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(Junio a Diciembre de 2010)

Bolivia, febrero de 2011


Fundación UNIR Bolivia Dirección ejecutiva Antonio Aramayo Tejada Gerencia del Área de Información Análisis y Transformación de Conflictos María Soledad Quiroga Trigo Unidad de Análisis de Conflictos Jimena Avejera Udaeta Cristian León Coronado Óscar Meneses Barrancos Unidad de Prensa y Promoción Gabriela Ugarte Borja Diseño Natalia Campero Romero Ilustración de tapa y contratapa Juan José Serrano Impresión Editora Presencia Depósito Legal: 4-1-403-11 Febrero de 2011 www.unirbolivia.org

La Fundación UNIR Bolivia financia sus actividades bajo la modalidad de una canasta de fondos en la que participan:

Gobierno de Holanda

Agencia Sueca de Cooperación Internacional para el Desarrollo

Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación

Christian Aid

Cooperación Irlandesa para el Desarrollo


ÍNDICE 1. UNA MIRADA PANORÁMICA A LA CONFLICTIVIDAD BOLIVIANA EN EL PERÍODO JUNIO-DICIEMBRE DE 2010

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2. TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS 2.1. CONFLICTIVIDAD POR TEMAS ECONÓMICOS • La situación económica y los conflictos • La continua e inalterable problemática laboral • Control y aprovechamiento de recursos naturales para el desarrollo 2.2. CONFLICTIVIDAD POR TEMAS POLÍTICOS • Pugnas político ideológicas • Los procesos legislativos de la discordia • Institucionalidad, gestión pública y conflictos 2.3. CONFLICTIVIDAD POR TEMAS AMBIENTALES 2.4. CONFLICTIVIDAD POR TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA 2.5. CONFLICTIVIDAD POR TEMAS DE DERECHOS HUMANOS 2.6. CONFLICTIVIDAD POR TEMAS DE LÍMITES POLÍTICO ADMINISTRATIVOS 2.7. CONFLICTIVIDAD POR TEMAS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 2.8. CONFLICTIVIDAD POR TEMAS DE TIERRA Y GESTIÓN DEL ESPACIO URBANO

10 11 12 14 16 17 18 19 20 21 23 23 24 26

3. SECTORES Y ACTORES DEMANDANTES Y DEMANDADOS 3.1. SECTORES Y ACTORES DEMANDANTES • Los más movilizados: los habitantes de las áreas urbanas y rurales del país • Los habitantes de áreas urbanas • Los habitantes de áreas rurales • La tradicional conflictividad de los sectores educación y salud • Campesinos, indígenas y obreros • Otros sectores 3.2. SECTORES Y ACTORES DEMANDADOS

30 30 31 32 33 33 35 36 37

4. DISTRIBUCIÓN GEOGRÁFICA DE LOS CONFLICTOS 4.1. EL COMPORTAMIENTO DE LOS CONFLICTOS POR DEPARTAMENTO 4.2. UNA CONFLICTIVIDAD PREPONDERANTEMENTE URBANA

41 42 47

5. SALIDA DE LOS CONFLICTOS

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6. CONCLUSIONES

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7. FUENTES CONSULTADAS

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PRESENTACIÓN El presente informe sobre conflictividad en Bolivia, correspondiente al período comprendido entre los meses de junio y diciembre de 2010, da continuidad a la tarea que la Fundación UNIR Bolivia desarrolla ininterrumpidamente a través de los informes mensuales de conflictividad y de los informes consolidados de períodos mayores, como el de enero a mayo de 2010. La información con la que se ha elaborado este documento proviene de la base de datos especializada de UNIR, que funciona desde enero de 2006 y que actualmente contiene un registro de más de dos mil casos. Esta base de datos es nutrida a través de la revisión exhaustiva de once periódicos de alcance nacional y locales (La Razón, La Prensa, El Alteño, Los Tiempos, Opinión, El Deber, El Mundo, Correo del Sur, El Potosí, La Palabra del Beni y La Patria) y de dos redes radiofónicas nacionales (Fides y Erbol). El informe presenta un análisis de los conflictos ocurridos en el país en los últimos siete meses del año, considerando la cantidad de conflictos ocurridos, su tipología (conflictos económicos, políticos, ambientales, de seguridad ciudadana, de derechos humanos, por prestación de servicios públicos, por tierra y gestión del espacio urbano y por límites político administrativos), los sectores implicados como demandantes y demandados, el ámbito geográfico de los conflictos, su nivel de gravedad y su desenlace. El análisis de los datos se realiza tomando en cuenta tanto los factores estructurales, como los de carácter coyuntural que explican la conflictividad en Bolivia; asimismo se ha efectuado una comparación entre la situación del período junio - diciembre de 2010 y la de los primeros cin-

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co meses de ese año y la del año 2009 a fin de identificar las tendencias de la conflictividad y los posibles riesgos para la estabilidad democrática del país y para la construcción de una cultura de paz. La Fundación UNIR Bolivia considera que la construcción de paz no implica eliminar los conflictos –lo cual es, además, imposible–, sino trabajar para transformarlos de manera constructiva, evitando que deriven en violencia y aprovechándolos como oportunidades para realizar los cambios que la sociedad requiere para lograr un país más equitativo, plural y democrático.

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Una mirada panorámica a la conflictividad boliviana en el período junio-diciembre de 2010

Entre los meses de junio y diciembre de 2010 se produjo un notable incremento de la conflictividad en Bolivia, registrándose un total de 544 casos1, alrededor de 300 conflictos más que en los primeros cinco meses del año. Después de que en mayo se registrara un pico con 81 conflictos, en junio la cifra descendió a 57. Sin embargo, a partir de julio se visibilizó nuevamente una clara tendencia ascendente, la cual llegó a su punto máximo en el mes de septiembre con 105 conflictos. Posteriormente se experimentó un descenso progresivo, coincidiendo con el cierre de gestión y las fiestas de fin de año.

Gráfico Nº1 Total de Conflictos por Mes (En porcentaje) 120

105

100 90

80 60 40

91

91

83 72

57

20 0 Junio

Julio

Agosto

Septiembre

Octubre

Noviembre

Diciembre

Fuente: Unidad de Investigación y Análisis de Conflictos. Fundación UNIR Bolivia 1. Esta cifra no equivale a la sumatoria de conflictos de los siete meses dado que durante el período analizado se presentaron casos en que un mismo conflicto se desarrolló en más de un mes.

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INFORME DE CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA JUNIO - DICIEMBRE DE 2010

La tendencia al incremento de la conflictividad verificada en el período se confirma si se comparan estos siete meses con los del año 2009; los conflictos en 2010 aumentaron respecto al mismo período de 2009 en más de 300%2. La conflictividad presentada en el periodo muestra una agudización de las tensiones sociales en varias direcciones. Al iniciarse el año 2010 el escenario del país se caracterizaba por una estabilidad política –una vez que el Movimiento al Socialismo (MAS) ganó las elecciones de diciembre de 2009 y que la oposición partidaria y regional fue debilitada después de los sucesos de Pando y de Santa Cruz–, por la estabilidad económica –el Gobierno informó constantemente a la población sobre la existencia de importantes reservas internacionales, sobre la fortaleza fiscal y los grandes avances económicos del país– y por el control del aparato del Estado. En ese contexto no era previsible la existencia de una alta conflictividad. Sin embargo, 2010 fue el año que presentó la mayor cantidad de conflictos desde 2006 debido a varios factores, entre los que se encuentran la pervivencia de serios problemas estructurales, como la pobreza, la insuficiente infraestructura social, la falta de empleo, la problemática de tierras y la débil institucionalidad que constituyen un foco permanente de conflictos. A éstos se suman otros de carácter coyuntural que jugaron un papel importante en la agudización de la conflictividad, como el incremento de la inflación; la escasez de productos de primera necesidad, especialmente de los alimentos; la falta de correspondencia entre las normas legales, las políticas gubernamentales y las altas expectativas de la población; el hecho de que las políticas no siempre se ajustan a la nueva Constitución Política del Estado3; la definición de nuevos marcos normativos e institucionales que ha abierto las puertas a que los distintos sectores y grupos de interés pugnen por obtener mejores condiciones socioeconómicas y políticas; el control total del aparato del Estado, y la existencia de fracturas en el interior del bloque oficialista. En el segundo período de gobierno del MAS se inició la etapa de formulación y aprobación de nuevas normas legales en el marco de la CPE. El Gobierno 2. Puesto que hasta mediados de 2009 el número de fuentes periodísticas consultadas era menor que en la actualidad, se ha sumado al número de conflictos de 2009 el porcentaje de incremento de conflictos que supone la consulta de un mayor número de fuentes, de modo que los datos de 2009 y 2010 sean efectivamente comparables. 3. Como en el caso del derecho indígena a consulta previa, lo que dio lugar al largo conflicto del Territorio Indígena del Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS) por la construcción de una carretera y al de los guaraníes en el Chaco por la exploración y explotación petrolera.

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Fundación Unir Bolivia

anunció que se aprobarían más de 100 nuevas leyes, varias de las cuales revisten especial importancia por sus implicaciones socioeconómicas, políticas e institucionales. Desde el mes de enero y, en mayor grado, desde el mes de junio de 2010, entraron en debate las leyes de Autonomías y Descentralización, de Aduanas, Código Tributario, de Pensiones, Contra el Racismo y Toda Forma de Discriminación, entre otras. Estas normas fueron cuestionadas por distintos sectores del país, tanto por su contenido como por los procedimientos del Legislativo para su formulación y aprobación, generándose múltiples manifestaciones de rechazo. Por otra parte, la destitución de autoridades electas dio lugar al surgimiento de varios conflictos en distintos puntos del país. La violencia fue un componente en varios de los conflictos registrados entre junio y diciembre; se produjeron numerosos casos de enfrentamiento directo –muchos de éstos entre grupos de la sociedad civil– que dejaron saldos de heridos y daños materiales, aunque no se tuvo que lamentar muertes. En algunas ocasiones, los actores movilizados asumieron posiciones radicalizadas que complejizaron los escenarios conflictivos, dificultando una pronta gestión de las controversias. Es necesario señalar que la conflictividad pudo haber derivado en una situación de convulsión social exacerbada y de ingobernabilidad debido a la gran cantidad de casos registrados y a la articulación o agregación de demandas que se presentaron en algunas oportunidades, como ocurrió en el mes de diciembre cuando se promulgó el D.S. 748 que incrementaba los precios de los carburantes, encontrando un rechazo generalizado. En ese sentido, se advierte que la conflictividad puede estar transcurriendo de anómica a canalizada4; al prolongarse los conflictos y las movilizaciones, sobreponerse intereses y articularse demandas, se puede llegar a una situación de sobrecarga que dificulte su gestión a través de procesos manejables.

4. Conflictividad anómica es aquella en la que se presenta una dispersión de causas de los conflictos y de objetivos. Por el contrario, la conflictividad canalizada es aquella en la que varios casos apuntan a los mismos intereses, de modo que los actores implicados pueden establecer alianzas y crear mayor presión para la atención a sus demandas (Rojas, 2007).

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TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS

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Tipología de los conflictos

Una diversidad de temas se encuentra en la base de los conflictos que se presentaron en Bolivia durante el periodo junio-diciembre de 2010. Estos temas fueron agrupados bajo categorías específicas, registrándose un total de 16, que se detallan en el cuadro y los gráficos siguientes: Cuadro Nº 1 Tipología de los conflictos Tipo de conflicto Medidas económicas/situación económica Gestión administrativa Laboral/salarial Leyes/medidas legales Prestación de servicios públicos Cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridad Ideológico-político Gestión del espacio urbano Tierra Recursos naturales y medio ambiente Derechos humanos Incumplimiento de convenios Límites político-administrativos Seguridad ciudadana Valores/creencias/identidad Otro Total

Total 177 136 122 89 87 67 57 32 29 24 22 20 14 8 6 5 895

% 19% 15% 14% 10% 10% 7% 6% 4% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 100%

Fuente: Unidad de Análisis de Conflictos. Fundación UNIR Bolivia

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Fundación Unir Bolivia

Gráfico Nº2 Tipología de los conflictos en cifras 177

32

29

24

22

20

14

8

6

5

Recursos Naturales y medio ambiente

Derechos Humanos

Incumplimiento de convenios

Límites político-administrativos

Seguridad ciudadana

Valores / creencias

Otro

57

Tierra

67

Ideológico político

87

Cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridad

Leyes / Medidas legales

Laboral / Salarial

Gestión Administrativa

Medidas Económicas/ situación económica

89

Gestión del espacio urbano

122

Prestación de servicios

136

Fuente: Unidad de Análisis de Conflictos. Fundación UNIR Bolivia

2.1. CONFLICTIVIDAD POR TEMAS ECONÓMICOS La conflictividad por temas económicos tuvo un relativo predominio numérico con 36%5 de los casos; estos conflictos incluyen demandas referidas a la situación económica en la que se encuentran las personas, a la problemática laboral y salarial, y de acceso y control de recursos naturales para el desarrollo. Esta tendencia se ha mantenido con pequeñas variaciones, habiéndose presentado situaciones similares durante el segundo semestre del 2009 y los primeros cinco meses del año 2010. En 2010 el contexto internacional estuvo marcado por la lenta y azarosa recuperación luego de la dura crisis, iniciada el año 2008, que afectó a los principales mercados financieros. Bolivia fue uno de los países menos afectados por la crisis (Müller, 2009) y, por el contrario, logró índices positivos de crecimiento, y la disminución de la pobreza y de la indigencia (Bárcena, 2010). Estos indicadores contrastan con el malestar social respecto a la situación económica, como se evidencia en la conflictividad por la inflación y la escasez de alimentos. La inflación hasta fin de año llegó al 7%, no se lograron mayores avances en cuanto a la creación de fuentes de empleo, existiendo una tasa de desempleo de 8% según los datos oficiales y de 11% de acuerdo a informes del CEDLA, lo que, considerando 5. Este porcentaje resulta de la suma de los conflictos por medidas económicas/situación económica, labores/salariales y algunos casos de la categoría recursos naturales y medio ambiente vinculados con el desarrollo económico.

