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El medio ambiente y la conflictividad en el campo del agua

Pedro Arrojo – Dpto. de Análisis Económico – Universidad de Zaragoza

I- introducción

Hablar de conflictividad presupone la existencia de valores e intereses en disputa; derechos, o cuando menos aspiraciones, en rivalidad. En el caso del agua, aún siendo tan abundante como para dar color al planeta, al igual que el aire, u otros recursos naturales básicos para la vida, empieza a ser considerada como un bien escaso ante la voracidad y la capacidad depredadora de nuestro modelo de desarrollo.

Trataremos de caracterizar primero las claves y consecuencias de esa relativa escasez en torno al concepto de insostenibilidad, para después entrar a precisar qué valores y derechos están en juego.

Usaremos la referencia que supone la nueva Directiva Marco de Aguas de la UE, aunque sin perder la perspectiva global de los problemas y conflictos del agua a nivel global, para acabar considerando dos conflictos significativos en el área mediterránea, el de los trasvases previstos en el PHN español y el de la gestión del agua en la Cuenca del Jordán.

II- La crisis de insostenibilidad de los ecosistemas acuáticos y sus consecuencias

Hoy se estima que más de 1.300 millones las personas no tienen acceso garantizado a aguas potables, lo que conlleva más de 10.000 muertes al día, en su mayoría niños. Por otro lado, la mayor parte de los ecosistemas acuáticos continentales están gravemente degradados, y en muchos casos destruidos de forma irreversible, siendo el medio de las aguas dulces continentales donde la

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biosfera sufre la mayor crisis de biodiversidad. Ambas realidades son caras, o consecuencias, de una misma crisis: la crisis de insostenibilidad de esos ecosistemas.

La derivación o extracción abusiva de caudales en ríos o acuíferos subterráneos, la desecación de humedales, la contaminación sistemática y masiva de las masas de aguas continentales y las múltiples actuaciones humanas sobre esos ecosistemas, desde una actitud tan prepotente como ignorante, nos coloca hoy ante una de las crisis de insostenibilidad con consecuencias más graves, tanto ecológicas, como económicas y sociales. De hecho, el problema de esos 1.300 millones de personas, sin acceso garantizado a aguas potables, no procede de problemas propiamente de escasez sino de calidad. Nadie ha instalado su casa lejos de un río, un lago o una fuente. El problema es que, desde nuestra insaciable e irresponsable ambición desarrollista, hemos matado esos ecosistemas acuáticos, envenenando al tiempo a las poblaciones y comunidades más pobres que dependen de ellos.

A menudo, se presentan los problemas ecológicos como un lujo de los países desarrollados, y el reto de la sostenibilidad como un objetivo en sus agendas, que distorsiona y violenta la soberanía de los países en desarrollo. Sin embargo, tener un río muerto y contaminado en un país desarrollado, siendo sin duda triste, no implicará necesariamente graves problemas de salud pública, pues habrá medios para instalar adecuadas depuradoras que garanticen aguas salubres en las redes urbanas. Sin embargo, en países empobrecidos o en desarrollo, matar un río suele implicar envenenar a los pueblos que viven en sus cercanías. Quebrar la sostenibilidad de los ecosistemas supone quebrar la vida de las comunidades que viven ligadas a esos ecosistemas y dependientes de ellos. Por eso, la sostenibilidad es un reto de supervivencia de corto plazo para esas comunidades que augura un reto de supervivencia global para el planeta en su conjunto, en plazos más largos.

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III- Del paradigma de dominación de la naturaleza al de sostenibilidad

El ancestral paradigma de la naturaleza como “madre” aflora en casi todas las culturas, usando una visión en la que se mitifican los valores de la vida a través de la imagen de la madre, en clave de género femenino.

