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Alternativa Semanario Montevideo, 17 de setiembre de 2012 - Época II Nº 59

Libertad, Siempre Libertad

Imprevisión, desprolijidad y soberbia La situación crítica de la salud pública ha traspasado un nuevo umbral de inverosimilitud por la efectivización de la renuncia de cirujanos, aún contra la declaración de esencialidad del gobierno. A este conflicto se llegó por la imprevisión y la desprolijidad en las acciones gubernamentales de José Mujica y el Frente Amplio, desde que, a sabiendas del desmejoramiento de las condiciones sanitarias públicas, se dice que no hay más recursos, cuando en varios años ha habido un derroche de dinero sin precedentes, desperdiciando la oportunidad por la bonanza económica y aún dentro de una recaudación tributaria que sigue creciendo. Entonces, cabría preguntarse dónde ha ido a parar el dinero de los uruguayos si no hay para solucionar uno de los aspectos más esenciales de la sociedad como es la salud. Asimismo, ¿acaso las autoridades pensaron que con declarar la esencialidad lograrían el acatamiento sin más de los cirujanos? Hay una compulsa de poder en la cual el gobierno “pensó” que por ser quien es, ya

lograría ajustar las cosas a su manera de ver y que la sangre no llegaría al río. Se ha equivocado. En ese contexto, se ha conocido que el gobierno cubano pretende que Uruguay y su gobierno le paguen los gastos por las operaciones de ojos, y que la mayoría de las empresas públicas prevén déficit en sus presupuestos para el año 2013 contra el cual recurrirían al endeudamiento para sobrellevarlo, según informó El País. Por tanto, parece difícil que aparezcan los recursos necesarios, por haber sido mal gastados antes y no contarse con ellos en el futuro inmediato. Sin lugar a dudas, las consecuencias y los efectos negativos son sufridos por los pacientes y los usuarios de los servicios públicos de la salud, y sus familias; personas de menores condiciones económicas para poder afrontar una crisis. Este complejo panorama era previsible pero, precisamente, por la falta de previsión, por la desprolijidad y por la soberbia del gobierno, se termina perjudicando a cientos de miles de uruguayos. De ellos, ¿se acuerda el gobierno ahora o cuándo sean las elecciones? Imágenes: subrayado.com.uy; 10minutos.com.uy

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Agravamiento de Penas por Tráfico de Pasta Base Por Pedro Bordaberry “Como adelantó el señor Senador Pasquet, nosotros vamos a votar favorablemente este proyecto de ley, más allá de las anotaciones precisas y certeras que él ha hecho acerca de este texto –que podría ser mucho mejor– , porque creemos que revela un cambio positivo en nuestro país, dejando atrás esa suerte de argumento por el que se decía que agravar las penas era algo malo. Me parece que es bueno que hoy el Senado de la República vote por unanimidad un agravamiento de las penas como algo positivo y, además, es bueno que lo haga contra este flagelo de la pasta base. Los datos del Ministerio del Interior señalan que en el año 2004 existían 187 consumidores de pasta base en el Uruguay y transcurridos siete años este número ascendió a más de 30.000. Quiere decir que los 187 adictos a la pasta base en 2004 se han convertido en

más de 30.000, lo que representa un problema muy grave para el Uruguay que debemos encarar. Creemos, además, que es vital que lo que estamos haciendo hoy se traslade a otras áreas de la política de seguridad ciudadana en el país, es decir, que estas medidas para combatir la pasta base también se apliquen a otros delitos; no tengamos miedo de hacerlo.

