golpe de estado y que habría sido promovida por el empresariado nacional e internacional adecuándose a los intereses del neoliberalismo, señalando además que no respondía al interés popular sino a los de la oligarquía empresarial; poniendo especial énfasis en cuestionar el manejo económico por considerarlo permisivo, favoreciendo la inversión privada y poniendo freno a la inversión pública y adicionalmente que no prohíbe la actividad monopólica u oligopólica; proponiendo por estas razones, una economía social de mercado en la que sea el estado, quien regule el mercado. Fuerza Popular y su lideresa Keiko Fujimori, señalan por el contrario, que luego de un periodo prolongado de crisis en el Perú ocasionada principalmente por el terrorismo, la Constitución de 1993, redactada por diversos movimientos políticos, fue aprobada por la ciudadanía y estableció un modelo económico y social distintos que posibilitan el desarrollo económico del país luego de la aguda crisis mencionada; que tiene un sustento en instituciones abiertas e inclusivas con una nueva y moderna economía social de mercado que promueve la competencia y la satisfacción de los consumidores quienes posibilitan el éxito o no, desechando la intromisión del estado en ese sentido. Una mirada a la realidad respecto de estas aseveraciones nos permite señalar que por ejemplo el Congreso Constituyente Democrático que elaboró y propició la Constitución de 1993, estuvo compuesta por diferentes movimientos políticos; participaron los siguientes: (1) Cambio 90 – Nueva Mayoría (CNNM), (2) Partido Popular Cristiano (PPC), (3) Frente Independiente Moralizador (FIM), (4) Movimiento Renovación (MR), (5) Movimiento Democrático de Izquierda (MDI), (6) Coordinadora Democrática (CD), (7) Frente Nacional de Trabajadores y Campesinos (FNTC), (8) Frente Popular Agrícola del Perú (FREPAP), (9) Solidaridad y Democracia (SODE) y (10) Movimiento Independiente Agrario (MIA); es decir, las fuerzas llamadas de izquierda, de derecha y de centro, estuvieron presentes. Ahora bien, respecto del aspecto económico en la Constitución de 1993, es evidente que las reglas prioritarias son las del libre mercado, que se regula en función de la oferta y la demanda e impulsa una nueva y moderna forma de Economía Social de Mercado (La anterior señalaba que el estado se involucraba regulando los precios en defensa del
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pueblo, fijando precios y condiciones de mercado, existiendo acaparamiento, especulación y escasez); ahora bien, esta participación estatal desaparece ante la nueva forma de economía social de mercado que se adecuó al ordenamiento penal (Título IX Delitos Contra el Orden Económico) y normas especiales; esta moderna economía social de mercado debía verse sostenida por la actuación de instituciones como el INDECOPI y las normas especiales que sancionaban el abuso de la posición de dominio ya sean en las modalidades monopólicas, oligopólicas o monopsónicas u oligopsónicas (Decreto Legislativo 701 Ley que dispone la eliminación de las prácticas de abuso de poder de mercado, monopólicas, controlistas y restrictivas de la libre competencia), que existían y eran una garantía para la sociedad; no obstante, la intromisión del espectro del poder ha ido socavando sostenidamente el espíritu de la ley, dejándola sin efecto al amparo de otras normas que se han ido emitiendo por intereses subalternos o de grupo, en perjuicio del pueblo. Virtualmente la ley que combate el abuso de poder económico, ha desaparecido. Pero esto no es achacable a la Constitución; por el contrario, como bien lo ha señalado en reiteradas ocasiones el actual Ministro de Economía don Waldo Mendoza Bellido, la Constitución de 1993, nos ha permitido salir del hoyo, desarrollar y tener la capacidad de ahorro que nos permite respirar en estos momentos de crisis, ha propiciado la inversión nacional e internacional. Los defectos no son de la norma constitucional sino de los políticos de turno y de la corrupción imperante en los partidos de izquierda, centro o derecha; que nos entrega a la totalidad de ex mandatarios encarcelados o procesados, involucrados en esta execrable forma de delinquir a expensas del pueblo. Ahora bien, si jugamos con las reglas de la democracia, estaríamos frente a una situación muy crítica de pretenderse cambiar la constitución; es evidente que no se necesita su cambio, es posible que requiera modificaciones constitucionales, que tienen su propio mecanismo; es más de pretenderse un cambio constitucional, también debe hacerse bajo las reglas democráticas y ello deviene en casi imposible, con un Congreso tan fragmentado. Esta dura situación nos ha conducido a un hartazgo por parte de la ciudadanía que lamentablemente ha respondido abandonando o descuidando sus obligaciones ciudadanas y con su ausencia o su