Con la revolución cultural del Renacimiento, se rompe en buena medida esa mitificación. Se trata en definitiva de desentrañar, a través de la ciencia, las leyes de la naturaleza y poner sus fuerzas y recursos al servicio del ser humano. Bacon, teorizando el papel de la ciencia llega a sentenciar: …la ciencia debe tratar a la naturaleza como hacía el Santo Oficio de la Inquisición con los reos que juzgaba: debe torturla hasta que ofrezca a nuestro conocimiento hasta el último de sus secretos…

El Romanticismo elabora más este enfoque brutal para perfilar los conceptos que han presidido la modernidad hasta nuestros días. Se exaltan los apasionantes perfiles de esa naturaleza, que nos enamoran, pasándose a una nueva mitificación, de nuevo en clave de género femenino, pero esta vez desde los perfiles de la amante, como objeto de deseo del hombre, más que los de la madre, como origen de la vida. Desde ese enfoque, no obstante, se enfatiza su carácter irracional, inestable, voluble e impredecible, rasgos generalmente atribuidos culturalmente al género femenino, que demandan la acción firme de la ciencia y la técnica, para “dominarla y ponerla al servicio del hombre”, esta vez si, bajo claros perfiles de género masculino. Se trata en suma del paradigma de dominación de la naturaleza como base del conocimiento científico y de su aplicación técnica.

Desde la prepotencia tecnológica inducida por este enfoque, nuestro modelo de desarrollo, más allá de permitirnos indudables avances en la calidad de vida de nuestra sociedad, nos ha conducido a quiebras del orden natural que hoy nos pasan duras facturas y perfilan otras impagables para las generaciones futuras. Una vez más, la prepotencia ha sido y sigue siendo expresión de la ignorancia y de la imprudencia.

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Hoy ese paradigma de dominación está en crisis. Al menos sobre el papel, se supone que la ciencia, más que dominar, debe conocer ese orden y esas funciones naturales, de forma que podamos diseñar un modelo de desarrollo armónico con ese orden que lo respete y no lo quiebre. En suma se impone un nuevo paradigma: el paradigma de la sostenibilidad.

IV- La necesidad de un enfoque ecosistémico en materia de gestión de aguas.

La nueva DMA, vigente desde finales del 2000 en la UE, supone drásticos cambios de enfoque en materia de gestión de aguas. La citada Directiva establece y asume pasar de los tradicionales enfoques de gestión del agua como simple recurso a nuevos enfoques de gestión ecosistémica. Ríos, lagos y humedales dejan de ser simples canales o depósitos de H2O para pasar a considerarse como ecosistemas vivos cuya salud es preciso preservar.

En realidad, con esta ley, la UE lo que hace, de entrada, no es sino asumir un enfoque económico inteligente. Se pasa de la tradicional mitificación productivista del agua, vigente a lo largo de gran parte del siglo XX, a una visión más propiamente económica, que incluye los valores en juego a medio y largo plazo. Al igual que para disponer de madera a medio y largo plazo es preciso hoy cuidar la salud del bosque, se asume que, para disponer de aguas de calidad con una perspectiva de décadas, la clave está en recuperar y conservar la salud de ríos, acuíferos, lagos y humedales.

Pero, más allá de preservar el valor del agua como recurso, desde una perspectiva de medio y largo plazo, la DMA integra el valor de las funciones ecológicas y de los servicios ambientales que brindan a la sociedad los ecosistemas hídricos. Hoy sabemos que conservar la biodiversidad que alberga un río, más allá del valor patrimonial que ello supone, equivale a preservar funciones de autodepuración natural de sus caudales sumamente valiosas. Hoy sabemos que la mayor parte de

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las arenas de las playas litorales no proceden de la erosión de las olas sino de la erosión y arrastre fluvial de sedimentos que, no sólo garantizan la sostenibilidad de los deltas, sino también la de las playas turísticas. Hoy sabemos que buena parte de las pesquerías marinas dependen de los nutrientes continentales aportados por los ríos, en una función de fertilización de las plataformas costeras, especialmente en mares cerrados o cuasi-cerrados, pobres en plancton, como el Mediterráneo. De hecho, cuando se cerraron las compuertas del gran embalse de Asuán, en el Nilo, no sólo se inició la esperada degradación y retroceso del rico Delta de Alejandría, sino que se empezaron a percibir graves déficits de arenas en las playas, al tiempo que, en tan sólo un año, cayeron las capturas de sardina y boquerón en todo el Mediterráneo Oriental en más del 90%, arruinando a miles de familias pescadoras. Estas y otras muchas funciones, han generado y generan servicios ambientales a las comunidades humanas de enorme valor. Desgraciadamente, desde la imprudencia y la prepotencia tecnológica se ha tendido a ignorar o despreciar esas funciones, esperando que la ciencia y la técnica ofrecerían alternativas más eficientes y valores más interesantes que los sacrificados, cometiéndose errores que hoy intentamos paliar o rectificar.

