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Caminos de la autonomĂ­a Bajo la tormenta 16 Mayo de 2018


Campo minado Ana de Ita Los últimos cuatro sexenios serán recordados por los pueblos indígenas y campesinos como los que legalizaron un nuevo despojo de sus territorios. En este país, donde como una conquista de la Revolución Mexicana la mitad de la superficie nacional es propiedad de indígenas y campesinos, los proyectos de monocultivos industriales, extractivos, o de mega infraestructura, tuvieron en la tenencia de la tierra un freno a su expansión. Pero la reforma a la Ley Minera del presidente Salinas de Gortari (1992), tomada como modelo para las reformas a las leyes energéticas y extractivas del presidente Peña Nieto (2014), otorgaron a la minería, a la exploración y extracción de hidrocarburos, a la generación de energía eléctrica, por medio de presas hidroeléctricas, de energía eólica o solar el carácter de utilidad pública y de actividades preferentes sobre cualquier otro uso del territorio, y con ello vulneraron la seguridad en la tenencia de la tierra. En muchas regiones del país, los territorios indígenas y campesinos están bajo el acoso de consorcios empresariales que quieren usurparlos, para impulsar sus propios negocios al amparo de estas leyes. La minería es uno de los azotes más extendidos y uno de los sectores más favorecidos por el gobierno. Existen más de 25 mil concesiones mineras que invaden alrededor de 37 millones de hectáreas. 18.5 millones pertenecen a más de 8 mil ejidos y comunidades agrarias –en promedio uno de cada cuatro tienen concesión minera–. En esta superficie también se ubican más de 13 mil localidades con presencia indígena. De un día a otro, miles de comunidades se ven amenazadas por las concesiones que el gobierno adjudica a las empresas, sin siquiera notificarles y mucho menos preguntar, si otorgan o no, su consentimiento para que tales proyectos se realicen en sus territorios.

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Las comunidades rechazan las concesiones mineras, pues su instalación les obligará tarde o temprano a abandonar su tierra y forma de vida. La explotación de las minas en su mayoría se realiza bajo la técnica de tajo a cielo abierto, que devasta las tierras, agua, bienes naturales y ambiente, y junto a la violencia social que la acompaña, enajena a los campesinos sus bienes naturales y la posibilidad de mantener su vida como campesinos. Las compañías exploran los yacimientos minerales con helicópteros o con drones para sortear a los pobladores que seguramente se opondrán a sus intenciones. Procuran comprar tierras, intentan dividir a las comunidades, comprar a las autoridades, sobre todo a las municipales quienes pueden otorgar el cambio de uso de suelo. Buscan desenterrar conflictos con comunidades vecinas para enrarecer y debilitar la resistencia. No existe la buena fe; las mentiras, presiones y amenazas son su forma de operación. El despojo de los territorios indígenas, amparado por la ley se da con una enorme violencia, en la que participa también el crimen organizado. El ambiente de terror que viven estas comunidades es muy útil para inmovilizar a la población y evitar que se organice para impedir la instalación de los proyectos. Las comunidades asediadas están en franca desventaja respecto a los promotores de los proyectos y sus aliados gubernamentales. No tienen información, ni recursos y deben contar con asesoría jurídica para entablar una defensa legal, mientras sus líderes son criminalizados, perseguidos y violentados por el único delito de defender lo que les pertenece. Las malas prácticas de la minería en México han sido denunciadas por organizaciones internacionales. El sector minero obtuvo sólo 60 de 100 puntos, en el Índice de Gobernanza de Recursos de 2017, que argumenta que el país tiene verdaderos problemas de corrupción, violencia y captura del Estado. La minería disputa los territorios a la producción de alimentos, a la silvicultura, a la conservación de la naturaleza, a la cultura y forma de vida campesina. Mientras el gobierno abandonó la agricultura ejidal y comunal, fomentó la minería en beneficio de alrededor de 350 empresas, principalmente de Canadá, Estados Unidos y China, y una decena de empresarios mexicanos que aparecen en la lista de Forbes. El Estado reformó las leyes en favor de las mineras para que tengan acceso a tierras que no les pertenecen, les permite acaparar y contaminar el agua, destruir 2


el ambiente y el paisaje, incluso vestigios arqueológicos, instalarse en áreas naturales protegidas, y obliga a los obreros a integrase en sindicatos charros que no los representan. En 2013, las mineras tuvieron que pagar impuestos sobre las regalías, de los que estaban excentas anteriormente. El Índice de Atractivo a la Inversión en minería cayó 26 lugares entre 2014 y 2016, y el país ocupó el lugar 50. Las mineras consideran que la inseguridad, la dificultad para instalarse en tierras comunales y el incremento de los impuestos representan obstáculos fuertes y proponen que el Estado aplique la ley en contra de ejidos y comunidades que se niegan a aceptarlas, y el Congreso de la Unión les deduzca el total de los costos de exploración y también los gastos que hayan hecho para convencer a las comunidades como clínicas, escuelas, caminos. La autodeterminación de los pueblos indígenas sobre sus territorios debe ser el punto de partida de cualquier proyecto, y la política de saqueo del país en favor de un puñado de empresas debe terminar.

