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PRÓLOGO

Durante el año 2013 se han publicado en la web de UPyD 221 editoriales sobre los asuntos que han marcado el debate político en España: corrupción, paro, recortes, desigualdad, terrorismo, modelo de Estado, educación, transparencia, la estafa de las preferentes, la politización de la justicia, la quiebra del sistema financiero... Pero, del mismo modo que UPyD es, antes que unas siglas, un proyecto político inspirado en un modelo de democracia y de país, los editoriales no proporcionan respuestas puntuales a problemas aislados, sino una perspectiva completa de la grave crisis política que vive España y de las reformas necesarias para ponerle fin. Los que aquí se recogen son una breve selección que acredita el esfuerzo de UPyD por dar sentido a los problemas que viven los españoles. Pese a su vinculación con la actualidad diaria, pretenden ofrecer un relato coherente y veraz de cómo hemos llegado hasta aquí y qué tenemos que hacer para salir. Es decir, tratan de dibujar un mapa en el que las noticias del día son puntos de referencia en un espacio mucho más amplio. Esto es algo que sólo Unión Progreso y Democracia está en condiciones de hacer desde dentro del sistema de partidos. Por un motivo muy sencillo: UPyD se creó para hacer lo que las otras formaciones no iban a hacer salvo que se vieran obligadas. Reformar la Constitución y el modelo territorial, despolitizar la justicia y los órganos reguladores, modificar la Ley Electoral, instaurar el contrato único indefinido… todo lo que es necesario hacer para garantizar la igualdad, la libertad y la justicia -hoy en entredicho- supone un ataque a los intereses particulares de los viejos partidos y de sus élites dirigentes. Unos intereses que aparecen una y otra vez en el relato de la crisis y que la explican mucho mejor que la crisis de las subprime o la voluntad de Angela Merkel. La solución a los problemas de España, tal y como se apunta en los editoriales que aquí se presentan, pasa por devolver a los partidos al papel que les corresponde y recuperar el interés general de los ciudadanos como principal criterio político en España.

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INDICE

La hora de recuperar España para los españoles

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Educación e igualdad

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Los partidos viejos consuman el atraco de la justicia

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Instrucciones de uso del Manifiesto de UPyD para ciudadanos sin cuentas en Suiza.

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PP y PSOE dejan sus huellas en la estafa de las preferentes

15

¿Destino tercer mundo?

18

La ciencia y nuestro futuro

20

La desigualdad puede acabar con España

24

Cómo leer bien las encuestas

26

La refundación del Estado exige liderazgo

28

Austeridad: crónica de la hipocresía bipartidista

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La noticia es que los españoles están cambiando

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Cuchillas en las fronteras

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Europa puede ser la solución. ¿Seguirá España siendo el problema?

36

Dejarán de ser presos, pero seguirán siendo asesinos

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Una respuesta de Estado a la falacia del 'derecho a decidir‘

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Los cínicos nunca nos sacarán de la crisis

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Rajoy avergüenza a España

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¡Ríndase y diga si es de derechas o de izquierdas!

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UPyD no toma atajos

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La hora de recuperar España para los españoles

Hay salida. Puede que ahora sea difícil de creer, pero España tiene futuro. Y lo tiene porque España no es lo que algunos oportunistas y vividores nos han hecho creer que era. Se trata de recuperar lo que somos, de volver al inicio, de salvar lo esencial. Y lo esencial, el principio desde el que podemos volver a comenzar, es que España no es otra cosa que los españoles. Como cualquier otro país, no es más que el conjunto de las personas que lo habitan, que trabajan, viven y mueren en él, y a veces por él. Esto es España, y no ese monstruo que hoy se tambalea, medio ahogado en la porquería que él mismo ha excretado. Algunos nos han querido contar que España eran ellos, y ahora que se les ha visto la verdadera cara nos quieren contar que todos somos como ellos. De todas las mentiras que nos han contado, esta es la peor. España no es el PP. No es el PSOE. No es IU. Ni mucho menos es el hormiguero de partidos nacionalistas y regionalistas que nos invade. Ellos, los partidos tradicionales, han pretendido ser España. Y se lo han llegado a creer. No conciben un país sin sus siglas omnipresentes en los telediarios, sin sus coches oficiales, sin sus privilegios, sin su pompa y circunstancia, sin sus sobres a fin de mes, sin sus Amy Martin, sin su sectarismo espumeante. España no es esta justicia politizada. Ni los órganos supervisores usurpados por los partidos. Ni los bancos politizados y rescatados por los ciudadanos. Ni los yernos del Rey que medran en el cenagal autonómico. Ni sus leyes injustas.España no es este conjunto de instituciones que se han demostrado insuficientesy que sólo se justifican por la tradición. España no es su Constitución, aunque necesite una Constitución. Pero no ésta. España no es sus medios de comunicación, criados y pagados por los partidos, esos medios que se fingen escandalizados como si ellos no hubieran contribuido al escándalo con su falta de objetividad, con su desprecio por la verdad, con su pleitesía al poder de turno. España no es este Estado del Bienestar arruinado, esta injusticia creciente, esta pobreza abyecta, este sentimiento de abandono, de sálvese quien pueda. España no es este Gobierno incapaz, sin liderazgo, sin ideas, entregado a la ficción de que el tiempo lo cura todo. Ni esta oposición incapaz de escapar del ridículo.

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Ellos no son España, pero no la van a soltar sin pelear. Han sido descubiertos y su auténtica naturaleza expuesta a la luz. Ahora, intentan arrastrar con ellos a todo el que ose oponerse. Tan desesperados están, que ya no van a intentar demostrar que ellos son mejores, sino que van a manipular para que parezca que quienes luchan por devolver España a los españoles son como ellos. No aspiran a salir del fango, sino a arrastrar a él a quienes sientan como una amenaza. UPyD tampoco es España. Es un partido formado por miles de españoles que quieren recuperar su país. Españoles que ponen su tiempo y su dinero, su energía y su ilusión, que arriesgan su tranquilidad y su comodidad, leales a sí mismos. No quieren un trozo del pastel, sino que el pastel se reparta entre todos los ciudadanos, sin exclusiones. Hay salida, pero hay que actuar. Lo primero, es que todos los españoles creamos que podemos, que no somos el país sectario y dividido que nos han querido vender. Que dejemos de ver a nuestro vecino como una amenaza porque creemos que es de derechas, o que es de izquierdas. Que la amenaza, los responsables, están mucho más arriba. Que asumamos nuestra propia responsabilidad, no para flagelarnos, sino para volver a sentirnos dueños de nuestro futuro.

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Educación e igualdad

Hay quien cree que las diferencias de renta, de estatus social, de acceso a la cultura o de reconocimiento público se deben simplemente a cuestiones de mérito. O dicho sin eufemismos: que los pobres lo son porque se lo merecen. Esto es falso. Las sociedades predemocráticas eran refractarias a la igualdad, tanto ante la ley como de oportunidades. Cuando la democracia y el Estado de Derecho establecieron la (todavía hoy imperfecta) igualdad ante la ley, no desapareció la desigualdad de oportunidades. La educación pública ha sido el más importante instrumento político para erradicar este mal que condenaba a los más desfavorecidos a repetir el destino de sus padres y de sus abuelos. Por eso la educación se ha visto como lo que es: una herramienta igualitaria. Sin embargo, de esta visión se han derivado algunos errores. Por ejemplo, creer que igualdad de oportunidades significa igualdad de resultados. Los sistemas educativos españoles han tendido, como señala el diputado de UPyD Carlos Martínez Gorriarán, a consagrar la mediocridad frente al mérito. No se ha premiado suficientemente a los alumnos con mayor potencial, se ha promocionado de forma automática a alumnos que no tenían los conocimientos suficientes, y se ha demonizado la posibilidad de dar una atención diferenciada a los estudiantes con más problemas, creyendo que de esta forma se les estigmatizaba. Esto ha perjudicado a los alumnos con mejores resultados, pero también a los que arrastraban un mayor retraso. Para colmo, los poderes públicos han favorecido una visión de la formación profesional como una alternativa para fracasados, en lugar de una vía perfectamente digna y en conexión con el bachillerato. Junto a estos problemas, España adoptó como método pedagógico el llamado comprensivoconstructivista, cuyo lema es "aprender a aprender". Es decir, que favorece el desarrollo de determinadas habilidades frente a la adquisición de conocimientos. Este método se basa en la falacia de la tabla rasa, ampliamente desacreditada por la psicología cognitiva y por las neurociencias, y supone que los niños deben aprender cosas que, de hecho, saben de forma innata. En cambio, el método ralentiza el aprendizaje de competencias básicas como la lectura-escritura. Esto resulta especialmente perjudicial en la primaria, que es la fase educativa a la que menor atención prestan las autoridades, y sin embargo aquella en la que se ponen las bases del aprendizaje posterior. El método comprensivo-constructivista tuvo gran aceptación en todo el mundo, pero ha sido revisado a fondo en los países con mayor éxito educativo.

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Otro elemento esencial para lograr la igualdad de oportunidades entre los españoles es el Estado de las Autonomías, o así lo ha dicho siempre el tópico oficial. Nuestro modelo territorial ha pasado durante años por ser el gran causante del desarrollo económico y social, beneficiando sobre todo a las regiones más pobres. Si esto se ha demostrado radicalmente falso en lo económico - hasta el punto de que ya nadie lo sostiene -, no es más cierto en el ámbito de la educación. El consenso que los partidos políticos tradicionales no han logrado en materia educativa, sí que lo han mantenido respecto al Estado autonómico. Las competencias y los hechos diferenciales del nacionalismo han sido las auténticas prioridades políticas, y no la educación. Sólo así se explica que a día de hoy se mantengan antiguos patrones en los resultados de aprendizaje entre las Comunidades Autónomas que han hecho perdurar las ancestrales desigualdades territoriales. Por eso, UPyD pide la devolución de las competencias al Estado. Pues bien, como ha explicado Gorriarán, ninguno de estos problemas de fondo son abordados de forma suficiente por el Gobierno en su reforma educativa. Una reforma que tiene aspectos positivos (como la mayor autonomía que se da a los centros, o nuevos mecanismos de evaluación), pero que parece pensada para no molestar demasiado. Cosa que, de todas formas, tampoco va a conseguir. De nuevo se va a aprobar, salvo imprevistos, una ley educativa que será sustituida con posterioridad al calor de nuevas mayorías parlamentarias. Precisamente, una de las peticiones de UPyD es crear la posibilidad de mejoras parciales y puntuales que no obliguen a elaborar nuevas leyes en cada ocasión. Lo más deseable, sin embargo, sería un consenso. Urge que la educación deje de ser un campo de batalla ideológico donde se dirimen diferentes visiones del mundo, a pesar de que, si se evitan las anteojeras ideológicas, existe un amplio consenso entre los expertos del sector sobre las mejoras a practicar. No es que las diferentes leyes nos hayan hundido en la miseria educativa, como a veces se quiere hacer creer. El drama es que, mientras ha habido un acuerdo para no tocar estructuras institucionales como el modelo de Estado, los partidos no han sido capaces de reproducir el mencionado consenso profesional. De este modo, la igualdad que debía garantizar la educación se ha convertido en mediocridad y ha chocado con ciertos intereses políticos. También en educación España choca contra el muro del bipartidismo, que impone sus prioridades a las de los ciudadanos. Para romper ese muro existe Unión Progreso y Democracia.