A raíz de las traumáticas inundaciones del Mississipi en Luisiana y del Rin en Holanda, a principios de los 90, la tradicional prevención de inundaciones mediante diques de ribera e intensificación de la regulación, ha ido cediendo espacio a nuevas estrategias basadas en la eco-hidrología: devolviendo espacios de inundación blanda al río, en su cuenca media (haciendo retroceder los diques), recomponiendo meandros rectificados y devolviendo la vitalidad a los bosques en sotos y riberas. Estrategias en suma que buscan dispersar la energía de las crecidas, siguiendo estrategias naturales desarrolladas por la propia naturaleza, que se vienen demostrando más eficaces que las tradicionales intervenciones estructuralistas de la ingeniería hidráulica.

La DMA, en suma, viene a reconocer estas múltiples funciones ambientales de los ecosistemas acuáticos, al tiempo que enfatiza el valor de la calidad de sus caudales, estableciendo como objetivo central del nuevo modelo de gestión de

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cuenca, la recuperación del buen estado ecológico de los diversos tramos de río y ecosistemas acuáticos, así como de los ecosistemas dependientes, incluidos deltas, estuarios y litorales marinos, por encima de cualquier otro objetivo de carácter económico.

V- Valores y derechos en juego en la gestión de aguas: la necesidad de dotar de alma ética, social y emocional a la DMA.

A pesar de las virtudes, ya reseñadas, la DMA adolece de falta de sensibilidad ética, social y emocional. Tal y como se viene defendiendo desde los movimientos por la Nueva Cultura del Agua, los valores en juego en materia de gestión de aguas van más allá de los valores económicos y biológicos, para incluir también valores emocionales, sociales y culturales de gran trascendencia. Pero sobre todo, es necesario enmarcar esos valores desde una referencia ética que debe basarse en los principios de la equidad intra e itergeneracional.

Unamuno señalaba que, a menudo, los ríos son el alma de los paisajes, y no le faltaba razón. Durante las últimas décadas hemos permitido la destrucción de miles de kilómetros de hermosas costas fluviales en los territorios de interior, mientras la especulación urbanística desecaba y arruinaba la magia de cientos de humedales costeros. El salmón, la anguila, el esturión, el mejillón de río o el cangrejo autóctono han desaparecido de nuestros ríos; incluso el croar de las ranas es ya un raro exotismo. Ya no sólo beber, sino incluso bañarse en los ríos es peligroso para la salud.

Recuperar el valor patrimonial, cultural, estético y lúdico que tradicionalmente han tenido para las sociedades, tanto urbanas como rurales, ríos, lagos y riberas, es hoy un reto que la ciudadanía empieza a asumir.

Pero además, es preciso incorporar la componente ética de los valores en juego. El agua es un elemento singular, cuyas variadas funciones, tanto en la biosfera como

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en las comunidades humanas, generan un abanico de valores y derechos sobre los que es preciso reflexionar desde una perspectiva ética.

En definitiva, existen funciones del agua que generan rangos de valor muy diferentes que deben ordenarse y priorizarse. Es preciso, por ello, distinguir categorías, que permitan, por un lado, ordenar esas prioridades en los derechos de uso y, por otro lado, diseñar adecuados criterios de gestión en cada uno de esos niveles de prioridad.

El agua para la vida, en funciones básicas de supervivencia, tanto de los seres humanos (individual y colectivamente), como de los demás seres vivos en la naturaleza, debe ser reconocida y priorizada de forma que se garantice la sostenibilidad de los ecosistemas y el acceso de todos a cuotas básicas de aguas de calidad, como un derecho humano.

El agua para actividades y servicios de interés general, en funciones de salud y promoción de valores de equidad y cohesión social, debe situarse en un segundo nivel de prioridad, en conexión con los derechos sociales de ciudadanía y con el interés general de la sociedad.

El agua para el crecimiento, en funciones de desarrollo económico, ligada a actividades productivas e intereses privados legítimos, individuales o colectivos, debe reconocerse en un tercer nivel de prioridad, en conexión con el derecho de cada cual y de las sociedades a mejorar su nivel de vida. Tal y como veremos, éste es el tipo de uso que consume la mayor parte de los recursos extraídos de ríos y acuíferos, siendo por tanto clave en la génesis de los problemas de escasez y contaminación más relevantes en el mundo.