Para decenas de miles de madres, día de ausencias, dolor y reclamo Periódico La Jornada - 11 de mayo de 2018 Se manifiestan en ocho estados por falta de resultados en la búsqueda de desaparecidos Demandan la participación de familiares y organizaciones ciudadanas en instancias estatales Instan a las autoridades a que agilicen la identificación de restos hallados en fosas clandestinas Este 10 de mayo, en el que, dijeron, “no hay nada que celebrar”, madres de desaparecidos salieron a las calles de ciudades de Coahuila, Chihuahua, Zacatecas, Sinaloa, Nayarit, Michoacán, Morelos y Veracruz para exigir a las autoridades que agilicen la búsqueda de personas ausentes, la identificación de restos localizados en fosas clandestinas y, en general, 3


las investigaciones para esclarecer cada caso.Con una caminata por calles de Torreón, Coahuila, integrantes del grupo Víctimas por sus Derechos en Acción, que agrupa familiares de desaparecidos en la Comarca Lagunera, reiteraron el llamado a las autoridades a no desistir de esclarecer los miles de casos denunciados en el país. La protesta terminó frente al Memorial por los Desaparecidos. “Día de las Madres, día de dolor por los desaparecidos, día en que no tenemos nada que festejar, pues nuestra familia no está completa, porque hay una silla vacía en el comedor y el alimento no pasa, sólo de pensar”, dijo Silvia Ortiz Solís, mamá de Stephanie Sánchez Viesca Ortiz, desaparecida el 5 de noviembre de 2004, a los 16 años de edad, cuando regresaba de jugar baloncesto en la preparatoria donde estudiaba, en Torreón, Coahuila. Expuso que tener a un hijo ausente “es estar muerto en vida, agonizando por no saber si viven, qué les estarán haciendo o qué les hicieron. Es saber que su grito de ‘mamá’ se ahogó en el espacio, no llegó a nosotros”. En Ciudad Juárez, Chihuahua, integrantes del colectivo Familias Unidas por la Verdad y la Justicia se reunieron en la Plaza de la Mexicanidad, en las inmediaciones del río Bravo, donde mostraron en una pantalla fotos de decenas de desaparecidos y criticaron la falta de acción del Estado para buscar a sus hijos. Una manifestante explicó que esta “es la séptima Marcha por la Dignidad, y desgraciadamente cada año se suman más madres en más estados, en un día que debiera ser para festejar el milagro de la vida, el don maravilloso de ser madre”. “Ver morir a un hijo es trágico; no poder enterrarlo es insoportable” Al grito de “¿dónde están, dónde están, nuestros hijos dónde están?”, madres de miles de desaparecidos y asesinados en Morelos durante los 12 años recientes marcharon por Cuernavaca, Morelos, para exigir al gobierno que encabeza Graco Ramírez que los encuentre, y a la Fiscalía General del Estado que imparta justicia. Las mujeres marcharon desde la avenida Emiliano Zapata y concluyeron en la ofrenda floral a las víctimas que se encuentra frente al palacio de gobierno estatal. En un mitin reprocharon al mandatario que no haya cumplido su promesa de campaña a estas mujeres: encontrar a sus hijos y hacerles justicia. 4


En Mazatlán, Sinaloa, integrantes de Una Luz de Esperanza y Tesoros Perdidos –organización de madres que buscan a sus hijos en cementerios clandestinos– caminaron a lo largo del malecón de la ciudad, desde el monumento a la alegoría marina hasta el de La Familia, donde depositaron fotografías, cartulinas rotuladas y zapatos de sus familiares. En Mazatlán hay oficialmente 425 personas desaparecidas o extraviadas, pero la cifra puede alcanzar hasta mil debido a que muchas familias no denuncian, dijo Lucía, dirigente de Una Luz de Esperanza. “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, corearon. Sin embargo, hubo llantos cuando Lucía informó a su compañera Miriam que pruebas de ADN corroboraron que los restos de su hijo, José Manuel Herrera, fueron identificados y el sepelio sería ayer mismo. “Ver morir a un hijo es trágico; no poder enterrarlo es insoportable. Tu mamá no descansará hasta regresarte a casa”, dice la lona de Patricia, madre de Juan Carlos Delgado, un joven graduado en fisioterapia desaparecido en marzo de 2014. Colecta de abrazos Una docena de mujeres agrupadas en Familias Unidas por Nayarit acudieron al Parque de la Madre, en Tepic, con las fotos de sus hijos ausentes y un letrero en cartulina blanca que dice: “¿Me podrás dar el abrazo que no recibiré de mi hij@, a quien privaron de su libertad?” Las fotos y los mensajes fueron puestos a los pies de una estatua de bronce cuya mujer sostiene a un niño en brazos. Transeúntes ofrecieron abrazos de solidaridad a estas mujeres que caminan por cerros, veredas o llanos en búsqueda de sus hijos.Cifras de los cuatro colectivos del estado indican que en Nayarit hay 654 ciudadanos desaparecidos, la mayoría del municipio de Tepic. Cerca de 100 personas marcharon del estadio Venustiano Carranza al palacio de gobierno de Michoacán, en Morelia, para exigir la aparición con vida de unas 300 personas desaparecidas en más de cuatro décadas. Los manifestantes realizaron una parada frente a las instalaciones de la 21 Zona Militar para denunciar que en la década de 1970 cinco integrantes de la familia Guzmán Cruz fueron desaparecidos en el municipio de Zacapu, durante la guerra sucia. De las aproximadamente 300 desapariciones, 51 son consideradas forzadas porque participaron 5