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Nos parece bueno que se agraven las penas y no que el Estado asuma la comercialización y la distribución de la droga. Hemos escuchado con preocupación en los últimos tiempos una propuesta para que el Estado asuma la comercialización de la marihuana, con el argumento de que es un buen negocio que hay que quitar a los narcotraficantes. Si bien la pasta base también es un buen negocio para los narcotraficantes, nadie está pensando – salvo algún jerarca de alguna Intendencia del interior– que el Estado deba distribuir esta droga. Consideramos que algunos argumentos contenidos en este proyecto de ley están yendo por el camino adecuado. También escuchábamos que si se agravaba la pena respecto a alguien que cometía un delito, eso sería un incentivo para que otros que no estaban en la misma situación, también lo hicieran. Aquí vemos que se pone como atenuante o como un requisito para que el Juez disponga medidas alternativas que el imputado no tenga antecedentes penales y nadie ha dicho que los narcotraficantes vayan entonces a buscar o contratar a quienes no tengan antecedentes penales o que estamos provocando eso. Creemos que eso es positivo como también lo es que esta mañana se esté dejando sin efecto –por suerte– el latiguillo, que se repite una y otra vez, de que el agravamiento de las penas no es la solución. La situación es muy grave y por eso es bueno que se tome esta medida. Si uno analiza la inversión que ha hecho el país en seguridad pública a través del presupuesto del Ministerio del Interior, ve un crecimiento enorme en los últimos siete años. El monto de ese presupuesto se ha multiplicado por

tres, pero también las rapiñas, que pasaron de ser 6.933 –en 2004– a 16.322, lo que representa un crecimiento de 130%. ¿Por qué hago referencia a las rapiñas? Porque se está diciendo que la pasta base influye mucho sobre quienes cometen este delito. Como veremos más adelante, esto es más un mito popular que otra cosa. En la actualidad, hay casi dos rapiñas por hora, es decir, 44 por día. Frente a esta realidad, el Gobierno puede decir que hay otros índices que han evolucionado positivamente. Hemos escuchado que el número de hurtos en los últimos tiempos, si bien no ha disminuido, no ha continuado creciendo. Esto también es un mito, porque lo que sucede actualmente es que ya no se denuncian estos hechos; esa es la verdad. Muchos de los que estamos aquí hemos sufrido hurtos y sabemos que ya no se denuncian, solamente se da cuenta de las rapiñas y de los homicidios. Alternativa es una publicación semanal producida con la colaboración de adherentes y de amigos de Alternativa Independiente, así como por el apoyo, con artículos de opinión e información, de otros actores políticos, sociales y técnicos, cuyo objetivo es difundir las actividades de interés social, cultural y político que hacen a nuestro país, al Partido Colorado y a nuestra Agrupación, así como difundir artículos de los diversos medios de comunicación, que pueden resultar de particular interés. Nota: Las opiniones e informaciones vertidas son de exclusiva responsabilidad de quienes suscriben los artículos, no comprometiendo la opinión de la publicación ni de la agrupación política. Contacto: Tel. 099.777.269, E-mail: alternativa520@gmail.com Dirección: Fitzgerald Cantero Piali. Coordinación General: Leonardo Monzillo Costa. Colaboran en este número: Pedro Bordaberry; Alejandro Guedes; Dr. Jorge Alejandro Suárez Saponaro; Ernesto Spinak.


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Otro de los valores que el Gobierno podía exhibir como estable era la evolución de los homicidios, porque se mantenía estable en los últimos 20 años; se cometían alrededor de 200 homicidios por año, con algunas variaciones en más o en menos. Lamentablemente, la cifra en materia de homicidios en el año 2012 será record; el fin de semana pasado hemos superado los 209 homicidios. El promedio de los últimos 25 años en el país es de 207 homicidios y todavía nos quedan por delante tres meses y medio que, desde el punto de vista de la estacionalidad en cuanto a la comisión de homicidios, son los peores. Frecuentemente se dice que esto se debe al crecimiento de algunas modalidades, en especial, al incremento de la violencia doméstica –que a todos nos preocupa–, pero cuando uno va a los indicadores del Observatorio Nacional sobre Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior ve que no es así, ya que la violencia doméstica representa el 13% de los homicidios en el país, mientras que los homicidios por rapiñas y copamientos representan el 32%, por riñas y peleas eventuales, el 22%, y los que son por ajuste de cuentas vinculados al comercio de drogas representan el 17% de los homicidios en el país, lo cual implica un gran crecimiento de esta modalidad. Esto nos tiene que preocupar porque, de acuerdo con el Estudio Global sobre el Homicidio de la Oficina de las Naciones

