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Domingo, 13 de setiembre de 2009

Putis: Horror y verg端enza

la historia no termina con el entierro. comienza la lucha por la justicia para un pueblo martirizado.


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En enero de 1983 Sendero Luminoso ingresa a Putis y asesina a sus autoridades. La población, atemorizada, se desplaza hacia los cerros aledaños. Los militares los toman por senderistas. En enero de 1984 se instala una base militar en Putis. El 13 de diciembre de 1984 se produce la matanza de 123 personas. El periodista Edmundo Cruz publica el 27 de Noviembre de 2001 un reportaje informando de la matanza en Putis, en el diario La República. El 3 de diciembre de 2001 la Fiscalía Mixta de Huanta, que despachaba el Fiscal Jaime Coasaca Torres inicia formalmente la investigación del caso. Durante los años 2001 y 2002 se realizaron algunas diligencias de declaraciones testimoniales indagatorias, así como las solicitudes de información dirigidas por el Ministerio Público al Ejército y al Ministerio de Defensa para que entreguen la relación del personal de la Base Militar de Putis, el domicilio de los militares investigados, la relación completa del personal oficial y sub oficial y subalterno y la identificación de los militares que usaron los apelativos “Lalo”, “Bareta” y “Oscar”. Durante el año 2002 la Comisión de la Verdad y Reconciliación realizó una investigación del caso, luego de lo cual emitió un informe.

Cronología de una tragedia En mayo de 2003 la investigación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue remitida a la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial de Ayacucho y se le asignó el Nº 39-2003. En noviembre del año 2004 se realizó la diligencia de Registro e Inmovilización de fosas en Putis. En enero del año 2005 el Ministerio Público recoge las declaracio-

nes del periodista Edmundo Cruz. En enero del año 2006 la Defensoría del Pueblo remitió la denuncia de genocidio interpuesta por uno de los deudos, Gerardo Fernández Mendoza, a la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho, en la que se da cuenta de más de 400 víctimas. En diciembre de 2006 la investigación del caso fue remitida a la

Segunda Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho para que dirija la misma así como las 11 denuncias presentadas entre el 2003 y 2005, asignándole el Nº 194-2006. En los meses de marzo y abril de 2008, seis familiares de las víctimas, con el patrocinio legal de la Asociación Paz y Esperanza, solicitaron al Ministerio Público la realización de la diligencia de exhumación.

En el 2008 la exhumación de restos se realizó en dos etapas, la primera del 16 al 30 de mayo, y la segunda del 17 de junio al 01 de julio, ambas con la participación del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF). Del 30 de agosto al 04 de septiembre de 2008 se realizó, en Huamanga, Huanta, Santillana y Putis, la exhibición de más de 250 prendas de vestir y otros objetos hallados en la exhumación, de los cuales 21 fueron reconocidos por familiares de las víctimas. En diciembre de 2008 la Fiscalía incluye en la investigación al general EP Wilfredo Mori y a seis integrantes de su Estado Mayor. El 10 de diciembre de 2008 el Ministerio de Defensa recibió una carta suscrita por 800 personas procedentes de más de 50 países, que solicitaba información sobre los militares que cumplieron servicio en Putis. En enero de 2009 la Fiscalía señaló nueva fecha para las declaraciones del general Mori Orzo y los oficiales en Lima. El 19 de agosto de 2009 la fiscalía entrega restos a sus deudos. El jueves 27 de agosto de 2009 se realizó la ceremonia de reconocimiento de los familiares y victimas de la matanza de Putis en la Plaza de Armas de Huamanga. El sábado 29 de agosto de 2009 se realizó el entierro de los restos en el camposanto de Rodeo.