Por último, cada vez más, crecen los usos del agua que sustentan negocios ilegítimos, cuando no explícitamente ilegales. Sobreexplotación de acuíferos, extracciones abusivas o usos irresponsables, seguidos de vertidos contaminantes,

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son ejemplos al respecto. Tales usos deben lógicamente ser evitados desde la aplicación rigurosa de la ley.

Se trata por tanto de asumir, desde criterios éticos, un orden claro de prioridad. El derecho humano al agua para la vida debe ser garantizado de forma eficaz, desde un primer nivel de prioridad; los derechos sociales y ciudadanos, relacionados con servicios y actividades de interés general, deben ser promovidos por la función pública en un segundo nivel de prioridad, asegurando una gestión responsable y socialmente eficiente; por último, las demandas para usos productivos deben gestionarse desde un tercer nivel de prioridad bajo una gestión eficiente basada en criterios de racionalidad económica.

Este enfoque ético debe llevarnos a gestionar los ecosistemas acuáticos como patrimonios de la biosfera; más allá de nuestros intereses de corto plazo; asumiendo que nuestro derecho sobre ellos no es superior al de las generaciones venideras; asumiendo que nuestro dominio sobre ellos no debe ser considerado en régimen de propiedad, sino tan sólo de usufructo transitorio por parte de nuestra generación. Desde los principios éticos de sostenibilidad y equidad en el acceso a esos bienes de la naturaleza, se refuerzan los argumentos que exigen el dominio público y la gestión pública o comunitaria de esos ecosistemas, como la forma de garantizar, por un lado, la prioridad de las funciones de vida y de interés público y su adecuada gestión, y por otro lado la preservación de los derechos de las generaciones futuras.

VI- Los conflictos del agua y su gestión desde la nueva cultura del agua.

En

su

afán

mercantilista,

la

ciencia

económica

ha

ido

emborronando

conceptualmente dos términos, heredados por el castellano del griego, que Aristóteles distinguía con precisión: los términos “economía” y “crematística”. Para Aristóteles la “economía” era el arte de bien administrar los bienes de la casa, mientras que la “crematística” se ocupaba tan sólo de una parte de esos bienes: los

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bienes de mercado que podían valorarse con dinero. Si en la definición aristotélica de economía sustituyéramos el término “casa” por el de “planeta” obtendríamos una buena definición de la moderna economía ecológica.

Desde un enfoque aristotélico actualizado, la gestión de aguas, y más globalmente de los ecosistemas acuáticos, implica gestionar valores sustituibles por bienes de capital, y por tanto medibles en moneda, junto a otros no sustituibles por capital y que por tanto, no sólo “no se compran ni se venden”, sino que no deben comprarse ni venderse. La distinción de funciones, valores y derechos, desde una perspectiva ética basada en principios de equidad intra e inter-generacional, exige diseñar y aplicar criterios de gestión diferenciados para los diversos rangos de valor en juego.

En el ámbito del agua para la vida, tratándose de derechos humanos, el objetivo debe ser garantizar con eficacia el acceso a dichos derechos, no cabiendo disculpa alguna para ningún Gobierno al respecto. Incluso en los países más pobres, la prioridad que debe concederse a este objetivo hace injustificable el argumento de la falta de recursos financieros, mientras se mantienen notables gastos militares y suntuarios. Con mayor razón, resultan inaceptables análogos argumentos desde instituciones internacionales, como el BM, o desde los países más ricos. Al fin y al cabo, se estima que la “revolución del grifo y del agua clorada” exigiría un 1% de los actuales presupuestos militares.

Cuando se trata de aguas dedicadas a actividades de interés general, como son los servicios urbanos de agua y saneamiento, más allá de garantizar esos mínimos vinculados a derechos humanos, el objetivo central debe ser garantizar servicios públicos eficientes accesibles a todos, ricos y pobres. Los valores de equidad y cohesión social, vinculados a derechos de ciudadanía deben presidir los objetivos a cubrir bajo criterios de máxima eficiencia socio-económica. En este ámbito, la aplicación de adecuados modelos tarifarios, por bloques de precio creciente, puede incentivar actitudes y prácticas responsables, que permitan incluso la recuperación global de costes bajo criterios redistributivos de carácter social.