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Los partidos viejos consuman el atraco de la justicia

Hagámonos, una vez más, la pregunta más repetida del debate político español: ¿es UPyD de derechas o de izquierdas? Hay muchas formas de responder a esta pregunta, pero hoy se impone una: UPyD está a favor de una justicia independiente. Y queda claro que es el único partido de España con esa posición. Ayer, PP, PSOE, IU y nacionalistas acordaron el reparto definitivo de la tarta judicial. El que más diputados tiene, recibe una porción mayor. Las togas de los jueces del CGPJ serán como las camisetas de los equipos de fútbol: estos, azul gaviota; aquellos, rojos como la rosa empuñada; los de allá, rojiverdes; y por último las guindas con los colores de dos banderas autonómicas. No habrá, ni hoy, ni mañana, ni nunca, togas magenta. Unión Progreso y Democracia va en serio, por si alguien no se ha dado cuenta todavía. ¿Es de derechas o de izquierdas? Esa pregunta esconde el gran fraude del bipartidismo con satélites que gobierna España como su cortijo. Durante meses, los partidos viejos han jugado al juego infantil de las sillas con el CGPJ. De forma en absoluto inesperada, al detenerse la música todos han conseguido sentarse. Veamos en qué posición han quedado: Punto 5.11 del programa del PP a las últimas elecciones generales: "Promoveremos la reforma del sistema de elección de los vocales del CGPJ para que, conforme a la Constitución, 12 de sus 20 miembros sean elegidos de entre y por jueces y magistrados de todas las categorías". Incluso, recién llegado al Gobierno, ésta era la postura del ministro Gallardón y así consta en las actas del Congreso de los Diputados. Ayer vimos, otra vez, lo que vale la palabra del PP. Menos que el papel en el que firman sus pactos vergonzantes con esos rivales a los que fingen odiar. Alfredo Pérez Rubalcaba, hace diez días: "¡Hemos vuelto!" Hoy podrá añadir: "a repartirnos la justicia con el PP". El PSOE perpetró en los años ochenta la liquidación de la independencia judicial, ejerciendo Alfonso Guerra de enterrador. Aznar no hizo nada por recuperarla y Zapatero ni siquiera fingió interés al respecto. Rubalcaba anunció un recurso ante el Constitucional contra la reforma Gallardón, afectando gran indignación. Por un momento creyeron que el PP se quedaría con toda la tarta. Ahora, con la boca llena de pastel, se sienten más tranquilos. Ayer por la mañana, Izquierda Unida criticaba la negociación "oscura y partidista" sobre el CGPJ. Igual que el comisario Renault de Casablanca, el crupier se acercó a Cayo Lara mientras se declaraba escandalizado y le entregó sus ganancias: un vocal rojo con un lazo verde.

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Pasado el trance, Lara deja el casino, sale a la calle y sigue rebelándose contra un sistema del que forman parte él y su coalición. Los nacionalistas son en esto los más sinceros. No se molestan en disimular. Para ellos la democracia se reduce al falaz derecho a decidir. Las leyes, la justicia, el Estado de Derecho, son fruslerías - cuando no estorbos - en comparación con la voz del pueblo, del que ellos son exclusivos intérpretes y administradores. Su afán de control es total y siempre están dispuestos a engrasar cualquier maquinaria bipartidista. Hoy dice un conocido diario que los jueces no deben elegir a ningún miembro del CGPJ porque "un poder del Estado no debe ser un órgano corporativo". ¿Qué es este CGPJ sino, tal y como ha señalado Rosa Díez, un consejo de administración copado por los viejos partidos? ¿Qué es sino un órgano corporativo? Los jueces tendrán que tomar decisiones importantes sobre graves casos de corrupción, sobre la estafa de las preferentes, sobre Bankia y otras cajas de ahorros. Resulta especialmente conveniente en estos tiempos que los miembros del poder judicial deban su puesto a los partidos que están implicados en estos casos. PP, PSOE, IU, CiU, PNV... ¿Son de derechas o de izquierdas? Son los que se reparten la tarta de la justicia.

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Instrucciones de uso del Manifiesto de UPyD para ciudadanos sin cuentas en Suiza

Unión Progreso y Democracia presentó ayer su Manifiesto por la Regeneración de la Democracia y la Refundación del Estado, en el que pide un pacto de legislatura para aprobar leyes urgentes para a continuación convocar elecciones como requisito ineludible para una reforma constitucional profunda. Las medidas urgentes se refieren a leyes contra la corrupción, a favor de la independencia de los órganos supervisores, una auténtica Ley de Transparencia, la despolitización de la Justicia y la reforma de la Ley Electoral. La posterior reforma de la Constitución nos procuraría un nuevo modelo territorial del Estado, una verdadera separación de poderes y asegurar la igualdad y la libertad de todos los españoles. Ninguna medida es nueva. UPyD las lleva reclamando desde que se fundó. Todas ellas han sido presentadas en el Congreso, y la mayoría de ellas debatidas. La novedad es que, ahora, se plantea una hoja de ruta para salir de la triple crisis (económica, social y - en su raíz - política) que ha sumido a nuestro país en la depresión. Hablar de reformas institucionales, de órganos supervisores, de modelo territorial, etc. puede tener poco glamour. Quizás sea más fácil acaparar titulares diciendo barbaridades o pidiendo que rueden cabezas. Pero para los españoles es mucho más útil tomar las medidas que mejorarían sus vidas en muchos aspectos concretos. Y no sólo para los españoles. Incluso, aunque no sepan verlo, los partidos tradicionales se verían beneficiados de la aplicación del Manifiesto. Volverían a ocupar el lugar que les corresponde, y tendrían que abandonar las instituciones que han colonizado. Podrían centrarse en su trabajo, recuperarían su credibilidad y de nuevo serían vistos por los ciudadanos como herramientas útiles. Podría incluso aumentar su afiliación, avanzar hacia la autofinanciación y canalizar una creciente participación ciudadana. Veamos de qué forma mejoran la vida de los ciudadanos la lucha contra la corrupción, y la independencia de los órganos supervisores y de la Justicia. Luchar de forma decidida contra la corrupción, además de ahorrar a los ciudadanos nada despreciables cantidades de dinero, evitaría que los políticos gobernaran antes para sus cómplices que para los ciudadanos. Las decisiones no se tomarían para favorecer a uno u otro, sino pensando en el bien común. Además, se desvanecería esa desagradable sensación de injusticia, de desequilibrio, de unas élites a las que se les perdona todo mientras al ciudadano de a pie no se le pasa una. Tampoco hay que olvidad que mejoraría la imagen de España en el exterior, lo que tendría beneficios políticos, financieros y económicos.

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La independencia de órganos supervisores de la actividad privada como la CNMV, el Banco de España, la Comisión Nacional de la Energía y tantos otros, permitiría una mayor competencia y una mayor productividad. Se premiaría a las empresas o bancos que lo hicieran bien, y se castigaría a las que no (ahora, en cambio, pasa lo que estamos viendo con las cajas de ahorros y con las empresas cercanas al poder: que cuando pierden ganan y cuando ganan, ganan dos veces). Además, se reforzaría la seguridad jurídica, lo que atraería inversión extranjera. El resultado sería una economía más fuerte, que crecería más en épocas de bonanza y no se hundiría tanto cuando vinieran las vacas flacas. Y, por tanto, significaría más empleo y más oportunidades. En cuanto a los órganos que supervisan a las administraciones, partidos o empresas públicas (tales como las Cámaras de Cuentas), una mayor independencia permitiría frenar el despilfarro y, una vez más, dificultar la corrupción, con los consiguientes beneficios económicos y morales para todos los ciudadanos. La despolitización y agilización de la Justicia tiene todo tipo de beneficios para los ciudadanos. No sólo es esencial para la confianza en el sistema (ya que la justicia es uno de los objetivos esenciales de la democracia). Es que, además, una justicia rápida, eficaz y despolitizada serviría para evitar que los que se saltan las normas saquen tajada, y por tanto reforzaría de nuevo la seguridad jurídica y premiaría al que trabaja mucho y bien. En lo económico, las empresas grandes (o las administraciones) no podrían ahogar a las pequeñas dejando facturas sin pagar, por ejemplo. Y, en todo lo demás, los españoles que cumplen la ley se sentirían más protegidos, y los que fueran víctimas de delincuentes tendrían además el consuelo que puede procurar la democracia. El Manifiesto por la Regeneración de la Democracia y la Refundación del Estado presentado por Unión Progreso y Democracia, contempla una auténtica Ley de Transparencia, una nueva Ley Electoral y la reforma de la Constitución. Veamos qué consecuencias prácticas tendrían en la vida de los ciudadanos. España necesita una Ley de Transparencia digna de tal nombre (y no la que está perpetrando el Gobierno) que permita un triple control de todo lo público: a los que ejercerían (o deberían ejercer), la oposición y los órganos supervisores, se sumaría el que podría ejercer cualquier ciudadano de forma directa.

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El libre acceso a la información obligaría a estas entidades públicas a ser más eficientes y desalentaría a los desaprensivos que estuvieran pensando en aprovecharse de ellas. Y por libre acceso a la información, no hay que entender la posibilidad de pedirla, justificándola previamente, y luego esperar a que se suministre, sino que los datos estén accesibles, que sean sencillos de encontrar y que estén expuestos con rigor pero de forma comprensible. El ciudadano no tiene por qué justificar su deseo de comprobar una información que es suya. Por tanto, el primer efecto sería devolver a los españoles algo que les pertenece. A día de hoy, España es el único país de su entorno que no tiene una Ley de Transparencia. Con una buena norma, los ciudadanos podrían, por ejemplo, saber qué hospitales o qué escuelas son más eficientes y cuáles lo son menos, de modo que se favorecería una cierta competencia, un esfuerzo por ser mejor. Y se evitarían casos como el de algún hospital madrileño de gestión privada cuyo coste es muy superior al que oficialmente se reconoce. O como el conocido recientemente en Reino Unido, donde podrían haber muerto 1.200 pacientes por las deficiencias en su gestión. También permitiría a la sociedad civil realizar propuestas basadas en datos reales para mejorar esos colegios y hospitales. El resultado serían unos mejores servicios públicos. Una nueva Ley Electoral, además de mejorar la igualdad de los ciudadanos, obligaría a los partidos a estar más pendientes de ellos, a no dejarlos de lado una vez que han pasado las elecciones, a elaborar programas que se puedan cumplir. La actual, permite que el PP y el PSOE, en régimen de duopolio, puedan escenificar una lucha descarnada al tiempo que mantienen acuerdos tácitos sobre las cuestiones más relevantes. Un régimen electoral más proporcional, con menos barreras de entrada y con listas abiertas o - al menos - desbloqueadas, permitiría a los políticos ser más independientes de sus partidos y les daría incentivos para saltarse la línea oficial cuando ésta perjudique a los votantes. En resumen, lograría una política más atenta a las necesidades de la gente. Una reforma de la Constitución, y en particular del modelo de Estado, produciría un gran ahorro para las arcas públicas, y evitaría de nuevo que los partidos pudieran tejer las redes clientelares que se entrecruzan de norte a sur por toda la geografía española.

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Un diseño territorial de tipo federal, descentralizado de forma racional, con las competencias adjudicadas a cada uno de los niveles (reservando las más importantes para el Estado), dotado de mecanismos de cooperación y de lealtad institucional y gestionado con criterios de eficiencia, permitiría además del ahorro mencionado, más eficacia, más control y más justicia. De hecho, el actual modelo es lo que explica por qué no se han acometido hasta la fecha las reformas que pide UPyD. Un nuevo modelo de Estado sostenible como el defendido por el partido magenta, implicaría mejores servicios públicos, más igualdad, más libertad. En resumen, mejores leyes, mejores instituciones y una Constitución profundamente reformada mejorarían mucho la vida de los ciudadanos. Asegurarían nuestro Estado de Bienestar al tiempo que pondría las condiciones para un crecimiento económico firme, no como el ficticio experimentado en los años anteriores a la crisis. No aseguraría la felicidad de cada individuo ni resolvería todos sus problemas (nunca es éste el fin de la democracia, sólo el de las utopías autoritarias), pero eliminaría obstáculos e injusticias, allanando el camino para que cada ciudadano, dueño otra vez de su destino, pueda desarrollar su vida como libremente decida, haciéndose responsable de sus éxitos y de sus fracasos. Y la historia demuestra que los países que más se han acercado a este ideal son los que más han progresado. España tiene la oportunidad de incorporarse a este grupo.

