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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico

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DEDICATORIA

A la memoria de mi madre ESTHER JULIA BETANCOURT MURILLO. A mi padre MARIANO MARTÍNEZ FLOREZ, quien con sus sabias enseñanzas y su templanza me dio la perfección de sus pasos y el suficiente aplomo para confrontar las vicisitudes y las alegrías, la privación y la holganza. A BLANCA DISNEY MARÍN HERRERA, amiga incondicional y testigo de esperanzas, en esta etapa de mi vida. A mis hijos OSCAR MAURICIO, PAOLA ANDREA Y MARIANA, en quienes me he realizado en el amor y en la luz de ahora y de siempre. A mis hermanos, sobrinos, cuñados, parientes y amigos con quienes he compartido esta grata vida.

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AGRADECIMIENTO

Al doctor JAIRO PARRA QUIJANO, señor de serena y ponderada madeja de virtudes y de ricos filones intelectuales, gran maestro en las lides del Derecho Procesal, quien me honró con el Prólogo de esta obra. A las Directivas de la Universidad Libre, por haberme conferido el honor de tenerme por más de veinte años como su profesor y Director del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación. A la Doctora Consuelo del Pilar Acevedo Gallego, por su desinteresada colaboración.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico DIRECTIVOS NACIONALES Presidente: Víctor Hernando Alvarado Ardila Vicepresidente: Julio Roberto Galindo Hoyos Rector: Nicolás Enrique Zuleta Hincapié Censor: Edgar Sandoval Romero Secretario General: Pablo Emilio Cruz Samboni Delegado Personal del Presidente Nacional: Gustavo Alonso Ospina Correa Rector Seccional: Fernando Cadavid Síndico Gerente: William García Ramírez Censor: Luis Cristóbal Ospina Montoya Secretario Académico Seccional: Jhon Faber Portela Orozco Consejo Directivo: Consiliario: Gilberto Aranzazu Consiliario: Jorge Alarcón Consiliario: Luis Felipe Bottia Representante de los Profesores: Jairo Enrique Ramírez Tangarife Representante de los Egresados Gerardo Bernal Montenegro Representante de los Estudiantes: Iván Alejandro Arcila H.

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VISIÓN

La Universidad Libre es una corporación de educación privada, la cual propende por la construcción permanente de un mejor país y de una sociedad democrática, pluralista y tolerante, e impulsa el desarrollo sostenible, iluminada por los principios filosóficos y éticos de su fundador, con liderazgo en los procesos de investigación, ciencia, tecnología y solución pacífica de los conflictos.

MISIÓN

La Universidad Libre como conciencia crítica del país y de la época recreadora de los conocimientos científicos y tecnológicos, proyectados hacia la formación integral de un egresado acorde con las necesidades fundamentales de la sociedad, hace suyo el compromiso de: Proveer los sectores dirigentes de la sociedad. Propender por la identidad de la nacionalidad colombiana, respetando la diversidad cultural, regional y étnica del país. Procurar la preservación del medio y el equilibrio de los recursos naturales inculcar en toda la comunidad unilibrista el espíritu de pertenenciaSer espacio de formación de personas democráticas, pluralistas, tolerantes y cultores de la diferencia.

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HIMNO DE LA UNIVERSIDAD LIBRE

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A la libre entonemos un himno a la paz y al derecho a vivir a la luz del heroico pasado a la aurora que habrá de venir.

A la libre entonemos un himno a la paz y al derecho a vivir a la luz del heroico pasado a la aurora que habrá de venir.

Una sombra se suma a otra sombra la respuesta jamás se hallará si la vida no anima a la ciencia si la ciencia en la vida no está.

Una sombra se suma a otra sombra la respuesta jamás se hallará si la vida no anima a la ciencia si la ciencia en la vida no está. Para el pueblo irredento y del pueblo por el pueblo la revolución con las aulas abiertas a todos se construye la nueva nación.

A Wisconsin volvamos los ojos donde el héroe su espada rompió para hacer que la patria brillara como en sueños Bolívar la vio. II A la libre entonemos un himno a la paz y al derecho a vivir a la luz del heroico pasado a la aurora que habrá de venir.

Letra: Pedro Medina Avedaño Música: Luis Díaz Herodier

En su espíritu la efigie de Herrera que en la Libre dejó el alamar en camino hacia un nuevo horizonte los que guías, te verán pasar. Atrás dogmas que te veten la idea el examen, la libre expresión gloria al gran arquitecto y al hombre que confía en la recta razón.

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Tabla de Contenidos TABLA DE CONTENIDO PRIMERA PARTE ASPECTOS GENERALES CAPITULO I Presentación Prólogo Aprestamiento e inducción

Nro. Pág. 17 23 27

CAPITULO II ASPECTOS DINÁMICOS, NORMATIVOS Y REGLAMENTARIOS Normas de conducta y consejos prácticos para los estudiantes del Consultorio Jurídico. Acuerdo No. 11 del 4 de diciembre de 2002, emanado de la H. Consiliatura de la Universidad por medio del cual se expide el Reglamento Interno del Consultorio. Objetivos De los estudiantes Del régimen académico De la evaluación académica Del régimen disciplinario De la competencia del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Otras disposiciones académicas Estructura general, Comité asesor Dirección Del Coordinador del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación De la Docencia en el Consultorio Jurídico Asistentes docentes del Consultorio Jurídico Acuerdo No. 14 del 04 de Diciembre de 2002, emanado de la H. Consiliatura por medio de la cual se expide el reglamento del Centro de Conciliación. Creación, Misión, visión, objetivos y metas De los Indicadores Estructura del Centro de Conciliación – Comité Asesor De la Dirección del Centro de Conciliación Secretaría académica De la Docencia De los Asistentes Docentes De los estudiantes Del Código de ética Faltas y sanciones

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27 28 28 29 29 30 31 32 32 33 34 35 36 37 37 38 39 40 41 41 42 43 44 46


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Ley 583 del 12 de junio 2000, por la cual se modificanlos Arts. 30 y 39 del Decreto 196 de 1.971 en relación con la competencia de los estudiantes de Consultorio Jurídico. Decreto 765 de abril 1º de 1977 Resolución 040 de junio 20 de 1977 emanada de la Sala deGobierno del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, por la cual se aprueba el funcionamiento del ConsultorioJurídico de la Universidad Libre Seccional Pereira. Cuadro de cuantías para determinar la competencia en materia civil y laboral. Formatos y papelería que se lleva en el Consultorio Jurídico en el desarrollo de la práctica. Plan de acompañamiento, seguimiento y evaluación en el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación Procedimiento en materia laboral Procedimiento en materia civil Procedimiento en materia penal Procedimiento en materia Administrativa Procedimiento en el Centro de Conciliación Acompañamiento de las investigaciones académicas del Consultorio Jurídico y el centro de investigaciones jurídicas Actividades de los miembros activos del Consultorio Jurídico y sistemas de evaluación Evaluación académica Qué se evalúa y cómo se evalúa la práctica en el Consultorio Jurídico y centro ce conciliación Modalidades de práctica del Consultorio Jurídico Organización de la justicia en Risaralda.