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Desde este enfoque, las políticas del BM y de la OMC, basadas en imponer la liberalización de los servicios urbanos de aguas en países empobrecidos o en desarrollo, como condición para financiar la resolución de problemas básicos de abastecimiento y saneamiento, han inducido graves errores. Hoy se puede afirmar que esas políticas han fracasado, resultando ineficaces en la solución de los problemas generales de inequidad y pobreza y en particular en lo que se refiere a garantizar aguas salubres a las comunidades más pobres. Y es que los pobres nunca han sido un buen negocio; la transparencia, la sana competencia a través de la información promovida por un sistema de “ benchmarking” y una gestión participativa, deben de ser las claves de ese nuevo modelo de gestión pública.

Sin embargo, la mayor parte de los caudales extraídos de ríos, lagos y acuíferos, no cubren funciones básicas de sostén de la vida, ni sustentan propiamente servicios o actividades de interés general, sino que permiten desarrollar actividades productivas ligadas a intereses privados y particulares que, siendo en la mayoría de los casos legítimos, no deben caracterizarse como de interés general y menos como derechos humanos.

En este tipo de usos, en la medida que los objetivos son estrictamente económicos, no existe razón alguna que disculpe la aplicación de estrictos criterios de racionalidad económica, basados en el principio de recuperación de costes. Este principio, exigido por la DMA, debe incluir el valor de oportunidad (de escasez) del recurso en cada lugar y circunstancia, así como los costes ambientales que sean consistentemente repercutibles en valores monetarios. Desde esta perspectiva, la escasez de aguas para el crecimiento económico no puede entenderse como una desgracia a evitar sino como una realidad a gestionar, inherente a cualquier bien económico (entendido como útil y escaso).

Tal enfoque, no obstante, no supone una gestión de mercado, ni siquiera de las aguas para el desarrollo económico. La necesidad de mantener el dominio público sobre los ecosistemas acuáticos (nuestras fábricas naturales de aguas de calidad)

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y la necesidad de desarrollar un modelo de gestión que distinga y priorice usos y valores, desde principios de de equidad intra e intergeneracional requiere un modelo participativo de gestión pública. La complejidad de los valores a gestionar y sistemática la interacción de unos usos y funciones sobre otros, hace del mercado una herramienta demasiado simple e insensible a muchos de los valores en juego. Por ello, si bien los valores puramente económicos de los productos obtenidos del uso del agua-economía acabarán gestionándose en la mayoría de los casos desde relaciones de mercado, es conveniente mantener, como forma básica de distribución y gestión de derechos de agua, el modelo consesional. Modelo que, en cualquier caso, es preciso flexibilizar y democratizar a través de la participación ciudadana desde una gestión transparente.

Aunque conflictos por el agua han existido siempre, durante las últimas décadas han empezado a tomar perfiles especialmente preocupantes. Tradicionalmente el agua no ha sido propiamente escasa. Todos los pueblos se han instalado en las inmediaciones de fuentes, lagos y ríos, o en zonas donde las aguas subterráneas eran accesibles a través de pozos. A pesar de ello, el control de esas fuentes, como parte del dominio sobre el territorio, ha motivado rivalidades y conflictos. Hoy sin embargo, nuestra capacidad depredadora de todo tipo de recursos naturales, y en particular de las aguas dulces, nos está llevando a la necesidad de gestionar el agua como un recurso escaso, tanto en cantidad como especialmente en calidad.

La puesta en marcha de grandes proyectos económicos, en su mayoría ligados al desarrollo masivo de regadíos, a la producción de energía hidroeléctrica o a procesos de producción industrial o minera acompañados de irresponsables vertidos contaminantes, está llevando a la quiebra generalizada de la sostenibilidad de los ecosistemas acuáticos continentales, tal y como ya se ha explicado. Tal quiebra está degradando la capacidad de los ecosistemas para regenerar recursos de calidad y proveer los servicios ambientales que de forma natural han venido generando. Todo ello está poniendo en peligro, no sólo los derechos de las generaciones futuras, sino los derechos humanos y ciudadanos de las actuales generaciones. En definitiva, la escasez en términos de cantidad y calidad, resulta

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no del desarrollo de los derechos humanos y ciudadanos de los pueblos sino de los macroproyectos económicos que se suscitan al calor de los intereses de los más ricos.