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TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS

la preeminencia de la informalidad (Nueva Economía, 20/12/2010), supone que gran parte de la población boliviana carece de seguridad laboral. A todos estos factores cabe agregar un grave problema que no se ha logrado contrarrestar y que las políticas sociales recientes no pudieron revertir: la desigualdad económica. Aunque el Gobierno central informa que el consumo se ha incrementado gracias a sus políticas redistributivas, otros informes señalan que la concentración de la riqueza se mantiene (PNUD, 2010), o que, por el contrario, se ha producido un aumento de la concentración de la riqueza (CEDLA, 2010). Mientras la distribución de ingresos concentre la riqueza en pequeñas porciones de la población, es previsible que la conflictividad social siga escalando. A esto se añaden las altas expectativas de la población propias del momento de inflexión política que vive Bolivia, como lo demostraron los conflictos en función al aumento salarial en mayo de 2010 y los casos originados por el proyecto de nuevo Código Laboral y por la Ley de Pensiones, que movilizaron a diversos sectores del país, tensionando la relación entre el Gobierno central y las organizaciones sociales. La situación económica y los conflictos Los conflictos vinculados con demandas de incremento presupuestario, políticas para el sector productivo, medidas para frenar la agudización de la crisis alimentaria y de la inflación y otros que hacen al rol económico del Estado, han experimentado un incremento considerable que casi triplica las cifras correspondientes a los primeros cinco meses del año. La demanda de incremento de los recursos asignados a distintas instancias públicas es un tema recurrente que se reactiva en los últimos meses del año cuando se realiza la planificación presupuestaria. Las universidades públicas fueron las que ejercieron más presión con el argumento del crecimiento de la población estudiantil. La implementación de una nueva distribución competencial administrativa en el marco del proceso autonómico –aunque aún es incipiente– ha generado nuevos requerimientos presupuestarios. Por otra parte, la inflación y la crisis alimentaria que han determinado el encarecimiento de los productos de la canasta familiar, afectando considerablemente a la población, especialmente a los sectores más carentes, han originado numerosos conflictos. Estos casos empezaron a hacerse visibles en febrero de 2010,

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cuando los precios de algunos productos básicos, como el azúcar, el aceite y la carne de pollo, registraron considerables alzas, lo que llevó al Gobierno a asumir medidas orientadas a asegurar la provisión interna y la estabilidad de los precios, como la prohibición de la exportación de varios productos, que tuvo el efecto contrario al desincentivar la inversión en la producción agropecuaria y desviarla hacia otros rubros, como el de la construcción (FAO, 2010). Sin embargo, fue hacia el último trimestre de 2010 cuando se suscitó la mayor cantidad de controversias en torno al tema. Bolivia se encuentra entre los países más vulnerables de la región a la crisis alimentaria, no sólo por las características de la estructura productiva del país y por las políticas recientes –como la prohibición de exportaciones–, sino también por la cantidad de desastres naturales –sequías e inundaciones– que han mellado el volumen de las cosechas (FAO, 2010). En cuanto a la expansión agrícola, si bien se ha incrementado la producción durante el último quinquenio, ésta ha sido destinada mayormente a la agroindustria de exportación en desmedro de la producción semi empresarial y campesino familiar que proveen al mercado interno, abriendo una brecha de desabastecimiento de alimentos que se ha intentado revertir a través del aumento de las importaciones (CEDLA, 2010). La burbuja de consumo interno producida por la alta liquidez debida a la expansión económica, a la política de bonos, a la recepción de remesas y a los recursos provenientes de ámbitos ilícitos (contrabando y narcotráfico) ha ejercido presión sobre la demanda, lo que, sumado a los factores de desabastecimiento ya señalados, ha incentivado la espiral inflacionaria. En los antecedentes históricos bolivianos figura la hiperinflación de principios de los años 80, uno de los más desastrosos procesos de este tipo en el mundo; con la marca traumática de esta experiencia, la población reacciona ante cualquier síntoma de un fenómeno similar. Así, a partir del mes de septiembre, se generalizó un clima de protesta social –la segunda acumulación más visible de conflictos económicos después de los problemas laborales– demandando la intervención del Gobierno para controlar la escalada de precios. Sin haberse aplacado aún la inestabilidad social, el Gobierno optó por dos medidas económicas importantes; la primera fue la ligera devaluación de la cotización del dólar con respecto a la moneda local para, entre otras cosas, desincentivar las exportaciones, esperando que los productores optaran por los mercados internos;

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TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS

no obstante, los altos precios externos siguieron haciendo atractivos la exportación y el contrabando de algunos productos y el agio continuó produciéndose, por lo que la situación no varió sustancialmente. La segunda medida, el drástico retiro de las subvenciones a los hidrocarburos o “gasolinazo”, que incrementó los precios de los carburantes hasta en un 83%, con la finalidad de mitigar el contrabando y generar mayores ingresos para la inversión pública, según la información oficial, y para reparar el déficit fiscal desde la óptica de analistas económicos y políticos, determinó el inmediato incremento de las tarifas de transporte y luego del conjunto de los productos disponibles en el mercado. Esta medida causó el rechazo generalizado de la población que se movilizó exigiendo la derogatoria del D.S. 748. Sin que el mercado llegara a un nuevo equilibrio, se desató una ola de especulación a la que se sumó una serie de rumores de nuevas y mayores devaluaciones del dólar y de congelamiento de cuentas bancarias. En ese estado de cosas, distintos sectores en todo el país expresaron su protesta, generándose numerosos conflictos. La paralización de actividades, la violencia de algunas protestas, la confrontación directa con el Gobierno central con demandas de renuncia de algunos ministros, del Vicepresidente y del Presidente –fue el primer conflicto desde 2006 en el que se pidió la renuncia de Evo Morales– determinaron, al cabo de unos pocos días, la abrogación del cuestionado decreto. Sin embargo, persistió la fluctuación de los precios de los productos de primera necesidad, así como del transporte público, de modo que, lejos de haberse mitigado la inflación y la crisis alimentaria, estos problemas continúan generando descontento social. Las previsiones en este campo para el año 2011 son poco alentadoras, por lo que si no se da un giro en las políticas públicas que permita resolver estos problemas la conflictividad podría agudizarse. La continua e inalterable problemática laboral Más allá de los indicadores que puedan mostrar una relativa buena salud macroeconómica, la verdadera situación de bienestar de la población se determina a través de la cantidad de personas que se encuentran efectivamente empleadas (Nueva Economía 19/10/2010). El trabajo estable implica que la generación de ingresos está asegurada, que se tiene beneficios sociales, posibilidades de mejoramiento de las condiciones de vida y de movilidad social en el largo plazo. Según las últimas estadísticas y proyecciones en esta materia, la población económicamente activa en Bolivia creció en 0,8% en el segundo trimestre de 2010

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(La Razón, 28/11/10); esta cifra estaría en consonancia con la reducción de más del 1% del desempleo en ese período según las fuentes oficiales (INE, 2010). Sin embargo, es evidente la existencia de problemas en este campo, ya que más de 60% de los ocupados carece de un empleo formal y pleno, y que la reducción del desempleo se dio fundamentalmente en el rubro comercial en el que impera la informalidad (La Razón, 28/11/10). La precariedad laboral es, desde todo punto de vista, el principal desafío a encarar en el corto, mediano y largo plazo a fin de desactivar ese gran foco de conflictividad social. La lucha contra la pobreza –tomando en cuenta que ocho de cada diez personas entre los más pobres componen el sector informal– debe necesariamente poner énfasis en este tema. Si bien las políticas sociales de los últimos años han permitido reducir la pobreza extrema, es necesario atender también las necesidades de otros sectores, como los jóvenes, que requieren incorporarse al mundo del trabajo; no existen en el país condiciones para que los jóvenes se desarrollen laboralmente en términos adecuados, evitando que permanezcan o que caigan por debajo de la línea de pobreza (PNUD, 2010). La conflictividad vinculada con la problemática laboral experimentó un cierto crecimiento con respecto a los primeros cinco meses de 2010 (de 11,5% a 14%). Dos tercios de todas las controversias correspondientes a esta categoría eran demandas de pago de salarios retrasados, de cumplimiento de normas de protección laboral y de mejoramiento de las condiciones de trabajo en general. Casi un tercio giró en torno a la defensa de las fuentes de empleo en riesgo por el cambio de autoridades departamentales y municipales, y por recortes presupuestarios, sobre todo en el sector salud. Un pequeño porcentaje (8%) de los conflictos eran demandas de creación de nuevos puestos de trabajo que, en algunos casos como el del Sindicato de Desocupados de Oruro, se extendían desde principios de año. Es necesario atender a los efectos que tendrán la nueva normativa laboral y las decisiones que tomará el Gobierno con respecto al incremento salarial ya que pueden convertirse en generadores de conflictividad. El primer tema ha causado ya cierta desazón entre los trabajadores, pues la Ley de Pensiones recientemente aprobada no ha satisfecho las expectativas de algunos sectores; en cuanto al nuevo Código del Trabajo que se aprobará durante los primeros meses de 2011, si no es debidamente consultado con sus principales

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TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS

beneficiarios, puede generar protestas; además, es posible que los empleadores se vean obligados a reducir la fuerza laboral que contratan para cumplir las nuevas obligaciones. En cuanto al aumento salarial, teniendo en cuenta los graves perjuicios que están causando a la economía de la población la crisis alimentaria y la inflación, los trabajadores seguramente demandarán que éste sea calculado en relación al encarecimiento de los productos de la canasta familiar y no como el Gobierno anunció, en función al último indicador inflacionario al cerrar la gestión 2010, por lo que es previsible que el tema genere más conflictos. Control y aprovechamiento de recursos naturales para el desarrollo Los recursos naturales constituyen una de las principales fuentes de generación de ingresos, lo que, en relación a su escasa disponibilidad, los convierte en motivo de disputa entre diferentes grupos que buscan su control y aprovechamiento. Los conflictos en este campo en Bolivia son bastante frecuentes y particularmente problemáticos ya que generalmente dan lugar a posiciones irreductibles y a la violencia, de manera que su transformación en procesos constructivos resulta compleja. Bolivia tiene una larga tradición de exportación de commodities (materia prima) basados en recursos naturales, lo cual la convierte en una economía sumamente vulnerable a las variaciones de los precios en el mercado internacional y a la demanda externa, especialmente dada su condición monoproductora. Además, la producción de materias primas –especialmente de minerales e hidrocarburos– genera escasos empleos y pocas actividades económicas asociadas. Esta situación poco ventajosa del país es difícil de remontar debido a la inexistencia de una industria lo suficientemente desarrollada para absorber la producción de materias primas de manera más continua y al reducido tamaño del mercado interno de consumo. En estas condiciones, si los momentos de expansión económica no se ven acompañados de adecuados programas de reinversión y diversificación productiva, sólo causan burbujas de demanda y de consumo que generan inflación, como se ha observado en estos últimos meses. En los últimos años, lejos de transformar la matriz productiva del país hacia una de base industrializada, la explotación de recursos naturales y su comercialización