elementos de seguridad municipal, del estado y de la Federación, según la organización defensora de derechos humanos Alzando Voces. Decenas de mujeres marcharon en Zacatecas del Monumento a la Madre a la plaza de armas para exigir la aparición de sus hijos desaparecidos en los 10 años recientes y que, de acuerdo con cifras oficiales, son más de mil 160. Una de las manifestantes leyó el pronunciamiento elaborado al término del foro para la aplicación de la Ley General contra la Desaparición Forzada y la Desaparición de Personas por Particulares, que se realizó la víspera. Demandaron “la creación de una comisión estatal de búsqueda, con funciones adecuadas, previamente consultadas con los colectivos de familiares de desaparecidos, cuyo titular sea designado mediante un proceso público a escala local”. También “crear el consejo estatal ciudadano para la búsqueda de personas, en el que participen especialistas, familiares y organizaciones de la sociedad civil, así como la Fiscalía Especializada en la Investigación sobre Desapariciones de Personas”. En Xalapa, Veracruz, se realizaron dos marchas: una encabezada por Buscando a Nuestros Desaparecidos, que salió del panteón Palo Verde, y otra del Colectivo por la Paz, que partió de la normal veracruzana Enrique C. Rébsamen, ambas hacia el Monumento a la Madre, en la avenida Manuel Ávila Camacho. Otras mujeres salieron a las calles de Coatzacoalcos, Orizaba y el puerto de Veracruz para exigir a las autoridades que agilicen la búsqueda de los ausentes. María Elena Gutiérrez Domínguez,de Buscando a Nuestros Desaparecidos, exigió al gobierno estatal que no las deje fuera de la integración de la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas Desaparecidas. La vocera dijo que la Ley General de Víctimas, que se aprobó en el ámbito federal, fue impulsada por las familias de desaparecidos; por ello no puede pensarse que al homologarse en los estados no sean tomadas en cuenta. (Leopoldo Ramos, Rubén Villalpando, Alfredo Valadez, Irene Sánchez, Myriam Navarro, Ernesto Martínez, Rubicela Morelos y Eirinet Gómez.) 6


Mexicali Resiste Los de abajo - Gloria Muñoz Ramírez León Fierro Reséndiz es un ingeniero electrónico, académico universitario y defensor del agua en Mexicali. Hoy es también un preso político del gobierno panista de Baja California encabezado por Francisco Vega. Su delito no es otro que pertenecer a uno de los movimientos más importantes de las últimas décadas en esta entidad: Mexicali Resiste, organización que nació al calor de la construcción de una nueva planta de Constellation Brands, que se calcula empleará hasta 20 millones de metros cúbicos anuales de agua y que, aseguran, limitaría la siembra en 2 mil 200 hectáreas de cultivo y quitará el agua a su pueblo. Fierro Reséndiz, hijo de activistas que también pertenecen al movimiento, es preso de un sistema que pretende apoderarse de todo, incluida la vida de quienes se oponen a ser devorados. No es un delincuente, sino un joven que enseña robótica, innovación y tecnología a niños y adolescentes, un hombre que se unió a cientos de familias que se oponen a la privatización del agua en Baja California, alguien que decidió hacer uso de su derecho a manifestarse y a protestar, acciones que en México son criminalizadas. El movimiento nació en los primeros meses de 2017 y un año después, en enero de 2018, sus integrantes libraron una batalla de nueve horas contra la policía, al tratar de impedir la excavación de una zanja para un nuevo acueducto que se llevará el agua de la red hídrica de la ciudad a la empresa Constellation Brands. Los activistas bloquearon el paso y se le acusa a Fierro de usar su automóvil para detener a los policías y lesionar en el tobillo a uno de ellos. Por eso, dicen, lo detuvieron el pasado 3 de mayo bajo el cargo de “homicidio en grado de tentativa” contra servidores públicos, y le asignaron prisión preventiva en su primera audiencia. Un comunicado de Mexicali Resiste explica que cinco días después, aun cuando se reclasificó el cargo a lesión calificada, se le volvió a asignar prisión preventiva porque la juez no tuvo suficientes garantías para determinar si León Fierro seguiría o no manifestándose fuera de la cárcel, “violando su derecho constitucional de libertad de expresión, asociación y manifestación”.

