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INFORME DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Correspondiente al mes de Septiembre de 2010

Elaborado por la Unidad de Análisis de Conflictos de la Fundación UNIR Bolivia


INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA

Septiembre de 2010

Índice Presentación

p. 3

1. La conflictividad en Bolivia

p. 4

2. Tipología de los conflictos

p. 12

3. Sectores y actores demandantes y demandados

p. 14

4. Ámbitos de los conflictos

p. 20

5. Medidas de presión y violencia

p. 23

6. Salida de los conflictos

p. 25

7. Conclusiones

p. 27

Guía rápida

p. 29

2


INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA

Septiembre de 2010

Presentación El presente informe sobre conflictividad social en Bolivia corresponde al mes de septiembre de 2010. La información con la que se ha trabajado proviene de una base de datos especializada desarrollada por la Fundación UNIR Bolivia, que es alimentada periódicamente desde enero de 2006 y que actualmente contiene un registro de cerca de dos mil casos. Esta base de datos es nutrida a través de la revisión exhaustiva de once periódicos de alcance nacional (La Razón, La Prensa, El Alteño, Los Tiempos, Opinión, El Deber, El Mundo, Correo del Sur, El Potosí, La Palabra del Beni y La Patria) y de dos redes radiofónicas nacionales (Fides y Erbol). Los hechos conflictivos son registrados en una matriz de sistematización que incluye información sobre el número de conflictos, su tipología, los principales actores demandantes y demandados, sus respectivos sectores, el ámbito geográfico de los conflictos, su nivel de gravedad, su importancia y su salida. Al final del presente documento se incluye una guía rápida de términos empleados en los trabajos de seguimiento y análisis mensual de la conflictividad en Bolivia, a fin de dejar explícitas las bases teóricas y metodológicas sobre las que descansan las distintas líneas de interpretación seguidas en este informe. La Fundación UNIR Bolivia espera que el trabajo de análisis de la conflictividad en Bolivia que realiza contribuya a brindar elementos de información útiles para un mejor tratamiento de los conflictos, de manera de orientarlos hacia la construcción de una sociedad más equitativa, plural y democrática.

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA

Septiembre de 2010

INFORME DE SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Correspondiente al mes de Septiembre de 2010

1. LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Durante el mes de septiembre de 2010 se registraron 105 conflictos, los cuales se presentan en el siguiente cuadro: CUADRO Nº 1 CONFLICTOS REGISTRADOS EN SEPTIEMBRE DE 2010 Nº

ACTOR DEMANDANTE

ACTOR DEMANDADO

ASUNTO

1

Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Oruro (FEDECOMIN)

Ministerio de Minería y Metalurgia

Rechazo a cobro por exportación de metales y minerales a favor del Servicio Nacional de Registro y Control a las Comercializaciones de Minerales y Metales (SENARECOM)

2

Comité Cívico de Puerto Suárez

Gobierno central y Empresa Siderúrgica del Mutún

Puesta en marcha de la explotación del Mutún

3

Sindicato de desocupados de Oruro

Empresa Siderúrgica del Mutún (ESM) y Gobierno central

Demanda de creación de fuentes laborales

4

Sindicato de Trabajadores de la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Sucre (EMAS)

Gerencia de la Empresa Municipal de Aseo Urbano de Sucre (EMAS)

Demanda de mejores condiciones laborales y mal manejo administrativo de la entidad

5

Sindicato de trabajadores municipales de Potosí

Alcaldía de Potosí

Rechazo a cesación de 40 trabajadores

6

Trabajadores administrativos de la Universidad Autónoma Tomás Frías

Autoridades de la Universidad Autónoma Tomás Frías

Incremento salarial y pago de bono de té

7

Ex beneficiarias del Plan Nacional de Empleo de Emergencia (PLANE) de Potosí

Alcaldía de Potosí y Gobernación de Potosí

Demanda de creación de fuentes laborales

8

Militantes de Unidad Nacional (UN) de El Alto

Militantes de UN dentro del Concejo Municipal de El Alto

Creación de puestos de trabajo

9

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Técnica de Oruro (SINTRAUTO)

Autoridades de la Universidad Técnica de Oruro

Demanda de incremento salarial

4


INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA

Septiembre de 2010

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Trabajadores administrativos de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca

Autoridades de la Universidad Mayor, Real y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca

Demanda de incremento salarial

11

Sindicato de trabajadores de la Universidad Mayor de San Simón

Autoridades de la Universidad Mayor de San Simón

Demanda de incremento salarial

12

Federación Nacional de Trabajadores Universitarios de Bolivia (FNTUB)

Autoridades universitarias

Demanda de incremento salarial

13

Ex funcionario del Concejo Municipal de El Alto

Concejo Municipal de El Alto

Demanda de recontratación de trabajadores cesados

14

Docentes de la Escuela Municipal de Artes de El Alto

Alcaldía de El Alto

Pago de salarios retrasados

15

Sindicato mixto de trabajadores del municipio de Oruro (SMTM)

Alcaldía de Oruro

Incumplimiento de acuerdos laborales

16

Trabajadores municipales de Quillacollo

Concejo Municipal de Quillacollo

Pago de salarios adeudados

17

Trabajadores municipales de Tarija

Alcaldía de Tarija

Pago de salarios adeudados

18

Sindicato de trabajadores en avance de obras

Concejo Municipal de Oruro

Reformulación del Programa Operativo Anual (POA) y pago de salarios adeudados

19

Asociación de Productores de Goma y Almendra de Beni y Pando

Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierra (ABT)

Rechazo a reversión de concesiones forestales no maderables

20

Comité Cívico de Guarayos y Central de Organizaciones de Pueblos Nativos de Guarayos (COPNAG)

Ala rebelde de COPNAG, INRA y Gobierno central

Defensa del subgobernador Walter Rodríguez, saneamiento de tierras y rechazo a concesiones forestales

21

Trabajadores de la zafra castañera de Riberalta

Gobierno central

Demanda de otorgación de concesiones forestales

22

Transportistas de Quillacollo

Administradora Boliviana de Caminos (ABC)

Demanda de mantenimiento y construcción de carreteras

23

Choferes de empresas de transporte a Los Yungas

Gobierno central

Demanda de mantenimiento de caminos

24

Comité Cívico del Beni, Federación de Transportistas 18 de Noviembre, Federación del Transporte Libre

Gobierno central

Demanda de recursos económicos para el mejoramiento de caminos

25

Transportistas del Beni

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)

Incumplimiento de trabajos de mejoramiento de caminos

26

Vecinos y transportistas de Colcapirhua

Alcaldía de Colcapirhua

Demanda de mantenimiento de avenida principal

Alcaldía de Santa Cruz

Demanda de apertura de calles

27

Vecinos de los barrios Cobipal y Las Delicias

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Septiembre de 2010

28

Vecinos Zona Bautista Saavedra El Alto

Aldeas Infantiles S.O.S., Padres de familia y Alcaldía de El Alto

Demanda de reversión de terrenos a Aldeas infantiles S.O.S.