El pueblo, hoy 

A cuatro horas al norte de Ayacucho y tres de Huanta, se encuentra el Centro Poblado de Putis, creado el 26 de septiembre de 2008. Un pueblo que se levanta y empieza a tejer sus vidas nuevamente sobre los escombros dejados por la violencia interna. Desde 1997 los pobladores de Putis vuelven a sus tierras con ayuda del Programa de Apoyo al Repoblamiento (PAR) y comienzan a reconstruir sus vidas desde cero. Antes de la desgracia que le tocó vivir había más de dos mil habitantes en Putis y había cinco escuelas. Actualmente hay sólo 340 habitantes y están funcionando tres instituciones educativas. Según el primer registro poblacional realizado en Putis del 27 y al 29 de abril de 2009 por la Asociación Paz y Esperanza y la Municipalidad Distrital de Santillana, queda demostrado

que sólo existen 84 familias. De acuerdo a este estudio el 98.8% de las familias habitan en casas de piedra, barro y adobe; el 96.4% tienen como techo el ichu y sólo el 3.6% tienen calamina. El 100% de las viviendas tienen como piso la tierra. El 51.8% de la población se dedica a la agricultura y la ganadería, el 37.5% sólo a la agricultura, el 6% al hilado y el 4.8% a la ganadería. En el pueblo funcionan tres iglesias evangélicas en las que se reúnen el 54.8% de personas que son evangélicos frente al 45.2% de católicos. Además, en el nivel educativo, el 40% tiene primaria incompleta, el 39.3% se encuentran sin nivel de educación, el 14.3% tiene primaria completa, el 3.6% secundaria incompleta, el 1.2% secundaria completa y el 1.2% superior no universitaria.


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En la madrugada del 13 de diciembre de 1984 miembros del Ejército Peruano perpetraron en la localidad de Putis, Ayacucho, la mayor masacre de toda la época de violencia política por la que atravesó nuestro país. 123 personas fueron ejecutadas extrajudicialmente por quienes supuestamente debían defenderlos de la insanía terrorista. Dos años antes, en 1981, el puesto de la Guardia Civil cercano a Putis había sido dinamitado por elementos terroristas y el gobierno de entonces, el del presidente Fernando Belaúnde Ferry, desactivó aquel puesto policial, dejando así la puerta abierta para que los subversivos dominen las alturas ayacuchanas y asesinen a autoridades y dirigentes sociales. Como menciona el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) en el capítulo dedicado a la matanza de Putis, “Sendero Luminoso desarrolló una estrategia de amenazas, asesinatos, sabotajes y propaganda con una labor política de organización de bases de apoyo, con el fin de constituir comités populares, destruyendo para ello el sistema de autoridades locales existente”. Atemorizada, gran parte de la población de Putis comienza a vivir a salto de mata, huyendo de los terroristas, ocultándose en cuevas y matorrales, comiendo chuño y tomando agua de los puquiales, como los animales. Es a partir de ello que los militares empiezan a acusar a la población de pertenecer a las huestes subversivas. Los comuneros comenzaron a huir también de los soldados que iniciaron sus prácticas abusivas para conseguir información. En enero de 1983 fue establecido el Comando Político Militar en Ayacucho. Las zonas altas de ese departamento estuvieron a cargo del Ejército mientras que en las zonas bajas estuvo la Marina. El Ejército decide instalar en 1984 una base militar en Putis, promete a los pobladores dejar de perseguirlos y les ofrece protección. “Un llamado de pacificación”, les dijeron. Los efectivos recibieron a los pobladores que llegaron a Putis y los reunieron en un local donde funciona-

Mataron hombres, mujeres y niños La peor matanza de nuestra historia política fue consumada por militares en las alturas de Ayacucho.

Detalle Atemorizada, gran parte de la población de Putis comienza a vivir a salto de mata, huyendo de los terroristas, ocultándose en cuevas y matorrales, comiendo chuño y tomando agua de los puquiales, como los animales. ba el colegio, juntándolos con otros pobladores a quienes los soldados habían sacado de sus viviendas. Les aseguraron que a partir de ese momento colaborarían con ellos en diversas obras para mejorar la calidad de vida de la población. “Con ese pretexto los militares ordenaron a los varones, apuntándolos con sus armas, que caven una gran poza; a algunos les dijeron que era para construir una piscigranja en la que criarían truchas y a otros les dijeron que estaban haciendo zanjas para construir casas”, detalla el

informe de la CVR utilizando como fuente el testimonio de un sobreviviente de la matanza. Sin embargo, cuando estuvo lista la supuesta piscina los efectivos militares reunieron alrededor de la poza a los pobladores, entre los que había hombres, mujeres y niños, y sin mayor trámite les dispararon. Los comenzaron a matar de seis en seis. Años después un testigo confirmó ante el Fiscal de Huanta haber visto que alrededor de un centenar de campesinos fueron reunidos por los efectivos militares en el poblado de

