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JOSÉ RÓMULO REYES, Licenciado en Ciencias Jurídicas, graduado de la Universidad de Oriente. Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNIVO

La Facultad de Ciencias Jurídicas tiene como finalidad formar profesionales del Derecho con aptitudes, conocimientos y valores capaces de aportar soluciones concretas a la sociedad en las diferentes áreas que competen; contando para tal fin con metodologías que involucran teoría y práctica en donde nuestros estudiantes tienen la oportunidad de ofrecer asistencia y asesoría jurídica a las personas que lo solicitan a través de la Clínica de Asistencia Legal.


CONTENIDO

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DEDICATORIA AL SEÑOR RECTOR: DOCTOR PEDRO FAUSTO ARIETA VEGA LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL POR DESPIDO DE HECHO A EMPLEADOS PÚBLICOS NO COMPRENDIDOS EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA LEGISLACIÓN SALVADOREÑA LA VÍCTIMA COMO SUJETO ACTIVO EN LA FASE PROBATORIA EN EL DERECHO PROCESAL PENAL

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EL PACTO DE RETROVENTA Y LA LEY CONTRA LA USURA EN EL SALVADOR

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EL RETO QUE IMPLICA LA UNIVERSITARIA DE LOS PROFESIONALES DEL DERECHO

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EDUCACIÓN FUTUROS

LOS VERBOS RECTORES EN EL DELITO DE LA TRATA DE PERSONAS

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PEDRO FAUSTO ARIETA VEGA, Doctor en Jurisprudencia y Ciencias sociales, graduado de la Universidad de El Salvador , Rector de la Universidad de Oriente (UNIVO); Administrador de la firma jurídica (“Abogados Corp” en San Miguel y San Salvador) con diferentes postgrados en INCAE y en diferentes universidades de Estados Unidos.


Prestigio y reconocimiento, acadĂŠmico, profesional y social

Calidez humana y solidaridad con los mĂĄs humildes y necesitados


LA ACCIÓN DE AMPARO CONSTITUCIONAL POR DESPIDO DE HECHO A EMPLEADOS PÚBLICOS NO COMPRENDIDOS EN LA CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA LEGISLACIÓN SALVADOREÑA Lic. José Rómulo Reyes DECANO DE LA FACULTAD DE CIENCIAS JURÍDICAS

E

l despido de hecho es un evento laboral, que termina con la relación jurídico contractual, entre un trabajador y su empleador; el empleado tiene derecho a las correspondientes indemnizaciones, de lo contrario, a accionar en los tribunales competentes por despido injustificado o despido de hecho, según corresponda, de acuerdo a las disposiciones del Código de Trabajo; pero que al tratarse de empleados públicos, regulados por la Ley de Salarios, que son la clase de empleados más

protegidos en nuestro sistema normativo, deben respetarse mayores formalidades para efectuar un despido o destitución. En derecho administrativo, la destitución permite al empleado público a ser reinstalado en sus funciones, luego de agotado el término de la sanción; en cambio, el despido es definitivo. El Amparo es la figura jurídica procesal constitucional, que si bien tiene una serie de ambigüedades conceptuales, por ser considerada


en algunas legislaciones y por algunos autores, como un recurso, más que como una acción propiamente; sin embargo, son más los autores que la consideran lo contrario, sería una opción viable, en caso de presentarse este evento jurídico sin justificación alguna. En cuanto a la naturaleza jurídica, por ser de contenido constitucional y procesal, no cabe duda que pertenezca al derecho público; se encarga de resguardar los derechos de categoría constitucional o bien, derechos fundamentales. Entonces podemos decir, que el Amparo es una acción constitucional, con una doble función:

a) Proteger al ciudadano en sus derechos fundamentales, principalmente aquellos que reconoce la Constitución y siempre que no se trata del derecho a la libertad ambulatoria, ya que en ese caso, procede el Habeas Corpus; y b) Resguardar constitucional.

