesto, consideramos que el método adecuado para el Derecho Informático es el que hemos denominado ‘análisis prospectivo’10. Es claro que si hay algo que distingue al Derecho Informático del resto de las ramas del derecho es que, mientras las otras ramas ‘corren’ a la realidad desde atrás, fijando costumbres y satisfaciendo necesidades para el futuro, en el Derecho Informático, donde esperemos demasiado para darle un marco normativo, la ventaja que nos va a sacar va a hacer que lo que sancionemos o analicemos hoy sea una hermosa postal para que los historiadores vean. Entonces, volviendo al método, lo que queremos significar con él es que para realizar un estudio serio del tema es necesario ver la situación actual y analizar hacia dónde va el desarrollo. Mediante este análisis se podrán (con un obvio margen de error que será mayor o menor según la seriedad del análisis pero que no es superior al margen de error que se da siempre que se quiere literalizar una conducta) fijar principios rectores que subsistan en el tiempo. Por supuesto que la elección de este método no excluye en forma alguna la utilización de otros métodos complementarios como pueden ser el histórico, el económico, el político, etc., pero entendemos que son insuficientes para analizar esta rama del derecho en toda su complejidad. De todos modos es claro que para lograr que la prospección que se realice sea eficaz es necesario utilizar todos estos métodos en el desarrollo de la misma. 7. Los Principios El Derecho Informático ya cuenta con principios reconocidos, más allá del de su pretendida ‘transversalidad’ tales como el de la ‘neutralidad tecnológica’, el ‘acceso irrestricto a Internet’, etc. Bueno, entonces es cuestión de aclarar aquellos puntos que 10

prospección. (Del lat. prospectĭo, -ōnis): 2. f. Exploración de posibilidades futuras basada en indicios presentes. Prospección de mercados, de tendencias de opinión. Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española - Vigésima segunda edición


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aparezcan como ‘oscuros’ y fijarlos por ley. Es claro que esta necesidad de fijarlos por ley surge de nuestra pertenencia al derecho continental europeo, pero no nos parece mal, ya que un principio que no ‘dura’ lo suficiente como para ser fijado por ley, no importa cuan rápido varíe la rama a la que pertenece, no merece ser llamado principio sino que simplemente será un uso o, en el mejor de los casos, una costumbre.

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ejemplos. Podemos pensar en los casos de los tratados internacionales como lo fue, entre otros, el fallo Ekmekdjian con Sofovich. Difícilmente pueda presentar mayores complicaciones para el juez fallar basado en principios que sentenciar interpretando conceptos tales como el ‘buen padre de familia’, ‘la lealtad y diligencia del buen hombre de negocios’, etc. 8. Conclusiones

En derecho penal existe el principio de la ley más benigna, un principio como éste sería ideal para esta rama del derecho, pero es necesario fijar más benigna para quién, y para esto podríamos recurrir al derecho comercial donde el comerciante, aquel que ha montado su comercio y maneja profesionalmente este estilo de negocios, tiene una carga de responsabilidades mayor. No entendemos, como lo hace parte de la doctrina, que la transversalidad sea un principio de esta rama del derecho. Pensamos así porque sería postular como principio algo que en realidad es una muy útil forma de trabajo común a todas las ramas del derecho. ¿Quién puede hoy día plantear válidamente que existe una rama del derecho completamente separada del resto? Pensemos, sólo a modo de ejemplo, en la capacidad establecida en el código civil, que es válida para prácticamente todo el derecho o el caso del derecho internacional privado que, dentro de su campo de estudio, toca temas relativos a la familia. Como dice Fernando Barrio, “La historia de la ciencia jurídica ha mostrado un proceso inverso al de la subsunción y, en términos generales, ha consistido en la subdivisión de las áreas generales ateniendo al desarrollo de la realidad a regular”11. Es claro que si la transversalidad es un principio, se trata de un principio común a todas las ramas y no uno propio del Derecho Informático. Si bien puede llega a parecer extraño el planteo de desarrollar legislación que sólo fije principios operativos en lugar de las clásicas normas a las que estamos acostumbrados, en realidad, en la actualidad existen muchos 11

Barrio, Fernando , op. Cit.

