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INFORME Situación de los Derechos Humanos del pueblo indígena Lenca en Taulabé, Sulaco y La Paz Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras Marzo, 2016 Textos: Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras Diagramació n: >eRo Fotos banco de imá genes COFADEH Descargas de: www.hondurashoy.blogspot.com www.defensoresenlinea.com honduras.wikimapas.net www.pernity.com www.un.org COFADEH Barrio La Plazuela, Ave. Cervantes, Casa 1301- Apdo. Postal # 1243 Tegucigalpa, Honduras C. A. mail@cofadeh.org / www.cofadeh.hn www.defensoresenlinea.com


1.- PRESENTACION

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2.- INTRODUCCION. Hallazgos. Objetivos. 2.1.- Informació n general sobre la zona del proyecto. 2.2.- Objetivos del proyecto 2.3.- Contexto general

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3.- SITUACION GENERAL DEL PUEBLO LENCA. 3.1.- Referencia a los pueblos indıǵenas en Honduras (9 pueblos). 3.2.- El Pueblo Lenca. 3.2.1.- Origen. 3.2.2.- Principales rasgos de la cultura Lenca. 3.2.3.- La població n Lenca actual. Censo 2013. 3.2.4.- Algunos rasgos particulares de los municipios de Taulabé y Sulaco. 3.2.5.- Principales organizaciones indıǵenas lencas.

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4.- DERECHOS HUMANOS DE LOS PUEBLOS INDIGENAS EN HONDURAS. 20 4.1.- Principales demandas de los Pueblos Indıǵenas. 21 4.2.-Legislació n nacional sobre Pueblos Indıǵenas 22 4.2.1.- Los Derechos Indıǵenas en la Constitució n de Honduras. 4.2.2.- Reconocimiento de los Derechos Indıǵenas en las leyes secundarias. 4.2.2.1.- Ley de Reforma Agraria. 4.2.2.2.- Ley Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre. 4.2.2.3.- Ley de Propiedad. 4.2.3.- Mecanismos nacionales de Pueblos Indıǵenas. 4.2.3.1.- Instituto Nacional Agrario de Honduras. 4.2.3.2.- Instituto Hondureñ o de Antropologıá e Historia. 4.2.3.3.- Fiscalıá especial de las Etnias y Patrimonio Cultural. 4.2.3.4.- Secretarıá de Estado en los Despachos de Pueblos Indıǵenas y AfroHondureñ os. 4.2.3.5.- Direcció n de Pueblos Indıǵenas y AfroHondureñ os. 4.2.3.6.- Sub Direcció n de Educació n para los Pueblos Indıǵenas y AfroHondureñ os. 4.3.- Normativa Internacional de los Derechos de los Pueblos Indıǵenas 26 4.3.1.- Declaració n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indıǵenas. 4.3.2.- Convenio Nº 169 de la Organizació n Internacional del Trabajo. OIT, Sobre Pueblos Indıǵenas y Tribales en paıśes independientes. 1989. 4.3.3.- Mecanismos internacionales de Derechos Indıǵenas. 4.3.3.1.- Foro permanente para las cuestiones Indıǵenas. 4.3.3.2.- Mecanismo de expertos sobre derechos de los Pueblos Indıǵenas. 4.3.3.3.- Relator especial sobre los Derechos Indıǵenas. 4.3.3.4.- Mecanismo de seguimiento de la OIT. 4.3.3.5.- Mecanismos del sistema interamericano. 4.3.3.5.1.- Relatorıá sobre los Derechos de los Pueblos Indıǵenas. 4.4 Recomendaciones de Instancias Internacionales al Estado de Honduras en relació n a los pueblos Indıǵenas 36 4.4.1.- El Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha recomendado. 4.4.2.1.- Comité de Derechos del Niñ o 4.4.2.2.- Comité de Derechos Econó micos Sociales y Culturales.


4.4.2.- Recomendaciones del Examen Perió dico Universal (EPU). Minorıás y Pueblos Indıǵenas. 4.4.3.- Recomendaciones de la Comisió n Interamericana de Derechos Humanos. Pueblos Indıǵenas y afrodescendientes. Informe Situació n de los derechos humanos en Honduras. 2015. 5.- CASOS DE VIOLACIONES A LOS DERECHOS HUMANOS DE LA POBLACION LENCA 5.1.- Casos identi icados. 5.2.- Casos seleccionados. 5.3.- Asistencia jurıd ́ ica del Cofadeh. 5.3.1.- Taulabé (Comayagua). 5.3.2.- Sulaco (Yoro)

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6.- CRIMINALIZACION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS. 50 7.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES. 7.1.- Conclusiones 7.2.- Recomendaciones.

ANEXOS: Ÿ Legislació n nacional. Ÿ Documentos: - OIT. Convenio nr. 169. Convenio No 169 sobre Pueblos Indıǵenas y Tribales en Paıśes Independientes. - ONU. Declaració n de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indıǵenas - ONU. Informe preliminar de la visita a Honduras de la Relatora de Pueblos Indıǵenas (Victoria Tauli-Corpuz). Noviembre 2015. - CIDH. Comunicado de prensa Comunicado de prensa 15/16. CIDH publica informe sobre la situació n de derechos humanos en Honduras. 18 de febrero de 2016.

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Este documento, que aborda la situació n de los derechos humanos del pueblo indıǵena lenca, es una de las actividades comprendidas en el proyecto “Documentando y acompañ ando la situació n legal de defensores indıǵenas lencas de derechos humanos en los municipios de Taulabé y Sulaco”, que fue ejecutado por el Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, COFADEH, con apoyo del Fondo Canadiense para Iniciativas Locales. La ejecució n del proyecto se realizó en tres meses y medio (mediados noviembre 2015 hasta inales febrero 2016). En el inicio del proyecto el COFADEH identi icó , en coordinació n con la Central Nacional de Trabajadores del Campo, CNTC, casos graves de violaciones a derechos humanos en Taulabé y Sulaco; sin embargo, en el proceso de ejecució n se consideró la conveniencia de ampliar la zona geográ ica (a municipios con numerosa presencia Lenca), especialmente en el departamento de la Paz. El aná lisis de la informació n indicó que la situació n no só lo es generalizada para los pueblos lencas del occidente y centro del paıś, sino para todos los pueblos indıǵenas de Honduras; de modo que lo pertinente era una aproximació n integral a la situació n. En consecuencia, se propone el tıt́ulo SITUACION DE LOS DERECHOS HUMANOS DEL PUEBLO INDIGENA LENCA EN TAULABE, SULACO Y LA PAZ (Honduras), reconociendo las conexiones entre los departamentos de Yoro, Comayagua, Santa Bá rbara y La Paz.


Este documento, derivado del proyecto “Documentando y acompañ ando la situació n legal de defensores indı́genas (lencas) de derechos humanos en los Municipios de Taulabé y Sulaco, Honduras”, ofrece una mirada re lexiva de la situació n de los derechos humanos que enfrentan los pueblos indıǵenas en general, y el pueblo Lenca en particular. El texto concentra su atenció n en cuatro ejes temá ticos clave: el contexto general, la situació n particular de comunidades de Sulaco y Taulabé , la criminalizació n del pueblo Lenca y el acceso a la justicia; ası ́mismo, ofrece un panorama general de la normativa nacional e internacional que protege a los pueblos indıǵenas. Re iere, ademá s, la institucionalidad que ha impactado en los pueblos indıǵenas y algunas de sus caracterıśticas objetivas. A travé s de visitas de campo y suministros de informació n por las organizaciones presentes en la zona, se identi icaron casos de violaciones a los derechos humanos de personas lencas; se procedió a la documentació n de algunos de ellos y, luego, el COFADEH continuará el asesoramiento jurıd ́ ico a algunos casos sensibles, una vez inalizado el proyecto. Considerado el tiempo limitado del proyecto, no se podıá aspirar a un estudio completo ni exhaustivo de este importante tema, pero sı ́ a un estudio cualitativo de las principales problemá ticas de los pueblos indıǵenas. En té rminos metodoló gicos, para la preparació n de este trabajo se desarrollaron entrevistas individuales y colectivas; un taller informativo y de estudio de la normativa indıǵena, visitas a instituciones, dependencias del Estado y lectura de publicaciones y documentos pertinentes sobre temas é tnicos relevantes en Honduras. Tambié n se realizó una evaluació n y aná lisis en equipo a esos materiales, para estructurar los mejores aportes al proyecto y contribuir a la toma de decisiones. En la primera fase del trabajo, realizada durante dos dıás de preparació n en escritorio, se de inieron agendas, actividades y tiempos, que luego se ejecutaron con la visita de la coordinadora del COFADEH y parte de su equipo a la mayorıá de liderazgos e instituciones pertinentes, en sus territorios. Y el consultor participó , igualmente, en las visitas de campo. Luego, la recopilació n de la informació n general fue puesta en conocimiento del donante y tras las primeras observaciones el COFADEH integró un Equipo de Trabajo para realizar la estructuració n del documento inal. Fruto de ese trabajo es el presente documento.


En el censo o icial de 2013, los indıǵenas lencas en Taulabé representa el 25.33% de su població n indı́gena, entre representantes de 9 pueblos culturalmente diferenciados (7 pueblos ancestrales y 2 etnias posteriores a la colonizació n españ ola), que reconoce el Estado de Honduras en su ú ltimo censo poblacional; mientras, en Sulaco, Yoro, los lencas representan só lo el 21,1% de la població n indıǵena del municipio. En general, en estos territorios fueron identi icados casos relevantes de violaciones al derecho de acceso a la justicia, respeto al debido proceso, a la consulta previa e informada; el acceso a la tierra, respeto a la vida e integridad personal, que demandan atenció n legal especialmente en Los Llanos, Taulabé ; Rıo ́ Bonito (municipio de Siguatepeque) y en El Chorro, Sulaco, Yoro, como se detalla en un cuadro resumen má s adelante. Pero tambié n fueron identi icados casos en los municipios de Ceguaca y Zacapa, en Santa Bá rbara y en al menos 6 municipios de La Paz: San Pedro de Tutule, Opatoro, Santa Elena, San José , Santa Marıá y Marcala. En estos municipios el censo població n indica los siguientes porcentajes de població n indıǵena lenca: Ceguaca (25,5%), Zacapa (90,0%), San Pedro de Tutule (7,8%), Opatoro (91,8%), Santa Elena (92,0%), San José (95,1%), Santa Marıá (97.0%) y Marcala (34,2%). Lo anterior signi ica que por ser la població n lenca decisiva en esos territorios y su situació n similar en materia de violaciones a derechos humanos, se ampliaron los lım ́ ites territoriales establecidos en los objetivos del proyecto. La ampliació n de la cobertura territorial del proyecto no colisiona el marco del objetivo general del proyecto, má s bien lo refuerza, y mantiene la vigencia del objetivo especı́ ico.


Objetivo General: Contribuir a la defensa de los Derechos Humanos y reducir la impunidad asociada a violaciones a los derechos fundamentales. Objetivo especí ico: Identi icar, documentar, denunciar pú blicamente y prestar asistencia jurı́dica a casos emblemá ticos de violaciones a los derechos humanos en la població n lenca del municipio de Taulabé , tanto a nivel nacional como internacional.

Segú n el documento Aproximaciones sobre la Situació n de Derechos Humanos de 81 Comunidades Lencas, miembras del COPINH y sus Resistencias, del Consejo Cıv́ico de Organizaciones Indıǵenas y Populares de Honduras, el pueblo lenca ofrece en su cosmovisió n las bases para comprender su con lictividad actual frente al modelo de desarrollo propuesto por el Estado. La base principal de esa visió n del mundo lenca descansa en la condició n de seres vivos que asignan a la tierra, rıo ́ s, bosques, montañ as, animales, fuego y viento, recursos naturales objeto de concesió n y aprovechamiento por el capital nacional y transnacional. En ese sentido, destacan en las zonas habitadas por el pueblo lenca una diversidad de proyectos privados y en coalianzas pú blico – privadas que incluyen la construcció n de una carretera de cuatro carriles o “Corredor Logıśtico” desde el Sur al Centro del paıś, que penetra comunidades indıǵenas. Ademá s, empresas mineras y constructoras de represas sobre los rıo ́ s Chinacla y Gualcarque, considerados sagrados por esa cosmovisió n indıǵena de La Paz, Comayagua y Santa Bá rbara. Sin obviar otras causas de violaciones a derechos humanos – empobrecimiento de los hogares por falta de empleo, salud, educació n y comunicaciones; inseguridad y violencia por privados y abusos de las autoridades --, en esta zona de estudio sobresalen los procesos de criminalizació n contra poblaciones originarias y campesinos de origen indıǵena, inclusive violaciones a la integridad fıśica y a la vida. El Convenio 169 sobre Pueblos Indıǵenas y Tribales en Paıśes Independientes dice en su


artıćulo 13 (…) que “los gobiernos deberá n respetar la importancia especial que para las culturas y valores espirituales de los pueblos interesados reviste su relació n con las tierras o territorios, o con ambos, segú n los casos, que ocupan o utilizan de alguna otra manera, y en particular los aspectos colectivos de esa relació n”. Ademá s, “la utilizació n del té rmino tierras en los artıćulos 15 y 16 deberá incluir el concepto de territorios, lo que cubre la totalidad del há bitat de las regiones que los pueblos interesados ocupan o utilizan de alguna otra manera”. Agrega el artıćulo 18: “La ley deberá prever sanciones apropiadas contra toda intrusió n no autorizada en las tierras de los pueblos interesados o todo uso no autorizado de las mismas por personas ajenas a ellos, y los gobiernos deberá n tomar medidas para impedir tales infracciones”. En forma directa, la Relatora Especial de Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indıǵenas, Victoria Tauli-Corpuz, , en el informe preliminar de su visita a Honduras con fecha 10 de noviembre de 2015¹ , declara: “Me alegra saber que Honduras rati icó el Convenio nº 169 sobre pueblos indígenas y tribales y votó a favor de la adopción de la Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas. He conocido también la existencia de instituciones especí icas dedicadas a los pueblos indígenas, como la Fiscalía Especial de Etnias, la Dirección de Pueblos Indígenas y Afro hondureños (DINAFROH), una comisión legislativa sobre pueblos indígenas y una Subdirección de Educación Indígena. Se me ha informado igualmente del trabajo sobre pueblos indígenas desarrollado por la Secretaría de Derechos Humanos, la Secretaría del Ambiente, el Instituto Nacional Agrario y otras instituciones. Se me ha informado también sobre diversas iniciativas legislativas y de políticas públicas referidas a los pueblos indígenas. En el curso de mi visita y de mi examen de la situación de los pueblos indígenas, he observado la situación crítica a la que se enfrentan, entre ellos, la falta de respeto a sus derechos sobre tierras, territorios y recursos naturales; la violencia, impunidad y corrupción; las di icultades en el acceso a la justicia; y la carencia de servicios sociales básicos, incluida la educación y la salud. Un problema fundamental al que se enfrentan los pueblos indígenas es la falta de un pleno reconocimiento, protección y disfrute de sus derechos sobre sus tierras, territorios y recursos naturales ancestrales. Incluso en los casos en que los pueblos indígenas tienen tierras tituladas, se ven amenazados por reclamaciones de terceras partes que se superponen sobre las tierras indígenas; por proyectos de desarrollo en los sectores extractivo y energético, ciudades modelo, turismo y áreas protegidas.

(1) http://www.ohchr.org/SP/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=16740&LangID=S#sthash.RHSE6xh5.dpuf


He escuchado preocupantes alegaciones sobre autoridades locales y otras implicadas en la venta ilegal de tierras y en otras violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. En todo el país, las comunidades indígenas demandan el saneamiento de sus tierras colectivas para que se resuelva el problema de la presencia de terceros en sus tierras y los con lictos que ello provoca. Además de la titulación y saneamiento de las tierras, otro componente esencial para el disfrute de los derechos sobre las mismas y de otros derechos humanos, es el fortalecimiento de los sistemas propios de gobernanza. Esto incluye el reconocimiento de sus propias instituciones, de su gestión de los recursos naturales y el ejercicio de sus sistemas tradicionales de justicia. Exige también los recursos necesarios para ejercer dichas funciones. Los pueblos indígenas expresaron también su preocupación sobre los proyectos de desarrollo de recursos naturales, como represas hidroeléctricas, que han sido aprobados a través de legislación nacional no consultada previamente con ellos, como en el caso de la represa de Agua Zarca. Miembros de la comunidad Lenca que se han opuesto a la construcción de la represa, por motivo de los impactos a sus medios de vida y cultura, informaron sobre graves violaciones de los derechos humanos, incluidos asesinatos, amenazas e intimidación. Lamentablemente, esta no es una situación aislada y se me ha informado de abusos similares a los derechos humanos en el contexto de otros proyectos hidroeléctricos que afectan al pueblo Lenca, de concesiones madereras y mineras que afectan al pueblo Tolupán, o proyectos de turismo e infraestructuras en tierras Garífuna. De acuerdo con la información recibida, la creación de áreas protegidas que se superponen a territorios indígenas ha supuesto la restricción del acceso y control de los pueblos indígenas sobre sus tierras y recursos naturales. Pero además, como han señalado representantes indígenas, el establecimiento de áreas protegidas no ha impedido la presencia de intereses externos relacionados con la tala, las actividades extractivas o las actividades ilícitas en tierras indígenas. Me preocupa profundamente el ambiente general de violencia e impunidad que afecta a muchas comunidades indígenas del país. Pude hablar con algunos representantes de las tribus Tolupanes que me describieron una situación de extrema violencia, incluyendo asesinatos de tolupanes que de ienden sus tierras. Esto va acompañado por la impunidad de los perpetradores de estos crímenes, lo que convierte a la justicia en ilusoria. Los pueblos indígenas son también vulnerables a la violación de los derechos humanos debido a la situación generalizada de violencia existente en el país a raíz del trá ico de drogas, el crimen organizado y la respuesta del Estado a estos problemas. Recibí muchos testimonios relativos a la falta de acceso a la justicia para los pueblos indígenas. Su capacidad de obtener justicia se ve obstaculizada por diversos factores, que incluyen: la falta de conocimientos de los operadores de justicia sobre los derechos de los pueblos indígenas; la falta de recursos de instituciones como la Fiscalía de Etnias y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos; barreras de idioma, culturales y económicas; el racismo y la discriminación contra los pueblos indígenas; y la impunidad, entre otros. Esto evidencia la urgente necesidad de


mecanismos legales, administrativos o de otro tipo que permitan a los pueblos indígenas presentar demandas por la violación de sus derechos territoriales y sus derechos humanos fundamentales para obtener reparación. Deben existir mecanismos efectivos para la investigación, procesamiento y sanción de las autoridades estatales o particulares responsables de violaciones de los derechos de los pueblos indígenas. La falta de estos mecanismos ha llevado, en ocasiones, a los pueblos indígenas a la protesta pací ica, lo que desgraciadamente ha resultado en la criminalización de quienes de ienden sus tierras. La aplicación efectiva del derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado es también una demanda recurrente de los pueblos indígenas. Se presentaron a mi atención varias iniciativas para la aplicación del derecho a la consulta, incluido un proyecto de ley impulsado por DINAFROH. Quiero subrayar que cualquier iniciativa de este tipo debe garantizar la plena y efectiva participación de los pueblos indígenas a través de sus instituciones y organizaciones representativas. Lo mismo es aplicable en el caso de cualquier otra medida legislativa o de política pública, incluyendo una ley nacional sobre pueblos indígenas que también se me presentó. Recibí también información sobre cuestiones sociales y económicas que afectan a los pueblos indígenas. Se me informó sobre algunas medidas en marcha para la implementación de la educación bilingüe intercultural, incluyendo la capacitación de maestros indígenas. Lamentablemente no se han proporcionado oportunidades laborales a los maestros capacitados, dado que el nombramiento para estos puestos parece estar motivado políticamente. De acuerdo con la información recibida, queda un largo camino por recorrer para conseguir los objetivos de la educación intercultural bilingüe y para proporcionar los materiales e infraestructura necesarios. He escuchado también muchos testimonios sobre la falta de servicios de salud en los territorios indígenas incluyendo la falta de instalaciones, personal, y medicamentos, lo que supone una violación de su derecho a la salud. Tuve la oportunidad también de recibir información directa de los buzos miskitos en Puerto Lempira. Exhorto al Gobierno a que adopte las medidas necesarias para regular esta actividad y para cumplir con sus demandas, incluidos los servicios de salud necesarios. Las mujeres y las niñas indígenas sufren problemas graves y especí icos. La trata y la prostitución de mujeres y niñas indígenas, como parte de las actividades del crimen organizado fue también una preocupación expresada durante mis reuniones. Se me informó también sobre la situación de la juventud en las comunidades indígenas. De acuerdo con algunos testimonios, la desposesión de tierras y recursos en las comunidades ha producido una falta de oportunidades para las generaciones jóvenes que los convierte en presas fáciles del crimen organizado o les obliga a emigrar”. En la visita personal realizada por el Equipo del COFADEH a Taulabé y otras comunidades de departamentos vecinos, hubo relatos que per ilan ese mismo tipo de situació n identi icada por la relatora.