el

orden

Por ejemplo, el Amparo Constitucional por despido de hecho; lógicamente, cuando se trata de empleados públicos, regulados por ley de salarios, y la Ley Reguladora de la Garantía de Audiencia de los Empleados Públicos no Comprendidos en la Carrera Administrativa. Los por

empleados ley de

públicos, salario,


generalmente tienen nombramientos permanentes; y gozan del derecho a la estabilidad laboral, por lo tanto, se le deben respetar todos los derechos constitucionales: Al debido proceso: a) Derecho de audiencia y defensa; b) Derecho ha ser oído y vencido; c) A no ser despedido o destituido sin antes cumplir las garantías pertinentes Por el derecho de audiencia, el empleado tiene derecho a conocer las razones por las cuales está siendo procesado y sancionado; al igual, que el mismo hecho de estar siendo perseguido administrativamente para ser sancionado con una

destitución o con un despido; de lo contrario, estaríamos ante un despido de hecho, el cual podría llegar a legitimar la acción de Amparo Constitucional, sin perder de vista que este tiene carácter supletorio. Los empleados públicos de acuerdo al Art. 219 de la Constitución de la República, gozan de estabilidad en su trabajo, lo que se complementa con la Ley Reguladora de la Garantía de Audiencia de los Empleados Públicos no Comprendidos en la Carrera Administrativa. Establecer el despido de hecho, es decir, haber sido despedido sin una causa real y con todas las garantías constitucionales y con apego a la norma infraconstitucional, habilita la


interposici贸n de la Acci贸n de Amparo por despido de hecho; y consiguientemente, las respectivas

indemnizaciones a que se tiene derecho por haber sufrido una infracci贸n de los derechos fundamentales.


LA VÍCTIMA COMO SUJETO ACTIVO EN LA FASE PROBATORIA EN EL DERECHO PROCESAL PENAL Por: Lic. Edwin Odir Parada Guandique

V

íctima es la persona que sufre un daño como consecuencia de la comisión de un acto tipificado por la legislación vigente como delito. En los diversos estadios de la historia, la víctima, tuvo amplio protagonismo y asimismo en otros momentos se mantuvo olvidada y neutralizada, en el primero de los casos tenemos como ejemplo la etapa de la venganza privada; pero luego que el Estado toma la facultad de sancionar aquella se convierte en sujeto justiciable y resulta en escena un principal actor como lo confirmó la Escuela

Penal Positivista siendo este el Delincuente. Más de alguna vez nos hemos de preguntar ¿Por qué se presta más atención a los delincuentes que a las víctimas? o ¿Por qué los primeros tienen más derechos? (Procesalmente hablando), si bien las Ciencias Penales se han enfocado más al sujeto activo del delito al acontecer el hecho criminal; sin embargo, merece atención central la víctima y víctima en general de cualquier conflicto humano, para el caso un conflicto armado, víctimas de la pobreza, de la violencia intrafamiliar o doméstica y la que resulta


afectada frente a la comisión de cualquier delito. La doctrina es unánime al establecer que cuando el Estado asumió la persecución penal del delito, el rol de la víctima dentro del proceso fue desapareciendo, el sistema procesal inquisitivo con las facultades ilimitadas del juez, convirtió el conflicto penal en una disputa entre el representante de la administración estatal y el delincuente, de tal forma que los intereses de la víctima quedaron totalmente al margen del proceso penal. Una Ciencia relativamente nueva como lo es la victimología ha desarrollado el estudio del proceso victimizador en tres aspectos fundamentales,

mediante los cuales llamó la atención del sufrimiento de los perjudicados por la acción delictiva o delitos y que estaban abandonados y marginados en cuanto a sus derechos en el proceso penal. Así, la victimología se ocupo de estudiar la victimización primaria que viene a ser el proceso dañoso que sufre el ofendido a consecuencia directa del hecho criminal con la consecuente estigmatización social; la victimización secundaria consistente en la marginación que padece la víctima por cuenta de las instancias de control social del Estado y finalmente la llamada victimización terciaria que es el daño psicológico que sufre la víctima y que se supervive con el paso del tiempo