El Derecho Informático existe independientemente de su reconocimiento por parte de los actores del derecho. El uso creciente de las TICs en las sociedades hace imposible sostener por más tiempo la fantasía de que el Derecho Informático es sólo lo mismo que existía antes pero en versión digital, esto sólo nos aleja de la sociedad y nos niega la posibilidad de brindarle soluciones a las necesidades que aparecen a diario. Mientras parte de nosotros sigue negando la existencia del Derecho Informático como rama autónoma, los sujetos que se encuentran en una situación de poder en cuanto al uso y prestación de servicios de TICs contratan su personal on line en Argentina bajo el supuesto de locación de servicios; mientras discutimos si existe, la jurisdicción para resolver conflictos es, por default, California (entre otras); mientras discutimos si existe, a diario personas incapaces de hecho (ej: menores de edad) firman licencias de uso asumiendo, teóricamente, responsabilidades (podemos no saber dónde está la empresa que creó la licencia y cómo es el régimen de capacidad en la jurisdicción fijada por la misma), y los ejemplos siguen y siguen. En este trabajo presentamos lo que creemos son el objeto y el método del Derecho Informático y bosquejamos sus principios, esperando colaborar de este modo en la superación de discusiones infructíferas y con la apertura del nuevo debate que ansiamos, en poco tiempo, lleve a la toma de decisiones necesarias para mejorar la situación jurídica de aquellos que, en o desde Argentina, utilizan las TICs.


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Ernesto Liceda * Abogado. Integrante del Grupo de Estudio de la Complejidad en la Sociedad de la Información –GECSI-, FCJyS, UNLP y del equipo de investigación que dirige Noemí Olivera. ** Abogada. UNLP. Directora del Proyecto “La Sociedad de la Información como desafío”, Acreditado en el Programa de Incentivos al Docente-Investigador 2008/2011. nolivera@jursoc.unlp.edu.ar. Directora del Grupo de Estudio de la Complejidad en la Sociedad de la Información –GECSI-, FCJyS, UNLP Trabajo publicado en XIII Jornadas de Investigadores y Becarios en Cs. Jurídicas y Sociales, Mar del PlataSeptiembre 2009

CAMINOS PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO Y RECUPERACION DE LA CRISIS ECONOMICA EN LATINOAMERICA Por: Ab. Maria Dolores Orbe Estudio Jurídico VIVANCO & VIVANCO Luego de la crisis económica en Estados Unidos iniciada en el año 2008, que finalmente por tratarse de una de las economías más fuerte a nivel mundial, ocasionó y hasta la fecha continúa ocasionando estragos a nivel mundial, especialmente en Latinoamérica, ante lo cual, los gobiernos de países latinos oportunamente han iniciado proyectos para combatir la crisis mundial. La crisis se extendió rápidamente por los países desarrollados de todo el mundo. Japón, por ejemplo, sufrió una contracción en el segundo trimestre de 2008. Cabe destacar que es cada vez mayor la preocupación sobre el futuro de los países con economías emergentes o países del tercer mundo como sucede con el nuestro (Ecuador), tal como lo es la incertidumbre respecto a países tales como China e India en Asia; Argentina, Brasil y México en América y Sudáfrica en el continente africano, cada uno de ellos líderes en sus regiones y, también afectados por la actual crisis económica.