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54 56 57 68 70 71 72 75 80 84 89 90 90 93 95

SEGUNDA PARTE COMPETENCIA DEL CONSULTORIO JURÍDICO CAPITULO I COMPETENCIA EN MATERIA PENAL Competencia de los Jueces Penales Municipales (Ley 906/04 y 600/00) Competencia de las autoridades de Policía Modelo de poder para ejercer la defensa en el proceso penal Modelo de poder para presentar denuncia o querella a nombre del ofendido Modelo de denuncia o querella penal Acción civil dentro del proceso penal (Ley 600/00) Modelo de poder para constitución de parte civil dentro del proceso penal Modelo de demanda de constitución de parte civil en el proceso penal (ley 600/00)

103 103 104 105 106 108 109 110

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Tabla de Contenidos Modelo de solicitud de expedición de copias La conciliación como un mecanismo de extinción de la acción penal (Ley 600/00) Modelo de solicitud de conciliación por el sindicado o defensor Sentencia anticipada (Ley 600/00) Modelo de solicitud de sentencia anticipada en la etapa de la instrucción Modelo de solicitud de sentencia anticipada en la etapa del juicio Cuadro comparativo de las normas rectoras entre el antiguo y el actual sistema La justicia restaurativa como mecanismo de reparación integral dentro del nuevo sistema penal acusatorio (Ley 906/04) Del ejercicio del incidente de reparación integral Modelo de incidente de reparación integral de perjuicios Los estudiantes de práctica de Consultorio Jurídico como defensores de oficio dentro del sistema penal acusatorio Estructura de los argumentos de conclusión en el sistema acusatorio Técnica de los argumentos de conclusión La conciliación en materia penal a la luz de la Ley 600/00 y de la Ley 906/04 Procesos especiales de policía. Proceso especial de lanzamiento por ocupación de hecho den predios urbanos Proceso de lanzamiento por ocupación de hecho en predios rurales explotados económicamente Proceso de lanzamiento por ocupación de hecho en predios rurales sin explotar económicamente Proceso especial de amparo a la posesión o a la mera tenencia Proceso especial de amparo al domicilio Proceso especial de restitución de bienes de uso público Proceso especial de demolición de obra por amenaza de ruina Proceso especial de contravención común relativas a obras Proceso especial de amparo a la industria hotelera Prescripción y caducidad de la acción penal y contravencional Formas de iniciación de la acción penal Cuadro de Jurisdicción, competencia y recursos Visión panorámica del proceso penal acusatorio Estructura general del nuevo proceso penal a la luz de la Ley 906/04

112 113 114 114 115 116 117 119 121 122 126 131 132 133 140 149 157 161 171 177 185 193 197 203 204 205 206 207

CAPITULO II COMPETENCIA EN MATERIA LABORAL Observaciones (Ley 712/01) Modelo de poder para iniciar un proceso ejecutivo laboral Modelo de demanda para un proceso ejecutivo laboral Modelo de poder para iniciar un proceso laboral de única o primera instancia Modelo de demanda para un proceso ordinario laboral de única o primera instancia

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209 215 216 218 219


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Clases de contratos de trabajo Trabajadores con regimenes especiales Organización de la jurisdicción del trabajo

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CAPITULO III COMPETENCIA EN MATERIA CIVIL Procesos de ejecución. Observaciones Proceso ejecutivo de mínima, menor o mayor cuantía. Observaciones Modelo de poder para adelantar proceso ejecutivo singular Modelo de demanda ejecutiva Modelo de demanda ejecutiva para el cobro de cánones de arrendamiento, honorarios y constas del proceso Modelo de poder para adelantar proceso ejecutivo con título prendario Modelo de demanda ejecutiva con titulo prendario Modelo de poder para adelantar proceso ejecutivo con título hipotecario Modelo de demanda ejecutivo con título hipotecario Modelo de poder para adelantar proceso ejecutivo con acción mixta Modelo de demanda ejecutiva con acción mixta Proceso abreviado de restitución de inmueble arrendado. Observaciones Modelo de declaraciones extrajuicio para preconstituir contrato de arrendamiento Modelo de poder para iniciar proceso de restitución de inmueble Modelo de demanda de restitución de inmueble arrendado Modelo de medidas previas en procesos ejecutivos Modelo de poder para contestar demanda Modelo para contestar demanda Modelo de liquidación del crédito en procesos ejecutivos Pasos que se deben seguir en todo proceso ejecutivo Interrogatorio de parte como prueba anticipada Modelo de poder para solicitar interrogatorio de parte Modelo de solicitud de interrogatorio de parte Proceso verbal sumario. Observaciones Modelo de poder para adelanta asunto ordinario de mínima cuantía sobre prescripción extintiva de gravamen hipotecario Modelo de demanda para asunto ordinario de mínima cuantía sobre prescripción extintiva de un gravamen hipotecario Modelo de poder para adelantar asunto ordinario de mínima cuantía sobre responsabilidad civil extracontractual Modelo de demanda para asunto ordinario de mínima cuantía sobre responsabilidad civil extracontractual Modelo de poder para adelantar proceso verbal sumario de cancelación y reposición de título valor

233 234 235 236 238 244 245 247 248 250 251 253 254 255 256 259 260 261 263 264 266 267 267 269 270 271 274 275 278

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Aspectos Generales Modelo de demanda ordinaria de reposición y cancelación de título valor Modelo de poder para solicitar levantamiento de medidas de embargo y secuestro por un tercero que tenía la posesión a nombre propio al momento de realizarse la diligencia judicial. Modelo de incidente de levantamiento de medidas de embargo y secuestro por un tercero que tenía la posesión a nombre propio al momento de realizarse la diligencia judicial Modelo de poder para proceso verbal sumario de protección al consumidor Modelo de proceso verbal sumario de protección al consumidor (efectividad de garantía en contratos de compraventa) Ejemplo de solicitud de suspensión de un proceso civil Ejemplo de solicitud de terminación del proceso ejecutivo por pago Modelo de solicitud de desistimiento Modelo de poder para demanda de apertura de sucesión Modelo de demanda de apertura de la sucesión

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282 285 286 289 289 290 291 292

CAPITULO IV COMPETENCIA EN MATERIA DE FAMILIA Proceso de alimentos (Art. 488 del C.P.C.) Modelo de poder para proceso verbal sumario de fijación o de incremento de cuota alimentaría y ejecución de alimentos Modelo de demanda para proceso verbal sumario de fijación de cuota alimentaria Modelo de demanda para proceso verbal sumario de aumento de cuota alimentaria Modelo de demanda ejecutiva de alimentos

297 302 303 306 308

CAPITULO V COMPETENCIA EN MATERIA FISCAL El proceso de responsabilidad fiscal. Observaciones Estructura del proceso de responsabilidad fiscal a la luz de la Ley 610/00

311 313

CAPITULO VI COMPETENCIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA Modelo de petición en interés particular Modelo de petición para solicitar alguna información y pedir copias Breves comentarios a la acción de tutela Modelo de acción de tutela Otras actividades que desarrollan los estudiantes en cumplimiento de su práctica

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315 316 317 318 319


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Comentarios a las acciones populares y de grupo

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CAPITULO VII COMPETENCIA EN MATERIA DISCIPLINARIA Flujograma del proceso disciplinario a la luz de la Ley 734 del 5 de febrero de 2002 Observaciones teórico prácticas a la Ley 734 de 2002 (C.D.U.)