degenerando en las personas depresiones, angustias, sentimiento de culpa etc. Hoy en día existe una nueva visión de la víctima que es llamada Victimodogmática con esta nueva corriente está desapareciendo la imagen limpia que nos han creado de la víctima, como el receptor de una agresión o el que recibe el daño por el acontecimiento del delito, desde este punto de vista se establece que es tan culpable el imputado como la víctima y las responsabilidades son compartidas. Es en muchos casos la víctima la que provoca el delito, los ejemplos más claros son el caso de la eutanasia, donde, un

enfermo en fase terminal, atormentado por los dolores y el sufrimiento, suplica a su médico o a un tercero que provoque su muerte; en primer momento podríamos decir que el culpable es la persona que atentó contra al enfermo; pero qué sucede con la insistencia de la persona que por los argumentos que proporcionó en base al sufrimiento por el cual atravesaba los que pudieron convencer al tercero o al doctor involucrado. Sin embargo, la mayor parte de las legislaciones penales no atienden esta circunstancia y consideran al hechor un asesino. La Doctrina menciona el caso de “Víctima más culpable que el infractor,” sería el de la mujer que


simula la existencia de un amante para despertar los celos de su marido, simulación que desemboca en un hecho fatal. Quien pudo saber que lo hecho por su mujer era simplemente para despertar la llama en una relación monótona que buscaba ser reavivada por la esposa misma, al buscar una reacción de su marido; además el marido no sabía que dicha situación era simulada. Viendo estos puntos de vista podremos concluir que no siempre la víctima es la “victima” en los casos, y el victimario puede ser “victima” ante las provocaciones que puedan realizarle.


EL PACTO DE RETROVENTA Y LA LEY CONTRA LA USURA EN EL SALVADOR.Por CARLOS ROBERTO GALEAS CHAVEZ Catedrático de la Facultad de Ciencias Jurídicas de Universidad de Oriente uando se atribuye al vendedor un derecho subjetivo, por el que puede recuperar el objeto vendido, estamos ante el típico Pacto de Retroventa. Se puede aclarar que tiene una finalidad económica que consiste en la posibilidad de que el vendedor adquiera liquidez suficiente, con la futura esperanza de recuperar la cosa; es entonces cuando se vuelve muy sencillo disfrazar un préstamo garantizado de una compraventa con pacto de retroventa.

C

A principios del presente año dos mil trece, comenzó

su vigencia en nuestro país, la LEY CONTRA LA USURA, publicado en el Diario Oficial número dieciséis, Tomo trescientos noventa y ocho, de fecha veinticuatro de enero del dos mil trece, no sin antes haber tenido una cruenta discusión de parte de los actores económicos más influyentes de El Salvador, entiéndase la Banca, Comercio, Industria, y las instituciones que pretenden defender los derechos de los consumidores como el Centro para la Defensa del Consumidor, incluso en su proceso de formación de ley fue observado por el


Presidente de la República, logrando la Asamblea Legislativa superar dichas observaciones.Dicha ley fundamentada en la base constitucional que el orden económico de El Salvador, debe de responder a principios de justicia social, para un existencia digna, debiendo el Estado defender el interés del consumidor, y garantizar la libertad económica, siempre y cuando esto último no se oponga al interés social, lo cual está plasmado directamente en los artículos 101 y 102 de la Constitución de la República.El Salvador entre los muchos Tratados que ha firmado están los de la Convención Americana

sobre Derechos Humanos – Pacto de San José de Costa Rica- ratificado por El Salvador en mil novecientos setenta y ocho, el cual en su artículo 21, establece categóricamente que la usura es una forma de explotación del hombre por el hombre y por lo tanto deben ser prohibida por la Ley.Establece dicha ley, que es frecuente que personas que habitualmente se dedican a realizar préstamos de dinero en efectivo, con el ánimo de encubrir préstamos usurarios, utilicen la compraventa de inmuebles con pacto de retroventa para eludir formalidades y garantías de la ejecución hipotecaria, haciéndose más fácilmente de los inmuebles que personas traspasan a su


favor en garantía de préstamos que generalmente se realizan con tasas usurarias.

especial, que en dicha ley se regula, que es EL PACTO DE RETROVENTA.-

Según el Código Civil, se entiende que: “Por el pacto de retroventa el vendedor se reserva la facultad de recobrar la cosa vendida, reembolsando al comprador la cantidad determinada que se estipulare, o en defecto de esta estipulación, lo que le haya costado la compra.” Art. 1679 C.