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Cómo iniciaron los procesos para combatir la crisis económica mundial originada en el año 2008 e iniciar un proceso de recuperación? En el primer trimestre de 2009, las bolsas de Estados Unidos y Europa fueron superadas por las de países con economías en desarrollo como China y Brasil. Brasil y Rusia aumentaron sus índices un 9% en moneda local; el índice de India pasó a ser positivo y el índice compuesto de Shangai, en China, aumentó un 30%, lo cual se justificó por la fortaleza y estabilización de los sectores financieros de dichos mercados y por la búsqueda de inversiones de riesgo. Específicamente en Latinoamérica, los países con economías en desarrollo como Brasil, Argentina, México, Chile, Perú, han adoptado alternativas de inversión en infraestructura y que son un desafío para la inversión, para lo cual han trabajado muy fuertemente en ofrecer a los inversionistas una estabilidad política e institucional. De igual manera, ante la crisis económica, estos gobiernos se ocuparon de proteger muchas cosas: empleos, familias, oportunidades para que los niños obtuvieran educación, así como el gasto público y la capacidad para seguir invirtiendo en infraestructura, salud y educación. Estos países han apostado por una forma de crecimiento económico sostenible y los costos sociales en la recuperación de la crisis económica mundial han sido menores. Como vemos en el proceso de recuperación y el frente a la crisis económica mundial, se ha destacado el papel de países como Brasil, que sigue liderando la región a nivel de cifras macroeconómicas; México, el único que mejoró sus expectativas de crecimiento, y Chile, que consiguió el mayor nivel de expectativas (7,8 puntos).


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Lamentablemente ante la crisis y los resultados frente a políticas adoptadas para combatir la crisis y recuperar el mercado económico, en el otro extremo de la balanza se sitúan Bolivia, Ecuador y Venezuela, cuyos valores de clima económico los colocan en una posición desfavorable (por debajo de los 5 puntos) y sus economías están todas en recesión. En estos últimos años, Perú y Brasil han logrado un progreso social significativo gracias al vigoroso crecimiento de la producción y el empleo, y a la inversión en redes de protección social para luchar contra la pobreza y la desigualdad. Durante la crisis económica la aplicación oportuna de medidas políticas limitó las secuelas de la crisis internacional, mientras que las redes de protección social oficiaron como importantes cuerdas de salvamento. Brasil como la mayor potencia en Sudamérica tiene una proyección muy grande de crecimiento en los próximos años a través de inversión en infraestructura en puertos, aeropuertos, petróleo, carreteras, producción de Ethanol, turismo, sobre todo porque éste país será la sede de las próximas olimpiadas y del próximo mundial. Conclusión.Aún cuando la crisis económica mundial no ha terminado, es posible identificar algunas lecciones a considerar para evitar futuras crisis de la misma envergadura. La principal lección y el camino que se está adoptando y se deberá adoptar es que los mercados financieros deben ser regulados por normas adecuadas e instituciones fortalecidas para disminuir o advertir posibles riesgos que pongan en peligro la estabilidad financiera. Esto va de la mano con la seguridad jurídica, estabilidad política e institucional que deben ofrecer y garantizar los gobiernos, sobre todo a nivel de Latinoamérica y que ya lo han hecho los países como Brasil, Chile, Perú y que deberán empezar a trabajar países como Ecuador, Bolivia y Venezuela.

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JURISPRUDENCIA EL SILENCIO ADMINISTRATIVO POSITIVO El silencio administrativo positivo origina un derecho autónomo que no tiene relación alguna con sus antecedentes y que en consecuencia de no ser ejecutado de inmediato por la administración, puede ser base suficiente para un recurso no de conocimiento, sino de ejecución ante la respectiva jurisdicción contenciosa administrativa. Una vez operado el silencio administrativo positivo no afectará este derecho, la existencia de resolución posterior en contrario.

NOVEDAD LEGISLATIVA CODIGO ORGANICO DE ORGANIZACIÓN TERRITORIAL, AUTONOMIA Y DESCENTRALIZACION Análisis al nuevo Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización publicado en el Primer Suplemento del Registro Oficial No. 303 del martes 19 de octubre de 2010. Como su nombre lo indica este nuevo código lo que pretende es descentralizar aspectos fundamentales para la toma de decisiones de los organismos seccionales, con la finalidad que puedan agilitar y optimizar los procesos en temas referentes a administración, tributos, manejo y obtención de recursos entre otros. En este análisis nos vamos a centrar específicamente en el tema de los tributos ya que es aquí donde se ha creado un importante cambio con respecto lo establecido anteriormente: Para empezar es necesario indicar que este código garantiza la autonomía de los