321 328

TERCERA PARTE PROGRAMA CENTRO DE CONCILIACIÓN CAPITULO I La conciliación como mecanismo para solucionar los conflictos entre los particulares. Clases de conciliación Marco constitucional y legal Concepto sobre conciliación Partes en el proceso conciliatorio Principales ventajas de la conciliación Quiénes están obligados a prestar el servicio de conciliación Concepto sobre conciliador Trámite conciliatorio La conciliación en materia policiva Modelo de acta de conciliación en civil Modelo de acta de conciliación en penal Modelo de acta de conciliación en policivo por contravención común de policía Modelo de acta de conciliación en policivo por contravención especial Modelo de acta de conciliación en familia Modelos para el trámite conciliatorio en el Centro de Conciliación

335 337 338 338 338 338 339 339 341 345 345 347 349 350 352 355

LEGISLACIÓN COMPLEMENTARIA

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BIBLIOGRAFÍA

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Aspectos Generales

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico PRESENTACIÓN Desde 1973, la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Pereira creó la oficina de CONSULTAS JURÍDICAS con el propósito de ampliar la cobertura de la acción social que deben cumplir las facultades de derecho, lo cual constituyó el preámbulo para la estructuración del Consultorio Jurídico en nuestra facultad. El Consultorio Jurídico, como asignatura del plan de estudios de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Pereira, merece que en su presentación se le atribuya un lugar especial como espacio integral formador de la comunidad universitaria en el Eje Cafetero. Mediante la Resolución No. 040 del 2 de junio de 1977 emanada de la Sala de Gobierno del Honorable Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, se aprobó el funcionamiento del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre Seccional Pereira. El Consultorio Jurídico como Universidad, debe abordar en su constante labor preguntas trascendentes que ponen en cuestión el accionar del hombre. El Consultorio Jurídico, como punto de encuentro de la comunidad universitaria y la sociedad civil, tiene la obligación ante la escalada de violencia que vive el país, de pronunciarse desde la disciplina y la ciencia jurídica ofreciendo respuestas o buscando acercamientos a la solución del conflicto. En estas condiciones, con la práctica de Consultorio Jurídico se tiene el compromiso de abrir perspectivas y nuevos horizontes que redunden en beneficio de la vida, la dignidad y la justicia. Ante esta realidad, la Dirección del Consultorio Jurídico de la Universidad Libre Seccional Pereira en su deseo de contribuir a la formación integral del abogado unilibrista y buscando asumir ese proceso transformador que requiere la situación actual del país con el objeto de hacernos partícipes de la construcción de una sociedad en paz, política, social, económica, étnica, ambiental y cultural ha dispuesto la publicación de una “Guía Teórico Práctica para Consultorio Jurídico”, dirigida a los estudiantes que se encuentran en la recta final de sus estudios académicos, a efecto de concitar el entusiasmo de los mismos, para la realización de una buena práctica jurídica que rebose las expectativas del estudiante de Consultorio Jurídico en beneficio de la sociedad en general. La obra refleja la vocación investigativa que una empresa de este orden requiere, pues grande ha sido el esfuerzo dedicado a la compilación de normas tendientes a proporcionar a los estudiantes un manual teórico-práctico de fácil entendimiento, de fácil acceso y de fácil consulta. Me he empeñado en elaborar un trabajo armónico, lógico, claro y en un lenguaje apropiado, alejado de ese tortuoso estilo de ridícula grandilocuencia que muchos imponen para ocultar las dificultades de entendimiento de una materia. Este trabajo intelectual, didáctico y pedagógico se constituye pues para los estudiantes de Consultorio Jurídico en un nuevo elemento de estudio, de análisis y de ayuda de inocultable valía para su interpretación, aplicación, desarrollo y práctica.

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Aspectos Generales El objetivo de esta obra es buscar que ustedes que inician como estudiantes de práctica de Consultorio Jurídico, se muevan fácilmente dentro de la competencia que les ha conferido la ley y puedan así alcanzar los objetivos definidos en la Constitución, la Ley y los Reglamentos. Allí los estudiantes encontrarán en forma separada y por módulos toda la práctica penal, civil, laboral, familia, policiva, administrativa, disciplinaria y fiscal, de manera que puedan complementar en forma eficiente y eficaz los conocimientos teóricos adquiridos durante la formación profesional en las aulas con la práctica disciplinaria en escenarios reales y concretos. Se hace énfasis en el sentido que el Consultorio Jurídico es una asignatura básica del plan de estudios de derecho, donde el alumno sólo practica en aquellos asuntos definidos por el Decreto 196 de 1971, en su artículo 30 y demás normas que lo modifican y adicionan como la ley 765 de 1977 y la ley 583 del 12 de junio de 2000. Con su práctica el estudiante adquiere compromisos eminentemente académicos, no obstante también le acarrea compromisos de carácter ético y social. Su infraestructura y concepción de desarrollo cuenta con programas, principios y dinámicas propias de una práctica disciplinaria enmarcada en la formación de estudiantes de derecho y por lo tanto sus tareas prácticas están asistidas y orientadas por profesores de la facultad en todas sus áreas, tanto de tiempo completo, de medio tiempo, como catedráticos. Sobre la base de ser una práctica académica, implica los principios de gratuidad, solidaridad, responsabilidad, complementariedad, valores y garantías, además de principios éticos, humanos y sociales en cumplimiento de la función social que cumple el derecho. Desde los criterios orientadores que rigen el Consultorio Jurídico, es un principio el que los estudiantes que cursan la asignatura cuenten para su efectividad, eficiencia y eficacia, con un acompañamiento participativo, permanente del profesor asesor; teniendo en cuenta que esta asignatura le permite al alumno incorporar a la práctica sus conocimientos teóricos . Así las cosas, el ejercicio académico práctico debe garantizar que la construcción de casos reales se desarrolle de acuerdo con los cánones constitucionales y legales y tambien en la rigurosidad propia de la academia, la disciplina, la responsabilidad, la mística institucional y por sobre todo la ética. Por esta razón el acompañamiento de los docentes se hace indispensable y prioritario, en la medida que el seguimiento especializado en cada etapa del ejercicio académico es el que , garantiza que tanto el procedimiento como los resultados obtenidos en la práctica jurídica, estén acordes con la filosofía y metodología que orientan la práctica del Consultorio Jurídico. En lo referente a su estructura curricular, necesariamente en su dinámica académica, el Consultorio Jurídico debe estar articulado con las demás actividades que se desarrollan en la Facultad de Derecho, por consiguiente los alumnos tienen la oportunidad de relacionar su práctica académica con sus clases de tinte meramente

