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Alternativa L ib e rt a d S ie m p re L i b e rt a d Último momento

Montevideo 13 de agosto de 2012 Época II

Nº 54 FRACTURA Por Pedro Bordaberry Pág. 2

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“El Estado soy yo”: versión reloaded Pág. 4 ………..

Udelar: otra olimpíada que vemos de atrás Por Rodolfo Balakier Pág. 6 ……………… Las ciudades “charter” Del Dr. Jorge Alejandro Suárez Saponaro Pág. 8 ……………………………

* Servicio a la comunidad: Castraciones Pág. 11 * Derecho de respuesta en redes sociales Pág. 10

Salud Pública en CTI En diversos medios de prensa trascendió la crisis asistencial en los cuidados de tratamiento intensivo (CTI) de la Salud Pública. Representantes de la Sociedad de Medicina Intensiva y del Sindicato Médico del Uruguay denunciaron públicamente que de 15 a 40 pacientes críticos esperan en las puertas de las salas de emergencia y de reanimación, para recibir un trato adecuado. Esto es, para ser atendidos en tiempo y forma, por haber un lugar apto sino también por personal suficiente para cumplir la tarea. Después de lo ocurrido con los enfermeros homicidas, el Ministerio de Salud Pública (MSP) ordenó hacer una auditoria de los centros de asistencia públicos. Sin embargo, a pesar de tener ya la información, no la ha divulgado en calidad y cantidad, como si debiera ser un secreto de Estado. Aquello que no es secreto, refiere a la mala situación de la salud pública en general. Mucho Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS), mucho Fondo Nacional de Salud (FONASA), mucha recaudación por impuestos que crece mes a mes, pero la salud de la población, algo tan esencial que conforma una de las condiciones mínimamente que debe tener toda persona, no recibe la cobertura y la atención adecuadas. Peor aún, es que no hay propuestas concretas de las autoridades del gobierno de Mujica, ni los integrantes del Frente Amplio (FA) para atender el tema, teniendo el Poder Ejecutivo a su cargo y la mayoría parlamentaria. Foto: subrayado.com.uy


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FRACTURA Por Pedro Bordaberry Existen reservas de gas en muchos lugares (en Uruguay también). Ese gas, en algunos casos, se encuentra naturalmente almacenado dentro de formaciones geológicas llamadas “Esquistos”. Hace unos treinta años se hizo factible desde el punto de vista técnico y económico explotar los esquistos. La explotación de ese gas, ubicado dentro de las formaciones rocosas, fue posible a través de un sistema que se llama “fracking” (nombre inglés de la “fractura hidráulica”). Para obtener ese gas hay que fracturar la roca. El problema es que esta roca se encuentra varios kilómetros bajo tierra. Por eso con la técnica del fracking se perfora y se realiza un pozo vertical hasta llegar a la profundidad deseada. Luego se taladra horizontalmente. Finalmente se inyecta agua con arena y productos químicos de alta presión y se fractura la roca. El gas que se obtiene, con parte del líquido que se inyecta, sube a la superficie. Pero entre un 20 y un 85% de lo que se inyecta queda bajo tierra. Este proceso de explotación se encuentra bajo investigación en países como Estados Unidos, Reino Unido, varios integrantes de la Unión Europea, Australia y Sudáfrica. Esas investigaciones comenzaron cuando se empezaron a revelar preocupaciones ambientales muy válidas que pasan por contaminación derivada de la permanencia de los líquidos inyectados bajo tierra,

posibilidad de actividad sísmica, el uso del agua y muchas dudas más. Ello ha llevado a países como Francia, Australia, Irlanda o Bulgaria a prohibir esta actividad o establecer moratorias. Las moratorias son prohibiciones por un determinado lapso de tiempo. Ese tiempo se prohibición es destinado a investigar las verdaderas consecuencias de la actividad. Recientemente el Estado de Vermont,