Unidas contra la Droga y el Delito, Uruguay figura con la tasa de homicidios más alta entre varios países sudamericanos, así como también con respecto a Europa y a otras naciones. Tomando la tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, Uruguay se encuentra por encima de Argentina, Perú y Chile. De acuerdo con estas estadísticas, la participación de los menores en los delitos de homicidio también se ha incrementado muchísimo. En el año 2006, el 9% de los homicidios era cometido por menores de edad y en el 2011 ascendió a 26%. A su vez, también se incrementó muchísimo la participación de los menores en las rapiñas: en el último trimestre de 2010 –según los datos del Ministerio del Interior–, más de la mitad de las rapiñas en Montevideo –el 53%– contó con la participación de menores. Cuando se va a analizar las razones de la influencia de la pasta base en estos delitos, se debe tener en cuenta un estudio realizado por el Defensor de Oficio de adolescentes, doctor Daniel Sayagués, en base a la experiencia en los Juzgados de Menores. Es interesante mencionar que solo el 1% de los que delinquieron señalaron que lo hicieron por necesidades económicas y, contra la creencia popular, solo el 10% alegó haber robado para financiar su adicción a la pasta base. A su vez, el 54% afirmó no tener necesidad de robar, ya que no le faltaba nada, y el 35% alegó haber robado por ser su medio de


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vida o su trabajo. Queremos ser claros: ésta es una buena norma, que nos permite avanzar pero no atiende a la globalidad del problema de la inseguridad; con esto solo no alcanza. Además, creemos que esta primera batería de normas tiene que venir acompañada por otras; no alcanza con atender el problema de la droga. También hay que atender –ha existido un compromiso de todos los Partidos en este Senado– la situación del Código del Proceso Penal, y la del funcionamiento de la Justicia. Todos sabemos que ha habido una gran evolución de la población reclusa en el país, que pasó de ser de 7.118 en 2005 a 9.450 en el año 2012, de la cual solo el 35% tiene condena y el 65% está esperando por ella. Lo cierto es que si no atendemos esta situación es muy difícil hablar de reinserción o de reeducación. Creemos que un nuevo Código del Proceso Penal es imprescindible, debe aprobarse tan

rápidamente como estas normas, estableciendo la función del Fiscal, del Ministerio Público, como instructor, y del juez como verdadero juez y no como un juez instructor que a su vez resuelve y dicta sentencia. Obviamente, eso debe llevar al estudio de cuál es la ubicación institucional en la que estaría el Fiscal de Corte, el Ministerio Público, ya que creemos que debe estar fuera del Poder Ejecutivo. De nada serviría adoptar medidas contra el tráfico de drogas sin acompañar con las normas del Código del Proceso Penal y sin atender la situación de la minoridad y también la de la actuación policial. Creo que esto es algo positivo, pero aún es poco para lo que hoy necesita el país.” Palabras del senador Pedro Bordaberry en la sesión de la Cámara de Senadores que trató el proyecto de ley sobre agravamiento de penas por tráfico de pasta base. Fuente: vamosuruguay.com.uy

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Ley de donación de órganos ¿hasta dónde llega el Estado? Por Alejandro Guedes (*) de la ley contó con un amplio apoyo de legisladores de todos los partidos, salvo un grupo de legisladores del Partido Nacional. La magnitud de los efectos de esta ley es tan amplia como el desconocimiento por parte de la población del mismo.

El pasado miércoles 5 de setiembre la Cámara de Representantes se aprestó a sancionar una ley por la cual todos los uruguayos son donantes de órganos, a menos que dejen constancia expresa de lo contrario. Hasta el momento la donación se expresaba por la positiva, ya que debía manifestarse la voluntad de ser donante. Con la entrada en vigencia de la nueva ley todos seremos donantes a menos que se exprese lo contrario, dejando su constancia en el "Registro Negativo de Donantes" que se creará en la órbita del Registro Nacional de Órganos y Tejidos. El proyecto fue presentado el pasado año por la socialista Mónica Xavier, el nacionalista Sergio Abreu y el colorado Alfredo Solari. Como era de esperarse la sanción