Bajo esta presión desarrollista, crecen las tensiones por dominar las fuentes naturales que ofrecen en definitiva recursos de calidad a bajo coste, en unos casos para desarrollar actividades productivas de tipo consuntivo, como el regadío, y en otros muchos casos para desarrollar actividades productivas a bajo coste, externalizando los impactos ambientales. Por otro lado, la ingeniería civil ha permitido acceder a fuentes y caudales de calidad desde distancias crecientes, mediante grandes obras hidráulicas de regulación y transporte, contándose para ello con la capacidad financiera y de subvención de los estados y de las instituciones públicas internacionales. Desde este modelo de fomento de obra hidráulica, la masiva subvención pública ha acabado por generar efectos perversos , tanto desde el punto de vista ambiental como social y económico.

Dos casos muy concretos, el uno cercano a nosotros, el del PHN, y el otro emblemático a nivel internacional, el del Río Jordán en Oriente Medio, pueden ilustrar los conflictos que vienen generándose en el mundo en materia de aguas, y sus

sustratos

de

degradación

ambiental,

injusticia

social,

inequidad

e

insostenibilidad.

VI.1

El caso del Jordán

En el caso del Jordán, el plan sionista de crear el gran Israel y asentar el dominio territorial de los Judíos sobre Palestina se unió desde un principio al mito de reverdecer y colonizar el desierto. Agua y territorio eran partes de una misma aspiración política. Por ello, el dominio sobre las fuentes del Alto Jordán, donde manan y circulan los caudales de máxima calidad fue siempre objetivo políticomilitar de máxima prioridad para Israel. La Guerra de Seis Días fue la ocasión. Tras ella no sólo el Lago Tiberiades y el Alto Jordán quedaron bajo dominio israelí, sino también los importantes recursos del acuífero Montaña en Cisjordania. Hoy

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prácticamente el 100% de los caudales de alta calidad que alimentan el Lago Tiberiades (o Mar de Galilea) son captados por Israel y derivados en su mayor parte por el gran trasvase del National Water Carrier (NWC) hacia el litoral mediterráneo y, lo que es más difícil de justificar, hacia el desierto del Negev, ,ás al sur, donde se usan para cultivos extensivos, como el algodón, destinados en su mayor parte a la exportación.

Tras esta masiva detracción de caudales, el Jordán queda exhausto, sin más caudales que los retornos salinizados de riegos y de otros usos, para finalmente recibir los caudales del Río Yarmuk , también notablemente disminuidos por usos de regadío en Siria. Los Palestinos tienen vetado todo acceso a aguas del Jordán y deben conformarse con los pozos preexistentes del acuífero Montaña, sin poder realizar nuevas captaciones.

En estas condiciones, Israel acaba acaparando casi el 60 % de los caudales renovables de la cuenca, mientras los árabes en su conjunto tan apenas tienen acceso al 40 %. La disponibilidad media (con todo tipo de usos, incluidos los de regadío) se eleva para los judíos a 261 m3/persona/año, mientras los árabes tan sólo acceden en promedio a 142 m3/persona/año. El caso de los palestinos es especialmente dramático e injusto al disponer tan apenas de 80 m3/persona/año.

Aparentemente podría justificarse esta desigual y conflictiva situación desde los intereses económicos del fuerte, en este caso Israel. Sin embargo, un análisis económico de la situación nos muestra que la rentabilidad que Israel está obteniendo de este masivo dominio del Jordán es un auténtico fiasco desde el punto de vista económico. El beneficio neto extraído de buena parte de esos caudales

trasvasados

hasta

el

Negev,

para

hacer

regadíos

extensivos

(especialmente de algodón), es tan sólo 0,3 €/m3 mientras los costes globales (amortización+gestión) de tal trasvase se sitúan por encima de 0,6 €/m3. Pero si tomamos en consideración los gastos militares que permiten mantener bajo tensión bélica tales situaciones de desigualdad, disponer de esos masivos caudales se salda a unos costes desmesurados del orden de 22 €/m3.

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Resulta por tanto evidente que, en este caso, la pretendida justificación económica no es consistente. Las verdaderas razones deben buscarse en el ámbito de los intereses y objetivos político-militares, y éstos a su vez en la compleja trama de intereses político-económicos de las potencias occidentales en un área geoestratégica tan vital como Oriente Medio, rica en petróleo. El acaparamiento de los recursos hídricos y la sobreexplotaciópn de los ecosistemas hídricos en la región por parte de Israel, con las correspondientes tensiones y conflictos políticos, económicos, sociales y ambientales, se justifica y se financia desde mitos interesados, en estrecha relación con la colonización de territorios. El agua, en este caso, es más símbolo de poder que no una fuente de rentabilidad económica; puesto que los costes de su explotación, en estas condiciones político-militares, son muy superiores a los beneficios generados.