Por ejemplo, uno de los problemas que se genera por desempleo o violencia es la migració n, que caracteriza a Taulabé . Aquı ́ hay aldeas que no encuentran cortadores de café para aprovechar la temporada de maduració n de este grano, porque se fueron a Estados Unidos.

La aldea de Varsovia, por ejemplo, está casi vacıá de jó venes; de acuerdo al relato del sacerdote de la parroquia San Gaspar se fueron por falta de empleo remunerado y por la inseguridad, por amenazas, pues la cercanı́a del poblado a la carretera hizo proliferar pandillas, que han causado muertos y robos.

En este ambiente la policıá ha cedido la institucionalidad del Estado a particulares para que se tomen la justicia por sus manos, para crear una falsa tranquilidad en la zona. El pueblo prospera materialmente en forma acelerada, pero debilita su cohesió n social. Este es el testimonio del religioso, que trabaja desde hace 30 añ os a veces como conciliador privado de con lictos sociales. Y es é l quien sugiere ademá s enfocar el proyecto en los municipios de Siguatepeque y Taulabé , en Comayagua, e inclusive Otoro, Intibucá , y La Paz, porque allı ́está n todas las instituciones estatales de justicia y existe una mayor recurrencia de con lictos. En el departamento de La Paz es la militarizació n de zonas de explotació n de recursos naturales dentro de territorios ancestrales indıǵenas y la criminalizació n de liderazgos campesinos la principal caracterıśtica de la situació n de derechos humanos.


En Honduras viven siete pueblos indıǵenas: Lenca, Maya-Chortı,́ Tolupá n, Pech, Tawahka (sumo), Miskito y Nahua, ası ́como dos etnias afrodescendientes, los garıf́unas y la població n negra anglo-hablante, radicadas principalmente en los departamentos de Atlá ntida e Islas de la Bahıá. A pesar de que las etnias mencionadas no son pueblos indıǵenas ancestrales, se las menciona en las leyes del paıś y en los programas de la cooperació n internacional junto con los pueblos indıǵenas, debido a sus diferencias en relació n a la sociedad mayoritaria. En lo que respecta a la auto-identi icació n, estas etnias tambié n se consideran conectadas con la població n indıǵena del paıś. Los pueblos indıǵenas y las etnias está n distribuidos geográ icamente en todo el paıś, especialmente en el este, el norte y el noroeste de Honduras. Segú n los datos del Censo de Població n 2013² , la població n indıǵena representó el 8,6 % de la població n total de Honduras. La població n Lenca es la má s numerosa (453.672 personas), representando el 5,5% de la població n total del paıś y cerca de dos terceras partes de la població n indıǵena (63,2%).

Fuente: HONDURAS TIPS. http://www.hondurastips.hn/culturas-vivas/ (2) INE. http://www.redatam.org/binhnd/RpWebEngine.exe/Portal


INE - Censo de población 2013 Población

% sobre población total

33.256

0,4%

4,6%

453. 672

5,5%

63,2%

Miskito

80.007

1,0%

11,1%

Nahuah

6.339

0,1%

0,9%

Pech

6.024

0,1%

0,8%

Tolupán

19.033

0,2%

2,7%

Tawaka

2.690

0,0%

0,4%

Garifuna

43.111

0,5%

6,0%

Negro de habla inglesa

12.337

0,1%

1,7%

Otro (*)

61.151

0,7%

8,5%

717.618

8,6%

100%

NO indígena

7.586.153

91,4%

________

Total de población

8.303.771

100%

________

Pueblo indígena Maya - Chortí Lenca

Suma de indígenas

% sobre población indigena

(*) No especi icado en el censo

Algunos índices socio-económicos de la población indígena en Honduras³ Ÿ La mortalidad infantil de los indıg ́ enas que viven en el campo, alcanza, segú n CEPAL/CELADA, 64,8 por cada 1000 nacimientos. Ÿ La població n indıg ́ ena no tiene su iciente acceso al suministro de agua potable ni al sistema de aguas residuales. Ÿ Los indıg ́ enas solo van a la escuela un promedio de 3,7 añ os; el ın ́ dice de analfabetismo es de 33% Segú n datos del Banco mundial:

INE - Censo de población 2013 Pueblo indígena

% de personas mayores de 14 años que no saben leer ni escribir

Maya - Chortí

36,4%

Lenca

32,6%

Miskito

22,8%

Pech

34,0%

Tolupan

45,9%

Tawaka

25,7%

Garifuna

9,0%

Negro de habla inglesa

4,0%

(3) Diversas fuentes: CEPAL, PNUD, Banco Mundial y otros.


Ÿ Este elevado ın ́ dice de analfabetismo se debe al acceso insu iciente a las escuelas y a la

de iciente infraestructura escolar, tanto en cantidad como en calidad. Ÿ Muchos de los pueblos indıg ́ enas fueron desplazados de sus entornos originarios. Ÿ Solamente los Tawahkas y los miskitos viven todavıa ́ en sus territorios, mas, debido al

avance de la frontera agraria, está n cada vez má s limitados en el uso de sus territorios. La invasió n a estas regiones indıǵenas por otros usuarios, como campesinos provenientes de otras regiones y leñ adores, es casi siempre tolerada por el gobierno. Ÿ Un problema central de la població n indıg ́ ena es, por ende, el acceso a la tierra, es decir el

confuso tema territorial. Ÿ Segú n datos de la Confederació n de los Pueblos Autó ctonos de Honduras, CONPAH,

solamente el 10% de los indıǵenas posee un tıt́ulo de propiedad garantizado. Ÿ Las actividades econó micas de los indıg ́ enas que viven en el sur y el oeste (chortıś y lencas)

consisten en el cultivo de maıź, frijol, en menor medida cañ a de azú car y frutas, para la economıá de subsistencia. Ÿ Otras formas de sustento son la venta de artesanıa ́ s elaboradas por las mujeres. Ÿ Los hombres trabajan como jornaleros en el cultivo y cosecha de café y tabaco.

3.2.1 Origen El Grupo Indıǵena Lenca de Honduras es uno de los grupos Mesoamericanos autó ctonos que se establecieron desde tiempos pre colombinos en algunas regiones de Honduras y El Salvador. Aunque no se precisa su origen, se toma como referencia la teorıá del historiador salvadoreñ o Rodolfo Baró n Castro, quié n mani iesta que los Lencas son descendientes directos de los Mayas que decidieron quedarse en su territorio y no seguir el é xodo que acabó con esa civilizació n. Antiguamente, el pueblo Lenca se localizaba en algunas regiones del occidente, centro y sur del paıś (situació n que se mantiene actualmente), organizados en poblados con un tamañ o promedio de 350 casas. Al momento de la colonizació n, existıán un promedio de 500 poblados. Estos poblados estaban distribuidos en grupos llamados Care, Cerquın ́ , Potó n y Lenca.

(4) Lenca, signi ica “Lugar de muchas aguas”


Territorio histórico del pueblo Lenca

3.2.2 Principales rasgos de la cultura Lenca⁵ Los Lencas, custodios milenarios. Los hombres y las mujeres Lencas se identi ican a sı ́mismos como un pueblo con un propó sito o razó n de ser, que es la relació n equilibrada con las montañ as, los bosques, el agua y los animales silvestres, esto los ha convertido en custodios y protectores de los bienes naturales donde conviven y hacen uso de estos bienes: territorios, tierras, agua, y demá s elementos de vida. Coexistencia entre todos los seres vivos. Es esencial entender la cosmovisió n de la cultura lenca, que nos brinda las bases para comprender los con lictos por el territorio; ellos identi ican diferentes seres vivos, a saber: Ÿ La tierra es un ser vivo. Para las y los Lencas el planeta no es una roca inerte que tiene

Ÿ Ÿ

Ÿ Ÿ

habitantes en su super icie; sino un ser vivo, tal y como lo somos nosotros, un animal o un vegetal. El río es un ser vivo. El rıo ́ es visto tambié n como un ser vivo, o como “la sangre de la tierra”. Debe correr libre y sin impedimentos. El bosque tiene dueño. Los á rboles, demá s lora, animales silvestres, microecosistemas y demá s fauna, tienen dueñ os y dueñ as ancestrales como los espıŕitus femeninos que cuidan los rıo ́ s o el duende que es el dueñ o de la montañ a y lo que hay en ella. La montaña es una proveedora. Es la que da oxıǵeno, agua, viento, algunos frutos, plantas vegetales y tubé rculos; la alegrıá que dan los pá jaros, las lores, otros animales El bosque es esencial para la vida. Al igual que la montañ a, el bosque que tampoco es un ser vivo pero si un espacio para la vida, juega un papel importante en el equilibrio espiritual, cosmogó nico y vital para el Pueblo Lenca.

(5) Aproximaciones sobre la Situació n de Derechos Humanos de 81 Comunidades Lencas, Miembras del COPINH y sus Resistencias


La cultura está vigente La cultura Lenca se encuentra en un intercambio con lictivo con las culturas mestizas predominantes en Honduras incluyendo la que trae aparejada la globalizació n. Ÿ La tradición oral; La oralidad es fundamental en la cultura, la identidad, la memoria

histó rica y la rebeldıá Lenca. Ÿ Religión y espiritualidad. Los Lencas antiguamente profesaban una religió n politeıs ́ ta

y sus dioses estaban organizados jerá rquicamente. Sus dioses principales eran Itanipuca que representaba a “Dios Padre” e Ilanguipuca, que representaba la “diosa Madre”. Otro dios que adoraban era Icelaca, que representaba al “dios del tiempo” Los Lencas tambié n practicaban el Shamanismo, aunque en menor porcentaje y la mayorıá de Shamanes eran generalmente mujeres. En la actualidad la mayorıá de los Lencas profesan la religió n cató lica, pero lo hacen a su manera, ellos la llaman “la antigua religió n” y la diferencian de la legıt́ima religió n cató lica.

Organización social. Perviven formas de organizació n social de mucha importancia por las comunidades Lencas durante la colonia y algú n tiempo durante la vida de la repú blica, como la alcaldıá de la Vara Alta de Moisé s y el Consejo de Ancianos, pero han decaıd ́ o en sus prá cticas. Los Lencas se encuentran en exploració n y bú squeda de formas de organizació n y prá cticas que mantienen la esencia de la tradició n Lenca al respecto. La investigació n (del COPINH) encontró al menos tres casos que pueden citarse: la renovació n de la Vara Alta, la reorganizació n de Consejos Indı́genas y Consejos de Ancianos y la conformació n de gobiernos y procesos de gobernanza indıǵena Lenca (auto gobiernos), como puede ser el caso de la Alcaldıá legıt́ima del municipio de San Francisco de Opalaca o la mayorıá de comunidades de Santa Elena.

3.2.3.- La población Lenca actual. Censo 2013. En coherencia con los territorios histó ricos, la població n Lenca se concentra en la zona centro occidental de Honduras, especialmente en tres departamentos (Lempira, Intibucá y La Paz) que alcanzan el 82,4% de la població n indı́ g ena. Le siguen otros cinco departamentos (Francisco Morazá n, Ocotepeque, Comayagua, Santa Bá rbara y Corté s) en donde habitan un nú mero importante de Lencas. En los restantes diez departamentos los Lencas son poco numerosos.


La población Lenca a nivel nacional Departamento 1. Atlá ntida 2. Coló n 3. Comayagua 4. Copá n 5. Corté s 6. Choluteca 7. El Paraıśo 8. Francisco Morazá n 9. Gracias a Dios 10. Intibucá 11. Islas de la Bahıá 12. La Paz 13. Lempira 14. Ocotepeque 15. Olancho 16. Santa Barbara 17. Valle 18. Yoro TOTAL POBLACION

Población % 1.509 1.625 10.483 812 5.390 553 519 33.054 226 120.958 1.541 109.431 143.548 13.779 1.073 7.518 59 1.592 453.670

0,3% 0,4% 2,3% 0,2% 1,2% 0,1% 0,1% 7,3% 0,0% 26,7% 0,3% 24,1% 31,6% 3,0% 0,2% 1,7% 0,0% 0,4% 100

Municipio

La población Lenca en el Departamento de La Paz.

1. La Paz 2. Aguancaterique 3. Cabañ as 4. Cane 5. Chinacla 6. Guajiquiro 7. Lauterique 8. Marcala 9. Mercedes de Oriente 10. Opatoro 11. San Antonio del Norte 12. San José 13. San Juan 14. San Pedro de Tutule 15. Santa Ana 16. Santa Elena 17. Santa Marıá 18. Santiago de Puringla 19. Yarula TOTALES

Censo de población 2013 Como se aprecia en el cuadro, el Departamento de La Paz es uno de los enclaves histó ricos e importantes de los Lencas, representando el 55% de la població n del Departamento. En relació n al Departamento de La Paz, en el cuadro siguiente se aprecia que 13 de los 19 municipios del Departamento son totalmente Lencas (Censo 2013).

Total de Población 43.980 4.730 3.253 3.592 7.836 14.616 2.986 28.614 1.087 7.408 2.725 8.928 2.447 6.940 11.777 12.161 10.813 16.182 8.845 198.928

Población Lenca

%

965 3.084 2.794 147 6.841 12.219 4 9.787 1.012 6.798 23 8.492 3 543 11.242 11.192 10.485 15.678 8.126 109.435

2,2% 65,1% 85,9% 4,1% 87,3% 83,6% 0,1% 34,2% 93,1% 91,8% 0,8% 95,1% 0,1% 7,8% 95,5% 92,0% 97,0% 96,9% 91,9% 55,1%


3.2.4 Algunos rasgos particulares de los municipios de Taulabé, Comayagua, y Sulaco, Yoro, que eran los inicialmente previstos

Taulabé Signi ica: "Encuentro de caminos" o "Camino del jaguar". Es un municipio del departamento de Comayagua. Su extensió n es de 200 km2. Histó ricamente, la aldea de Taulabé formó parte del municipio de Siguatepeque. En la administració n del Presidente José Simó n Azcona del Hoyo y siendo ministro de gobernació n por ley, Romualdo Bueso Peñ alba, se irmó el Decreto Ejecutivo 23-87 del 20 de mayo de 1987, de creació n del municipio. En la actualidad la comunidad se destaca como el mayor productor de cal, miel de abeja, ganado, buena producció n de cañ a y dulce de panela en la regió n hondureñ a, ademá s de productor de café . Su mayor atractivo turıśtico son las Cuevas de Taulabé , las cuales representan una gran riqueza mineral que puede ser vista en muchas de las formaciones de estalactitas y 19 estalagmitas. Reciben grandes cantidades de visitantes, tanto del interior del paıś como de turistas extranjeros. Ademá s de las cuevas, cuenta con riquezas arqueoló gicas, cascadas, rıo ́ s, bosque nublado, y lagunas naturales, con una reserva impresionante de paisajes como el parque nacional Cerro Azul Meambar.

CENSO POBLACIÓN 2013 Taulabé - Comayagua Pueblo indígena Maya - Chortı́

ALDEAS: 1. Las Lajas, 2. Buenos Aires 3. El Cerró n 4. Pamichal 5. Jardines 6. Santo rosa de Bacadilla 7. Cerro Azul 8. San Antonio de Bacadilla 9. Barsovia 10. Buena Vista 11. San Antonio de Yure 12. Camalotales 13. El Carrizal 14. La Misió n 1 5 . M o n t a n u e l a 1 6 . O c o m á n 1 7 . Choloma 18. La Angostura 19. Terreno Blanco 20. Quebraditas 21. Pito Solo 22. Jaitique 23. Chaparral abajo 24. Los Llanos 25. Las Alejandrinas. CASERÍOS: 1. Sá banas de Ocote 2. El Peñ ó n 3. Pinolapa 4. La Lima 5. Chagü ite 6. Cantillano 7. El Portillo de Jaitique 8. La Crucita 9. Choluteca 10. La Pelisca 11. La Laguna 12. El Cedral y 13. Brisas de Bacadillo.

Habitantes % indígenas 2

1,0%

51

25,4%

Miskito

3

1,5%

Nahuah

11

5,5%

Pech

2

1,0%

Tolupá n

0

0,0%

Tawaka

7

3,5%

Garifuna

10

5,0%

3

1,5%

Otro (*)

112

55,7%

Suma de indígenas

201

100,0%

Lenca

Negro de habla inglesa

NO indígena

24.034

Total de población

24.235


SULACO (Yoro) En mexicano signi ica en la tierra de las codornices. El municipio colinda al norte con el municipio de Yorito, al sur con el municipio de San José del Potrero (Comayagua), al este con el municipio de Marale (Francisco Morazá n) y al oeste con el municipio de Victoria (Yoro). Se ignora cuá ndo fue creado este municipio, só lo se sabe que el añ o 1654 ya estaba establecido un convento de la orden de San Francisco. En el tıt́ulo de tierras que le midieron como ejidos en el tiempo de la colonia españ ola, en 1707 aparece con el nombre de San Juan de Sulaco, poblado solamente de indios. En 1723, este pueblo contaba con 200 habitantes que se dedicaban a lavar oro. En el primer recuento de població n en 1791 aparece como cabecera de curato. Y en 1865 tuvo su primer Alcalde. El té rmino municipal tiene las siguientes aldeas importantes: Sulaco, El Desmonte, El Jaral, La Albardilla, Las Cañ as, San Antonio y San Juan.