Putis. Antes de perpetrar el crimen, los militares enviaron a este testigo a recoger leña y cuando estaba a 500 metros del lugar escuchó disparos que provenían de Putis. Explicó al representante del Ministerio Público que los disparos se prolongaron durante media hora. Otra testigo recordó que los militares separaron a las chicas más jóvenes y las llevaron a la escuela de la localidad, algunas de ellas eran casadas, pero igual fueron violadas. La declarante dijo que logró sobrevivir porque su hermano era amigo

de uno de los militares, y después de caminar cinco minutos también escuchó la balacera. Los militares cubrieron con tierra y piedras a los cadáveres que se encontraban en la fosa, a poca profundidad, incluso algunos cuerpos permanecieron a la intemperie durante varios días. Otra parte de las víctimas habría sido sepultada en un aula en la escuela. “Los asesinaron porque tenían la sospecha de que estaban vinculados a la subversión; además, para lucrar con el producto de la venta del numeroso ganado vacuno, caprino y porcino de propiedad de los campesinos que, luego de los hechos, comercializaron en Marccaraccay (una comunidad cercana)”, añade el informe de la CVR. Por la modalidad utilizada por los militares, se puede afirmar que éstos pretendieron arrasar con los comuneros con la finalidad de no dejar ningún testigo que pudiera denunciar los hechos. Luego de esta masacre la base militar permaneció instalada en la zona, donde ya no había población civil. Los sobrevivientes y pobladores de otras comunidades huyeron a la selva y a las partes más altas de la zona andina de Huanta. De aquella barbarie durante años sólo se escucharon rumores, los hechos fueron ocultados por el Ejército y son negados hasta la actualidad, al extremo que el Ejército desconoce la existencia de la base militar en Putis. Solamente después del fin del conflicto armado interno en el año 2001 hubo la posibilidad de sacar los hechos a la luz. Marcelo Puelles


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Por fin, la paz de los muertos 

Al pie de dos montañas, al costado del río Putis y con vista a la puerta de entrada a la selva de Ayacucho, fueron enterrados hace dos semanas los restos de 92 de las víctimas de la matanza de Putis. Durante el entierro, y ya desde varios días antes, cuando uno hablaba con los deudos, bastaba preguntarles el nombre de los familiares que iban a enterrar para que rompieran en un llanto que significaba la tristeza y la alegría por acompañar a sus seres queridos a su última morada. Esos 92 féretros esperaron un cuarto de siglo para ser enterrados de manera digna. En medio de un cortejo fúnebre que recibió homenajes por cada pueblo que pasaba, durante tres días, desde la Plaza de Armas de Huamanga, pasando por Huanta, donde los ataúdes fueron cargados en hombros por escolares, hasta llegar al camposanto de la comunidad campesina de Rodeo. A medida que el camión con los ataúdes se aproximaba a Putis, la expectativa iba creciendo. Las ofrendas fueron lágrimas, miradas al cielo

del mediodía, plegarias en quechua y también velas, flores y sonrisas. El alcalde del centro poblado de Putis, Gerardo Fernández, agradeció en quechua a todos los gestores de este entierro, a entidades privadas y públicas por el apoyo, mientras que el presidente de la Asociación de Afectados por la Violencia en Putis, Lorenzo Quispe, lamentó que pese a la paz que encuentran ahora las almas de Putis, aún el Ministerio de Defensa no informe sobre quienes podrían ser los responsables de la masacre. De los 92 restos enterrados sólo 28 fueron plenamente identificados por el Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF). Sesenta y cuatro cajones fueron enterrados con códigos en la tapa. Muchos de los deudos no sabían a quien enterraban, pero por lo menos ahora tienen un lugar donde expresar su dolor. En Putis, el pueblo que se resiste a desaparecer, aún existen fosas con cuerpos que esperan ser exhumados y recibir también una digna sepultura. Marcelo Puelles