VI.2

El Caso de los trasvases del Ebro en el PHN

En el caso de los trasvases del Ebro, previstos en el PHN español, nos encontramos con un conflicto, que siendo de naturaleza política diferente, desemboca en similares irracionalidades. En este caso la motivación del proyecto se justifica desde razones de desarrollo económico, envueltas en pretendidos principios de equidad, solidaridad y accesibilidad al agua para todos. Desde tales principios se justifica detraer caudales de cuencas pretendidamente excedentarias, que corresponden en general a territorios menos desarrollados, para transferirlos a la hiperdesarrollada costa mediterránea. Se elude clarificar que los usos a los que se destinarían tales caudales no son otros que los derivados de negocios agrarios intensivos y desarrollos urbano-turísticos de corte especulativo. De esta forma, en nombre de satisfacer el derecho humano a abastecimientos básicos se justifican grandes transferencias, subvencionadas masivamente por el erario público, para desarrollar los intereses de los más ricos.

Por otro lado, si se contrastan los costes globales de tales trasvases con los beneficios económicos esperables nos encontramos

con un balance coste-

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beneficio negativo (aún concediendo un periodo de 50 años para amortizar las inversiones) de –3.500 millones de Euros. De nuevo en este caso, el pretendido argumento económico que se supone debería justificar este proyecto es inconsistente.

Lógicamente, los agravios e intereses lesionados en la cuenca cedente (inundación de pueblos, por los embalses reguladores del trasvase, degradación del Delta del Ebro, posible hipoteca de usos de aguas en la propia Cuenca del Ebro…) generaron

el correspondiente

conflicto, presentado finalmente

como

una

confrontación interterritorial.

De nuevo en este caso se plantea un intento de acaparamiento de recursos por parte de los sectores más poderosos, para usos productivos que requieren masivos caudales, poniendo en cuestión la sostenibilidad de los ecosistemas y la equidad interterritorial (trasvases de recursos desde las zonas más pobres, que cargan con los impactos, hacia las más ricas que se acaparan los posibles beneficios). Sin embargo, este proyecto, al igual que en el Jordán, a pesar de justificarse desde objetivos de desarrollo económico, acaba requiriendo de masivas subvenciones públicas para ser viable.

VI.3

Análisis, nuevos enfoques y alternativas desde la Nueva Cultura del Agua

En cualquier caso, el análisis de estos conflictos debe de hacerse teniendo en cuenta las capacidades tecnológicas disponibles hoy en día. Nuestra capacidad para depurar y regenerar caudales ofrece posibilidades de gestión responsable que pueden frenar el deterioro ambiental en curso. Las técnicas de desalación por ósmosis inversa y la posibilidad de regenerar y reutilizar retornos ofrecen fuentes alternativas cuyos costes energéticos y monetarios son hoy inferiores, en muchas ocasiones, a los que imponen las tradicionales estrategias de la ingeniería hidráulica. En el caso del trasvase del Ebro, el coste que hubiera supuesto

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trasvasar un metro cúbico desde el Ebro hasta Almería (a 800 km) se hubiera elevado a 1,5 €, mientras el coste de la desalación de aguas de mar por las modernas técnicas de ósmosis inversa se sitúa hoy en torno a 0,40 €/m3. A pesar de ello, la tradición de subvencionar las grandes obras hidráulicas en nombre del interés general, ha llevado a sostener la vigencia de tan irracional trasvase ante unos usuarios interesados que veían en tal proyecto la posibilidad de obtener caudales a costes muy reducidos bajo subvención pública.