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En este país es más peligroso ser un profesionista que defiende el agua que un criminal o narcotraficante, por lo que colectivos y organizaciones solidarias no han dejado de movilizarse para exigir la libertad inmediata de León. Para unir los esfuerzos, Mexicali Resiste convocó a una movilización internacional por eso y por la defensa del agua y los territorios, para el próximo 14 de mayo. Por León, por el agua y por nosotros. www.desinformémonos.org losylasdeabajo@yahoo.com.mx

‘Irene después de los 26´, racismo institucional en Oaxaca Rocío Flores - Oaxaca Media Irene vive en la comunidad de Barranca Fiera, en la Mixteca oaxaqueña, a unas 10 horas de la capital del estado. Su vida transcurre en una cama desde hace 17 años. Está cuadrapléjica por una negligencia médica durante una cesárea de emergencia que le practicaron en el Hospital Rural de Oportunidades Número 34 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Tlaxiaco. El escaso servicio de Salud en su población obligó a la familia de Irene a trasladarla, primero a Santa Cruz Itundujia, la cabecera municipal, y luego, por una posible complicación en el parto, la canalizaron al hospital de Tlaxiaco. Durante su cirugía, una joven practicante le aplicó mal la anestesia, cuatro horas más tarde tuvo que ser trasladada al Hospital Civil Dr. Aurelio Valdivieso, ubicado en la capital, donde después de un mes le dijeron que no había nada que hacer. Le diagnosticaron encefalopatía hipóxica isquémica, es decir había perdido la movilidad y el razonamiento. Maternidad frustada Irene no habla, no se mueve, aunque sigue viva, su estado vegetativo le arrebató la posibilidad de vivir la maternidad en sus diferentes 8


etapas, de abrazar, cuidar y educar a su hijo que dio a luz en el año 2001, cuando tenía 26 años de edad. La única manera que tiene para comunicarse con él y su familia es a través de la mirada. En el caso de Irene se conjuga una cadena de discriminación. “Es también un ejemplo para contar cómo funciona el racismo institucional”, apuntan Yareli Hernández y Alhelí Hipólito, comunicadora y psicóloga, respectivamente, ambas con estudios sobre racismo por el Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) en coordinación con la Universidad de Cambridge. “Hay muchas Irene en Oaxaca” destacan las entrevistadas, quienes produjeron un video animado titulado Irene después de los 26, para mostrar cómo funciona este sistema de desigualdad estructural marcado por el género, la clase y la discriminación con las comunidades rurales y principalmente, con la población indígena en Oaxaca. En este estado del sureste mexicano, la violencia obstétrica, es decir, cualquier acción que dañe la salud o el cuerpo de las mujeres, no es un caso aislado, es lo común. Igual que Irene, a quien también le colocaron un Dispositivo Intrauterino (DIU) sin autorización, muchas mujeres padecen de la deficiente atención en centros de salud, clínicas y hospitales públicos, principalmente en zonas rurales y marginadas, donde incluso algunas han tenido que parir en los jardines o patio de la institución. Aunque en el año 2016 la 62 Legislatura local reconoció la Violencia Obstétrica en la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia de Género, no se tipificó como delito, por lo que no hay sanción para este tipo de prácticas. ¿Cómo se puede terminar en una situación tan grave por un parto? “Cualquiera de nosotras puede a dar a luz en cualquier condición, pero no todas tenemos el mismo riesgo. Quienes somos de población indígena estamos acostumbrados a recibir atención de salud de practicantes, porque claro, son cuerpos que a nadie le importan”, dice Alhelí, quien se asume como zapoteca. La psicóloga señala que los hospitales escuelas, ha sido una gran discusión entre los profesionales de Salud, en estos asignan a los jóvenes egresados de las carreras de Medicina para abaratar los costos. “Esta es una forma de hacer del Estado, una política racista, en donde 9