Por tratarse de un tema muy sensible que atañe a la solidaridad de todos los uruguayos, y en especial a la vida misma, las disonancias sobre el tema tienden a ser mínimas. Sea porque en realidad casi todos estamos de acuerdo (cómo no estarlo) en el beneficio que la donación de órganos produce sobre la sociedad en su conjunto, y en particular sobre aquellos que lo necesitan. O incluso porque aún estando en desacuerdo con esta norma, cualquier reparo que se haga público puede llegar a ser políticamente incorrecto, y con toda seguridad nefasto para el político preopinante. No obstante, esto no equivale a pensar que no existen buenas razones para oponerse a esta norma. De hecho las hay, y no necesariamente desde un punto de vista religioso, como

ha deslizado algún legislador fácil de palabra que reduce cualquier postura contraria al proyecto, a un "egoísmo existencial". De hecho nada tiene que ver una cosa con la otra. Sin ánimo de realizar una especie de catarsis moral, políticamente correcta, previa al análisis, paso a exponer algunos argumentos sustantivos que al menos podrían alimentar un debate interesante en torno al tema. Vayamos directamente al fondo del asunto ¿bajo qué justificativo el estado puede legislar sobre los órganos de las personas? y de confirmarse ¿qué margen queda para la decisión a conciencia del individuo sobre su propio cuerpo? Olvidemos el caso particular de la donación de órganos y pensemos en términos más abstractos. Una penetración tal de la legislación parece ser concebible tan solo bajo una matriz totalizadora. Si lo vemos en los términos de la teoría política clásica diríamos que estamos frente a una República platónica donde es de carácter "natural" que el individuo se deba a la asociación política.


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Es decir, que el ciudadano no se pertenece a sí mismo, y su razón de ser está dentro del estado. Ello habilitaría este tipo de legislación tutelar donde el Estado decide de antemano qué hay que hacer con los órganos de las personas, omitiendo cualquier interpelación de aquel que legítimamente, sea por el motivo que sea, no quiere donar sus órganos. Pues, el hecho de que se habilite en una etapa posterior manifestar una voluntad contraria a la donación no anula el grado de interferencia de la ley. En el plano político, y en particular en la legislación uruguaya no tendemos a ver como “invasivo” este tipo de leyes, ya que tenemos una cultura, si se quiere batllista y republicana que permea cualquier análisis más teórico y abstracto. Pensemos por ejemplo en el caso de los aportes jubilatorios y la obligatoriedad de los mismos. En otras palabras, no se parte desde una visión de intromisión sino más bien de una intención garantista de determinados derechos. No obstante, la tensión se hace presente y ello se refleja en los comentarios a favor y en contra de la ciudadanía. En contraste a la perspec-

tiva convencional que prima en nuestro Parlamento, tenemos aquella inspirada en el contractualismo, de estirpe más liberal. El estado antes que nada debe velar por garantizar las libertades individuales evitando la opresión política en este ámbito. En este sentido no es justificativo valerse del interés común para someter al individuo bajo la tutela del estado cuando se interfiere en su propia esfera. Parafraseando a Isaiah Berlin cabría preguntarse: “cuál es el ámbito en que al sujeto se le deja o se le debe dejar hacer o ser lo que es capaz de hacer o ser, sin que en ello interfieran otras personas” (Berlín: 1958:1). Lo que intenta poner de manifiesto la pregunta son dos cosas: que la persona es la propia soberana de su libertad; y que por tanto se debe establecer un límite claro entre la esfera de lo público y la del ámbito privado propia del individuo. Es decir, que la autoridad del Estado, por más buenas intenciones que tenga, no puede ser una entidad omnipresente y omnipenetrante, pues existen determinadas libertades que deben ser respetadas. Lógicamente la intromisión del estado nunca se realiza en nombre del control social,

al menos en las democracias, pero sí se vale de las buenas intenciones. La lógica es la misma. Pensemos por ejemplo, en una política antitabaco prohibitiva, en una ley seca para combatir el alcoholismo, o una ley de donación de sangre obligatoria cada 6 meses. Sin dudas todas buscan objetivos más que deseables, pero ¿a qué precio? En mi opinión, llama poderosamente la atención que este tipo de argumentos no forme parte de una deliberación pública sobre el tema. Más aún cuando se toca un asunto tan sensible que involucra a toda la sociedad. Entiendo que un gesto tan solidario y personal como donar los órganos (y por las dudas ya agrego la donación de sangre) debe ser realizado a conciencia y no por el mandato de una ley. Luego de este antecedente no nos debería sorprender hasta dónde puede llegar una ley en la regulación de nuestras vidas. Bibliografía consultada: Verlin, Isaiah; 1958. Dos conceptos de libertad. Ed. Alianza, Madrid; Pablo Da Silveira; 2000. Política & Tiempo; Platón. La República. (*) Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de la República.