29

Pobladores de San Buena Aventura

Gobierno central

Expropiación de los predios del hotel Jatauba Lodge

30

Estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón (UMSS)

Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Mayor de San Simón

Demanda de elecciones internas transparentes

31

Pobladores de comunidades limítrofes de Potosí

Pobladores de comunidades limítrofes de Oruro

Resolución y establecimiento de límites interdepartamentales

32

Comité Cívico de Charaña

Gobierno central

Demanda de presupuesto para puesto aduanero de Charaña

33

Transportistas federados de la Línea 270

Transportistas federados de la Línea 220

Avasallamiento de rutas entre líneas de transporte

34

Transportistas de la Línea 233 (Cochabamba)

Transportistas de la Línea 220 (Cochabamba)

Avasallamiento de rutas entre líneas de transporte

35

Transportistas federados de la Línea 208 (Cochabamba)

Transportistas federados de la Línea 211 (Cochabamba)

Avasallamiento de rutas

36

Choferes de las líneas 74 y 75

Dueños de microbuses

Rechazo a aumento de renta por recorrido y mejores condiciones laborales

37

Gremialistas de Santa Cruz

Módulo policial del Distrito 7

Rechazo a incautaciones ilegales y extorsiones

38

Comerciantes del Mercado La Kantuta

Concejo Municipal de Oruro

Rechazo a asentamiento de puestos comerciales ilegales

39

Asociación de comerciantes 15 de Febrero

Asociación de comerciantes 27 de Mayo e Intendencia de la Alcaldía de Sucre

Permisos para ocupar puestos comerciales

40

Gremialistas del Mercado Lanza

Alcaldía de La Paz

Rechazo a reubicación de puestos comerciales

41

Asociación de Comerciantes Central San Martín

Intendencia Municipal de Cochabamba

Demanda de desalojo de comerciantes no afiliados a sindicato gremial

42

Federación de Transporte Pesado de El Alto

Aduana Nacional de Bolivia

Demanda a cumplimiento de pliego petitorio referente a atención en puestos fronterizos

43

Vecinos del barrio Ambrosio Villarroel (Santa Cruz)

Concejo Municipal de Santa Cruz

Derogación de ordenanza municipal que dispone de terrenos aledaños al río Piraí

44

Padres de familia de la comunidad Cruz del Tacoigo

Servicio Departamental de Educación (SEDUCA) de Santa Cruz

Demanda de otorgación de ítems

45

Integrantes del frente SAR

Comité Electoral Permanente Universidad Autónoma Gabriel René Moreno

Demanda de auditoría a elecciones a la Federación Universitaria Local

46

Federación de Sindicatos de Ramas Médicas (FESIRMES)

Gobierno central y Gobernación de Santa Cruz

Respeto al presupuesto derivado del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), otorgación de ítems y material de trabajo

6


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Septiembre de 2010

47

Mineros de las cooperativa 16 de Marzo (Cochabamba)

Mineros de la cooperativa Porvenir (Oruro) y San Pablo (Oruro)

Disputa por parajes de laboreo

48

Sindicato de trabajadores del Hospital Japonés

Alcaldía de Santa Cruz

Demanda de materiales y personal para atención en salud

49

Trabajadores de Saneamiento Ambiental

Gobernación de Santa Cruz

Transparencia en la designación de nuevo Director de la institución

50

Estudiantes de la Unidad Académica de San Julián de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM)

Consejo Universitario de la UAGRM

Rechazo a construcción de la Universidad Chiquitana en San Ignacio

51

Vecinos de la mancomunidad de Lajastambo de Sucre

Empresa de Agua Potable y Alcantarillado Sucre (ELAPAS)

Restauración del servicio de agua potable

52

Sindicato minero Huanuni

Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL)

Pedido de destitución del Gerente de la Empresa Minera Huanuni (EMH)

53

Federación Departamental de Juntas Vecinales (FEDJUVE) de Chuquisaca liderizada por René Rosales

Federación Departamental de Juntas Vecinales (FEDJUVE) de Chuquisaca liderizada por Abel Salazar

Pugna interna y control de la institución vecinal

54

Central Obrera Departamental (COD) de Chuquisaca

Gobierno central

Rechazo a aumento de precios de artículos de la canasta familiar

55

Asociación de Comerciantes de Carne de Pollo de La Paz y El Alto

Gobierno central

Regularización de precios de carne de pollo

56

Pobladores de Huacaya

Empresa petrolera Repsol

Uso y control de fuentes acuíferas

57

Federación de Estudiantes de Secundaria (FES) de Sucre

Gobernación de Chuquisaca y Concejo Municipal de Sucre

Pliego petitorio de mejores condiciones para los estudiantes

58

Pobladores de Macharetí

Gobernación de Chuquisaca

Demanda de atención por aguda sequía

59

Pobladores de Zongo

Compañía Boliviana de Energía Eléctrica (COBEE) y Gobernación de La Paz

Pago de regalías por el uso de aguas que nutren hidroeléctricas de Zongo

60

Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Autónoma Tomás Frías

Gobierno central

Incremento presupuestario

61

Vecinos del barrio Las Lecherías (Potosí)

Alcaldía de Potosí

Creación de nuevo distrito municipal

62

Padres de familia, maestros y estudiantes del Colegio Otto Felipe Braun, y padres de familia, maestros y estudiantes del Colegio Juan Calero

Alcaldía de Potosí

Control de infraestructura educativa

63

Pobladores de las comunidades Jenecherú I y Jenecherú II

Gobierno central

Legalización de asentamientos en El Choré del departamento del Beni

64

Sectores sociales en defensa del derecho a la salud en Tarija

Gobierno central

Defensa del Seguro Universal de Salud de Tarija (SUSAT)

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Septiembre de 2010

65

Confederación Nacional de Colonizadores de Comunidades Interculturales de Bolivia (CNCCIB)

Gobierno central

Investigación de hechos de Caranavi y juicio de responsabilidades a Ministro de Gobierno

66

Federación Agraria Provincial de Colonizadores de Caranavi (FAPCCA)

Ministerio Público

Rechazo a aprehensión de dirigentes

67

Docentes y estudiantes de la Escuela Municipal de Artes de El Alto

Concejo Municipal de El Alto

Rechazo a desalojo de ambientes

68

Padres de familia de cinco unidades educativas de El Alto

Alcaldía de El Alto

Demanda de obras en centros educativos

69

Familiares de víctimas de octubre de 2003 y activistas de derechos humanos

Gobierno de Estados Unidos

Pedido de extradición de Gonzalo Sánchez de Lozada

70

Asociación de Carpinteros 19 de Marzo

Alcaldía de El Alto

Construcción de centro de acopio y producción de venestas, tableros y aglomerados de madera

71

Concejo Municipal de Santa Cruz

Gobierno central

Rechazo a disposiciones de la Ley Marco de Autonomías y Descentralización

72

Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia (CTEUB)

Gobierno central

Rechazo al proyecto de ley de Seguro Único de Salud

73

Federación Departamental de Trabajadores de Educación Urbana de La Paz (FDTEULP) y Colegio Médico

Gobierno central

Rechazo a Ley de Pensiones y Sistema Único de Salud

74

Magisterio de El Alto

Gobierno central

Rechazo a nueva Ley de Pensiones

75

Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu (CONAMAQ)

Cámara de Senadores de la Asamblea Legislativa Plurinacional

Aprobación de Ley contra el Racismo y toda forma de Discriminación

76

Periodistas de Bolivia

Asamblea Legislativa Plurinacional y Gobierno Nacional

Rechazo a artículos 16 y 23 de la Ley Contra el Racismo

77

Federación de Campesinos de Tinguipaya

Asamblea Legislativa Plurinacional

Aprobación de Ley contra el Racismo

78

Asociación de Pequeños Productores en Confección de El Alto y La Paz (APPECAL)

Comando General de la Policía

Pago por confección de ropa de trabajo

79

Vecinos del Distrito 1 de El Alto

Alcaldía de El Alto

Demanda de renuncia de subalcalde y reactivación de obras paralizadas

80

Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE) de El Alto

Gobierno central

Cumplimiento de pliego petitorio de diversos puntos

81

Vecinos del Distrito 3 de El Alto

Alcalde de El Alto

Cumplimiento de obras

82

Central Obrera Departamental (COD) del Beni

Director e inspector de la Dirección Departamental del

Pedido de renuncia a Director de la institución

8


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Septiembre de 2010

Trabajo 83

Central Obrera Departamental (COD) del Beni

Sistema de Distribución ENDE Trinidad (ex COSERELEC)

