José Fabio Torres Parada
el control del contrabando, en tanto que el 24,2 % expresan no estar de acuerdo ni en desacuerdo con dicha situación. El 46,5 % de los encuestados perciben desacuerdo frente al cumplimiento del debido proceso y el trato justo de los acusados de contrabando, mientras que el 32,4 % manifiestan no estar de acuerdo ni en desacuerdo, lo que confirma un indicador clave negativo de legitimidad del Estado frente al dominio territorial. Para el caso de los militares acusados de contrabando, el 20,5 % afirma que a estos se les respeta el debido proceso y reciben un trato justo, mientras que el 44,5 % no están de acuerdo ni en desacuerdo y el 29,6 % están en desacuerdo; esto constituye un punto de debate público que devela el favorecimiento de los militares. Al respecto, el 50 % de los encuestados están en desacuerdo con la existencia de confianza en las instituciones públicas para limitar el contrabando, mientras que el 22,8 % de los encuestados expresan no estar de acuerdo ni en desacuerdo con el mismo punto. El contrabando genera una polarización en dos frentes: quienes consideran que se configura al introducir mercancías al territorio colombiano para destinarlas a la venta y no al consumo personal, con un 39,9 % de acuerdo y un 32,8 % en desacuerdo; a esto se suma que el 68 % de los encuestados coinciden en que las grandes cantidades corresponden a más de 12 unidades, kilos o litros de mercancía de contrabando facilitadas por la cooperación entre funcionarios públicos y contrabandistas. El 57,6 % están de acuerdo con que las pequeñas cantidades corresponden a menos de 12 unidades, kilos o litros de mercancía de contrabando a través del pago de sobornos, lo que deja en mala posición a los funcionarios públicos. El 63,2 % de encuestados está de acuerdo con que el paso de pequeñas cantidades de contrabando es realizado por un numeroso grupo de personas, mientras que el 56,8 % asienten que depende de unas cuantas personas o grupos; esto confirma que el contrabando adquiere una dimensión de organización y se adoptan prácticas de corrupción que corresponden a una acción paraestatal si se considera la participación de la fuerza pública. 167