entregan a cuenta gotas recursos para las zonas de alta marginación. El servicio es igual que hace diez años, en algunos casos peor, pues hay desabasto de medicamentos”, indica la profesionista, originaria de Tanetze de Zaragoza, en la Sierra Norte. La historia es similar en el Hospital Civil de segundo nivel de atención, donde llegó Irene en 2001; el inmueble cumplió 53 años este 2018, rebasó ya su tiempo de vida, calculado entre 25 a 30 años. Ahí las mujeres que acuden de las distintas regiones del estado, son atendidas en los pasillos o esperan horas para ocupar una cama después del parto. La sobresaturación y la escasez de medicamentos es la principal queja, entre pacientes y personal médico. La situación anterior contrasta con los gastos presupuestales de Seguro Popular para Oaxaca, que en los últimos años ha ido triplicando el presupuesto, según datos de la investigación Gente sin importancia, en el año 2006, el presupuesto otorgado a Oaxaca fue de 500 millones de pesos (mdp), en 2009, de 2 mil mdp; en 2012, 2 mil 500 millones de pesos. Naturalizar el racismo “El caso de Irene es un asunto estructural, tiene que ver con el sistema de comunicación, carreteras, con el acceso a la salud, con las violaciones a sus derechos humanos, el derecho a la reparación del daño. Es un tipo de desprecio, ellos (los gobernantes) hacen las políticas, la administran pero no usan el servicio público, hay una gran desconexión sobre su funcionamiento”, coinciden Alhelí y Yareli. En México no nos atrevemos a hablar de racismo, siempre hablamos de discriminación o decimos” me trataron mal”. Aunque para las realizadoras, el racismo es evidente, y no se ha planteado otra posibilidad de atención. “Hemos naturalizado este tipo de racismo, hay una clase media que creemos que a nosotros no nos puede pasar, Irene puede ser cualquiera de nosotros. Mientras no seamos de esa elite que tiene el control del poder, que está diseñado para que los que estamos aquí abajo no podamos llegar allá arriba”, concluyen. 10 años de indiferencia Es la misma cadena de discriminación también está el tema judicial y el impacto en la familia de Irene. Su esposo Alberto Núñez Cruz denunció la negligencia médica una semana después de la cesárea, 10


en la entonces Procuraduría General de Justicia de Oaxaca bajo la responsabilidad de Sergio Santibáñez Franco. Su expediente estuvo rezagado durante 10 años hasta que finalmente la dependencia determinó que el caso era de competencia federal y lo turnó a la Procuraduría General de la República. En 2012, la PGR solicitó la detención de la anestesióloga practicante, como probable responsable. En 2013, le otorgaron la libertad definitiva pues el delito prescribió, es decir, había vencido el plazo de 10 años para juzgarla. No obstante, el tribunal Unitario resolvió que, en el caso de Irene, el Estado mexicano violó sus derechos humanos y estaba obligado a reparar los daños con una indemnización y rehabilitación, la cual consiste en ofrecer una terapia física cada mes en su hogar, en Barranca Fiera. Para las autoridades, ésta fue una sentencia inédita en México hasta ese momento. Sin embargo, para la profesora-investigadora de la Universidad de Cambridge, Mónica Moreno Figueroa y el investigador del CIESAS, Juan Carlos Martínez Martín*, el caso de Irene reproduce una lógica de desigualdad a partir de una acción pública que paradójicamente intenta mitigarla, pero que demuestra que en lo cotidiano persiste una condición de género, de clase y étnica racial que determina el éxito de las personas frente al Estado. Durante estos años, el marido de Irene tuvo que migrar hacia Estados Unidos por problemas económicos, un día se fue y no volvió; su padre sufrió un accidente y paso por la mismo cadena de indiferencia médica, su hijo ha vivido 17 años mirando como languidece el cuerpo de su madre postrado en una cama por una negligencia. *Moreno Figueroa y Martínez Martín, son autores de la investigación: Gente sin importancia: el racismo institucional en el acceso a la salud en México, que será publicada próximamente.

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El pueblo wixárika impide la entrada de partidos políticos y candidatos a su territorio Redacción Desinformémonos La población wixárika de San Sebastián Teponahuaxtlan y de Tuxpan, Jalisco, instaló retenes en los alrededores de su comunidad para impedir que partidos políticos, candidatos e instituciones electorales desarrollen el proceso electoral en su territorio, hasta que el Estado mexicano les restituya las más de 10 mil hectáreas que ganaderos de Huajimic tienen actualmente en posesión y que corresponden a la propiedad ancestral de la comunidad. “Mientras el Estado mexicano y particularmente el Ejecutivo Federal no cumplan sus obligaciones fundamentales con el pueblo wixarika y sigan transgrediendo el derecho que favorece a los wixaritari, la comunidad indígena de San Sebastián Teponahuaxtlan realizará diversas acciones de presión”, advirtieron, al tiempo que exigieron la presentación del presidente Enrique Peña Nieto en su comunidad en un plazo de diez días, contados a partir de ayer. La comunidad indígena sostuvo en un pronunciamiento emanado de una asamblea, que de no resolverse su demanda territorial, procederán en un segundo momento a cerrar los planteles educativos y centros de salud establecidos en la comunidad y se llevará su exigencia a foros internacionales. A continuación el pronunciamiento íntegro:

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Cacería contra defensores del agua; detienen a León Fierro en Mexicali Por Gabriel RC - Regeneración Tras violenta represión el 16 de enero, para imponer cervecera el gobierno del PAN acusa a León Fierro de “tentativa de homicidio”; otros 4 defensores del agua acusados de “ultrajes a la autoridad” El gobierno del Partido Acción Nacional, encabezado por Kiko Vega y con mayoría parlamentaria en la cámara de diputados local, ha desatado una verdadera oleada represiva en contra de opositores. Además de acusar a 4 activistas de Mexicali resiste de “ultrajes a la autoridad”, el día de hoy ordenó la detención de León Fierro, acusándolo de “tentativa de homicidio”, tras la violenta represión ocurra en el rancho mena el 17 de enero de este año. León Fierro fue detenido afuera de su domicilio por policías ministeriales, sin presentar orden de aprehensión y fue remitido ante las autoridades judiciales. Las causas de la detención se relacionan con la violenta represión que sufrió la población de Mexicali en el Rancho Mena, relacionada a la construcción de la instalaciones de la Cervecera Constellations Brands. En ese sentido, Silvia Resendiz madre de León Fierro, declaró que en la audiencia en el Cereso la actuación del Ministerio Público fue imputar “mentiras para sustentar la acusación en contra de León”. Al respecto puntualizó que durante las protestas en el Rancho Mena no se hizo ninguna violencia en contra de los policías. Relató que durante las protestas con toda claridad los defensores del agua les dijeron directamente a los elementos policiacos que la protesta “no es contra ustedes”; sino contra las máquinas, contra la Cervecera Constallations Brands. Relató que efectivamente lanzaron piedras contra las máquinas, sin dañar a los operadores de las máquinas. Reconoció que los defensores del agua lanzaron tierra y agua contra los escudos de la policía. Lo que empañó la visibilidad de los escudos que portaban los uniformados. 16


Silvia Resendiz recordó que en los hechos en 6 ocasiones las maquinas se retiraron y volvían a ingresar al rancho Mena con el apoyo de las policías presentes. En cada uno de los ingresos de la policía, estos procedieron de manera violenta, deteniendo a por lo menos un activista en cada ingreso policial. Por ello hubo seis personas detenidas entre los defensores del agua, relató. Rechazó de manera tajante que León Fierro hubiera intentado arrollar a ningún policía y relata que lo que ocurrió fue que el carro de León Fierro estaba dentro del predio del Rancho Mena y que dicho automotor fue objeto de daños, como la quebradura de cristales por parte de la policía. Que lo que hizo León Fierro fue retirar su carro del predio. Puntualiza que en ningún momento León atropelló ni mucho menos a ninguna persona, mucho menos uniformados. Silvia relata que observó como testigo presencial de los hechos que cuando León retiraba su carro un policía se aventó contra el carro de su hijo, sin objeto aparente y sin resultar lesionado en modo alguno. Resendiz señala que ahora queda claro que se trató de una maniobra de la policía precisamente para incriminar a su hijo. Puntualizó el sentido pacífico del movimiento de los defensores del agua y rechazó de manera tajante las declaraciones del Ministerio Público en el sentido de que el uniformado haya resultado “atropellado, con rotura de tobillo y con lesiones en pantorrillas y brazos”. Se trata de la fabricación de pruebas; indicó. Fue la policía la que actuó con violencia desproporcionada hiriendo y torturando manifestantes “Todos los policías salieron por su propio pié”, relata Silvia Resendiz; en cambio de parte de los defensores del agua hubo por lo menos 10 heridos por la violencia policial. Recuento mínimo de la violencia policial: • A Gerardo Durán, le rompieron la mandíbula • La compañera Tania y José Fierro resultaron con por lo menos 6 puntadas en la cabeza al ser apedreados por la policía. • Jorge Benitez, fue detenido, esposado de pies y manos, y ya 17


sometido fue pateado en el cuerpo y fue objeto de tortura pública por dos uniformados con picanas eléctricas. La señora Paz de 60 años recibió una pedrada en el pecho.