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como materias primas se ha incrementado (Guachalla, 2010). La alta cotización internacional de los minerales, producto de la gran demanda de las economías emergentes y de la sostenibilidad de los mercados asiáticos –a pesar de la crisis–, ha beneficiado a Bolivia al incrementar sus ingresos y las reservas internacionales, pero también ha significado un reforzamiento de la economía exportadora de materias primas, con todas las consecuencias antes señaladas. Entre éstas se encuentra la pugna por el control de esos recursos y el surgimiento continuo de conflictos. Se ha evidenciado un significativo aumento de este tipo de conflictos de alrededor de tres veces más que los registrados entre enero y mayo de 2010. Con frecuencia estos casos se tornaron violentos: cooperativas mineras que se enfrentan por hacerse con la mayor cantidad posible de yacimientos y parajes de laboreo, grupos sociales pugnando por convertir proyectos de explotación de minerales en motores del desarrollo económico local y regional, campesinos que se disputan la posesión de zonas como el cerro Pahua y el Salar de Uyuni, ricas en piedra caliza, uranio y litio, entre otros. Por otro lado, se presentaron algunos casos de demanda de concesiones forestales, de oposición a la erradicación de cultivos de coca excedentarios y exigencias de un mayor aprovechamiento de recursos acuíferos en zonas rurales. Seguramente la situación de pobreza de grandes sectores de la población, especialmente rurales, que tienen grandes expectativas en torno a los beneficios que pueden obtener de estos recursos, la existencia de numerosas controversias limítrofes en distintos puntos del país, y el proceso de reterritorialización administrativa en el marco de la aplicación de las autonomías, además de la influencia del mercado, contribuyen a agudizar la problemática en este campo y dan lugar a mayores conflictos. 2.2. CONFLICTIVIDAD POR TEMAS POLÍTICOS Transcurridas las elecciones generales de diciembre y las de abril de autoridades departamentales y municipales –mecanismos que en los últimos años han servido para canalizar democráticamente los conflictos ideológico políticos en el país– se esperaba que el clima de conflictividad política del país se fuera distendiendo, lo que no ha ocurrido. A las controversias originadas en la formulación y aprobación de nuevas leyes para la aplicación de la nueva Constitución Política del Estado, se sumaron otras

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TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS

protestas, como las generadas por la destitución de autoridades electas a sola presentación de una denuncia formal en su contra, al margen de lo establecido en la Constitución Política del Estado, como parte del fenómeno que se ha denominado como judicialización de la política6 , así como las pugnas al interior del partido de gobierno, que continuaron tensionando el clima político del país. Pugnas político ideológicas La confrontación política en el país no se resolvió a través del mecanismo electoral, sino que, por el contrario, después de las elecciones de abril se multiplicaron los conflictos. Se generaron dudas sobre la imparcialidad de las instituciones responsables del proceso electoral, se cuestionó el sistema de elección en varios aspectos7, se evidenciaron fisuras entre el MAS y las bases campesinas e indígenas que lo apoyaron durante toda la primera gestión de gobierno, y se produjo una ruptura entre el partido de gobierno y el Movimiento Sin Miedo (MSM) que empezó a perfilarse como una fuerza política importante. Los resultados de los comicios de abril fueron mezclados; si bien el Gobierno reafirmó su ascendiente en varios departamentos del país, especialmente en el Occidente, e incluso amplió su influencia a otras zonas –aunque hay que considerar el triunfo del MSM en los municipios de La Paz y Oruro y la estrecha victoria del MAS en El Alto, hasta entonces plazas inexpugnables del oficialismo–, se verificó también la existencia de enclaves opositores, especialmente a nivel local, y en tres departamentos de tierras bajas. Posesionadas las nuevas autoridades departamentales y municipales en el mes de mayo, la lucha política se desvió hacia el ámbito judicial; el MAS logró destituir a varios alcaldes y a un gobernador electos en abril, lo que desató al menos trece conflictos; en diez casos, simpatizantes de los alcaldes de La Paz, Sucre, Potosí, Quillacollo, Cotoca, San Miguel, Buena Vista, Punata, Warnes y del Gobernador de Tarija, Mario Cossío, intentaron evitar su suspensión y posterior enjuicia6 La judicialización de la política hace referencia al traslado de la pugna política al campo judicial; medio para canalizar las diferencias ideológicas y políticas mediante el uso de instrumentos judiciales (Couso, 2004). Esta expresión es utilizada sobre todo por los sectores opositores al oficialismo. 7 Uso del sistema de distribución proporcional con la fórmula D´hont; utilización de la mayoría simple para la elección de autoridades ejecutivas, y separaci��n de listas de acaldes y de concejales. Estos mecanismos producen algunos efectos contradictorios; por ejemplo la fórmula D´hont, no resulta muy útil en sistemas de partidos polarizados, como el que se configuró para las elecciones de abril de 2010 (Mayorga, 2010); el mecanismo de la mayoría simple puede crear mayor susceptibilidad de fraude en lugares donde no existen fuerzas predominantes, pues los contendores pueden ganar por diferencias mínimas.

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miento argumentado que se trataría de una persecución política antidemocrática y una falta de respeto al voto popular; sin embargo, con excepción de La Paz, las medidas de presión no lograron su propósito. La suspensión de autoridades electas y las situaciones de ingobernabilidad local generadas por la aplicación del sistema electoral en lugares donde la distribución de fuerzas políticas no era muy clara (FAM, 2010), contribuyeron a que se presentaran numerosas pugnas por el poder. Pero la oposición al Gobierno no provino solamente del bloque que en los últimos años actuó como opositor, sino que se manifestó también desde las propias filas corporativizadas del MAS. Este peculiar desplazamiento es parte de un fenómeno que empezó a hacerse visible a principios de año a raíz de que la cúpula del partido de gobierno desoyó las propuestas de las organizaciones sociales8 para la conformación de listas de candidatos para los comicios de abril. Poco después estallaron los conflictos de Caranavi y de Potosí, que se originaron tanto en la desatención a demandas clave para el desarrollo local, como en pugnas de liderazgo al interior del bloque oficialista, logrando articular fuertes resistencias territoriales. Hacia fines de año, el desabastecimiento de alimentos y de otros productos básicos y las decisiones políticas arriesgadas, como el “gasolinazo”, afectaron seriamente los niveles de aceptación del Gobierno. Al parecer, el bienestar económico es un factor más importante para la gente que los aspectos políticos ideológicos y esto se hace visible al analizar las causas por las que la población se moviliza. Habrá que ver en los próximos meses cómo administra el MAS esta situación, si atiende a estas señales de descontento y da los pasos necesarios para revertirla; si no es así, es previsible que la conflictividad política vaya en aumento. Los procesos legislativos de la discordia El inicio del proceso de formulación, aprobación y promulgación de leyes para la aplicación de la Constitución Política del Estado abrió un nuevo eje de conflictividad en el país. Los conflictos se produjeron por rechazo (parcial o total) a los contenidos de estas normas y demandando participación en su proceso de elaboración. 8. Se registraron conflictos protagonizados por pobladores de Atahuallpani, Patacamaya, colonizadores de San Julián y campesinos de la provincia Luis Calvo de Chuquisaca.

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INFORME DE CONFLICTIVIDAD EN BOLIVIA JUNIO - DICIEMBRE DE 2010

Los debates preliminares a la promulgación de las leyes Marco de Autonomías y Descentralización “Andrés Ibáñez”, Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, de Pensiones, de Educación “Avelino Siñani-Elizardo Pérez”, del proyecto modificatorio de la Ley de General de Aduanas y del Código Tributario, crearon serias dificultades ya que algunas de sus disposiciones afectaban a los sectores involucrados, motivando su radical rechazo, creando desasosiego social y, en algunos casos, situaciones de convulsión. En numerosas oportunidades, diferentes organizaciones sociales y políticas, y ciudadanos sin una afiliación específica, realizaron marchas, plantones, huelgas de hambre y recolecciones de firmas pidiendo la modificación de las normas. Tal fue el caso de los periodistas que plantearon su rechazo a los artículos 16 y 23 de la Ley Contra el Racismo y toda Forma de Discriminación, de los gremialistas que se movilizaron contra el endurecimiento de controles estipulado por la nueva normativa aduanera, de los miembros de la Central Obrera Boliviana (COB) demandando mejores condiciones en la Ley de Pensiones para asegurar la jubilación de los trabajadores, y de los pueblos indígenas de tierras bajas exigiendo mayores recursos para la aplicación de las autonomías, entre varios otros actores sociales. La mayoría de las movilizaciones no logró doblegar al Gobierno, el cual, a través del control de dos tercios de ambas cámaras de la Asamblea Legislativa Plurinacional, pudo aprobar prácticamente sin modificaciones los proyectos de ley. Para desactivar algunos de los conflictos, el MAS recurrió a los dirigentes de las organizaciones sociales, aunque en algunos casos, como en el de la COB o de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB), el convencimiento de las bases no permitió hacerlo tan fácilmente. Puesto que el proceso de aprobación de leyes continuará desarrollándose en 2011 y considerando el quiebre que se ha producido entre el Gobierno y las organizaciones sociales que son su base de sustentación, si este proceso no se orienta hacia la consulta y concertación los conflictos seguirán produciéndose y agudizándose. Institucionalidad, gestión pública y conflictos Es evidente que, a la largo de la historia, Bolivia tuvo una debilidad institucional y una falta de legitimidad. Los múltiples procesos de transformación y reforma del Estado orientados a fortalecer los canales de articulación con la sociedad fueron vulnerables a las contradicciones propias de los modelos que los impul-

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saron; así por ejemplo, la Ley de Participación Popular fue cuestionada como parte del modelo neoliberal, porque supuestamente mermaba el poder de los sindicatos frente al de las OTB (Lema, 2001) y porque no otorgaba el poder y los mecanismos de decisión necesarios a las organizaciones indígenas. La debilidad institucional estatal fue el motor de permanentes rediseños que, tras la aguda crisis política de 2003, permitió unos años después la realización de la Asamblea Constituyente que, se esperaba, resuelva de una vez por todas el déficit crónico de institucionalidad y legitimidad del país. El inicio de los procesos de reterritorialización a partir de la implementación de los cuatro niveles autonómicos establecidos por la Ley y la nueva distribución de competencias y recursos económicos ha complejizado la problemática institucional. Un aspecto que podría ser positivo es que, al parecer, las demandas empiezan a desconcentrarse progresivamente hacia los distintos niveles estatales; resalta el hecho de que la mitad de los conflictos en este campo distribuyeron su demanda más equitativamente entre los distintos niveles administrativos. El constante cuestionamiento a la institucionalidad y a la gestión pública, que fue vista como poco eficiente, fue otro de los factores de conflictividad política, especialmente en algunos municipios. En términos cuantitativos, éste fue el de mayor peso, aunque los conflictos no fueron los que escalaron más en niveles de violencia ni los que presentaban más posibilidades de poner en riesgo la estabilidad social. Existen demoras en la atención de ciertos temas, incumplimiento en la ejecución de obras y de acuerdos y falencias en los servicios. Si bien, por lo general, este tipo de conflictos se resuelve con facilidad, no deja de preocupar que la población se movilice constantemente, a veces por peticiones mínimas, y recurra a medidas de presión para ser atendida. En este sentido es fundamental desarrollar procesos y mecanismos para mejorar la eficiencia de la gestión pública y transparentarla. 2.3. CONFLICTIVIDAD POR TEMAS AMBIENTALES Como en los cinco primeros meses de 2010, entre junio y diciembre la población se movilizó en distintos puntos del país debido a los daños que ciertas actividades (industriales, manufactura, construcción, entre otros) ocasionan a su salud y su economía y rechazando la realización de algunos proyectos de desarrollo por su impacto ambiental negativo. Así, la Subcentral del TIPNIS planteó su rechazo a la construcción de la carretera Villa Tunari-San Ignacio de Moxos que afectará

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dicho territorio; igualmente, la Asamblea del Pueblo Guaraní (APG) de Yacuiba se pronunció contra el inicio de pruebas sísmicas para encontrar petróleo en el Aguaragüe, única reserva acuífera de los pobladores de la zona. A diferencia de lo ocurrido en los primeros meses del año, se plantearon varias demandas de cumplimiento de convenios sobre conservación ambiental, como la de la Coordinadora de Defensa de la Cuenca del Río Desaguadero, Lagos Uru Uru y Poopó (CORIDUP) que exigió al Gobierno central el cumplimiento de los compromisos asumidos en octubre de 2009 sobre la aprobación de proyectos que mitiguen la contaminación minera de los recursos acuíferos del sur de Oruro, y la de los comunarios de Valle Nueva Subcentral Tacacoma en La Paz demandando a la gobernación paceña la concreción de un conjunto de convenios de protección ambiental y para que la Cooperativa Minera Frutillani Ltda. desarrolle acciones de mitigación de los efectos contaminantes de su actividad en la zona. Otros conflictos importantes en este campo estuvieron también vinculados al impacto ambiental de la actividad minera, la cual se ha reactivado en los últimos años debido a las altas cotizaciones internacionales de los minerales. Los pobladores de Challapata en Oruro se movilizaron para que se prohíba la actividad minera en la zona ya que amenaza la producción agrícola y pecuaria, que es la base de su economía; los comunarios del Jach´a Suyo Pakajaqi en el departamento de La Paz, también demandaron atención de las autoridades por los altos niveles de contaminación causada por la explotación minera en la zona. Por otro lado, como ocurre hace ya varios años, los pobladores de K’ara K’ara en Cochabamba pidieron el cierre definitivo del botadero municipal que se encuentra en esa zona, cuya concreción había sido acordada para principios del mes de julio. La Alcaldía solicitó la ampliación del funcionamiento del botadero por tres años más argumentando la imposibilidad de cumplir con el acuerdo de traslado; pese a que se firmó un nuevo convenio es posible que se produzca un rebrote del conflicto ya que existe malestar entre los vecinos. El sector vecinal también se movilizó en Potosí, donde la Junta Vecinal 10 de Noviembre hizo público su pedido de que la Alcaldía municipal realice un control periódico de la tenencia de rosetas ambientales por parte de los transportistas del servicio público.