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PP y PSOE dejan sus huellas en la estafa de las preferentes

Antes de que el sistema financiero español tuviera que ser rescatado con más de 40.000 millones de euros procedentes de Europa (ya que España no tenía ese dinero), ya se habían practicado otras fórmulas para salir del apuro. Cientos de miles de ciudadanos (la inmensa mayoría, pensionistas) compraron participaciones preferentes por un valor de 30.000 millones. Casi todos lo hicieron engañados, creyendo que eran otra cosa. Fue una estafa perpetrada en las entidades bancarias que contó con la colaboración del gobierno socialista (bajo su mandato comenzó), del Banco de España (que animó a la comercialización), de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (que debía vigilar y prefirió guardar los informes en un cajón) y del gobierno del PP (que no ha instado a la fiscalía a investigar y que pretende dar carpetazo al asunto con un Real Decreto). Sobrevolando todo el entramado se encuentran las dos columnas del bipartidismo español. PSOE y PP controlaban las cajas de ahorros (las que más preferentes vendieron), formaron los sucesivos gobiernos colaboracionistas o encubridores y tenían colonizados los organismos supervisores que miraron para otra parte. La diputada de Unión Progreso y Democracia Irene Lozano anunció ayer en el Congreso de los Diputados que su partido presentará una querella criminal por la estafa de las preferentes. Rosa Díez, portavoz del partido, confirmó por la tarde que se presentaría el lunes 15 de abril. Aunque el engaño es conocido desde hace tiempo, hay un elemento nuevo que resulta especialmente escandaloso: un informe de la CNMV en el que se describen las artimañas de Caja Madrid y Bancaja para mantener el precio de las preferentes artificialmente alto. Resumidamente, la treta consistía en utilizar para la compraventa de las participaciones unos procedimientos (un mercado) que no estaba pensado para ellas. Con un retraso injustificable, la CNMV impulsó la creación de un mercado transparente, similar al de la Bolsa. Aún así, Bankia siguió manipulando los precios en su propio mercado. Tres años después, todavía no se han resuelto los expedientes. Consta, además, que otras entidades también tienen investigaciones abiertas, aunque no se sabe (de momento) cuáles son. El asunto de las preferentes es una pieza más de un monumental entramado que se ha venido abajo con la crisis. En este entramado podemos encontrar a cada paso las huellas rojiazules del bipartidismo español.

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Casi todas los bancos se vieron afectados por la crisis tras la borrachera inmobiliaria de la burbuja, pero las cajas de ahorros, controladas sobre todo por PP y PSOE (sin olvidar la connivencia de IU, nacionalistas de variado pelaje, sindicatos y patronales) habían incurrido en riesgos mucho mayores. El motivo es la falta de profesionalización de sus órganos de gobierno y las interferencias políticas. Aunque los inspectores del Banco de España hicieron su trabajo y alertaron sobre el deterioro que reflejaban los balances de las cajas (hay documentos negativos sobre Caja Madrid de 2006, siendo gobernador Jaime Caruana), el regulador bancario no tomó ninguna decisión temprana. Y cuando lo hizo fue peor, promoviendo fusiones catastróficas. El Banco de España ha dilapidado todo su prestigio por plegarse a intereses políticos. Es al comienzo de la crisis cuando se perpetra la estafa, perfectamente organizada, de las preferentes, que sólo en España se han vendido a particulares. Las cajas se encontraron con enormes agujeros, y diseñaron un sistema para engañar a sus clientes de más confianza. La CNMV, como hemos explicado, miró para otro lado. Hoy, preside el organismo una exdiputada y exministra del PP: Elvira Rodríguez. Otro órgano colonizado por los partidos. Aunque ahora sus cargos ensayen poses crispadas por una fingida indignación, el PSOE era el partido que gobernaba España cuando todo esto ocurrió. Y ellos habían elegido al gobernador del Banco de España (M.A. Fernández Ordóñez, uno de los protagonistas más penosos de la trama) que animaba a la comercialización del artefacto financiero. A Bankia ni siquiera le bastó con lo captado mediante preferentes. Salió a bolsa y volvió a captar ahorro privado. Ese ahorro, el de los que compraron acciones de la entidad, también se ha evaporado. Este suceso está siendo investigado judicialmente gracias a la querella que presentó UPyD, y ha servido para sacar a la luz la nefasta politización de la entidad y de los supervisores. De nuevo, el Banco de España y la CNMV miraron para otro lado. Que era lo que interesaba a PP, PSOE y satélites. En el verano de 2012, la Unión Europea rescata al sistema bancario español con un crédito de dinero público que los españoles devolveremos con nuestros impuestos. Como condiciones por el rescate, se imponen pérdidas a los accionistas y a los poseedores de preferentes. El Gobierno no entiende que haya lugar a responsabilidades de los administradores (en realidad comisarios políticos) de las entidades.

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En marzo de 2013, el Gobierno promulga un Real Decreto que se vende como una solución aunque aplica grandes pérdidas a los poseedores de preferentes, tal como explicó el diputado de UPyD Álvaro Anchuelo. La norma no establece ningún tipo de responsabilidad. Es, como la definió Irene Lozano con justa indignación, "el decreto del encubrimiento, del enterramiento de las responsabilidades y de la complicidad". La responsabilidad del bipartidismo en el desastre financiero y en los engaños con que trató de taparse es clamorosa. Aquellos ciudadanos que todavía sienten apego hacia las fuerzas políticas a las que siempre han votado, deben reflexionar. Si no confían en este relato de los hechos, que investiguen por su cuenta. Mientras tanto, UPyD entiende que hay responsabilidades penales por depurar. Y, como ha escrito Rosa Díez, las obligaciones de los partidos no se limitan al ámbito parlamentario, sino que deben llegar hasta el final de los asuntos que, como éste, afectan gravemente a los derechos de los ciudadanos.

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¿Destino tercer mundo?

Los orígenes del europeísmo en España pueden rastrearse hasta la época de la Ilustración, pero se convirtió en un clamor de las élites intelectuales a raíz del trauma del 98. Para aquellas élites y, con el tiempo, para la gran mayoría de la ciudadanía, Europa significaba sencillamente la modernidad frente al atraso. Y la modernidad significaba libertad, pero antes incluso significaba prosperidad. Sólo después de la transición España pudo subirse al tren europeo, y como era de esperar lo hizo con un retraso muy visible. Desde entonces, se ha tratado de cerrar la brecha con los países más desarrollados, de recuperar el tiempo perdido durante siglos de disparates políticos y enfrentamientos civiles. Durante dos décadas avanzamos, y parecía que la brecha se podía cerrar. Pero llegó la crisis de 2008 y España se vio de nuevo en el furgón de cola, con una economía mucho más afectada que otras porque carecía de bases institucionales sólidas. El fantasma del atraso volvió a aparecerse en distintas manifestaciones, pero sobre todo en una, la que siempre hemos temido más: el paro. Los gobiernos de la crisis - tanto de PSOE como de PP - tomaron decisiones, las que cabía esperar. Era una obviedad que había que recuperar la productividad perdida. La elección de Zapatero y de Rajoy, plasmada en sus respectivas reformas laborales, fue la misma: se ganaría productividad a través de los salarios. Por decirlo con palabras del diputado de UPyD Álvaro Anchuelo: se hizo recaer "todo el coste de la crisis sobre los hombros de los trabajadores". Ahora, todo parece indicar que la destrucción de empleo ha tocado fondo. El paro crecerá menos o dejará de hacerlo, lo que no quiere decir que se cree empleo. No hay un horizonte de recuperación, una perspectiva en la que regresemos a unas tasas soportables. El triunfalismo del Gobierno revuelve el estómago cuando se presta atención a datos muy sencillos: se desploman las afiliaciones a la Seguridad Social, casi todos los contratos nuevos son temporales, se firman hoy menos contratos que hace un año, descienden los salarios, la población activa no deja de menguar. Es decir, en buena medida baja el paro porque muchos ciudadanos se rinden: dejan de buscar trabajo o vuelven - los que pueden - a sus países y se persigue mejorar la competitividad pagando menos a los empleados. Triste y peligrosa forma de ahorrar en subsidios de desempleo. ¿Quién y con qué dinero pagará las pensiones de mañana si cada vez trabaja menos gente y lo hace en peores condiciones? El panorama laboral español es desolador. Los datos, además, tampoco demuestran que la competitividad española esté creciendo. Un estudio de la Comisión Europea arroja datos muy preocupantes.

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La competitividad española se desploma frente a otros países. El informe desglosa datos por zonas geográficas y permite comprobar que las regiones más pujantes de Europa son la que tienen sueldos más altos. Como también recordó Anchuelo a la ministra de Empleo, el PP eligió crecer provocando bajadas salariales, en lugar de invirtiendo en I+D+i o en formación. Si, como dice Rosa Díez, gobernar es elegir, desde luego Báñez y Rajoy han elegido: España competirá mediante sueldos bajos, como hizo España en los 60, como hacen los países del tercer mundo. El paro no va a bajar a un ritmo apreciable. Los sueldos, en cambio, seguirán descendiendo. Bajarán los ingresos de la Seguridad Social y crecerán poco o nada los de los impuestos. Así que llegarán nuevos recortes: en pensiones, sanidad y servicios sociales, deteriorando aún más la igualdad de oportunidades; en educación y ciencia, cerrando el círculo vicioso de las economías improductivas, condenando al país a un modelo marcado por la falta de innovación y creatividad. Este gobierno, heredero en tantas cosas del anterior, ha abandonado el camino de Europa, el camino de la prosperidad, para llevarnos por el que conduce al tercer mundo.

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La ciencia y nuestro futuro

En medio de una escasez presupuestaria extrema y continuada que ha colocado al sistema español de I+D al borde del colapso, los investigadores afrontan los próximos meses con preocupación rayana en la alarma. Las sociedades científicas, rectores, sindicatos y asociaciones están intentando reunirse con Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad (con las competencias de I+D), y con la vicepresidenta del Gobierno para exponer la situación y lo que está en juego en estos Presupuestos Generales. De momento han empezado a reunirse esta misma semana con los grupos parlamentarios para intentar recabar su apoyo cara al debate presupuestario inminente. La I+D está agotada tras la sequía que lleva padeciendo en los últimos años. La situación es límite y seguramente una parte será ya irrecuperable, alerta Carlos Andradas, presidente de la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE). Pero el hermetismo del Gobierno es total y las peticiones de entrevistas con la vicepresidenta siguen sin ser contestadas, añade. En una carta abierta en EL PAÍS, Andradas pide al ministro de Economía, por boca del colectivo, que no les defraude, que incremente el presupuesto y que lo haga en la partida de subvenciones. Los científicos, que hablan de una sola voz, no van a esperar quietos. Coincidiendo con la aprobación de los Presupuestos en Consejo de Ministros el próximo viernes 27, grupos de jóvenes científicos han anunciado diversas acciones dentro de la celebración de La noche de los investigadores de este año, y el colectivo Carta por la Ciencia prepara nuevas movilizaciones una vez analizado el borrador de presupuestos ante una situación insostenible, adelanta el presidente de la COSCE. Dicho colectivo Carta por la Ciencia, integrado por la CRUE, los sindicatos (CC OO y UGT) y asociaciones de científicos, además de la COSCE, exige que se retomen los niveles de financiación pública de 2009, que ha caído de 4.276 millones de euros a 2.267 millones (excluido el capítulo de préstamos) y propone recuperar la inversión en los tres próximos años, con un incremento anual de 636 millones de euros. De esta forma, podríamos comenzar a recuperar nuestra posición en Europa en cuanto a inversión pública en I+D y con ello marcar una senda de futuro para el país, dice el colectivo. La realidad es que, tras cinco años de duros recortes, sufriendo una inexorable fuga de cerebros, con las plantillas de investigadores desmoronándose y el sistema de I+D plagado de retrasos y compromisos sin pagar, la ciencia española afronta un otoño caliente. La I+D necesita oxígeno urgente porque se está produciendo el desmantelamiento de un sistema que ha costado décadas crear, advertía antes del verano Carta por la Ciencia, que recogió más de 80.000 adhesiones a su segunda carta de denuncia y propuestas para salir del atolladero. De los problemas que sufre el sistema español de I+D se han hecho eco a menudo la prensa internacional y las revistas científicas más prestigiosas del mundo. El gasto en I+D del Gobierno