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Un drama poco conocido:

El caso del pueblo saharaui Por el Dr. Jorge Alejandro Suárez Saponaro En 2005 el gobierno de la República Oriental de Uruguay reconocía formalmente la existencia de la República Árabe Saharaui Democrática o RASD. Este Estado, que para muchos juristas su condición como tal está en duda, es el reflejo de un verdadero drama poco conocido, a pesar de ser un país “hispano”, ya que de 1884 a 1976, fue un territorio español en el Norte de África, que ha sufrido un drama similar al del pueblo palestino. Los palestinos hablan de la ocupación israelí, en el marco de un verdadero abandono por parte de la potencia colonial británica, dando paso a la “Nakba” o sea catástrofe, que significó el exilio de millares de ello a países vecinos y a los territorios de la Franja de Gaza y la Margen Occidental (o Cisjordania). Así se inicia una lucha, que llega nuestros días, y que dado las características de la geopolítica explosiva de Medio Oriente, ha impedido la formación de un Estado palestino plenamente soberano. El recurso del terrorismo, por parte de organizaciones palestinas, unido a la inestabilidad interna de la llamada Autoridad Nacional Palestina, ha impedido, que existan condiciones para que los intereses hegemónicos del mundo den carta blanca para que sea creado un Estado Palestino soberano. El caso saharaui, guarda muchas similitudes. En 1884 se inicia la colonización española en territorio ocupado por tribus nómadas independientes de todo poder estatal, que por medio de acuerdos y algo de coacción armada, aceptan el control hispano. La lenta colonización, recién para fines de los 50 muestra avances y ciertos cambios, dado el

interés de España de conservar su posesión africana, considerándola provincia española y sus habitantes, también españoles. La independencia de Marruecos cambia las cosas, el movimiento nacionalista Istiqlal, en base a una visión idealizada de un pasado lejano habla del Gran Marruecos, que abarca Marruecos, el Sahara Español, las actuales Mauritania, parte de Malí y de Argelia, en un vano intento de reclamar las tierras controladas por el imperio almorávide del siglo XI, que por cierto no duró mucho. Eso seguramente vino como anillo al dedo a una monarquía marroquí que necesita consolidarse en el poder, aglutinar una opinión pública y distraerla de una realidad que le habla de subdesarrollo, escasa democracia y una falta total de movilidad social ascendente. A todo ello a fines de los 50, el nasserismo, las ideas progresistas y nacionalismo laicista, eran las principales amenazas para las monarquías y gobiernos corruptos adictos a Occidente. Circunstancias que seguramente había tomado el “Majzén” como se conoce a la Corona marroquí. Las bravatas de un movimiento nacionalista, terminaron en un proceso expansionista decidido, ante una potencia colonial en retirada y permeable a las presiones internacionales. La ONU tomó nota del asunto y habló directamente del derecho de autodeterminación, el pueblo del Sahara Español, tenía derecho a decidir libremente su destino. Los cambios políticos en África del Norte, la Guerra Fría, y los intereses occidentales hicieron su aparición en


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escena. La falta de cambios, ante una sociedad en transformación, llevó a que las juventudes del Sahara adhirieran abiertamente a posiciones nacionalistas, con claras simpatías por los procesos nasseristas, Argelia y el entonces casi legendario FLN, Gaddafi, etc. Por otro lado, Marruecos inicia una campaña en diversos frentes (político, diplomático y hasta militar) a fin de lograr sus aspiraciones sobre el Sahara. El descubrimiento de los ricos yacimientos de fosfatos, que se transforman en una competencia para Marruecos, cambia la situación, a todo ello se suma las tensiones internas de dicho Reino. Un conflicto externo, es lo mejor para distraer recursos, opiniones y a generales poderosos e influyentes. España organiza instituciones, controladas por jefes tribales, invierte en la industria del fosfato, e intenta defenderse del expansionismo marroquí. El escenario es la ONU, después de la fallida guerra de 1957, del cual solo Marruecos logró obtener la retirada española de un territorio saharaui, conocido como Villa Bens o Cabo Juby. La ONU habla de autodeterminación, reconoce la existencia de un pueblo sujeto a dominación colonial. Mientras tanto en el gobierno español hay dos opiniones dominantes, la favorable a la independencia y la entreguistas a Marruecos. En este contexto, nace el movimiento nacionalista saharaui. Los errores políticos de la administración colonial española crean una distancia entre el pueblo saharaui y el gobierno español, que por cierto se llena de promesas, que nunca cumplirá. La situación interna en Marruecos empeora, los intentos de golpe se suceden, incluso una tentativa de magnicidio, por lo tanto, hay que hace algo para sobrevivir y un conflicto externo es una salida ideal. La situación está dada, el adversario está en aprietos, dado la edad del Generalísimo Franco y los políticos españoles piensan en el día después, poco o nada les importa el Sahara y sus habitantes...