CENSO POBLACIÓN 2013 Sulaco - Yoro Pueblo indígena Maya - Chortı́

Habitantes % indígenas 2

3,8%

11

21,2%

Miskito

1

1,9%

Nahuah

9

17,3%

Pech

0

0,0%

Tolupá n

1

1,9%

Tawaka

4

7,7%

Garifuna

1

1,9%

Negro de habla inglesa

3

5,8%

Otro (*)

20

38,5%

Suma de indígenas

52

100,0%

Lenca

NO indígena

17,456

Total de población

17,508


3.2.5 Principales organizaciones indígenas lencas. En el cuadro siguiente se presentan las organizaciones indıǵenas lencas SIGLAS

ONILH

COPINH

NOMBRE Organización Nacional Indígena Lenca de Honduras

Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras www.coping.org

MILH

Movimiento Indígena Lenca de Honduras

INFORMACIÓN Sede La Paz. Organizació n del Pueblo Lenca, creada en julio de 1989, luchar por hacer efectiva la disposició n constitucional contenida en el Artıćulo 346, sobre la protecció n de los derechos e intereses de las comunidades indıǵenas, especialmente de sus tierras y bosques.⁶ Sede Intibucá . Agrupació n del Pueblo Lenca, creada en 1992 y que representa la lucha reivindicativa de todos los Pueblos Indıǵenas y Negros de Honduras. Funciona con consejos indıǵenas y consejo de ancianos a nivel local (municipal o departamental), y mantiene contacto con instancias nacionales. Tienen un programa de radio llamado “Ecos de Opalaca”, transmitido por Radio Esperanza desde el Departamento de Intibucá . El COPINH tiene como miembros a 200,000 indıǵenas Lenca de los departamentos de Comayagua, Intibucá , Lempira y La Paz. La o icina principal se encuentra en el Barrio Las Delicias, ciudad de Intibucá .⁷

Intibucá

Federación Hondureña Indígena Lenca

La Paz

MILPAH

Movimiento Independiente Indígena Lenca de La Paz

Marcala, La Paz

CINPH

Coordinadora Indígena del Poder Popular de Honduras

La Esperanza

FHONDIL

COPRODEPIY

Comité Pro Defensa del Desarrollo y los Derechos del Pueblo Indígena de Yamaranguila

(6) http://www.territorioindigenaygobernanza.com/hon_10.html (7) Idem.

Yamaranguila, Intibucá


En lın ́ eas generales las propuestas alternativas de los movimientos indıǵenas de Honduras plantean temas profundos, que incluso van má s allá de sus intereses é tnicos, son transversales: el cuidado del medio ambiente, el cumplimiento efectivo de los derechos humanos, la aplicació n de polıt́icas de desarrollo sustentables, re lexiones sobre ciudadanıá y autonomıá, el anhelo de consolidar el estado pluricultural y plurié tnico, entre otros. La emergencia de los movimientos indıǵenas se presenta profundamente asociada a las nuevas polıt́icas econó micas transnacionales. La persistencia de los movimientos indıǵenas sobre Tegucigalpa, la capital, a partir de los añ os noventa marca una serie de demandas invisibilizadas hasta ese momento. A continuació n, se transcriben las principales exigencias comunes a los diferentes pueblos y organizaciones indıǵenas: 1. El reconocimiento y la titulació n de la tierra y el territorio. La mayor parte de la super icie territorial fue apropiada ilegalmente por personas no indıǵenas, ladinas, lo que provocó con lictos violentos en repetidas ocasiones; sin embargo, no se llevó a cabo una acció n penal contra esta apropiació n ilıćita de sus tierras y territorios. 2. La defensa y el uso sostenible de los bosques. Esta reivindicació n está estrechamente vinculada a la demanda de tıt́ulos de propiedad comunitarios y defensa de tıt́ulos ancestrales en algunos casos. Esta exigencia tiene por objeto impedir el saqueo y venta de las materias primas forestales por privados, miembros del crimen organizado o por el propio Estado a travé s de los gobiernos locales o instituciones centralizadas. Hasta ahora se logró que algunas regiones habitadas por indıǵenas sean identi icadas como zonas ecoló gicas protegidas, protegiendo ası ́la lora y la fauna, como tambié n sitios sagrados de los indıǵenas. 3. Acció n penal a delitos contra personas de origen indıǵena. Dichos delitos comprenden principalmente asesinatos, violaciones y la desaparició n forzada de personas. Si bien se creó una iscalıá de etnias, la misma dispone de muy escasos recursos inancieros para cubrir la reclamació n nacional de los pueblos culturalmente diferenciados. 4. Atenció n sanitaria y cuidado de la salud interculturales. Esta es una reclamació n que sigue pendiente casi en su totalidad por el Estado. 5. Implementació n de la educació n intercultural bilingü e dispuesta por el Programa Nacional de Educació n para las Etnias Autó ctonas y Afroantillanas de Honduras (PRONEEAAH), pero que, hasta ahora, no ha sido puesta en prá ctica.⁸ (8) En el caso del Pueblo Lenca se ha perdido el idioma. Algunas organizaciones demandan su recuperació n como parte del legado histó rico y cultural de Honduras


6.- Aplicació n del Convenio nr. 169 de la OIT, especialmente en lo referente al derecho de consulta previa (artıćulo 6). El Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indıǵenas y Negros de Honduras (ODHPINH) informó que despué s de casi dos dé cadas de haber rati icado Honduras el Convenio Nº 169 de la OIT, sigue sin adaptar su legislació n nacional. Honduras pretende diluir el Convenio Nº 169 en una Ley Indıǵena de cará cter secundario, introducida desde hace má s de una dé cada en el Congreso Nacional. 7.- Acceso a la justicia ⁹y ¹⁰

En Honduras existen pueblos indı́ g enas diferenciados cultural y lingü ı́ s ticamente, distribuidos en los departamentos de Yoro, Intibucá , la Paz, Gracias a Dios Lempira, pero tambié n hay otros departamentos en los que su població n indıǵena es menos visible como Comayagua y Francisco Morazá n, pero no por ello ausente del debate. Muchas de estas zonas geográ icas son fronterizas y carecen de la presencia del Estado de Derecho. La Població n indıǵena nacional ha denunciado que, por su indefensió n legal, sufre con frecuencia la violació n de sus derechos humanos má s elementales. Estas violaciones se mani iestan en discriminació n en cuanto a la tenencia de la tierra, libertad personal, educació n y salud, no existe aplicabilidad de la ley de reforma agraria e incluso se habla de ejecució n extrajudicial de miembros de las etnias. De igual forma, se a irma que, salvo en casos excepcionales, los jueces, iscales, defensores pú blicos y otros funcionarios del sistema judicial carecen de informació n sobre la organizació n sociopolıt́ica de las poblaciones indıǵenas, sobre las normas que las rigen y sobre sus costumbres, lo que implica con frecuencia abusos de autoridad y violaciones al debido proceso de las personas imputadas. Segú n el informe elaborado por el Sistema de Naciones Unidas en Honduras para el Examen Perió dico Universal del 2010, “la població n indıǵena de Honduras constituye el 7.25%¹¹ de la població n total del paı́ s . Sin embargo, el paı́ s no cuenta con polı́ t icas especiales, institucionalidad publica ni con legislació n especı́ ica para garantizar y proteger los derechos de estos grupos de la població n¹². Honduras es un paıś caracterizado por largos periodos de crisis polıt́icas y la instauració n de gobiernos autoritarios. Es ası ́ que despué s de 20 añ os de gobiernos militares, se instaló la Asamblea Nacional Constituyente, en abril de 1980, que marcó el retorno a la democracia formal. En noviembre de 1981 la Asamblea Nacional Constituyente convocó a elecciones

(9) Tomado de Pueblos Indıǵenas en Honduras Documento de trabajo Editor: Unidad Coordinadora Pueblos Indıǵenas en Amé rica Latina y el Caribe (KIVLAK/GIZ) (10) Para la aplicació n de acceso a la justicia de los pueblos indıǵenas ver: “Acceso de los pueblos indıǵenas a la justicia desde el enfoque de derechos humanos: Perspectivas en el derecho indıǵena y en el sistema de justicia o icial. ASIES. Asociació n de Investigació n y Estudios Sociales y ONU Derechos Humanos. Guatemala, mayo 2008 (11) Como se ha presentado en capıt́ulo anterior, segú n el Censo 2013, la població n indıǵena representa el 8,6% del total. (12) Sistema de Naciones Unidas en Honduras. Insumos del equipo paıś del Sistema de Naciones Unidas para el Examen Perió dico Universal. Tegucigalpa, 2010. Pag. 10 http://lib.ohchr.org/HRBodies/UPR/Documents/Session9/HN/UNDP_UPR_HND_S09_2010_United_Nations_Development_Programme.pdf


generales para elegir a las autoridades de los tres poderes del Estado e inmediatamente proclamó la nueva Constitució n de la Repú blica de Honduras, carta que fue aprobada el 11 de enero de 1982, y con entrada en vigor el 20 de enero del mismo añ o.¹³

4.2.1.- Los derechos Indígenas en la Constitución de Honduras El artículo 1 de la Constitució n de ine a Honduras como un Estado de derecho, soberano, instituido como Repú blica libre, democrá tica e independiente para asegurar a sus habitantes el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar econó mico y social. Honduras incorporó a su cuerpo constitucional los derechos de los pueblos indıǵenas cuando reconoce a partir del Artículo 173: “El Estado preservará y estimulará las culturas nativas, así como las genuinas expresiones del folklore nacional, el arte popular y las artesanías.¹⁴ Se relaciona con esta declaració n, el Artículo 172 que establece: “Toda riqueza antropológica, arqueológica, histórica y artística de Honduras forma parte del patrimonio cultural de la nación. La Ley establecerá las normas que servirán de base para su conservación, restauración, mantenimiento y restitución, en su caso. Es deber de todos los hondureños velar por su conservación e impedir su sustracción. Los sitios de belleza cultural, monumentos y zonas reservadas, estarán bajo la protección del Estado”. Mientras, el principio constitucional para la protecció n de los derechos de los pueblos indıǵenas a sus tierras y recursos naturales se establece en el Artículo 346 de la Constitució n: “Es deber del Estado dictar medidas de protección de los derechos e intereses de las comunidades indígenas existentes en el país, especialmente de las tierras y bosques donde estuvieren asentadas¹⁵”. Este reconocimiento fue homologado con la rati icació n del Convenio N° 169 de la Organizació n Internacional del Trabajo (OIT) sobre Pueblos Indıǵenas y Tribales en Paıśes Independientes, mediante el Decreto 26-1994 de mayo de 1994.

(13) Constitució n Polıt́ica de 1982, Publicada en la Gaceta No. 23,612 del 20 de enero 1982ç (14) El primer pá rrafo del artıćulo 172 de la Constitució n de 1982 señ ala que “Toda riqueza antropoló gica, arqueoló gica, histó rica y artıśtica de Honduras forma parte del patrimonio cultural de la Nació n.” V. Constitució n de la Repú blica de Honduras. Decreto N° 131 de 11 de enero de 1982, Tegucigalpa, OIM Editorial S. A. de C. V. , 1ª. ed., 2008. (15) Constitució n Polıt́ica de 1982, Publicada en la Gaceta No. 23,612 del 20 de enero 1982. http://www.poderjudicial.gob.hn/CEDIJ/Leyes/Documents/Constituci%C3%B3n%20de%20la%20Rep%C3%BAblica%20de%20Honduras%20%28Actuali zada%202014%29.pdf


El 3 de agosto de 1994 el Presidente de la Repú blica irmó el Acuerdo No.0719-EP-94, mediante el cual se reconoce por primera vez o icialmente el cará cter pluricultural, multié tnico y multilingü e de Honduras. El reconocimiento de la pluralidad é tnica se constituirá como uno de los ejes de la transformació n y reforma educativa nacional y se plasma en el Programa Nacional de Educació n para las Etnias Autó ctonas de Honduras (PRONEEAH). Este acuerdo llena el vacıo ́ en la Constitució n Nacional de 1982 que no hace menció n ni del multilingü ismo ni de la multietnicidad de la sociedad hondureñ a y parece partir de un Estado homogé neo. El Artículo 6 del acuerdo presidencial, por ejemplo, dice: “El idioma o icial de Honduras es el español. El Estado protegerá su pureza e incrementará su enseñanza”,¹⁶ menospreciando la existencia de los idiomas misquito, garıf́una, tolt y chortı,́ entre otros.

4.2.2.- Reconocimiento de los Derechos Indígenas en las leyes secundarias 4.2.2.1.- Ley de Reforma Agraria, en relació n al ré gimen jurıd ́ ico sobre la tenencia de la tierra establece el Artículo 92: “Los bene iciarios y bene iciarias….. Las comunidades étnicas que acrediten la ocupación de las tierras donde estén asentadas, por el término no menor de tres años”, indicado en el artículo 15 reformado de esta Ley que recibirán los títulos de propiedad en dominio pleno completamente gratis, extendidos por el Instituto Nacional Agrario en el plazo estipulado en el Artículo 15 referido.”¹⁷ . 4.2.2.2.- En correspondencia al ré gimen jurıd ́ ico sobre los bosques, la Ley Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre, proclamada mediante el Decreto No. 98- 2007 del Congreso Nacional de la Repú blica, señ ala en el cuarto pá rrafo del Artículo 45, Capitulo 1, referente a la propiedad forestal, que “se reconoce el derecho sobre las áreas forestales a favor de los pueblos indígenas y afro hondureños situados en las tierras que tradicionalmente poseen, de conformidad con las Leyes Nacionales y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo.”¹⁸ 4.2.2.3.- La Ley de Propiedad¹⁹ dispone de un capıt́ulo especial sobre la regularizació n de la propiedad de los pueblos indıǵenas y afrodescendientes. El artıćulo 93 de la Ley de Propiedad reconoce el derecho que los pueblos indıǵenas y afro hondureñ os tienen sobre las tierras que tradicionalmente poseen, en virtud de la relació n espiritual de estos pueblos con sus tierras. De igual forma, el artıćulo 94 reconoce el derecho de los pueblos indıǵenas a la tenencia y usufructo de la tierra de acuerdo a las formas tradicionales de tenencia de propiedad comunal. El artıćulo 95 establece que el Estado debe informar y consultar a los pueblos indıǵenas, de forma previa, sobre los bene icios y prejuicios de la explotació n de recursos naturales. Se establece tambié n la entrega de indemnizaciones equitativas por los dañ os resultados de dichas actividades. Artıćulo 96: “Los derechos de propiedad y tenencia de estos pueblos prevalecerán sobre estos (16) http://www.axl.cefan.ulaval.ca/amsudant/honduras-accord_pres1994.htm (17) Ley de Reforma Agraria Decreto-Ley nú mero 170 http://www.ina.hn/user iles/ iles/ley_reforma_agraria.pdf (18) Ley Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre Decreto No. 98-2007, publicada en el diario o icial la Gaceta el 26 de febrero de 2008, No. 31,544. http://faolex.fao.org/docs/pdf/hon77556.pdf (19) La Ley de Propiedad Capitulo III, Tıt́ulo V, aprobada mediante Decreto N° 82-2004 del 28 de mayo del 2004, https://www.ccit.hn/wp-content/uploads/2013/12/LEY-DE-PROPIEDAD.pdf


títulos emitidos a favor de terceros que nunca las han poseído”. Artıćulo 97: “El tercero que tenga título de propiedad en tierras de estos pueblos y que han tenido y poseído la tierra amparada por ese lo tiene, derecho de continuar poseyéndola y explotándola”. Artıćulo 99: “Los terceros en tierras de estos pueblos sin título alguno no podrán negociar su permanencia con la comunidad pagando el arrendamiento que acuerden”. El Artıćulo 100 de la Ley de Propiedad proporciona un importante reconocimiento al establecer que los derechos de propiedad y tenencia de los pueblos indı́ g enas y afrohondureñ os prevalecen sobre los tıt́ulos que se hubiesen emitido a terceros que nunca han ejercido la posesió n. Se reconoce que el ré gimen comunal de las tierras que tradicionalmente poseen es inalienable, inembargable e imprescriptible. Sin embargo, la misma ley señ ala que las comunidades puedan poner in al ré gimen comunal, permitié ndose ası ́ el arrendamiento a favor de terceros, o la autorizació n de contratos de inversió n que contribuyan a su desarrollo. Artıćulo 101: “El manejo de áreas protegidas que se encuentran dentro de tierras de estos pueblos será hecho en forma conjunta con el Estado, respetando la normativa del ordenamiento territorial que de ina afectaciones de uso y titularidad por razones de interés general”. Aquı ́está una de las principales razones de con licto en el presente. Artıćulo 102: “Ninguna autoridad podrá expedir o registrar título a favor de terceros en tierras comunales. Las autoridades municipales que irrespeten los derechos de propiedad comunal ubicados dentro de su jurisdicción incurren en responsabilidad administrativa, civil, o penal, sin perjuicio de la nulidad de sus actos. Todo con licto que se suscite entre estos pueblos y terceros respecto a tierras comunales se someterá al procedimiento especial creado en esta Ley”.