Demanda de instalación de red de energía para Movimiento Sin Techo

84

Confederación de Trabajadores de la Construcción de Bolivia

Gobierno central

Atención a escasez de cemento

85

Militantes de Alianza Social (AS)

Ministerio Público

Rechazo a proceso judicial contra alcalde René Joaquino

86

Militantes del Movimiento Sin Miedo (MSM)

Movimiento al Socialismo (MAS)

Rechazo a persecución política contra alcalde Luis Revilla

87

Empresarios de industrias asentadas en el Parque de Huajara

Gobernación de Oruro

Construcción de aeropuerto internacional

88

Comunarios de Valle Nueva

Cooperativa Minera Frutillani Ltda. y Gobernación de La Paz

incumplimiento de acuerdos de protección ambiental

89

Afiliados a la Asociación de Comerciantes Minoristas de la Súper Feria

Gobierno central

Pliego petitorio de protección al comercio informal

90

Secretaría de Minería y Metalurgia de la Gobernación de Oruro

Gobierno central

Solución de conflicto entre cooperativistas mineros y comunarios de La Joya

91

Universidad Autónoma Juan Misael Saracho (UAJMS)

Asamblea Legislativa Departamental de Tarija y Gobernación de Tarija

Demanda de transferencia de recursos departamentales para afrontar crisis económica interna

92

Pobladores de Trinidad

Sistema de Distribución ENDE Trinidad (ex COSERELEC)

Normalización del servicio de energía eléctrica

93

Estudiantes de la Universidad Técnica de Oruro (UTO)

Administración de la UTO

Rechazo a irregularidades administrativas

94

Alcalde y pobladores de Charaña

Aduana Nacional de Bolivia (ANB)

Rechazo a posible cierre de puesto aduanero

95

Cabo de la Policía Nacional Richard Cuiza

Autoridades policiales de Trinidad

Rechazo a cambio de destino

96

Pobladores de la Provincia Litoral

Ministerio de Autonomías

Rechazo a disposiciones de la Ley de Unidades Territoriales

97

Central Obrera Departamental (COD) de Oruro

Gobierno central

Atención a la agenda de octubre de 2003, rechazo al alza de precios y a la aprobación de leyes sin consenso social

98

Asociación de comerciantes de abarrotes de La Paz y El Alto

Gobierno central

Control de precio del azúcar

99

Vecinos de Villa Challacollo

Alcaldía de Oruro

Solución a conflicto de derecho propietario

100

Vecinos de los distritos 3 y 4 de la ciudad de Oruro

Alcaldía de Oruro

Inclusión de demandas en el POA 2011

101

Padres de familia, maestros y estudiantes de la Unidad Educativa Sebastián Pagador

Alcaldía de Oruro

Entrega de terrenos para ampliación de colegio

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102

Comité Cívico del Beni, Federación de Transportistas 18 de Noviembre, Federación del Transporte Libre

Administradora Boliviana de Carreteras (ABC)

Demanda de destitución de autoridades

103

Organizaciones indígenas de San Ignacio de Moxos

Presidenta del Concejo Municipal de San Ignacio de Moxos

Pedido de renuncia de Presidenta del Concejo

104

Colonias 25 de Octubre, Nueva Luna y Nueva Vida

Gobierno central

Rechazo de erradicación de cultivos de coca

105

Federación Sindical Única de Comunidades Campesinas de Tarija (FSUCCT)

Gobernación de Tarija

Participación en elaboración del POA 2011

105

TOTAL

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, septiembre de 2010.

Los niveles de conflictividad en Bolivia se han agudizado tanto en lo cuantitativo como en lo cualitativo. No sólo se registraron 14 casos más que el pasado mes de agosto, sino que la violencia ha escalado también, presentándose varios enfrentamientos e intervenciones de fuerzas del orden, pero no como producto del agotamiento de los canales de diálogo entre los actores involucrados, sino que implicaron una desviación directa hacia la confrontación. Por otra parte se ha observado en anteriores informes que las altas cifras podían deberse a la acumulación de conflictos alrededor de los procesos de transformación del sistema político, la formulación de leyes para la implementación de la Constitución Política del Estado aprobada en 2009, y la operativización de las autonomías, entre otros. Aunque evidentemente persiste este componente, la conflictividad de septiembre tuvo características de dispersión ya que fueron diversos los factores que la motivaron. Quizás el elemento más marcado fue el deterioro de la economía de la población, habiéndose presentando una gran cantidad de conflictos vinculados a esta problemática. Los conflictos que se destacaron como los más importantes del mes se resumen en las siguientes líneas: -

El conflicto más violento del mes tuvo origen en pugnas entre las cooperativas mineras Porvenir y San Pablo frente a la cooperativa 16 de Marzo por parajes de laboreo en una zona fronteriza entre los departamentos de Oruro y Cochabamba. Según reportes de los medios, los miembros de esta última alegaron la existencia de una controversia de límites departamentales para justificar su ingreso a vetas de mineral en el cerro Japo; sin embargo, los mineros de las primeras dos cooperativas rechazaron tales afirmaciones y defendieron sus zonas de trabajo, produciéndose así al menos tres enfrentamientos, dos de los cuales fueron de alta gravedad y dejaron como saldo varios heridos. Fue necesaria la intervención de la Policía y de autoridades nacionales para pacificar la zona. Luego de una semana de tensiones entre las partes, COMIBOL logró que las cooperativas Porvenir

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y San Pablo permitan a los mineros de 16 de Marzo trabajar en sus vetas mientras la entidad gubernamental busca yacimientos similares en otro sitio para que éstos los exploten. -

El pedido de reversión de 4 hectáreas de terreno de la Fundación Aldeas Infantiles S.O.S. por parte de vecinos de la zona Bautista Saavedra de la ciudad de El Alto fue el tema central alrededor del cual giró el segundo caso de mayor importancia. La demanda causó el rechazo tanto de personeros de la institución benéfica, como de padres de familia y vecinos de otras zonas. La situación explotó cuando los demandantes optaron por tomar los predios de Aldeas S.O.S. Luego de 15 días de esta toma y después de realizadas marchas de protesta y procesos de negociación con las autoridades, finalmente se llegó a un acuerdo; sin embargo, los vecinos de la zona Bautista Saavedra condicionaron su repliegue a la realización de varias obras públicas, a las cuales la Alcaldía de El Alto tuvo que acceder.

-

El proyecto de ley contra el racismo y toda forma de discriminación causó el rechazo de los periodistas de todo el país, especialmente los artículos 16 y 23, que, a criterio de los demandantes, vulneran el derecho de libertad de expresión, obstaculiza el trabajo de los medios de comunicación y les impone duras sanciones. Organizaciones de periodistas de diferentes puntos del país llevaron adelante marchas y anunciaron la adopción de medidas de presión, manteniendo el conflicto en un bajo perfil de protesta. Sin embargo, al final del mes y ante el rechazo del Gobierno y de la Asamblea Legislativa de revisar el proyecto de ley, los periodistas amenazaron con medidas más radicales.

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Septiembre de 2010

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2. TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS En el mes de septiembre los tres principales tipos de conflicto fueron los vinculados con medidas económicas y la situación económica de las personas (20%), la gestión administrativa de diferentes entidades (16%), las condiciones laborales y salariales (14%) y la prestación de servicios públicos (14%). A continuación se presenta la información completa sobre los tipos de conflicto, según su importancia.