Vamos 10520 y el diputado Fitzgerald Cantero Piali le invitan a un almuerzo con

Pedro Bordaberry Domingo 21 Octubre de 2012 12 Horas

“Chacra San Francisco “ Por reservas y consultas: info@vamos10520.com.uy


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en los Estados Unidos, ha establecido la prohibición del fracking. En ese país una mujer abrió la canilla del agua de su casa y de los grifos en lugar de agua salía una sustancia que al acercarse una llama prendía fuego. En el Reino Unido el British Geological Survey detectó un sismo de 1,5 grados en la escala de Richter, en Blackpool, cerca de una explotación de gas de esquistos. Esto hizo que se suspendiera la actividad por parte de las autoridades. Las compañías que realizaban la explotación mediante el fracking en los países que hoy establecen moratorias empezaron a mirar a aquellos que no poseen legislación sobre el tema. Uruguay es uno de ellos. Es necesario entonces contar con una ley en nuestro país que haga lo mismo que están haciendo el Reino Unido, Francia, Australia, Irlanda, Canadá, Estados Unidos.

actividad hasta tanto tener evidencia científica de sus consecuencias. De lo contrario si se piden hoy permisos y se otorgan luego no podrán revocarse sin generar responsabilidad del Estado. Por eso con el equipo de asesores con el que trabajamos presentamos en el Parlamento Nacional un proyecto de ley sobre el tema (http://www.vamosuruguay.com.uy/blogs/38/ posts/3636). En el mismo se establece una moratoria de cinco años. También se crea una Comisión Técnica en el Ministerio de Industria para que estudie y analice el tema. Se permite que se haga prospección pero no que se conceda la explotación hasta tanto se tengan las certezas de las consecuencias de esta actividad que muchos están prohibiendo. No sea cosa que el fracking lo suframos mañana nosotros. Fuente: facebook.com/pedro Bordaberry

Debe establecerse una prohibición de esta

Twitter: @DipFitzgeraldcp ENN FFAACCEEBBO OO OK K FIIT TZ ZG GE ER RA AL LD D CA AN NT TE ER RO O PIIA AL LII Alternativa es una publicación semanal producida con la colaboración de adherentes y de amigos de Alternativa Independiente, así como por el apoyo, con artículos de opinión e información, de otros actores políticos, sociales y técnicos, cuyo objetivo es difundir las actividades de interés social, cultural y político que hacen a nuestro país, al Partido Colorado y a nuestra Agrupación, así como difundir artículos de los diversos medios de comunicación, que pueden resultar de particular interés. Nota: Las opiniones e informaciones vertidas son de exclusiva responsabilidad de quienes suscriben los artículos, no comprometiendo la opinión de la publicación ni de la agrupación política. Contacto: Tel. 099.777.269, E-mail: alternativa520@gmail.com Dirección: Fitzgerald Cantero Piali. Coordinación General: Leonardo Monzillo Costa. Colaboran en este número: Pedro Bordaberry; Alejandro Guedes; Rodolfo Balakier; Dr. Jorge Alejandro Suárez Saponaro.


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“El Estado soy yo”: versión reloaded Por Alejandro Guedes (*) El tema de la integración de los entes estatales, fenómeno singular al que referimos como “coparticipación”, viene generando apasionantes debates y acusaciones entre oficialismo y oposición. Incluso, dentro de la propia oposición las opiniones y acciones son divergentes. Como ya hemos señalado en anteriores columnas lo cantinflesco de algunas declaraciones invitan a quedarse con el hecho, la anécdota. Uno puede quedarse con la reflexión de Lucía Topolanski al decir a los medios televisivos que “la oposición debería dejar los cargos, aunque sea por dignidad”. O las palabras del propio Presidente Mujica al señalar que no quería “condenar” a los delegados de la oposición a la “desocupación”. Pero también es una buena oportunidad para repasar en perspectiva algunas bases y procesos importantes que hacen de la coparticipación al día de hoy uno de los elementos configuradores de más larga data en nuestro sistema político. Los entes autónomos y servicios descentralizados son parte angular de la estructura de nuestro Estado. Pensado bajo una matriz batllista y republicana, la integración de los directorios de estos organismos implica avanzar en complejas negociaciones inducidas por cláusulas de acción colectiva, que no son ni más ni menos que las mayorías especiales de los 3/5. En virtud del potencial estratégico inherente a estos organismos, es que se pensó en una forma de contralor que va más allá de la potestad del Parlamento para solicitar pedidos de informe sobre la gestión de los entes. El requisito de mayorías especiales para las venias ha inducido históricamente a la inclusión de la minoría en los directorios, como forma de garantizar la fiscalización desde dentro. Tal es así que de forma casi permanente la integración de los directorios se configura de forma pluripartidaria. En la primera presidencia de Sanguinetti se incluyeron directores blancos, frentistas y uno por la Unión Cívica, en lo que podríamos llamar como el período de “coparticipación plena”. Luego con Lacalle, y en especial a partir de la reforma de 1996, comenzó a primar una lógica “coalicional” que atenuó el espíritu de la coparticipación dejando por fuera de los acuerdos al Frente Amplio. Si bien algunos analistas identifican allí una ruptura en la pauta de coparticipación, lo cierto es que siempre estuvo garantizada la representación por parte de un partido que no fuera quien ganó la elección.