Esta situación lleva a España a librar un conflicto de varios frentes, por un lado Marruecos que suma a Mauritania a su reclamo (en los 60 Marruecos se opuso a la existencia de dicho país, para después cambiar de opinión, para atraerlo a su estrategia), mantiene sólidos lazos con Francia y Estados Unidos, siendo este último temeroso de que un movimiento nacionalista de izquierda tome el poder en el Sahara Español (ahora Sahara Occidental) y se transforme en una base para la Unión Soviética (que por cierto tenía poco interés en el territorio y nunca le brindó ayuda formal). Las cartas estaban echadas, a pesar de un rotundo fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, que dijo claramente que el Sahara Occidental no le pertenecía a los reclamantes, por lo tanto la vía para la autodeterminación estaba abierta; Franco está en agonía y Marruecos presiona abiertamente. España ya lucha contra el Frente Polisario, el movimiento de liberación de los saharauis, y ahora tiene que enfrentar las amenazas de Marruecos que habla de guerra y arma un espectáculo con 350.000 “manifestantes” en la frontera común. En este marco de ilegalidad, Madrid decide entregar la “administración” de la colonia a Marruecos y Mauritania, contra la opinión del pueblo saharaui y así comienza la “Nakba” saharaui. España abandona en febrero de 1976 a los que antes consideraba españoles, a su suerte, y el pueblo saharaui conducido por el Frente Polisario se dispone a resistir. Antes del abandono del territorio, líderes saharauis, jefes tribales, ex miembros de la Asamblea del Sahara y ante el Parlamento español proclaman en Bir Lehlú, la creación de la RASD. El temor a los nuevos ocupantes, lleva al exilio a millares de saharauis que abandonan sus hogares. Los campamentos de refugiados son bombardeados por Marruecos, verdaderos crímenes de guerra y contra la humanidad, con la idea peregrina de impulsar el retorno de los civiles y aceptar a los ocupantes, que por cierto se dedican


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a una dura represión de los nacionalistas. Esos millares de civiles se refugian en las duras tierras del sur de Argelia. El Frente Polisario organiza una espectacular campaña de guerra de guerrillas en el desierto, único en el mundo, generando grandes pérdidas a los ocupantes. A diferencia de Marruecos, los saharauis cuentan solo con el apoyo de Argelia, Libia y en menor medida de Cuba y Corea del Norte, los marroquíes cuentan con el apoyo de Francia y Estados Unidos, a todo ello hay que sumarle una cuestión demográfica, los saharauis no llegan a más de 100.000 personas y solo movilizan hasta 20.000 combatientes, un esfuerzo terrible que a la larga se hará sentir. Los cambios políticos globales, el fin de la Guerra Fría, la crisis interna argelina y un pueblo agotado por la guerra, llevan al Plan de Paz de 1991 patrocinado por la ONU, que instala una misión en el territorio a fin de promover la celebración de un referéndum (que espera desde 1974) para decidir si los saharauis quieren ser un Estado o integrarse a Marruecos. Cabe señalar que Rabat, bajo la ocupación movilizó a más de 200.000 colonos al territorio ocupado. Mientras tanto lo que había firmado Rabat, todo quedó en la nada por constantes maniobras dilatorias, en materia de identificación de votantes, devolución de prisioneros de guerra y