CUADRO Nº 2 TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS TIPO DE CONFLICTO

%

Medidas económicas/situación económica

33

19,76%

Gestión administrativa

27

16,17%

Laboral/salarial

24

14,37%

Prestación de servicios públicos

23

13,77%

Leyes/medidas legales

14

8,38%

Ideológico-político

10

5,99%

Cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridad

10

5,99%

Gestión del espacio urbano

7

4,19%

Recursos naturales y medio ambiente

6

3,59%

Tierra

4

2,40%

Incumplimiento de convenios

4

2,40%

Derechos humanos

3

1,80%

Límites político-administrativos

1

0,60%

Seguridad ciudadana

1

0,60%

167

100%

TOTAL Fuente: Fundación UNIR Bolivia, septiembre de 2010.

GRÁFICO Nº 1 TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, septiembre de 2010.

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Septiembre de 2010

En el mes de septiembre se produjeron numerosos conflictos por temas económicos. Algunos de estos casos están vinculados a la explotación de recursos naturales, como las demandas de y en contra de concesiones forestales, las pugnas entre mineros por parajes de laboreo, el conflicto por la explotación del Mutún y la controversia entre Oruro y Potosí en torno al cerro Pahua, rico en piedra caliza y uranio, y a tierras aptas para la producción de quinua. Por otra parte, el encarecimiento de productos básicos en el mercado interno dio lugar a que varios sectores demandaran la intervención del Estado para controlar los precios y evitar la escasez de algunos productos. En el mes de febrero pasado ya se presentaron situaciones similares, en las que el Gobierno optó por el control de precios y la prohibición de algunas exportaciones; en esta ocasión se tomaron otras alternativas, como la importación de materia prima para la fabricación de cemento con subvención y el establecimiento de convenios con el sector productivo privado para evitar la especulación. La situación laboral y salarial sigue teniendo una fuerte presencia en la conflictividad nacional. Varios de los actores movilizados desde junio, o incluso antes, mantienen vigentes sus demandas, como los trabajadores municipales de algunas de las principales ciudades del país, el Sindicato de Desocupados de Oruro, las ex beneficiarias del PLANE en Potosí y los trabajadores en salud de Santa Cruz, entre otros. La nota novedosa en septiembre fue la simultánea aunque desagregada movilización de funcionarios de las distintas universidades públicas exigiendo se haga efectivo el incremento salarial de 5% decretado por el Gobierno central en el mes de mayo. Por otra parte, el debate en torno a la nueva Ley de Pensiones sigue siendo un importante condensador de la protesta social. Los problemas de gestión administrativa en entidades públicas y privadas ocuparon un puesto preponderante de la conflictividad en septiembre, aunque afecta con mayor incidencia al sector estatal. Es necesario señalar que varias de las demandas de este tipo estaban vinculadas también con la situación económica, es el caso de las pugnas por distribución de rutas de transporte en las ciudades de Cochabamba y Quillacollo, o la demanda de pago de salarios adeudados por retrasos administrativos. Por último, la prestación eficiente de servicios públicos es una de las demandas más importantes de la población. Una vez más se produjeron numerosas movilizaciones por el mantenimiento de caminos, concentrándose en mayor número en el Oriente del país; también hubo una considerable cantidad de casos vinculados con la provisión de infraestructura básica y servicios en varios municipios del país, lo que se está convirtiendo en una tendencia estable dada la existencia de muchas necesidades insatisfechas.

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA

3. SECTORES Y ACTORES DEMANDANTES Y DEMANDADOS 3.1. Sectores y actores demandantes En el mes de septiembre el sector vecinal/comunal y el sector educación ocuparon nuevamente el primer y segundo lugar en la lista de principales demandantes, con el 20% y el 19% del total, respectivamente. El sector transporte registró el 10% de los conflictos, al igual que otras organizaciones y grupos de la sociedad civil.

CUADRO Nº 3 SECTORES DEMANDANTES SECTOR DEMANDANTE

%

Vecinal/comunal

22

20,18%

Educación

21

19,27%

Transporte

11

10,09%

Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil

11

10,09%

Gremial

8

7,34%

Agropecuario/Campesino

7

6,42%

Entidad del ejecutivo municipal

5

4,59%

Partidos políticos/agrupaciones ciudadanas/ pueblos indígenas

3

2,75%

Cívico

3

2,75%

Indígena

3

2,75%

Minero

3

2,75%

Salud

3

2,75%

Entidad del legislativo municipal

2

1,83%

Personas individuales

2

1,83%

Empresarial

2

1,83%

Entidad del legislativo departamental

1

0,92%

Medios de comunicación/periodistas

1

0,92%

Entidad del ejecutivo departamental

1

0,92%

1091

100%

TOTAL Fuente: Fundación UNIR Bolivia, septiembre de 2010

Este total difiere del número total de conflictos del mes por el hecho de que varios casos están vinculados con más de una categoría de tipo de conflicto. 1

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA

Septiembre de 2010

GRÁFICO Nº 2 SECTORES DEMANDANTES

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, septiembre de 2010

Los habitantes de las áreas urbanas del país se movilizaron fundamentalmente por problemas vinculados a la gestión del espacio público y en demanda de prestación eficiente y oportuna de servicios públicos. En relación con la primera problemática, destaca el caso de Aldeas Infantiles S.O.S, al que se hizo referencia como uno de los conflictos más importantes del mes; al igual que en agosto, se presentaron varios conflictos por la tenencia de tierra urbana para vivienda en Oruro y Santa Cruz. En cuanto a la prestación de servicios públicos fueron frecuentes las demandas de apertura y mantenimiento de calles, avenidas y áreas de recreación en Santa Cruz, Colcapirhua y El Alto, y la demanda de restauración de servicios de agua potable en Sucre y de energía eléctrica en Trinidad, sitios donde la provisión fue irregular. Por su parte, habitantes de áreas rurales se movilizaron por el acceso y uso del agua: los pobladores de Huacaya (Chuquisaca) protestaron contra la empresa petrolera Repsol, acusándola de agotar las escasas fuentes de agua de la zona; los comunarios de Valle Nueva (La Paz) protestaron contra la cooperativa minera Frutillani por el desvío del río Camaqueni que abastece a las localidades aledañas de agua para consumo humano y para riego; los pobladores