4.2.3.- Mecanismos Nacionales de Pueblos Indígenas Honduras carece de una institució n estatal que coordine todos los programas, proyectos contenidos y propó sitos indıǵenas. En las ú ltimas dos dé cadas ha creado instancias encargadas de realizar acciones y tareas de etnicidad, entre estas iguran: 4.2.3.1.- Instituto Nacional Agrario de Honduras, (INA) que tiene bajo su responsabilidad la tarea de resolver los con lictos de tierra a travé s del procedimiento de titulació n de tierras a favor de los pueblos indı́genas y afro hondureñ os adquiriendo las tierras con fondos asignados por el gobierno, para el posterior traspaso a los pueblos indıǵenas, en calidad de tierras comunales. Conforme a los asideros legales contenidos en la siguiente normativa: Ÿ Constitució n de la Repú blica; Ÿ Ley de la Reforma Agraria; Ÿ Ley de Modernizació n Agrıc ́ ola; Ÿ Convenio 169 de la OIT; y Ÿ Acuerdos entre el Poder Ejecutivo y las etnias del añ o 1996

(20) http://www.ihah.hn/


4.2.3.2.- Instituto Hondureño de Antropología Historia, no obstante que ha priorizado su funció n acadé mica sobre su rol social. Los pueblos indıǵenas identi ican al Instituto como un ente importante y han exigido su incorporació n en los niveles de direcció n, aspecto que fue aceptado en el acuerdo del 24 de octubre de 1998 cuando irmaron un convenio sobre el respecto²⁰. 4.2.3.3.- Fiscalía Especial de las Etnias y Patrimonio Cultural²¹ En 1994 se creó la Fiscalıá Especial de las Etnias y Patrimonio Cultural, como una unidad especializada del Ministerio Pú blico, que representa a los pueblos indı́genas y afro hondureñ os, garantizando su acceso a la justicia y proteger sus derechos por medio de la aplicació n de las leyes nacionales y la normativa internacional vigentes; asimismo, ejerce en interé s de la ciudadanıá y las futuras generaciones su mandato de proteger y conservar el patrimonio cultural de la nació n por medio de la acció n penal pú blica. Tiene tres mandatos: Ÿ Conoce de las denuncias relacionadas a la vulneració n de los derechos de los pueblos indıǵenas y afro hondureñ os, y los de los delitos que se cometen en detrimento de los bienes que constituyen el Patrimonio Cultural de la Nació n. Ÿ Vela por la aplicació n de los convenios internacionales sobre derechos de los pueblos indıǵenas y tribales. Ÿ Vigila de forma permanente el respeto al debido proceso de los imputados pertenecientes a pueblos indıǵenas, que iguran en un proceso penal como sujetos activos del delito. En el añ o 1997 el primer iscal de las etnias hizo unas declaraciones, muy negativas, sobre la integració n del derecho tradicional indıǵena en la normativa jurıd ́ ica del Estado: “(…) los sistemas jurídicos indígenas, como producto de una sociedad oprimida por el Estado nacional, no tienen su reconocimiento y por consiguiente, no tienen e icacia jurídica en el Estado, pero si tienen vigencia, porque los pueblos, con esas normas, han asegurado su continuidad histórica y su cohesión social; pero reconocimiento estatal no hay para esas normativas o para esas iguras legales…)”²² opinió n que tiene vigencia en la actualidad. 4.2.3.4.- Secretaria de Estado en los Despachos de Pueblos Indígenas y Afrohondureños. Fue creada mediante el Decreto N° 203 – 2010. El 12 de octubre de 2010, “Estado Hondureñ o reconoce y protege la existencia de los Pueblos Indıǵenas y Afro hondureñ os, garantizá ndoles todos los derechos consagrados en la Constitució n de la Repú blica, los Tratados Internacionales, Pactos y Convenios Internacionales, ası́ como las demá s leyes de la Repú blica; para asegurar su participació n plena en la vida nacional, la preservació n de sus valores culturales ancestrales y las condiciones que lo hacen posible”. El tercer considerando se re iere a que la Repú blica de Honduras ha rati icado diversos instrumentos internacionales contra las formas de discriminació n racial y a favor de los Derechos de los Pueblos Indıǵenas y Afro hondureñ os. Entre sus mandatos tenıá la facultad de formular, coordinar, ejecutar y/o evaluar polıt́icas que (21) https://www.mp.hn/index.php?option=com_content&view=article&id=772&Itemid=231 (22) Declaració n del Lic. Eduardo Villanueva Sagastume en 1997 ( iscal especial de pueblos indıǵenas 1994-1997). Ver en Los ordenamientos normativos indıǵenas de Honduras. Prof. Jorge Francisco Sá enz Carbonell. Catedrá tico de la Universidad de Costa Rica. Revista Judicial, Costa Rica, Nº 105, Septiembre 2012


fomenten el desarrollo econó mico, social, cultural acadé mico y ambiental de los pueblos y comunidades indıǵenas y afro descendientes del paıś; fortalecer las diversas formas de organizació n de los pueblos indıǵenas y afro hondureñ os, proteger y fomentar las identidades y culturas indıǵenas. Uno de los propó sitos es la inclusió n transversal de los asuntos de los pueblos indıǵenas y afro hondureñ os en los diferentes poderes del Estado, para impulsar el ejercicio de ciudadanıá y el desarrollo con identidad. El 16 de diciembre de 2013, el Congreso Nacional aprobó , luego de poco estudio y debate, el Decreto 266-2013 correspondiente a una ley que buscaba optimizar la Administració n Pú blica, mismo que fue publicado en el Diario O icial La Gaceta el 23 de enero de 2014,con cuyo contenido se produjeron cambios radicales en la organizació n de las Secretarıás de Estado. Ası,́ entre otras modi icaciones, destaca la absorció n de la Secretarıá de Estado en los Despachos de Pueblos Indıǵenas y Afrohondureñ os por otras Secretarıás, convirtiendo la Secretaria en una Direcció n.²³ 4.2.3.5.- Dirección de Pueblos Indígenas y Afro hondureños (DINAFROH), entre sus responsabilidades se destacan la de dirigir y coordinar las polıt́icas encaminadas a la visibilidad, pertenencia, igualdad e inclusió n de los Pueblos Indıǵenas y Afrohondureñ os. Formular, dirigir, implementar, ejecutar y evaluar las polıt́icas Pú blicas, proyectos programas, planes, acciones y medidas orientadas hacia la promoció n vigencia y respeto de los derechos humanos, a la inclusió n social y la participació n polıt́ica y ciudadana de los Pueblos Indıǵenas y Afro Hondureñ os. 4.2.3.6.- Sub Dirección General de Educación para Pueblos Indígenas y AfroHondureños²⁴ Creada en la Ley Fundamental de Educació n mediante Decreto No. 262-2011, publicado en el Diario O icial “La Gaceta” el 22 de febrero del añ o 2012. Tiene las siguientes funciones: Ÿ Coordinar con la Direcció n General de Desarrollo Profesional, para que la investigació n

educativa orientada a las lenguas escritas de los pueblos indıǵenas y afro hondureñ os se vincule a la investigació n que realizan instituciones nacionales e internacionales especializadas; Ÿ Velar porque en las regiones del paıs ́ con importantes centros poblacionales indıǵenas y

afro hondureñ os, los procesos educativos se realicen en lengua materna, con docentes nativos y especializados, con el objeto de contribuir a la preservació n y fortalecimientos de la lengua, la cosmovisió n e identidad de los pueblos indıǵenas y afro hondureñ os; Ÿ Dar seguimiento a los procesos de formació n de docentes para la educació n de pueblos

indıǵenas y afro hondureñ os de conformidad a las modalidades de entrega que determine el reglamento de la modalidad. 4.2.3.7.- Comisión Legislativa sobre Pueblos Indígenas Su labor es de enlace con los distintos grupos é tnicos del paıś, en atenció n a demandas, aplicació n de Normas y reclamo de derechos, ası ́como presentar, dictaminar iniciativas para (23) http://www.sdhjgd.gob.hn/biblioteca-virtual/marco-legal/sistema-nacional/246-ley-para-optimizar-la-administracion-publica/ ile (24) http://www.transformemoshonduras.com/ES/docs/leyes_reglamentos_edu/Reglamento%20Secretaria%20de%20Estado%20en%20el%20Despacho% 20de%20Educacion.pdf


mejorar la calidad de vida de los pueblos indıǵenas y afro descendientes, preservando su identidad, cultura, costumbres y lengua.²⁵

La concepció n tradicional de los derechos humanos, de acuerdo a las diversas declaraciones, acuerdos y pactos, tales como la Declaració n Universal de Derechos Humanos, Declaració n Americana, Pacto de San José , entre otros, enfocan principalmente a los derechos de la persona humana. Efectivamente, existe una concepció n de derechos humanos bá sicos universales dentro de la cual se advierte derechos humanos especı́ icos propios de categorıás estrati icadas de la població n (niñ os, mujeres, trabajadores, migrantes, discapacitados, refugiados, minorıás é tnicas, indıǵenas, entre otros) y que esos derechos humanos bá sicos universales, deben ser simultá neamente disfrutados, ejercidos y protegidos con los derechos especiales. En este apartado ofrecemos un resumen de fá cil lectura en torno al sistema de derechos humanos de los pueblos Indıǵenas. Los derechos que se han desarrollado en los tres ú ltimos decenios como expreso componente del derecho y las polıt́icas internacionales han sido por el impulso de fuertes movimientos de pueblos indıǵenas, la sociedad civil, y mecanismos internacionales. En 1994, la Asamblea General de las Naciones Unidas, estableció el Decenio Internacional de los Pueblos Indıǵenas del Mundo con el cual se pretendió constituir un marco adecuado para el desarrollo de medidas bá sicas que tanto en el plano nacional como en el internacional para el establecimiento de una nueva diná mica de relaciones entre los pueblos indıǵenas y los distintos gobiernos tomando como bases principales, el respeto, la cooperació n, la justicia y la equidad. En Honduras los tratados internacionales tienen fuerza de ley a partir de la rati icació n y tienen jerarquıá superior a las leyes nacionales (Constitució n, arts. 16 y 18). Por lo tanto los tratados y mecanismos enunciados son parte de la normativa interna. Como producto del desarrollo supra descrito, destacan los siguientes Instrumentos: 4.3.1.- Declaración de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas²⁶ La Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Declaració n de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indıǵenas el 13 de septiembre de 2007. La Declaració n, es de acuerdo con los expertos en la temá tica el instrumento má s amplio relativo a los derechos de los pueblos indıǵenas, en la esfera del derecho y las polıt́icas internacionales.²⁷ (25)www.congresonacional.hn/index.php/comisiones.html (26) Honduras votó a favor de la adopció n de la Declaració n. Aunque una declaració n de la Asamblea General no es un instrumento coercitivo del derecho internacional, sı ́representa el desarrollo internacional de las normas legales y re leja el compromiso de la ONU y los estados miembros. Para la ONU es un marco importante para el tratamiento de los pueblos indıǵenas del mundo y será indudablemente una herramienta signi icativa hacia la eliminació n de las violaciones de los DDHH contra 370 millones de indıǵenas en el mundo y para apoyarlos en su lucha contra la discriminació n. (27) E/CN.4/Sub.2/1986/7 y Add.1 a 4


La Declaració n contiene normas mı́nimas en materia de reconocimiento, protecció n y promoció n de estos derechos. Entre los derechos sustantivos má s importantes que se formulan en la Declaració n es que los pueblos indı́genas tienen derecho a la libre determinació n y, en consecuencia, a establecer libremente su condició n polıt́ica y perseguir libremente su desarrollo econó mico, social y cultural. A su vez, el ejercicio del derecho a la libre determinació n complementa el ejercicio de otros derechos. Como lo el derecho a la cultura, que puede alcanzar la autonomıá de estos pueblos en el á mbito cultural. El Artıćulo 4 de la Declaració n, a irma: "los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para inanciar sus funciones autónomas". A la par que el derecho a la autonomıá, los pueblos indıǵenas tienen derecho, de conformidad con el Artıćulo 34 de la Declaració n, a "promover, desarrollar y mantener sus estructuras institucionales y sus propias costumbres, espiritualidad, tradiciones, procedimientos, prácticas y, cuando existan, costumbres o sistemas jurídicos...". El Artıćulo 18 reconoce el derecho de los pueblos a participar en la adopció n de decisiones en asuntos que afectan a sus derechos y la obligació n de los Estados de celebrar consultas y cooperar con ellos para obtener su consentimiento libre, previo e informado antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten. En ambos casos, y de conformidad con su derecho a la libre determinació n, los pueblos indıǵenas tienen derecho a participar por medio de sus instituciones representativas.²⁸ La Declaració n tambié n reconoce el derecho de los pueblos indıǵenas a sus tierras, territorios y recursos, incluidos los que han poseıd ́ o tradicionalmente. En el artıćulo 26, pá rrafo 1, se reconoce, en lın ́ eas generales, el derecho de los pueblos indıǵenas a las tierras, territorios y recursos que tradicionalmente han poseıd ́ o, ocupado o utilizado o adquirido, mientras que en el pá rrafo 2 se señ ala a las tierras, territorios y recursos que poseen con arreglo a conceptos indıǵenas consuetudinarios de "propiedad". En el pá rrafo 3 del artıćulo 26 se determina que

(28) Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indıǵenas, opinió n Nº 2: los pueblos indıǵenas y el derecho a participar en la adopció n de decisiones (A/HRC/18/42, anexo).


los Estados asegurará n el reconocimiento y protecció n jurıd ́ icos de esas tierras, territorios y recursos. Estos derechos se rea irman en el artıćulo 27, cuando determina que los Estados establecerá n y aplicará n procesos por los que se reconozcan y adjudiquen los derechos de los pueblos indıǵenas en relació n con sus tierras, territorios y recursos. La Declaració n establece medidas a impedir el trato discriminatorio y hostil por motivos culturales, ası ́ como medidas positivas en favor de las culturas de estos pueblos. A este respecto es vá lido señ alar el derecho a no ser sometidos a asimilació n ni a la destrucció n de su cultura; el derecho a practicar y revitalizar sus tradiciones y costumbres culturales; el derecho a impartir sus convenciones culturales y a obtener la repatriació n de sus restos humanos; y el derecho a "mantener, controlar, proteger y desarrollar" su patrimonio cultural, sus conocimientos tradicionales y sus expresiones culturales tradicionales. En vista del lugar que ocupa la cultura en la identidad de muchos pueblos indıǵenas, en la Declaració n se reconoce asimismo el derecho de los individuos indıǵenas a pertenecer a una comunidad o nació n indıǵena de conformidad con las tradiciones y costumbres de la comunidad o nació n de que se trate.²⁹ Por otra parte, la Declaració n reconoce los derechos colectivos de los pueblos indıǵenas para que estos puedan disfrutar de sus derechos humanos. Los artıćulos 1 y 2 de la Declaració n se articulan el derecho de los pueblos indıǵenas, a tıt́ulo colectivo e individual, al disfrute de todos los derechos humanos. “Los pueblos y los individuos indıǵenas son: libres e iguales a todos los demá s pueblos y personas y tienen derecho a no ser objeto de ningú n tipo de discriminació n en el ejercicio de sus derechos, en particular, la fundada en su origen o identidad indıǵenas”. Rea irma, ademá s, los derechos individuales, como personas indıǵenas, ya consagrados en los tratados de derechos humanos y, por el otro, rea irma los derechos colectivos de los pueblos indıǵenas establecidos en el Convenio 169 de la Organizació n Internacional del Trabajo sobre pueblos indıǵenas y tribales en paıśes independientes. En resumen, la Declaració n de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indıǵenas desarrolla cinco grandes temas³⁰: Ÿ Derechos humanos y libertades fundamentales Ÿ Libre determinació n y autogobierno Ÿ Tierras, territorios y recursos Ÿ Supervivencia y desarrollo Ÿ Interpretació n de la Declaració n y mecanismos de supervisió n.

(29) Comité de Derechos Humanos, Observació n general Nº 23 (1994), sobre el derecho de las minorıás, y Comité de Derechos Econó micos, Sociales y Culturales, Observació n general Nº 21 (2009), sobre el derecho de toda persona a participar en la vida cultural. (30) Naciones Unidas, O icina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos. Má s informació n en: http://www.ohchr.org/SP/Pages/WelcomePage.aspx.

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4.3.2.- Convenio Nº 169 de la OIT sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, 1989³¹ El Convenio 169 de la Organizació n Internacional del Trabajo sobre pueblos indıǵenas y tribales en paıśes independientes, es el ú nico instrumento legal internacional de cará cter vinculante especı́ ico sobre pueblos indıǵenas. El Convenio 169³² promueve el respeto por las culturas, las formas de vida, las tradiciones y el derecho consuetudinario de los pueblos indıǵenas. Asume que é stos seguirá n existiendo como parte de sus sociedades nacionales, manteniendo su propia identidad, sus propias estructuras y tradiciones, y se funda en el principio de que estas estructuras y formas de vida tienen un valor intrın ́ seco que necesita ser salvaguardado. Asimismo, considera que los pueblos indıǵenas pueden hablar por sı ́mismos, que tienen derecho a participar en el proceso de toma de decisiones que los afecten, y que sus contribuciones será n bene iciosas para el paıś en el que habitan.³³ . Si bien es cierto es vinculante su alcance no es tan amplio como la declaració n. Al ser aprobado en 1989 colocó de mani iesto el mayor grado de atenció n internacional puesta en la solicitud de los pueblos indıǵenas de mayor control sobre su manera de vivir y sus instituciones. Hizo é nfasis en: - Estilos tradicionales de vida; - Cultura y modo de vida diferentes a los de los otros segmentos de la població n nacional, la forma de subsistencia, el idioma, las costumbres, etc.; y - Organizació n social y costumbres y leyes tradicionales propias. Este Convenio (169) desarrolla desde la perspectiva de los derechos de los pueblos indıǵenas que tienen el derecho al mayor control posible sobre su vida y su futuro y que los gobiernos deben proveer las condiciones y recursos para hacerlo posible. Los artıćulos, 15, 16 17 reconocen que los pueblos indıǵenas tienen el derecho a ser consultados. La consulta previa³⁴ se considera una forma clave de diá logo que sirve para armonizar los intereses contrapuestos y evitar, ası ́ como tambié n resolver, con lictos. Al interrelacionar los principios de consulta y participació n, la consulta no implica só lo el derecho de reaccionar sino, tambié n el derecho de proponer; los pueblos indıǵenas tienen derecho a decidir cuá les son sus propias prioridades para el proceso de desarrollo y, en consecuencia, a ejercer control sobre su propio desarrollo econó mico, social y cultural.

(31) Existe un convenio anterior de 1957 Convenio Nº 107sobre poblaciones indıǵenas y tribuales. Está en vigor para aquellos Estados irmante que no han rati icado el Convenio Nº 169. (32) En el añ o de 1994 el Estado de Honduras irmó el Convenio 169 de la OIT y posteriormente el 28 de marzo de 1995 lo rati icó . (33) OIT y Centro Internacional para los Derechos Humanos y el Desarrollo Democrá tico Montreal (n.d.). Pueblos indıǵenas y tribales: guıá para la aplicació n del Convenio 169 de la OIT. Ginebra, OIT, 1996 (34) Las Directrices del Grupo de las Naciones Unidas para el Desarrollo (GNUD) sobre los asuntos de los pueblos indıǵenas exponen las caracterıśticas de los “Elementos del consentimiento libre, previo e informado” (GNUD) 2008: p. 28): Libre: debe implicar que no hay coerció n, intimidació n ni manipulació n; Previo: debe implicar que se ha tratado de obtener el consentimiento con su iciente antelació n a cualquier autorizació n o comienzo de actividades y que se han respetado las exigencias cronoló gicas de los procesos indıǵenas de consulta o consenso con los pueblos indıǵenas; Informado: debe implicar que se suministra informació n que abarque (por lo menos) los siguientes aspectos: la naturaleza, envergadura, ritmo, reversibilidad y alcance de cualquier proyecto o actividad propuesto; b. la razó n o las razones o el objeto del proyecto y/o la actividad; c. la duració n del proyecto o la actividad; d. la ubicació n de las á reas que se verá n afectadas; e. una evaluació n preliminar de los probables impactos econó micos, sociales, culturales y ambientales, incluso los posibles riesgos, y una distribució n de bene icios justa y equitativa en un contexto que respete el principio de precaució n; f. el personal que probablemente intervenga en la ejecució n del proyecto propuesto (incluso pueblos indıǵenas, personal del sector privado, instituciones de investigació n, empleados gubernamentales y demá s personas); y g. los procedimientos que puede entrañ ar el proyecto.


