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Emilssen González de Cancino

en algún criterio con autoridad, recordemos los postulados que la Corte Constitucional dejó sentados en la sentencia T-881/2002. En ella el alto tribunal hizo un recuento de la jurisprudencia anterior para encontrar lo que se debe entender por “la naturaleza jurídica de la expresión constitucional “dignidad humana” y las consecuencias normativas de su determinación”. En cuanto al primer punto, se identificaron tres sentidos según la funcionalidad del enunciado normativo “dignidad humana”: (i) la dignidad humana entendida como principio fundante del ordenamiento jurídico y por tanto del Estado, y en este sentido la dignidad como valor; por lo tanto, “[e]l respeto de la dignidad humana debe inspirar todas las actuaciones del Estado. Los funcionarios públicos están en la obligación de tratar a toda persona, sin distinción alguna, de conformidad con su valor intrínseco (C P. artículos 1, 5 y 13)”10; (ii) la dignidad humana entendida como principio constitucional; así, en la sentencia T-461 de 1998 afirmó la Corte: “El respeto a la dignidad es un mandato que obliga no sólo a las autoridades públicas sino a los particulares, cualesquiera que sea la relación que exista entre éstos. Es, en sí mismo, un principio mínimo de convivencia y expresión de tolerancia”; (iii) la dignidad humana entendida como derecho fundamental autónomo que tiene “un titular claramente identificado (las personas naturales), un objeto de protección más o menos delimitado (autonomía, condiciones de vida, integridad física y moral) y un mecanismo judicial para su protección (acción de tutela)”11. Desde el punto de vista del objeto de protección cubierto por el mismo enunciado normativo, se identificaron, a su vez, tres aspectos: “(i) La dignidad humana entendida como autonomía o como posibilidad de diseñar un plan vital y de determinarse según sus características (vivir como quiera)”; (ii) la dignidad humana entendida como la posibilidad de vivir en el disfrute de ciertas condiciones materiales concretas de existencia que le permitan precisamente desarrollar el proyecto vital (vivir bien); “(iii) la dignidad humana entendida como intangibilidad de los bienes no

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COLOMBIA, Corte Constitucional, sentencia T-499/1992 Colombia, Corte Constitucional, sentencia C-328/2000

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Universidad El Bosque • Revista Colombiana de Bioética. Vol. 4 No 2 - Diciembre 2009

Revista Colombiana de Bioética  

Revista Colombiana de Bioética. Julio - diciembre de 2009 » vol 4 » Nº 2 » ISSN 1900-6896

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