Page 1

UNIVERSITAT INTERNACIONAL DE LA PAU XVIII edición (julio 2003)

PODER Y VIOLENCIA Bloque II: DIMENSION POLÍTICA

“VERTIENTE SOCIAL DE LA POLÍTICA”

José Ángel Cuerda

LA POLÍTICA: Conjunto de prácticas, discursos e instituciones que tratan de establecer un cierto orden y organizar la coexistencia humana en condiciones que son siempre potencialmente conflictivas porque se ven afectadas por la dimensión de lo político.

LO POLÍTICO: Dimensión de antagonismo que es inherente a las relaciones humanas, antagonismo que puede adoptar muchas formas, entre ellas la violencia, y surgir en distintos tipos de relaciones sociales en todos los cuales el poder es un elemento constitutivo.

LOS POLÍTICOS: “Enemigos” (personas que no tienen un espacio simbólico común) vs. “adversarios” (que quieren organizar ese espacio simbólico común de modo diferente).

1


LOS APOLÍTICOS: Personas que no participan en la vida de su comunidad. No son seres inofensivos sino inútiles.

La ciudad como el lugar de la política.

La ciudad es el espacio, el lugar, la comunidad, de los ciudadanos. Se es persona y se pertenece a un lugar. Nos hacemos persona, nos realizamos, en comunidad, desarrollamos nuestra personalidad en comunidad, en las diversas comunidades a las que pertenezco a lo largo de mi historia personal, y entre ellas a la comunidad política y a las comunidad política por excelencia que es la ciudad.

En la ciudad soy ciudadano --al margen del origen, la nacionalidad o el mercado de trabajo--, con la ciudad a la que pertenezco me identifico, en ella espero alcanzar el bienestar y en ella participo para decidir “cómo queremos vivir juntos”.

La esencia de la ciudad son los valores que informan la convivencia, la organización social y el modo de vivir juntos.

Pero mi “derecho a la ciudad”, a la ciudad en la que he nacido o a la que he llegado, mi derecho a ser ciudadano, está cuestionado y negado --de hecho o de derecho-- por los poderes políticos y económicos y por los propios ciudadanos en muchas situaciones y circunstancias.

La ciudadanía se expresa en la igualdad real y efectiva de derechos y de obligaciones, así como en la participación activa y libre en la vida de la comunidad.

Una ciudadanía democrática, social, intercultural y cosmopolita.

2


La participación en la vida política.

La democracia es un régimen de participación. Supone el derecho y la obligación de todos de tomar parte en la vida de la comunidad, no sólo el derecho a utilizar los servicios o a beneficiarse de las prestaciones, sino a intervenir en la definición y en la realización del bienestar que es el objetivo básico de toda sociedad política.

La democracia es un instrumento que sirve para todos pero es también un compromiso que depende de todos. Todos tenemos el deber y el derecho de participar en los asuntos que nos interesan, que nos afectan, en los asuntos de la comunidad, en la vida pública, en la vida política. Y corresponde a los poderes públicos facilitar esa participación en la vida política (artículo 9.2 de la Constitución española), que debe extenderse a la vida económica, social y cultural.

Esta participación de los ciudadanos en los asuntos públicos es en el nivel local, en la ciudad, donde puede ser ejercida más directamente y así lo subraya la Carta Europea de Autonomía Local y lo recomienda el Consejo de Europa proponiendo un nuevo contexto de participación más estimulante, con métodos más directos, flexibles y ad hoc, para establecer un diálogo constante entre ciudadanos y electos.

En este sentido señalamos algunos aspectos de esta necesaria promoción de la participación ciudadana en la vida local:

1.

Es necesario revitalizar los actuales y establecer nuevos cauces de

intervención de los ciudadanos y quizá se debería empezar por los partidos políticos que constituyen el “instrumento fundamental para la participación política”

3


(artículo 6 de la Constitución española) y por el propio sistema electoral (listas cerradas, campañas electorales, etc.).

La legislación municipal posibilita la participación ciudadana en los plenos y en sus comisiones informativas, así como el establecimiento de consejos sectoriales y el recurso a la consulta popular, pero es posible ampliar estos cauces a la gestión de servicios públicos de carácter social, educativo, asistencial, etc., y crear foros ciudadanos (Agenda 21, Plan estratégico,...).

La reforma legal en tramitación parlamentaria crea para las ciudades medias y grandes otros órganos de participación como el Consejo Social de la ciudad o la Comisión especial de sugerencias y reclamaciones, regula la iniciativa popular y obliga a los Ayuntamientos a dotarse de un Reglamento orgánico de participación ciudadana.

2.

Es imprescindible crear y actualizar canales permanentes de información y

comunicación a y con los ciudadanos para ofrecerle una información de calidad, plena, transparente y asequible, individualizada y colectiva, a fin de establecer un diálogo permanente entre la Administración y el ciudadano que no es simplemente usuario o cliente, sino agente y protagonista.

Es necesario que los gobernantes puedan explicar sus proyectos a los ciudadanos y que puedan también escuchar lo que los ciudadanos opinan sobre esos proyectos en su elaboración y en su implementación. La utilización de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación constituye un importante avance en este sentido.

3.

Para avanzar en una mayor participación ciudadana es también fundamental

el fortalecimiento de los agentes sociales, es decir, de las asociaciones y organizaciones de todo tipo (culturales, vecinales, económicas, asistenciales, etc.), promoviendo el asociacionismo y el voluntariado, ofreciendo ayudas económicas para su actividad, e incorporándolas a la gestión de determinados servicios locales.

4


4.