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gobiernos autónomos, tal como lo especifica el artículo 6: Artículo 6.Garantía de autonomía.- Ninguna función del Estado ni autoridad extraña podrá interferir en la autonomía política, administrativa y financiera propia de los gobiernos autónomos descentralizados, salvo lo prescrito por la Constitución y las leyes de la República. Y a más de esto señala los actos que cualquier otra autoridad o funcionario público ajeno a los gobiernos autónomos puede realizar, entre los principales tenemos: b) Impedir o retardar de cualquier modo la ejecución de obras,… c) Encargar obras…

la

ejecución

de

d) Privar a los gobiernos autónomos descentralizados de alguno o parte de sus ingresos reconocidos por ley… e) Derogar impuestos… g) Utilizar u ocupar bienes muebles o inmuebles de un gobierno autónomo descentralizado….. l) Interferir en su organización administrativa;

Los ingresos propios pueden provenir de impuestos, tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas; así como de la venta de bienes y servicios; los de renta de inversiones y multas; los de venta de activos no financieros y recuperación de inversiones; los de rifas, sorteos, entre otros ingresos. Es aquí donde se generó una polémica por parte de la Junta de Beneficencia de Guayaquil, ya que al contemplar las rifas y sorteos, se estaba otorgando la atribución a los gobiernos autónomos regionales de organizar y vender loterías o rifas con la finalidad de generar ingresos, quitándole de esta manera a la JBG esta atribución que había sido monopolizada desde hace más de cien años por esta entidad. A pesar de otorgarle a los gobiernos autónomos la atribución de crear y manejar sus propios tributos, se mantienen los principios de generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa, irretroactividad, transparencia y suficiencia recaudatoria que están establecidos en la normativa tributaria general que se aplica para todo el territorio ecuatoriano, así se procura que a pesar que los gobiernos autónomos tienen la potestad de crear tributos, tienen que ceñirse a la normativa nacional.

A pesar de la autonomía para generar sus propios impuestos, los gobiernos autónomos también serán beneficiarios de lo recaudado por concepto del cobro de los siguientes impuestos: a) El impuesto a la renta por herencias, legados y donaciones;

Según el artículo 10, el Ecuador se organiza territorialmente en regiones, provincias, cantones y parroquias rurales. El artículo 172, señala que los ingresos de los gobiernos autónomos, generados por su gestión, son propios, es decir no deben ni pueden ser enviados al gobierno central para que a su vez este sea el encargado de administrar y repartir estos ingresos.

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b) El impuesto a la propiedad de los vehículos motorizados; y, c) El impuesto a los consumos especiales sobre vehículos motorizados y aviones, avionetas y helicópteros, excepto aquellas destinadas al transporte comercial de pasajeros, carga y servicios; motos acuáticas, tricares, cuadrones, yates y barcos de recreo.


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Estos impuestos serán administrados por el Servicio de Rentas Internas y serán distribuidos a los gobiernos regionales en razón del domicilio de los sujetos incididos. El artículo 179 otorga a los gobiernos autónomos descentralizados regionales, la facultad de crear, modificar o suprimir, mediante normas regionales, tasas y contribuciones especiales de mejoras generales o específicas por los servicios que son de su responsabilidad y para las obras que se ejecuten dentro del ámbito de sus competencias o circunscripción territorial. Entre estos rubros se podrá fijar un monto adicional a los consumos especiales, vehículos y al precios de los combustibles, tal como se pretendía hacer en la ciudad de Quito para financiar el plan de vialidad y movilidad. Los gobiernos municipales y distritos metropolitanos autónomos en base a los tributos generados en las parroquias rurales y otros que desconcentren en beneficio de los presupuestos de los gobiernos parroquiales rurales, constituirán un fondo cuyo cincuenta por ciento (50%) se reinvertirá equitativamente entre todas las parroquias rurales de la respectiva circunscripción territorial y el cincuenta por ciento (50%) restante se invertirá bajo criterios de población y necesidades básicas insatisfechas. En este nuevo código se determinan cuales son los impuestos de exclusiva financiación o coparticipación: “Son de exclusiva financiación municipal o metropolitana los que, conforme a disposiciones constitucionales o legales, se han creado o pueden crearse solo para el presupuesto municipal o metropolitanos; y de coparticipación, los que corresponden al presupuesto municipal como partícipe del presupuesto estatal.”