Ası ́ mismo, establece el derecho a la participació n utilizando diferentes té rminos como se constituye en los artıćulos 2, 6, 7, 15, 22, 23. Obligació n de “cooperar” con los pueblos indıǵenas (artıćulos 7, 20, 22, 25, 27 y 33). Obligació n de no tomar medidas contrarias a los deseos expresados libremente por los pueblos indıǵenas (artıćulo 4); Obligació n de buscar “el consentimiento dado libremente y con pleno conocimiento de causa” de los pueblos indıǵenas (artıćulo 16); Ademá s el Convenio 169 se relaciona con el asunto agrario, medioambiental, de recursos naturales y los valores de los pueblos indıǵenas; el derecho al trabajo y a las tierras y territorios; El derecho a la educació n de acuerdo al artıćulo 26 de la Declaració n Universal de los Derechos Humanos; El derecho al desarrollo como derecho colectivo inalienable de los pueblos basá ndose en el artıćulo 28 de la Declaració n Universal de los Derechos Humanos; La vigencia y e icacia del Derecho propio, especı́ icamente en el contexto de los derechos humanos, como factor fundamental para el desarrollo de la justicia; La construcció n de un proceso democrá tico en paıśes multié tnicos, pluriculturales y plurilingü es. De otra parte se re iere a los sistemas normativos indıǵenas y a la aplicació n del Derecho estatal a los pueblos indıǵenas en sus artıćulos 8, 9, 10 y 12, que por su importancia transcribimos literalmente . Artículo 8. ”Al aplicar la legislación nacional a los pueblos interesados deberán tomarse debidamente en consideración sus costumbres o su derecho consuetudinario.2.- Dichos pueblos deberán tener el derecho a conservar sus costumbres e instituciones propias, siempre que éstas no sean incompatibles con los derechos fundamentales de inidos por el sistema jurídico nacional ni con los derechos humanos internacionalmente reconocidos. Siempre que sea necesario, deberán establecerse procedimientos para solucionar los con lictos que puedan surgir en la aplicación de este principio.3.- La aplicación de los párrafos 1 y 2 de este artículo no deberá impedir a los miembros de dichos pueblos ejercer los derechos reconocidos a todos los ciudadanos del país”³⁵ Artículo 9 1.-“En la medida en que ello sea compatible con el sistema jurídico nacional y con los derechos humanos internacionalmente reconocidos, deberán respetarse los métodos a los que los pueblos interesados recurren tradicionalmente para la represión de los delitos cometidos por sus miembros. 2.- Las autoridades y los tribunales llamados a pronunciarse sobre cuestiones penales deberán tomar en cuenta las costumbres de dichos pueblos en la materia” Artículo 10. 1.- Cuando se impongan sanciones penales previstas por la legislación general a miembros de dichos pueblos deberán tenerse en cuenta sus características económicas, sociales y culturales. 2.- Deberá darse la preferencia a tipos de sanción distintos del encarcelamiento”. Artículo 12 “Los pueblos interesados deberá n tener protecció n contra la violació n de susderechos, y poder iniciar procedimientos legales, sea personalmente o bien por conducto de sus organismos representativos, para asegurar el respeto efectivo de tales derechos.


Deberá n tomarse medidas para garantizar que los miembros de dichos pueblos puedan comprender y hacerse comprender en procedimientos legales, facilitá ndoles, si fuere necesario, inté rpretes u otros medios e icaces”.

4.3.3.- Mecanismos Internacionales de Derechos Indígenas 4.3.3.1.- Foro Permanente para las cuestiones Indígenas El Consejo Econó mico y Social de la ONU creó en virtud de su resolució n 2000/22 el Foro Permanente en atención a la solicitud de los pueblos indígenas de un ó rgano de alto nivel que promoviera el diá logo y la cooperació n entre los Estados Miembros, los organismos de las Naciones Unidas y los pueblos indıǵenas. Su mandato consiste en asesorar al Consejo Econó mico y Social en lo relativo al desarrollo econó mico y social, la cultura, el medio ambiente, la educació n, la salud y los derechos humanos y en: Ÿ Prestar asesoramiento especializado y formular recomendaciones sobre las cuestiones indıǵenas al Consejo, ası ́ como a los programas, fondos y organismos de las Naciones Unidas, por conducto del Consejo. Ÿ Difundir las actividades relacionadas con las cuestiones indı́genas y promover su

integració n y coordinació n dentro del sistema de las Naciones Unidas; Ÿ y Preparar y divulgar informació n sobre las cuestiones indıg ́ enas.

4.3.3.2.- Mecanismo de Expertos sobre los Derechos de los Pueblos indígenas Se compone de cinco expertos en derechos de los pueblos indıǵenas, por lo general uno por cada una de las cinco regiones geopolıt́icas del mundo, siendo el origen indıǵena factor pertinente para su nombramiento de conformidad con la resolució n 6/36. 4.3.3.3.- Relator Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas Ÿ El Relator Especial sobre los derechos de los pueblos indıg ́ enas es uno de los denominados

procedimientos especiales del Consejo de Derechos Humanos. La Comisió n de Derechos Humanos estableció en 2001 el mandato del Relator Especial, mantenido en 2007 por el Consejo de Derechos Humanos. Ÿ Examina medios de superar los obstá culos existentes para la plena y efectiva protecció n de

los derechos de los pueblos indıǵenas, de conformidad con su mandato, y determina, intercambia y promueve las mejores prá cticas; Ÿ Reú ne, solicita, recibe e intercambia informació n y comunicaciones de todas las fuentes

que corresponda, incluidos los gobiernos, los pueblos indıǵenas y sus comunidades y organizaciones, sobre las denuncias de violaciones de los derechos de los pueblos indıǵenas; Ÿ Formula recomendaciones y propuestas sobre medidas y actividades adecuadas para evitar y reparar las violaciones de los derechos de los indıǵenas; y


Ÿ Trabaja en estrecha cooperació n y coordinació n con otros procedimientos especiales y los

ó rganos subsidiarios del Consejo, en particular con el Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indıǵenas, los ó rganos pertinentes de las Naciones Unidas, los ó rganos de tratados y las organizaciones regionales de derechos humanos. Ÿ En el marco del ejercicio de su mandato, el Relator Especial evalú a la situació n de los

pueblos indıǵenas en determinados paıśes; lleva a cabo estudios temá ticos; se pone en comunicació n con gobiernos, pueblos indıǵenas y otras instancias cuando se denuncian violaciones de los derechos de los pueblos indıǵenas; y promueve las buenas prá cticas en materia de protecció n de estos derechos. El Relator Especial tambié n presenta al Consejo de Derechos Humanos informes anuales sobre determinados aspectos de los derechos humanos que incumben a los pueblos indıǵenas y coordina su labor con la del Foro Permanente para las Cuestiones Indıǵenas y la del Mecanismo de expertos sobre los derechos de los pueblos indıǵenas. 4.3.3.4.- Mecanismos de Seguimiento de la OIT La OIT vigila de distintas maneras el cumplimiento por los Estados de sus convenios. En primer lugar, su Comisió n de Expertos en Aplicació n de Convenios y Recomendaciones examina los informes de los Estados relativos a los convenios de la OIT, incluidos los Convenios Nos 107 y 169. Este Comité de Expertos puede enviar una solicitud directamente a un Estado o formular observaciones sobre una situació n en particular. La Comisió n de Aplicació n de Normas de la Conferencia, de cará cter tripartito, examina el informe del Comité de Expertos y varios casos de paıśes concretos con respecto a los cuales se solicita la comparecencia de los Estados en cuestió n para que respondan a preguntas. A continuació n, la Conferencia Internacional del Trabajo examina y aprueba el informe de la Comisió n de Aplicació n. En segundo lugar, el ó rgano rector de la OIT puede recibir de organizaciones de empleadores o trabajadores peticiones (denominadas representaciones) enviadas al Comité de Libertad Sindical o a un comité tripartito del ó rgano rector, los cuales pueden solicitar informació n al Gobierno en cuestió n y redactar un informe donde iguren recomendaciones cuyo seguimiento incumbirá a la Comisió n de Expertos o a una comisió n de investigació n. En tercer lugar, todo Estado miembro o delegado en la Conferencia Internacional del Trabajo o el ó rgano rector pueden denunciar el incumplimiento por un Estado de un convenio que este haya rati icado.

4.3.3.5.- Mecanismos del Sistemas Interamericano 4.3.3.5.1.- Relatoría sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas La Comisió n Interamericana de Derechos Humanos creó en el añ o 1990 la Relatorıá sobre los Derechos de los Pueblos Indıǵenas, con el objeto de brindar atenció n a los pueblos indıǵenas de Amé rica, que se encuentran especialmente expuestos a violaciones de derechos humanos por su situació n de vulnerabilidad, ası ́como de fortalecer, impulsar y sistematizar el trabajo


de la propia Comisió n Interamericana en el á rea. En especı́ ico, la Relatorıá tiene como mandato la realizació n de las siguientes actividades: Ÿ Promover el desarrollo del sistema interamericano de protecció n de los derechos humanos

en materia de protecció n a los pueblos indıǵenas, y en especial, promover el avance y consolidació n de la jurisprudencia del sistema sobre derechos de los pueblos indıǵenas. En este á mbito, promover y facilitar el acceso de los pueblos indı́genas al sistema interamericano. Ÿ Participar en el aná lisis de peticiones individuales y solicitudes de medidas cautelares en

las que se aleguen presuntas violaciones de los derechos de los pueblos indıǵenas y/o de sus miembros. Ÿ Apoyar la realizació n de visitas in loco a los paıs ́ es miembros de la OEA para profundizar en

la observació n general de la situació n, y/o para investigar una situació n particular de pueblos indıǵenas, ası ́como participar en la preparació n del informe respectivo de la visita. Ÿ Elaborar informes temá ticos sobre aspectos atinentes a los derechos humanos de

lospueblos indıǵenas en el hemisferio, que contengan recomendaciones a los Estados miembros de la OEA sobre la adopció n de medidas que contribuyan a promover y garantizar los derechos humanos de los pueblos indıǵenas. Ÿ Realizar y participar en conferencias, seminarios y reuniones de distinto cará cter con

representantes de los gobiernos, la academia, la sociedad civil y los pueblos indıǵenas con el objeto de difundir y analizar los temas propios de su mandato. Ÿ Prestar colaboració n permanente a la presidencia y al Grupo de Trabajo del Consejo

Permanente de la OEA encargado de elaborar el Proyecto de Declaració n Americana sobre Derechos de los Pueblos Indıǵenas. Para el Sistema Interamericano de Protecció n de los Derechos Humanos (SIDH), el respeto de los derechos de los pueblos indıǵenas es un asunto de especial importancia y, en esta materia, ha desarrollado un escenario jurisprudencial que ha permitido reconocer derechos individuales y colectivos inculcados, reparar a las vıćtimas y entregar directrices a travé s de sus decisiones a los Estados miembros de la Organizació n de Estados Americanos (OEA) con el objeto de prevenir o resolver asuntos en la jurisdicció n interna. 4.3.3.5.2.- La jurisprudencia del Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH) sobre derecho al territorio de los Pueblos Indígenas La jurisprudencia del SIDH ha conferido una especial importancia a la relació n de los pueblos indıǵenas con sus territorios ancestrales. Indudablemente ha realizado una interpretació n evolutiva de los instrumentos internacionales de protecció n de los derechos humanos acerca de situaciones que se re ieren a derechos de los pueblos indıǵenas Evidentemente, en el caso

(36) Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte I.D.H), 2001: Caso de la Comunidad Mayagna (Sumo) Awas Tingni vs. Nicaragua, Sentencia del 31 de agosto de 2001. Serie C No. 79, pá rrafo 148. (37) Corte I.D.H. 2001:Op.cit, pá rrafo 149.


de la Comunidad Mayagna de Awas Tingni contra Nicaragua, la Corte Interamericana expresó que el artıćulo 21 de la Convenció n Americana protege el derecho a la propiedad en un sentido que comprende, entre otros, los derechos de los miembros de las comunidades indıǵenas en el marco de la propiedad comunal³⁶la Corte Interamericana expresó en su sentencia que dadas las caracterıśticas del caso, era menester hacer algunas precisiones respecto del concepto de propiedad en las comunidades indıǵenas y, en relació n con la propiedad colectiva de la tierra, expresó que entre los indıǵenas existe una tradició n de forma comunal de propiedad colectiva de la tierra, en el sentido de que la pertenencia de é sta no se centra en un individuo sino en el grupo y su comunidad. Asimismo, la Corte determinó que debe ser reconocida y comprendida la estrecha relació n que los pueblos indıǵenas mantienen con su tierra, agregando que por el hecho de su propia existencia los indıǵenas tienen derecho a vivir libremente en sus territorios. Al respecto señ aló : “Los indıǵenas, por el hecho de su propia existen en sus propios territorios; la estrecha relació n que mantienen con la tierra debe de ser reconocida y comprendida como la base fundamental de sus culturas, su vida espiritual, su integridad y su supervivencia econó mica.³⁷” A su vez, en el caso Mary y Carrie Dann (del pueblo indıǵena Western Shoshone de Estados Unidos), la CIDH expresó que la Declaració n Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre debe interpretarse considerando los principios particulares del derecho internacional en materia de derechos humanos que rigen los derechos individuales y colectivos de los pueblos indıǵenas.³⁸ Sobre la base de este aná lisis, la Comisió n opina que las disposiciones de la Declaració n Americana deben interpretarse y aplicarse en el contexto de los peticionarios indıǵenas, con debida consideració n a los principios particulares del derecho internacional en materia de derechos humanos que rigen los derechos individuales y colectivos de los pueblos indıǵenas. Disposiciones particularmente pertinentes de la Declaració n a este respecto son el Artıćulo II (derecho a la igualdad ante la ley), el Artıćulo XVIII (derecho a un juicio justo) y el Artıćulo XXIII (derecho a la propiedad).

(38) Comisió n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), 2002: Caso Mary y Carrie Dann vs. Estados Unidos de Norteamé rica. Informe de Fondo Nº 75/02 de 27 de diciembre de 2002, pá rrafo 124.


Como se indicó , este criterio incluye la adopció n de medidas especiales para garantizar el reconocimiento del interé s particular y colectivo que los pueblos indıǵenas tienen en la ocupació n y el uso de sus tierras y recursos tradicionales y su derecho a no ser privados de este interé s excepto con un previo consentimiento plenamente informado, en condiciones de equidad y previa justa compensació n. La Comisió n desea subrayar que, al interpretar la Declaració n Americana en el sentido de que salvaguarda la integridad, supervivencia y cultura de los pueblos indıǵenas mediante una protecció n efectiva de sus derechos humanos individuales y colectivos, la Comisió n está respetando los propó sitos mismos en que se funda la Declaració n.³⁹ . En decisiones posteriores a los mencionados casos, el SIDH ha continuado desarrollando su jurisprudencia en torno a los derechos de los pueblos indıǵenas. Durante los ú ltimos añ os se ha profundizado en el contenido del derecho de propiedad comunal de los pueblos indıǵenas sobre sus tierras, territorios y recursos naturales, con base en las disposiciones de la Convenció n Americana y de la Declaració n Americana, interpretadas a la luz de las normas del Convenio 169 de la Organizació n Internacional de Trabajo (OIT), de la Declaració n de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indıǵenas, del Proyecto de Declaració n Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indıǵenas y otras fuentes de importancia, conformando un corpus iuris coherente que de ine las obligaciones de los Estados miembros de la OEA en relació n con la protecció n de los derechos de propiedad indıǵenas. Tal como lo establece en las sentencias contra Honduras del 30 diciembre 2009, en los casos Punta Piedra y Triunfo de la Cruz, Respecto del uso y goce del territorio indıǵena y tribal, este “Tribunal recuerda su jurisprudencia segú n la cual se indica, inter alia que: “1) la posesió n tradicional de los indıǵenas sobre sus tierras tiene efectos equivalentes al tıt́ulo de pleno dominio que otorga el Estado, por lo que el á rea poseıd ́ a en la prá ctica es equivalente a la propiedad; 2) la posesió n tradicional otorga a los indı́genas el derecho a exigir el reconocimiento o icial de propiedad y su registro ; 3) los miembros de los pueblos indıǵenas que por causas ajenas a su voluntad han salido o perdido la posesió n de sus tierras tradicionales mantienen el derecho de propiedad sobre las mismas, aú n a falta de tıt́ulo legal, salvo cuando las tierras hayan sido legıt́imamente trasladas a terceros de buena fe, y 4) los miembros de los pueblos indıǵenas que involuntariamente han perdido la posesió n de sus tierras, y estas hayan sido trasladadas ilegıt́imamente a terceros inocentes, tienen el derecho de recuperarlas o a obtener otras tierras de igual Extensió n y calidad.”⁴⁰

(39) CIDH 2002:op.cit. pá rrafo 131 (40) http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_304_esp.pdf Corte Interamericana de Derechos Humanos. “Caso comunidad Garıf́una de Punta de Piedra y sus miembros vs Honduras. Sentencia de 8 de Octubre de 2015 (Excepciones Preliminares, Fondo, Reparaciones y Costas)” Ası ́como la sentencia “Comunidad Garıf́una Triunfo de la Cruz y sus miembros vs. Honduras. Sentencia de 8 de Octubre de 2015. (Fondo, Reparaciones y Costas)”.