Otro aspecto importante

para la implicación e inclusión ciudadana es la

creación de espacios públicos y equipamientos cívicos que impulsen la cohesión y la relaciones sociales y que vertebren la convivencia ciudadana. Hemos de aplicar a la planificación urbana los principios del desarrollo sostenible y fomentar la integración social, y una de las referencias básicas de la gestión pública debe ser el niño, “el interés superior del niño”, en todos sus aspectos (escolaridad, juegos, servicios, seguridad, etc.).

5.

Pero la clave de todo es, sin duda, el promover una cultura de

participación. Vivimos inmersos en una cultura de la insustancialidad sufriendo una especie de alineación televisiva impulsora de un consumismo compulsivo y de un feroz individualismo egoísta. La democracia está enferma o confiscada, hay una atrofia participativa y “el pueblo se ha convertido en público”. La educación cívica es la estrategia básica para el cambio y en esta tarea tienen un puesto de gran importancia todos los agentes sociales (la familia, la escuela --desde la infantil a la universidad--, las asociaciones y colectivos, los medios de comunicación y los poderes públicos). A ser ciudadano se aprende, y se aprende durante toda la vida.

La ciudadanía social.

1. EL DERECHO A VIVIR CON DIGNIDAD.

5


La dignidad es el atributo esencial de la persona, de todo ser humano. Supone que toda persona tiene un valor absoluto y constituye un fin en sí misma, por lo que no puede ser instrumentalizada ni utilizada como medio político o económico. La dignidad de la persona no necesita merecerse ni se pierde nunca.

La Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) considera que “la libertad, la justicia y la paz en el mundo tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todos los miembros de la familia humana”.

El artículo 10 de la Constitución española fundamental el orden político y la paz social en “la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás”.

La dignidad se asienta en los valores de la libertad y de la igualdad de todos los seres humanos, pero en una libertad e igualdad “reales y efectivas” tanto de las personas como de los grupos en que se integran (art. 9.2 de la Constitución española).

El derecho a vivir con dignidad es

el derecho a satisfacer sus necesidades

básicas (naturales, culturales y morales), a realizar y potenciar las capacidades humanas en todos los ámbitos y a participar en la vida económica, social, cultural y política de su comunidad. Es el derecho al bienestar, a la plena realización personal, a la felicidad.

2. EL DERECHO AL BIENESTAR.

6


El bienestar humano se realiza a través de un proceso permanente de creación, mantenimiento y mejora de las condiciones de vida. Es un proceso de caracter multidimensional, integrador y sistémico que necesita de la realización de los derechos humanos en un orden de convivencia basado

en los valores de la

dignidad, libertad e igualdad.

Este proceso de desarrollo humano se convierte así en un derecho --el derecho al desarrollo-- fundamental e integrador de todos los derechos y que corresponde a todas las personas en todos los lugares y momentos.

El Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) considera que los componentes esenciales del bienestar humano son: 1.Vivir una vida larga y saludable.- 2. Tener conocimientos y mejorarlos.- Y 3. Acceso a recursos económicos para un nivel de vida adecuado, que se complementan con otros como la participación en la vida de la comunidad o el disfrute de los bienes culturales y naturales.

En definitiva el desarrollo humano es un proceso integrado de expansión de las libertades reales de que disfrutan los individuos (Amartya Sen). Son las siete esferas de la libertad que analiza el informe 2000 del PNUD.

El desarrollo humano ha incorporado desde de la Declaración de Rio (1992) el parámetro de la sostenibilidad --económica, social y mediomabiental--

y la

dimensión intergeneracional dando lugar a una nueva formulación: el desarrollo sostenible.

Corresponde a los poderes públicos en sus propios ámbitos territoriales la tarea de promover las condiciones y remover los obstáculos para avanzar hacia la satisfacción del bienestar de todos los seres humanos en todos los lugares del mundo, así como el deber de

cooperar al desarrollo de todos los pueblos con

espíritu de solidaridad.

7


3. LOS DERECHOS HUMANOS FUNDAMENTALES.

Los grandes valores éticos de la dignidad, la libertad y la igualdad, y sus complementarios de la justicia, la equidad y la paz, al insertarse en normas jurídicas configuran los derechos humanos inherentes a toda persona, sin discriminación ni restricción alguna.

Los derechos humanos constituyen un conjunto de libertades protegidas para actuar, de pretensiones protegidas para beneficiarse de una conducta ajena, de potestades establecidas para ordenar la conducta de otros o de inmunidades protegidas frente a la potestad de otros y que corresponden a todo ser humano como condición necesaria para realizarse como sujeto moral y cuya satisfacción es condición necesaria para justificar la existencia, el origen y el contenido de un sistema jurídico (L. Hierro / Hohfeld).

Los derechos humanos son el medio imprescindible para la satisfacción de las necesidades básicas por lo que resulta necesario asegurar el grado máximo de efectividad (garantismo) y promover su expansión frente a los poderes públicos y a los poderes privados, en el orden interno y en el internacional.

La respuesta jurídica a cuáles son los derechos humanos fundamentales nos la ofrece el ordenamiento jurídico de un país o el internacional, pero la respuesta a cuáles deben ser demanda una justificación axiológica. En todo caso el contenido concreto de los derechos fundamentales es fruto de un proceso histórico inacabado y el resultado de una lucha y una conquista permanente.

Los derechos humanos son universales, indivisibles, complementarios, indisponibles e inalienables. Su estudio puede ser objeto de diversos enfoques teóricos, filosóficos, descriptivos o proscriptivos, y materia de disciplinas jurídicas,

8


sociológicas, éticas o historiográficas, y se han elaborado muy distintas clasificaciones o catalogaciones.