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico teórico; es así como la práctica debe contar con canales de comunicación con los diferentes jefes de área de la Facultad y la Decanatura de la misma. El Consultorio Jurídico ademàs de brindar asistencia sin ánimo de lucro en procedimientos judiciales es responder efectiva y óptimamente a la demanda que tiene en la región en los distintos aspectos sociales, econòmicos polìticos que demandan asistencia jurídica. En síntesis, el Consultorio Jurídico tiene dentro de su política de identidad y autonomía universitaria la formación integral de abogados, ética y participación en investigaciones. Concretamente como práctica académica, el Consultorio Jurídico de la Universidad Libre, está concebido como parte de un proceso de formación en la Facultad de Derecho desde donde las labores de enseñanza-aprendizaje, siguen un modelo de asistencia, acompañante y observación- participante-. Los alumnos cuenta con el acompañamiento de los profesores asesores y los monitores quienes están atentos al procedimiento que se está llevando a cabo. El estudiante de práctica se acerca y se adentra simultáneamente en el ejercicio jurídico de forma directa de tal manera que desarrolle sus destrezas para la aplicación práctica del del derecho. Con miras a lograr los objetivos que persigue la práctica de Consultorio Jurídico establecidos en el Reglamento Interno se han diseñado las siguientes estrategias. -Estrategias didácticas -Estrategias técnicas -Estrategias de cobertura de servicio de Consultorio Jurídico -Estrategias de promoción en programas especiales. En cuanto a las ESTRATEGIAS DIDÁCTICAS el desarrollo de la práctica de Consultorio Jurídico se orienta bajo los siguientes criterios: 1. Aprestamiento e Inducción: Se realiza una INDUCCIÓN a los estudiantes que inscriben Consultorio Jurídico en todas las áreas del derecho (penal, civil, laboral, familia, policivo), durante cuatro (4) semanas en las cuales se les explica y precisa la línea de conducta que debe seguir en la práctica y el manejo preciso de la papelerí, la recepciòn de entrevistas, los procedimientos internos establecidos para el desarrollo de su práctica. La inducción es dictada, dirigida y orientada por el Director del Consultorio Jurídico con la colaboración de los profesores asesores en cada una de las áreas del conocimiento. 2. Clínicas Es una instancia de discusión acadèmica en la que los dicentes amplian y profudizan el concimiento en los diversos temas resolviendo en forma conjunta los casos consultados por los usuarios caracterizados por su complejidad jurídica y que constituyen una oportunidad para su socializaciòn como casos tipo.

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Aspectos Generales 3. Seminarios y Talleres: Se asigna al dicente un tema específico para ser resuelto en exposiciones en una actividad colectiva . En Cuanto a las ESTRATEGIAS TÉCNICAS, ha sido una preocupación de las directivas de la Universidad y del Consultorio Jurídicoque tanto la sede del centro como los demás consultorios satélites satisfagan los requisitos mínimos para funcionar.El Consultorio Jurídico cuenta un espacio adecuado para llevar a cabo la práctica, cubículos debidamente acondicionados para la atención al usuario, ,una biblioteca con material de consulta permanente de todo orden, obras seriadas y de hojas sustituibles, consulta por correo electrónico, etc; recursos administrativosy personal de apoyo para desarrollar la labor, a través de quince monitores con el carácter de asistentes docentes del director del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación En cuanto hace relación a la estrategia de COBERTURA, se propende por una presencia oportuna, eficaz, eficiente y efectiva en espacio, circunstancias y acciones concretas. La labor del consultorio como se ha venido diciendo, es de corte asistencial, consultorial, de asesoramiento. De acuerdo con esto, el cubrimiento comprende todo el Departamento de Risaralda superando las limitaciones que trae el desplazamiento a algunas poblaciones demasiado apartadas a travès de la realización periódica de brigadas jurídicas. El Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad Libre de Pereira, ha venido adelantando durante los últimos diez (10) años un plan de PROMOCIÓN de sus actividades para ampliar la cobertura y la oportunidad a los estudiantes para que realicen su práctica. Con este fin hemos formalizado convenios con diferentes entidades e instituciones de carácter gubernamental y no gubernamental, que en su funcionamiento requieren de asistencia, asesoría y consultoría jurídica. Los distintos convenios suscritos por la Universidad, permiten a los estudiantes realizar su práctica con énfasis en lo jurídico, en lo social, en lo político, en lo cultural, en lo ambiental, en lo judicial, en lo constitucional, en lo sindical, conservando y desarrollando los principios que fundamentan el Consultorio Jurídico. A continuación se presenta una relación de las entidades e instituciones que cuentan con la presencia de estudiantes de práctica de Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre- Seccional Pereira. Dando cumplimiento a lo ordenado por el artículo 1º. De la Ley 446 de 1998, donde se determina el apoyo de los estudiantes a los despachos judiciales, con el fin de colaborar con la descongestión de los mismos, el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, tiene a su cargo un total de noventa (90) estudiantes, distribuidos en los diferentes despachos judiciales, así: -

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Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira Consejo Seccional de la Judicatura


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Fiscalía General de la Nación, Fiscalías Delegadas ante los Jueces Penales del Circuito de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y La Virginia, Fiscalías Delegadas ante los Jueces Penales Municipales de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y la Virginia Juzgados de Familia Juzgados Laborales del Circuito de Pereira Juzgados Penales del Circuito de Pereira, Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal y La Virginia. Jueces Civiles del Circuito de Pereira, Santa Rosa y Dosquebradas Jueces Civiles Municipales de Pereira, Santa Rosa y Dosquebradas Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad Administración Judicial

En la actualidad se cumple con los siguientes convenios: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29.

Aguas y aguas de Pereira Camacol Rda Colegio Jesús María Ormaza Comisaría de Familia de Cuba Comisaría de Familia Dosquebradas Concejo Municipal de Pereira Consejo Profesional Seccional de Ingeniería y Profesiones Auxiliares Consejo Seccional de la Judicatura, con 50 estudiantes distribuidos en los distintos despachos judiciales. Consultorio Jurídico Casa de Justicia de Cartago Consultorio Jurídico Casa de Justicia de Cuba Consultorio Satélite de Dosquebradas Consultorio Satélite Santa Rosa de Cabal Consultorio Satélite Villa Santana Contraloría Departamental de Risaralda Contraloría Municipal Dosquebradas Control Interno Disciplinario Hospital San Jorge Control Interno Disciplinario Hospital Santa Mónica Defensoría del Pueblo Dirección Operativa Inspecciones Permanentes y Corregedurías de Pereira FENALCO Risaralda – Oficina Jurídica Fiscalía Dosquebradas Fiscalía General de la Nación Fiscalías Locales Santa Rosa de Cabal H. Tribunal Administrativo de Risaralda Hospital San Jorge ICBF Instituto Nacional Penitenciario y carcelario Regional Viejo Caldas Juzgado 159 de I.P.M. Juzgados Penales municipales de Dosquebradas

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Aspectos Generales 30. 31. 32. 33. 34. 35.

Municipio de La Virginia Oficina de Atención al Usuario de la Fiscalía General Oficina de Registro e Instrumentos Públicos Personería de La Virginia Salud Coop Risaralda – Oficina Jurídica Secretaria Administrativa Departamental Unidad de Control Interno Disciplinario 36. Universidad Tecnológica de Pereira Como puede observarse la presencia del Consultorio Jurídico de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre Seccional Pereira es amplia y variada; Es así como a través de los servicios que presta a las entidades e instituciones.la pràctica en el Consultorio Jurìdico constituye la oportunidad para los alumnos de conocer y acercarse a las distintas facetas que ofrece el ejercicio de la profesión de abogado. Desde lo anterior la publicación de este trabajo constituye en una ayuda pedagógica, una estrategia didáctica fundamental para orientar al estudiante que se inscriba para cursar la asignatura Consultorio Jurìdico en el abordaje de su ejercicio profesional desde el mismo proceso de formación superando el abismo que en la formación académica ha tenido la teoría y la aplicación del conocimiento.