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[español] se ha recortado en un 40% desde 2009, a pesar de que el presupuesto español está en los ranking mucho más abajo que otros países europeos, recalcaba The Financial Times hace tres meses. Ponía un ejemplo: desde universidades y centros de investigación llegan quejas porque a veces no tienen dinero para pagar guantes, batas de laboratorio y material básico como nitrógeno líquido. La revista Nature hablaba en julio de científicos encolerizados, enfurecidos, ante las medidas presupuestarias del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Conozco excelentes científicos que no tienen los medios para investigar y lo peor es que muchos tienen que irse de España, declaró Peter Gruss, presidente de la Sociedad Max Planck alemana, cuando le fue comunicado el premio Príncipe de Asturias este año a dicha institución. Carmen Vela, secretaria de Estado de Estado de I+D+i, del Ministerio de Economía y Competitividad, ha repetido en los últimos meses que la situación es difícil pero no trágica, recalcando los efectos de la grave crisis económica que sufre España. Pero los problemas del sistema de I+D no se limitan al dinero, aun cuando la financiación sea un escollo gigantesco. Otros atolladeros preocupan igualmente a los investigadores: -Retrasos y cancelaciones. Ni una de las convocatorias importantes de proyectos de investigación, contratos o programas se han convocado, resuelto y financiado en los plazos habituales desde hace dos años. El caso más significativo es el de los proyectos del Plan Estatal de I+D+i. La última convocatoria se hizo en 2011, no salió la resolución publicada en el BOE hasta enero de 2013 y los científicos no empezaron a recibir la financiación hasta este verano. Además, se aprobó el pago en cuatro anualidades, pese a la duración de tres años de los proyectos, y luego se rectificó volviendo a la trienalidad habitual. Un total de 3.184 proyectos están afectados y el presupuesto total para tres años era de 309 millones de euros. Alrededor de 6.000 científicos están pendientes de la siguiente convocatoria, que Economía no hizo en diciembre pasado y que ha ido aplazando: en mayo, antes del verano, en julio, en septiembre... Dado que una convocatoria de proyectos exige como mínimo nueve meses para completar la evaluación, selección y resolución, los científicos que resulten seleccionados no podrán recibir el dinero para empezar a trabajar a principios de 2014. Tampoco las convocatorias de contratos Ramón y Cajal y Juan de la Cierva, para científicos formados y en formación, respectivamente, se han sacado, resuelto y financiado en los plazos previstos, además de sufrir recortes drásticos en número de plazas. En el caso de los contratos Juan de la Cierva, además, la resolución de los seleccionados en la última convocatoria está lista desde mayo y la Secretaría de Estado no ha publicado la propuesta de resolución final hasta la semana pasada. Han sido cinco meses de inútil espera para los elegidos. En esta situación de incertidumbre constante, los científicos se quejan de que tienen que estar diariamente más pendientes del BOE y de los rumores sobre convocatorias, plazos y pagos que de su investigación. Cinco centros de alto nivel fueron elegidos, en octubre de 2012, con las distinciones de excelencia; Economía no sacó la resolución definitiva hasta ocho meses después.

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-Recursos humanos. La sequía de puestos de trabajo para los investigadores, no ya la creación de nuevas plazas, está estrangulando el sistema de ciencia, que no se ha incluido entre las excepciones a la tasa de reposición general del Estado de uno por diez. Es decir, que de cada diez científicos que se jubilan, como mucho puede entrar uno nuevo. Y la edad media de los investigadores en España, en instituciones como el CSIC, sobrepasa ya los 50 años, y aumentando. En el CSIC se han cancelado todos los contratos JAE y, el año pasado, por no renovación, se perdieron unos 1.200 puestos. Este año rondará la misma cifra. Los contratados Ramón y Cajal (800 al año hace una década) se convocaron por última vez y con retraso de varios meses en octubre de 2012 y solo con 165 plazas. Además, los científicos que acaban los cinco años de contrato, tras pasar las evaluaciones, no encuentran modo de estabilizarse laboralmente. La buena noticia en recursos humanos ha sido la primera convocatoria de Formación de Personal Investigador, que ahora por primera vez, y cumpliendo la Ley de la Ciencia de 2011, significa cuatro años de contrato en lugar de becas. -El CSIC. Con una reducción del 30%, desde 2009, en las transferencias que recibe anualmente del Estado, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas sufre la peor crisis que se recuerda. Tocó fondo este verano, cuando el Gobierno respondió con una asignación de emergencia de 25 millones de euros que suponen solo una cuarta parte de los 100 reclamados por su presidente, Emilio Lora Tamayo, como imprescindibles para mantener sus institutos. El ministro de Economía ha declarado repetidas veces que el Gobierno no dejará hundirse al CSIC. Pero la Secretaría de Estado de I+D+i cuenta, como mucho, con otros 50 millones de ayuda a la institución este año y los otros 25... tal vez en 2014. En julio el CSIC estalló en llamas cuando Lora Tamayo anunció una limitada disposición de los fondos de investigación, independientemente de que fuera dinero obtenido por los propios científicos en convocatorias competitivas españolas o internacionales. Muchos lo calificaron de corralito, con tanta indignación como preocupación por las perspectivas de su trabajo. Un adelanto de las transferencias del tercer trimestre de este año es el bálsamo ideado por la secretaría de Estado para que el CSIC pueda hacer frente a facturas y salarios inmediatos. Pero el problema sigue pendiente. -Agencia de Investigación. La comunidad científica española lleva reclamando desde hace una década la creación de una Agencia Nacional de Investigación, un organismo de gran autonomía científica que confiera estabilidad a la gestión de la ciencia al margen de vaivenes políticos, así como el necesario escenario económico plurianual para poder planificar y optimizar la inversión española en I+D. El referente a copiar es el exitoso Consejo Europeo de Investigación. Tan claro lo tenía Vela cuando asumió el cargo (a principios de 2012) que puso la agencia como prioridad de su gestión y se comprometió con una fecha máxima: junio de 2012, cuando acababa el plazo que estipula para la creación de la agencia la Ley de la Ciencia, el Desarrollo y la Innovación de 2011. No se ha cumplido ese mandato legal.

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La pérdida de los mejores

No hay cifras oficiales de la fuga de cerebros en España, a la espera de que la Secretaría de Estado de Investigación complete un estudio que ha anunciado para conocer el tamaño y la envergadura del problema. Recientemente, Carmen Vela declaró en Santander que si España es incapaz de controlar la pérdida de talento, el país tendrá dificultades, y aseguró que el Gobierno es consciente de ello. Aunque no haya cifras, la realidad es un goteo constante de investigadores que, ante la imposibilidad de encontrar en España un puesto de trabajo para desarrollar su labor, buscan o aceptan ofertas de otros países. Nadie niega que se trata de una pérdida gravísima no solo por comprometer el futuro, sino también porque supone entregar a otros países gratuitamente el esfuerzo y la inversión que se ha hecho en formar a una generación de buenos investigadores. Los que emigran, además, están entre los mejores, que son los que más fácilmente encuentran ofertas interesantes en otros países. La pérdida va mucho más allá de los científicos que se van, también hay que contar con los que se han quitado de la cabeza la idea de volver. España había emprendido hace casi una década una escalada notable en la I+D y numerosos investigadores que estaban fuera empezaron a optar a las plazas competitivas que ofrecía el sistema. Otros salían para completar su formación pero con la vista puesta en desarrollar luego su ciencia en España. Con los recortes presupuestarios y los recursos humanos estrangulados, ese flujo de regreso se ha cortado. Todavía hay un tercer factor que agrava el panorama. Los científicos que regresaron a España con un compromiso de estabilización de su trabajo al concluir los contratos de cinco años si obtenían evaluaciones positivas se sienten defraudados y vuelven a irse. Difícil será atraerlos de nuevo con la promesa de financiación, un sistema de investigación vigoroso y una estabilización de su trabajo. Y los más jóvenes, con el panorama que ven a su alrededor, tampoco se sienten precisamente motivados para embarcarse en la ciencia española.

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La desigualdad puede acabar con España

La igualdad entre españoles está desapareciendo. Nuestro país registra en estas fechas los índices de desigualdad más altos desde que entramos en democracia. Esto señala una evidencia que nunca se repite lo suficiente: es mentira que la crisis afecte a todos por igual. Y hay otra evidencia que sólo ahora empieza a mencionarse: que la crisis es primero política y luego económica. Eso explica por qué las consecuencias sociales están siendo mucho peores en España que en otros países. El Congreso de los Diputados debatió ayer una moción de CiU sobre la pobreza infantil. Irene Lozano intervino por Unión Progreso y Democracia y se vio obligada a subrayar la hipocresía de los nacionalistas, así como del resto de los viejos partidos. Las políticas sociales son competencia autonómica. Está bien llevar al Parlamento iniciativas para que se involucre la Administración Central, pero cuando lo ha hecho UPyD - Lozano puso el ejemplo de una moción de septiembre de 2012 en la que Carlos Martínez Gorriarán pidió que el Estado permitiera a los niños llevar gratis la comida de casa al colegio - todos los grupos, sin excepción, les habían acusado de centralistas invocando el fantasma del nacionalismo español. Además, la diputada de UPyD recordó que el Gobierno desatiende de forma sistemática los mandatos del Congreso, sede de la soberanía popular; y entre estos mandatos está la elaboración de un plan contra la exclusión social para el periodo 2013-2015 que, a estas alturas, sigue sin presentarse. Lozano resumió esta actitud con una descripción perfectamente ajustada a los hechos. Dijo: "el Gobierno, con su inacción, con su incuria y con su incompetencia agrava el sufrimiento de las personas que padecen privaciones graves en España". Y así es. La crisis política que vivimos se refleja, entre otras cosas, en el desprecio del Gobierno al Parlamento. También en el establecimiento de sus prioridades, que dejan en último lugar a las personas que más necesitan de su apoyo. Por otra parte, el modelo territorial que padecemos, que ha llevado a un Estado residual y ha diluido las competencias más importantes para la igualdad entre las comunidades autónomas, se ha convertido en un obstáculo contra problemas que son nacionales. Los gobiernos autonómicos, por su parte, también establecen unas prioridades que ponen por encima de todo sus propios intereses. El caso del nacionalismo catalán es el más sangrante. Lozano insistió en que cualquier transferencia de fondos públicos desde el Gobierno a

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las CCAA debía ser finalista para evitar que su destino último sea la promoción de la independencia o el pago de exorbitados salarios a cargos afines. Los informes - por ejemplo los de Cáritas - revelan que se ha disparado el número de pobres. Por el paro, sí, pero también por el deterioro de los servicios públicos, responsabilidad de los gobiernos central y regionales. Cada vez más españoles están dándose cuenta de que ellos no están tan a salvo como creían. La clase media está cargando con la factura de la crisis. Secuestrados por un sistema fiscal injusto, diezmados por el paro, los españoles que se veían instalados en una prosperidad que dieron por sentada, la ven desvanecerse mientras pagan el rescate bancario, el despilfarro público y los privilegios de unos pocos. Mientras tanto, los acaudalados defraudadores que se beneficiaron de la amnistía fiscal, invierten su blanqueado dinero en sicav y pagan el 1% de impuestos. Montoro sigue presumiendo de haber aflorado con aquella ignominia 40.000 millones. Para esto, como si hubiera aflorado 80.000. El problema es la desigualdad, como no se cansa de repetir Irene Lozano, ni Rosa Díez, ni Gorriarán, ni Luis de Velasco, ni ninguno de los cargos públicos de UPyD. Es la desigualdad lo que puede acabar con España. La desigualdad tritura la confianza imprescindible para que cualquier sociedad funcione. Es, además, perfectamente compatible con cierta recuperación económica, incluso con el enriquecimiento general del país. Sin confianza no hay cohesión. Si nadie se fía de nadie, si vemos al otro como una amenaza, España no tiene futuro. La crisis política existía desde hace mucho tiempo, pero es ahora cuando muestra su peor cara: la del privilegio y la desigualdad.