3. LAS GENERACIONES DE DERECHOS HUMANOS.

Uno de los enfoques más habituales para el estudio de los derechos humanos es el de establecer sucesivas generaciones de derechos. Así se contempla una 1ª generación basada esencialmente en el valor de la libertad y en la que se incluyen los derechos civiles y los derechos políticos. Los derechos civiles son los que corresponden a todo ser humano como persona física y moral y constituyen la protección del individuo frente a los poderes públicos y frente a los demás individuos; son los derechos resistencia (derecho a la vida, a la integridad física y síquica, a la libertad y seguridad personal, a la intimidad personal y familiar, a la libertad de pensamiento, conciencia y religión,...). Los derechos políticos son los derechos de la persona como miembro de la comunidad -derechos participación-- (derecho de reunión, de asociación, de participación en asuntos públicos,

de contraer matrimonio y fundar una familia, de libre

determinación de los pueblos,...).

La 2ª generación de derechos humanos se fundamenta básicamente en el valor de la igualdad y constituyen una exigencia a los poderes públicos para satisfacer las necesidades básicas de una vida digna; son los derechos prestación, los llamados derechos económicos, sociales y culturales (derecho al trabajo, a la salud, a la educación, a la protección de la familia, a la vivienda, a un nivel de vida adecuado, a participar en el vida cultural,...).

Una 3ª generación de derechos humanos se plantea en torno al valor de la solidaridad; son los derechos de cooperación (derecho al desarrollo, al medio ambiente, a la paz, al patrimonio común de la humanidad, a la asistencia humanitaria, a un orden económico y social internacional justo,...). Y se habla ya

9


de una 4ª generación vinculada a los avances científicos y a las nuevas tecnologías.

En toda esa gama de derechos de que son titulares todos los seres humanos surgen matices muy importantes ante la diversidad de personas, de situaciones y de circunstancias de todo orden. Así el contenido de los derechos humanos se va enriqueciendo al contemplar la especificidad de su titular, y es posible hablar de derechos de la mujer, del niño o de la tercera edad; de los discapacitados o enfermos; de los extranjeros, refugiados o presos; de las minorías; de los consumidores; de las personas en atención a su orientación sexual u otras muchas circunstancias, identidades o situaciones sociales, diferencias que nunca pueden afectar a los principios de libertad e igualdad reales y efectivas.

Obvio es decir que a los derechos corresponden correlativos deberes de los poderes públicos y de las demás personas, como es nuestro deber respetar los derechos de los demás y cumplir nuestras obligaciones con la comunidad o comunidades (naturales, culturales o políticas) de las que formamos parte y que son indispensables para nuestro desarrollo y autonomía.

El artículo 29.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos nos lo recuerda de forma rotunda al señalar que “toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que sólo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad”. De acuerdo con el imperativo categórico de Kant los derechos y los deberes de los unos hacia los otros se fundamentan mutuamente.

5. LOS DERECHOS ECONOMICOS, SOCIALES Y CULTURALES.

Los derechos económicos, sociales y culturales (en lo sucesivo DERECHOS SOCIALES)

están vinculados a la satisfacción de las necesidades humanas

10


básicas y encuentran su justificación en la garantía que ofrecen a todas las personas de disponer de los elementos o requisitos exigidos por un nivel básico de autonomía y bienestar, proporcionando un umbral que dote a los seres humanos de expectativas de vida digna.

Los derechos sociales son, como todos los derechos,

expresión de los

valores de libertad y de igualdad, pero subrayan la igualdad en la satisfacción de necesidades fundamentales que deben permitir a todos el desenvolverse como agentes morales en un contexto dado y que implica una

redistribución de

recursos, aquí sí desigual, para compensar desventajas de carácter natural o social.

Conviene recordar la interdependencia y complementariedad de todos los derechos humanos y que el acceso a los recursos básicos para el ejercicio de derechos y deberes constituye la esencia y el objetivo de la ciudadanía.

Los derechos sociales son un vehículo básico de integración social. El reconocimiento de estos derechos y las políticas sociales que los hacen efectivos son cuestiones fundamentales para maximizar la autonomía de los seres humanos y minimizar la arbitrariedad del poder político o económico.

6. LOS DERECHOS SOCIALES EN LOS ORDENAMIENTOS JURÍDICOS.

A. En el orden internacional.

La llamada “Carta Internacional de los Derechos Humanos” está constituida por la Declaración Universal de Derechos Humanos (1948) y por los Pactos Internacionales de Derechos Económicos, Sociales y Cultutales y de Derechos Civiles y Políticos , ambos de 1966.

11


El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de 19 de diciembre de 1966 fue ratificado por España el 13 de abril de 1977. Establece como derechos sociales el derecho “a trabajar” (art. 6), “al goce de condiciones de trabajo equitativas y satisfactorias” (art. 7), los derechos sindicales y de huelga (art. 8), el derecho “de toda persona a la seguridad social” (art. 9), la protección de la familia, las madres y los niños y adolescentes (art. 10), el derecho de toda persona “a un nivel de vida adecuado para sí y su familia” (art. 11), “al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental (art.12), “a la educación” (arts. 13 y 14) y a “participar en la vida cultural”, “gozar de los beneficios del progreso científico” y a los derechos de autor científico, literario o artístico (art. 15).

El Consejo Económico y Social de Naciones Unidas, a través de su Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, vigila y controla el cumplimiento del Pacto Internacional cuya aplicación está orientada por los “Principios de Limburgo” (1986) y las “Directrices de Maastricht” (1997).