El origen del pacto de retroventa fue, a pesar de todo, una manera de proteger al que necesitaba de un préstamo para sus actividades, sin el peligro de perder sus propiedades, surgió como una figura jurídica de garantía en la Edad Antigua, específicamente en el Derecho Romano en el cual se le denominaba Pacto de Retroemendo o Retrovendendo, que era aquel por el que el vendedor podía rescatar la cosa vendida devolviendo el precio que pago el comprador; para otros dicho pacto era aquel por el que el comprador podía resolver la compra exigiendo la

Hacer un estudio exhaustivo de la mencionada ley tendría que ser en un documento mucho más extenso y amplio, a pesar que solo cuenta con quince artículos, pero su incidencia en el sector económico del país es enorme, mas sin embargo nos referiremos acá a una figura jurídica en


devolución del precio. En otras palabras siempre que pagase la cantidad adeudada podría recuperar la cosa dada en garantía, sin más problema, por supuesto, que no se entendía que existieran intereses, o que estos fueran desproporcionados.Este contrato ha sido señalado en muchas ocasiones de ser lesivo a los intereses del que fue vendedor, puesto que es ejercida con fines lucrativos desmedidos, no únicamente por personas naturales, sino también por instituciones de crédito, los cuales desconocen completamente las necesidades de las personas y que tiene grandes y totales prerrogativas económicas. Es así como ahora se regula en este nuevo

instrumento legal que es la Ley Contra la Usura, aunque, la práctica de este contrato siempre a querido ser combatida, si no de manera directa, se ha querido perseguir como delito, así como lo estipulan los Códigos Penales de Argentina y España, en nuestro país no existe tal figura penal, pero si existen otras herramientas legales que generalmente se utilizan, como son: la Nulidad de Contrato, en el ámbito Civil, por desconocer el vendedor que era una venta la que realizaba creyendo que era una hipoteca, así mismo se utiliza en el ámbito penal el delito de Estafa, por aprovecharse el comprador de la poca instrucción del vendedor.-


Si bien, la Ley Contra la Usura, regula los intereses que se cobran por un crédito determinado, incluye también la figura del contrato de COMPRAVENTA CON PACTO DE RETROVENTA, ya mencionado, y el motivo de ello, es debido a que dicha ley en su artículo 2, conceptualiza la usura de la manera siguiente: “”el otorgamiento de créditos, cualquiera que sea su denominación, siempre que implique: financiamiento directo o indirecto, o diferimiento de pago para cualquier destino, en los cuales se pacta intereses, comisiones, cargos, recargos, garantías u otros beneficios pecuniarios superiores al máximo definido según la metodología de cálculo

establecida para cada segmento de acuerdo a esta Ley””.También se conoce la figura de la Usura encubierta la cual se entiende cuando se encubren los intereses; cambiando únicamente el contrato de préstamo que es el que sirve de base, se trata pues de encubrir o disfrazar el préstamo con usura, con la apariencia de otro negocio jurídico; y es ahí donde la Ley Contra la Usura, regula específicamente en su artículo cuatro el pacto de retroventa, estableciendo una presunción legal de que existe usura siempre y cuando concurran circunstancias especificas en dicho contrato, dicho artículo regula: “””Art. 4.Para efectos de esta Ley, se presumirá legalmente