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La Primera conversó con el director del Equipo Peruano de Antropología Forense (EPAF), José Pablo Baraybar, quien comandó las labores de exhumación de las fosas de Putis. Durante el diálogo señaló que existen miles de Putis no sólo en la Sierra peruana, sino también en la Selva, como lo demuestran los trabajos de investigación sobre desaparecidos que realizan en el río Ene y el Alto Huallaga y que viene dando importantes luces al respecto. Además, enfatizó la necesidad de que el Estado peruano establezca una estrategia de investigación que permita dar, al mismo tiempo, una respuesta humanitaria y judicial a los deudos de los miles de desaparecidos que dejó el conflicto interno de 20 años. Para Baraybar la importancia de Putis radica en que es el evento más grande que trabajó el EPAF, pues encontraron restos de 92 personas. “Hemos podido devolver a sus familias a estas 28 personas después de 25 años, bastante tarde, pues significan sólo 28 y que quedan 64 sin identificar. Putis presenta el inicio de algo, no lo sé, pero estará por verse”, señaló. 15 mil muertos por encontrar Subrayó que existen miles de Putis, si se tiene en cuenta la cifra de 15 mil desaparecidos, aunque Medicina Legal habla de 16 mil y la Comisión de la Verdad y Reconciliación consignó a 8,588. “Así nomás ahora te puedo decir que hay dos casos en este momento, uno ocurre dos semanas después de Putis (la masacre de Putqa) no muy lejos de Putis con la misma características, y hay otra zona más donde matan a 37 personas, de las cuáles una cantidad están desaparecidas y las otras están en unos huecos”. Es decir -refirió- sería fácil levantar (exhumar) todas las fosas, sacarlos y devolverlos, pero el problema ahora es que no va a contribuir en nada porque en la medida que no sepamos a

Hay miles de fosas como la de Putis Todavía queda por encontrar, desenterrar, identificar y sepultar dignamente a unos 15 mil desaparecidos. quienes buscamos, ya perdimos. “En Putis ingresamos sabiendo cuántos eran, teniendo las fichas antimorten de cada persona, genealogía, identificación de ropas; además, el ADN no es magia, sino permite comparar este hueso con muestras de personas vivas y, por eso, en el caso de Putis, por haber pasado 25 años, han muerto muchas personas, sólo se ha logrado identificar a 28 personas”, sostuvo. Insistió que sería fácil exhumarlos, meterlos a todos en cajas y esperar 200 años para que pasar algo y alguien los reclame , pero advertió que ello sería “una manera de garantizar la impunidad en el país”. No sólo en la Sierra Consideró que el conocimiento del tema de desapariciones forzadas es muy precario por lo que se cree que sólo en la Sierra peruana ocurrieron estos casos, pero en la Selva también hubo una gran represión. Mencionó la zona conocida como Oreja de Perro, considerada la de mayor densidad de fosas en cuanto a territorio (actualmente operan allí remanentes senderistas), ya que por los menos alberga a 200 fosas. Otro caso es La Mar en Ayacucho que, también es una zona selvática que da al Valle de los Ríos Apurímac y Ene (VRAE) y que registró una gran represión estatal en contra de la presencia de Sendero Luminoso. Detalló que sin lugar a dudas Ayacucho ocupa el primer lugar con 48 %

Suplemento dominical del diario “La Primera”

en cuanto a desapariciones forzadas, seguida de Huánuco. Nivel Humanitario Tras insistir que existen miles de Putis recomendó que deben resolverse priorizando el nivel humanitario al nivel judicial, sin que el primero vaya en detrimento del segundo. Explicó que ello implica darle a la búsqueda de los desaparecidos un valor humanitario como forma de darle respuesta a los familiares sobre sus seres queridos que hace 25 años salieron de sus hogares a comprar el pan o se los llevaron y nunca más los volvieron a ver. “Y es que el no saber mata”, acotó. Comentó que en el caso de Putis no se ha denunciado a nadie pero se