Conviene indicar que el artículo 1º de los dos referidos Pactos Internacionales establece que “todos los pueblos tienen el derecho de libre determinación” en virtud del cual “establecen libremente su condición política y proveen asimismo a su desarrollo económico, social y cultural”.

Además de estos importantes documentos existen una gran cantidad de Convenciones, Declaraciones, Conferencias, etc. que a nivel internacional han incidido sobre los derechos sociales.

B. En Europa.

En el ámbito europeo y en el seno del Consejo de Europa, destacaremos el Convenio de Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales

12


(Roma, 1950), y la Carta Social Europea (Turín, 1961). Una de las más recientes modificaciones de esta Carta Social Europea, la de su artículo 30, ha supuesto la inclusión del “derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social” y el compromiso de los Estados parte, entre ellos España, a “tomar las medidas en el ámbito global y coordinado para promover el acceso efectivo, principalmente al empleo, el alojamiento, la formación, la educación, la cultura, la asistencia social y sanitaria de las personas que se encuentren, o en riesgo de encontrarse, en situación de exclusión social o de pobreza, y de sus familias”.

En el año 2000, en Niza, el Parlamento Europeo, el Consejo y la Comisión proclamaron la “Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea”. Esta Carta pretende “reforzar la protección de los derechos fundamentales a tenor de la evolución de la sociedad y de los avances científicos y tecnológicos”. Así se reiteran derechos sociales básicos como el derecho a la educación y el acceso a la formación profesional y permanente (art. 14), el derecho a trabajar y a ejercer una profesión libremente elegida o aceptada (art. 15), o el derecho a la protección de la salud (art. 35), y se garantizan otros como el “derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa” (art. 27) o el de “acceder a un servicio gratuito de colocación” (art. 30). También se establece el “derecho a una ayuda social y a una ayuda a la vivienda para garantizar la existencia digna de todos aquellos que no dispongan de recursos suficientes” (art. 34). La Carta subraya la protección de los menores (arts. 24 y 32), de las personas mayores (art. 25), de las personas discapacitadas (art. 26) y de la familia (art. 33), y garantiza la igualdad entre hombre y mujeres (art. 23), respeta la diversidad cultural, religiosa y lingüística (art. 22) y prohibe toda discriminación por motivos de sexo, raza, color, orígenes étnicos o sociales,... discapacidad, edad u orientación sexual (art.21).

C. En la Constitución española.

13


La Constitución española (1978) distribuye sus referencias a los derechos sociales incluyéndolos en las tres categorías que establece.

El derecho a la educación (art. 27) forma parte de los “derechos fundamentales” (Sección 1ª del Capítulo Segundo del Título Primero)) y goza por ello de una especial protección y garantía (art. 53). E esa misma Sección se incluyen los derechos de sindicación de huelga (art.28).

El derecho al trabajo (art. 35) está en un escalón inferior,

entre los

simplemente considerados “derechos de los ciudadanos” (Sección 2ª del mismo Capítulo). Sin embargo conviene indicar que entre los “derechos fundamentales” se incluye (art.25.2) “en todo caso” para los condenados que estén cumpliendo penas de prisión

el “derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios

correspondientes de la Seguridad Social”.

Los demás derechos sociales son relegados al Capítulo Tercero del Título Primero que los considera

como “principios rectores de la política social y

económica” que “informarán la legislación positiva, la práctica judicial y la actuación de los poderes públicos” (art. 53.3). En este grupo de derechos sociales encontramos la protección de la familia y de los hijos (art.39) y de la terecera edad (art.50), la protección de la salud (art. 43) y del medio ambiente (art. 45), o el derecho “a disfrutar de una vivienda digna y adecuada (art. 47).

Esta breve referencia a la Constitución española debe incluir de manera especial lo dispuesto en su artículo 9.2 que establece la obligación de los poderes públicos de promover las condiciones y de remover los obstáculos en orden a conseguir que “la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas”.

D. En la Comunidad Autónoma del País Vasco.

14


El Estatuto de Autonomía (1979) se remite a la Constitución española en todo lo referente a derechos fundamentales (art. 9.1), pero en la legislación promulgada por el Parlamento Vasco destacamos aquí la Ley 10/2000, de 27 de diciembre, de Carta de Derechos Sociales, cuyo objetivo (art. 1) es posibilitar a todos los ciudadanos el acceso al mercado de trabajo y garantizarles una renta básica para que puedan ejercer sus derechos de ciudadanía. Esta ley establece como derechos sociales básicos de todos los ciudadanos del País Vasco los siguientes:

a) A una protección social suficiente. b) A la protección de la salud y a la atención y prestaciones sanitarias adecuadas. c) A una educación de calidad. d) A una vivienda digna y adecuada. e) A un medio ambiente protegido.

La Ley crea una prestación económica a la que denomina “renta básica” que sustituye al “Ingreso Mínimo de Inserción” creado por la Ley 12/1998, contra la exclusión social, que reguló

los convenios de inserción y

las Ayudas de

Emergencia Social que se mantienen con las adaptaciones y modificaciones pertinentes.

7. EL DERECHO A RECURSOS ECONÓMICOS PARA VIVIR CON DIGNIDAD.

A. El derecho al trabajo.

La obtención de los recursos económicos necesarios para satisfacer las necesidades básicas ha estado tradicionalmente vinculado a la realización de un

15


trabajo remunerado considerándose así el derecho al trabajo como un derecho fundamental.

El artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que “toda persona tiene derecho al trabajo” y añade que la remuneración de ese trabajo debe asegurar al trabajador y a su familia “una existencia conforme a la dignidad humana”.