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Recién en el año 2005 con la presidencia de Vázquez se puede decir que se eliminó transitoriamente la coparticipación en los entes estatales. Por primera vez, un partido con mayoría parlamentaria controlaba todos los cargos en los entes estatales. Tras la asunción de Mujica comenzaron nuevamente las negociaciones con los demás partidos. En esa instancia el Presidente manifestó su intención de incluir a la oposición en los directorios. Cabe preguntarse ¿Fue éste un gesto de cortesía por parte del Presidente? Analicemos detenidamente el punto. Para empezar, en primera instancia se requiere la venia de la Cámara de Senadores por un número de votos equivalente a los 3/5, para poder designar a los miembros del directorio propuestos por el Ejecutivo. Trascurridos 60 días sin que se haya manifestado el Parlamento, el Ejecutivo puede solicitar nuevamente la venia, obteniendo el voto conforme de la mayoría absoluta del senado. Esta segunda instancia, por ejemplo, fue la que permitió a Tabaré Vázquez nombrar únicamente directores del partido de gobierno. Pero hay que agregar un detalle no menor, y que a menudo se prefiere pasar por alto. El Frente Amplio pretendía negociar en su favor los cargos en la Corte Electoral y el Tribunal de Cuentas, para lo cual es necesario contar con el voto conforme de los 2/3 de la Asamblea General. En otras palabras, cualquier modificación en la integración de la Corte o el Tribunal requiere si o si del visto bueno de la oposición. Por lo tanto, la actual integración pluripartidaria de los directorios no corre por cuenta de la generosidad del Presidente Mujica. En todo caso responde a restricciones institucionales y políticas, que derivaron en una negociación que tuvo como resultado principal la actualización en la integración del Tribunal de Cuentas y la Corte Electoral; y por otro lado la incorporación de la oposición en los directorios de los entes y demás comisiones. Basta analizar la historia de estos pactos para ver que NO son el producto de un liderazgo personalista y condescendiente con los adversarios. En primer lugar, existe el peso de una trayectoria que encuentra en la Revolución de las Lanzas de 1872 el primer antecedente de coparticipación a nivel territorial. Luego, por la vía institucional, se imprime una lógica republicana, entendiendo como tal la promoción de una gestión compartida que garantice la fiscalización desde dentro de los entes. Esperemos que el espíritu republicano prime sobre las tibias notas, cada vez más frecuentes, de un estilo populista de gobierno. (*) Licenciado en Ciencia Política por la Universidad de la República

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Udelar: otra olimpíada que vemos de atrás Por Rodolfo Balakier. mundo entero.