Por su valor jurıd ́ ico para el desarrollo de los derechos humanos especialmente cuando se realizan en el ejercicio las atribuciones que los instrumentos de derechos humanos otorgan. Nos proponemos en este apartado presentar una recopilació n de las principales recomendaciones formuladas por los ó rganos internacionales en materia de derechos humanos de los pueblos indıǵenas al Estado de Honduras.⁴¹ 4.4.1.- El Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha recomendado. El Estado Parte deberıá garantizar a los miembros de las comunidades indıǵenas el pleno goce del derecho a tener su propia vida cultural. Deberıá tomar las medidas necesarias para resolver el problema relativo a las tierras ancestrales indıǵenas. Mayo 2007. 4.4.1.1.- Comité de Derechos del Niño El Comité exhorta al Estado Parte a: Seguir revisando su legislació n a in de que se ajuste plenamente al artıćulo 2 de la Convenció n y velar por el cumplimiento cabal de todas las disposiciones legislativas que prohıb ́ en la discriminació n; b) Combatir la discriminació n velando por la igualdad de acceso a la educació n, los servicios sanitarios y los programas de alivio de la pobreza, y prestar atenció n especial a la situació n de las niñ as; c) Llevar a cabo campañ as generales de sensibilizació n para prevenir y combatir todas las formas de discriminació n; d) Incluir en su pró ximo informe perió dico informació n concreta sobre las medidas y programas que haya emprendido, que tengan pertinencia para la Convenció n sobre los Derechos del Niñ o, atendiendo a la Declaració n y al Programa de Acció n aprobados en 2001 en la Conferencia Mundial contra el Racismo, la Discriminació n Racial, la Xenofobia y las Formas Conexas de Intolerancia, teniendo en cuenta tambié n la Observació n general Nº 1 del Comité sobre los propó sitos de la educació n (CRC/GC/2001/1) Diciembre de 2006. 4.4.1.2.- Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales El Comité recomienda que el Estado Parte reconozca los derechos econó micos, sociales y culturales de las poblaciones indıǵenas por ser un grupo minoritario especı́ ico y vele por su protecció n má s e icaz contra la discriminació n, en particular en materia de empleo, salud y educació n. Mayo 2001 El Comité recomienda que el Estado Parte haga gestiones para velar por que las poblaciones indıǵenas puedan recibir una educació n y utilizar el sistema judicial en sus propios idiomas. Mayo 2001. (41) Compilació n delas recomendaciones de los Organos de Tratados de Derechos Humanos. O icina Regional para Amé rica Central de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OANUDH. (42) Recopilació n preparada por la O icina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos con arreglo al pá rrafo 15 b) del anexo de la resolució n 5/1 del Consejo de Derechos Humanos y al pá rrafo 5 del anexo de la resolució n 16/21 del Consejo de Derechos Humanos Grupo de Trabajo sobre el Examen Perió dico Universal 2º perıo ́ do de sesiones 4 a 15 de mayo de 2015. (43) CERD/C/HND/CO/1-5, para. 17.


68. El CERD notó la falta de consulta con relació n a proyectos de desarrollo y recursos naturales u otras legislaciones o programas que afectaban a los pueblos indı́genas y comunidades afrohondureñ as. Exhortó a Honduras a desarrollar mecanismos para la implementació n de dicho derecho y garantizar su acceso a los tribunales para defender sus derechos tradicionales y su derecho a ser consultados antes de que se otorgasen concesiones, ası ́como a recibir una indemnizació n justa por perjuicio sufrido⁴⁴. ONU Honduras señ aló que Honduras era parte en el Convenio Nº 169 de la OIT, pero no contaba con una ley que regulase el mecanismo de consulta. ⁴⁵ 69. La Relatora Especial sobre la violencia contra la mujer encontró preocupante la violencia contra las mujeres indıǵenas y las mujeres y niñ as afrodescendientes, ası ́como la expulsió n de los pueblos indıǵenas de sus tierras en favor de proyectos privados de explotació n que colocaban a comunidades enteras en una situació n de riesgo y vulnerabilidad extremos.⁴⁶ . 70. ONU-Honduras señ aló que la tasa de mortalidad infantil y la de desnutrició n cró nica infantil de los pueblos indıǵenas y afrohondureñ os eran má s altas que las respectivas tasas nacionales. La falta de inscripció n de los nacimientos tambié n afectaba a dichos pueblos, especialmente a los misquitos, má s que al resto de la població n hondureñ a.⁴⁷ 84. AI (Amnistıá Internacional) instó a Honduras a que garantizase los derechos humanos, tanto individuales como colectivos, de los pueblos indıǵenas y las comunidades garıf́unas; que impidiese las violaciones y los abusos contra esas comunidades y sus dirigentes y se asegurase de que fuesen investigados y sancionados; que proporcionase reparació n a las vıćtimas, independientemente de que los delitos hubiesen sido perpetrados por agentes estatales o no estatales; y que garantizase su derecho a la consulta y el consentimiento libres, previos e informados cuando los proyectos afectasen a sus tierras o territorios ancestrales.⁴⁸ 85. La sociedad civil instó a Honduras a que aplicase plenamente la Declaració n Americana sobre los Derechos de los Pueblos Indıǵenas y el Convenio Nº 169 de la OIT.⁴⁹ 86. En la JS3 se recomendó respetar los derechos de los pueblos indıǵenas especialmente los referidos a la tierra, la alimentació n y la consulta previa, libre e informada.⁵⁰ 87. AI (Amnistıá Internacional) instó a Honduras a que previniese las violaciones y los abusos cometidos contra los derechos humanos en el contexto de la redistribució n de la tierra, y a que cumpliese las medidas cautelares ordenadas por la CIDH en relació n con las comunidades campesinas y sus dirigentes.⁵¹ 88. El ODHPINH identi icó el Programa REDD+ de las Naciones Unidas como problemá tico para los pueblos indıǵenas al no existir una garantıá sobre los territorios, como consecuencia de la Ley de Propiedad vigente. El ODHPINH informó de que una organizació n garıf́una ha (44) Ibid., para. 20. (45)UNCT, submission for the UPR of Honduras, para. 63. (46) Press release, see note 34 above. (47) UNCT, submission for the UPR of Honduras, para. 61 (48) AI, page 4. See also Joint Submission 5 by Coalició n contra la Impunidad, para.43. (49) CS, page 5. (50) 120 Joint Submission 3 by Redes de organizaciones contra proyectos extractivistas en Honduras, Francisco Morazá n, Honduras. Asociació n Nacional de Fomento a la Agricultura Ecoló gica (ANAFAE) - 34 organizaciones presentes en todo el paıś. Alianza Hondureñ a ante el Cambio Climá tico (AHCC) - 4 redes nacionales e internacionales y 17 organizaciones. Centro Hondureñ o de Promoció n al Desarrollo Comunitario (CEHPRODEC); Coalició n Nacional de Redes Ambientales de Honduras; Fundació n Nacional Pico Bonito (FUNAPIB), page 9. (51) AI, page 4. See AI submission, pages 2-3 for cases cited. See also submission from the Interamerican Commission on Human Rights


hecho una petició n ante la CIDH y tambié n ante el Panel de Inspecció n del Banco Mundial en relació n con el Proyecto de Administració n de Tierras de Honduras (PATH) sobre la Ley de Propiedad.⁵² 89. El ODHPINH informó que en la actualidad se ventilan dos casos en relació n a las comunidades garıf́unas ante la Corte IDH.⁵³ 90. En seguimiento de las recomendaciones sobre la justicia⁵⁴ y la situació n en el Aguá n, en la JS1 se hizo referencia a las observaciones del Grupo de Trabajo sobre los mercenarios y las recomendaciones en cuanto al control de empresas privadas de seguridad. Tambié n se hizo referencia a observaciones de la CIDH y llamamientos al Estado de Honduras en relació n con la desaparició n de un campesino en 2011. En la JS1 se recomendó que se garantice la observancia de los principios fundamentales de justicia para las vıćtimas de delitos y del abuso de poder; que los iscales del Ministerio Pú blico apliquen el Protocolo de Minnesota y la Convenció n Interamericana sobre Desaparició n Forzada de Personas en la investigació n de denuncias de personas desaparecidas, y que se integre una comisió n de veri icació n de avances en la investigació n y judicializació n de casos de vıćtimas campesinas del con licto agrario en el Aguá n. ⁵⁵ 91. En la JS2 se indicó que en el caso del con licto agrario del Bajo Aguá n, el Estado se limita a intervenir con los cuerpos represivos para desalojar a los campesinos. Los desalojos se han realizado sin las su icientes garantıás en cuanto a la certeza sobre la titularidad y los lindes de los terrenos desalojados. Las fuerzas militares y policiales han destruido viviendas, escuelas, iglesias e instalaciones productivas. En la JS2 se recomendó que se revise la situació n en la regió n del Bajo Aguá n, en particular la situació n de las personas enjuiciadas⁵⁶. El 8 de mayo de 2014, la CIDH pidió que se adoptaran medidas cautelares en el caso de las personas

(52) Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indıǵenas de Honduras, pages 4-5. See also submission from the Interamerican Commission on Human Rights, including Report No. 93/13, Petition 1063-07, Jesú s Flores Satuye et al. (53) Observatorio de los Derechos Humanos de los Pueblos Indıǵenas de Honduras, pages 4-5.See submission from the Interamerican Commission on Human Rights: Garıf́una Community of "Triunfo de la Cruz" and its Members, Honduras Case 12.548 Date of submission to the Court: February 21, 2013. Press Release. Merits of the case and Letter of submission of the case to the Court; Garifuna Community of Punta Piedra and its Members, Honduras Case 12.761. Press Release. Date o submission to the Court: October 1, 2013. The letter of submission to the Court and the Merits Report (54) A/HRC/16/10, paras. 82.63 (Switzerland), 82.64 (Netherlands), 82.65 (Costa Rica) and 82.73 (Canadá ). (55) Joint Submission 1 by Observatorio Permanente de Derechos Humanos, (OPDHA) y Fundació n San Alonzo Rodrıǵuez, (FSAR), paras. 19-28 and 29.1. See submission for cases cited. See submission from the Interamerican Commission on Human Rights: 94/14 - IACHR expresses concern over threats against and arrests of campesino leaders in Bajo Aguá n, Honduras. Washington, D.C., August 29, 2014. (56) Joint Submission 2 by Cá tedra UNESCO en Sostenibilidad en coalició n con EdPAC, FIAN Honduras y La Vıá Campesina Honduras, recommendations 1 and 4.


identi icadas como miembros de varias organizaciones campesinas.⁵⁷ 4.4.3.- Recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Pueblos Indígenas y afrodescendientes. Informe Situación de los derechos humanos en Honduras. 2015⁵⁸ Informe aprobado por la CIDH el 31 de diciembre 2015 y recientemente divulgado (18 febrero 2016). A continuació n sus recomendaciones especı́ icas al Estado hondureñ o en materia de Pueblos Indıǵenas y Afrodescendientes. 27. Profundizar los esfuerzos para proteger el goce efectivo del derecho al territorio de los pueblos indı́genas y sus miembros, como primer paso para resguardar sus derechos fundamentales, teniendo en cuenta la importancia singular que el derecho interamericano de los derechos humanos ha reconocido a los derechos territoriales de los pueblos indıǵenas, y el papel central que los territorios ancestrales juegan en el respeto y garantıá de sus derechos. 28. Reforzar las acciones dirigidas a establecer, en un plazo razonable y con la participació n plena de los pueblos indıǵenas, las medidas legislativas, administrativas o de otra ın ́ dole, necesarias para hacer efectivo el derecho a la consulta y consentimiento previo, libre e informado, de conformidad con los está ndares internacionales sobre la materia; modi icar aquellas normas que impidan su pleno y libre ejercicio; y abstenerse de adoptar disposiciones contrarias a este derecho. 29. Intensi icar acciones para respetar y garantizar las tierras, y adoptar las medidas estatales necesarias para cumplir con la obligació n de llevar a cabo una consulta previa libre e informada de los pueblos indı́genas sobre los proyectos desarrollados en sus tierras, territorios, y que afectan sus recursos naturales, tomando en consideració n la especial relació n entre estos pueblos, y la tierra y los recursos naturales. 30. Adoptar las medidas necesarias para que asignar presupuesto su iciente a la entidad estatal encargada de dar seguimiento a los derechos de pueblos indıǵenas y afrohondureñ os. Implementar polıt́icas pú blicas que se ajusten a sus necesidades y preocupaciones y en consulta con ellos . 31. Atender las necesidades en materia de educació n, nutrició n y salud, salud materna de los pueblos indıǵenas y afrodescendientes. 32. En relació n a los buzos miskitos, revisar la Ley de Pesca Submarina de 2001 conforme a las necesidades de los buzos. Implementar mecanismos de supervisió n urgentes a las empresas que se dedican a la pesca submarina. Proporcionar una cá mara hiperbá rica en La Mosquitia. 33. Adoptar acciones inmediatas para asegurar que las actividades que realicen la Policıá y Ejé rcito Nacional en el contexto de la defensa de pueblos y comunidades indıǵenas de sus territorios ancestrales y el ejercicio de sus derechos, sean acordes con las funciones que les competen en un sistema democrá tico y de conformidad con los está ndares interamericanos sobre la materia. (57) IACHR Precautionary Measures, PM 50/14 - Campesino Leaders of Bajo Aguá n, Honduras. Available http://www.oas.org/en/iachr/decisions/precautionary.asp (58) http://www.oas.org/es/cidh/informes/pdfs/Honduras-es-2015.pdf Pá ginas 238 y 239


1

Los Llanos (Taulabé )

Disputa por la tierra

2

Rıo ́ Bonito

Criminalizació n derecho a la tierra

3

San Juan: Lıd ́ er campesino Lenca

Asesinato

4

Sulaco (Yoro)

Acusació n por usurpació n

5

Rosalio Vá squez y Familia

Criminalizació n por defensa del territorio

6

Gualinga

Asesinatos

7

Los Llanos de Candelaria (Aguanqueterique)

Derecho a la tierra (Corredor logıśtico)

8

Dirigencia campesina de la Paz criminalizada

Criminalizació n de lıd ́ eres lencas

(59) CNTC. Regional del Departamento de La Paz. Diagnó stico de expedientes judiciales de los departamentos de La Paz, Comayagua y el municipio de Marcala. Abogada Iris Karina Licona Talavera. (60) 20 casos expuestos en el informe preliminar: “La situació n de los derechos humanos en Taulabé , Sulaco y La Paz” y 6 casos en el informe: “Resumen de los hechos de seis casos identi icados de violaciones de Derechos Humanos de la població n indıǵena lenca de Taulabé y la Paz”.


CASO 1 LOS LLANOS: DISPUTA POR LA TIERRA José Dolores Aguilar, Rogelio Giró n y Enrique Rivera son lencas obligados a irmar medidas sustitutivas de privació n de libertad, por no haber conciliado con el Patronato de Los Llanos, aldea del municipio de Taulabé , Comayagua, cuya dirigencia los acusa por usurpació n de tierras y escombro agravado. Los procesados, que pertenecen a la Empresa Campesina 12 de Mayo, cuentan con el acompañ amiento legal del COFADEH, que actú a como garante de las medidas sustitutivas impuestas por un juzgado de Siguatepeque. “El con licto de Los Llanos, el má s reciente, comienza cuando llegó un grupo no asociado a ninguna central campesina empezó a cercar tierras. Y ahı ́se presentó el problema entre el patronato y el grupo lenca, entre los locales y los allegados, que entraron sin un aval de la Central Nacional de Trabajadores del Campo u otra organizació n nacional. Pero los acusados ya volvieron todos. Era un con licto comunitario, de la misma aldea”. Ası ́ resume este caso el sacerdote cató lico Eduardo Mé ndez Suazo (padre Tito), Secretario Ejecutivo de la Pastoral Indıǵena y Pá rroco de San Gaspar, en Taulabé ; sin embargo, para el COFADEH el é nfasis aquı ́es en el derecho a la justicia.

CASO 2 RÍO BONITO: CRIMINALIZACIÓN POR EL DERECHO A LA TIERRA. Rıo ́ Bonito es una comunidad que pertenece al municipio de Siguatepeque, ubicada entre Taulabé y el lago de Yojoa; inició su constitució n en 1987 por indıǵenas lencas emigrantes del departamento de La Paz, particularmente de los municipios de Santa Marıá de Planes, Marcala, Colomoncagua y Camasca; actualmente es habitada por má s de 1400 personas indıǵenas y campesinas de origen lenca. En 2011 nació el grupo “Creciendo por Fe”, que inicialmente fue apoyado por la CNTC y el Instituto Nacional Agrario, INA, que midió la tierra y ofreció el tıt́ulo comunitario. Despué s, la Coordinadora Indıǵena del Poder Popular, CINPH, ha impulsado gestiones ante el INA y el Instituto de la Propiedad, IP, el otorgamiento del tıt́ulo comunitario a 22 familias campesinas de origen y tradició n lenca, que forman parte del proceso organizativo. Los supuestos dueñ os de la tierra recuperada en 2011 eran German Boden Flores, Moisé s Mujica y Jesú s Nataré n, quienes alegaban la propiedad sobre má s de 60 manzanas ociosas por má s de 30 añ os. El con licto empezó cuando empleados de los terratenientes, disfrazados como funcionarios pú blicos, levantaron una encuesta para ofrecer abonos y otros insumos, para documentar los nombres de Marıá Consuelo Avila (49), Nolvin Abener Herná ndez (22), Marıá Ninfa Sá nchez (60), Juan Garcıá Vá squez (72), Gerson Herná ndez (27) y Pantealeona Garcıá Vá squez (40), a quienes luego procesaron penalmente en Siguatepeque.


El señ or Erick Ivá n Biscuvichi, de origen cubano, se responsabilizó del proceso y alegó la propiedad de la tierra. El vive en Siguatepeque. El Ministerio Pú blico imputó a los procesados la comisió n de los delitos de usurpació n, tala ilegal y dañ os al medio ambiente en el Juzgado de Paz de Siguatepeque. El proceso inició el 5 de junio de 2012 y desde el 20 de ese mismo mes los imputados irman medidas sustitutivas de privació n de libertad en el juzgado de Taulabé cada 15 dıás, sin poder salir del paıś ni acercarse a la tierra en disputa. La defensa de los acusados estuvo a cargo inicialmente del abogado Canales, de Tegucigalpa, pero despué s de su renuncia al caso la abogada Karla Alegrıá, de Vıá Campesina, asumió sin acreditarse aú n con nota formal ante el juzgado respectivo. El expediente del caso es conocido como Usurpació n de Tierras en Rıo ́ Bonito. Juan Garcıá Vá squez, lıd ́ er de Rıo ́ Bonito vıćtima del proceso penal por usurpació n en Siguatepeque, era en 1984 celebrador de la Palabra en Planes de Santa Marıá, cuando fue desaparecido temporal por el batalló n de Ingenieros de Siguatepeque en Laguna Seca, San José Comayagua, siendo torturado, acusado de pertenecer al movimiento insurreccional Lorenzo Zelaya. Fue preso polıt́ico en la Penitenciarıá Central, en Tegucigalpa, donde fue exhibido a los medios como terrorista junto a otros prisioneros, quienes hicieron huelga de hambre en 1985 durante el gobierno de Suazo Có rdova, saliendo libres por amnistıá en 1986 en el gobierno de Azcona Hoyo. Juan estaba en lista de exiliado a Europa, pero tras ser amnistiado emigró en 1987 a Comayagua con sus 5 hijos e hijas. Las personas procesadas gastan 200 lempiras cada 15 dıás, lo que representa una renta de 400 lempiras mensuales por persona. Todos suman 2,400 lempiras mensuales só lo en transporte, sin incluir alimentació n e imprevistos. Por eso piden apoyo legal para encontrar una forma de suspender o reclasi icar las medidas, por los altos costos econó micos y dañ os polıt́icos que representa para la imagen de las vıćtimas y su organizació n.