El Autor.

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Prologo

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PROLOGO

He leído el Trabajo Titulado: “Guía Teórico Práctica para Consultorio Jurídico” y, lo primero que hay que decir, es que el doctor OSCAR DE J. MARTINEZ BETANCOURT, muestra con este trabajo, su talante como profesor. Es minucioso y logra asir instituciones o comportamientos que a menudo son pretermitidos, pero que tienen una honda significación, como por ejemplo: “El estudiante conciliador deberá estar quince minutos antes de la hora señalada para recibir a las partes. Una vez se produzca esta situación deberá identificarlos y procederá a ocupar la sala destinada para tal fin. Allí pondrá en ejercicio sus destrezas, habilidades y conocimientos jurídicos como conciliador, aprendidas durante el diplomado. De producirse acuerdo conciliatorio, es deber del estudiante conciliador digitar y proyectar el acta que contiene el acuerdo conciliatorio en los términos que las partes han establecido. De no producirse acuerdo, el estudiante levantará el acta de no acuerdo y su respectiva constancia.”

En todo el estudio demuestra y se podría decir metafóricamente se siente el entusiasmo que el doctor Martínez, le profesa al trabajo que realiza en el Consultorio Jurídico, no solo en beneficio de los estudiantes, sino y por sobre todo, por el compromiso que la Universidad adquiere con la comunidad. La Universidad y por sobre todo dentro de ella la Facultad de Derecho, debe desde los primeros años de estudio inculcar al estudiante el sentido social de la profesión. En un país como el nuestro, que ocupa un lugar deshonroso, como uno de los más desiguales del mundo, familiarizar a los estudiantes de Derecho con la realidad de su país, a través del Consultorio Jurídico, es prepararlos responsablemente para el futuro. Esa sensibilización del estudiante por su país, por su departamento, por su ciudad, va unida a un viático importantísimo, como es observar esas categorías procesales por decirlo en alguna forma actuantes, que en los primeros años de estudio, se captan abstractas, no contaminadas de realidad, como verdades eternas, y quizá sin utilidad práctica y social.

La obra del doctor OSCAR DE J MARTINEZ BETANCOURT, es de una gran utilidad y coincide con todo el replanteamiento, que se ha venido haciendo sobre la acción, para relacionarla estrechamente con el derecho material. La absoluta independencia de la acción procesal, con relación al derecho material, hoy no es de recibo como planteamiento teórico y mucho menos como praxis. Ir de la teoría a la práctica y de esta a la teoría enriquece y por sobre todo cuando el educando sabe para que es útil esa interacción.

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Prologo

Con los casos que atiende el Consultorio Jurídico, el estudiante entenderá y muy seguramente interiorizará la idea que el ejercicio profesional, en cualquiera de sus modalidades, es un servicio no sólo para su beneficio particular, sino fundamentalmente para lograr el mejoramiento y perfeccionamiento de la sociedad.

Es pues, muy serio y útil el trabajo del doctor OSCAR DE J MARTINEZ BETANCOURT y debe ser recomendado, para que sea leído y utilizado. La Universidad Libre debe sentir que entrega una obra que enriquece los estudios de Derecho y el Profesor Martínez la seguridad que su obra llena de orgullo a quienes somos profesores como él.

JAIRO PARRA QUIJANO Presidente Instituto Colombiano de Derecho Procesal Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico

1. NO PIERDA ESTOS CONSEJOS QUE LE PUEDEN SER ÚTILES EN SU PRACTICA DE CONSULTORIO JURÍDICO O EN SU VIDA PROFESIONAL. 1. Llegue siempre cinco (5) minutos antes de la hora indicada. 2. Asista lo mejor presentado posible. No se olvide que va a estar frente al público. 3. No salude ni se despida de mano, a excepción cuando el entrevistado lo invite a hacerlo. 4. Diríjase siempre en términos de señor(a), doctor(a). 5. No tutear a nadie durante la entrevista y menos en su ejercicio profesional. 6. Mire al entrevistado siempre a los ojos. 7. Evite utilizar ademanes mientras se expresa. 8. Dé respuestas precisas, sino lo puede hacer, inmediatamente consulte y luego responda. 9 Demuestre seguridad, hable claro y firmemente. 10. No maldiga, ni se queje, ni critique nada de sus compañeros y mucho menos de su profesión. 11. Sea honrado, responsable y disciplinado, pues de allí depende el éxito. 12. No abandone los casos que le sean entregados para su trámite, le puede causar problemas. 13 Evítese molestias que lo puedan llevar a la pérdida de la materia o a la suspensión de la carrera. 14. No se le ocurra exigir dinero por el trámite de los asuntos que le sean encomendados, salvo las excepciones legales y reglamentarias. 15. Siga siempre el conducto regular: Monitor- Asesor- Director. 16. Observe el reglamento de la Facultad, fundamentalmente el del Consultorio Jurídico, es estricto. 17. No permita que alguien lo irrespete, exija al público buen trato, igual al que usted debe dar.

2. ACUERDO No. 11 (Diciembre 4 de 2002) Por medi o del cual se adopta el Reglamento del Consultorio Jurídico, de las Facultades de Derecho de la Universidad Libre. La Consiliatura de la Universidad Libre, en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, acuerda expedir el reglamento del Consultorio Jurídico de las Facultades de Derecho, cuyo contenido aparece a continuación.

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios CAPITULO I DE LOS OBJETIVOS ARTICULO 1. Definición. Consultorio Jurídico- es una asignatura del plan de estudios de las Facultades de Derecho, que se desarrolla de conformidad con las normas vigentes. ARTICULO 2. Objetivos. Son objetivos del Consultorio Jurídico los siguientes: a. Formar en el estudiante una conciencia crítica constructiva para el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes, con fundamento en la función social de la educación; b. Buscar la formación de profesionales en todas las áreas del conocimiento, que sobresalgan por la entereza moral, excelencia académica, amor al estudio y la investigación, decisión de luchar en defensa de la democracia, la libertad y la dignidad del hombre y, por tanto, personas tolerantes, respetuosas de las creencias y derechos de los demás; c. Prestar asistencia jurídica gratuita a personas de escasos recursos económicos; d. Recomendar la celebración de convenios con entidades públicas, empresas privadas, organizaciones no gubernamentales, representaciones diplomáticas de países extranjeros, Cámaras de Comercio, organizaciones sindicales y juntas de acción comunal, que sirvan para el desarrollo institucional del Consultorio Jurídico; ARTICULO 3. Dependencia. El Consultorio Jurídico depende directamente de la Decanatura de la Facultad de Derecho.