Termina otra instancia olímpica para nuestros deportistas uruguayos y como suele suceder en estos casos el retorno se da sin penas ni glorias. Más allá de una cierta decepción por la performance de nuestro fútbol olímpico, del que todos esperábamos mejor rendimiento, y alguna sorpresa como el caso del velista Alejandro Foglia, nuestro país se ha acostumbrado a no esperar mucho de sus deportistas en los Juegos Olímpicos. Más allá de los diversos puntos de vista que podamos tener al respecto, lo indiscutible es que nuestros deportistas compiten en un nivel amateur contra colegas de elite mundial, provenientes de países donde los deportes son verdaderas disciplinas profesionales. Somos 3 millones y monedas y no es tan descabellado pensar que, por una simple cuestión probabilística, cualquiera de nuestros vecinos regionales tiene más

Nuestra Universidad de la República no se quedaba atrás y gestaba profesionales de calidad, verdaderos “doctores” en cada disciplina, que inspiraban la confianza y admiración de aquellos que debían recurrir a dichos profesionales. chances de cosechar lauros olímpicos. No hay mucho que reprochar en este aspecto. Ahora bien, lo que siempre ha resultado una desventaja para nuestro país a nivel deportivo, fue en contrapartida durante muchas décadas una ventaja que supimos capitalizar en otras áreas. La educación, por ejemplo, fue un área en donde Uruguay mostró indicadores modelo en América Latina durante casi todo el S. XX. Supimos jactarnos de ser un pequeño país educado, con índices de analfabetismo marginal e indicadores educativos que nos ponían a la vanguardia de la región e incluso del

Pero desde la década del 60’ un cambio profundo en la estructura de nuestra máxima casa de estudios comenzó a socavar los cimientos que habían tardado décadas en construirse: la politización de la educación terciaria. El fenómeno no se dio sólo en Uruguay, el Mayo Francés fue el prólogo de los movimientos estudiantiles de izquierda que asolaron todo el mundo y en particular nuestra América Latina. Durante los años más convulsionados la concurrencia a la Universidad se volvía imposible, paro tras paro, ocupación tras ocupación, se desalentó a aquel que quería estudiar. La calidad educativa comenzó a caer


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paulatinamente bajo el yugo de la ideologización educativa. Mientras las universidades de la región y el mundo se actualizaban tanto en su estructura interna como externa, nuestra casa de estudios se quedaba en el tiempo. Su Ley Orgánica inmaculada desde 1958, su visión integral que atenta contra la especialización, sus carreras “eternas” y su visión casi feudalista del concepto de cátedra, donde cada facultad maneja multiplicidad de cátedras desconexas (referentes a las mismas materias) carentes de una verdadera visión “universal” que maneje parámetros y criterios comunes a toda la Universidad. Y en medio de todo esto su persistente visión ideológica volcada hacia el pensamiento de izquierda, donde la FEUU cumple el indisimulado papel de brazo universitario del Frente Amplio. Hace apenas un par de meses, la acalorada discusión sobre el otorgamiento del título Doctor Honoris Causa el escritor peruano Mario Vargas Llosa puso el tema

nuevamente sobre el tapete, cuando la Federación de Estudiantes Universitarios votó negat.vamente dicho otorgamiento por considerar que el título no se le da a la persona solamente por su reconocida trayectoria como escritor, sino por todos sus aspectos y había algunos de ellos que no compartían. En otras palabras, por no ser un intelectual de izquierda. Hoy por hoy, un desalentador dato estadístico vuelve a poner a la Universidad de la República en el ojo de la tormenta. En un ranking elaborado por la entidad internacional QS (Quacquarelli Symonds), nuestra la Udelar ocupa el puesto 79 entre 100 universidades de Latinoamérica, quedando por detrás de universidades estatales de Brasil, Argentina, Chile, México y Colombia e incluso por detrás de otras universidades peruanas, venezolanas y ecuatorianas. Casualmente las universidades chilenas se ubican todas entre los 15 primeros puestos, lo que constituye un dato no menor, si consideramos que su paradigma de funcionamiento es prácticamente

opuesto al que propone la Udelar y que en reiteradas ocasiones ha sido criticado hasta el hartazgo por la FEUU. Considerados “demonios neoliberales” conceptos tales como competitividad, competencia o proyectos educativos, fueron rechazados una y otra vez por nuestra Udelar y los resultados están a la vista. Lo que demuestran encuestas como la publicada por QS es precisamente la marcada perdida de competitividad de nuestra formación terciaria, ya no sólo a nivel meramente internacional, sino a nivel regional, donde otrora peleábamos cabeza a cabeza con la Argentina, los mejores indicadores educativos Latinoamericanos. De seguir así, como nos ocurre en los Juegos Olímpicos, en la carrera del conocimiento nuestra Udelar tendrá que resignarse a llegar en los últimos puestos.

