LUNES 22 DE JULIO DE 2013
5
unomásuno
MIGUEL ÁNGEL ROCHA VALENCIA
Ley "antilavado" y la informalidad Independientemente de que la autoridad hacendaria debe realizar una campaña informativa para que los legos estemos enterados de qué se trata y los alcances de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, vulgo ley "antilavado", los diputados habrán de ponerse a trabajar en la correspondiente reglamentaria para precisar todos los tipos, causales y penalidades, evitar excesos y que el gran refugio sea la informalidad. Porque no obstante contener la nueva ley la mayoría de los tipos y causales, faltan muchas lagunas por cubrir, donde precisamente a quienes debería ir dirigida pueden ocultarse para evadir la acción de la justicia, presentando actividades que siendo presumibles de delito pasen por lícitas y los grandototes puedan escapar especialmente a través de los medios cibernéticos. Por ejemplo, en transacciones con bancos que no pertenezcan a la red que opera en el país, se pueden hacer spray grandes capitales y sólo mediante exhortos podrían solicitarse reportes o bien establecer convenios con otros países para mantener la alerta respecto a transacciones derivadas de México, ya sea de entrada o de salida. Pero lo que es peor, con las actuales políticas se ha fomentado la informalidad, donde se manejan recursos que podrían superar a la economía formal, por lo que ese segmento real está llamado a convertirse en el paraíso mercantil y financiero donde se mueven grandes flujos de capital que no paga impuestos, nadie pregunta de dónde llegan ni a dónde van. Un ejemplo de ello serían las centrales de abasto, donde no sólo se mueven cantidades insospechadas de mercancías, sino venta de vehículos e infinidad de productos, con dinero que muchas veces proviene de actividades no lícitas, incluyendo la extorsión, secuestro, compra-venta de drogas y protección. Como ello, se tendrían que analizar los recursos que llegan a grandes empresas o proyectos que pueden ser triangulados desde el exterior, sin indagar si su procedencia es lícita. ¿Quién nos dice que una empresa española perseguida por fraude en España, no opera en proyectos privilegiadamente de infraestructura y energía en nuestro país con dineros mal habidos? Claro que la usura y la especulación no se contemplan dado que son actividades "reguladas" por la ley y sin embargo, ocultan otras presuntivas de delito como los objetos dejados en prenda en miles de establecimientos que se manejan prácticamente en la informalidad, sin reporte de lo pignorado. Los hay que son auténticas joyas. Constituye este segmento un filón alternativo sin duda porque el dinero de préstamos no paga impuestos y los objetos que pudieran ser robados o no, constituyen una forma de transferir efectivo. Pero olvidemos esos minúsculos nichos. La mitad de la Población Económicamente Activa se maneja en la informalidad. Imaginemos el volumen que representa la tercera parte de la economía de este país, de las transacciones que debiendo serlo, no son reportables, incluyendo los salarios. Ahí es donde la nueva ley puede tener su "Talón de Aquiles", máxime que para aprobarla se tardaron más de año y medio, dando la idea de que así lo hicieron precisamente para permitir a quienes deberían ser los destinatarios, a prepararse y encontrar formas de elusión y evasión. Y si no, que pregunten en la PGR. Por lo pronto, la tal Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita ya está vigente, pero sin aplicación hasta en tanto no esté la reglamentaria y eso ¡Claro que va a tardar!
IGNACIO CARDOSO
ÁLVAREZ/GUILLERMO
REPORTEROS
A
nalistas económicos del sector privado recomendaron "mesura" en la aplicación de la nueva Ley de Lavado de Dinero, porque la obligación de haber convertido en "informantes obligados" al sistema financiero, comercio y prestadores de servicios, más que atacar recursos de procedencia ilícita, propiciará incremento de informalidad y disparará el crecimiento de la economía subterránea mientras la formal, sufrirá una caída drástica. Igualmente empresarios adscritos a organismos de diversos sectores del comercio y servicios, muestran su temor de que a pesar de que la ley marca la prohibición de revelar nombres de personas y razón social que en la mira de la investigación hacendaria y judicial a un "cliente sospechoso", de alguna forma sea develado con funestas consecuencias para el empresario que quedará entre la "espada y la pared". También quedan en el "aire" las millonarias transacciones en dinero en efectivo que se operan en las centrales de abasto, el mercado negro de artículos robados en decenas de casas de empeño, y otras actividades que se operan sin control fiscal, lo que representa el riesgo de que crezca el "paraíso" de la informalidad. Igualmente presumen que se afectará el mercado interno, pues compras en efectivo, cheques o tarjetas se limitarán para cumplir con los mínimos que establece la nueva ley, que además autoriza la revisión del manejo de dinero de cualquier persona hasta por seis meses, lo que en opinión de expertos, podrá generar mercado "negro" y mayor contrabando de mercancía considerada de "lujo". Como se sabe, la
PAG 5 OK
nueva ley en uso desde el pasado día 17 de este mes marca que aquella persona moral o física, en su carácter de cliente o usuario que realice actos u operaciones en "actividades vulnerables", como se califican a partir de la norma las entidades financieras, que van desde bancos, uniones de crédito, ahorro y crédito popular, seguros, Afores y Mercados de Valores. Igualmente quedan como "informantes obligados", la venta de boletos, fichas y cualquier comprobante que represente desde 645 hasta mil 285 veces el salario mínimo vigente en el Distrito Federal, igualmente el manejo de tarjetas de crédito, comerciales o prepagadas, cheques de viajero, cuando representen cantidades equivalentes a 645 o mil 285 veces el salario mínimo. Bajo la lupa del sistema hacendario y de justicia, quedan
también quienes se dediquen a construcción, comercialización de bienes inmobiliarios, metales, joyas, piedras preciosas, relojes, vehículos blindados, vendedores de servicios a nivel moral o físico, como abogados, médicos, entre otros que muestran justificado temor de convertirse en "informantes obligados". "Seguramente lo que ocurrirá es que la compra de bienes o lujos se encamine hacia el extranjero o bien a realizar por abajo del agua", porque para muchos de los obligados por esa ley, existen vacíos en esa norma que de facto los puede convertir en víctimas o victimarios. Por ello en el análisis realizado por expertos del sector privado en las finanzas, comercio y servicios, se manifestaron por una revisión profunda en la construcción de la ley reglamentaria que no criminalice y desaliente la economía formal.