CAPITULO II DE LOS ESTUDIANTES ARTICULO 4. Definición. Son estudiantes adscritos al Consultorio Jurídico los alumnos que registren la asignatura prevista en el plan de estudios, y hayan cumplido con los requisitos internos que señala este reglamento. ARTICULO 5. De los Derechos. Los estudiantes del Consultorio Jurídico tienen los siguientes derechos además de los establecidos en el artículo 36 del Reglamento Estudiantil: a)

Obtener las correspondientes certificaciones que los acreditan como miembros activos del Consultorio Jurídico; dentro de los dos días hábiles siguientes a la fecha de reparto del proceso asignado. ARTICULO 6. De los deberes. Los estudiantes del Consultorio Jurídico tienen los siguientes derechos además de los establecidos en el artículo 37 del Reglamento Estudiantil:

a)

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Inscribirse en el Consultorio Jurídico dentro del término fijado en el plan calendario;


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico b) c) d)

e) f) g)

Atender al público y permanecer en las sedes durante los turnos establecidos; Diligenciar debidamente las entrevistas en los casos de competencia del Consultorio Jurídico, bajo estricta supervisión del profesor de turno; Asumir el conocimiento del caso asignado, en forma diligente y ordenada, en coordinación con el interesado, para obtener todos los datos y pruebas pertinentes para la gestión encomendada; Impulsar y tramitar eficientemente los procesos asignados con estricta observancia de la ética profesional; Bajo la asesoría del profesor asesor. Llevar la historia de los procesos en sus correspondientes carpetas, las que permanecerán en la oficina jurídica del consultorio; Rendir los informes de los procesos asignados dentro de las fechas señaladas en el respectivo calendario.

CAPITULO III DEL REGIMEN ACADEMICO ARTICULO 7 Programa. El programa de la asignatura Consultorio Jurídico está conformado por dos (2) áreas que se desarrollan de manera presencial y en forma práctica, denominadas así: a. b.

Intervención en procesos; Cumplimiento y desempeño en los turnos asignados en las diferentes sedes del Consultorio Jurídico y su Centro de Conciliación. ARTICULO 8. Los turnos y su cumplimiento. Es la labor realizada por los miembros activos del Consultorio Jurídico en las sedes de acuerdo con la programación establecida por el Consultorio Jurídico y que deberán cumplirse conforme al reglamento. ARTICULO 9. Intervención en procesos: Es el conjunto de actuaciones realizadas por los estudiantes en la solución de los conflictos de los cuales conozcan de acuerdo con la competencia del Consultorio Jurídico. ARTICULO 10. Impedimentos. Es la excusa de un estudiante para no cursar el área de Intervención en procesos, cuando se den las circunstancias previstas en la Ley 583/2000, quienes deberán realizar una línea de investigación de acuerdo con la programación establecida por la Dirección. CAPITULO IV DE LA EVALUACIÓN ACADEMICA ARTICULO 11. Evaluación cuantitativa. La asignatura Consultorio Jurídico se aprueba cuando el estudiante obtiene una nota mínima de tres cero (3.0) en cada una de las unidades que la integra, que son: Intervención en Procesos, Cumplimiento y desempeño en los turnos asignados en las sedes del Consultorio Jurídico y su Centro de Conciliación.

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios PARÁGRAFO I. El trabajo académico en los turnos será evaluado en una escala de cero punto cero (0.0) a cinco punto cero (5.0) y los items calificados serán: a) Cumplimiento que incluye: puntualidad, presentación personal, y comportamiento. b) Conocimientos, es decir la asesoría que se brinde de acuerdo al caso o casos consultados durante su permanencia del turno. c) Documentos, sea la hoja de consulta, lo entrevista o las actas de las audiencias realizadas cuando el turno se preste en el Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico. PARÁGRAFO II. El trabajo académico será evaluado en una escala de cero punto cero (0.0) a cinco punto cero (5.0) para cada proceso exceptuando los archivados por inasistencia o desinterés de los usuarios. Esta calificación será el resultado de un mínimo de cuatro revisiones programadas a lo largo del período académico Si el estudiante obtiene una nota inferior a tres (3.0) en cualquiera de las unidades que integran la materia, improbará la asignatura Consultorio Jurídico, reportándose a la oficina de Registro y Control de notas de la Facultad IMPROBADO, y tendrá que repetirla en el año siguiente. La nota de Consultorio Jurídico no es computable con el promedio de las demás asignaturas. ARTICULO 12. De las fallas. La asistencia es obligatoria a todas las actividades programadas dentro de las dos áreas que se desarrollan en el Consultorio Jurídico, por tanto se perderá la respectiva área por inasistencia justificada o no mayor del cinco por ciento (5%).

CAPITULO V DEL REGIMEN DISCIPLINARIO ARTICULO 13. De las faltas de los Docentes. Son faltas disciplinarias del profesor de Consultorio Jurídico, además de las previstas en el Estatuto Docente, las siguientes: a. b. c.

Exigir o recibir dineros o dádivas a los usuarios del Consultorio jurídico y centro de Conciliación para la prestación del servicio. Asumir directamente o recomendar abogados para tramitar los asuntos que son motivo de consulta en el Consultorio Jurídico y centro de conciliación. No cumplir con las revisiones académicas de acuerdo con la programación del consultorio jurídico en los procesos de asesoría a su cargo. ARTICULO 14. De las faltas de los asistentes docentes del director del Consultorio Jurídico. Son faltas de los asistentes docentes del director del Consultorio Jurídico, además de las previstas en el capítulo XI del reglamento estudiantil vigente:

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico a) b) c)

Asumir directamente o recomendar abogados para tramitar los asuntos que son motivo de consulta en el Consultorio Jurídico. Asumir directamente o recomendar abogados para tramitar los asuntos que son motivo de consulta en el Consultorio Jurídico y centro de conciliación. No cumplir con los horarios establecidos para el desempeño de su labor. ARTICULO 15. De las faltas de los estudiantes. Además de las previstas en el Reglamento Estudiantil, son faltas de los estudiantes:

a) b) c)

Exigir o recibir dineros o dádivas a los usuarios del Consultorio Jurídico para la prestación del servicio. Asumir directamente o recomendar abogados para tramitar los asuntos que son motivo de consulta en el Consultorio Jurídico. No cumplir con los horarios establecidos para el desempeño de su labor. ARTICULO 16. De las sanciones. El procedimiento disciplinario y las sanciones aplicables a los docentes, Asistentes Docentes del Director del Consultorio Jurídico y estudiantes, serán las establecidas en el Estatuto Docente, y el Reglamento Estudiantil respectivamente.

CAPITULO VI DE LA COMPETENCIA DEL CONSULTORIO JURIDICO ARTICULO 17. Competencia del Consultorio Jurídico. El Consultorio Jurídico tendrá competencia en los siguientes asuntos: a)

b) c) d)

e) f) g)

h)

i)

En los procesos penales de que conocen los jueces municipales y los fiscales delegados ante éstos, así como las autoridades de policía, en condición de apoderados de los implicados; En los procesos penales de competencia de la jurisdicción ordinaria, como representante de la parte civil. De oficio, en los procesos penales como voceros o defensores en audiencia: En los procesos laborales, en que la cuantía de la pretensión no exceda de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes y en las diligencias administrativas de conciliación en materia laboral. En los procesos civiles de que conocen los jueces municipales en única instancia; En los procesos de alimentos que se adelanten ante los jueces de familia; De oficio, en los procesos disciplinarios de competencia de las personerías municipales y Procuraduría General De la nación; las autoridades administrativas, los organismos de control y las entidades constitucionales autónomas. A petición de parte interesada, tramitar derechos de petición, acción de tutela y acción popular, con fundamento en los artículos 23,29,86,87 y 88 de la Constitución Nacional. Y los que la Ley establezca.