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2.4. CONFLICTIVIDAD POR TEMAS DE SEGURIDAD CIUDADANA La falta de seguridad ciudadana volvió a ser un detonante de conflictividad en buena parte del segundo semestre de 2010, aunque el número de casos en relación a los meses precedentes no aumentó de manera considerable; sólo se registraron ocho nuevos casos, la mayoría de éstos protagonizados por actores alteños. Los conflictos por este tema suscitados en la ciudad de El Alto tuvieron como demandantes a la Federación de Juntas Vecinales (FEJUVE), a autoridades, docentes y estudiantes, quienes protestaron por la proliferación de locales nocturnos de expendio de bebidas alcohólicas que serían un factor clave de inseguridad ciudadana. También se demandó mayor personal policial y un trabajo más eficiente de éste. La persistencia de conflictos de seguridad ciudadana y el crecimiento alarmante de la violencia, cuyo principal escenario es la ciudad de El Alto, muestra la importancia de atender con urgencia esta problemática, especialmente en puntos de intenso crecimiento demográfico, como El Alto y otras grandes ciudades del país. 2.5. CONFLICTIVIDAD POR TEMAS DE DERECHOS HUMANOS Los conflictos por temas vinculados a los derechos humanos volvieron a presentarse en el período analizado en el presente informe, con un notable incremento. Estas controversias tuvieron como protagonistas centrales a activistas de derechos humanos y familiares de víctimas de las dictaduras de Hugo Bánzer (1971-1978) y de Luis García Meza (1980-1981), quienes, como ocurre desde hace varios meses, demandaron a las autoridades el cumplimiento de órdenes judiciales de desclasificación de archivos de las Fuerzas Armadas para dar con el paradero de desaparecidos durante dichos regímenes de facto. Otro conflicto destacado fue el de los familiares de los cuatro policías linchados en mayo en el cantón Saca Saca, en el norte de Potosí, quienes con el apoyo de pobladores de la ciudad de Oruro pidieron que la Policía Nacional esclarezca esos asesinatos. Cuestionaron al Gobierno central por la lentitud con la que se lleva adelante el caso y pidieron la renuncia del Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti. Por otra parte se movilizaron familiares de las víctimas de la represión militar de octubre de 2003 que dejó un saldo de 60 muertos y más de 400 heridos, demandando la extradición del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada y de algunos de sus colaboradores, en el marco de la imputación formal por genocidio.

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En otro caso, la Federación de Trabajadores de la Prensa de Potosí expresó su repudio a la dureza con que actuó el cuerpo de seguridad de la gobernación de ese departamento a fines de julio de 2010, en oportunidad del trabajo de cobertura periodística de esa fuente política. Finalmente, hubo varios casos que pusieron en el centro del debate la situación actual en las cárceles. Se demandó el aumento de los prediarios –renta mínima que reciben los privados de libertad para su alimentación diaria– y la solución del problema de hacinamiento en los recintos penitenciarios. Este tema seguirá siendo motivo de conflictos dada la necesidad de reformas que permitan mejorar las condiciones de reclusión en el país. 2.6. CONFLICTIVIDAD POR TEMAS DE LÍMITES POLÍTICO ADMINISTRATIVOS En el período junio-diciembre el caso más relevante dentro de la conflictividad por problemas de límites político administrativos en Bolivia fue, nuevamente, el de Oruro y Potosí por una franja de aproximadamente 150 kilómetros de extensión. A diferencia de los acontecimientos de la primera parte del año, cuando se movilizaron pobladores y representantes cívicos, entre junio y diciembre se evidenció un paulatino proceso de involucramiento de otros actores con distintas posiciones y demandas adicionales, lo cual tornó aún más complejo este prolongado conflicto. En agosto, el Sindicato Mixto de Trabajadores Mineros de Huanuni (SMTMH) exigió al Gobierno central una pronta solución al conflicto limítrofe bajo amenaza de paralizar las actividades mineras en dicha empresa. A esta exigencia se sumaron los miembros de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Oruro (FSUTCO), que iniciaron una huelga de hambre planteando su rechazo a cualquier solución que implicara pérdida de territorio orureño. El pliego petitorio de 12 puntos9 que presentaron el Comité Cívico y el Comité Interinstitucional de Defensa Territorial de Oruro demandaba el emprendimiento de acciones para el desarrollo del departamento. Del lado potosino, los 9. Los 12 puntos incluidos en ese documento son los siguientes: 1) Respeto a la heredad territorial de Oruro, 2) Consolidación del Puerto Seco, 3) Conclusión de la carretera Oruro - Pisiga, 4) Construcción de un recinto aduanero, 5) Construcción de dos hospitales, 6) Formulación de políticas mineras, 7) Construcción de una fábrica de cemento en Sevaruyo, 8) Implementación de un parque industrial, 9) Construcción de un aeropuerto internacional, 10) Implementación de una política agropecuaria acorde a la realidad socioeconómica de Oruro, 11) Nacionalización de mercaderías que pasan por puestos fronterizos orureños, 12) Instalación de empresas productivas en territorio de Oruro.

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pobladores de Llallagua se unieron en agosto al generalizado pedido de solución al conflicto limítrofe. Además de los pobladores de Coroma (Potosí) y Quillacas (Oruro) que en junio siguieron movilizados, en septiembre se sumaron a las protestas pobladores de otras varias comunidades de la zona en disputa en ambos departamentos. Cuando se produjo el largo conflicto en Potosí se firmó un convenio10 entre las partes que establecía la realización de un proceso para la solución del conflicto, bajo la responsabilidad de una comisión mixta con participación de representantes de la gobernación, de las comunidades de los departamentos y de la Dirección General de Límites del Ministerio de Autonomía; además se invitó como entidades veedoras- facilitadoras a cuatro instituciones: Fundación UNIR Bolivia, PNUD, Defensor del Pueblo Y Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Este proceso fue dividido en tres etapas: una primera de firma de 14 actas de pacificación y garantías recíprocas entre las comunidades colindantes, una segunda de trabajo de gabinete para la presentación y análisis de documentación que sustente la posición de uno y otro departamento, y la tercera de trabajo de campo para el establecimiento del límite definitivo entre Oruro y Potosí. El proceso se inició en septiembre y hasta fin de año se cumplió exitosamente con la primera etapa, es decir con la firma de actas, que está sujeta al cumplimiento de los compromisos de no agresión y no avasallamiento de territorios11. 10. Dicho convenio, firmado por autoridades nacionales, departamentales, municipales, originarias y colindantes, contempla los siguientes puntos: “1. Las comunidades originarias y representantes de las comunidades de Oruro y Potosí se comprometen al respeto mutuo y pacífica convivencia en el sector limítrofe de ambos departamentos para garantizar el trabajo de los peritos. 2. Los colindantes se obligan a asumir una conducta pacífica, debiendo evitar cualquier tipo de conducta contraria a este proceso de pacificación como ser roturación de tierras (barbecho), siembras, construcción de chozas, destrucción de muros, canchones, quema de pastizales, destrucción de mojones; de la misma forma deberán evitar agresiones físicas y psicológicas, amenazas, acoso, calumnias, injurias y difamaciones tanto en estado etílico o sobrio. 3. En caso de que algunas de las condiciones de la cláusula anterior no se cumpla, los comunarios se someten a las sanciones que indica la cláusula tercera del acta del 2 septiembre de 2010 firmada en Cochabamba, referidas a que los hechos tipificados en el Código Penal serán denunciados a la Fiscalía. 4. Cuando un comunario promueva acciones contrarias a lo suscrito en el acta, las autoridades de cada comunidad deberán llamar la atención al comunario y garantizar la aplicabilidad de los acuerdos”. (cfr al respecto http://www.lostiempos.com/diario/actualidad/nacional/20101002/Oruro-y-Potosi-dan-un-paso-mas-ensolucion-de-conflicto_92332_177958.html). 11. Las partes sobresalientes de dicho documento establecen el compromiso de cumplir con el “(...) respeto mutuo y pacífica convivencia en el sector limítrofe entre ambos departamentos (…)”, además de obligar a las partes suscribientes a “(…) asumir una conducta pacífica, debiendo evitar cualquier tipo de conducta contraria a este proceso de pacificación, como ser: roturación de tierras, siembras, construcción de chozas, destrucción de muros, canchones, quema de pastizales, chozas y destrucción de mojones (…) [De manera complementaria,] deberán evitarse agresiones físicas y psicológicas…’” (http://www.autonomia.gob.bo/portal3/content/oruro-y-potos%C3%AD-el-lugar-donde-se-desencaden%C3%B3-el-conflicto-sella-la-paz).

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La implementación de las autonomías que implica un proceso de reterritorialización administrativa está activando numerosos conflictos limítrofes, varios de los cuales son de larga data. En la medida en que esté en juego el acceso y control de recursos estratégicos, puede dificultarse su gestión a través de las unidades de límites de las gobernaciones, tornándose más complejos y desencadenando episodios de confrontación violenta. 2.7. CONFLICTIVIDAD POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS Los casos de conflicto por la prestación de servicios públicos registraron un incremento porcentual, aunque no demasiado significativo en los siete últimos meses del año. La insuficiencia y precariedad de los servicios básicos sigue siendo uno de los mayores focos generadores de conflictos en el país. El sector vecinal/comunal se movilizó por problemas en el suministro de agua potable y electricidad y por obras municipales; en el Beni, los vecinos de Trinidad exigieron la normalización del servicio de energía eléctrica y la instalación de redes eléctricas en los barrios pobres alejados del centro; los miembros de la mancomunidad de Lajastambo en Sucre demandaron el restablecimiento del servicio de agua potable; y los vecinos de barrios periféricos de Oruro demandaron la instalación de este mismo servicio. Otra de las demandas recurrentes de los habitantes de áreas urbanas y rurales del país es la apertura y/o mantenimiento de vías públicas. La lentitud en la ejecución de algunos importantes proyectos camineros dio lugar a conflictos protagonizados por los pobladores de Ayacucho, La Merced y Punta Rieles en Santa Cruz a propósito del proyecto caminero Ayacucho-Punta Rieles, y de Vitichi en Potosí en relación con el proyecto Bella Vista - Cotagaita, que tuvieron como blanco a los gobiernos departamentales y a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). El sector educativo fue otro de los principales actores movilizados demandando la dotación de mejor infraestructura escolar, la asignación de ítemes y el saneamiento de deudas con las empresas encargadas del desayuno escolar. Destacaron las protestas de los padres de familia de El Alto –principalmente los pertenecientes a la Federación de Padres de Familia de El Alto (FEDEPAF)– y de Santa Cruz ante las instancias municipales respectivas.