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Cómo leer bien las encuestas

La Constitución reconoce a todos los españoles su derecho a defender sus ideas políticas, sean las que sean. Presentarse a unas elecciones es una forma de ejercer ese derecho. Lo que no contempla nuestra Carta Magna ni ninguna otra es el derecho a que le voten otros, no digamos ya a ganar unas elecciones. Así que si usted, amable lector, se presenta para un cargo público, asegúrese de que no lo hace para lograr el poder, ya que esto no está en su mano. Naturalmente, usted querrá que le voten. Quizás llegue a sus manos una encuesta que le ilustre sobre las preocupaciones y deseos de los ciudadanos. Si no coinciden enteramente con las suyas, puede que sienta la tentación de adaptarse a ellas, de retocar o incluso sustituir sus ideas. No lo haga. Para eso ya están los partidos tradicionales, y ellos tienen más dinero. Las encuestas son para los partidos políticos lo que el GPS para cualquier conductor. Cuando queremos llegar a un lugar lo programamos y nos indica el camino. Si un partido quiere llegar al poder, las encuestas le dirán qué opinar sobre cada asunto para lograr la máxima popularidad. En cambio, si un partido quiere aplicar su programa, poner en práctica sus ideas, las encuestas le dirán sobre qué asuntos hace falta insistir más, explicarlos mejor, hacer más pedagogía. Por tanto, la cuestión fundamental de todo partido es a dónde quiere ir. El problema de España es que el bipartidismo no ha tenido durante 35 años más destino que el poder. Por eso, a día de hoy, todas las reformas que necesita España siguen pendientes. Obviamente, para aplicar un programa se necesitan votos, a ser posible una mayoría de ellos. Las encuestas también pueden orientar a los partidos políticos acerca de este particular. No hay partido cuyos integrantes se lamenten de ganar votos y celebren perderlos. Unión Progreso y Democracia no deja de crecer en las encuestas. Unas dicen que doblaría su resultado respecto a las últimas generales, otras que lo triplicaría, otras que sería ya la tercera fuerza, otras le sitúan a apenas 10 puntos del PSOE, otras a 10 de ganar las elecciones... Algunos dicen que son muy buenos datos, otros dicen que podrían ser mejores. En todo caso son cifras conseguidas sin renunciar, ni por un segundo, a las ideas que UPyD nació para defender. Una de esas ideas es que el terrorismo debe ser derrotado sin paliativos, que debe haber vencedores y vencidos. Algunos han acusado a UPyD de usar ese tema electoralmente, de vivir de él.

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Sin embargo, las encuestas dicen que ETA ya no es una de las primeras preocupaciones para los españoles, por lo que no se aprecia cuál sería el rédito electoral. Ahora hay voces que dicen que habría que dejar ese asunto de lado y centrarse en el paro, la corrupción, el modelo de Estado... UPyD no cree que los asuntos sean excluyentes, sobre todo porque entiende que el problema etarra es uno de los que mejor refleja la profundidad de la crisis política que vive España, la que ha hecho que nuestra crisis económica sea una de las peores de Europa y del mundo. ETA es corrupción, la peor de todas. No se entiende la indignación hacia los ladrones y la indiferencia hacia los asesinos. ¿Puede alguien imaginar un partido que defienda la corrupción como Bildu defiende el terrorismo, o que se homenajeara a Bárcenas como se homenajea a etarras? ETA es politización de la justicia. Andrés Herzog explicó el sábado pasado la inconsistencia de la sentencia que legalizó a Sortu (la Batasuna de siempre) por el TC, un tribunal elegido, de forma indirecta, por los partidos políticos. ETA es el oportunismo de PP y PSOE. Igual que ahora hablan de transparencia o democracia interna, cambiaron su firmeza de antaño cuando vieron que podían hacerse la foto del fin del terrorismo. ETA es, incluso, el modelo de Estado. Bildu tiene hoy acceso a datos y a dinero de los ciudadanos gracias a que controla, entre otras, una institución tan anacrónica como la diputación de Guipúzcoa. Cuando las encuestas dicen que el terrorismo de ETA no aparece entre las primeras preocupaciones de los ciudadanos, lo que UPyD lee en su GPS es que hay que insistir, hay que hablar, hay que seguir luchando. En el acto que el sábado pasado celebró el partido magenta, Maite Pagazaurtundúa recordó que hace apenas cuatro o cinco años la corrupción no aparecía como un problema en los sondeos. Tampoco el Estado autonómico. Pero ambos lo eran. Como suele decir Rosa Díez, la democracia es hacer posible lo que es necesario; para lo demás está la demoscopia. Hoy nos encontramos ahogados por la corrupción porque a los españoles no nos preocupó demasiado. Mañana podemos encontrarnos con que ETA ha ganado y en Euskadi gobiernan los totalitarios si preferimos mirar para otro lado. Es necesario un final de ETA con vencedores y vencidos. UPyD no dejará de esforzarse para hacerlo posible, digan lo que digan las encuestas.

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La refundación del Estado exige liderazgo

El 29 de septiembre de 2007, en la Casa de Campo de Madrid, un nutrido grupo de ciudadanos pudieron escuchar cómo una política española pedía la devolución de las competencias de sanidad y educación a la administración central del Estado. En ese momento la crisis apenas había empezado a dejarse ver, y nadie cuestionaba la estructura territorial del Estado. Aquella propuesta audaz mereció aplausos encendidos entre los presentes, pero no encontró eco alguno en los medios de comunicación. Fue Rosa Díez quien lanzó aquella idea, y lo hizo en el acto fundacional de Unión Progreso y Democracia. Menos de seis años después, el Estado de las Autonomías ya no tiene apenas quien lo defienda. Se considera - y con razón - que ha generado desigualdad, despilfarro y corrupción. La mayoría de los españoles lo ven como un elemento especialmente negativo en la crisis política que está detrás de la singularmente cruel crisis económica y social que sufre el país. UPyD ha estudiado el problema y ha propuesto soluciones. Realizó un estudio pionero sobre el coste del Estado Autonómico, que se complementó con la propuesta de fusión de municipios. Ha pedido un Estado federal que garantice la igualdad de los ciudadanos y la eficaz prestación de los servicios públicos, con un sistema de financiación que asegure la corresponsabilidad y la solidaridad, y que excluya los privilegiados conciertos económicos vasco y navarro. Para todo ello no se ha cansado de demandar una reforma a fondo de la constitución. No se trata de presumir de que UPyD lo dijo primero. La cuestión es por qué lo dijo primero. El partido se creó para regenerar la democracia, para profundizar en ella, para hacer del Estado un instrumento eficaz a favor de la igualdad, de la libertad y de la prosperidad. Esto lo hace desde una idea de la política que excluye el sectarismo, que exige transparencia y que no conoce tabúes. Por eso sólo UPyD puede defender y liderar la refundación del Estado, al menos mientras los partidos tradicionales, acomodados y lastrados por el modelo territorial heredado de la transición, no renuncien a su situación privilegiada, a colocar a miles de los suyos como concejales, diputados provinciales o gerentes de organismos públicos; a gestionar recursos públicos de forma opaca; a utilizar las instituciones para protegerse de las acusaciones de corrupción.

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Unas más, otras menos, parece que todas las sociedades tienen sus mitos. Y el nuestro, el de la España democrática, ha sido la transición. Quizás nos vino bien en su momento. Siempre se ha asociado con la convivencia, la capacidad de superación y los grandes acuerdos básicos, en contraposición con el guerra-civilismo, el atraso secular y la imposición autoritaria. De este modo ganamos en autoestima y aprendimos a valorar las instituciones democráticas. Pero todo mito oculta siempre, como poco, una parte de la verdad: la que conviene al statu quo. Apreciar las instituciones significa velar por ellas, evaluar su funcionamiento y reformarlas cuando sea necesario. Algunos se esforzaron en convencernos de que lo emanado de la Santa Transición no había que tocarlo. Bastante sufrimiento había sido necesario para conseguirlo, y el mágico equilibrio se podría romper en cualquier momento y volver las matanzas civiles. Los más interesados en mantener el mito han sido los partidos tradicionales, que nacieron (o renacieron), crecieron y se reprodujeron (las baronías son su fruto) al calor del Estado autonómico. Por esta razón, el debate se está produciendo al margen de ellos y los está desbordando. Pudieron y debieron liderar el cambio, pero no quisieron pagar el precio. Ahora lo pagamos con creces todos los españoles, que vemos cómo se recortan servicios esenciales y se suben impuestos mientras se mantienen organismos inútiles y una pantalla de plasma nos pide paciencia. La transición fue un momento de consenso, sí, pero también de liderazgo. A este aspecto del mito, PP y PSOE parecen ser impermeables.

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Austeridad: crónica de la hipocresía

austeridad: 1. f. Cualidad de austero. 2. f. Mortificación de los sentidos y pasiones. austero: 1. adj. Severo, rigurosamente ajustado a las normas de la moral. 2. adj. Sobrio, morigerado, sencillo, sin ninguna clase de alardes. 3. adj. Agrio, astringente y áspero al gusto. 4. adj. Retirado, mortificado y penitente.

Si hay una palabra (además de crisis) que está marcando los últimos años de vida política, social y económica en Europa, ésta es, sin duda, austeridad. Todo comenzó cuando la prima de riesgo, algo que hasta entonces pocos sabían lo que era, se convirtió en la pesadilla diaria de muchos gobernantes. Sencillamente, se cuestionó la capacidad de algunos países europeos de devolver el dinero que se les había prestado. Dado que estos países gastaban bastante más de lo que ingresaban, resultaba obvio - y aún lo resulta hoy en día - que la austeridad no era una opción, sino una obligación. Como suele pasar, la palabra austeridad degeneró en tópico. Sin más matices, se convertía en una percha de la que colgar cualquier tipo de recorte. A los primeros países rescatados, Grecia y Portugal, se les aplicó tal cura de austeridad (en la segunda acepción del diccionario, mortificación) que los ha dejado en situación crítica. En España, intervenida de facto desde 2010 y rescatada a través de su sistema bancario desde 2012, los gobiernos de Zapatero y Rajoy se convirtieron en los mortificadores de la sociedad española. Ellos aplicaron la austeridad ciega que ha bloqueado el crecimiento de la economía. El PSOE cambió de discurso el día que perdió las elecciones. Sin responsabilidad de poder, pasó a reclamar políticas presupuestarias más relajadas. Ahora, Rajoy presume de que sus tesis han calado en la UE. Si fuera así, se daría un hecho muy notable: sus tesis habrían triunfado antes en Bruselas que en su propio gobierno. Lo cierto es que el presidente ha impuesto la austeridad sin matices a toda la sociedad. "Sobrio, morigerado, sencillo, sin ninguna clase de alardes". Esta es la segunda acepción de austero en el diccionario de la Real Academia. Una austeridad así definida debería ser, no ya un objetivo, sino un deber para gobernantes y gestores públicos. Todo alarde, todo lo superfluo es un despilfarro de recursos públicos, del dinero de los ciudadanos. La cuestión es definir qué es lo necesario, aquello que un Estado debe ofrecer. Un Estado democrático, social y de derecho, tal y como proclama la Constitución Española, debe garantizar la igualdad ante la ley y la igualdad de

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oportunidades. Esto significa unos servicios sociales que tiendan a la excelencia. Se trata de evitar que se perpetúen las diferencias de riqueza, que los ricos puedan ejercer derechos que no alcanzan a los pobres. Pues bien, esto es lo que ha puesto en riesgo la austeridad mortificante consagrada por los Estados de la UE y aplicada por el bipartidismo en España. Unión Progreso y Democracia quiere un Estado austero en esa segunda acepción. Un Estado sin organismos superfluos, con menos ayuntamientos pero mejor dotados, sin despilfarro, sin privilegios fiscales ni de otro tipo, con un modelo territorial racional. Quiere, como suele decir Rosa Díez, un país sostenible en lo económico y viable en lo político. El objetivo no puede ser otro que prescindir de todo aquello que sobra y salvar (y, cuando se pueda, reforzar) la educación, la sanidad, la dependencia, la I+D+i y todas aquellas partidas clave en la igualdad entre los ciudadanos y en la futura prosperidad del país. Es de celebrar que se produzca un giro en el discurso y que a la austeridad le empiecen a salir matices. Pero no olvidemos que durante todos estos años los gobiernos españoles tuvieron la posibilidad de elegir en dónde recortar, y vaya si eligieron. Seguimos teniendo diputaciones, más municipios que Francia, derroche por doquier y una fiscalidad deficiente. Convirtieron a los ciudadanos en austeros según la cuarta acepción para evitar ser ellos austeros según la segunda.