logró darle respuesta a una comunidad en esto de cerrar el ciclo de duelo, que la gente pueda ir a un lugar a dejar flores a sus muertos. En este punto coincidió el doctor Nolberto Lamilla, director de Paz y Esperanza Ayacucho, que patrocina a los deudos de Putis, quien dijo que éstos ahora respiran más aliviados porqué sus muertos dejarán de penar y añadió que le sigue ahora la judiciliazación de sus casos. Baraybar reveló que el EPAF ha presentado una serie de casos como Putis y que cuando van a entrevistarse con los familiares se encuentran que sólo cien de los quince mil desaparecidos están representados “Hay por lo menos dos casos importantes que estamos preparando, y

nuestro trabajo será desde ahora producir casos y presentarlos a la Fiscalía para que el Ministerio Público use la información”, informó al recalcar que ello permitirá que haya varias Putis para poder dar respuesta a los familiares, como parte de una reparación simbólica. Posibles Fosas en el río Ene El experto forense relató a este diario que el EPAF en convenio con el Consejo de Reparaciones viene trabajando en la zona del río Ene recolectando información antimorten con datos sobre la ropa, los cabellos y otras características físicas en un trabajo de hormiga- aseguró- que no hace una fiscalía por los recursos que tiene, además por la naturaleza del proceso. Habla de la existencia de fosas, y destaca la urgencia de crear una Oficina de Personas Desaparecidas que contenga patrones de conductas relacionadas con las desapariciones. “Ya tenemos unas 300 fichas y casos no reportados nunca por nadie, porque el trabajo de la CVR en la zona fue limitado, hay muchísimas zonas que van a dar sorpresas, el Alto Huallaga es una zona que da sorpresa , porque tiene un conflicto aun activo, como el VRAE ahora que se convierte en una zona complicada y continuará acumulándose cosas por tener un conflicto activo, hay otras partes bastantes olvidas, la zona de San Martín , hay otro tema allí el MRTA estuvo por allí, también hubieron matanzas, cosas que tampoco han salido mucho a la luz”, dijo. En este punto, inisitió que al EPAF lo motiva el deseo de darle respuesta a la familia que muchas veces no entiende al aspecto judicial que por ser formal, tiene plazos muy largos y es muy lenta. “En 25 años logramos identificar al 1.5 de los desaparecidos, esa es una realidad”, acotó.

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Vilma Escalante

Teléfonos: 447-1218 / 447-1285

l Redacción: Marcelo Puelles, Vilma Escalante y Raúl Wiener l Colaboraciones: Germán Vargas y Milagros Quiroz l Diseño y diagramación: Víctor Miranda Rodríguez l Fotografía: La Primera y Asociación Paz y Esperanza l Retoque digital: Manuel Patiño l Gerente Comercial: Cecilia Altez caltez@diariolaprimeraperu.com / publicidad@diariolaprimera.com l Publicidad: Patricia Carrillo pcarrillo@diariolaprimeraperu.com


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En diciembre de 2008 el general Wilfredo Mori Orzo reconoció ante la fiscal Jhousy Aburto Garavito, titular de la Segunda Fiscalía Supraprovincial de Ayacucho, que ninguna patrulla militar realizaba operativos sin su consentimiento, pues él era el jefe Político Militar de Ayacucho y a la vez jefe del Estado Mayor de la sub zona militar Nº 5. Sin embargo, negó haber conocido de alguna matanza realizada en Putis. Esta última afirmación es difícil de creer para los defensores de los deudos, puesto que Mori tenía todo el poder en las zonas altas de Ayacucho. Pero lo más increíble es el argumento de que conoció de los hechos recién en 2008, a través de la prensa, cuando desde el año 2004 el Ejército le abrió por esta matanza una investigación en el fuero militar. Según Milton Campos, abogado de la Asociación Paz y Esperanza, institución que patrocina a los deudos de Putis, el Ejército se niega a brindar información sobre esa investigación, pese al requerimiento oficial de la fiscal que tiene a su cargo el caso. El Ejército niega incluso que haya existido una base militar en Putis y hasta dice desconocer quienes cumplieron servicio en las zonas altas de Ayacucho. Niega, por supuesto, conocer las identidades de los militares con apelativos “Lalo”, “Bareta” y “Óscar”,