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También los transportistas se movilizaron protestando por el mal estado de calles y carreteras y exigiendo que la ABC les dé el mantenimiento correspondiente, destacaron las asociaciones de transporte libre de Potosí y del Beni y los chóferes de Trinidad, Guayaramerín, Los Yungas y Quillacollo. Los entes cívicos fueron asimismo demandantes en los conflictos vinculados con la prestación de servicios públicos: el Comité Cívico de Camargo, que solicitó a la empresa constructora brasileña OAS el cumplimiento del mantenimiento de la carretera Cuchu Ingenio - Camargo - Tarija; el Comité Cívico de San Ignacio de Moxos que, junto a la Federación de Juntas Vecinales de ese municipio, pidió a la Gobernación del Beni la conclusión del proyecto de remodelación de tendido eléctrico en la zona; y el Comité Cívico del Beni que, en coordinación con dos federaciones de transporte libre locales, exigió al Gobierno central el desembolso de 64 millones de bolivianos para que la ABC mejore las rutas de ese departamento. Entre junio y diciembre de 2010, los conflictos por la prestación de servicios también involucraron a actores sindicalizados, como la Central Obrera Departamental (COD) del Beni que demandó al Sistema de Distribución ENDE de Trinidad la instalación de una red de energía eléctrica para miembros del Movimiento Sin Techo (MST), y la Central Sindical Única de Trabajadores Campesinos de las provincias Velasco y Ñuflo de Chávez en Santa Cruz que pidió a la Gobernación la construcción de un puente entre las comunidades de Santa Rosa de Roca, Piso Firme, Bajo Paraguá y el Parque Nacional Noel Kempff M. Por su parte, los trabajadores del Hospital Materno Infantil de Trinidad demandaron de la Alcaldía de esa urbe una pronta solución al problema de contaminación del agua que usan para la elaboración de alimentos y la atención de los pacientes. Finalmente, la aguda sequía que afectó al sudeste del país movilizó a los pobladores de Macharetí, quienes en septiembre pidieron a la Gobernación de Chuquisaca tomar las medidas necesarias para paliar los efectos de ese fenómeno natural. 2.8. CONFLICTIVIDAD POR TEMAS DE TIERRA Y GESTIÓN DEL ESPACIO URBANO El acceso a la tierra y la gestión del espacio urbano son temas complejos y delicados, y aunque la cantidad de los conflictos en este ámbito no es muy grande, revisten especial significación por sus implicaciones socioeconómicas y culturales.

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TIPOLOGÍA DE LOS CONFLICTOS

En el período que comprende el presente informe se produjo un incremento de estos casos que fueron protagonizados por vecinos y pobladores de áreas rurales, campesinos, organizaciones sociales creadas a partir de estos temas, gremialistas y transportistas. Entre los conflictos más importantes que involucraron a campesinos se encuentra el de los campesinos de la provincia Guarayos que en el mes de julio se declararon en estado de emergencia para que el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) agilice el proceso de titulación de sus tierras que en más de diez años sólo ha permitido la entrega de un título de propiedad colectiva; el de la Federación de Trabajadores Campesinos e Indígenas de la Chiquitania, solicitando el cumplimiento de un pliego petitorio que contempla la puesta en marcha de la explotación de hierro del Mutún, la reversión de las concesiones mineras en poder de la empresa brasileña Votorantim Metais Ltda., la reversión de la TCO Pantanal-Otuquis que estaría habitada únicamente por comunidades campesinas, y la renuncia del Presidente de la Empresa Siderúrgica del Mutún. En cuanto a los conflictos protagonizados por habitantes de áreas urbanas, los vecinos de la urbanización Unión y Progreso del distrito diez de El Alto exigieron la intervención de las autoridades para resolver la toma y ocupación de sus terrenos por parte del Movimiento Sin Techo; los propietarios de terrenos en el barrio Ushpa Ushpa en Cochabamba pidieron la desocupación de sus propiedades ilegalmente ocupadas por varias familias; los vecinos de Villa Challacollo en Oruro demandaron a las autoridades municipales dar solución al litigio que los enfrenta con un presunto propietario de los espacios en que están asentadas sus viviendas; y familias sin tierra ocuparon terrenos pertenecientes a la Universidad Autónoma del Beni en Trinidad arguyendo que están desocupados y sin uso específico. Por su parte, los pobladores de las comunidades Jenecherú I y Jenecherú II en el Beni pidieron al Gobierno central la legalización de asentamientos en la reserva forestal El Choré. Los conflictos suscitados por organizaciones sociales vinculadas al tema de tierra y vivienda fueron dos: el del Movimiento Sin Tierra que pidió la atención del Gobierno central a su pliego petitorio12 y el cumplimiento de la comprometida restitución de espacios en Tierra Hermosa, Tierra Firme y Chirimoya en el municipio de San Miguel en el Beni; y el del Movimiento por la Dignidad y la 12. El pliego petitorio incluye demandas de dotación de tierras, realización de proyectos sociales integrales, desarrollo productivo y aprobación de la Ley de Reconducción Comunitaria.

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Vivienda que demandó de la Alcaldía de Trinidad la anulación de la ordenanza de desalojo de los asentados en terrenos baldíos. Además en Oruro y en el Oriente se produjeron varios conflictos por avasallamiento de tierras, entre los que destaca el del Sindicato de Trabajadores de la Prensa de Oruro pidiendo que la Gobernación resuelva la situación de ocupación de predios de su propiedad por miembros del Movimiento Sin Tierra. La velocidad del crecimiento urbano y la presión demográfica en centros como La Paz, El Alto, Cochabamba, Quillacollo y Santa Cruz se han convertido en un serio inconveniente que, en ausencia de una adecuada planificación y gestión del desarrollo urbano, puede dar lugar a una alta conflictividad. El ordenamiento de espacios comerciales y la distribución de rutas de circulación de transporte público son algunos de los temas más caóticos y conflictivos, que confrontan a grupos de la sociedad civil entre sí. Así, se producen cotidianamente batallas campales entre comerciantes por la apropiación de espacios públicos y entre éstos y vecinos que plantean se destine estos espacios a otros usos; y se enfrentan transportistas de diferentes líneas que se acusan mutuamente de avasallar trayectos.

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Sectores y actores demandantes y demandados

3.1. SECTORES Y ACTORES DEMANDANTES Entre junio y diciembre de 2010 se movilizaron los mismos actores y sectores que en el período enero-mayo; el aumento en la cantidad de conflictos protagonizados por los distintos sectores fue relativamente proporcional al aumento general de los conflictos. Cuadro Nº 2 Sectores demandantes Sectores Vecinal/comunal Educación Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil Salud Agropecuario/campesino Transporte Gremial Minero Cívico Indígena Entidad del ejecutivo municipal Empresarial Partidos políticos/agrupaciones ciudadanas/pueblos indígenas Entidad del ejecutivo departamental Carcelario Entidad del legislativo municipal Entidad del gobierno central Entidad del legislativo departamental Personas individuales Medios de comunicación/periodistas Otro Fabril Entidad del legislativo nacional Total

Nº % 128 20% 93 14% 87 13% 42 7% 36 6% 35 6% 33 5% 25 4% 23 4% 20 3% 19 3% 15 2% 12 2% 12 2% 11 2% 10 2% 4 1% 4 1% 4 1% 4 1% 2 0,3% 2 0,3% 1 0,1% 62213 100,0%

Fuente: Unidad de Análisis de Conflictos. Fundación UNIR Bolivia 13. La cantidad total de sectores demandantes no equivale a la cantidad total de conflictos porque en varios casos existió más de un sector demandante por conflicto.

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Gráfico Nº 3 Sectores demandantes en cifras 128

Vecinal / comunal Educación Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil Salud Agropecuario / campesino Transporte Gremial Minero Cívico Indígena Entidad del ejecutivo municipal Empresarial Entidad del ejecutivo departamental Empresarial Entidad del ejecutivo departamental Partidos políticos / agrupaciones ciudadanas/pueblos indígenas Carcelario Entidad del legislativo municipal Medios de comunicación/ periodistas Personas individuales Entidad del legislativo departamental Entidad del gobierno central Fabril Otro Entidad del legislativo nacional

93 87 42 36 35 33 25 23 20 19 15 12 12 11 10 4 4 4 4 2 2 1 0

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60

80 100 120 140

Los más movilizados: los habitantes de las áreas urbanas y rurales del país El sector vecinal/comunal –que aglutina a los habitantes de áreas urbanas y rurales del país que, o bien forman parte de alguna entidad vecinal (juntas vecinales), o bien se organizan circunstancialmente para el logro de algún objetivo determinado– nuevamente se situó en el primer lugar como principal demandante. En el período analizado, los más movilizados fueron grupos organizados circunstancialmente en diversas áreas urbanas del país. Los actores vecinales y comunales utilizaron con mayor frecuencia el bloqueo como medida de presión; también recurrieron a las marchas, plantones, e incluso a la toma de instalaciones, especialmente en áreas urbanas. Muchas veces estos conflictos experimentaron una escalada violenta.

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Sectores y actores demandantes y demandados

Los principales demandados por este sector fueron los gobiernos locales, si bien, dependiendo del tema, también fueron interpeladas las gobernaciones y el Gobierno central. Pese a la diversidad de temas por los cuales este sector protagoniza conflictos, la prestación de servicios públicos parece ser la central. Los temas más movilizadores en las áreas urbanas del país son la necesidad de terrenos para la construcción de viviendas, la problemática del transporte y de los asentamientos comerciales, la seguridad ciudadana y la gestión de residuos sólidos. Los grupos vecinales de las ciudades de La Paz, Cochabamba, Santa Cruz, El Alto y Quillacollo son los que más conflictos protagonizaron. Sin embargo, se ha evidenciado que vecinos de Oruro y Potosí y, en menor medida, de Sucre y Trinidad, también se manifestaron por las problemáticas antes señaladas. Los habitantes de áreas urbanas En Bolivia los procesos de urbanización, en general, y de metropolización en particular, entrañan grandes desafíos, entre los que se encuentra la necesidad de satisfacer múltiples necesidades con recursos muy limitados y a través de procesos institucionales sumamente débiles, lo que dificulta su atención y determina que la población se organice circunstancialmente y se movilice para obtener respuesta a sus demandas. De acuerdo con Blanes, “la acelerada emergencia de áreas urbanas metropolitanas no estuvo acompañada por la formación de actores de la sociedad civil relacionados con las dimensiones urbanas metropolitanas, y no se han consolidado estrategias de acción para abordar los problemas metropolitanos” (2007: 43). A partir de su experiencia cotidiana, los vecinos de distintas ciudades desarrollan acciones que permiten el posicionamiento en la agenda pública de los temas y problemas de la urbanización y metropolización, y lo hacen, fundamentalmente, por la vía del conflicto. Además de estos temas, hay otros, como los de carácter político, que movilizaron a los vecinos de las áreas urbanas del país, especialmente el cuestionamiento de autoridades locales designadas. Las juntas vecinales juegan un rol decisivo en el proceso de designación de autoridades distritales, como los subalcaldes (Deledicque y Contartese, 2009), aunque la ley establece que ésta es potestad de los

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alcaldes. Por tanto, se han producido numerosos conflictos por el choque entre lo que establece la ley14 y tales prácticas. Por otra parte, durante el último trimestre del año, los vecinos de distintas ciudades del país se movilizaron en rechazo al incremento de precios de los productos de la canasta familiar, y, en diciembre, por la promulgación del decreto 748 que elevaba el precio de los carburantes. Los habitantes de áreas rurales Por su parte, los habitantes de áreas rurales se manifestaron por temas vinculados con su subsistencia económica diaria y el mejoramiento integral de su calidad de vida, lo que es comprensible puesto que son aquéllas las zonas más azotadas por la pobreza. El control de recursos naturales (minerales y acuíferos sobre todo, mas no los únicos), como motor de la subsistencia familiar y el desarrollo local/regional, fue uno de los temas que más conflictos generó. Específicamente, las controversias por el acceso y la gestión del agua se incrementaron ostensiblemente en el período debido a la época cíclica de sequía. Asimismo, al igual que en el período enero-mayo y como ya se mencionó en párrafos precedentes, volvieron a suscitarse controversias ligadas a temas ambientales: la creciente contaminación afecta la actividad productiva de varias localidades, cuyos habitantes demandan la atención de las autoridades a través de la protesta. Por otro lado, el tema de la tierra rural también ha movilizado a comunarios de algunas zonas del país, lo cual muestra que, a pesar de los avances, se trata de una problemática que continúa generando conflictos. La tradicional conflictividad de los sectores educación y salud Si bien parece consolidarse como tendencia el hecho de que una parte relevante de los conflictos surge de sectores cuyo referente de cohesión es territorial, los sectores con un referente de pertenencia de carácter laboral siguen siendo relevantes en el país. Así lo muestran las cifras del período junio-diciembre, en el que 22% de las demandas provino de los sectores educación y salud, movilizados por temas laborales, administrativos y presupuestarios. El sector educación ocupó nuevamente el segundo lugar entre los principales demandantes, si bien, en comparación con los primeros cinco meses del año, se registró una reducción de su peso relativo en relación con el total de los conflictos (de 19,5% a 15%). 14. Se prevé que a partir de la puesta en práctica de las cartas orgánicas municipales, las autoridades distritales sean electas por voto popular.