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Las ciudades “charter” ¿Una idea innovadora para el Tercer Mundo o un neocolonialismo encubierto? Del Dr Jorge Alejandro Suárez Saponaro En este 30° aniversario de la Guerra de Malvinas, en muchos medios gráficos argentinos, fueron publicados diversas propuestas sobre la solución del conflicto, pero un artículo mereció una particular atención. El día lunes 14 de mayo de 2012 en el diario porteño La Nación, bajo el título “Una solución china para Malvinas” del periodista Martin Krause, en el marco de proponer para el caso Malvinas el modelo Hong Kong (régimen de arriendo de las islas por Londres bajo ciertas condiciones), menciona el concepto de las free cities (también conocidas como charter cities), idea del economista norteamericano Paul Romer, profesor de la Universidad de Standford. Las ciudades “charter” (denominadas así por el término “charter” o carta o estatuto fundacional), son zonas en las cuales, los gobiernos puedan adoptar sistemas de reglas innovadoras, destinadas a promover la inversión bajo estándares de calidad y seguridad jurídica particulares. Este tipo de ciudades se caracterizan, tal como señala el sitio www.chartercities.org, el tener ciertos elementos comunes: terrenos despoblados de tamaño de una ciudad (aportados por el gobierno anfitrión), un régimen jurídico o “fuero” especial para

esta ciudad, libertad de los residentes para vivir o no fuera de ella. El uso de terrenos sin uso, garantiza que quiénes quieran vivir en dichas ciudades, sea de carácter voluntario. Los países podrán asumir tres roles básicos al establecer una charter city: el terreno proviene del Estado anfitrión, las personas vienen de un país de origen, la garantía del respeto al estatuto proviene de un país garante. La ONG Charter Cities, explica que un país puede asumir los tres roles como el caso chino con la ciudad de Shenzhen, u otras posibilidades. Cita como ejemplo hipotético, es un Estado pobre, cuyos habitantes son invitados a poblar una charter city a un país que se transforme en garante y anfitrión. Otra posibilidad, es la de un Estado anfitrión y a su vez país de origen principal, que con apoyo de dos o más Estados garantes, que cooperarían en las creación de una autoridad de desarrollo para creación de un espacio que genere niveles de inversión y empleo bajo estándares de calidad y excelencia. Según dicha ONG, sobre la base de estadísticas de la ONU, en las próximas décadas unas 3.000 millones de personas migraran a ciudades, siendo el principal interrogante, ¿bajo que condiciones? Siendo seguro que la inmensa mayoría terminará en áreas marginales. El concepto de las ciudades charter, se muestra como una solución a dicho problema. Este tipo de espacios de fomento al desarrollo, se caracterizarían por la libertad en materia de inversión e inmigración. Asimismo, estas ciudades dado su estatuto


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jurídico diferenciado, es una garantía para inversores en países subdesarrollados y generalmente azotados por la corrupción. Paul Romer, señala determinados casos puntuales, que inspiran su concepto de ciudades charter o ciudades libres (free cities). Uno de ellos es Mauricio, ex colonia británica, que a pesar de haberse independizado de Londres hace más de tres décadas, el tribunal de apelación de última instancia es aún el British Privy Council (Consejo Privado Británico), el tribunal de la antigua metrópolis inglesa. Este es un ejemplo de una suerte de “estado garante” para los inversores. Otro ejemplo es el caso de Singapur, que durante la gestión del premier Lee Kwan Yew, dicho Estado asistió a China e Indonesia en el desarrollo de ciudades modelo. El profesor Romer opina que la

administración de Hong Kong por parte del Reino Unido ha sido el ejemplo más cercano de ciudad charter. Por un lado China ha proporcionado el espacio territorial y la población, el Reino Unido las normas de una economía de mercado, inversiones y una convivencia ordenada. A pesar de no haber nacido de un acuerdo o consenso entre las partes, el éxito económico de Hong Kong repercutió positivamente en el desarrollo y revolución económica de China. En diversos puntos del globo se llevan a cabo experimentos similares a las ciudades “charter”. Están los casos de las zonas económicas libres o zonas francas, pero con un régimen especial al que conocemos en la región. Un caso es El Dubai El Dubai International Financial Centre está regido por un marco jurídico distinta al resto del emirato. Existe un juez