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Así mismo se determina dos tipos de impuestos municipales, los generales y particulares, los primero son aquellos creados para todos los municipios, impuestos como los siguientes: a) El impuesto sobre la propiedad urbana; b) El impuesto sobre la propiedad rural; c) El impuesto de alcabalas; d) El impuesto vehículos;

sobre

los

e) El impuesto de matrículas y patentes; f) El impuesto a los espectáculos públicos; g) El impuesto a las utilidades en la transferencia de predios urbanos y plusvalía de los mismos; h) El impuesto al juego; e, i) El impuesto del 1.5 por mil sobre los activos totales. Y los particulares son aquellos creados solo para beneficio de uno o más municipios pero que no son de aplicación para todos.

NOVEDAD LEGISLATIVA CONSTITUCIONAL CAPITULO SEXTO: TRABAJO Y PRODUCCIÓN SECCIÓN PRIMERA: FORMAS DE ORGANIZACIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y SU GESTIÓN El Estado reconoce diversas formas de organización de la producción de la economía, entre otras las comunitarias (Fomenta la sustitución local de los motores, energías


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económicas y coerciones externas), cooperativas (Que se entiende como una convivencia más justa y más solidaria que posibilite efectivamente igualdad de oportunidades y trato), empresariales (Estudia y Resuelve problemas de negocios, es decir, proporciona el enlace entre la economía tradicional y las ciencias de toma de decisiones dentro de la administración), públicas (Comprende ingresos públicos, producción y distribución de bienes y servicios a la sociedad y la intervención del Estado en una economía de mercado), privadas (Funciona bajo el amparo del Derecho Privado, es ampliamente permisivo y esta permitido hacer todo lo que se desee menos lo que este prohibido por la ley, es decir, se rige por el principio de la autonomía de la voluntad), asociativas (Este sector esta integrado por microempresas individuales, dispone de amplias ventajas para generar condiciones de sobrevivencia a grupos vulnerables o en urgencia de mejorar sus ingresos en los tiempos de crisis), familiares (administrar adecuadamente todos los bienes con los que se cuenta de forma que se puedan satisfacer, primero, las necesidades primordiales y cuando sea posible las superfluas), domésticas (su función es auxiliar en el desarrollo social.

garantice una del Ecuador internacional.

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activa participación en el contexto

En las diversas formas de organización de los procesos de producción se estimulará una gestión participativa, transparente y eficiente. La producción, en cualquiera de sus formas se sujetará a principios y normas de calidad, sostenibilidad, productividad sistemática, valoración del trabajo y eficiencia económica y social

SECCIÓN SEGUNDA: PROPIEDAD

TIPOS

DE

El Estado reconoce y garantiza el derecho a la propiedad en sus formas públicas, privadas, comunitaria, estatal asociativa, cooperativa, mixta, y debe cumplir su función social y ambiental.

También reconoce la propiedad intelectual de acuerdo con las condiciones que señala la ley. Se prohíbe toda forma de apropiación de conocimientos colectivos en el ámbito de las ciencias, tecnologías y saberes ancestrales, recursos genéticos que contienen diversidad biológica y la agro-biodiversidad.

El producto realiza su evolución plena en el ámbito de una Economía y por tal razón no existe intercambio de bienes) y mixtas (Coexisten tanto la propiedad privada como la propiedad comunitaria o social generalmente de forma estatal, busca combinar con elementos del mercado libre elementos de intervención estatal que pueden incluir aspectos de bienestar social, gestión sustentable del medio ambiente, etc.).

Con el objeto de desarrollar planes de desarrollo social, manejo sustentable del ambiente y de bienestar colectivo, las instituciones del Estado, por razones de utilidad pública o interés social y nacional, podrán declarar la expropiación de bienes, previa justa valoración, indemnización y pago de conformidad con la ley. Se prohíbe toda forma de confiscación.