explicaciones por cientos de desaparecidos. Existieron planes de paz alternativos promovidos por James Baker III, estableciendo un territorio autónomo bajo soberanía marroquí – ignorando que el 20% del territorio está en manos de la denominada RASD – hasta la celebración del referéndum. Marruecos se negó de lleno discutir su soberanía o presuntos derechos, y su postura es irreductible. Mientras tanto financia su ocupación por medio de la pesca en aguas territoriales (muy ricas) y la explotación de fosfatos, y ahora busca petróleo. A pesar de las promesas de autonomía, la represión a los independentistas continúa, y la ocupación militar, está lejos del compromiso de 1991 de reducirla a 65.000 efectivos. Hoy se estiman en más de 100.000 efectivos, apoyados por una serie de muros de arena y piedra que dividen el territorio, apoyados por minas antipersonal, radares, artillería y blindados que salen al erario marroquí más de US$ 500 millones. Al otro lado sobreviven como pueden exiliados hace más de treinta años millares de refugiados, olvidados por la Comunidad Internacional, y un gobierno con escasos recursos que busca su reconocimiento, como única salida para presionar a Marruecos y lograr, como alguna vez fue prometido que el pueblo saharaui pueda elegir libremente su destino.

La opinión con altura y firmeza del diputado Fitzgerald Cantero Piali.


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El problema del delito en las sociedades urbanas Ernesto Spinak / Ciudadano Recientemente se ha publicado en Internet el Observatorio de la Seguridad, resultado del esfuerzo de la Fundación Propuesta del Partido Colorado (http://seguridad.observatoriofu ndapro.com). El sitio es bien interesante, con mucha información y muy variada, entre las cuales se destacan los mapas de delitos por zonas de la región metropolitana, estadísticas varias, y documentos internacionales con muchos enfoques sobre el tema de la delictividad. La información es abundante y pertinente, por eso vale la pena destacar y promocionar el esfuerzo y la seriedad con que nuestros correligionarios están desarrollando ese proyecto. Desde mi humilde punto de vista, y con ánimo de aportar, creo sería enriquecedor agregar un tipo de información y análisis que en general es escasa o ausente en todos los proyectos similares; información que es importante a la hora de planificar políticas integrales sobre el hecho de la delictividad en las sociedades urbanas y modernas. Me refiero a enfocar el problema de la delictividad desde el punto de vista de la epidemiología, y luego en un siguiente paso analizarlo desde la sociobiología y psicopatología del delito. Expliquemos en esta nota el enfoque desde la epidemiología. La epidemiología, como parte de la salud pública, además de analizar las distribuciones de las enfermedades (geográficas, género, etc.), establece predicciones y programas para el control de los factores relacionados con las enfermedades en poblaciones objetivo. Por ejemplo, los ministerios de salud pública cada año programan campañas de vacunación contra

la gripe, estimando la cobertura adecuada, la necesidad de camas, hospitales, y los tiempos medios de internación esperada. Dos conceptos relevantes son la prevalencia y la incidencia. Expliquemos los conceptos con ejemplos de delitos. La prevalencia es el porcentaje de personas de una población que tiene cierta característica en un período determinado, que puede ser puntual o a largo plazo. Ejemplo de prevalencia puntual sería: el 0,25% de la población de Uruguay está presa en este momento; y la prevalencia de período sería, el 3% de la población uruguaya irá presa en algún momento de su vida por los delitos J, K y Z. La incidencia es la cantidad de casos nuevos en un período determinado (junto con las recaídas). Para esta discusión, la incidencia sería el porcentaje de personas que cometerán delitos en un período de tiempo, por ejemplo: tres de cada diez mil habitantes cometerá delitos sexuales este semestre. Del mismo modo que para las diferentes enfermedades se tienen estadísticas sobre la cantidad de días promedio de internación y compararlos con los estándares de “buenas prácticas”, en el Observatorio de la Seguridad deberíamos tener los valores medios de “internación” para los diferentes delitos (incluyendo los “tratamientos ambulatorios”). De aquí podríamos obtener valores comparativos, es decir las diferencias entre los valores reales de “internación” y los que deberían haber sido de cumplirse lo que establecen los códigos (por la aplicación benigna y por la que establecen los códigos sin reducción de penas). De la misma manera que Salud Pública puede planificar la necesidad de camas y hospitales, no hay en Uruguay (hasta donde sepamos) un estudio de la “hotelería” necesaria para la