La Carta Social Europea indica que “toda persona tendrá la oportunidad de ganarse la vida mediante un trabajo libremente elegido” y el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales insiste en “el derecho de toda persona a ganarse la vida mediante un trabajo libremente escogido o aceptado” (art. 6).

La Constitución española igualmente se refiere a la remuneración del trabajo señalando que debe ser “suficiente” para satisfacer las necesidades del trabajador y de su familia (art. 35).

El derecho al trabajo se configura así como un derecho social clave en el que deben entenderse

expresamente incluidos los derechos a la orientación y

formación técnico-profesional,

a condiciones de trabajo equitativas y

satisfactorias para la salud, la dignidad y la seguridad, a igualdad de remuneración por trabajo igual, a descanso, tiempo libre, limitación razonable de la jornada, festivos y vacaciones remunerados, a la seguridad social en casos de desempleo, enfermedad, accidente, invalidez, viudez, vejez,.., a fundar sindicatos, a la negociación colectiva y a la huelga, etc.

La Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea incorpora, entre otros, el derecho a un servicio gratuito de colocación y el derecho a la información y consulta de los trabajadores en la empresa (arts. 27 y 29).

16


B. El derecho social a la subsistencia.

La realidad nos pone de manifiesto que no todas las personas que están capacitadas y lo desean pueden trabajar. El derecho de toda persona a trabajar no está satisfecho para muchos millones de personas en el mundo (en España hay más un millón y medio de parados), personas que tienen derecho a vivir con dignidad pero que no disponen de los recursos económicos que proporciona el trabajo. Omitimos en este punto la referencia a otros aspectos muy importantes del trabajo como su lugar en la sociedad, su desvalorización, la reducción de los tiempos de trabajo, su función en cuanto al desarrollo personal y a la integración social, la “actividad” como alternativa, la invisibilidad del trabajo doméstico y del cuidado de los hijos y de personas dependientes, etc.

Desde otro punto de vista cada más extendido y fundamentado se mantiene que no puede vincularse el derecho a una vida digna con la incorporación al mercado de trabajo. Se plantea la disociación entre el empleo y el derecho a percibir rentas.

René Passet construye su tesis de una “renta mínima personal garantizada” en el carácter de bien colectivo que tiene el producto nacional, que representa un patrimonio universal, un bien común cuyos frutos, en lugar de estar reservados a quienes disfrutan del privilegio de acceder hasta ellos, deben asegurar a todos la satisfacción de sus necesidades básicas.

Luigi Ferrajoli lo ha definido como “el derecho social a la subsistencia” que se expresa en el derecho de todos, o de todos los que estén en desempleo involuntario, a un ingreso mínimo garantizado a cargo de los poderes públicos. Ph. Van Parijs define este dividendo universal como “una renta pagada por un tiempo ilimitado, a cada ciudadano, sin un control de sus ingresos y sin la obligación de estar solicitando trabajo”.

17


Se trata de desplazar el plano de la justicia conmutativa al de la justicia distributiva, y suprimir toda evidencia de pobreza vivida, con o sin motivo, de modo humillante.

Esta “renta básica” constituye por tanto un ingreso pagado por el Estado u otros poderes públicos a todos los miembros de la sociedad. Se establece como un derecho individual, incondicional y universal . Es un salario de ciudadanía que admite modalidades o alternativas tanto en su formulación como en su gestión.

La Declaración Universal de Derechos Humanos apunta a completar la remuneración del trabajo “en caso necesario, por cualesquiera otros medios de protección social” y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales hace referencia a “medidas apropiadas” para asegurar a toda persona un nivel de vida adecuado.

La citada reforma del artículo 30 de la Carta Social Europea establece el derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social y los Estados parte se comprometen a “tomar las medidas” necesarias.

La “renta básica”, al margen de controversias doctrinales, es una propuesta social aún no asumida en nuestras comunidades políticas que vienen aplicando alternativas de “rentas mínimas de inserción laboral”, que se vinculan a la incorporación al mercado laboral, y de ayudas económicas para paliar situaciones de emergencia social.

En la Comunidad Autónoma del País Vasco, como ya se ha indicado antes, la Ley del Parlamento Vasco 12/1998, contra la exclusión social, estableció el “ingreso mínimo de inserción” (IMI) como “una prestación periódica de naturaleza económica dirigida a cubrir las necesidades de aquellas personas que carezcan de recursos económicos suficientes para hacer frente a los gastos básicos para la supervivencia” (art. 17.1). Este “ingreso mínimo de inserción” se vinculó a la suscripción de los “convenios de inserción” como “documentos-programa” para

18


conseguir “la inserción personal, social y laboral o prevenir el riesgo de exclusión” (art.4.1). La misma Ley estableció las “ayudas de emergencia social” (AES) como “prestaciones no periódicas de naturaleza económica y subvencional destinadas a aquellas personas cuyos recursos resulten insuficientes para hacer frente a gastos específicos, de carácter ordinario o extraordinario, necesarios para prevenir, evitar o paliar situaciones de marginación social” (art. 28.1), y que se reciben a partir de los seis meses de empadronamiento.

Estas prestaciones, IMI y AES, ya venían siendo concedidas por algunos Ayuntamientos pero la citada Ley 12/1998 las extendió a toda la Comunidad Autónoma.