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Sectores y actores demandantes y demandados

Cabe recordar que, entre enero y mayo de 2010, los temas que más movilizaron a este sector fueron la demanda del incremento salarial, de ítemes, el pedido de mejoramiento de infraestructura y de dotación de materiales educativos. Entre junio y diciembre, si bien el magisterio urbano y rural y los postulantes, estudiantes y docentes de los centros de formación docente siguieron tan activos como en los primeros meses del año, otros actores alcanzaron un perfil más elevado, como los trabajadores administrativos, docentes y estudiantes de las universidades públicas que protagonizaron más de un tercio del total de los casos, principalmente por temas presupuestarios, y por mejoras laborales y cambio de autoridades académicas, denunciando irregularidades en la gestión o demandando la regularización de procedimientos internos para la elección de cargos jerárquicos. Junto a los universitarios se movilizaron estudiantes de primaria y secundaria de diferentes establecimientos educativos del país. Si se suman a ésas las situaciones contenciosas encabezadas por padres de familia por pago oportuno de bonos estudiantiles, provisión regular y de calidad del desayuno escolar, dotación de material educativo y de infraestructura escolar, destitución de autoridades por denuncias de inadecuados manejos administrativos, entre otros, se tiene que aproximadamente un 40% de los conflictos del sector fue protagonizado por los directos beneficiarios del servicio educativo (estudiantes y padres de familia), lo que constituye una llamada de atención sobre las condiciones en que se en encuentra el sistema educativo del país. Como ya se señaló, también se realizaron protestas contra la nueva ley de educación. Ya en informes anteriores se mencionó que la participación del sector educación en los conflictos podía considerarse de carácter cíclico, ya que tiende a concentrarse en determinados momentos del año; sin embargo, las cifras del año 2010 muestran a un sector en permanente movilización. Si bien las organizaciones sindicales de docentes urbanos y rurales presentan pliegos petitorios al iniciarse la gestión anual –lo que da lugar a conflictos importantes–, conforme va avanzando el año surgen otros requerimientos como material de trabajo, infraestructura, desayuno escolar, entre otros, que también generan controversias. Por su parte, entre junio y diciembre, el sector salud concentró el 7% del total de los conflictos, presentando características generales similares, en términos cuantitativos y cualitativos, a las de las controversias registradas entre enero y mayo. Casi el total de sus demandas fueron de tipo laboral: ampliación de derechos laborales, incremento salarial y pago de bonos. Los actores demandados fueron

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en su totalidad públicos, pertenecientes a los tres niveles estatales: Gobierno central, gobernaciones y alcaldías. La cantidad de conflictos en los que estuvieron involucrados los sectores de salud y educación da cuenta de la dificultad de superar los problemas estructurales que los afectan y devela la alta capacidad de organización y presión que tienen sus cientos de miles de miembros. Campesinos, indígenas y obreros Los conflictos protagonizados por los sectores campesino e indígena aumentaron levemente entre junio y diciembre. Si bien la mayoría de las controversias tuvo como actor demandado al Gobierno central (60%), se presentaron algunos casos que enfrentaron –y aún lo hacen– a estos sectores entre sí. En el caso de los indígenas, un denominador común a varios de los conflictos registrados en el período fue el tema de su participación en el nuevo Estado Plurinacional y beneficio socioeconómico, político y cultural en cumplimiento de la CPE y de los convenios internacionales. Un caso emblemático en este sentido fue el encabezado por la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) por la atención del Gobierno central. Si bien en un principio fueron los indígenas de tierras bajas los protagonistas de las movilizaciones, en el período analizado se pudo registrar también la participación de pueblos originarios de tierras altas. En cuanto a los campesinos, éstos se movilizaron en torno a temas de diversa índole, como el rechazo a la erradicación de plantaciones de coca, la demanda de desarrollo de infraestructura caminera que facilite la comercialización de sus productos, o asuntos vinculados a la problemática de tierra y territorio. Con cerca del 40% de los casos, los productores y comercializadores de coca –uno de los pilares políticos más importantes del MAS– fueron los más movilizados contra las políticas del Gobierno de erradicación de la coca excedentaria, la misma que, según estudios15, se destina en gran medida a la producción de cocaína. Además de rechazar la erradicación, cuestionaron también otras medidas orientadas al control de plantaciones y de la comercialización de la hoja, como la carnetización de productores y la reglamentación para su venta. Asimismo, se suscitaron pugnas internas entre organizaciones productoras de coca, algunas de éstas derivadas de los luctuosos hechos de Caranavi (mayo de 2010). 15. Según un informe de la Oficina de Las Naciones Unidas Contra La Droga y El Delito (ONUDI), entre 2006 y 2008, 102.414 toneladas de hoja de coca, el 67,5% de la producción nacional de dicho período, eludió los controles legales para su comercialización sin que se conozca su destino. Para mayores datos sobre este tema, ver: http://www.nu.org.bo/NoticiasONU/Buscarnoticias/tabid/162/articleType/ArticleView/articleId/553/En-3-anos-102414-toneladas-de-coca-eludieron-controles-legales.aspx

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Sectores y actores demandantes y demandados

Otro ejemplo de las pugnas entre sectores sociales afines es el cada vez más frecuente conflicto entre campesinos e indígenas en torno al tema de tierra y territorio; es importante advertir al respecto la complejidad de este tipo de conflictos, que requieren de una intervención estatal integral y multidisciplinaria, que apunte a atender tanto temas coyunturales como cuestiones estructurales. Es necesario mencionar también a la Central Obrera Boliviana (COB) y a las centrales obreras departamentales, organizaciones que participaron activamente en al menos una quincena de oportunidades en rechazo al incremento de precios de la canasta familiar y del decreto 748, hecho que implica un incremento de los casos respecto a la primera parte de 2010. Hay que recordar en relación con esto que la COB ya se destacó en las movilizaciones para lograr un incremento salarial de más del cinco por ciento, primera manifestación contra el Gobierno en la que participó desde la asunción presidencial de Evo Morales, ocurrida en enero de 2005. Otros sectores En el período analizado no se registraron conflictos sociales vinculados con temas de equidad de género. Aunque la información en torno a la participación de las mujeres en las controversias es muy limitada, se tuvo registro de su involucramiento en una serie de conflictos de tipo económico. Hacia el último trimestre del año esto se hizo más evidente, sobre todo en el marco de las protestas por el aumento de precios de productos alimenticios y de los carburantes, como lo demuestran las varias protestas encabezadas por grupos de amas de casa. Por su parte, las organizaciones políticas protagonizaron menos conflictos que en el período inmediatamente posterior a la realización de las elecciones municipales y departamentales. El sector cívico participó en una reducida cantidad de controversias –menos que durante los primeros cinco meses de 2010–; en diciembre se movilizó contra el D.S. 748. El comportamiento general de los actores que participaron en controversias en el período permite ver que no ha sido frecuente el establecimiento de alianzas para alcanzar una meta común, aunque en varias oportunidades se produjo la coincidencia de distintos sectores en torno a una misma demanda, como se constató en diciembre con las protestas populares contra el D.S. 748. La multiplicidad de sectores que cotidianamente se manifiestan evidencia en conjunto la gran capacidad organizativa y de movilización de la sociedad boliviana –distintos estudios señalan que Bolivia tiene uno de los grados de organi-

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zación más elevados de América Latina (LAPOP, 2010)–; por otra parte, se hace patente el hecho de que no es necesaria la pertenencia a una entidad formalmente establecida para actuar públicamente planteando demandas de distinta índole, lo cual deriva en resultados que no siempre contribuyen a mejorar las condiciones de vida y la convivencia en el país. 3.2. SECTORES Y ACTORES DEMANDADOS Los sectores demandados en los conflictos del período junio-diciembre son los que se presentan a continuación: Cuadro Nº 3 Sectores demandados Sector Nº Entidad del gobierno central 235 Entidad del ejecutivo municipal 132 Entidad del ejecutivo departamental 73 Educación 31 Entidad del legislativo municipal 25 Empresarial 22 Entidad del Legislativo nacional 15 Policía 14 Otro 14 Vecinal/comunal 12 Entidad del legislativo departamental 11 Transporte 10 Gremial 9 Partidos políticos/agrupaciones ciudadanas/pueblos indígenas 7 Personas individuales 5 Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil 5 Minero 4 Poder Judicial 4 Agropecuario/campesino 3 Órgano Electoral Departamental 2 Indígena 2 Cívico 2 Fuerzas Armadas 2 Salud 1 Órgano Electoral Nacional 1 Total 64116

% 36% 21% 11% 5% 4% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0,5% 0,3% 0,3% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 100,0%

Fuente: Unidad de Análisis de Conflictos. Fundación UNIR Bolivia 16. La cantidad total de sectores demandados no equivale a la cantidad total de controversias porque en varios casos existió más de un sector demandado por conflicto.

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Sectores y actores demandantes y demandados

Gráfico Nº 4 Sectores demandados en cifras Entidad del gobierno central Entidad del ejecutivo municipal Entidad del ejecutivo departamental Educación Entidad del legislativo municipal Empresarial Entidad del Legislativo nacional Otro Policía Vecinal/comunal Entidad del legislativo departamental Transporte Gremial Empresarial Partidos políticos/agrupaciones ciudadanas/pueblos indígenas Otras organizaciones y grupos de la sociedad civil Carcelario Minero Agropecuario/campesino Fuerzas Armadas Cívico Indígena Órgano Electoral Departamental Órgano Electoral Nacional Salud

235 132 73 31 25 22 15 14 14 12 11 10 9 7 5 5 4 4 3 2 2 2 1 1

Fuente: Unidad de Análisis de Conflictos. Fundación UNIR Bolivia

Entre junio y diciembre de 2010, el Estado, en sus diferentes niveles y órganos, concentró aproximadamente 80% de la conflictividad total, registrándose una reducción en relación con los cinco primeros meses del año. El primer lugar fue ocupado nuevamente por las entidades del Gobierno central, con 36% del total, reduciéndose el porcentaje de 45% que tuvo entre enero y mayo. En segundo lugar se encuentran los ejecutivos municipales con 21% de los conflictos; si se suma dicho porcentaje al obtenido por los legislativos municipales (4%), se tiene que el 25% de las controversias se dirigió hacia el nivel local. El nivel departamental canalizó 13% de los conflictos, sumando los dirigidos a las instancias ejecutiva y legislativa, 5% más que en los primeros cinco meses del año.

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Por otra parte, los sectores de la sociedad civil demandados representaron cerca del 10% del total, doblando la cifra registrada entre enero y mayo. En síntesis, las interpelaciones dirigidas hacia el Estado, en general, y hacia el Gobierno central, en particular, experimentaron una cierta disminución, aunque hacia los meses de noviembre y diciembre estas interpelaciones volvieron a incrementarse; entre junio y octubre el Gobierno central tuvo las cifras más bajas con 37% del total, y en los meses de noviembre y diciembre este porcentaje se incrementó hasta 43%, en un contexto de descontento por la subida de precios de los productos de la canasta familiar. Las demandas orientadas hacia los niveles local e intermedio tuvieron algún incremento, probablemente debido a la aplicación de las autonomías que otorga facultades legislativas y nuevas competencias a los departamentos. En la mayoría de los conflictos canalizados hacia el nivel local, fueron interpelados los gobiernos de municipios urbanos por temas de seguridad, asentamientos humanos y comerciales y acceso y uso de la tierra urbana. Las alcaldías más interpeladas fueron las de El Alto, Santa Cruz y Oruro. Los gobiernos municipales también tuvieron que enfrentar una cantidad relevante de conflictos políticos, especialmente por cuestionamientos a autoridades distritales. Algunos municipios se encuentran actualmente en proceso de elaboración de sus cartas orgánicas municipales que podrían incluir, entre otros elementos, la elección de subalcaldes por voto popular, lo que contribuiría a apaciguar este tipo de conflictos. Sin embargo, es altamente probable que estos procesos de diseño, aprobación e implementación de cartas orgánicas provoquen otro tipo de controversias debido a las expectativas existentes en torno a éstas y a las luchas políticas por su aprobación, especialmente considerando que la Ley Marco de Autonomías establece que las cartas orgánicas se aprobarán por dos tercios de votos de los concejales municipales. Por otra parte, aumentaron los conflictos que confrontaron a sectores de la sociedad entre sí, registrándose el doble de casos que los ocurridos entre enero y mayo. Así, se enfrentaron con otros grupos de la sociedad el sector vecinal/comunal, el de transporte, el gremial, el campesino, el indígena, y el minero; estos dos últimos no aparecieron como demandados en el período anterior. Algunos de estos conflictos son expresión de las fracturas producidas en los últimos meses entre sectores sociales que conforman el bloque gobernante. Es relevante mencionar también que aproximadamente 13% de los conflictos entre sectores de la socie-

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Sectores y actores demandantes y demandados

dad tuvo un carácter político; es el caso de las confrontaciones entre simpatizantes del MAS y otras organizaciones políticas por el control de espacios de poder en el ámbito local, o de las pugnas internas en organizaciones sociales, como la COB, que fueron permeadas por las desavenencias entre seguidores y detractores del Gobierno. También hubo confrontaciones entre vecinos y comerciantes por el control del espacio público, y de grupos de transportistas por el control de rutas. Como ya se mencionó, muchos de estos casos desembocaron en situaciones de violencia que es necesario prevenir. De manera general se puede decir que hay un pequeño descenso en la cantidad de conflictos dirigidos hacia el Estado y un aumento de las controversias intrasocietales lo que puede ser un síntoma peligroso de descomposición social.