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La noticia es que los españoles están cambiando

El derrumbe del bipartidismo en España ha quedado patente este fin de semana con dos encuestas publicadas por los diarios El País y El Periódico. La primera, da a Unión Progreso y Democracia un 13,6%; la segunda - realizada antes de que saltara el escándalo de los sobresueldos del PP - un 11,5%, que se traduciría en entre 23 y 26 diputados. Según la encuesta de El País (que sí se elaboró después de saltar el escándalo del ex tesorero del PP, pero antes de que se publicaran sus apuntes contables), UPyD habría rebajado en nada menos que 30 puntos la distancia que tuvo con el PP en las elecciones generales, y habría multiplicado por tres el porcentaje de votos obtenido. ¿Es la caída del bipartidismo y la subida de UPyD fruto exclusivo de los errores y de la incompetencia de PP y PSOE? No, ya que esos errores y esta incompetencia no son nuevos. España ya tuvo tasas de paro en el entorno del 25% en otros momentos. Ya vio casos de corrupción que afectaban a ministros y a partidos enteros y que cuestionaban el papel del presidente del Gobierno. Ya padeció una situación económica dramática. Ya sufrió desafíos independentistas. ¿Qué ha cambiado entonces? Lo que ha cambiado es que ahora los españoles están menos dispuestos a tolerarlo. En otros momentos había la expectativa de la alternancia. Además, todavía nos veíamos como un país en formación, que tenía que salvar la brecha que aún nos separaba de Europa, y hasta cierto punto, se asumía que algunos problemas sólo se solucionarían con el paso del tiempo. El tiempo ya ha pasado. La alternancia ya se produjo. Y los problemas no sólo persisten, sino que se recrudecen. Los ciudadanos ya no esperan que se solucionen con el mero paso del tiempo. Ahora ven que la alternancia no es la solución, porque los partidos tradicionales tienen un pacto tácito para no tocar el entramado institucional que han construido y que les alimenta. Ahora existe UPyD. El relato de UPyD ha calado, y lo ha hecho por un motivo muy sencillo: porque es veraz. Los problemas de España no se deben solamente, ni siquiera principalmente, a la (por otra parte, notoria) falta de cualidades para el liderazgo de nuestros presidentes y ministros. Se deben a que las leyes y las instituciones premian al gobernante, al partido, al sindicato, a la patronal, al empresario o al 'amigante' que se mueve con soltura y pocos escrúpulos, que conoce a quien hay que conocer y al que alguien le debe un favor. Y no premian al que tiene mérito, al que trabaja y al que está al servicio de los ciudadanos. El resultado final es un deterioro sin precedentes de la igualdad entre los españoles.

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La crisis política es la que hace que nuestra crisis económica sea tan distinta a la de nuestros vecinos y nuestra crisis social mucho más grave. Un modelo territorial tóxico, unos organismos de supervisión poco independientes, una justicia politizada, mil y un lazos entre los partidos tradicionales y los poderes económicos y mediáticos. UPyD lleva cinco años denunciándolo y planteando las reformas necesarias. La crisis, la corrupción, la parálisis del Gobierno... todo esto, sin duda, ha mostrado con crudeza los problemas mencionados, pero sin un relato coherente y sin el ejemplo que da UPyD de que las cosas no tienen que ser obligatoriamente así, el desencanto sólo se habría traducido en ira y en cuestionamiento del sistema democrático. Pero no será UPyD el que cambie el país. Serán los ciudadanos que, conscientes de la gravedad de la situación, decidan que es hora de la alternativa (y no de la alternancia). Los ciudadanos que entiendan que si se quedan en casa, si no hacen nada, todo seguirá deteriorándose. La noticia es que cada vez hay más españoles dispuestos a ello. La noticia es que España está cambiando mucho más rápido de lo que se podía imaginar. Y de ahí vendrá la recuperación.

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Cuchillas en las fronteras

Se llama concertinas a las cuchillas que se sitúan en lo alto de algunas vallas o verjas. Se acaban de colocar en la frontera que separa España de Marruecos en Melilla, y existen desde hace años en Ceuta. El objetivo es evidente: disuadir a los africanos que quieren entrar en Europa. El resultado es que, aun así, hay muchos que lo intentan y resultan gravemente heridos. Hannah Arendt explica que las grandes matanzas del siglo XX se produjeron tras haber convertido a grandes masas humanas en apátridas, tras haberles privado de los más mínimos derechos que conceden los Estados. Desamparadas, aquellas personas eran reducidas a cosas prescindibles. Esto mismo es lo que le sucede al que, encaramado a una valla, se sitúa entre dos países. Lo que España no se atrevería a hacer con los españoles lo hace con aquellos que, por puro azar, nacieron más al sur. Si logran entrar, la ley impide a las administraciones a actuar de forma arbitraria o contraria a los derechos humanos. Pero cuando están, literalmente, en el alambre, los inmigrantes pierden cualquier protección. Europa es el mejor proyecto político de la historia porque establece una ciudadanía amplia y compartida por cientos de millones de personas. La eliminación de las fronteras internas recuerda al mundo de ayer que Stefan Zweig describió con nostalgia en su obra póstuma, subtitulada Memorias de un europeo. Para Zweig y sus compañeros de generación, la obligatoriedad de los visados para viajar a países que, hasta la Gran Guerra, habían visitado libremente, supuso un duro golpe que vaticinaba el desastre bélico de los siguientes 30 años y la Europa dividida de la postguerra. La Unión Europea, en este sentido, no fue sólo un progreso, sino la recuperación de un espíritu cosmopolita de larga tradición. Sin embargo, al tiempo que abolía las fronteras internas, Europa reforzaba las externas. Ceuta y Melilla no son fronteras de España, sino de la UE. Como también lo es Lampedussa. La lógica desatada por la construcción europea es la lógica de la ciudadanía. Una lógica que impide justificar diferencias de derechos según el lugar de procedencia, no digamos ya por el color de la piel. La igualdad esencial de los seres humanos, enunciada por la filosofía desde hace siglos y demostrada por las modernas ciencias de la mente y de los genes, señala el lugar exacto en el que debería encontrarse el debate político hoy: cómo hacemos para extender los derechos y las libertades a quien no goza de ellos.

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El sentido común nos dice que no podemos simplemente abrir las fronteras, ya que así se crearían unos problemas políticos y sociales que podrían tener consecuencias contraproducentes. Pero el debate debe afrontarse de cara, con coraje para defender los principios y los objetivos irrenunciables. Nadie puede explicar por qué la misma persona pasa de tener unos derechos a tener otros (o a no tener ninguno) simplemente por estar un metro por delante o un metro por detrás de una raya que no es sino fruto del azar histórico. Sin embargo, y por increíble que parezca, el debate político en España está en crear nuevas fronteras. En convertir a una parte de los españoles en extranjeros de la otra parte. ¿En base a qué? ¿Cuáles son los derechos y libertades que se quieren para unos y no para otros? Imaginemos que, como sugieren los separatistas, en uno de los dos países separados todo va bien y en el otro todo va mal. ¿Podrá el gobierno del país rico vallas con cuchillas en las fronteras para contener el previsible flujo migratorio desde el país pobre? En el fondo, bajo toda la retórica nacionalista, bajo toda la palabrería camuflada de historia o de economía, está latente una única creencia: nosotros somos mejores que ellos. Una creencia que no se atreven a verbalizar entre otras cosas porque no podrían demostrarla. En Lamerica, película del director italiano Gianni Amelio, un joven mafioso pierde su pasaporte y su dinero en Albania y se convierte de golpe en una de esas personas con las que solía traficar, en un ser humano vulnerable y desesperado por cruzar la frontera. Es una magnífica metáfora no sólo de la inmigración, sino del fenómeno nacional. La dignidad no se merece por ser italiano o albanés, español o marroquí, sino por haber nacido. Nadie debería ser convertido en extranjero o apátrida, y nadie debería encontrarse una cuchilla cuando trata de acceder a la libertad, a la dignidad y a una mínima prosperidad.

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Europa puede ser la solución. ¿Seguirá España siendo el problema?

Aunque la falta de información y la propia naturaleza de sus instituciones puedan transmitir lo contrario, la Unión Europea está dando pasos importantes que tendrán consecuencias positivas sobre la vida de los ciudadanos. Y esto es así porque, a diferencia de España, la UE entendió hace tiempo que la crisis económica tiene una raíz política. Ayer se produjo un acontecimiento relevante: el Parlamento Europeo aprobó un avance muy significativo en la supervisión de los presupuestos de los Estados miembros, con especial atención a los que se encuentran, como España, en una situación financiera delicada. Resumidamente, lo que ayer aprobó la Eurocámara -con el voto a favor del diputado de UPyD Francisco Sosa Wagner- es que la Comisión Europea tenga la posibilidad de vetar los presupuestos de los países de la Zona Euro y que pueda realizar una supervisión minuciosa y continua de las cuentas de los países con graves problemas financieros. Se otorgan mayores poderes a Bruselas, no sólo para vigilar, sino también para exigir a los Estados que cumplan con los compromisos que adquirieron al entrar en vigor el Pacto de Estabilidad y Crecimiento. La propia Comisión había sugerido una norma como ésta, pero los eurodiputados han introducido algunas disposiciones importantes. Una de ellas es que la Comisión deberá garantizar que los recortes presupuestarios que lleven a cabo los Estados no afecten al crecimiento, al empleo ni a la inversión en sanidad y educación. Bruselas podrá aplicar un calendario más flexible en circunstancias excepcionales, con el fin de no hundir a los países con problemas en la recesión. Lo que está haciendo Europa con esta norma es dar un paso más hacia la unidad política. Lo que justifica la intervención de Bruselas en los presupuestos de los países del euro (es decir, en sus políticas) es la idea de que la UE ya no es un simple pacto confederal, una asociación por conveniencia. Un problema en Italia, Grecia o España es un problema de Europa, que no puede desentenderse.