Silvia Resendiz reiteró que el movimiento en defensa del agua es un movimiento pacífico y que fueron las fuerzas policiales las que agredieron de manera directa a los ciudadanos que protestaban. Finalmente informó que se instalará un campamento a las afueras del Cereso hasta la celebración de la audiencia de León Fierro. “No nos va a amedrentar”, puntualizó. A las puertas del Cereso José Fierro, padre de León denunció que quienes debieran estar en la cárcel son los saqueadores del erario público, entre ellos el gobernador Kiko Vega. En entrevista de prensa, José Fierro señaló que la detención era una arbitrariedad toda vez que “León no ha cometido ningún delito”. Relató que luego que el activista León Fierro regresara a su domicilio tras dejar a su hijo en la secundaria, se percató de un automóvil con el cofre abierto y que procedió a preguntar si requería ayuda. Fue en ese momento que policías ministeriales a bordo de por lo menos tres automóviles tipo pick-up, procedieron a detenerlo. En el momento de su detención, León Fierro pidió que se le mostrará la orden de aprehensión en su contra, la cual no fue presentada. José Fierro señaló que los vecinos fueron testigos de la detención así como de la negativa de los policías ministeriales a presentar la orden de aprehensión correspondiente. Así mismo relató ante los medios de comunicación que su hijo ha sido citado tras la violenta represión en el Rancho Mena y que se ha presentado a todas las audiencias. Precisó que en dichas audiencias no se han presentado los testigos que supuestamente corroborarían la “tentativa de homicidio” que se le imputa. “Él no se rehúsa, no se esconde”, señaló José Fierro Ante los medios de comunicación el abogado defensor señalo que por razones de las reformas constitucionales, se establece que la acusación de tentativa de homicidio es un delito grave. Por lo que el defensor del agua León Fierro quedará por lo menos 6 días en prisión preventiva hasta la audiencia de vinculación. 18


El abogado reprochó la actuación de la procuraduría del Estado, ya que existen miles de asuntos ventilándose como homicidios, robos, desaparecidos “ojalá y todos estos casos se ventilaran con la celeridad de este caso”; apuntó el abogado. Cronica de la represion en el Rancho Mena El portal 4 vientos, recuperó los hechos represivos en El Rancho Mena, así como el pronunciamiento realizado por Mexicali Resiste. Durante el evento se registraron varios lesionados, luego de que elementos policiacos arrojaran piedras contra los manifestantes y después levantarán el cerco divisorio del Rancho Mena para ingresar, de forma ilegal, a golpear y detener a los activistas. A las 18:00 horas se reportó la detención de 6 personas, entre los que se encuentran Jorge Benítez, Salvador Guillén, Juan Antonio Fregozo, además de resultar lesionados León Fierro -papá e hijo-, Tania Gallaga y Gerardo Durán. Por parte de las fuerzas del orden, se reportan 5 lesionados, incluyendo policías municipales y estatales. En el enfrentamiento también resultaron lesionados reporteros. La protesta empezó desde las 7:00 horas, cuando los manifestantes bloquearon el trabajo de la empresa constructora Cadena, al servicio de la empresa cervecera Constellation Brands, misma que a lo largo de todo 2017 ha sido evidenciada por actos de corrupción, incumplimiento de normas empresariales y tráfico de influencias por diversos medios de comunicación, defensores de derechos humanos, funcionarios públicos y activistas de varios colectivos. Los manifestantes fueron desalojados por los policías estatales y municipales para permitir el trabajo de la empresa constructora que instala un tubo para la transportación del agua de la CESPM. Esto a pesar de que Constellation Brands no ha respetado el cambio de uso de suelos (en cuanto a la cantidad de hectáreas que debe respetar para cultivo perenne) y no ha cumplido con formalidades para el tipo de proyectos que representa, como son la consulta pública a la ciudadanía de Mexicali y la publicación de su Manifiesto de Impacto Ambiental, entre muchas otras irregularidades. 19


Al respecto, Gabriela Arangure, integrante de Mexicali Resiste, expuso a este medio que “una empresa como Constellation Brands no puede instalarse si la ciudadanía la rechaza, y en este caso el rechazo ha sido manifestado una y otra vez por todas las vías, sin que las autoridades tomen cartas en el asunto porque, por el contrario, son cómplices en la corrupción que representa esta obra. “Las irregularidades las hemos documentado, las hemos difundido por los medios, por las redes, y aun así insisten en imponer a la fuerza esta obra, como pudimos ver hoy con el violento desalojo para instalar un tubo de la CESPM, siendo que por ley la paraestatal no puede otorgar agua al Valle”. Y agregó: “En las prioridades del uso del agua el uso doméstico está en primer lugar, el industrial es el cuarto. ¿Cómo puede ser que el gobernador Kiko Vega y el presidente municipal de Mexicali, Gustavo Sánchez, privilegien el agua para esta empresa cuando hay más de 20 colonias sin agua en Mexicali?”. Por su parte, el activista León Fierro manifestó a este medio que “como siempre el gobernador pone la fuerza pública al servicio de Constellation Brands, infringiendo la ley y violando derechos humanos elementales al usar la fuerza pública para reprimir. “Desde las 7am hicieron un despliegue muy fuerte de anti-motines, grúas y maquinaria. Posteriormente comenzaron a agredir a compañeras arrojando piedras; nosotros respondimos a las piedras y logramos que se retirará la maquinaria y la policía, pero sólo se replegaron, porque después cargaron de nuevo, violando el respeto a la propiedad privada de Salvador Mena (dueño del Rancho Meno), rompiendo uno de los cercos perimetrales para detener y golpear gente. Salvador ya dijo que va a demandar al gobierno por la violación de su predio y también a la empresa que sabemos está hundida hasta el cuello en corrupción; todo lo que ocurrió el día de hoy estuvo plagado de ilegalidad”. Nuestra resistencia en el Rancho Mena A continuación compartimos el comunicado publicado por Mexicali Resiste sobre los acontecimientos de este día en Rancho Mena: 20