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Distribución geográfica de los conflictos

Entre junio y diciembre de 2010 los conflictos se distribuyeron en el territorio nacional de la siguiente manera: Cuadro Nº 4 Conflictos por departamento Departamento Nº La Paz 179 Oruro 122 Santa Cruz 101 Beni 80 Cochabamba 77 Potosí 58 Chuquisaca 42 Tarija 26 Pando 12 Total 69717

% 26% 18% 14% 11% 11% 8% 6% 4% 2% 100,0%

Fuente: Unidad de Análisis de Conflictos. Fundación UNIR Bolivia

Gráfico Nº 5 Conflictos por departamento en porcentajes 5%

2%

7%

32%

10% 13%

17% 13%

La Paz Santa Cruz Beni Cochabamba Potosí Chuquisaca Tarija Pando

Fuente: Unidad de Análisis de Conflictos. Fundación UNIR Bolivia 17. La cantidad total de conflictos por departamento no coincide con la cantidad total de conflictos del período ya que una sola controversia pudo haberse manifestado simultáneamente en más de un departamento.

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distribución geográfica

4.1. EL COMPORTAMIENTO DE LOS CONFLICTOS POR DEPARTAMENTO Entre junio y diciembre de 2010, La Paz se consolidó como el departamento que registró la mayor cantidad de conflictos; sin embargo, experimentó una disminución de casi 25% respecto al período enero-mayo. Oruro ocupó el segundo lugar, duplicando el porcentaje obtenido entre enero y mayo; Santa Cruz se mantuvo en el tercer lugar, aunque registró un leve incremento porcentual en relación con el período anterior; Cochabamba bajó tres lugares en la lista: de ocupar el segundo lugar pasó al quinto, reduciéndose, además, su peso relativo en relación con el total. Beni duplicó la cantidad de conflictos, mientras que Potosí registró un decremento estimado en dos puntos porcentuales. Chuquisaca y Tarija tuvieron más conflictos que en el período enero-mayo. En síntesis, y siempre desde un punto de vista comparativo con el período anterior, si bien La Paz, Cochabamba y Potosí mantuvieron niveles elevados de conflictividad, registraron menos conflictos; Oruro y Beni experimentaron un incremento y Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija también lo hicieron, aunque en menor medida. Estas cifras muestran algunos cambios relevantes en la distribución geográfica de los conflictos, que sobre todo dan cuenta de una reducción de las brechas entre los departamentos del eje y los otros; es particularmente llamativo el aumento del número de conflictos en los departamentos de Oruro y del Beni. A continuación se presenta una breve síntesis de las características predominantes de la conflictividad en cada uno de los departamentos durante el período analizado. • La Paz. Como se ha venido señalando en los informes mensuales, aproximadamente la mitad de los conflictos registrados en el departamento durante el periodo se originaron en la ciudad de El Alto. La prestación de servicios públicos (agua potable, alcantarillado, electricidad, áreas verdes, asfaltado de calles), el cuestionamiento de autoridades locales (fundamentalmente subalcaldes), la gestión de la tierra urbana (ocupaciones ilegales de terrenos, entre otros) y pugnas interdirigenciales (dentro de FEJUVE y de las juntas escolares, por ejemplo) fueron algunos temas destacados que generaron un importante porcentaje de conflictos en la urbe alteña. Otra gran cantidad de casos se generó en la ciudad de La Paz por una diversidad de temáticas, muy frecuentemente de alcance nacional por ser la sede de

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gobierno, como los desacuerdos con diferentes proyectos de ley (autonomías, régimen electoral, contra el racismo, pensiones, aduanas y otros), las protestas contra medidas económicas gubernamentales (internación de vehículos usados, incremento de pasajes, entre otros) y las manifestaciones contra del incremento de precios de productos de la canasta familiar y de los carburantes. La reducción de la cantidad de conflictos en el departamento puede estar relacionada con la disminución de controversias dirigidas hacia el nivel central de Gobierno. Como se observó en los meses pasados, la zona de Los Yungas se ha convertido en otro foco de conflictividad en La Paz, probablemente por su perfil de área productora de coca18, por la existencia de organizaciones sociales muy politizadas y por su ubicación geográfica estratégica que la coloca en el centro de los flujos económicos regionales. • Oruro. La mayoría de los conflictos del departamento se han suscitado en la ciudad capital. Los temas que movilizaron más a los orureños son relativamente similares a los registrados en el período enero-mayo: la gestión de la tierra urbana, la problemática de los asentamientos comerciales, la prestación de servicios públicos y el diferendo limítrofe con Potosí. Sin embargo, entre junio y diciembre un asunto crucial que generó una cantidad relevante de controversias fue el cuestionamiento de los contenidos y procedimiento de elaboración del proyecto de modificación de la Ley General de Aduanas y del Código Tributario y su reglamentación. La cualidad fundamentalmente comercial de la ciudad de Oruro –uno de cuyos pilares es la actividad informal– y su importancia estratégica como una ruta central del intercambio comercial del país, explican el incremento de la conflictividad en el departamento. También se produjeron numerosos conflictos en torno a la problemática de asentamientos humanos en la ciudad de Oruro. • Santa Cruz. Al igual que en el período enero-mayo, el departamento mantuvo el tercer lugar en cuanto al número de conflictos. La mayoría de los casos se registró en la ciudad capital y aproximadamente 30% de las controversias 18. Los programas de control de la producción de coca excedentaria anunciados por el Gobierno han generado conflictos.

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distribución geográfica

tuvo lugar en otras localidades, como Puerto Suárez (por la explotación de hierro del Mutún) y provincias de la Chiquitania (José Miguel de Velasco, Guarayos, Ñuflo de Chávez y Chiquitos). Los temas que movilizaron a la población de la capital fueron la demanda de servicios públicos, la gestión de asentamientos comerciales, la problemática de tierras para viviendas y el cuestionamiento de autoridades locales, entre los más importantes. Los asuntos que estuvieron detrás de las movilizaciones en las provincias se relacionan con la prestación de servicios públicos, con temas políticos (cuestionamiento y/o reconocimiento de autoridades, entre otros) y de tierra-territorio. • Cochabamba. En el período enero-mayo, Cochabamba ocupó el segundo lugar en la lista, con 14% del total de los conflictos. Entre julio y diciembre descendió al quinto lugar, después de La Paz, Oruro, Santa Cruz y Beni, con 11% de las controversias. Al igual que lo ocurrido en otros departamentos, la mayoría de los conflictos –entre los cuales destaca la problemática del transporte– se concentró en el área metropolitana. Como se señaló en informes anteriores, el transporte es una actividad fundamental para el departamento debido a su posición geográfica estratégica, que lo coloca en el núcleo de las conexiones viales del país. Por otra parte, la situación de una zona metropolitana en continuo y desordenado crecimiento, constituye un contexto propicio para el desarrollo de una serie de conflictos en demanda de mantenimiento de calles y carreteras y por el control de rutas de transporte. • Beni. Entre enero y mayo se registraron pocos conflictos en el departamento y las demandas planteadas fueron dispersas en términos temáticos y geográficos. Entre junio y diciembre se produjo un incremento de la cantidad de conflictos de más del doble respecto al anterior período. Un elevado porcentaje de los casos se concentró en Trinidad y estuvo relacionada con temas laborales (conflictos en el Servicio Departamental de Caminos y en el sector salud), prestación de servicios públicos, tierras urbanas y gestión de asentamientos comerciales, entre otros.

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Fuera de la capital resaltan los conflictos protagonizados por pueblos indígenas, con demandas de carácter socioeconómico, territorial, político y cultural, como los casos de CIDOB y del Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). Varios de los conflictos del período tuvieron como característica su larga duración (algunos todavía continúan), lo que contribuyó en parte a que la cantidad de controversias se mantenga en niveles elevados mes tras mes. • Potosí. Este departamento redujo su peso relativo en relación con el total de conflictos, descendiendo del cuarto al sexto lugar de la lista. Al igual que en el período enero-mayo, varias organizaciones potosinas se movilizaron en torno a una pluralidad de temas, entre los que destacan asuntos laborales y otros referidos a la prestación de servicios públicos. Sin duda, el conflicto más importante es el que confrontó a Potosí con el Gobierno central, originado por la situación de postergación en que se encuentra el departamento y por la disputa de límites con Oruro. Éste fue un conflicto largo, que por la falta de atención oportuna fue escalando paulatinamente; de manera progresiva se fueron sumando nuevos temas, actores y medidas de presión, alcanzando niveles de tensión que hicieron temer enfrentamientos de proporciones mayores. Otro conflicto importante se originó por la destitución del alcalde de Potosí, René Joaquino, al haber sido presentada una denuncia formal en su contra. Si bien en términos cuantitativos la conflictividad en Potosí pareciera haberse reducido, desde un punto de vista cualitativo el departamento tuvo un rol protagónico en la agenda de la conflictividad no sólo regional, sino también nacional. • Chuquisaca. Al igual que en los cinco primeros meses de 2010, entre junio y diciembre Chuquisaca se encontró entre los departamentos que registraron la menor cantidad de conflictos. La conflictividad en Chuquisaca presenta una característica paradójica: si bien mes a mes se registra una reducida cantidad de controversias, en algunas ocasiones éstas adquieren altos niveles de gravedad y de violencia. Es el caso de algunos conflictos de carácter político suscitados en Sucre, que dan cuenta

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distribución geográfica

del elevado grado de polarización social y política y de la fuerte tensión cultural que se vive en el departamento. Uno de estos casos fue el producido por la destitución del Alcalde de Sucre, Jaime Barrón, al haberse presentado una denuncia formal en su contra. Tanto en Sucre, como en las áreas rurales (sobre todo en la región del Chaco), se desarrollaron varios conflictos vinculados a la temática del agua. • Tarija y Pando19. El departamento de Tarija, si bien ocupa el penúltimo lugar en cuanto al número de conflictos, ha registrado un incremento en comparación con el período enero-mayo. Sería aventurado referirse a las causas de un fenómeno reciente y que puede ser transitorio. La gran mayoría de los casos registrados entre junio y diciembre se generaron en la ciudad capital y estuvieron relacionados, fundamentalmente, con temas económicos y laborales: demandas de fuentes de trabajo, rechazo a despidos, pedidos de incremento salarial y presupuestario. Fuera de la capital destaca la controversia entre los pueblos indígenas guaraníes y el Gobierno central respecto de la explotación hidrocarburífera en sus territorios, tema vinculado con el derecho a la consulta previa, con el mecanismo de participación en la toma de decisiones públicas establecido en la Constitución Política del Estado y en convenios internacionales. Este tema y el de la importancia económica de la producción hidrocarburífera chaqueña hacen necesario atender a la presencia cada vez mayor de esta región en la conflictividad del país. Al igual que lo sucedido en el período enero-mayo, en Pando se registró una reducida cantidad de controversias vinculadas, en su mayor parte, con la participación de sectores del departamento en conflictos de alcance nacional. Sin embargo, es importante destacar la existencia de un clima de fuerte tensión, desconfianza y temor en Cobija después de los sucesos de septiembre de 2008.

19. Tarija y Pando merecen un tratamiento especial dado que el seguimiento y análisis de la conflictividad en Bolivia que realiza la Fundación UNIR Bolivia no incluye medios locales de ninguno de estos departamentos. Sin embargo, se accede a información sobre ambos a través de distintos medios impresos de alcance nacional y/o de redes radiofónicas nacionales.