La opinión con altura y firmeza del diputado Fitzgerald Cantero Piali

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británico jubilado, que es el principal responsable de aplicar el derecho anglosajón en los 110 acres de zona económica. El gobierno de Dubai, deseoso de inversiones de importancia, plantea administrar la zona bajo criterios puramente empresarios. También Corea del Sur ha puesto en práctica la creación de zonas similares, promoviendo la inversión con bajos impuestos, exenciones fiscales a la importación de bienes de capital, etc. Actualmente el gobierno de Corea del Sur ha contratado a la firma de Estados Unidos, Gale International para gestionar un ambicioso proyecto de crear una ciudad verde, que a su vez será un centro comercial y de tecnología avanzada. La citada firma – Gale International – ha tomado préstamos en bancos coreanos por US$ 35.000 millones para la construcción de Songdo City, en un área de 6 km2 de tierras sin construir con edificios de oficinas, aeropuerto, puerto, espacios verdes. Está pensado transformarlo en un distrito de negocios internacional para albergar 300.000 personas para 2015. Volviendo a los Emiratos Árabes Unidos, esta vez a Abu Dhabi está desarrollando Masdar City una ciudad ecológicamente sustentable, con un mínimo de impacto ambiental y dependiente exclusivamente de energías renovables. También siguiendo los conceptos de zona económica libre y polo de desarrollo e inversión. En el ámbito regional, Honduras fue quién dio el primer puntapié en el tema, por una reforma de la Constitución, creó las regiones económicas de desarrollo o RED, en las cuales se edificarán las llamadas “ciudades modelos” siguiendo el concepto de ciudad charter, dotadas de una amplia autonomía política, económica y jurídica. El

Congreso hondureño en 2010 aprobó el marco legal que regula dichas RED, que están aún por construirse. Cabe señalar que la propuesta fue recibida con beneplácito por Paul Romer. El profesor Romer, propone trasladar este modelo al caso de Haití, para sacarlo de la pobreza y promover el desarrollo en el Caribe. También propone trasladar el modelo a la base norteamericana de Guantánamo, teniendo como estados garante por ejemplo a “Canadá”. El punto polémico en relación a las “ciudades charter” es la figura de los “Estados garantes”, que para el caso de los países en vías de desarrollo, constituirían una restricción de su soberanía sobre una porción de su territorio nacional. A todo ello se añade que la creación de espacios, en los cuales se plantea amplias libertades en materia de inversión y también migratorias, aspecto que generará reservas, dado a la problemática mundial sobre las migraciones masivas no controladas. En algunos casos, como Mauricio, el autor considera positivo la subordinación, en determinadas circunstancias de la jurisdicción local a otras legislaciones, que promuevan la seguridad jurídica. Esto lo considera positivo en los casos de las ex colonias recientemente independizadas, muchas de ellas carentes de estructuras jurídicas e instituciones estables, que atraigan inversores internacionales. Un ejemplo exitoso de este modelo es el caso de Hong Kong, que a pesar de haber sido consecuencia de la imposición tras una guerra, su régimen especial le permitió transformarse en un polo de atracción de inversiones y centro regional de negocios. La continuidad del éxito se ha dado, gracias que China, respeto las “reglas de juego” e incluso se vio beneficiada, capitalizando la existencia de dicho enclave como un modelo a seguir,


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con los resultados que hoy conocemos en la economía china. La propuesta de las free cities o charter cities nos presenta un interesante debate para impulsar el desarrollo y las inversiones por un lado, pero por otro aparece una serie de interrogantes, en particular con la pretensión que dichas zonas o ciudades como polos de desarrollo, queden de alguna manera bajo jurisdicción extranjera. La medida tomada por Honduras debe ser un llamado de atención, dado la realidad que viven los países de la región atados a pesadas deudas externas, instituciones debilitadas y permeables a presiones de los poderes hegemónicos, abriéndose la posibilidad que este interesante y peculiar modelo de desarrollo se transforme en una suerte de neocolonialismo del siglo XXI.