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios CAPITULO VII OTRAS DISPOSICIONES ACADEMICAS ARTICULO 18. Atención al Público: Las sedes del Consultorio Jurídico permanecerán abiertas para las personas que requieran sus servicios, en días hábiles, y serán atendidas por los Asistentes Docentes y los estudiantes en forma rotativa, en turnos y horarios determinados por la Dirección del Consultorio Jurídico. En las sedes distintas a la principal, la dirección podrá señalar horarios diferentes, aún en días festivos, teniendo en cuenta las necesidades de la comunidad en cada una de ellas. En los períodos de vacaciones de los alumnos, en los días que no sean de vacancia judicial, los Profesores Asesores y los Asistentes Docentes del Director atenderán en la forma que reglamente la Dirección.

CAPITULO VIII COMITÉ ASESOR ARTICULO 19. Definición. Es un órgano adscrito del Consultorio Jurídico, a fin de asesorarlo en el desarrollo de políticas y la toma de decisiones. ARTICULO 20. Composición. El Comité Asesor está integrado de la siguiente manera: a) b) c) d)

El Director, quien lo preside; El Delegado del Decano. Los profesores de Tiempo completo del Consultorio Jurídico. Hará las veces de Secretario del Comité Asesor el Coordinador del Consultorio Jurídico. Los integrantes deberán asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas por el Director y las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los asistentes. ARTICULO 21. Funciones. Son funciones del Comité Asesor:

a) b)

c)

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Asesorar al Director en el diseño de pautas y programas académicos que se desarrollan en el período lectivo; Atender los problemas académicos planteados por el Director, provenientes de los profesores, Asistentes Docentes, estudiantes y usuarios del Consultorio Jurídico. Resolver por vía de reposición lo referente a las decisiones tomadas por el Comité respecto a quejas o reclamos relacionados con las calificaciones de los profesores.


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico d) e) f)

Decidir sobre solicitudes de estudiantes de Consultorio Jurídico o declarar los impedimentos de acuerdo con las normas legales vigentes; Interpretar, cumplir y hacer cumplir este reglamento. Las demás que le asigne el presente reglamento el Director y el Decano de la Facultad de Derecho. ARTICULO 22. De los recursos. Contra las decisiones del Comité Asesor proceden los siguientes recursos:

a) b)

Reposición ante el mismo Comité. Apelación ante el Comité de Unidad Académica de la Facultad de Derecho. Los recursos deben ser interpuestos dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de la nota o de la notificación de la providencia que tome la decisión.

CAPITULO IX DE LA DIRECCIÓN ARTICULO 23. Dirección del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación. Es la encargada de implementar las políticas tendientes al logro de sus objetivos en la cual se encuentra un ejecutivo que se denomina Director y depende directamente de la Decanatura de la Facultad de Derecho. ARTICULO 24. Requisitos del cargo de Director. Para desempeñar el cargo de Director del Consultorio jurídico y del Centro de Conciliación se requiere: a) b) c) d)

Ser abogado titulado. Acreditar la calidad de Conciliador Haber sido profesor en la Universidad Libre como mínimo durante cuatro años. Acreditar título de Postgrado. ARTICULO 25. Funciones del Director. Al Director del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación le corresponden las siguientes funciones:

a)

b)

c)

Fijar políticas y adoptar los planes generales relacionados con el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, y velar por el cumplimiento de los términos y condiciones establecidas para su ejecución. Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento en sus dependencias de los objetivos y el reglamento del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación , en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas por la Facultad de Derecho y la dirección de la Universidad; Organizar el funcionamiento del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación y proponer ajustes a la estructura orgánica, de acuerdo con las necesidades y las políticas internas de la Universidad.

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios d)

Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación y las demás disposiciones que regulen los procedimientos y los trámites administrativos internos de la Universidad; Adelantar dentro del marco de las funciones propias como Director del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los proyectos y programas académicos; Representar a la Universidad por delegación de las autoridades académicas de la misma en reuniones nacionales e internacionales relacionadas con los asuntos de su competencia como Director del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación; Adoptar sistemas o canales de información interinstitucional para la ejecución y el seguimiento de los programas y proyectos del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación; Presentar los informes de labores a la Decanatura de la Facultad de Derecho; Convocar y presidir el Comité Asesor del Consultorio Jurídico a reuniones ordinarias y extraordinarias; Ejercer estricta vigilancia en el cumplimiento de las funciones y deberes de los asesores, profesores catedráticos y personal del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación; Vigilar que los servicios que presta el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación se realicen en forma eficaz y conforme a la normatividad; Designar y dar posesión a los asistentes docentes del Director del Consultorio Jurídico y centro de Conciliación, y Las demás que señalen los estatutos y reglamentos.

e)

f)

g)

h) i) j)

k) l) m)

CAPITULO X DEL COORDINADOR ARTICULO 26. Coordinador del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, es el encargado de manejar y desarrollar los asuntos académicos del Consultorio Jurídico para el logro de los objetivos de este Reglamento, el cual está a cargo de un funcionario denominado Coordinador. ARTICULO 27. Requisitos del Coordinador. Para desempeñar el cargo de Coordinador del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación se requiere: a) b) c)

Ser abogado titulado; Haber sido profesor en la Universidad Libre como mínimo durante 3 años. Ser Conciliador

ARTICULO 28. Funciones del Coordinador . Son funciones del Coordinador del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación las siguientes: a)

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Responder por el efectivo cumplimiento de los programas y proyectos académicos del Consultorio Jurídico.


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico b)

c) d) e) f) g) h)

i)

Promover y participar en los estudios e investigaciones que permitan mejorar la prestación de los servicios de Consultorio Jurídico sobre todo en lo referente a las sedes del mismo ; Llevar el registro de la asistencia de los asistentes docentes, y estudiantes en el desarrollo del Consultorio Jurídico; Rendir los informes solicitados además de los que normalmente debe presentar acerca del funcionamiento de su cargo; Realizar reuniones periódicas con los asistentes docentes del Consultorio Jurídico; Controlar y realizar el computo de todas las notas de los estudiantes inscritos en el Consultorio Jurídico. Hacer las veces del secretario de Comité Asesor del Consultorio Jurídico. Asistir en representación del Consultorio Jurídico a reuniones y demás actividades, cuando medie delegación del Director o de las Autoridades Académicas de la Universidad; Ejercer las demás funciones que le señale el Director del Consultorio Jurídico.

CAPITULO XI DE LA DOCENCIA ARTICULO 29. Docencia del Consultorio Jurídico. Es la actividad que depende en línea de la dirección, encargada de regentar la docencia en las unidades que conforman el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación. Los responsables por la misma son docentes de tiempo completo, medio tiempo y catedráticos de la Universidad en el Consultorio Jurídico. ARTICULO 30. Funciones de los docentes. Son funciones de los profesores de tiempo completo, de medio tiempo y catedráticos del Consultorio Jurídico de acuerdo al área que desarrollen, además de las señaladas en el Reglamento Docente, las siguientes: a) b) c)

d) e) f) g)

Orientar y dirigir la consulta, certificando con su visto bueno el diligenciamiento de la hoja de consulta y/o entrevista diseñados para el efecto. Controlar la asistencia de asistentes docentes y estudiantes; Revisar y autorizar los asuntos de acuerdo con la competencia del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación y firmar las actuaciones correspondientes de los estudiantes ante los despachos judiciales y administrativos; Participar en los talleres de inducción que señale la dirección del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación con ocasión del ingreso de los nuevos alumnos; Dictar conferencias, programar reuniones y mesas redondas con los estudiantes. Calificar los procesos llevados por los estudiantes en cuatro (4) oportunidades. Las demás que el Director del Consultorio Jurídico y el Comité Asesor le señalen.