El estado promoverá las formas de producción que aseguren el buen vivir de la población y desincentivará aquellas que atenten con sus derechos o los de la naturaleza; alentará a la producción que satisfaga la demanda interna y

El Estado garantizará la derechos y oportunidades y hombres en el acceso a y en la toma de para la administración de conyugal.

igualdad de de mujeres la propiedad decisiones la sociedad


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INDICADORES ECONOMICOS Reserva Internacional De libre disponibilidad Producto Interno Bruto 2009 Variación del PIB 2009

Mill.US$ 3.557,43 Mil.US$

23,760

%

0,98

PIB Per Cápita 2009 Importaciones a Agosto 2010 Exportaciones a Agosto 2010

US$ Mill.US$ FOB Mill.US$ FOB

1,696

Balanza Comercial a Agosto 2010 Inflación Octubre 2010 Inflación Año 2009 Inflación Promedio Acumulada a Octubre 2010 Tasa Activa Tasa Pasiva Tasa Legal Máximo Convencional Tasa Efectiva Comercial Corporativo

Mil.US$

- 722,133

% %

0.25 8,36

%

2.52

% % % % %

8.94 4.30 8.94 9.33

International Monetary Reserve Gross Domestic Product GDP 2009 Annual GDP Variation Rate 2009 GDP per capita 2009 Total Imports to August 2010 Total Exports to August 2010

Mill US$

3.557,43

Mil.US$

23,760

%

0,98

US$ Mill.US$ FOB Mill.US$ FOB

1,696 11,906

Balance of Service August 2010 Inflation October 2010 Inflation Year 2009 Average Inflation until October 2010 Ask Rate Bid Rate Legal Rate Maximum Conv. Rate Commercial Corporative Effective Rate Commercial PYMES Effective Rate

Mil.US$

- 722,133

% %

0.25 8,36

%

2.52

% % % % %

8.94 4.30 8.94 9.33

11,184

11,906 11,184

8.94 % 11.32

8.94 Tasa Efectiva Referencial Comercial PYMES Tasa Efectiva Referencial Consumo

%

Tasa Efectiva Referencial Vivienda Tasa Efectiva Microcrédito Acumulación Ampliada

%

Tasa Efectiva Microcrédito Acumulación Simple

%

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11.32

Consumption Effective Rate

%

Home Effective Rate

%

Microcredit Effective Rate Increased Accumulation

%

Microcredit Effective Rate Simple Accumulation

%

15.89

% 15.89

10.62

10.62 %

23.08

23.08

25.17

25.17

EVENTOS ECONOMIC INDICATORS


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NOVIEMBRE 13 “Utilización Correcta y Segura del Cheque” Organizado por: Ascae Capacitación Lugar: Guayaquil Información: (593-4) 2271-361

NOVIEMBRE 19 “Obligaciones Laborales y Terminación Efectiva de Contratos” Organizado por: CEG ECUADOR Lugar: Quito Información: (593-2) 6022-311

NOVIEMBRE 24 “Conferencia de Arbitraje” Organizado por: AMCHAM, CIAM, Instituto Ecuatoriano de Arbitraje Lugar: Auditorio UDLA, Quito Información: (593-2) 2507-450

NOVIEMBRE 29 “Terminación de Contratos de Trabajo y Finiquitos” Organizado por: CONSULTOP S.A. Lugar: Instalaciones Club Colón, Guayaquil Información: imorales@personalvip.com

EVENTS

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NOVEMBER 13 “Correct and Safe Use of the Check” Organized By: Ascae Capacitacion Place: Guayaquil Information: (593-4) 2271-361

NOVEMBER 19 “Labor Obligations and Effective Termination for Contracts” Organized By: CEG ECUADOR Place: Quito Information: (593-2) 6022-311

NOVEMBER 24 “Arbitration Conference” Organized By: AMCHAM, CIAM, Ecuadorian Institute for Arbitration Place: UDLA Auditorium, Quito Information: (593-2) 2507-450 NOVEMBER 29 “Termination of Employment Contracts and Settlements” Organized By: CONSULTOP S.A. Place: Club Colon Instalations, Guayaquil Information: imorales@personalvip.com

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ARTICULO #3: CAMINOS PARA EL CRECIMIENTO ECONOMICO Y RECUPERACION DE LA CRISIS ECONOMICA EN LATINOAMERICA 10 ARTICLE #3: WAYS FOR ECONOMIC G...

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