Justicia pendiente De ninguna manera ha sido suficiente con enterrar a los muertos de Putis y rendirles homenaje. Sigue pendiente hacer justicia y castigar a los culpables.

presuntos autores materiales de la masacre. Según el Ejército, otro de los implicados en este caso, el comandante Edmundo Obregón Valverde, habría muerto en un atentado en 1992, pero la desconfianza de los abogados de los deudos es tal, que han pedido la partida de defunción de este militar, pues temen que lo estén dando por muerto para encubrirlo. El letrado afirma que estas nega-

tivas no deben ser obstáculo para que la fiscal Aburto denuncie a los implicados por los delitos de homicidio calificado, violaciones sexuales y desapariciones forzadas, puesto que muchos de los cuerpos de campesinos asesinados no han aparecido. En la investigación fiscal han brindado su testimonio cinco sobrevivientes de la matanza, varios guías civiles de la zona que afirman haber comercia-

lizado productos con los militares en esa época y en esa zona. También hay el testimonio de un soldado cuya identidad es mantenida en reserva para evitar cualquier represalia en su contra. Él afirma haber visto a los perpetradores de los hechos, pero desconoce sus identidades. Para que la fiscal formule denuncia es necesario cumplir con tres requisitos, explica el letrado: que los hechos

Detalle Este caso comenzó en noviembre de 2001, cuando el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Congreso, Heriberto Benítez, demandó a la entonces Fiscal de la Nación, Nelly Calderón, que investigue de oficio la existencia de una fosa común con los restos de un centenar de comuneros de Putis. configuren delito, que las responsabilidades se hayan individualizado y que los delitos no prescriban. Estos requisitos se cumplen, dice Campos, y por lo tanto todo está listo para que en las próximas semanas la fiscal denuncie a los responsables materiales de la masacre. Sin embargo, también podría ampliar el tiempo de la investigación o archivar el caso. Marcelo Puelles

Si no es encubrimiento, parece Por Germán Vargas Farías, Director de la Asociación Paz y Esperanza

Es más sencillo tratar de averiguar los nombres de los oficiales peruanos que participaron en la guerra Gran Colombo-Peruana hace 180 años y de los que intervinieron en la Guerra del Pacífico hace 130 años, que conocer la identidad de un grupo de oficiales y soldados que se instalaron en la base militar de Putis hace 25 años, tiempo en el cual se registró uno de los crímenes más horrendos del conflicto armado interno en el Perú. En este último caso no se trata de curiosidad histórica. Se requiere esa información para develar quienes fueron los autores de la barbarie ese aciago 13 de diciembre de 1984. El doctor Javier Gonzáles Torres, presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Judicial de Ayacucho, ha declarado que el Ministerio de Defensa no

brinda el apoyo requerido por la Fiscalía a cargo de la investigación, es decir, no proporciona información sobre el personal militar que operaba en la zona, de modo que pueda individualizarse a los perpetradores de tan abominable crimen. La Fiscal de la Nación, doctora Gladys Echaíz, se ha sumado al pedido. Le corresponde. Es atribución constitucional del Ministerio Público defender la legalidad, representar los intereses de la sociedad e investigar los hechos que constituyen delito. En su respuesta, el ministro de Defensa, Rafael Rey, ha dicho que “no hay forma de conseguir los nombres de esas personas”, y sus predecesores en el cargo dijeron lo mismo. Pero hay declaraciones que, aunque reiteradas y uniformes, no son verdad.