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Además, esta visión de Europa no es meramente administrativa o económica. El énfasis en las prioridades (crecimiento, empleo, sanidad y educación) demuestra que existe un modelo de Estado. Los recortes no pueden hacerse a ciegas. Debe eliminarse lo superfluo para salvar lo esencial. El motivo sólo puede ser uno: la igualdad de todos los ciudadanos europeos. No es que la votación de ayer haya supuesto una revolución en Europa. Desde que estalló esta larga y asfixiante crisis, quedó claro que tenía unas raíces políticas. Y Europa, mal que bien, quizás con más lentitud de la que sería aconsejable, está dando pasos hacia la solución de los problemas institucionales. Desgraciadamente, no está ocurriendo lo mismo en España. Aquí, la crisis política es más grave, porque a la europea se suma la específicamente española. Aquí, las CCAA incumplen sus presupuestos sin que haya apenas consecuencias. ¿Podemos imaginar al gobierno español vetando el presupuesto de una Comunidad porque no se ajusta a lo que se le exige? ¿Podemos imaginarlo exigiendo que se proteja el gasto en sanidad y educación y que se recorte en despilfarro y en prebendas? ¿Que se cierren, por ejemplo, las 'embajadas' regionales, o las televisiones públicas al servicio del partido de turno, en lugar de hospitales y escuelas? No. Nuestro gobierno es capaz de rescatar sin condiciones a una Comunidad cuyos dirigentes están embarcados en un proyecto secesionista. Unión Progreso y Democracia lleva pidiendo desde su fundación más Europa. Pide de forma incansable que se reformen las instituciones españolas para que el Estado tenga más capacidad de actuación. Pide que se condicionen los rescates y que se supervise rigurosamente lo que hacen las CCAA. Pide que se salve el gasto en servicios básicos y que se recorte en el inmenso despilfarro de nuestras administraciones. Pide una solución política para esta crisis económica y social que está liquidando la igualdad entre ciudadanos. Lo que ayer aprobó el Parlamento Europeo confirma que el programa de UPyD es el camino para salir de la crisis. Europa es la solución, pero España puede dejar de ser el problema. Para ello, el Gobierno tendría que ser capaz de tomar las riendas, ejercer su autoridad sobre las CCAA, y reformar las instituciones para recortar en estructuras innecesarias y racionalizar la gestión de las administraciones. El futuro es Europa, pero de lo que hagamos en España dependerá si jugamos un papel de liderazgo como nos corresponde por nuestro peso demográfico y económico o si, como hasta ahora, seguimos siendo un lastre, un Estado inviable del que nadie se puede fiar.

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Dejarán de ser presos, pero seguirán siendo asesinos

Por triste que sea reconocerlo, las víctimas han ocupado un lugar marginal en la lucha contra el terrorismo y sus secuelas. Durante los años ochenta y parte de los noventa, prácticamente fueron ignoradas. Después, durante un tiempo, adquirieron cierta visibilidad y se les dio más protagonismo. Fueron los años del pacto antiterrorista y de la Ley de Partidos, los años en los que ETA y su submundo quedaron acorralados y señalados como lo que son: una banda criminal y totalitaria. Pero esos años pasaron, y llegaron los de la negociación. Y entonces las víctimas volvieron a ser, sobre todo, un incordio. Si no hay víctimas, no hay crimen. Si las víctimas se marginan, el crimen se diluye. Desde hace tiempo, todo el debate sobre el terrorismo gira en torno a los presos. Así se les llama, sin más: los presos. Presos ha habido siempre. El hecho de serlo ni significa ni siquiera haber hecho nada malo. Todas las dictaduras tienen presos de conciencia, presos políticos que lo son por ejercer una libertad que está prohibida. Sin duda, Inés del Río, Henri Parot y compañía son presos. Pero son algo más: convictos por múltiples asesinatos que sufren condena en un país democrático. El día que salgan de la cárcel dejarán de ser presos, pero serán criminales hasta sus últimos días. Sin embargo, todo la estrategia del mundo de ETA-Batasuna (los Sortu, Bildu, Amaiur, Herrira...) pasa por convertir a esos "presos" (a esos criminales) en víctimas. Víctimas de un Estado represor, de un simulacro de justicia, de un conflicto ancestral... Una vez cumplida su pena, se reincorporan a la sociedad entre homenajes y aurreskus. Y, por supuesto, no se puede admitir que se les recuerde que si estuvieron en la cárcel fue porque mataron a alguien, porque causaron verdaderas víctimas que nunca podrán volver a su casa. ETA y su mundo celebra todo: celebraba los asesinatos cuando los había y celebra las sentencias cuando les conviene. Hoy, tras el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, hay que recordar que ellos son lo contrario a la democracia, a la justicia, y a los derechos humanos. Que simplemente se sirven de las instituciones cuando les interesa, y las socavan por medios criminales cuando no. Ellos siempre celebran, pero eso no quiere decir que debamos concederles victorias que no les corresponden. La sentencia habrá que cumplirla, porque la democracia, aquello que ETA ha luchado por destruir, no va a rendirse. Pero el Gobierno tiene margen de maniobra para aplicar el fallo pensando en las víctimas. Tal y como ha pedido Rosa Díez, debe actuarse sin violentarlas.

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Hay que hacer un esfuerzo por recordar que las personas que verán rebajadas sus penas son los asesinos de cientos de ciudadanos con nombres y apellidos. Hombres y mujeres, militares y civiles, policías y obreros, concejales y jueces, adultos y niños. Y que hay más de 300 asesinatos de ETA impunes, pendientes de resolver, sobre los cuales muchos de los que se beneficiarán de la sentencia del TEDH conocen datos decisivos. El Gobierno debe corregir el rumbo. No se puede consentir que los totalitarios establezcan los términos del debate. ¿En cuántas ocasiones ha dicho el ministro del Interior que hay motivos para ilegalizar a los comandos políticos de ETA, para después no hacer nada? ¿Habrá que recordar otra vez el caso de Bolinaga, o los cambios en la política penitenciaria, o la inacción ante la estancia pública y notoria de los jefes terroristas en Noruega? Aplicar la sentencia de Estrasburgo de la forma menos dañina para las víctimas debe ser sólo el primer paso de un cambio radical, de volver al camino de firmeza democrática y claridad en el discurso, de volver a llamar a las cosas por su nombre y poner a cada uno en su lugar. Honrar a las víctimas y plantar cara a los criminales y a sus amigos.

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Una respuesta de Estado a la falacia del “derecho a decidir”

"El Congreso de los Diputados proclama que, bajo ningún concepto, una parte de la ciudadanía puede decidir sobre la organización territorial del Estado, ni sobre cualquier otro aspecto o precepto de la Constitución, excluyendo al resto de dicha eventual decisión". Este es el primer punto de la moción que aprobó ayer, por abrumadora mayoría, el Congreso de los Diputados, sede de la soberanía nacional, a iniciativa de Unión Progreso y Democracia. Los grupos parlamentarios Popular y Socialista (con la excepción de los diputados del PSC) apoyaron la moción, que salió adelante con 265 votos a favor. Se trata del mensaje más claro que el Estado ha transmitido al nacionalismo catalán sobre sus intenciones secesionistas. Ha tenido que ser UPyD, con sus cinco diputados, quien plantee el problema en sus estrictos términos jurídicos. Como destacó Rosa Díez desde la tribuna de la Cámara Baja, en este asunto ha reinado la confusión. Una confusión creada conscientemente por los nacionalistas con el fin de pescar en río revuelto. El 'derecho a decidir' es el perfecto ejemplo de la vaciedad política: ¿de qué estamos hablando? ¿Sobre qué hay que decidir? ¿Quién decide? A estas preguntas responde, de la única manera posible dentro de un Estado democrático de Derecho, la iniciativa de UPyD ayer aprobada. Los ciudadanos españoles ejercieron el pasado 20 de noviembre de 2011 su derecho a decidir, y eligieron a unos diputados que se convirtieron en sus representantes. Ayer, estos representantes explicaron lo evidente: que la soberanía que ellos encarnan no puede ser troceada por la voluntad de algunos. Es por tanto la ciudadanía española la que dice a los promotores independentistas que no tienen el derecho a decidir por todos. La independencia no sólo es un desvarío. Es, antes que nada, ilegal. Y los ciudadanos que apoyan a los partidos secesionistas deberían preguntarse qué vida les esperaría en un Estado nacido de una ilegalidad y bajo un Gobierno para el cual la ley es una incomodidad prescindible. Claro, que sobre esto último ya tienen experiencia. ¿Era necesaria una moción como ésta? ¿No se sostiene la Constitución por sí misma? No es UPyD, desde luego, quien ha iniciado este desafío al orden constitucional. No es UPyD quien ha puesto en cuestión desde la presidencia de una Comunidad Autónoma - es decir, desde una alta institución del Estado - el imperio de la ley y los más elementales principios democráticos.

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Debe ser el Estado el que responda con claridad. El silencio y la ambigüedad no hacen sino crear expectativas falsas y verdadero desasosiego. Por eso UPyD ha llevado la cuestión fundamental al Parlamento, y no para evidenciar desavenencias o provocar incomodidad, por mucho que ambas fueran de esperar y sean muy significativas. Parece que algo se mueve, que hay contactos, que se ha entablado cierto diálogo. Quien ayer alimentaba el fuego separatista, hoy canta a la moderación. Sirva la iniciativa aprobada para recordar que es en el Congreso de los Diputados donde se debe producir, a plena luz, el verdadero diálogo democrático, y que en ningún caso podrá arrojar resultados ilegales. El Estado de Derecho no puede ser ni liquidado por los radicales ni orillado por los moderados. La ley se cumple o no se cumple: no hay tercera vía.

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Los cínicos nunca nos sacarán de la crisis

Lo más grave de lo dicho por el dirigente del PP Esteban González Pons este fin de semana no es su insinuación de que todos los partidos son igual de corruptos. Peor todavía es su sugerencia de que los partidos son corruptos porque los ciudadanos (él dice "votantes") lo son. "El PP es un partido de votantes tan honrados como todos, de dirigentes tan honrados como todos, un partido tan honrado como todos, pero el único que puede sacar a España de la crisis y la va a sacar", ha dicho Pons. El cinismo aparece cuando la degeneración política alcanza un estado terminal. Cuando los que mandan se ven acorralados por los hechos, cuando ya no se sienten capaces de mantener por más tiempo la apariencia de honorabilidad, cuando se saben descubiertos, recurren con frecuencia a esta mezquina forma de resignación: así somos todos. Es algo que se puede apreciar en todas las dictaduras y también en las democracias de peor calidad. Este fue, por ejemplo, el gran desafío que Berlusconi lanzó a los italianos: sí, soy rico, no tengo escrúpulos y hago lo que quiero, justo lo que os gustaría a vosotros. Votadme y puede que os toque un trozo del pastel. De todas las mentiras del Gobierno y del bipartidismo, esta es la peor: que los españoles somos como ellos. ¿Sacar a España de la crisis? Los cínicos viven de las crisis, en las crisis y para las crisis. Los tiempos de penuria son los de su fortuna. Por eso redefinen lo que es la crisis. Por eso su empeño en gobernar como contables, en reducir los graves problemas de España a cuatro indicadores que, antes o después, pasarán del rojo vivo a un verde mortecino. Por eso para ellos no puede haber crisis política. Simplemente cayó un meteorito y aparecieron seis millones de parados. Pero tranquilos, que aquí estamos los cínicos, nos dicen. No es sólo Pons. Este mensaje se está lanzando desde hace tiempo. El presidente del Gobierno negó que la corrupción fuera un problema. Cuando los hechos fueron incontestables, se negó a comparecer en el Parlamento. Finalmente, se vio forzado a hacerlo. Y lo hizo para no decir nada. Rosa Díez le lanzó veinte preguntas sobre el caso Bárcenas a las que no contestó. UPyD insistió y las planteó por escrito. La respuesta del Gobierno, tres meses después, llegó cargada de cinismo: se remitía a lo dicho por Rajoy en el Congreso. Mientras tanto, el presidente insiste en que hay que hablar de "lo importante".