Con posterioridad, la Ley del Parlamento Vasco 10/2000 promulgó la “Carta de Derechos Sociales” y estableció la “renta básica” para aquellas personas, que empadronadas en la Comunidad Autónoma con un año de antigüedad, “carecen de recursos económicos suficientes para hacer frente a las necesidades básicas y a las derivadas de un proceso de inserción social y laboral” (art. 6). Esta “renta básica” sustituye al anterior “ingreso mínimo de inserción” y refleja el llamado “modelo débil” de la renta básica que algunos han calificado como un “subsidio de paro no contributivo”.

En todo caso conviene subrayar que entre los “derechos sociales básicos” establecidos en esa Ley 10/2000 está el derecho “a una protección social suficiente”.

8. EL DERECHO A LA PROTECCIÓN DE LA FAMILIA.

19


La familia “es el elemento natural y fundamental de la sociedad”, reconoce el artículo 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, y la Convención Internacional de Derechos del Niño (1989) señala que la familia es el “grupo fundamental de la sociedad y medio natural para el crecimiento y bienestar de todos sus miembros”.

El origen y la creación de la familia está en la unión de dos personas que establecen juntas un proyecto de vida en común. Tradicionalmente la familia se ha venido vinculando a la unión matrimonial de esas dos personas que sólo podían ser un hombre y una mujer. Hoy en día la familia no se asocia necesariamente al matrimonio y la pareja que funda la familia puede ser del mismo sexo. Por otra parte la ruptura de la pareja con hijos da lugar a familias monoparentales o a familias reconstituidas con hijos de parejas anteriores. Son nuevos modelos de familia todos ellos dignos de “la más amplia protección y asistencia posibles” (art. 10.1 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales).

La familia constituye ese grupo humano básico fundamental al que debe referirse el artículo 9.2 de la Constitución española cuando demanda de los poderes públicos las políticas adecuadas para su libertad e igualdad “reales y efectivas” y para asegurar a la familia, a todas las familias, “la protección social, económica y jurídica” (art. 39.1).

Todavía siguen

existiendo en el ordenamiento jurídico español hipotecas

derivadas de una concepción religioso-conservadora de la familia, tales como la no equiparación de las parejas de hecho estables y las matrimoniales, la negación del derecho a contraer matrimonio a las parejas homosexuales, la exigencia del matrimonio para obtener la pensión de viudedad, etc., pero la decidida actuación de diversos Ayuntamientos y Comunidades Autónomas están impulsando medidas de igualdad y de protección familiar dignas de la mayor consideración.

20


En este sentido se ha producido en menos de una década una importante y decisiva evolución que refleja un cambio fundamental en el ya arcaico modelo familiar que todavía se refleja en un Código Civil que reclama su urgente reforma obstaculizada desde posiciones políticas ultraconservadoras.

La protección a la familia está inscrita en todos los textos internacionales y estatales y se expresa en muy diversas y complementarias políticas y acciones públicas: prestaciones y ayudas económicas, vivienda, materia fiscal, conciliación de la vida familiar y la laboral, servicios educativos y asistenciales, formación permanente, etc., pero la situación en España y en el País Vasco es aún manifiestamente mejorable desde todo punto de vista.

En este orden de cosas es importante señalar la transformación social que ha supuesto la decidida incorporación de la mujer al trabajo fuera del hogar y su incidencia en la maternidad y en el cuidado de los hijos. Las medidas adoptadas desde los gobiernos han sido en general insuficientes cuando no injustas o contradictorias.

Tampoco es posible olvidar que las tareas domésticas, así como la atención a las personas discapacitadas o mayores dependientes, sigue recayendo principalmente en la mujer sin una adecuada compensación o reconocimiento mas allá de las declaraciones retóricas.

Pero hay un aspecto de la vida familiar y social que aún presenta gravísimas carencias como es la protección y asistencia a los niños y adolescentes. Todos los textos internacionales y estatales precedentemente citados

subrayan la

importancia de esta acción pública sobre los menores, pero es la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño (1989) la que lo ha expresado de una forma más rotunda y completa.

Esta Convención establece que “el interés superior del niño” debe ser la consideración primordial a tener en cuenta en toda clase de medidas legislativas,

21


administrativas o judiciales, públicas o privadas, a fin de asegurar al niño (menor de 18 años) “la protección y el cuidado necesarios para su bienestar” en todos los ámbitos de su existencia.

Reivindicamos una ciudad diseñada y equipada en función de los niños y no de los automóviles, una prestación económica universal para cada niño, servicios de atención y escolarización para todos los niños y de especial protección y asistencia en casos de discapacidad, patria potestad inadecuada o situaciones de emergencia y, junto a todo ello, un sistema educativo comunitario, socialmente integrador y promotor de un “espíritu de paz, dignidad, tolerancia, libertad, igualdad y solidaridad” (C. I. de D. del Niño.).

Dentro de la protección a la familia, es obligada la referencia a las personas discapacitadas y dependientes, para cuya asistencia la familia constituye el ámbito esencial e ineludible.

La protección a la familia, en definitiva, se articula mediante la satisfacción de todos los derechos sociales, todos son fundamentales y complementarios.

9. EL DERECHO A UN HABITAT ADECUADO.

El derecho a vivir con dignidad, la protección de la familia y de los niños, el bienestar humano incluye como un punto fundamental el disponer de un hogar, de un alojamiento, de una vivienda digna y adecuada. Así lo proclama la Declaración Universal de Derechos Humanos (art. 25.1), el Pacto Internacional de Derechos Económicos,

Sociales y Culturales (art. 11.1), la Constitución

española (art. 47) y la Carta de Derechos Sociales del País Vasco (Ley 10/2000, art. 3), y de un modo especial lo subraya la Declaración de Estambul (Conferencia de Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos -Habitat II-, 1996) al establecer como meta universal el “asegurar un bienestar para todos y

22


hacer los asentamientos humanos seguros, sanos y más habitables, equitativos, sostenibles y productivos”.