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Septiembre de 2010

de Zongo (La Paz) recurrieron a medidas de presión extremas para exigir el pago de regalías por el uso de aguas por las hidroeléctricas; finalmente los pobladores de Macharetí (Chuquisaca) demandaron atención de las autoridades para paliar los efectos de la sequía. Así, no sólo se reclamó por la escasez de agua, sino que también se utilizó el reclamo por esta carencia como una forma eficiente de presionar para captar la atención sobre otras demandas. De acuerdo con varios estudios nacionales e internacionales, este tema será una de las principales y permanentes fuentes de controversia en el corto, mediano y largo plazo, como se evidencia en una época de sequía cíclica, como la actual. Es necesario mencionar que el sector vecinal/comunal recurrió en repetidas oportunidades a medidas de presión violentas, como la toma de rehenes y de instalaciones, para expresar sus demandas. Varios de estos conflictos derivaron en algún tipo de enfrentamiento entre partes. En lo que respecta al sector educación, las universidades fueron uno de los actores más movilizados en el mes, expresando fundamentalmente demandas económicas (salariales y presupuestarias). Este tema, que concentró aproximadamente la mitad de los casos del sector educación, está vinculado con la crítica situación económica por la que atraviesan las universidades del país, por lo que desde hace varios meses se viene demandando un incremento presupuestario. La implementación de las autonomías y la consecuente ampliación competencial de los gobiernos departamentales están generando expectativas a todo nivel, incluso para resolver estos problemas; así lo refleja el conflicto protagonizado por la Universidad Autónoma Juan Misael Saracho solicitando a la Asamblea Legislativa Departamental la emisión de una normativa para transferir recursos departamentales a esa casa de estudios. Al menos un cuarto de los casos que involucraron al sector educación fueron conflictos salariales de universidades públicas. También se registraron conflictos vinculados con temas institucionales del sector educación: demandas de elecciones internas, reclamos por irregularidades y pedidos de transparencia en la gestión, y con cuestiones administrativas (infraestructura y material educativo). Asimismo continuaron las protestas contra algunos proyectos de ley que el Gobierno pretende aprobar en el marco de la implementación de la nueva Constitución Política del Estado. Por segundo mes consecutivo y, a diferencia de anteriores períodos, el sector transporte se encuentra entre los principales demandantes. Más de la mitad de los casos de septiembre está relacionada con demandas de construcción y mantenimiento de carreteras, caminos y calles en distintos puntos del país, tema que muestra la tendencia a incrementarse con el transcurso de los meses. También se produjo una cantidad importante de conflictos entre distintas líneas de transporte que, en algunos casos, terminaron en enfrentamientos. El sector gremial, cuyo rol protagónico en espacios locales se hace cada vez más evidente, en septiembre participó en varios conflictos que enfrentaron a comerciantes con vecinos y con los gobiernos locales por asentamientos en las vías públicas, y a grupos de gremiales por espacios

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para la comercialización de sus productos. Al igual que en los meses anteriores, se produjeron algunos episodios de violencia. En lo que se refiere al sector campesino, éste protagonizó conflictos vinculados con la dotación de tierras y concesiones para el desarrollo de actividades productivas. La Asociación de Productores de Goma y Almendra del Beni y Pando rechazó la reversión de concesiones forestales no maderables, arguyendo que puede verse afectado su trabajo; los trabajadores de la zafra castañera de Riberalta demandaron al Gobierno la dotación de extensiones forestales para la explotación de castaña, y los colonizadores asentados en el Parque Nacional Carrasco rechazaron la erradicación de plantaciones de coca en esta área protegida. Estos conflictos ponen en evidencia la tensión existente entre determinadas actividades productivas y la conservación ambiental, que se cruza con factores complejos como la pobreza de la población campesina. Además estas controversias están estrechamente vinculadas con otro problema delicado al que se hizo referencia en anteriores oportunidades: las pugnas entre campesinos e indígenas por el territorio. Esto da cuenta de la enorme complejidad y multidimensionalidad de este tipo de conflictos. Finalmente, hay que señalar que no se presentaron conflictos relacionados con demandas de equidad de género. Como es frecuente, la información en torno a la participación de las mujeres en los conflictos sociopolíticos del mes de septiembre fue muy limitada; sólo se tiene registro del involucramiento de madres de familia en la demanda de mejoramiento de infraestructura y de servicios educativos en El Alto y en la controversia entre vecinos de El Alto y Aldeas Infantiles S.O.S.

3.2. Sectores y actores demandados En el mes de septiembre el Estado, en sus distintos niveles y órganos, concentró aproximadamente el 78% de la conflictividad total. El Gobierno central fue interpelado en 32% de los casos, los ejecutivos municipales en 21% y los ejecutivos departamentales en 9% de las controversias.

CUADRO Nº 4 SECTORES DEMANDADOS SECTOR DEMANDADO

%

Entidad del gobierno central

37

31,90%

Entidad del ejecutivo municipal

24

20,69%

Entidad del ejecutivo departamental

11

9,48%

Educación

10

8,62%

Entidad del legislativo municipal

8

6,90%

Transporte

4

3,45%

Entidad del legislativo nacional

4

3,45%

Otro

3

2,59%

Policía

3

2,59%

Empresarial

2

1,72%

Minero

2

1,72%

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INFORME ANALÍTICO SOBRE LA CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA Vecinal/comunal

2

1,72%

2

1,72%

Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil

1

0,86%

Entidad del legislativo departamental

1

0,86%

Indígena

1

0,86%

Gremial

1

0,86%

Partidos políticos/agrupaciones indígenas

ciudadanas/

pueblos

1162

TOTAL

100%

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, septiembre de 2010.

GRÁFICO Nº 3 SECTORES DEMANDADOS

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, septiembre de 2010.

En el mes de septiembre se observa nuevamente una ligera disminución (3% en relación con el mes de agosto) en la cantidad de conflictos canalizados hacia el Poder Ejecutivo central. Nuevamente, uno de los temas más frecuentes fue el vinculado a la aprobación de leyes para la implementación de la Constitución Política del Estado; se cuestionaron parcial o totalmente la Ley Marco de Autonomías, la Ley de Aduanas, los proyectos de ley de Unidades Territoriales, Pensiones y Seguro Único de Salud. De igual manera, el Gobierno central recibió varias 2

Ver nota anterior para éste y casos similares.

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demandas de regulación del mercado por escasez y/o alza de precios de algunos productos, lo que dio origen a numerosos conflictos a principios de año, reapareciendo en septiembre. El Gobierno central también tuvo que atender varios casos relacionados con la explotación de recursos naturales, fundamentalmente mineros. Finalmente, se presentaron conflictos por prestación de servicios públicos, principalmente por la construcción y mantenimiento de carreteras. El nivel local concentró aproximadamente el 28% de los conflictos, sumando las demandas dirigidas hacia los ejecutivos y hacia los legislativos municipales; no se registraron variaciones relevantes en relación con los meses anteriores. Tampoco se observaron grandes cambios en los temas que originaron la mayoría de los conflictos: gestión del espacio urbano, prestación de servicios públicos, demandas laborales y temas administrativos. La primera de estas temáticas concentró cerca de un tercio de los conflictos del ámbito municipal; la demanda de reubicación de puestos comerciales (gremiales de La Paz, Cochabamba y Sucre), el pedido de terrenos públicos para construcción de infraestructura de interés de los demandantes (casos S.O.S. de El Alto y Unidad Educativa Sebastián Pagador de Oruro) y el problema de la tierra y la vivienda urbanas (casos barrio Ambrosio Villarroel de Santa Cruz y Villa Challacollo de Oruro), son temas que desde hace meses deben enfrentar las autoridades municipales, aunque los conflictos específicos varíen en cada período. Lo mismo sucede con la prestación de servicios públicos, aunque en septiembre se registró un incremento de los casos dirigidos hacia los gobiernos locales. Los actores demandantes fueron, en todos los casos, vecinos que no necesariamente pertenecen a organizaciones como las Juntas Vecinales, lo que muestra que un eje central para la movilización de la sociedad civil no organizada es la prestación de servicios públicos. Las demandas laborales que se comenzaron a manifestar con fuerza después de la asunción de las nuevas autoridades municipales, siguen siendo frecuentes, alcanzando en septiembre probablemente su máximo nivel. Por otra parte, los cuestionamientos a las entidades departamentales en septiembre apenas superaron el 10% del total; entre los temas que causaron el mayor número de estos conflictos se encuentra la demanda de creación de fuentes laborales. Es importante señalar que se ha producido una reducción de aproximadamente 5% con respecto al mes de agosto y de 2% en relación con el mes de julio; esto significa que no se corrobora en septiembre lo que en meses anteriores parecía una tendencia al incremento de la conflictividad canalizada hacia el nivel intermedio, aunque, si se compara la cifra de este mes con las alcanzadas durante el primer semestre del año, sigue siendo elevada. Hay que mencionar también que todos los conflictos dirigidos hacia las gobernaciones y asambleas legislativas que se registraron en septiembre surgieron en el mismo mes, por lo que las controversias anteriores o bien fueron solucionadas, o no fueron tomadas en cuenta por las fuentes revisadas para el presente informe; de cualquier manera, esto puede haber influido en la disminución de los conflictos dirigidos hacia el nivel departamental. Asimismo es importante notar que la mayoría de los actores que interpelaron a las gobernaciones interpelaron también, simultáneamente, a algún otro actor. Las explicaciones