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internación de los delincuentes para las cifras de incidencia y de prevalencia del delito existente en el país. Mucho menos sabemos cuál sería la hotelería si se modificaran los códigos o la forma de aplicación de la ley por parte de los jueces. Cuando el Esc. Stirling era Ministro del Interior en Uruguay se llegó tener a 5.000 personas presas. En los siguientes 10 años hemos llegado a 10.000 y sigue creciendo. Asimismo la delincuencia no parece decrecer, es realmente una epidemia; existe contagio en las conductas. Las grandes aglomeraciones urbanas generan “subculturas” que desarrollan sus propios códigos y conductas, donde se instauran relaciones de vasallaje entre las personas para sobrevivir en la urbe, que llevan fácilmente a lo que se denomina “Delincuencia de Supervivencia Organizada”; esto es, los desarraigados acaban siendo reclutados e instrumentalizados por organizaciones criminales que a cambio de sustento, protección y nuevos vínculos de pertenencia, son convertidos forzosamente en delincuentes. Esto se llama contagio. Las medidas sanitarias en la epidemiología son las vacunaciones y las cuarentenas, de modo de reducir la exposición de los “sanos” a los contagiosos. Cuando la cantidad de infecciosos entre la población sana está por debajo de la masa crítica, se evita la epidemia, se estabiliza la cantidad de casos y eventualmente baja la incidencia de la enferme-dad. Por esta razón nunca se vacuna el 100% de la población, sino la cantidad necesaria para estar por debajo de la masa crítica. Pregunta del millón: ¿cuál es la cifra de “internados” que debe haber en la sociedad uruguaya para llegar a una meseta de delictividad y eventualmente pueda reducirse? Mi conjetura (read my lips): dada nuestras características demográficas y de urbanización, llegaremos a la meseta cuando tengamos alrededor del 0,4% de la población “internada”. (Si hace las cuentas, digo que todavía nos falta agregar 3.500 presos, aunque algunos podrían ser “ambulatorios” si se ponen las pulseras electrónicas). Como nota interesante indico, que

esa cifra es menor que la población carcelaria de los Estados Unidos. El problema más urgente en este momento es construir la “hotelería” pues de otro modo habrá una crisis de derechos humanos y tragedias en el sistema carcelario. Esto es lo que el Observatorio de Seguridad omite, y debería agregar. ¿Pero qué hay entonces de la “tolerancia cero”? El ministro Bonomi, paradójica-mente, ha traído como asesor al jefe de Policía de Nueva York cuando se implementó esa política por un gobernador republicano. Efectivamente esa política tuvo como consecuencia la disminución de la cantidad de delitos. Pero una de las críticas que tuvo en su época fue que la disminución de la criminalidad no fue principalmente por la ayuda comunitaria que se dio, sino porque los eventuales delincuentes pesados estaban presos antes por delitos menores. O sea, si usted pone presos a los delincuentes por delitos menores, entonces la calle queda libre de esas mismas personas que eventualmente serán los delincuentes pesa-dos. En una forma parecida argumenta el autor de uno de esos tantos bestsellers de “sociología para el gran público”, me refiero al libro Freakonomics. El autor, Steven Levitt, cuenta en uno de sus capítulos, que en forma indirecta la autorización en los años 70’s para realizar abortos en uno de los estados de la Unión, hizo que una gran cantidad de mujeres más pobres (negros y latinos en general) que abortaron, 20 años más tarde esa generación de jóvenes que serían pandilleros no estaban, no habían llegado a nacer, y como consecuencia inesperada el delito descendió en esa región. No hay delincuencia, hay delincuentes. En resumen, la delictividad tiene relaciones directas con variables sociodemográficas (y sociobiológicas), y debería ser analizada usando los instrumentos de la epidemiología. El profesor Rama dijo años atrás que si no se construían escuelas, habría que construir cárceles. Tristemente debemos decir que en este momento es más urgente construir cárceles que escuelas. Yo sé que con esta afirmación no voy a ganar muchos votos. Afortunadamente no voy a presentarme a ningún cargo electivo.

Alternativa Época II - Nº 59  

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