que existe un préstamo encubierto, en toda venta de inmuebles o muebles en la cual se establece pacto de retroventa cuando concurra cualquiera de las circunstancias siguientes: a) Cuando el comprador no haya entrado en posesión del inmueble vendido. b) Cuando el vendedor pague intereses al comprador por el precio de la venta, sin importar la denominación que se dé a este pago. c) Cuando el precio de la venta estipulado en el contrato sea inferior al valor del mercado del inmueble o al último valor de transferencia.””” Entonces, tenemos acá tres supuestos de ley, en la cual si existe en un contrato de compraventa con pacto de retroventa, se considerara

que existe usura, y por ende será sancionado por dicha ley, las cuales como dije al principio, tendrían que explicarse en otro trabajo, pues existen varias sanciones dependiendo la naturaleza del hecho; quedando pues de esta manera determinado, que si bien, los contratos de compraventa con pacto de retroventa, aun están vigentes, estos deben de evitar caer en los supuestos anteriormente mencionados, por que existirá la presunción legal de usura, con su respectiva sanción.


EL RETO QUE IMPLICA LA EDUCACIÓN UNIVERSITARIA DE LOS FUTUROS PROFESIONALES DEL DERECHO.Por Nelson Oswaldo Reyes Baltodano Secretario Académico Facultad Ciencias Jurídicas

L

a Educación, cuya etimología proviene de educare, que significa sacar, extraer, instruir, la concebimos como un proceso que debe transformar al individuo y la realidad en la que vive; hoy en día cuando se escucha el termino educación nos mueve, nos invita, nos hace ver nuestra realidad y sobre todo nos reta; el reto que nos propone la educación es tan grande, que trasladándolo al ámbito de la educación superior a los futuros profesionales del Derecho, sobredimensiona la concepción mental del concepto de grandeza.

La educación Universitaria de los futuros profesionales del Derecho, sigue siendo un tema de alto cuestionamiento, sobre todo un reto, ahora que hemos comprendido que en esta era de las telecomunicaciones, donde en micras de segundo se puede obtener toda la información que queramos, ya no destaca el que más sabe, sino el que mejor aplica, el que mejor analiza, el que mejor se compromete con los altos principios de Justicia.Debe dejarse de lado, de parte de las instituciones de educación superior, la


concepción del Abogado memorístico de leyes y reglamentos, debe de buscarse un nuevo Abogado integral, comprometido, con sólidos principios éticos, alto sentido de justicia, con habito de la lectura analítica, investigador, que se preocupe cada día por aprender a aprender, que se imponga retos de transformación de su ámbito social. ¿Cómo se lograra lo antes apuntado? Bueno un recambio en la mentalidad de la Administración de la Educación de los Futuros profesionales es necesario, la mejor educación que podemos ofrecer a las nuevas generaciones es el ejemplo; es desde las aulas universitarias donde los docentes deben con su

actuar dejar una huella imborrable en la psiquis de sus educandos, los hechos valen más que mil palabras, de que serviría desgarrarse las vestiduras hablando de honestidad si al dar la vuelta dicho “maestro” pide dádivas, favores y demás cosas con tal de favorecer la promoción de un estudiante, valdría lo más ínfimo.Por ello los docentes deben ser personas comprometidas, de alto sentido ético y de justicia, ellos serán el modelo de las nuevas generaciones de Abogados, solo imaginémonos, cuantos futuros funcionarios tenemos en nuestras aulas: fiscales, procuradores, Jueces, Magistrados, por ello los docentes deben forjar una buena semilla,


para que cosechemos matas buenas y no mala hierba; por otro lado debe promoverse la investigación, el constante deseo de aprender, el habito de la lectura, donde se invite al futuro Abogado al viaje maravilloso de las letras, que lea no solo de la profesión, que lea todo tipo de literatura enriquecedora, pues al fin de cuentas el Derecho se relaciona con todo.En cuanto a la metodología de cátedra, es inconcebible en la actualidad una clase en la que el docente creyendo saberlo todo, dicte cátedra, convirtiéndose en una tortura de monologo donde el estudiante se siente como un recipiente vacío donde se deposita conocimiento del único que “sabe” que es su “profesor”,