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pueden variar según el caso. Por ejemplo, los comunarios de Valle Nueva demandaron al mismo tiempo a la cooperativa minera Frutillani y a la Gobernación de La Paz; en situaciones como ésta, en las que el demandante se enfrenta con algún actor privado, es frecuente la apelación a autoridades estatales para que intervengan y resuelvan el conflicto. De igual manera, la Federación de Ramas Médicas (FESIRMES) expresó pedidos simultáneamente al Gobierno central y a la Gobernación de Santa Cruz; en casos como éste el actor demandante condensa diferentes reclamos y recursos de movilización en un solo conflicto, aunque sean diferentes instancias las encargadas de atenderlos. Asimismo, la Federación de Estudiantes de Secundaria (FES) de Sucre cuestionó al mismo tiempo a la Gobernación de Chuquisaca y al Concejo Municipal de Sucre, en este caso demandando una atención coordinada de los dos actores interpelados. Finalmente, en septiembre se registró una decena de casos que confrontaron a sectores de la sociedad civil entre sí, los que equivalen aproximadamente al 10% del total de conflictos, manteniéndose en un nivel similar al anotado en el mes de agosto. En por lo menos la mitad de los casos los actores recurrieron a medidas de presión violentas que derivaron en enfrentamientos entre las partes.

4. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE LOS CONFLICTOS En septiembre el departamento de La Paz volvió a concentrar la mayor cantidad de conflictos del país (27%), seguido por Oruro (14%), que desde hace algún tiempo mantiene una cantidad elevada de controversias. El tercer lugar está ocupado por el departamento de Santa Cruz con el 13% del total, seguido por Beni y Cochabamba, ambos con el 10% de la conflictividad nacional.

CUADRO Nº 5 CONFLICTOS POR DEPARTAMENTO DEPARTAMENTO

%

La Paz

28

26,67%

Oruro

15

14,29%

Santa Cruz

14

13,33%

Beni

11

10,48%

Cochabamba

11

10,48%

Chuquisaca

9

8,57%

Potosí

7

6,67%

Todo el país

5

4,76%

Tarija

4

3,81%

Más de uno

1

0,95%

TOTAL

105

100%

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, septiembre de 2010.

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GRÁFICO Nº 4 CONFLICTOS POR DEPARTAMENTO

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, septiembre de 2010.

Como es ya habitual, prácticamente la mitad de los conflictos del departamento de La Paz se registraron en la ciudad de El Alto. La gran mayoría de las controversias de dicha urbe estuvieron dirigidas al Gobierno Municipal, por lo que éste vuelve a ubicarse entre los actores locales más interpelados. Uno de los temas más frecuentes fue la prestación de servicios públicos, aunque los alteños se movilizaron también por asuntos laborales, políticos y económicos. En lo que se refiere al resto de los conflictos del departamento de La Paz, la mayoría se dirigió al Gobierno central en torno a temas relacionados con la implementación de la nueva Constitución Política del Estado. Si bien el departamento de Oruro registró menos conflictos que en el mes de agosto, se ubicó en el segundo lugar de la lista nacional. Nuevamente la mayor cantidad de controversias se suscitó en la ciudad capital y estuvo vinculada con temas laborales/salariales –algunos provenientes de meses anteriores–, la gestión del espacio urbano y la prestación de servicios públicos. Aún después de promulgada la ley modificatoria de la Ley General de Aduanas y del Código Tributario, tema que marcó la conflictividad en Oruro durante los últimos meses, los comerciantes de la ciudad de Oruro continuaron amenazando con movilizarse por la reglamentación de esta norma. En otras localidades del departamento se suscitaron conflictos por la explotación y control de minerales, en algunos casos se registraron enfrentamientos lo que, una vez más, pone en evidencia que los conflictos por recursos naturales tienen un importante potencial de violencia. El departamento de Santa Cruz registró algunos conflictos más que en agosto, aunque su peso relativo en la conflictividad nacional se mantiene invariable. Los temas de los conflictos fueron también similares a los de los meses pasados: gestión del espacio urbano (controversias que se dirigieron mayormente al Gobierno Municipal de Santa Cruz) y temas administrativos (demandas de ítemes, contrataciones, y material de trabajo). Nuevamente se interpeló al Gobierno central, esta vez por temas relativos a la transferencia de recursos del IDH y a la Ley Marco de Autonomías.

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Aunque la cantidad de controversias en el Beni se redujo en comparación con los dos meses anteriores (5% menos que en julio y agosto), éste se mantiene como uno de los departamentos más conflictivos del país. El tema laboral/salarial, muy frecuente en julio y agosto, no apareció en el escenario de los conflictos benianos en septiembre, ya sea porque fueron resueltos, ya sea porque los medios no dieron cuenta de los mismos. En cualquier caso, éste es un tema que puede contribuir a explicar la ligera disminución de la cantidad de conflictos. La problemática principal en septiembre fue la prestación de servicios públicos, que concentró aproximadamente la mitad de los casos: construcción y refacción de carreteras y dotación de energía eléctrica fueron las dos principales demandas. Es pertinente señalar que la Central Obrera Departamental (COD) del Beni es uno de los actores locales que más se ha movilizado y el ente departamental de la COB que más conflictos ha protagonizado; en septiembre demandó la instalación de redes de energía eléctrica para asentamientos de miembros del Movimiento Sin Techo y la renuncia de autoridades del Ministerio de Trabajo. Por tercer mes consecutivo, el departamento de Cochabamba ocupó el quinto lugar de la lista de departamentos con mayor número de conflictos. En septiembre, la mitad de las controversias involucró al sector transporte, ya sea por demanda de prestación de servicios públicos (construcción y mantenimiento de carreteras), o por pugnas entre distintas líneas de transporte. Este tipo de situaciones son frecuentes en el departamento debido a su posición geográfica que lo coloca en el núcleo de las conexiones viales, siendo el transporte una de las principales actividades económicas3. Todos los conflictos del departamento en torno a este tema se desarrollaron en los municipios de Cochabamba, Quillacollo y Colcapirhua, tres de las siete localidades que conforman el área metropolitana de Cochabamba. El continuo crecimiento poblacional en esta región, que genera un constante incremento del parque automotor, requiere una infraestructura caminera adecuada y una cierta organización del transporte público, lo que evidentemente no sucede, o no sucede de la manera que requiere el intenso proceso de urbanización. Entre los conflictos que involucraron a varios departamentos del país se encuentra el cuestionamiento a los proyectos de ley contra el racismo y del Seguro Único de Salud, ambos enmarcados en la implementación de la nueva Constitución Política del Estado. Por otro lado, la Confederación de Trabajadores de la Construcción de Bolivia se declaró en estado de emergencia por la escasez de cemento, la Federación Nacional de Trabajadores Universitarios de Bolivia (FNTUB) demandó a las universidades un incremento salarial, y los militantes de Alianza Social protestaron contra las acusaciones vertidas contra René Joaquino. Finalmente hay que mencionar que en Chuquisaca se registró un incremento notable de la cantidad de conflictos en comparación con meses anteriores. Las controversias giraron en torno a distintos temas, como la prestación eficiente de servicios públicos, la demanda de control de precios de productos de la canasta familiar, cuestiones de carácter laboral/salarial en 3

Blanes, José (2006). Bolivia: las áreas metropolitanas en perspectiva de desarrollo regional. Revista EURE Nº 95, Santiago-Chile.