Sin necesidad de tener que mirar al resto del mundo podemos constatar que entre nosotros el derecho a una vivienda digna y adecuada está fuera del alcance de muchísimas personas, y a pesar de que en España se ha construido desde 1999 más del 40% del total de viviendas nuevas de la Unión Europea.

Paradójicamente en nuestras ciudades existe un gran número de viviendas vacías y cada vez son más las viviendas ocupadas por una sola persona, y al mismo tiempo en otras se produce un gran hacinamiento, especialmente de colectivos marginados

El precio de la vivienda es exorbitante y resulta superior al importe de 6 ó 7 años de salario medio bruto. Los poderes públicos no han sabido, no han podido o no han querido encontrar solución a este gravísimo problema social. Los intereses de propietarios de suelo, promotores, constructores, fabricantes, mediadores, etc., una legislación urbanística y fiscal inadecuada y en ocasiones, una deficiente gestión municipal complican extraordinariamente la respuesta.

Creemos que sólo una decidida y amplia promoción pública de vivienda, y no el mercado libre, puede permitir avanzar en la solución del problema.

Pero la vivienda no puede desvincularse de su entorno urbano. La vivienda forma parte de la ciudad y debe analizarse en función del lugar que en ella ocupa. El barrio o la zona donde vivimos no puede se un “contenedor de vecinos” (El Roto) sino un espacio diseñado y equipado para ofrecer a los ciudadanos todos

los

servicios

que

contribuyen

a

su

bienestar.

Infraestructuras,

23


equipamientos y servicios de todo orden de igual calidad deben existir en todos los lugares de la ciudad, junto a espacios públicos y centros cívicos que permitan y propicien el encuentro, la relación y la cohesión social.

La vivienda es parte del “derecho a la ciudad” que se expresa en una síntesis que incluye la realización de los derechos humanos, la identidad comunitaria y la participación democrática. El derecho a la ciudad –a la ciudad sostenible- se inscribe en el proceso hacia una ciudad “ justa, bella, creativa, ecológica, que favorezca el contacto, compacta, policéntrica y diversa” (Richard Rogers).

10. EL DERECHO A LA SALUD.

Por razones de tiempo, sólo una breve nota para dejar constancia de este derecho social a la salud, o a la protección de la salud, que está igualmente reconocido a nivel internacional, estatal y regional y para destacar la enorme y cruel desigualdad entre los países desarrollados y los considerados en vías de desarrollo. Nos remitimos a los informes de la Organización Mundial de la Salud y del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo.

11. EL DERECHO A LA EDUCACIÓN Y A LA CULTURA.

La misma razón de tiempo y espacio nos permite esta mínima referencia al fundamental derecho a la educación, y su complementario de

acceso a la

cultura, expresión de ese derecho al bienestar, a una vida digna de todos los seres humanos, y que es objeto de otra ponencia.

La educación debería enseñarnos a todos a vivir con nosotros mismos y forjarnos un proyecto de vida y de identidad, a vivir con los demás desde el

24


respeto y la cooperación, y vivir con la naturaleza disfrutando de sus recursos y protegiéndolos. La educación es un derecho que se mantiene a lo largo de toda la vida y que se asienta en el sistema escolar, desde la escuela infantil hasta la universidad, y que se extiende a todos los agentes sociales.

Junto a la educación , o mejor dicho, formando parte de ella, está el derecho al acceso a la cultura, “a gozar de las artes”, a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten, como indican los artículos 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

12. EL DERECHO A LA PROTECCIÓN CONTRA LA POBREZA Y LA EXCLUSIÓN SOCIAL.

Como ya se ha indicado antes,

la Carta Social Europea el reformar su

artículo 30 introdujo el compromiso de los Estados parte de “asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la protección contra la pobreza y la exclusión social”. Se pretende garantizar así el derecho a vivir con dignidad y la satisfacción de las necesidades básicas mediante “el acceso efectivo de las personas que se encuentren, o en riesgo de encontrarse, en situación de exclusión social y de sus familias, principalmente al empleo, el alojamiento, la formación, la educación y la asistencia social y sanitaria”.

El Consejo de la Unión Europea recordaba en 1989 que “la exclusión social es un fenómeno estructural, dinámico y multidimensional, ya que no se limita a la insuficiencia de recursos o a la relación con el empleo, sino que se manifiesta en los ámbitos de la vivienda, la educación, la salud, el acceso a los servicios o la protección social”.

25


El Parlamento Europeo (1966) añadía que “la situación de pobreza y exclusión social está relacionada con la falta de trabajo estable, con la carencia de formación profesional, con el analfabetismo y, sobre todo, con la protección social y sanitaria insuficiente”.

Los expertos en esta materia ponen el énfasis en diversos aspectos como son la ruptura del vínculo social, la privación de los derechos sociales y la desigualdad, considerando que los factores de educación, salud , vivienda y empleo juegan un papel determinante en los fenómenos de exclusión social.

La

exclusión

social

no

implica

sólo

un

eje

económico

centrado

necesariamente en la relación con el mercado laboral, sino que supone

“un

proceso de desafiliación social y personal que termina afectado a todas las áreas de actividad de la persona” (Robert Castel).

El concepto de exclusión social aparece habitualmente unido al de la pobreza, sin bien constituyen fenómenos distintos. La pobreza hace referencia a precariedad económica o de nivel de vida, mientras que la exclusión social tiene un carácter multidimensional que afecta a la participación de personas y grupos en los intercambios, prácticas y derechos sociales que constituyen la integración social (Consejo Económico y Social, 1997), lo que supone constatar que la exclusión social es una situación más compleja y amplia que la de pobreza.

