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Política

JUNIO JULIO 2012

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El fuero militar

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Habrá importantes decisiones y debates alrededor de temas nada fáciles de legitimar, pero que vienen presionados por el mismo Gobierno Nacional. Nos referimos al “fuero militar” (Proyecto de Acto Legislativo 192/12), cuya principal modificación radica en la creación de tribunales de garantía y en la definición de las materias que decidirá la justicia militar, a saber, se le retira el conocimiento de los crímenes de lesa humanidad, de los delitos de genocidio, desaparición forzada, tortura, ejecución extrajudicial, desplazamiento forzado, violación y abusos sexuales, actos de terror contra la población civil y reclutamiento o uso de menores, excepto conductas conexas con los anteriores delitos, faculta a la justicia penal militar para decidir de las infracciones al Derecho Internacional Humanitario cometidas por miembros de la Fuerza Pública. Igualmente, la “despenalización del cultivo” (PL 183/12) de plantas que puedan producir estupefacientes generará, sin duda, importantes discusiones y cuestionará el papel del Congreso en nuestra comunidad política.

VIENE DE LA PAG.5

ma a la justicia y ley de regalías, entre otras. La mayoría, de iniciativa gubernamental, parecería demostrar que la capacidad creativa del Congreso es muy reducida y las medidas en las que avanza no son más que el “blanqueamiento” de programas de gobierno central. Pero, aún convaleciente por las dificultades que ha provocado la “parapolítica”, la reforma a la justicia y el lamentable, pero ampliamente difundido “tráfico de influencias”, el Parlamento quiere evitar seguir aproximándose al abismo de la desinstitucionalización, que diluiría su existencia y representatividad en las decisiones del Gobierno Nacional, de la Corte Suprema de Justicia –en cuanto al juzgamiento de sus miembros- y la Corte Constitucional –en tanto juzga la constitucionalidad de las leyes por el Congreso expedidas-. Parece ello se valdrá de iniciativas que quedaron pendientes y de las nuevas que acuerde con el Ejecutivo o surjan de su propia iniciativa. La idea, ahora, es que la adaptación del ordenamiento jurídico y las necesidades de la comunidad política, tengan más correlación.Y sus miembros harán lo posible para superar el empobrecido desempeño del legislativo, aunque tengan que enfrentarse a las renovadas objeciones presidenciales y al escepticismo popular. Sólo así probarán que el legislativo es una rama de poder útil para la comunidad política colombiana.

Protección a la mujer y a los lustrabotas La apuesta por la legitimación del legislativo se manifiesta con diversos proyectos de ley que pretenden, desde la conformación del contenido normativo, trasformar la realidad social. Ejemplo de esto lo constituye el proyecto de ley de la “violencia contra la mujer”, que afecta normas de procedimiento penal, elimina el carácter querellable de los delitos de violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria y hace más severo el delito de violencia intrafamiliar, imponiendo como pena mínima, la de 4 años. Lo anterior supone que el acusado puede ser sujeto a medida de aseguramiento, que tendrá por resultado, la detención preventiva del investigado. Por supuesto, se trata de un proyecto de ley con un objeto legítimo y exigido por la comunidad colombiana, pero que, al igual que en el estado actual de cosas, difícilmente alcanzará la eficacia deseada para eliminar una práctica, lamentablemente común. En el mismo sentido parecen haberse dirigido algunas propuestas que fueron retiradas del Congreso debido a que no obtuvieron ponencia de los legisladores o porque sus autores consideraron que no se encontraban ante un ambiente político propicio para su aprobación. Esto se revela con el proyecto de ley que intentaba formalizar el ejercicio de la actividad del lustrado de calzado, que inclusive creaba un sistema que registraba a quienes se dedicaran a este oficio (PL 212/12), así como aquel que intentaba reformar la Constitución, para hacer del derecho a la salud, un derecho fundamental (Proyecto de Acto Legislativo 200/12), éste último, considerado por los mismos ponentes del proyecto, como un Acto Legislativo inocuo que trataba un objeto de regulación desarrollado ampliamente por la Corte Constitucional (ver la Sentencia T-760 de 2008).

El 28 de febrero, fue citada la reunión de gobernadores para discutir el futuro del Canal. A la cita, asistieron el gobernador del Atlántico José Antonio Segebre, y delegados de las otras administraciones departamentales.

La mayoría de las leyes, de iniciativa gubernamental, parecería demostrar que la capacidad creativa del Congreso es muy reducida y las medidas en las que avanza no son

Contra la violencia escolar Así mismo se pueden observar otros proyectos de ley que, aunque no han sido archivados o retirados, tienen dificultades para su aprobación, como el caso del proyecto de ley que intenta prevenir la violencia escolar (PL 201/12). Su dificultad se evidencia no en la legitimidad que claramente ostenta, sino en los problemas que puede suponer su implementación para el Estado, que por demás, crea un Sistema dirigido por Ministros de Despacho y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, claramente centralizado, que no cuenta con ningún miembro de entidades territoriales. La barrera entre la creación de la norma y su implementación visiblemente superan la capacidad creativa e innovadora del Congreso de la República y lo vuelve a posicionar en un lugar rezagado de la democracia colombiana.

Informativo Un Norte edición 75 - julio de 2012  
Informativo Un Norte edición 75 - julio de 2012  
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