Cuando un fiscal requiere información en el marco de una investigación criminal, no pide un favor. Y es obligación de todos, particularmente de los funcionarios del Estado, otorgarla. Que no se tenga las hojas de servicio del personal, que no se conozcan los desplazamientos de una patrulla militar, que no se sepa quien estaba a cargo de una base militar, que no exista siquiera un pequeño reporte que dé cuenta de la muerte de más de cien personas, es inadmisible. Revela pereza, negligencia, ineficiencia para investigar o ánimo de encubrimiento. Los soldados y cualquier persona que haya tenido cierta experiencia militar, no es el caso de los últimos ministros de Defensa, saben que en los institutos armados hay una tendencia superlativa a los reportes

y la formalidad. Las autoridades militares deben ser los funcionarios que con mayor celo conservan sus bases de datos que incluyen reglamentos, órdenes, directivas, reconocimientos, entre otros documentos. Bien organizados, estos archivos poseen un enorme valor como fuente de conocimiento del pasado histórico de nuestro país. Es inverosímil que nada de esto exista, consta para jueces y fiscales, sin embargo, la escasa disposición del Ministerio de Defensa para colaborar. El Gobierno debe abrir y dar a conocer los archivos, asumiendo la obligación de dar la información requerida por las autoridades del Ministerio Público. No es admisible ninguna respuesta que contravenga el deber de la justicia.


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¿Qué clase de país sería el Perú si el Presidente de la República se hubiera hecho presente en el entierro de un centenar de campesinos entre hombres, mujeres y niños, asesinados por militares en noviembre de 1984, en uno de los actos más brutales e incomprensibles del conflicto armado interno? ¿Y si las Fuerzas Armadas pedían disculpas públicas por este “exceso” y se comprometían a dejar sin efecto todos los mecanismos de impunidad que se construyeron para este caso (ocultamiento del nombre de los oficiales a cargo de esta zona en la fecha de la masacre; órdenes que recibieron de su comando; informes que se hicieron sobre los acontecimientos) y facilitaban el proceso a los que estuvieron involucrados? Pregunta final: si presidente y jefes militares mostraban que, efectivamente, toman distancia de actos repudiables y se solidarizan con las familias de las víctimas del abuso más abominable ¿habrían ganado o perdido? Lo que está pasando en el Perú es exactamente lo opuesto. El presidente ha vuelto a preguntarse sobre lo que piensan políticos, jueces y fiscales que sospechan siempre de la policía y las Fuerzas Armadas; el ministro de Defensa cree que el debate es con los organismos de derechos humanos; y la mirada oficial, que es la de los militares, sigue siendo que

El país de Putis toda exigencia de reconocer hechos como los de Putis afecta la moral y la disposición de combate cuando se enfrentan a los llamados remanentes de Sendero Luminoso. Obviamente, lo que se está diciendo es que los muertos de la guerra que cayeron sin ninguna relación con las organizaciones subversivas (al contrario estaban siendo hostilizados por Sendero Luminoso) y fuera de todo combate, son también costos del conflicto que conviene olvidar. Cada tanto se dice que los subversivos fueron responsables de la masacre de Lucanamarca o de la esclavización y

asesinato de los ashánikas, lo cual es absoluta verdad histórica. Pero ¿qué nos hacemos con Putis, Puvayacu, Accomarca, Cayara, Soccos, etc.? Si el crimen de no combatientes es un delito atroz, por qué va a ser diferente el que se realiza en nombre de una utópica revolución autoritaria, de otros que se hicieron en nombre de la democracia y de la defensa del Estado. Todas las veces en las que Rafael Rey afirma que los militares contrasubversivos pelean y mueren “por nosotros”, ¿dónde pone a la gente de Putis?, ¿no eran acaso parte del “nosotros” y por eso con-

fiaron en los militares que les pedían abrir zanjas, donde finalmente colocarían sus cadáveres? Nadie ha aclarado los bárbaros motivos del “comandante Oscar”, el “capitán Bareta” y el “teniente Lalo” (ninguno de ellos identificado por sus verdaderos nombres), y no se sabe si recibieron un informe equivocado de su comando o si, como dicen algunos, se sobrepasaron con las mujeres y taparon un delito con otro peor; o si simplemente creyeron que su misión era dejar el campo sin habitantes, porque como dice el almirante Giampietri, los civiles estorban.