El desempleo es uno de los factores principales de exclusión, y junto a él hay que señalar otros como la debilitación de las estructuras familiares y sociales o el hundimiento de los valores de cohesión y solidaridad, y, con una dramática actualidad, el fenómeno migratorio.

La exclusión social presenta diversos grados en un proceso en el que los sucesos vitales estresantes juegan un papel decisivo y en el extremo más cruel de ese continuo exclusión-inclusión social están las personas en situación sin hogar (Muñoz, Vázquez y Vázquez), es decir “aquellas personas incapaces de

26


acceder y mantener un alojamiento personal adecuado por sus propios medios o con la ayuda de los Servicios Sociales, así como aquellas personas que viven en instituciones (albergues, cárceles, hospitales,...) pero no disponen de alojamiento personal donde ir al salir, y las que viven en alojamientos infrahumanos o en situación de claro hacinamiento”(FEANTSA).

Los factores y la causas de la exclusión social están claramente relacionados con la insatisfacción de necesidades básicas y la mejor respuesta debe encontrarse en la efectividad de los derechos sociales como nos recuerda el artículo 30 de la Carta Social Europea.

13. GLOBALIZACIÓN. EL DERECHO A VIVIR CON DIGNIDAD EN TIEMPOS DE GLOBALIZACIÓN.

Vivimos en tiempos de globalización, es decir de una cada vez más amplia e intensa

interrelación e interdependencia a nivel mundial. Pero es una

globalización regida por el más injusto de los paradigmas: el neoliberalismo, que supone someter la economía , y por extensión, la política y la cultura, a las inexorables leyes del mercado. La educación, los medios de comunicación o el medio

ambiente

resultan

profundamente

afectados

por

esta

ideología

depredadora que genera en el mundo y en cada uno de sus lugares una profunda desigualdad e injusticia. La democracia ha sido confiscada y sometida a un proceso de atrofia y empobrecimiento tal

que el ciudadano resulta

incapacitado para intervenir y participar activamente, relegándole a la condición de siervo que sólo practica un individualismo egoísta y un consumismo compulsivo.

Se ha generado un abismo de desigualdad creciente que condena a la miseria y a la muerte a miles de millones de personas en todo el mundo. La hegemonía imperialista de USA lidera este nuevo capitalismo cruel y

27


deshumanizado donde sólo mandan los intereses económicos de unos pocos y donde los derechos sociales de todos los seres humanos son una entelequia que no merece atención alguna.

El neoliberalismo pretende acabar con el Estado del bienestar y sustituirlo por una engañosa y desigual sociedad del bienestar, en una falacia que permite que todos los días mueren en el mundo más de 30.000 niños menores de cinco años por causas que entre nosotros ya han sido superadas, que niega medicamentos básicos a millones de enfermos de sida, malaria o tuberculosis, que practica unas políticas agrícolas letales para los países en vías de desarrollo, que gasta más de 800 billones de dólares anuales en compraventa de armas, que invade y destruye países y fomenta guerras tribales y golpes de estado, que promueve una cultura de la intrascendencia y de la insustancialidad mediante una auténtica alineación televisiva, que obliga a millones de personas a desplazarse y a huir de la violencia política y de la violencia socio-económica pero que les impide entrar en su territorio protegido,... y de este mundo caótico y radicalmente injusto formamos parte nosotros.

Pero “otro mundo es posible”, clama el Foro Social Mundial,

otra

globalización es posible, otra forma de relacionarnos y de convivir a escala local y mundial es posible.

Podemos y debemos cambiar el mundo desde este

pequeño lugar en que vivimos, y tenemos que hacerlo ahora, trabajando por una ciudad más justa, más solidaria, más culta, más amable y más comprometida con todos los seres humanos de todos los lugares del mundo. Nada de lo que ocurre aquí y nada de lo que ocurre en el mundo nos puede resultar indiferente.

Una de las situaciones más dramáticas y próximas a nosotros es la derivada de la inmigración, como fenómeno social cotidiano e ineludible. Cada día llegan a nuestra ciudad procedentes de otros países muchas personas que quieren incorporarse a nuestra comunidad local en su legítimo deseo de poder vivir con

28


dignidad. Son ya más de diez mil las que se han incorporado a nuestra sociedad vitoriana y la mayor parte de ellas se encuentran en una situación de exclusión social causada por su situación de “irregularidad”; son “ilegales”, “no personas” porque una legislación injusta les niega su condición de ciudadanos y porque una sociedad acomodada los rechaza desde la indiferencia o el prejuicio hasta la actitud intransigente y agresiva. Su integración social es una demanda que nos interpela a todos y que sólo podrá alcanzarse cuando estemos decididos a reconocerles su derecho a vivir con dignidad aquí y ahora en una auténtica igualdad de derechos y de deberes.

“Otro mundo es posible”, “otra ciudad es posible”, y en su construcción, en el proceso constante de transformación y mejora, todos tenemos que cooperar ejerciendo las dos grandes virtudes democráticas de la tolerancia, entendida como aceptación y respeto hacia el otro, hacia todo otro, y de la solidaridad, el sentir con el otro, el comprometerse con su causa. Desde aquí y ahora, con los más próximos y con los más distantes, con sentido de responsabilidad y con pasión.

San Cugat del Vallès, 19 de julio de 2003.

29

PODER Y VIOLENCIA  

Ponencia José Ángel Cuerda 2003 estiu

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you