CASO 3 SAN JUAN: ASESINATO DE LÍDER LENCA. El grupo Comunidad Indı́gena “Jardines del Valle”, de San Juan, municipio de Ceguaca, Santa Bá rbara, fue desalojado en forma violenta en agosto 2015 por un grupo armado de 4 miembros de la familia Rıo ́ s, quienes alegan la propiedad de 80 manzanas de tierra en poder de la comunidad asentada. En el desalojo murió asesinado a balazos el lıd ́ er del grupo Moisé s Duró n, asentado en la zona desde hacı́a tres dé cadas cuando llegó como obrero en la construcció n de la carretera Pito Solo – Santa Bá rbara. “Causas de muerte: hematomas mú ltiples, traumatismo tó xico provocado por herida de arma de fuego”, dice el dictamen de la autopsia. El iscal Vicente Reyes y el alcalde de Ceguaca, Luis Antonio Enamorado Muñ oz, participaron en el levantamiento del cuerpo, que fue llevado a


San Pedro Sula, donde su familia lo sepultó en el cementerio “Parque Memorial de la Resurrecció n”. Duró n estaba acompañ ado con Antonia Herná ndez Pineda (59), nativa de Ceguaca, quien fue despojada de los bienes de la vıćtima y declaró sentirse amenazada. Uno de los supuestos hechores, Saú l Rıo ́ s, fue capturado por la policıá el 12 de enero de 2016 en atenció n a una orden de captura emitida por el juzgado penal de Santa Bá rbara. Para ampliar los detalles una delegació n del COFADEH visitó el 27 de enero de 2016 la sede del Ministerio Pú blico y el juzgado en la cabecera del departamento, pero no pudo acceder al expediente investigativo. El COPINH asumió inicialmente la defensa del grupo con indıǵenas del rıo ́ Blanco e hizo la denuncia pú blica, pero el proceso no avanzó por falta de acusació n de los familiares de Moisé s, quienes temen al poder de las in luencias polıt́icas sobre el tribunal departamental. Un diputado originario del departamento de Santa Bá rbara, directivo del Congreso Nacional, es mencionado por la comunidad de San Juan como uno de los proveedores de armas y municiones para practicar los desalojos violentos en el sector. El caso está en manos del iscal Nery Betancourt.

CASO 4 SULACO, YORO. CONTINÚA EL JUICIO POR “USURPACIÓN” Como se explicó antes, Sulaco está ubicado al sur de Yoro en la frontera con el municipio de San José , Comayagua. Aquı ́el caso identi icado por el COFADEH lo describe Carlos Omar Velá squez, tesorero de la Asociació n de Educació n Comunitaria, AECO, y miembro de la Empresa “Herná ndez Figueroa” de la CNTC regional de Francisco Morazá n, con cobertura en Yoro. “La familia Herná ndez Figueroa se creıá dueñ a de las 142 manzanas de tierra nacional y 90 m a n z a n a s d e c o n d u e ñ a s , q u e f u e r o n recuperadas por la CNTC en 2005 para sembrar maıź y frijoles que alimentan a 46 familias en la comunidad de El Chorro, afuera del pueblo de Sulaco. Actualmente la empresa es dirigida por Francisco Gutié rrez (presidente), José Marıá Tomé (secretario) y José Archaga (tesorero), entre otros. El con licto empezó cuando se abrió un proceso penal contra 21 miembros de la Empresa por los delitos de usurpació n en perjuicio del señ or Juan José Mencıá Estrada, otro supuesto dueñ o de la tierra, pero recibimos carta de libertad 16 personas de ese grupo el 23 de agosto de 2007. Emitió la carta la abogada jueza Josefa Dolores de Yoro, la cabecera. Pero a los 22 dıás nos advirtieron que el proceso seguıá vigente. “Estuvimos con medidas 7 personas un año y 6 meses, presentándonos cada 8 días los viernes al juzgado de paz de Sulaco. Hubo un acuerdo el 12 de octubre de 2011 con José Mencía en el INA en Tegucigalpa, irmado frente a notarios del INA y la Junta Directiva de la empresa,


comprometiéndose a levantar los procesos, proponiendo la venta de las tierras al Estado para su traspaso a nosotros, quedando de acuerdo ambas partes para irmar el 21 de octubre. El INA quedó a la espera de la presentación de los documentos de propiedad por el señor Mencía, quien se había comprometido a ir al Ministerio Público a suspender los procesos, pero no lo hizo. Y eso nos tiene a nosotros otra vez en incertidumbre jurídica. Criminalizados, expuestos a nuevas órdenes de captura. El 19 de agosto de 2015, 10 años después de poseer la tierra, se rompió de initivamente aquél acuerdo con el desalojo violento que nos hicieron la policía de Yoro y Cortés, nos destruyeron 23 de 43 viviendas, usaron maquinaria pesada para derribarlas. Ahora nuestro argumento es que la tierra es nacional, son 142 manzanas. Si bien en el desalojo no hubo detenidos, nos advirtieron que nos fuéramos. No nos fuimos. La tierra fue recuperada en la madrugada del día siguiente y ejercemos control territorial sobre 232 manzanas en laderas y planes. La empresa campesina demandó por daños a Juan José Mencía en San Pedro Sula, donde habita. Pero ya empezó a circular un listado de personas a quienes nos advierten sobre los nuevos procesos, y llegó la Fiscal de Derechos Humanos de Tegucigalpa el 10 de septiembre de 2015 a hacer entrevistas con las personas dañadas. A la CNTC de Sulaco nos apoyaba el abogado Dagoberto Montes, de El Progreso, Yoro, pero nos cobró 60 mil lempiras para parar el desalojo. No lo hizo. Y no volvió a aparecer. Actualmente, está por apoyarnos el Socorro Jurídico de El Progreso”.

CASO 5 ROSALÍO VÁSQUEZ y SU FAMILIA. CRIMINALIZACIÓN POR DEFENSA DEL TERRITORIO. En la comunidad El Potrero, Santa Elena (La Paz), el 22 de diciembre de 2015, hubo un encuentro de fú tbol entre dos equipos de la comunidad: El Centro -- que está a favor de larepresa sobre el Rıo ́ Chinacla -- y otra comunidad vecina, que está en contra; en medio de la competencia se produjo un enfrentamiento entre 6 miembros del Consejo Indıǵena y 10 integrantes del grupo impulsor de la empresa Los Encinos, resultando asesinado Jacinto Gonzá lez y golpeados los integrantes del Consejo; en el lugar fueron capturados y acusados 3 indıǵenas, uno señ alado de ser autor material de la muerte y uno má s, Rosalı́ o Vá squez, presidente del Consejo Indıǵena de El Potrero, quien evitó la detenció n fue acusado tambié n por el hecho. Vá squez es lıd ́ er de la oposició n a la represa sobre el rıo ́ y su Movimiento Independiente Indıǵena Lenca de La Paz, Honduras, MILPAH, está a la espera del juicio oral y pú blico en Marcala, para probar su inocencia. Despué s de aqué l hecho, el 27 de diciembre de 2015, la policıá penetró la comunidad indıǵena de El Potrero con 20 efectivos militares y 10 civiles armados buscando drogas y municiones, preguntando por Rosalıo ́ para capturarlo. Al no encontrarlo, procedieron a torturar a 3 mujeres y 3 niñ os, incluyendo a Miriam, la esposa de Rosalıo ́ , a quien golpearon a punta pies pese a estar embarazada (6 meses). La mujer fue internada grave en el Hospital Escuela de


Tegucigalpa por 20 dıás y sobrevivió a sın ́ tomas de un aborto. Otra mujer embarazada, Felıćita Vá squez Vá squez, de cinco meses de gestació n, tambié n fue golpeada en la invasió n militar a la comunidad y ella sı,́ ocho dıás despué s, abortó . Rosa no dijo a sus agresores que estaba embarazada. Por este hecho, MILPAH presentó denuncia formal ante el Ministerio Pú blico de Marcala (La Paz). Y dieron testimonio en Tegucigalpa a PBI y al Cehprodec. El Programa Brigadas de Paz Internacional, PBI, y el Centro de Promoció n y Desarrollo Comunitario, CEHPRODEC, que realizan trabajo de acompañ amiento legal e incidencia en la zona, pidieron 11 medidas cautelares, que fueron otorgadas por la CIDH⁶¹ a igual nú mero de liderazgos y otras 6 medidas está n en trá mite desde diciembre 2015. La policıá, sin embargo, alega que no entiende la diferencia entre medidas sustitutivas y medidas cautelares. Y por eso ni respetan ni cumplen, se empeñ an en cazar a Rosalıo ́ . Las medidas cautelares de la CIDH fueron otorgadas a principios de diciembre de 2015 a travé s de CEHPRODEC, que creó ademá s un Equipo de DDHH con apoyo té cnico, jurıd ́ ico y material a la zona. Una niñ a de 11 añ os que sufrió el tiroteo directo y otra que fue alzada del pelo, preguntá ndole por las armas y las drogas de su papá , sufren traumas, sueñ an con la presencia agresiva de los militares. Se necesita apoyo psicoló gico porque los niñ os tienen miedos y han abandonado la escuela. Otros niñ os cuyas familias está n en contra de la represa sufren maltratos por sus compañ eros cuyos padres está n a favor de la hidroelé ctrica, y los profesores se limitan a registrarlos como ausentes.

(61) El 24 de noviembre de 2015 la Comisió n Interamericana de Derechos Humanos ha concedido medidas cautelares a favor de lıd ́ eres y lideresas de MILPAH y entre ellos de Ana Mirian Romero, su esposo Rosalıo ́ Vá squez y el resto de su familia bajo el nú mero 46/2015. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC589-15-Es.pdf


CASO 6 GUALINGA: HOMICIDIOS POR DEFENSA DEL TERRITORIO "Nosotros como Consejo Indıǵena hemos tomado la decisió n de no salir por las noches ni nos dejamos seducir de nadie con ofertas para vender o traicionar al pueblo, porque los impulsores de las represas siempre andan buscando hacernos dañ o. Gregorio y Rosendo son indıǵenas como nosotros, viven cerca de Gualinga, pero no comparten nuestra lucha, son activistas del Partido Nacional, y nos llaman izquierdistas por oponernos a los proyectos de ellos. En diciembre de 2015 en Santa Elena, La Paz, hubo 5 crım ́ enes -- describe Felipe Benıt́ez, el Coordinador de MILPAH, integrante ademá s del primer consejo indıǵena de esta comunidad -, se trata de Domingo Martın ́ ez, Juan Francisco Martın ́ ez Má rquez (hijo), quienes estuvieron dos meses en la comunidad vecina de Azacualpa oponié ndose a la represa hidroelé ctrica sobre el rıo ́ Chinacla; otra vıćtima es el joven Selvin Darıo ́ Orellana, asesinado cerca de Gualinga; Javier Vá squez y Silvestre Manueles Gó mez, quien apareció muerto en el rıo ́ Chinacla, cortado sus ó rganos genitales, torturado”. Felipe denuncia, tambié n, una campañ a por la que responsabiliza al alcalde municipal de Santa Elena, Santos Vıćtor Ventura y a activistas de su partido, el Nacional: “los que mataron a Silvestre actuaron por orden de Felipe”, dicen en su contra y por lo cual presentó denuncia en la Fiscalıá Especial de las Etnias. El Movimiento MILPAH instaló un puesto de control comunitario en Azacualpa para impedir las operaciones de la hidroelé ctrica en Santa Elena; Javier Vá squez era un adolescente que acarreaba el agua y levantaba los carteles contra la represa en ese sector, y despué s fue muerto en forma violenta. Felipe menciona a Romualdo Benıt́ez, activista del Partido Liberal y del Partido Nacional, ademá s de Jorge Pé rez, del Catastro Municipal, como presuntos responsables de una campañ a de odio y descali icació n contra quienes se oponen a la represa Los Encinos y los ubica como informantes del ejé rcito, que construyen la acusació n de sedició n y terrorismo para luego atacarlos fıśicamente. Benıt́ez tambié n denuncia que un jefe de la policıá en Marcala, Damiá n Galindo, hacıá fotografı́as a los liderazgos de MILPAH para convertirlos en blanco de la campañ a antiterrorista y luego de su reporte pú blico los jefes lo trasladaron a La Paz, pero sigue con in luencias en la zona. A nivel del municipio de Santa Elena han muerto asesinadas 20 personas, dentro y fuera de los linderos del municipio. Los asesinatos han ocurrido desde que se dio la concesió n del rıo ́ , y todos permanecen en impunidad. El añ o pasado (en noviembre 2015) se realizó un campamento solidario de dos dıás con varias organizaciones coordinadas por Cehprodec, Fundació n Pico Bonito, Zacate Grande, Valle de Siria, Copinh, CINPH, el Movimiento Ambientalista Santabarbarense, MAS, aproximadamente 1600 personas protestando contra esta situació n. En esos dıás Rosendo Pé rez y Gregorio Martın ́ ez Vá squez, Goyo, activistas de la empresa represadora Aurora II propiedad de in luyentes polıt́icos locales acusaron a los organizadores de la protesta de ser enemigos del desarrollo, ladrones y criminales.


CASO 7 CORREDOR LOGÍSTICO VERSUS COMUNIDAD INDÍGENA DE LLANOS DE CANDELARIA, AGUANQUETERIQUE, LA PAZ Esta comunidad cuenta con un tıt́ulo colectivo de propiedad y su Consejo Indıg ́ ena con personerıá jurıd ́ ica, otorgados por el Estado hondureñ o en 2001. Pero a partir del añ o 2007 han reportado la inscripció n fraudulenta de una escritura pú blica a favor de una persona ladina residente en la ciudad de Tegucigalpa, por lo que interpusieron denuncia ante el Ministerio Pú blico en la ciudad de La Paz bajo la responsabilidad del abogado Julio Ló pez Casaca, quien no ha reportado sobre sus diligencias profesionales que le costaron a MILPAH má s de 120 mil lempiras. La dirigencia del Consejo Indıǵena denunció que por hacer pú blica esta nueva escrituració n sobre su territorio sufren represió n y criminalizació n en los juzgados de Paz en Aguanqueterique, donde se llevó a cabo ya la primera audiencia el dıá 11 de enero del 2016 sin ningú n resultado. Las empresas SICSA Y CAUSA, ejecutores del canal seco Comayagua la Unió n El Salvador, usurparon el territorio del Consejo Indıǵena para extraer material selecto y construir la carretera interdepartamental, sin consulta previa. El 13 de enero de 2016 fueron citados los lıd ́ eres del Consejo Indıǵena por el alcalde municipal a un cabildo abierto bajo su control, en el que se pretendió invalidar el tıt́ulo comunitario de los indıǵenas e imponer como obligatorio el botadero de basura en su territorio y el paso de las empresas constructoras, contando para ello con el aval de los presidentes de los patronatos dirigidos por activistas del partido de gobierno. El Consejo rechazó la proposició n, por lo que luego fueron citados por las empresas constructoras del canal para negociar directamente el paso del proyecto, prometié ndoles el mejoramiento de la calle interna de la comunidad y el pago de cincuenta lempiras por metro de material selecto extraıd ́ o a partir de la fecha y, ademá s, que los pagos del material extraıd ́ o anteriormente se harıán previo informes de la empresa, bajo la presencia de un abogado. El 19 de enero de 2016 la Municipalidad reanudó por la fuerza el botado de basura y las empresas continuaron sus trabajos. El ambiente es tenso. En 2015 el Consejo Indıǵena presentó denuncia ante la Fiscalıá de las Etnias en Tegucigalpa contra las dos empresas constructoras y la primera actuació n de la Fiscalıá fue pedir al INA una certi icació n del tıt́ulo comunitario del Consejo Indıǵena. La intenció n que observa la comunidad es la de imponer, bajo criterios de proyecto de interé s nacional, el paso del Canal Seco por su territorio. Piden una nueva medició n de su territorio y el INA responde que necesita 45 mil lempiras para hacerlo. Y frente a ello, el liderazgo de la comunidad demanda acompañ amiento legal.


CASO 8 DIRIGENCIA DE LA PAZ CRIMINALIZADA La coordinadora de la Radio Comunitaria S u y a g u a r e , d e l a C e n t r a l N a c i o n a l d e Trabajadores del Campo en la comunidad indıǵena lenca de El Pedernal, en San José , La Paz, detalló que cuatro de los dirigentes regionales de su organizació n sufren medidas sustitutivas de privació n de libertad, teniendo que irmar en La Paz, la cabecera: Eulalio Lazo (Empresa Asociativa Superació n 2005 de Florida, Marcala), Darıo ́ Ló pez (Base Brisas del Norte, Las Moras, La Paz) y Samuel Antonio Vá squez (base Sabana Redonda de Lepaguare, Tutule, que irma ahı)́. Tambié n a irmó que hay miembros de la CNTC que ienen hasta 10 añ os de estar irmando medidas, perdiendo dıás de trabajo y gastando dinero por las distancias. Entre quienes sufren esta realidad destacan miembros de las empresas “San Miguel A Progresar”, 9 de julio en Tutule (7 añ os irmando 4 miembros), Nuevo Amanecer (4 miembros) y en Opatoro, igualmente. Sebastiá n Reyes, dirigente del sector de Tutule, y José Herná ndez, son amenazados por el policıá Edwar Osorio Santos, de la posta de Planes Santa Marıá, quien les grita ¡los voy a capturar vivos o muertos, hijos de puta! El caso de mayor preocupació n para la CNTC es el de Wilman Chá vez, secretario general de la regional de La Paz, porque tiene orden de captura desde principios de 2011, imputado por los delitos de usurpació n de tierras, dañ os agravados a la propiedad privada, portació n ilegal de armas y robo. Chá vez es esperado en los caminos por policıás que usan computadoras portá tiles con bases de datos de los juzgados, detienen el transporte pú blico, bajan a los pasajeros y los revisan, tratando de detenerlo. Los retenes policiales son habituales en Cane, La Paz y Sigamane, Chinacla, La Paz. Este dirigente vive preocupado por la falta de presupuesto para la legalizació n de las tierras, causas para que los terratenientes presionen por los pagos o por sus apresamientos. André s Domın ́ guez, un té cnico de la CNTC, describe que en El Arrozal, en Planes de Santa Marıá, el 16 de julio 2015 desalojaron a familias lencas y torturaron niñ os, una anciana de 70 añ os y una mujer embarazada, abortó . Esto no es aislado a lo que pasa en Santa Elena y acusó a la Municipalidad de Santa Marıá por confabulació n con los jueces y los policıás, porque engañ aron a las partes en negociació n de la tierra: las invitaron a reunió n y ofrecieron gas pimienta, toletazos, disparos y torturas. Las denuncias fueron hechas al Comisionado de Derechos Humanos y a los medios de comunicació n, pero no hubo actuaciones contra los policıás En la base 9 de julio, en La Huerta, Tutule, tambié n hubo desalojos violentos en 2015. Como consecuencia fueron abiertos procesos penales en La Paz, Marcala, Tutule y en la Penitenciarıá Nacional de Tá mara y Comayagua, por asociació n de alcaldes, iscalıá y policıá.


