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Análisis y Opinión En estos tres países, amén de los problemas que entraña la aplicación del modelo económico neoliberal, las políticas desarrolladas registran un saldo grave en materia de DDHH. Los tres países tienen en común un número creciente de presos políticos, hostigamiento, persecuciones, amenazas, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones, violaciones, torturas y desplazamientos forzados.

Sin embargo, la criminalización de la protesta social no podría explicarse y aplicarse sin el “linchamiento mediático”. Este último crea las condiciones psicológicas en la sociedad para que acepte una política represiva aplicada en contra de otros, a quienes previamente se los muestra como violentos, peligrosos, enemigos de la sociedad y el país, saboteadores o terroristas. La lista de calificativos puede ser extensa.

Para lograr lo anterior, se implementan políticas de contención-dominación-coerción dentro de las que destaca la criminalización de la protesta social. Ésta constituye una estrategia privilegiada como mecanismo de encubrimiento ideológico y de legitimación política y social de las acciones represivas del Estado en contra de luchadores sociales, dirigentes comunitarios, periodistas y comunicadores alternativos; activistas, estudiantes y opositores en general.

Sin dar derecho a la defensa o a la réplica, envilecen a quien se ha convertido en objetivo político lanzando en su contra todo tipo de juicios de valor negativos; lo juzgan y sancionan ante la sociedad sin otorgarle el derecho a la defensa. Así, todo lo que el Estado haga en su contra es poco, e inclusive faltaría fuerza en la ley para reprimirlo. De esa manera el Estado consigue la justificación para golpear y reprimir, con base en un consenso social.

La criminalización de la protesta social se produce cuando el Estado utiliza e interpreta la legislación penal para juzgar, tipificar y sancionar el comportamiento de personas y organizaciones sociales. De modo tal que un reclamo o una acción de protesta, considerados como derechos, son convertidos en delitos. Los derechos de expresión, organización, comunicación, defensa y hasta de debido proceso son impedidos en la práctica, lo cual lleva a ahogar la voz de quienes más necesitan ser escuchados. Actualmente en México y Colombia cualquier asesinato, desaparición, secuestro o agresión física no se investiga, sino que se justifica de inmediato como “relacionada con el crimen organizado” o el “narcoterrorismo”. Los propósitos de una política de esta naturaleza son claros: hostigar, perseguir y reprimir a quienes ejercitan una actividad política en distintos frentes del quehacer social-popular y, de esa forma, inhibir la oposición al régimen o a alguna de sus acciones de gobierno. Como política de Estado, para su ejecución requiere de la acción de gobernantes, funcionarios, jueces, fuerzas militares, policiales y/o paramilitares, políticos y medios de comunicación. Por tanto estas acciones constituyen una forma de gobernar y de ninguna manera un comportamiento circunstancial. 8 México, Enero 2011 Cooperación Voluntaria

Esto es lo que ha ocurrido con las víctimas del bombardeo colombiano en Ecuador, y particularmente contra Lucía Morett, quien continúa perseguida con causas penales en Ecuador, México y Colombia además de un pedido internacional de detención por parte de INTERPOL. Es lo que ocurre con el profesor Miguel Ángel Beltrán, detenido arbitrariamente en México y deportado indebidamente a Colombia. Y es lo que ha ocurrido con las víctimas de la desaparición forzada y las ejecuciones extrajudiciales, e incluso con amigos y familiares de las víctimas. Se ha gestado un clima de persecución internacional, que busca criminalizar a los luchadores sociales como el caso del chileno Manuel Olate del Partido Comunista que está en prisión preventiva por un pedido de extradición en Colombia. Por otra parte, la senadora Piedad Córdova fue privada del cargo para el que fue electa, con la argucia de que colabora con la insurgencia, cuando fue ella quien encabezó la misión “Colombianos por la Paz” que logró la liberación de varios rehenes. También fue inhabilitada para ocupar cargos públicos, cuando se trata de una persona que ha luchado incansablemente por la paz. Ante esto nos parece impostergable alertar y

Boletín CADA UNO POR LA JUSTICIA No. 24  

Enero de 2011

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