En uno y otro caso, los conflictos abiertos tienen en común rasgos esenciales como los siguientes:

1- En ambos casos el conflicto arranca de proyectos que implican el uso de masivos caudales para desarrollar proyectos económicos ligados a los intereses de los más ricos y poderosos (agua para el desarrollo). 2- En ambos casos tales intereses se enmascaran tras una mitificación generalista del agua para la vida, o del agua para actividades de interés general; agua a la que se supone tienen derecho quienes promueven esos proyectos en nombre de valores éticos como “ la solidaridad para con los territorios que tienen menos recursos”; en pro de objetivos planteados como de interés general como “reverdecer el desierto”, “desarrollar la economía del país”, “socorrer a los agricultores en su justa aspiración de regar y producir alimentos para todos”; cuando no en nombre de valores supremos patrióticos, como el desarrollo del Gran Israel promovido por el Sionismo. 3- En la medida que tales proyectos no son viables desde una racionalidad económica, acaban siéndolo desde masivas subvenciones públicas, justificadas tal y como se ha dicho en el punto anterior desde el argumento del pretendido interés general. 4- Tales proyectos acaban quebrando la sostenibilidad ambiental de los ecosistemas y generando graves impactos sociales y económicos sobre los territorios ribereños y sus poblaciones, que ven cuestionados y sacrificados, no sólo sus intereses, sino, a menudo, sus derechos más básicos: derechos humanos y ciudadanos.

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5- Los conflictos suscitados suelen tener alternativas de solución razonables que tienden a ser relegadas o marginadas por falta de diálogo, especialmente en la medida en que el agua acaba jugando un papel político de expresión de poder.

En muchos casos, este tipo de conflictos cambiarían sus perfiles y encontrarían perspectivas de solución si se partiera de los principios éticos presentados anteriormente. Se trata en definitiva de clarificar el tipo de usos a los que se deben destinar los caudales disponibles: aguas para la vida y la sostenibilidad, en la satisfacción de derechos humanos, agua para cubrir derechos básicos de ciudadanía, y aguas para el desarrollo económico; priorizando los dos primeros respecto al tercero y asumiendo para éste último criterios de racionalidad económica. Enfocar así la cuestión haría que la mayor parte de los conflictos de aguas se desmoronaran, o cuando menos tomaran dimensiones y perfiles menos dramáticos.

En el caso del Jordán, un enfoque de colaboración, basado en el reconocimiento de que todos los habitantes de la región tienen derecho a una porción igualitaria de recursos hídricos, fueran árabes o israelíes permitiría liberar y ganar del orden de 9.800 millones de Euros al año, para unos y para otros. Garantizados los derechos humanos y ciudadanos básicos de todos, y con semejantes beneficios, podría holgadamente abordarse una reducción de usos de 625 hm3/año, lo que permitiría recuperar la estabilidad del Mar Muerto (exponente de sostenibuilidad de la Cuenca del Jordán; hoy su nivel se reduce al ritmo de 1 metro al año). Ello supondría un coste neto de tan sólo 130 millones de Euros/año. Garantizados esos usos sociales y

ambientales,

la

transferencia

de

derechos

de

mutuo

acuerdo

bajo

compensaciones económicas en lo que se refiere a usos económico-productivos (especialmente en el regadío), mediante un mercado público de derechos de agua, llevaría a incrementar los beneficios comunes en otros 30 millones de Euros/año.

En lo que se refiere a los trasvases del Ebro, las alternativas pasarían por:

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a) reducir los usos de regadío, retirando con adecuadas indemnizaciones, unas 70.000 hectáreas de regadíos en el litoral mediterráneo; b) detener la especulación urbanística y promover un turismo sostenible, de mayor calidad y rentabilidad; c) integrar el uso de aguas subterráneas y superficiales desde criterios de sostenibilidad, acabando con el desgobierno (pozos y regadíos ilegales, vertidos…); d) desarrollar la reutilización y generalizar la doble red urbana; e) allí donde no haya otras alternativas, desarrollar la desalación de aguas de mar; f) organizar bancos públicos de aguas que permitan flexibilizar la asignación de recursos, especialmente en ciclos de sequía.

Tales estrategias ofrecen una balance económico, ambiental y social muchos más razonable e interesante, no sólo para los pueblos de la Cuenca del Ebro, en la medida que se descartarían posibles trasvases del Ebro, sino para los propios territorios del litoral mediterráneo. Sin embargo, alumbrar estas posibilidades y ventajas exige clarificar los problemas y sus alternativas, romper mitos y superar instrumentalizaciones políticas retrógradas.

Pero sobre todo, asumir este tipo de enfoque, en unos y otros casos, implica un cambio de paradigma cultural, nuevos enfoques participativos y transparentes en la gestión de los conflictos y profundos cambios institucionales y legales, tanto en ámbitos nacionales como internacionales.

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El medio ambiente y la conflictividad en el campo del agua