La CNTC enlista 3 campesinos de origen lenca prisioneros en la cá rcel nacional de Tá mara, 2 en el centro penal de Comayagua y 3 en La Paz. Ademá s, está n procesados aproximadamente 300 campesinos y campesinas; en Opatoro hay 30 mujeres criminalizadas, con delitos de usurpació n de tierras, dañ os a propiedad privada, dañ os y posesió n de armas. Casi toda la dirigencia de la CNTC La Paz enfrenta ó rdenes de captura, y amenazas.

De acuerdo con lo establecido en el proyecto, de los casos seleccionados el Cofadeh presta asistencia jurıd ́ ica, al menos a dos casos:

5.3.1.- Taulabé (Comayagua). José Dolores Aguilar, Rogelio Giró n y Enrique Rivera son indıǵenas lencas obligados a irmar medidas sustitutivas de privació n de libertad, por no haber conciliado con el Patronato de Los Llanos, aldea de Taulabé , Comayagua, cuya dirigencia los acusa por usurpació n de tierras y escombro agravado. Los procesados, que pertenecen a la Empresa Campesina 12 de Mayo, cuentan con el acompañ amiento legal del COFADEH, que actú a como garante de las medidas sustitutivas impuestas por un juzgado de Siguatepeque. “El con licto de Los Llanos, el más reciente, comienza cuando llegó un grupo no asociado a ninguna central campesina y empezó a cercar tierras. Y ahí se presentó el problema entre el patronato y el grupo indígena, entre los locales y los allegados, que entraron sin un aval de la Central Nacional de Trabajadores del Campo u otra organización indígena nacional. Pero los acusados ya volvieron todos. Era un con licto comunitario, de la misma aldea”. Ası ́ resume este caso el sacerdote cató lico Eduardo Mé ndez Suazo (padre Tito), Secretario Ejecutivo de la Pastoral Indıǵena y Pá rroco de San Gaspar, en Taulabé ; sin embargo, para el COFADEH el é nfasis aquı ́es en el el derecho a la justicia.

5.3.2.- Sulaco (Yoro). Como se explicó antes, Sulaco está ubicado al sur de Yoro en la frontera con el municipio de San José , Comayagua. Aquı́ el caso identi icado por el COFADEH lo describe Carlos Omar Velá squez, tesorero de la Asociació n de Educació n Comunitaria, AECO, y miembro de la Empresa “Herná ndez Figueroa” de la CNTC regional de Francisco Morazá n, con cobertura en Yoro. “La familia Herná ndez Figueroa se creıá dueñ a de las 142 manzanas de tierra nacional y 90 manzanas de condueñ as, que fueron recuperadas por la CNTC en 2005 para sembrar maıź y frijoles que alimentan a 46 familias en la comunidad de El Chorro, afuera del pueblo de Sulaco. Actualmente la empresa es dirigida por Francisco Gutié rrez (presidente), José Marıá Tomé (secretario) y José Archaga (tesorero), entre otros.


El con licto empezó cuando se abrió un proceso penal contra 21 miembros de la Empresa por los delitos de usurpació n en perjuicio del señ or Juan José Mencıá Estrada, otro supuesto dueñ o de la tierra, pero recibimos carta de libertad 16 personas de ese grupo el 23 de agosto de 2007. Emitió la carta la abogada jueza Josefa Dolores de Yoro, la cabecera. Pero a los 22 dıás nos advirtieron que el proceso seguıá vigente. Estuvimos con medidas 7 personas un añ o y 6 meses, presentá ndonos cada 8 dıás los viernes al juzgado de paz de Sulaco. Hubo un acuerdo el 12 de octubre de 2011 con José Mencıá en el INA en Tegucigalpa, irmado frente a notarios del INA y la Junta Directiva de la empresa, compro-metié ndose a levantar los procesos, proponiendo la venta de las tierras al Estado para su traspaso a nosotros, quedando de acuerdo ambas partes para irmar el 21 de octubre. El INA quedó a la espera de la presentació n de los documentos de propiedad por el señ or Mencıá, quien se habıá comprometió a ir al Ministerio Pú blico a suspender los procesos, pero no lo hizo. Y eso nos tiene a nosotros otra vez en incertidumbre jurıd ́ ica. Criminalizados, expuestos a nuevas ó rdenes de captura. El 19 de agosto de 2015, 10 añ os despué s de poseer la tierra, se rompió de initivamente aqué l acuerdo con el desalojo violento que nos hicieron la policıá de Yoro y Corté s, nos destruyeron 23 de 43 viviendas, usaron maquinaria pesada para derribarlas. Ahora nuestro argumento es que la tierra es nacional, son 142 manzanas. Si bien en el desalojo no hubo detenidos, nos advirtieron que nos fué ramos. No nos fuimos. La tierra fue recuperada en la madrugada del dıá siguiente y ejercemos control territorial sobre 232 manzanas en laderas y planes. La empresa campesina demandó por dañ os a Juan José Mencıá en San Pedro Sula, donde habita. Pero ya empezó a circular un listado de personas a quienes nos advierten sobre los nuevos procesos, y llegó la Fiscal de Derechos Humanos de Tegucigalpa el 10 de septiembre de 2015 a hacer entrevistas con las personas dañ adas. A la CNTC de Sulaco nos apoyaba el abogado Dagoberto Montes, de El Progreso, Yoro,pero nos cobró 60 mil lempiras para parar el desalojo. No lo hizo. Y no volvió a aparecer. Actualmente, está por apoyarnos el Socorro Jurıd ́ ico de El Progreso.


La criminalizació n involucra el mal uso del sistema penal (acusaciones legales y ó rdenes de captura) y del desprestigio pú blico, como mecanismos que buscan vincular en el imaginario colectivo, polıt́ico y legal a los liderazgos indıǵenas con actividades ilegales, para desmovilizar su actividad de defensorıá. La informació n recolectada demuestra que los defensores indı́genas son objeto de investigaciones y acusaciones judiciales por su presunta participació n en la comisió n de una variedad de delitos por la labor que realizan en defensa del territorio. En los procesos de criminalizació n en su contra se suelen apreciar diferentes acciones, desde el señ alamiento negativo y la difamació n por autoridades, agentes con poder y medios de comunicació n locales; la divulgació n de rumores dirigidos a poner en duda la legitimidad de sus reclamaciones, hasta la acusació n legal, orden de captura y detenció n de defensores y defensoras, aprovechando la persecució n penal para paralizar o inhibir su labor o participació n en actividades o procesos sociales de defensa o reivindicació n de sus derechos reconocidos. Un aná lisis detallado a 21 expedientes⁶², revela la conformació n de algunos patrones, como los siguientes: Ÿ Investigaciones penales maliciosas por parte de los iscales. Ÿ La persecució n judicial contra los defensores indıg ́ enas se contrasta con la falta de investigaciones a los ataques, agresiones, asesinatos y las amenazas en contra los lıd ́ eres y los miembros de sus familias. Ÿ Los defensores indıg ́ enas no só lo son investigados falsamente, su persecució n como grupo se distingue por el cará cter de los delitos de los que son acusados, normalmente usurpació n, dañ os a la propiedad, tenencia ilegal de armas y sedició n,⁶³ el uso de testimonios falsos y el uso de archivos de inteligencia. De los 21 expedientes judiciales estudiados, se observan tendencias transversales a todos ellos: 1. Manipulació n de testimonios y el uso de testigos pocos con iables; 2. La dependencia ilegal de informes de inteligencia falsos. 3. El prejuicio de los iscales 4. Irregularidades en la investigació n previa, como la secretividad 5. Y detenció n arbitraria

(62) CNTC. Regional del Departamento de La Paz. Diagnó stico de expedientes judiciales de los departamentos de La Paz, Comayagua y el municipio de Marcala. Abogada Iris Karina Licona Talavera (63) Expediente 58-2014, Expediente 72-2013, Expediente 00056-2014, Expediente 167-4-2013


Generalmente, un iscal regional inicia una investigació n previa en secreto de un defensor indıǵena que puede incluir la recolecció n de informes de inteligencia por parte del ejé rcito y la policıá. Es frecuente que un juez archive o deseche la investigació n despué s de que la defensa solicite una revisió n del caso. Sin embargo, no hay un proceso automá tico de revisió n y la defensa tiene que acudir a una variedad de herramientas legales para poder apelar la decisió n del iscal inicial y solicitar la revisió n por el juez. Se puede cerrar el proceso penal despué s de unos meses, pero en algunos casos la investigació n y la detenció n relacionada se extienden por añ os. A veces, el iscal lleva el proceso penal a juicio en el cual es comú n que un juez declare al defensor inocente. Sin embargo, en unos pocos casos, se han declarado a los defensores indıǵenas culpables de usurpació n, aun cuando las pruebas no indican objetivamente ese resultado.⁶⁴ . Las detenciones arbitrarias generalmente se originan porque elementos del ejé rcito y de la policıá preventiva llevan hojas de captura en blanco, investigan nombres, rellenan los formatos, en no pocas ocasiones han rellenado los formatos con nombres de niñ os. Usualmente no existen elementos de prueba su icientes que vinculen al imputado co n elhecho investigado, a in de justi icar una orden de privació n preventiva de la libertad. Los abogados de la parte acusadora, con frecuencia de empresas o terratenientes, en algunos casos se presentaron en la cá rcel y/o a las familias para ofrecer la libertad de la persona detenida o procesada a cambio del apoyo a sus intereses. El derecho de las personas acusadas a ser informadas no se respeta y, en consecuencia, constituye un fuerte obstá culo en la preparació n de su defensa. Habitualmente no tiene acceso a un defensor privado, son defendidos por un defensor pú blico y en muchas ocasiones este defensor es familia de los acusadores. Testimonios directos destacan la forma reiterada de la prá ctica de posponer las audiencias, que no se llevan a cabo por la ausencia de los abogados acusadores, del juez y/o porque el Ministerio Pú blico ha pedido má s tiempo para investigar sobre el asunto. En la mayorıá de los casos los imputados permanecen sujetos al proceso mediante medidas sustitutivas a la prisió n por largo periodo de tiempo en el que soportan un desgaste econó mico difıćil de sostener y, ademá s, quedan vinculados a graves acusaciones penales que deslegitiman su labor.⁶⁵ Desde el 05 de junio de 2012, seis lıd ́ eres indıǵenas de la comunidad de Rıo ́ Bonito, enfrentan un proceso criminal acusados de la comisió n de los delitos de usurpació n, tala ilegal y dañ os al medio ambiente en el Juzgado de Paz de Siguatepeque. Desde el 20 de ese mismo mes los imputados irman medidas sustitutivas a la privació n de libertad en el juzgado de Taulabé cada 15 dıás, ademá s tiene prohibido salir del paıś, y acercarse a la tierra en disputa.

(64) Diagnó stico de Expedientes Judiciales de los Departamentos de la Paz, Iris Karina Licona Talavera. (65) Diagnó stico de Expedientes Judiciales de los Departamentos de la Paz, Iris Karina Licona Talavera.


Otro caso de deslegitimació n de la labor de defensorıá lo simboliza la persecució n contra el Consejo Indıǵena San Isidro: el 10 de octubre de 2015, Yobani Alonzo Vá zquez, del municipio de Santa Elena, fue atacado por 10 policıás de Santa Elena quienes lo golpearon y acusaron de ser ladró n, presuntamente fue dejado en libertad despué s de exigirle el pago de 600.00 Lempiras.⁶⁶ Rosalıo ́ Vá squez, presidente del Consejo Indıǵena de El Potrero, quien intervino en favor de uno de los miembros del Consejo que estaba siendo detenido en un incidente confuso en el que resultó una persona muerta, fue acusado tambié n por el hecho. Vá squez es lıd ́ er reconocido por su abierta oposició n a la construcció n de una represa sobre el rıo ́ Chinacla. Se encuentra a la espera del juicio oral y pú blico. Mientras se efectú a, está sujeto a medidas sustitutivas a la prisió n y ha sido vıćtima de diversos ataques entre é stos el allanamiento ilegal a su domicilio el 22 de octubre de 2015, tratos crueles inhumanos y degradantes, su esposa Ana Miriam Romero, tambié n miembro del Consejo, como consecuencia de los malos tratos estuvo a punto de abortar un embarazo de cuatro meses, la acció n fue perpetrada por 30 agentes policiales y elementos militares; posteriormente en el mes de enero de 2016, su residencia fue incendiada por personas a ines a la construcció n de la represa.

(66) El 24 de noviembre de 2015 la Comisió n Interamericana de Derechos Humanos ha concedido medidas cautelares a favor de lıd ́ eres y lideresas de MILPAH y entre ellos de Ana Mirian Romero, su esposo Rosalıo ́ Vá squez y el resto de su familia bajo el nú mero 46/2015. https://www.oas.org/es/cidh/decisiones/pdf/2015/MC589-15-Es.pdf


El Estado de Honduras rati icó el Convenio Internacional 169, pero no armonizó el derecho interno al tratado y tampoco ha reglamentado su ejercicio, que le permita su aplicació n real. Con frecuencia en los territorios indı́genas, como ocurre en Chinacla, Santa Elena y Aguanqueterique en La Paz, el Estado hace colisionar la Ley de Municipalidades con la Ley de Ordenamiento Territorial, o inscribe tıt́ulos de propiedad sobre los tıt́ulos comunitarios extendidos por el INA. La legislació n hondureñ a es insu iciente para garantizar los derechos de los pueblos indıǵenas, su inclusió n en tres artıćulos constitucionales no garantizan la protecció n plena de sus derechos humanos. El desplazamiento institucional de la Secretarıá de Pueblos Indıǵenas y Afrohondureñ os en la nueva estructura administrativa del Estado, sumado a la reducció n absoluta del mandato del Instituto Nacional Agrario y la precariedad logıśtica de la Fiscalıá Especial de Etnias, son contribuyentes a la indefensió n de los pueblos originarios en un contexto cada vez má s agresivo por el uso de los bienes de la naturaleza en sus territorios. Las leyes secundarias contentivas de derechos de los pueblos indıǵenas son contradictorias y abren la puerta para que los grandes capitales transnacionales y los mega proyectos se apoderen de los territorios indıǵenas. La Ley de Zonas de Empleo y Desarrollo, ZEDE, constituye una de las principales amenazas al permitir a las instituciones de turismo, procesamiento industrial y similares a usurpar los territorios ancestrales por la supremacıá del “interé s nacional” del desarrollo. El Comité de Familiares de Detenidos – Desaparecidos en Honduras, COFADEH, tiene en el contexto y situació n descritos en este documento una extraordinaria oportunidad de actuació n en los campos de acceso a justicia, litigio estraté gico sobre el derecho indıǵena, incidencia polıt́ica para la seguridad de los liderazgos y comunidades afectadas, y la defensa en general de los derechos humanos. En el marco de las acusaciones judiciales formuladas en contra de los lıd ́ eres indıǵenas, destacan la falta de acceso a la informació n, la detenció n arbitraria o sin los debidos requisitos legales, las ó rdenes de capturas vigentes durante añ os y aprovechadas a conveniencia y la prolongació n excesiva de los procesos penales, como las formas irregulares e ilegales para neutralizar la labor de los defensores de los territorios y derechos de los pueblos indıǵenas.


En los procesos de criminalizació n analizados se observa la estigmatizació n como tendencia y el hostigamiento como represalia a las medidas sustitutivas a la prisió n, ası ́como la utilizació n de las fuerzas de seguridad del estado para ejecutar las acciones de represalias en contra de los criminalizados.

Reformar la Constitució n de Honduras para armonizar la misma a los tratados internacionales especializados de los cuales el Estado es parte y eliminar la invisibilidad de la població n indıǵena de aspectos fundamentales como en el artıćulo 6 constitucional. Crear una instancia coordinadora de asuntos indıǵenas con regionales en los territorios de mayor població n indıǵena a in de acercar la institucionalidad a las principales problemá ticas. El proyecto podrıá sentar bases para una articulació n territorial de las agendas de las organizaciones con identidad indı́ g ena, agencias de cooperació n, programas de acompañ amiento internacional de derechos humanos, gobiernos locales e instituciones pú blicas clave, a in de disminuir o erradicar las causas de inseguridad, criminalizació n y muerte de los liderazgos comunitarios. Los funcionarios responsables de las instituciones que cumplen tareas é tnicas deben ser capacitados en costumbres y marcos jurıd ́ icos especializados. Delegar una unidad de la Fiscalıá de Derechos Humanos de Tegucigalpa para que revise todas las investigaciones criminales en contra de defensores indıǵenas y cierre aquellas que resulten infundadas, como tambié n poner en libertad a todos los defensores detenidos injustamente. Abrir procesos penales en contra de los iscales que hayan violado la ley al investigar infundadamente a defensores indıǵenas de derechos humanos. Impulsar una revisió n de la polıt́ica pú blica hasta ahora desarrollada en materia de tierras indıǵenas por el Estado, teniendo presente para ello las recomendaciones del Comité de Derechos Humanos (2007) y de la Relatora Especial, estableciendo un mecanismo efectivo para reconocer los derechos de los pueblos indıǵenas sobre tierras y recursos naturales basados en la ocupació n y uso tradicional, de acuerdo con las normas internacionales relevantes. Establecimiento de instancias participativas donde las comunidades afectadas, en un plano de igualdad, puedan participar efectivamente de los procesos de toma de decisiones, de forma de ejercer una incidencia real en la decisió n. La iscalıá Especial de Derechos Humanos en forma Conjunta con la Fiscalıá Especial de las Etnias, debe iniciar una investigació n contra los agentes policiales y elementos militares asignados a las delegaciones de Santa Elena y Chinacla que han participado en violaciones a derechos humanos contra la dirigencia indıǵena y presentar requerimientos iscales contra los que resulten responsables.


Ÿ Bibliografıa ́ Ÿ Legislació n Nacional. Ÿ Documentos: Ÿ OIT. Convenio nr. 169. Convenio No 169 sobre Pueblos Indıg ́ enas y Tribales en

Paıśes Independientes. Ÿ ONU. Declaració n de las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos

indıǵenas Ÿ ONU. Informe preliminar de la visita a Honduras de la Relatora de Pueblos

Indıǵenas (Victoria Tauli-Corpuz). Noviembre 2015. Ÿ CIDH. Comunicado de prensa 15/16. CIDH publica informe sobre la situació n

de derechos humanos en Honduras. 18 de febrero de 2016.


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* Canadá resalta la importancia de que las sociedades y sus poblaciones discutan y se informen sobre las situaciones que les afectan, con base en las realidades contextualizadas, en correspondencia a una auténtica democracia. Así, los casos, opiniones, conclusiones y recomendaciones no son necesariamente un re lejo de la política o las opiniones del gobierno de Canadá. COFADEH y las personas entrevistadas para este documento son los únicos responsables de las opiniones, conclusiones y recomendaciones incluidos en este documento.*


INFORME  

Situación de los derechos humanos del pueblo indígena lenca Cliente: COFADEH . 2016

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