A la ciudadanía de Mexicali, Baja California y México, A los medios de comunicación regionales, nacionales e internacionales, A los tres poderes de gobierno de Baja California y al ayuntamiento de Mexicali, Compañeros y compañeras, Los eventos del día de hoy son la prueba de qué tan lejos pueden llegar nuestros gobiernos cuando los intereses de nuestros supuestos representantes se ponen en juego. Porque no son nuestros intereses los que peligran cuando se detiene la construcción de un acueducto que alimentará con 7, 20 o hasta 30 millones de metros cúbicos de agua la producción de una fábrica extranjera y multinacional. Nuestros intereses, esto es, los intereses de las familias mexicalenses que quieren paz, salud, educación, techo, tierra y libertad, se pisotean doblemente cuando, además de construir proyectos empresariales maquinados para robar —al paso de los años les quitarán las tierras a quienes las ganaron en 1937—, nuestros supuestos representantes lo hacen con dinero público. Hace unas horas se dieron los enfrentamientos más fuertes que las resistencias de Mexicali hemos tenido hasta la fecha. Para las 4 de la tarde, la policía municipal y estatal, supuestamente al servicio de la CESPM y del ayuntamiento de Mexicali pero evidentemente al servicio de la empresa Constellation Brands, ha arrestado a Jorge Benítez, Javier Guillén, José Luis Pozos y dos mujeres todavía no identificadas y hasta las 6pm no sabemos a dónde se les han llevado. Además, tanto hombres como mujeres de las resistencias han sido lesionados de la cabeza y el cuerpo, incluidas Tania Gallaga, José Fierro, Carlos Bernal, entre otros. Este día hemos vuelto a ver nuestra sangre correr por tratar de defender lo que es nuestro, de nuestros hijos y de nuestros nietos. A raíz de los enfrentamientos, los y las manifestantes no hemos sido lxs únicos en sufrir lesiones. También un compañero de prensa recibió una pedrada en la cabeza durante la mañana. Después de que el compañero recibiera dicho golpe, se ha afirmado otra vez y por varios medios que los manifestamos atacamos a la prensa, al punto de que un locutor de radio, Cosme Collignon, ha dicho: “los mexicalenses no los necesitamos a ellos”. Nada más lejos de la verdad. Somos un movimiento pacífico, y aunque algunos manifestantes no simpaticen 21


con algunos medios, y se los hagan saber por medio de palabras, ningún manifestante ha agredido físicamente a un representante de medios de comunicación en sus labores de informador. Ahora bien, hemos dicho que somos un movimiento pacífico, pero tampoco vamos a dejar que nos pasen por encima, que nos pisoteen la dignidad, ni que la policía o el dinero de un grupo de multimillonarios haga lo que quiera con nosotros. Por eso también somos un movimiento de Resistencia. Y tenemos nuestra rabia y nuestra rebeldía muy cerca de nuestras manos y muy prendida en nuestros corazones. Que los gobiernos sepan que no dejaremos pasar sin consecuencias estas injusticias para el pueblo. Que sepan que cada acción del poder tendrá también una reacción ciudadana. Que la traición que está llevando a cabo Francisco Vega, Gustavo Sánchez, Francisco Rueda, entre otros desde el poder es la misma traición que sufrió Zapata y Villa, la misma que traicionó a los valores de nuestra Revolución y nuestra Constitución, la misma que mandó matar a los estudiantes en el ’68 y es la misma que hoy está vendiendo a México, a la Baja California en pedacitos al extranjero. Por lo tanto, hacemos responsables a los arriba mencionado de cualquier cosa que le pueda pasar a cualquier compañero o compañera de cualquier de las resistencias: Francisco Vega, Francisco Rueda, Gustavo Sánchez, Ulises Méndez (jefe de policía) y Hugo Tafoya (hombre de acción de Ulises Méndez). Ya ha llegado la noche este 16 de enero. Nosotros y nosotras seguiremos en la Rancho Mena, en el ejido El Choropo, sobre el kilómetro 8 de la carretera a San Felipe, protegiendo el agua de todxs, pero sobre todo la nuestra, esto es, la que cada ser humano se merece por el simple hecho de nacer. Ya no nos están dejando más opciones. ¡Que muera el mal gobierno!

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Caminos de la autonomĂ­a Bajo la tormenta 9 Mayo de 2018

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Recopilatorio 16 de mayo  

Conversatorio Caminos de la Autonomía bajo la Tormenta 16 de mayo 2018

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Conversatorio Caminos de la Autonomía bajo la Tormenta 16 de mayo 2018

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