Un efecto del sistema de impunidad es precisamente que impide reconstruir la historia real de la violencia. Los militares masacradores pasan por gente demente que mata porque sí, y sus superiores aparecen como encubridores de estas psicopatías de alto riesgo, mientras que los políticos se jactan de “realistas”. El punto es que los protectores actuales de los asesinos de los 80 y 90, están imaginando que la falta de castigo a los culpables es una salvaguarda para los que están operando en estos momentos en el VRAE y otras partes del país. Ni García, ni Rey, ni Giampietri, quieren que existan límites de actuación y control de policías y soldados, seguro porque están previendo que la situación puede ponerse más grave. Y, más aún, porque extienden el concepto de la lucha antiterrorista, a la represión de conflictos sociales como en Bagua y a la actuación de los uniformados contra la delincuencia urbana. El gobierno quiere tener tiradores impunes. Y para conseguirlo no sólo requiere de normas como las que ha estado produciendo últimamente sino de un acuerdo con la cúpula militar que a su vez le exige que no ceda en los temas de derechos humanos. Por eso los de Putis han sido enterrados ante la indiferencia del poder y la soberbia armada. Y eso es como si hubieran muerto nuevamente. Raúl Wiener

Dolor y alegría Por Milagros Quiroz, Coordinadora Área de Salud Mental de Paz y Esperanza, Ayacucho.

Hasta el año pasado muchos de nosotros no sabíamos que existía un lugar llamado Putis; que habían sido cruelmente asesinados más de 100 personas entre niños, mujeres y varones que nada tenían que ver con la guerra interna, lo sabemos gracias a la valentía de los familiares que tuvieron que escapar a lugares lejanos donde no conocían a nadie. Desde el comienzo de este proceso muy poco se ha hablado de los sentimientos y emociones de estas personas que tuvieron que aguardar y esperar más de 25 años para ser escuchados, comprendidos y acompañados. Nosotros lo hemos podido conocer a partir del servicio en salud mental que hemos desarrollado. Partiendo de la integralidad de la perso-

na. En el caso de las personas de las comunidades andinas, su vida, emociones, y cultura fueron afectados durante la violencia política, aquí nuestro servicio estuvo inicialmente dirigido a rescatar, fortalecer, afianzar su dignidad y derechos. Revalorando la cultura, valores y costumbres. Creemos que hacerlo así es reparador, y contribuye a la justicia. El primer acercamiento con los familiares de Putis fue la clave para las siguientes visitas: pedir permiso antes de ingresar a la comunidad, respetar sus costumbres, sus creencias, su forma de vivir, identificarnos con ellos a partir de la convivencia, hablar su mismo idioma, escucharlos de una manera activa, acompañándolos, apoyándolos en las decisiones que favorezcan su desarrollo personal, familiar y

comunal, interesándonos por lo que buscan y desean, sin agenda previa y ajena. Quizás parezcan detalles o consideraciones poco significativas, pero son vitales. El pueblo de Putis quiere ser protagonista de su propia historia y desarrollo, y la salud mental es precisa para ello. No lo pueden reconocer quienes, en la sociedad y el Estado, tienen incapacidad para ver con los ojos del alma. Lo que nos reconforta en nuestro servicio a los familiares de Putis es verlos nuevamente sonreír de manera espontánea, recibir palabras de agradecimiento, escuchar a madres decir “a pesar de mi tristeza por haber perdido a mi hija de 11 años, estoy alegre porque ya tendré un lugar donde pueda visitarla y ponerle velas y flores” o “déjenme llorar a mi muerto” o “no

necesito que carguen a mi muerto porque lo puedo hacer sola”. Son personas que asumen el protagonismo de su dolor, por algo se empieza. Aún queda mucho por hacer, desde sensibilizar a las autoridades decisoras que ven a la salud mental como algo inútil o accesorio, siendo de vital importancia para el desarrollo personal, familiar y comunal, hasta ciertos sectores de la sociedad que creen que es cosa de locos. Empecemos comportándonos como ciudadanos reconociendo a los demás de la misma manera. No siendo indiferentes ante el dolor del prójimo. Haciendo eso ya estamos trabajando por la salud mental de quienes padecieron el horror, pero también lo estaremos haciendo por la nuestra.


PUTIS