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A partir de estas breves caracterizaciones departamentales es posible percibir que gran porcentaje de la conflictividad del período junio-diciembre de 2010 se concentró en las capitales de departamento. Además de las problemáticas nacionales y de otras cuestiones específicas a cada departamento, los temas vinculados a los procesos de urbanización parecen ser uno de los denominadores comunes de los conflictos del período. 4.2. UNA CONFLICTIVIDAD PREPONDERANTEMENTE URBANA Entre junio y diciembre de 2010, aproximadamente el 70% de la conflictividad registrada se presentó en las capitales de departamento y en los municipios aledaños a las ciudades de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz, que conforman las tres áreas metropolitanas del país20. Estas áreas, a su vez, concentraron cerca de 40% del total de conflictos del período. Las cifras mencionadas tienen estrecha relación con los datos demográficos que señalan que 66% de la población boliviana es urbana (Fundación Jubileo, con datos del INE, 2010), y que más de dos tercios de la misma está concentrada en las tres áreas metropolitanas (Blanes, 2007). El elemento determinante en los cada vez más acelerados procesos de urbanización y de metropolización es sin duda la migración. Desde hace varias décadas que Bolivia atraviesa por importantes procesos de migración interna, que han ido densificando la población de las ciudades capitales y de sus áreas circundantes, sobre todo en el caso de La Paz, Cochabamba y Santa Cruz. Así, se estima que más del 60% de los migrantes internos se desplaza hacia las ciudades del eje central (PNUD, 2010). Entre los móviles centrales de la migración se encuentra la búsqueda de oportunidades de trabajo y de satisfacción de necesidades básicas, objetivos que, en un principio, fueron relativamente alcanzados por quienes decidieron asentarse en las urbes. Así, los progresivos avances del país en términos de desarrollo humano tienen que ver, en gran medida, con los procesos de urbanización y la ampliación de oportunidades de acceso a la salud, la educación y a los servicios básicos. Sin embargo, pareciera que actualmente se está atravesando por una suerte de agotamiento de este fenómeno puesto que el crecimiento demográfico urbano está generando, de manera creciente, nuevos problemas para 20. Bolivia tiene actualmente tres áreas metropolitanas: la de La Paz, conformada por los municipios de La Paz, El Alto, Palca, Mecapaca, Achocalla, Viacha y Laja; la de Cochabamba, compuesta por los municipios de Cochabamba, Quillacollo, Tiquipaya, Vinto, Colcapirhua y Sacaba, y la de Santa Cruz, conformada por Santa Cruz de la Sierra, Cotoca, Porongo, La Guardia, El Torno, Warnes y Montero (Blanes, 2007).

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distribución geográfica

los habitantes de las ciudades, como la desigualdad y la segregación espacial, entre otros (PNUD, 2010). En ese contexto, las tres áreas metropolitanas son las más vulnerables a este tipo de problemáticas: “los indicadores sociales muestran situaciones críticas en las tres áreas metropolitanas, donde resalta la percepción de las desigualdades y de los procesos de exclusión, particularmente en indicadores como vivienda, y sobre todo, calidad de vida” (Blanes, 2007). Así, un gran porcentaje de los conflictos de las metrópolis bolivianas y del resto de las capitales de departamento está vinculado con las problemáticas antes mencionadas: terrenos para viviendas (Santa Cruz, El Alto, Oruro y Cochabamba), asentamientos comerciales (El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Oruro y Trinidad), transporte público (Cochabamba), seguridad ciudadana (El Alto) y gestión de residuos sólidos (Cochabamba). En las zonas urbanas periféricas fueron frecuentes las movilizaciones en reclamo de servicios básicos, como electricidad, agua y alcantarillado (en distritos alejados de El Alto y de las zonas periurbanas de Oruro), mientras que en las áreas más cercanas al centro se demandó el asfaltado de calles y áreas de recreación, entre otros. Estos problemas se ven agravados por deficiencias en la planificación y en la ejecución de políticas de ordenamiento territorial en varias ciudades que aseguren el desarrollo integral y sostenible de las urbes. Sobre todo hacia el último semestre de 2010, la conflictividad en los principales centros urbanos del país estuvo también muy vinculada al tema económico; hubo numerosas protestas por el incremento de precios de los productos de la canasta familiar y, en diciembre, movilizaciones contra el decreto 748 que establecía el aumento del precio de los carburantes.

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Salida de los conflictos

En los siete meses del período junio-diciembre de 2010 casi la mitad de los conflictos (48%) continuaron vigentes; los acuerdos totales alcanzaron a 22%; los acuerdos parciales a 9%; el cuarto intermedio a 7%; el retroceso de uno de los actores (demandante y/o demandado) a 7%; las negociaciones a 4%; otras formas de salida a 3%, y la conciliación/arbitraje/mediación a 1%21. El siguiente gráfico ilustra esta configuración: Gráfico Nº 6 Salida de los conflictos en porcentajes 1% 3% 4% 7%

Continúa Acuerdo Total Acuerdo Parcial Cuarto Intermedio Retroceso de uno de los actores En negación Otra Conciliación

7% 48%

9%

22%

Fuente: Unidad de Análisis de Conflictos. Fundación UNIR Bolivia

21. Estos porcentajes tienen como base el ciento por ciento de datos efectivos disponibles sobre la salida de los conflictos. Se excluyen aquellos casos en los que no se dispone de información y que, en los informes mensuales de conflictividad que la Fundación UNIR Bolivia publica, aparecen dentro de la categoría ‘Se desconoce’.

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distribución SALIDA DE LOS geográfica CONFLICTOS

Un análisis detenido de la salida de los conflictos en el período mencionado permite advertir que los casos cuyo desarrollo excedió la duración de un mes –y que aparecen bajo la categoría “Continúa”–, y especialmente los conflictos prolongados, tuvieron como principales demandados al Gobierno central y a los gobiernos municipales. Estos conflictos de larga duración por los que se interpeló al Gobierno fueron originados por la adopción de medidas que tienen impacto económico, como las modificaciones a la Ley General de Aduanas, el proyecto de Ley del Seguro Único de Salud y la Ley de Pensiones; por la elevación de precios de los artículos de primera necesidad; por demanda de incremento a los presupuestos universitarios; por prestación de servicios públicos; y por asuntos ideológico políticos, como el rechazo a ciertos artículos de la Ley Marco de Autonomías que permiten la destitución de autoridades electas, y el pedido de investigación de los hechos de Caranavi y de juicio de responsabilidades al Ministro de Gobierno, Sacha Llorenti. Los conflictos prolongados dirigidos hacia los gobiernos municipales –especialmente a los de El Alto, Potosí y Oruro– fueron de carácter laboral y salarial (creación de fuentes de empleo y pago de salarios retrasados), por demoras en la ejecución de obras públicas y refacción de vías, y por problemas de gestión administrativa (infraestructura educativa y otros proyectos). Los casos de conflicto que se resolvieron por acuerdo total, en su mayoría, tuvieron como demandados a los tres niveles del Estado. En primer lugar se encuentran las alcaldías de El Alto, Santa Cruz, Cochabamba, Sucre, Potosí, Challapata y Rurrenabaque, como el nivel estatal que alcanzó mayor cantidad de resultados favorables; a continuación se encuentra el Gobierno central, y finalmente las gobernaciones de Oruro, Chuquisaca, Santa Cruz, Beni y Pando. Destacan también los legislativos municipales de Oruro y de El Alto, representados por sus respectivos concejos. En la parte demandante, esos acuerdos totales involucraron a dos grupos de actores: organizaciones sindicales y pobladores de áreas urbanas y rurales. Los tres temas principales en torno a los que se encontraron salidas favorables fueron el de empleo y salario, la prestación de servicios públicos y la gestión administrativa. Los acuerdos parciales conseguidos presentan similares características: las principales demandadas fueron las entidades del Gobierno central, las alcaldías y las gobernaciones –en ese orden– y, los principales demandantes, los pobladores de distintas regiones, los entes cívicos y organizaciones de trabajadores. A su vez,

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los asuntos fundamentales sobre los que se llegó a acuerdos fueron de gestión administrativa y medidas de carácter económico. En cuanto al cuarto intermedio, la mayoría de los actores que lo declararon pertenecen a trabajadores asalariados vinculados a la minería, la agricultura y los servicios con demandas de índole laboral, de medidas económicas, dotación de recursos naturales22, prestación de servicios públicos y asuntos políticos. Por otro lado, los casos de retroceso de una de las partes en conflicto estuvieron en su gran mayoría relacionados con medidas económicas, específicamente con la aprobación del decreto 748. Finalmente, los procesos de negociación fueron entablados entre alcaldías, el Gobierno central y las gobernaciones de Santa Cruz, Cochabamba y Oruro, como demandados, y pobladores de áreas urbanas y rurales, trabajadores de la educación y salud, organizaciones de transporte público y comerciantes, como demandantes, a partir de la adopción de medidas económicas, problemas en la prestación de servicios públicos y en la gestión administrativa, demandas de dotación de tierras, y cuestionamiento de autoridades.

22. Los trabajadores de la zafra de Riberalta (Beni) pidieron al Gobierno central la otorgación de concesiones forestales para la explotación de castaña.

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Conclusiones

• Entre los meses de junio y diciembre de 2010 se produjo un notable incremento de la conflictividad en Bolivia, registrándose un total de 544 casos23. La tendencia al incremento de la conflictividad verificada en el período se confirma si se comparan estos siete meses con los del año 2009; los conflictos en 2010 aumentaron respecto al mismo período de 2009 en más de 300%. • Hubo un incremento de los niveles de violencia, los cuales cobraron visibilidad a través de numerosos enfrentamientos directos, especialmente entre miembros de la sociedad civil, y medidas de presión que afectaron considerablemente a terceros. Algunas de estas últimas tuvieron serias consecuencias para el desarrollo económico del país. • La conflictividad fue motivada por una diversidad de problemáticas, entre las cuales resaltan, por su peso cuantitativo y cualitativo, las de tipo económico y político. El encarecimiento de productos de la canasta familiar, la exacerbación de la explotación de recursos naturales, especialmente mineros, en una coyuntura de alza de los precios internacionales, la excesiva precarización laboral, la aprobación de nuevas leyes en el marco de implementación de la Constitución Política del Estado, la destitución de autoridades electas, y el cuestionamiento a la gestión pública fueron los temas más relevantes. • Si los conflictos de Potosí y los derivados de la promulgación del D.S. 748 se hubieran prolongado, podrían haber tenido efectos negativos en la estabilidad 23. Esta cifra no equivale a la sumatoria de todos los conflictos de los siete meses dado que durante el período analizado se presentaron varios casos en que un mismo conflicto se desarrolló en más de un mes.

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social y política del país, la conflictividad durante el periodo no derivó en situaciones de ingobernabilidad. Con todo, es importante señalar que, dados los actuales niveles de conflictividad, la dilatación de problemas y la confluencia de demandas de manera canalizada –esto es, la existencia de múltiples actores buscando similares objetivos– puede derivar en situaciones críticas. • La conflictividad del período fue predominantemente urbana. A propósito de ello, hay que destacar lo siguiente: · Las capitales de departamento, junto con los municipios pertenecientes a las tres áreas metropolitanas del país, fueron las que concentraron la mayoría de los conflictos en el período. · Los actores que más se movilizaron fueron los habitantes de las principales ciudades del país. · Las problemáticas de las grandes ciudades, como la tierra urbana, el acceso a vivienda, la seguridad ciudadana y la gestión de residuos sólidos, fueron frecuentes generadores de conflictos. • Si bien parece consolidarse la tendencia a que una parte relevante de las demandas emerjan de sectores cuyo referente de cohesión es territorial (sector vecinal/comunal), los tradicionales sectores de referencia laboral (salud y educación) siguen siendo importantes en la conflictividad nacional. • Entre junio y diciembre de 2010, la cantidad de conflictos que pusieron frente a frente a dos o más sectores de la sociedad entre sí experimentaron un aumento en relación con el período enero-mayo del mismo año. Esta situación es preocupante dada la violencia que usualmente caracteriza ese tipo de controversias. • Se percibe un cierto cambio en los principales referentes de interpelación. Las demandas dirigidas hacia el Gobierno central se redujeron, mientras que aquéllas orientadas hacia los niveles local e intermedio experimentaron un cierto incremento, lo que en parte se debe a la implementación de las autonomías. • En comparación con la primera parte de 2010, en la última, departamentos como La Paz, Cochabamba y Potosí registraron menos conflictos; en cambio, Oruro, Beni, Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija experimentaron un incremento en diferentes proporciones.

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conclusiones

• Se produjeron varios conflictos de larga duración, algunos que continuaron vigentes desde el periodo enero-mayo. En ciertos casos se trató de controversias complejas y multidimensionales y, por tanto, de complicada resolución, como el conflicto de Potosí; en otros casos, como algunos de tipo laboral, se trató de situaciones menos complejas, pero que derivaron en conflictos largos por no ser oportunamente atendidos. • La continuidad de los conflictos fue predominante en el período. También fueron significativas las salidas por la vía de acuerdos totales y parciales. Hay que tener en cuenta que estos últimos implican que probablemente algunas cuestiones queden en estado de latencia, por lo que los conflictos podrían reactivarse en el futuro.

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