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instituciones públicas, y pugnas por asentamientos comerciales. Un tercio de los conflictos estuvo vinculado con la problemática del agua, que ya fue abordado con anterioridad; dos de los casos involucraron a los municipios chaqueños de Huacaya y Macharetí, región que, año tras año, y cada vez con más fuerza, sufre los efectos del ciclo de sequías. El municipio de Sucre también se vio afectado por la falta de lluvias, por lo que la provisión de agua potable se vio interrumpida, registrándose el tercer caso de conflicto por el tema en el departamento.

5. MEDIDAS DE PRESIÓN Y VIOLENCIA 5.1. Medidas de presión y violencia en los conflictos En general, en septiembre se registró un mayor número de medidas de presión llevadas adelante por los actores demandantes, alcanzando un total de 165, 12 más que en el mes de agosto. Se puede decir que éste es un fenómeno directamente relacionado con la cantidad de conflictos que se presentaron durante el mes.

CUADRO Nº 6 MEDIDAS DE PRESIÓN POR DEPARTAMENTO Oruro Beni La Pa z Todo el pa ís Potos í Sa nta Cruz Cocha ba mba Ta ri ja Chuqui s a ca No Anunci o o a mena za

8

Concentra ci ón o vi gi l i a

1

Ma rcha

6

Pa ro o huel ga

2

Bl oqueo

7 3

1

1

6

7

3

4

7

69

1

1

1

1

1

1

7

8

1

4

1

2

2

27

16

2

3

2

1

3

15

9

1

4

2

3

15

9

1

4 1

1

2

1

Des trucci ón de bi enes 5

Toma de rehenes

1

Agres i ón a pers ona s Tota l

2

1

3

Toma fís i ca

1

13

2

1 47

1 7

13

7 22

24

4 103/62,5%

1 40/24%

8

5

3

2

8

5

9 8

42,5

2

2

1 18

Porcenta je Tota l

6

1 1

Cerco Huel ga de ha mbre

21

19 165

1 22/13,5% 5,5 100 165/100

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, septiembre de 2010.

Se produjo un claro aumento de la violencia, habiéndose desencadenado varios enfrentamientos entre sectores de la sociedad civil e intervenciones de las fuerzas del orden para controlar las acciones llevadas a cabo por los demandantes. Se registró una mayor cantidad de tomas de rehenes, de tomas físicas de instituciones públicas y privadas y de destrucción de bienes, que en el mes anterior. Las medidas de presión más violentas se incrementaron, mientras que las de incidencia media se redujeron y las de baja violencia se mantuvieron al mismo nivel que en meses anteriores.

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En cuanto a la distribución geográfica, se observa que los departamentos de La Paz, Cochabamba y Chuquisaca fueron los que sufrieron el mayor incremento de medidas de presión violentas, aunque en La Paz las acciones fueron sobre todo de amenaza y no de acción contundente; en Cochabamba se registraron la mayoría de los enfrentamientos, como el de tres líneas de transporte público por el control de rutas de circulación y el de cooperativas mineras por parajes de laboreo. Por otro lado, el decremento más notorio se suscitó en el departamento de Potosí, después del paro departamental de quince días de duración.

5.2. Alcance de las medidas de presión En septiembre, como en casi todos los meses, las medidas de fuerza en su mayoría tuvieron rangos de acción limitados, sobrepasando apenas los ámbitos intrainstitucional y vecinal/comunal. Sin embargo, se registraron dos conflictos que llegaron a afectar a nivel internacional puesto que en dos ocasiones se bloquearon carreteras que unen Bolivia con Chile.

CUADRO Nº 7 ALCANCE DE LAS MEDIDAS DE PRESIÓN ALCANCE

%

Intrainstitucional

52

49,52%

Vecinal/comunal

35

33,33%

Regional

8

7,62%

Municipal

6

5,71%

Nacional

2

1,90%

Internacional

TOTAL

2

105

1,90%

100%

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, septiembre de 2010.

GRÁFICO Nº 5 ALCANCE DE LAS MEDIDAS DE PRESIÓN

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, septiembre de 2010

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6. SALIDA DE LOS CONFLICTOS Al finalizar el mes de septiembre, algo menos de la mitad (48%) de los conflictos continuó vigente. Por otra parte, los acuerdos alcanzados (totales y parciales) sumaron 17%. El retroceso de uno de los actores llegó a 3%; el cuarto intermedio a 2%, y los procesos de negociación a 1%. Hubo dos casos en que las salidas de los conflictos fueron distintas a las anteriores. De los 15 acuerdos totales, uno de los más significativos fue el logrado entre los vecinos de la zona Bautista Saavedra de El Alto, representantes de Aldeas Infantiles S.O.S y autoridades municipales de ese municipio; los vecinos del Distrito 14 se comprometieron a respetar la permanencia de Aldeas Infantiles S.O.S. a cambio de ser beneficiarios con diversas obras que la Alcaldía de El Alto ofreció, como la construcción de una cancha multifuncional, de un centro maternológico, de cordones de acera y del adoquinado de calles. De los cuatro acuerdos parciales alcanzados en septiembre destaca el alcanzado entre mineros de la cooperativa 16 de Marzo (Cochabamba) y de las cooperativas Porvenir y San Pablo (Oruro) a través de la firma de un acta de entendimiento que establece que las cooperativas orureñas absorberán cada una a la mitad de los socios de la cooperativa cochabambina mientras se busquen (en un plazo de 60 días y con apoyo de maquinaria y equipo del Ministerio de Minería) nuevos yacimientos de interés de esta cooperativa. Por otra parte, se logró un acuerdo entre pobladores de Zongo, la Compañía Boliviana de Energía Eléctrica (COBEE) y la Gobernación de La Paz para analizar conjuntamente la demanda de obras y se dejó en suspenso el pago de regalías. Tres actores retrocedieron en sus medidas de presión: la Federación Departamental de Cooperativas Mineras de Oruro (FEDECOMIN) dejó sin efecto la amenaza de toma de oficinas públicas al ratificar el Servicio Nacional de Registro y Control a las Comercializaciones de Minerales y Metales (SENARECOM) la resolución ministerial que obliga a pagar por las exportaciones. La Asociación de Comerciantes Central San Martín (Cochabamba) suspendió los bloqueos que realizaba ante el retiro de vendedores no asociados. Los transportistas federados de la Línea 270 (Cochabamba) dejaron de lado los violentos enfrentamientos con transportistas de la Línea 120 ante la modificación de las rutas de estos choferes. Por otra parte, se declararon cuartos intermedios en el conflicto del Sindicato Mixto de Trabajadores del Municipio de Oruro y en el de los trabajadores de la zafra castañera de Riberalta. Las dos salidas distintas de las anteriores fueron las producidas en el caso del pedido de renuncia de funcionarios de la Dirección Departamental de Trabajo del Beni por parte de la COD, que derivó en la firma de la renuncia de los trabajadores cuestionados, y en la demanda de renuncia del Subalcalde del Distrito 1 de El Alto por los vecinos, al haberse designado un nuevo Subalcalde.

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El único proceso de negociación en curso al finalizar septiembre se dio en el conflicto protagonizado por los transportistas federados de la Línea 208, quienes acusaron a sus pares de la Línea 211 de avasallamiento de rutas. La intervención policial, que impidió mayores daños personales y materiales —un herido y cuatro vehículos parcialmente inutilizados fue el saldo que dejó un violento choque entre conductores—, fue el antecedente del inicio de la negociación entre las partes.