Carnívoros El consumo de carne bovina per cápita en Uruguay se incrementó, según lo demuestra un estudio de la Asociación Rural del Uruguay (ARU), sobre datos del Instituto Nacional de Carnes (INAC) del segundo semestre de 2011 y primer semestre de 2012, como emerge de una nota del periodista Lucas Farías de El Observador. El consumo de carne por los uruguayos se encuentra en los 60,6 kilos por año.

Servicio a la comunidad

Castraciones de la Comisión de Zoonosis Publicada en Facebook.


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Derecho de respuesta en redes sociales El senador de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley referido al derecho de respuesta en las redes sociales. En un texto de seis artículos introdujo conceptos y soluciones claras a un fenómeno contemporáneo. Señaló en la exposición de motivos que “internet es hoy un fenómeno cuyo crecimiento es reconocido por todos. Creció a un ritmo vertiginoso en los últimos años. Ese crecimiento tuvo enormes consecuencias en nuestras vidas, el comercio, las relaciones entre las personas, los países y la innovación. Se estima que hoy en día, en el mundo por minuto, en promedio, se realizan 650.000 puestas al día (updates) en Facebook; 694.445 búsquedas en Google; se envían 168 millones de emails; se bajan 13.000 aplicaciones de iPhone; se realizan 510.040 comentarios en Facebook; se realizan 98.000 tweets en Twitter y se suben 600 nuevos videos a You Tube. El éxito de Internet se debe, de acuerdo a todas las opiniones, al hecho de ser abierta y de fácil acceso. Una persona puede suministrar contenidos o servicios o, simplemente, comunicarse a través de la red sin afrontar costos excesivos o tener que salvar barreras de difícil superación. Justamente, la ausencia de esas barreras transformó la forma en que hoy nos comunicamos. Esa ausencia de barreras abrió enormes oportunidades en materia de educación, cultura, acceso a la ciencia y la tecnología y quizás, lo más importante, favoreció la libertad de expresión y la pluralidad de comunicación. El artículo 29 de la Constitución de la República consagra la libertad de la comunicación de pensamientos por palabras, escritos privados o publicados en la prensa, o por cualquier otra forma de divulgación, sin necesidad de previa censura. Esa misma norma establece que el autor y, en su caso, el impresor o emisor, son responsables con arreglo a la ley por los abusos que cometieren. El crecimiento de la comunicación por Internet, la existencia de diversas redes sociales como Facebook, Twitter, etc., los blogs, los portales de noticias, han convertido a la red como un lugar de publicación de opiniones, artículos y notas. Ello provocó el mismo riesgo de ataque al honor y la intimidad de las personas que existe en el caso de otras publicaciones. Por ello entiendo que debe equipararse la situación de las redes sociales a las de otros medios de comunicación, respetando obviamente el artículo 29 de la Constitución, esto es, sin admitir la censura previa y con la responsabilidad posterior del emisor. Este Proyecto de Ley pretende preservar los principios que tornaron a la red de redes en un formidable instrumento de comunicación y libertad en los tiempos en que vivimos. Pero también procura balancearlo consagrando la responsabilidad de aquel que emite la comunicación y aportando instrumentos tendientes a la preservación del derecho al honor y la intimidad de las personas. El proyecto establece el derecho a solicitar la rectificación de la información publicada en las redes sociales, a través del derecho de respuesta establecido en los artículos 7 y siguientes de la ley 16.099. Como la permanencia de la noticia en las redes sociales es de más de un día, se establece el derecho a que la respuesta permanezca hasta un año en la red. Se consagra, para todos los casos, la necesaria intervención del Poder Judicial, con remisión a los procedimientos previstos por las leyes 16.099 y 16.011 (de Amparo). A su vez se establecen obligaciones acerca de la información que los proveedores de servicios en internet (redes, motores de búsqueda, portales, etc.) deben incluir. En suma se actualiza la legislación vigente sobre el derecho de respuesta, adaptándola a la nueva forma de comunicación.”

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