la clase debe ser un ambiente agradable, relajado, donde se pueda discutir, dialogar, investigar, abordar, disentir en un alto nivel los temas Jurídicos, utilizar el dialogo constante y la participación activa del estudiante para sacar conclusiones, precisamente el docente no debe esperar que los estudiantes estén de acuerdo con él, sino que se “discuta” en el sentido académico y jurídico, esa “discusión” enriquece, genera aprendizaje, motiva e invita; caso contrario los docentes estarían impartiendo un “refrito” de lo que ya se sabe, de lo que ya han dicho otros, equivalente a leer un libro de texto antiguo, mas insípido imposible. Por otro lado si estamos en la era tecnológica, un


docente actual debe manejar lo básico en tecnología para su cátedra, dejar de impartir las clases como en el Siglo XVIII, en pleno Siglo XXI; conversar sobre casos prácticos; la mejor manera de aprender la teoría es la practica; invitar a los estudiantes a la búsqueda del conocimiento, a que vayan por él. Como se ha manifestado, el reto es grande, difícil, pero no imposible, el reto está ahí, formar una generación de Buenos profesionales del Derecho, que enriquezcan nuestra sociedad tan habida de Justicia.-


LOS VERBOS RECTORES EN EL DELITO DE LA TRATA DE PERSONAS Licdo. Juan Ramón Araujo López

L

a norma penal de tipo sustantivo, que permite desarrollar el derecho punitivo del Estado, enumerando una lista de conductas reprochables y perseguibles, que básicamente lesionan el interés y los derechos, de las personas, del Estado mismo o bien, de la sociedad en su conjunto, forman parte del Código Penal. Cada delito tipo tiene sus propias características, su naturaleza y se define a sí mismo en una tipificación casi universal, cuenta para ello con algunos elementos, como los medios comisivos y los verbos rectores.

El verbo representa una acción y es la parte más importante en una oración; y como el tipo penal se describe en una oración gramatical; y, generalmente, los actos perseguidos como delitos constituyen acciones que se materializan en conductas y como prescribe un principio de derecho constitucional argentino, no hay delito sin conducta, es necesario siempre la existencia de un verbo rector; es decir, en cada delito, tenemos la tarea de encontrar el verbo rector, que vendría siendo el núcleo rector del delito. En el caso del delito de la trata de personas, que


intenta perseguir y sancionar la conducta específica de traficar y comercializar personas humanas con el fin, generalmente, de explotarlas sexualmente o con otros fines similares, los verbos rectores son: a) La captación; b) El transporte; c) El traslado d) La acogida; y c) La recepción de personas.

las

El delito tipo es: “EL QUE POR SÍ O COMO MIEMBRO DE UNA ORGANIZACIÓN NACIONAL O INTERNACIONAL CON EL PROPÓSITO DE OBTENER UN BENEFICIO ECONÓMICO

RECLUTE,TRANSPORTE, TRASLADE, ACOJA O RECEPTE PERSONAS, DENTRO O FUERA DEL TERRITORIO NACIONAL, PARA EJECUTAR CUALQUIER ACTIVIDAD DE EXPLOTACIÓN SEXUAL, MANTENERLAS EN TRABAJOS O SERVICIOS FORZADOS, EN PRÁCTICAS ANÁLOGAS A LA ESCLAVITUD, O PARA EXTRACCIÓN DE ÓRGANOS, ADOPCIONES FRAUDULENTAS O CELEBRACIÓN DE MATRIMONIOS FORZADOS, SERÁ SANCIONADO CON PENA DE CUATRO A OCHO AÑOS DE PRISIÓN. Art. 367 B del Código Penal. Ahora bien, no todos los verbos que aparecen en el delito tipo son “Verbos


Rectores”, sino solamente los principales, que vendrían a ocupar un papel principal, los demás son accesorios.

En el delito planteado, los verbos rectores son los señalados arriba; es decir, las conductas observables, que permiten identificar la comisión de éste delito tipo.



Primera edicion enero de 2014