CUADRO Nº 8 SALIDA DE LOS CONFLICTOS SITUACIÓN

%

Continúa

51

48,57%

Se desconoce

27

25,71%

Acuerdo total

15

14,29%

Acuerdo parcial

4

3,81%

Retroceso de uno de los actores

3

2,86%

Cuarto intermedio

2

1,90%

Otra

2

1,90%

En negociación

TOTAL

1

105

0,95%

100%

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, septiembre de 2010.

GRÁFICO Nº 6 SALIDA DE LOS CONFLICTOS

Fuente: Fundación UNIR Bolivia, septiembre de 2010.

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7. CONCLUSIONES -

Durante el mes de septiembre de 2010 se registraron 105 conflictos, ratificándose la tendencia constante desde enero al incremento de las controversias, con la única excepción del mes de junio en que se produjo un descenso.

-

Los conflictos más importantes del mes fueron el suscitado entre tres cooperativas mineras que operan en la frontera entre los departamentos de Oruro y Cochabamba, por parajes de laboreo; el de vecinos de la zona Bautista Saavedra de la ciudad de El Alto frente a Aldeas Infantiles S.O.S. por el uso de cuatro hectáreas de terreno; y el los periodistas de todo el país en contra de dos artículos de la Ley contra el racismo y la discriminación, que, aunque no dio lugar a medidas de presión violentas, revistió gran importancia a nivel nacional.

-

La problemática económica sigue siendo el principal motivo de los conflictos, siendo una transversal presente incluso en casos relacionados con otro tipo de demandas. Con ligeros cambios porcentuales, la situación laboral, los problemas de gestión administrativa de entidades públicas y privadas, y la prestación de servicios públicos continúan siendo temas de conflicto importantes, figura que no ha cambiado desde el mes de junio.

-

El acceso y tenencia de la tierra para vivienda y la prestación de servicios públicos fueron los temas que más movilizaron a los habitantes de áreas urbanas del país. Por su parte, pobladores de áreas rurales protestaron sobre todo por el acceso y uso del agua, siendo la época de sequía una de las principales causas de estos conflictos.

-

Los sectores vecinal/comunal, transporte y gremial protagonizaron la mayoría de los conflictos violentos del mes. En septiembre se registró una decena de casos que confrontaron entre sí a sectores de la sociedad civil; aproximadamente la mitad desembocó en episodios violentos.

-

-

El Estado, en sus distintos niveles y órganos, concentró cerca del 80% de la conflictividad nacional, con casi un tercio de las demandas dirigidas hacia las entidades del Gobierno central. Sin embargo, continúa la sutil tendencia a la disminución de las interpelaciones orientadas hacia el Ejecutivo central.

-

Los cuestionamientos hacia los gobiernos municipales se mantuvieron en niveles similares a los meses anteriores, y se registró una diminución de los conflictos planteados hacia los ejecutivos y legislativos departamentales.

-

El departamento de La Paz volvió a encabezar la lista de la conflictividad nacional, lugar que en agosto fue ocupado por Oruro. En septiembre este departamento se ubica en segundo puesto y Santa Cruz en el tercero. Chuquisaca presenta uno de los incrementos

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de conflictos más significativos del mes, lo que parece ser resultado de la sequía que afectó severamente a este departamento. -

Los índices de violencia se han incrementado a un nivel general, habiéndose registrado más enfrentamientos entre sectores de la sociedad civil y más intervenciones de fuerzas del orden. Este hecho resulta preocupante, especialmente porque varios de los altercados violentos se produjeron sin un antecedente de manifestación o anuncio previo.

-

Los conflictos que continuaron vigentes al concluir el mes de septiembre fueron algo menos de la mitad; los acuerdos alcanzados, totales y parciales, no llegaron ni al 20% del total de los casos.

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GUÍA RÁPIDA4 CONFLICTO: Relación, entre dos o más partes (individuos o grupos) que tienen o consideran que tienen objetivos incompatibles (Fischer et al). Es un proceso que surge de desacuerdos sobre las metas a alcanzar o los métodos que se van a emplear para cumplir dichas metas. Se inicia cuando una parte percibe que otra la ha afectado o está a punto de afectar de alguna manera sus intereses y una de ellas, o las dos, amenaza(n) con ejercer o ejerce(n) coerciones (Kriesberg). ACTOR DEMANDANTE: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización o institución que ejerce(n) presión para lograr un determinado objetivo que es –o parece ser– incompatible con el objetivo del actor demandado. Según sus particularidades, los actores demandantes pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector demandante (educativo, minero, empresarial, indígena y otros). ACTOR DEMANDADO: Persona, grupo de personas, representante(s) o miembro(s) de una organización o institución hacia quien(es) se dirige la demanda y se plantea la medida de presión. Según sus particularidades, los actores demandados pueden ser reconocidos como pertenecientes a un sector demandado (gubernamental, empresarial, cívico, etcétera). DEMANDA: Petición declarativa, sostenida y fundamentada desde su propia lógica oposicional, que un actor presenta a su circunstancial par demandado a propósito del asunto conflictivo. Además de ser la solicitud/exigencia de una acción claramente reconocible en su formulación –en parte por una obvia necesidad de legitimación pública–, la demanda es el correlato natural del asunto del conflicto desde la perspectiva de los intereses y/o posición del actor demandante. Así, la demanda presupone un punto de desacuerdo que, una vez resuelto, determina el repliegue del actor demandante y la ‘superación’ del conflicto. Un pedido de aumento salarial es un ejemplo de demanda. MEDIDA DE PRESIÓN: Acción que, colectiva o individualmente, el actor demandante emprende contra el actor demandado con el objetivo de compelerlo a satisfacer su demanda. Las medidas de presión son determinantes para establecer el nivel de gravedad de un conflicto: cuanta mayor gravedad revisten las mismas, tanto más alto puede ser el nivel de gravedad de un conflicto. ÁMBITO: Espacio en donde surge el conflicto, considerando en particular la exteriorización de la demanda. ALCANCE: Efectos de las medidas de presión empleadas por el actor demandante en estrecha dependencia de la gravedad que presenten las mismas.

La presente guía rápida reúne los principales componentes conceptuales utilizados en el trabajo de seguimiento y análisis de la conflictividad. En ese contexto, expresan tanto su enfoque como su valor operativo en esa labor. Hay que apuntar, no obstante, que en general reflejan los tópicos que encuentran mayor convergencia al presente entre los especialistas y teóricos del conflicto. 4

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Septiembre de 2010

Misión La Fundación UNIR Bolivia es una institución privada, independiente y sin fines de lucro, que trabaja en los ámbitos de comunicación, diálogo, desarrollo de ciudadanía democrática y gestión de conflictos, con la finalidad de contribuir a la construcción de un país unido, intercultural y equitativo, guiado por valores que posibiliten una convivencia pacífica entre las y los bolivianos.

Oficinas DISTRITAL UNO: La Paz – El Alto Sede: Ciudad de La Paz Av. 6 de Agosto #2528 entre calles P. Salazar y L. Gutiérrez Tel. (+591-2) 2117069 – 2119767 – 2110665 – 2115096 Tel./Fax: (+591-2) 215 3021 info@unirbolivia.org

DISTRITAL DOS: Santa Cruz – Tarija Sede: Santa Cruz de la Sierra Av. Alemania calle 10 Oeste Poresaqui # 3665 Tel./fax (+ 591-3) 311- 5072 santacruz@unirbolivia.org

DISTRITAL TRES: Cochabamba – Chuquisaca Sede: Ciudad de Cochabamba Calle calle Ayacucho # 235 piso 2 entre Ecuador y Colombia Tel./fax (+591-4) 4110438 cochabamba@unirbolivia.org

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