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Su batalla política es imponer qué es lo importante. Por supuesto, será aquello que les interese. Están diciendo a los españoles que la posibilidad de que el partido en el poder robe no debe interesarles. Es natural que dos años después hayan sido incapaces de dar una explicación completa y razonable de lo que le ocurre a España. Porque en esa explicación aparecerían la justicia politizada, los órganos reguladores colonizados por los partidos, el saqueo y la apropiación de las cajas de ahorros, un modelo de Estado fracasado pero del que se alimenta el bipartidismo, una Ley Electoral injusta... todas las cosas que, según la doctrina Rajoy, no deben interesar a los ciudadanos. Los cínicos se presentaron con un programa contra la crisis que han incumplido hasta el último punto, pero aun así aseguran que nos sacarán de ella. Sencillamente ya no hablan el mismo idioma que los demás. ¿De qué crisis nos quieren rescatar si no saben ni describirla? ¿Cómo piensan hacerlo si su palabra no vale nada? Los españoles vivimos tiempos de resistencia. Lo peor que podríamos hacer es abandonarnos al discurso de los cínicos, aceptar que somos como ellos. La primera línea de defensa ciudadana debe ser la moral. "La hipocresía es el homenaje que el vicio tributa a la virtud", escribió La Rochefoucauld. El cinismo emerge cuando la virtud se considera tan irrelevante que no merece ni el trabajo de fingir que se practica.

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Rajoy avergüenza a España

La responsabilidad política no está delimitada en ninguna ley. No existe un código que incluya un catálogo de comportamientos inaceptables ni el castigo que merecen. La responsabilidad política es un acuerdo tácito de la sociedad que da la medida de la dignidad democrática a la que aspira. Ayer, el presidente Rajoy pulverizó esta dignidad en el discurso más cínico que se ha oído en años en el Congreso de los Diputados. Tras reconocer un error del que no extrajo ninguna consecuencia, consideró que ya se había explicado bastante, se acogió a la presunción de inocencia y negó, sin decirlo abiertamente, que existiera algo llamado responsabilidad política. Veinte preguntas le hizo Rosa Díez a Rajoy. El presidente no sólo no respondió ninguna, sino que ni siquiera citó a la portavoz ni a su grupo, Unión Progreso y Democracia. Veinte preguntas pertinentes sobre hechos probados. ¿Para qué creía Rajoy que acudía al Congreso? Acudía, precisamente, a responder preguntas como aquéllas. Acudía a explicarse. No lo hizo. Por este motivo, Rosa Díez pidió al presidente, en nombre de UPyD, que dimita. Su silencio se ha convertido en indecente. Hoy hay más motivos que nunca para pensar que el PP, con el conocimiento y consentimiento de Rajoy, se financió de forma delictiva durante décadas. España no puede tener como presidente a un sospechoso ni a un irresponsable. Rajoy quiere reducir la democracia a un mero mecanismo incruento de selección de gobernantes. El que gana en las urnas manda, hace su voluntad y responde cuatro años después ante los electores. El poder legislativo aprueba las leyes, pero no controla al Gobierno. Pretender que el Gobierno rinda cuentas es antipatriótico porque pone en riesgo la estabilidad y la imagen del país. El presidente va de vez en cuando al Parlamento, pero considera inaceptable que se le hagan ciertas preguntas, y si se le hacen no las responde. Toda responsabilidad es judicial. Algo muy conveniente cuando la fiscalía depende del Gobierno, se acaba de aprobar la última vuelta de tuerca al control de la justicia y el presidente del Tribunal Constitucional está afiliado al partido mayoritario. En su vergonzosa intervención de ayer, el presidente se acogió a los errores pasados del jefe de la oposición. Recordó con citas textuales lo que Rubalcaba decía, estando en el Gobierno, sobre otros casos de corrupción. En el colmo del cinismo vino a decir: "no me ataquen, sólo hago lo que otros hicieron antes que yo, lo que siempre se ha hecho".

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Al recordar lo que Rubalcaba decía cuando estaba en el poder, nos recordaba a todos que, entonces, él estaba en la oposición exigiendo las responsabilidades políticas que ahora han dejado de existir. Fue la proclamación más acabada del bipartidismo: estamos juntos en esto y no vamos a hacernos daño. "Entendería que pidieran mi dimisión por mis reformas económicas", dijo Rajoy en un momento cumbre. No, es justo al revés. Si creemos en la responsabilidad política, el error se puede perdonar. Lo que es imperdonable es la mentira. Si el juez llama al presidente como testigo para hacerle las veinte preguntas de Rosa Díez y Rajoy miente, estará cometiendo un delito. El presidente parece creer que puede mentir a los ciudadanos y esperar a las próximas elecciones para ver si les importa o no. Cree que se salvará si España es tan cínica como él. Al negarse a responder a preguntas directas sobre sus mentiras lanza un desafío atroz a los ciudadanos: no soy mejor que vosotros, pero tampoco peor. Ayer, Rajoy rebajó la dignidad de la nación a la que representa. No puede seguir ni un minuto más como presidente.

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¡Ríndase y diga si es de derechas o de izquierdas!

A los cargos y representantes de UPyD siempre les han preguntado si el partido es de derechas o de izquierdas, pero el tono de la pregunta, en los últimos tiempos, se está volviendo desesperado. A medida que crece la influencia del partido y sus expectativas electorales, muchos periodistas y medios de comunicación se encuentran cada vez más incómodos. En especial aquéllos que consideran a UPyD una amenaza en ciernes para los intereses del partido que los apadrina. Las etiquetas de derecha e izquierda que se han colocado los partidos tradicionales han sido la coartada para el gran fraude de la política española. Fingiendo heredar una fractura más propia de la primera mitad del siglo XX, el bipartidismo ha ocultado los silenciosos pactos que nos han conducido a donde estamos. Unos y otros han compartido un mismo rumbo y son corresponsables de la crisis política que vive España. El valor de las etiquetas se observaba cada vez que llegaban unas elecciones. Entonces se escuchaba el que en realidad, era el único mensaje que enviaban a los ciudadanos: "cuidado, que viene la derecha". O "cuidado, que viene la izquierda" Derecha e izquierda han mantenido y han vivido de un modelo de Estado disfuncional; derecha e izquierda han parcheado el mercado laboral sin encontrar una solución al endémico problema del paro; derecha e izquierda han politizado y saqueado la mitad del sistema financiero español; derecha e izquierda se han cuidado mucho de tomar medidas de regeneración democrática y de luchar contra la corrupción que ambos practican; derecha e izquierda han agachado la cabeza serviles ante el chantaje nacionalista; derecha e izquierda se han repartido la justicia; derecha e izquierda han evitado cualquier atisbo de democracia interna; derecha e izquierda han socavado la igualdad de los españoles de mil maneras distintas. En 35 años de democracia, derecha e izquierda han sido las madrigueras en las que el bipartidismo se ha escondido para no asumir su responsabilidad. Gracias a ellas han evitado dar explicaciones de sus actos. Han recurrido al sectarismo, a la desconfianza de unos españoles hacia otros para evitar que los ciudadanos les evaluaran. Han pedido el voto por identificación, y no por confianza. "Somos los vuestros", han dicho a sus votantes, "y si no os gusta lo que hacemos menos os gustará lo que harán los otros". Cuando es lo mismo. En este fraude han jugado un papel destacado algunos medios de comunicación, los mismos que hoy se preguntan con ansiedad por qué UPyD se niega a ponerse la etiqueta.

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Ante esta negativa, un diario que no tiene problema en acordar con el presidente del Gobierno la pregunta que le interesa, se inventa pactos de gobierno con los nacionalistas días después de que una enmienda de UPyD permitiera garantizar la educación en castellano en toda España. Otros sirven de altavoz a un conocido ultraderechista - al que, en cualquier otra cosa, no harían ni caso - para ensuciar la imagen del partido. Y otros deducen sin ninguna base que se trata de un partido de izquierda radical. Lo que sea menos pararse a analizar las propuestas y las acciones del partido. Y sin embargo, éste será, con toda certeza, uno de los grandes logros de UPyD. Al negarse en redondo a este juego fraudulento, obliga a los ciudadanos a juzgarle por sus actos, por sus ideas, por su coherencia. Y esto es revolucionario, porque una vez que la gente evalúa así a un partido, se sentirá obligada a hacer lo mismo con los otros. UPyD, por ser un partido transversal que no pretende representar a un grupo de españoles (sino a todos) y que se ha creado para llevar a cabo un proyecto concreto con objetivos concretos, puede cambiar la naturaleza de la política española. UPyD está ya consiguiendo que los ciudadanos dejen de creer que un partido que les perjudica puede ser el suyo. Con una ciudadanía verdaderamente crítica, tanto el bipartidismo como sus medios afines tendrán todavía más problemas. De ahí el nerviosismo.

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UPyD no toma atajos

Casi la totalidad de los 500 delegados que se han reunido en Madrid durante la celebración del 2º Congreso de UPyD compaginan su actividad en el partido con su trabajo (si tienen la suerte de tenerlo). Todos ellos, junto con varias decenas de voluntarios, se tomaron la molestia de dedicar un puente a trabajar por un proyecto político en el que creen. Lo primero que hay que decir del reciente Congreso de UPyD es que ha sido un ejemplo de altruismo colectivo. También ha sido todo un desafío organizativo para una formación joven que se ha convertido en el único partido moderno que hay en España. España No se ha elegido el camino fácil, sino el verdadero. Sería mucho más sencillo programar el acto para evitar debates incómodos o para blindar los resultados, pero no se elige la democracia por su sencillez, sino por justicia. Se debatió, se explicó, se rindieron cuentas y se votó en innumerables ocasiones. El resultado fueron unos órganos de dirección y control y unas líneas políticas generales que representan la voluntad de los afiliados de UPyD.. Todos ellos tuvieron que renunciar a algo y todos lo hicieron a cambio de objetivos comunes. com Sería mucho más sencillo hacer un llamamiento a la identidad, a "los nuestros", pero la política del futuro sólo puede hacerse sobre propuestas concretas, sobre reformas e ideas. UPyD sale de su 2º Congreso, en palabras de su presidente, Francisco Sosa Wagner,, "manteniendo en alto las banderas" por las que ya es valorado por la ciudadanía. Sería mucho más sencillo ponerse de perfil, evitar los asuntos espinosos, hablar sólo de generalidades, pero entonces, ¿cómo sabrían los ciudadanos que hay soluciones solucio concretas a sus problemas? UPyD parte de un diagnóstico ampliamente compartido para proponer reformas que serán, como todas, discutibles, pero que van a la raíz de los males que sufre España. Sería mucho más sencillo cerrar el partido a cal y canto o mirar para otro lado ante conductas dudosas a cambio de apoyos internos o de ganar unas concejalías, pero así es como hemos llegado al nivel de corrupción e ineficacia actuales. UPyD va a permitir que los simpatizantes puedan votar en algunas de las elecciones internas más importantes, y será el primer partido en contar con un plan de prevención de riesgos penales como forma de prevenir la corrupción. corrupción

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Sería mucho más sencillo inclumplir los compromisos, firmar pactos sabiendo que son papel mojado, decir una cosa hoy y la contraria mañana, tomar atajos para llegar antes y olvidarse de adónde se quería llegar. Unión Progreso y Democracia está creciendo. El cuánto es lo que quita el sueño a algunos, pero la clave está en el cómo: se trata de crecer siendo fiel a los principios que justifican su existencia. Se trata de avanzar sin tomar atajos que conducen a callejones sin salida. Lo resumió perfectamente Rosa Díez en la clausura del Congreso: "si no cumplimos lo prometido, no vuelvan a votarnos". Sería mucho más sencillo ser un partido como los demás. Pero entonces, ¿qué esperanza le quedaría a España?

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20 Mejores Editoriales UPyD 2013