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios CAPITULO XII DE LOS ASISTENTES DOCENTES ARTICULO 31. Definición. Son Asistentes docentes del Consultorio Jurídico los egresados no graduados de las Facultades de Derecho de la Universidad, quienes realizan práctica estrictamente encaminada a cumplir con el requisito de la judicatura, por el tiempo y horario que determinen la ley y los reglamentos internos de la Universidad. PARÁGRAFO. En ningún caso estos tienen vínculo laboral o civil con la Universidad, dado su carácter de estudiantes. ARTICULO 32. Requisitos. Para ser Asistente Docente del Director del Consultorio Jurídico se requiere: a) Ser egresado de una Facultad de Derecho de la Universidad Libre; b) Poseer Licencia Temporal Vigente; c) Haber obtenido un promedio general de calificaciones igual o superior a tres siete (3.7). ARTICULO 33. Funciones. Son funciones de los Asistentes Docentes las siguientes: a) b) c) d) e) f) g) h)

Asumir el carácter de Asistente Docente del Director del Consultorio Jurídico. Colaborar con los profesores en la prestación del servicio de Asesoría Jurídica del Consultorio Jurídico. Vigilar la atención al público para que esta se cumpla en forma eficaz y oportuna; Prestar al estudiante la asesoría primaria durante la entrevista sin perjuicio de la asesoría que corresponda al profesor. Cumplir con los turnos que le sean asignados en las diferentes sedes del Consultorio Jurídico. Asistir a los seminarios de actualización programados; Colaborar en la revisión de los procesos, a solicitud del Director del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación . Las demás que les señale el Director o el Comité Asesor. ARTICULO 34. Vigencia. El presente reglamento regirá a partir de la fecha de su publicación la cual se realizará al interior de la Universidad a través de la Secretaria General.

PUBLIQUESE Y CUMPLASE Dado en la ciudad de Bogotá D.C., a los cuatro (4) días del mes de Diciembre de 2002.

LUIS FRANCISCO SIERRA REYES Presidente Nacional

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PABLO EMILIO CRUZ SAMBONI Secretario General


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico 3. ACUERDO No 14 (Diciembre 4 de 2002)Por medio de la cual se adopta el Reglamento del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico, de las Facultades de Derecho de la Universidad Libre. La Consiliatura de la Universidad Libre, en ejercicio de sus atribuciones legales y estatutarias, acuerda expedir el reglamento del Centro de Conciliación del Consultorio jurídico de las Facultades de Derecho, cuyo contenido aparece a continuación:

CAPITULO I DE LA CREACION ARTICULO 1. Creación. En cumplimiento y desarrollo de lo dispuesto por el Artículo 68 de la Ley 23 de 1991, su Decreto Reglamentario número 800 de 1991 y la resolución número 1088 del mismo año. La República de Colombia, Ministerio de Justicia a través del Viceministro en uso de sus facultades legales y especiales autorizó mediante la Resolución número 3051 del 29 de octubre de 1992, el funcionamiento del Centro de Conciliación de la Facultad de Derecho de la Corporación Universidad Libre, Sede Principal., el cual se crea como una dependencia de la Facultad de Derecho, adscrita al Consultorio Jurídico que en ella funciona y su finalidad será la de promover y hacer efectivos acuerdos extrajudiciales entre particulares y respecto de controversias que, de conformidad con la ley puedan resolverse mediante conciliación.

CAPITULO II DE LA MISIÓN Y LA VISION ARTICULO 2. Misión. Promover y liderar la transformación de la solución de conflictos, revisando metodologías y modelos, logrando que se documenten políticas y estrategias con estructuras que sirvan de aporte al marco legal y regulen la prevención y la forma de conciliar diferencias. ARTICULO 3. Visión. Ser punto de referencia nacional e internacional de los Centros de Conciliación por nuestra contribución en la búsqueda, de la excelencia en la solución de conflictos, reconocidos por la calidad, solidez humana, jurídica y social.

CAPITULO III DE LOS OBJETIVOS Y LAS METAS ARTICULO 4. Objetivos. Son objetivos del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico:

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios a)

b) c) d) e) f) g)

Buscar la formación de profesionales en todas las áreas del conocimiento, que sobresalgan por la entereza moral, excelencia académica, amor al estudio la investigación, decisión de luchar en defensa de la democracia, la libertad y la dignidad del hombre y, por tanto, personas tolerantes, respetuosas de las creencias y derechos de los demás; Estructurar el proceso de la Conciliación; Liderar la transformación de la solución de conflictos; Servir de terceros neutrales en la mediación de un conflicto; Consolidar la confianza de los usuarios en nuestro centro y sus satélites, diagnosticar y diseñar metodologías; Ser reconocidos por nuestra excelencia en la solución de conflictos y calidad humana; Documentar políticas y estrategias que aporten al marco legal en la solución de conflictos.

ARTICULO 5. Metas. Son metas del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico: a)

b) c) d) e) f) g) h)

Generar conocimientos mediante la investigación de desarrollo y apropiación de metodologías de muy alta calidad, aplicables y replicables en la solución de conflictos; Dirigir estudios y realizar programas tendientes a la solución extrajudicial de conflictos; Organizar y promover programas, procedimientos que medien la normatividad y la proyección del Centro de Conciliación; Coordinar programas con entidades que desarrollen actividades afines; Educar a las comunidades en el uso de los centros de conciliación; Controlar y evaluar el cumplimiento de los objetivos, planes y programas de los mecanismos alternativos de solución de conflictos; Difundir el conocimiento, experiencias relevantes, información y recursos que sirvan de apoyo para el mejoramiento de la solución de conflictos; Integrar esfuerzos y generar espacios de reflexión y concertación entre entidades afines.

CAPITULO IV DE LOS INDICADORES ARTICULO 6. Indicadores. Se entiende por indicadores del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico aquellos que definirán el cumplimiento de las metas y objetivos del mismo. Se trabajará con indicadores de gestión, de proceso, de resultados y gráficos secuenciales.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico CAPITULO V DE LA ESTRUCTURA ARTICULO 7. Estructura. El Centro de Conciliación es una dependencia de la Facultad de Derecho adscrito al Consultorio jurídico, que desarrolla su acción en dos vías: docencia y proyección social.

CAPITULO VI DEL COMITÉ ASESOR ARTICULO 8. Definición. Es un órgano adscrito del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico, a fin de asesorarlo en el desarrollo de políticas y la toma de decisiones. ARTICULO 9. Composición. El Comité Asesor está integrado de la siguiente manera: a) b) c) d)

El Director, quien lo preside; El Delegado del Decano, Los profesores Asesores del Centro de Conciliación del Consultorio jurídico; Hará las veces de Secretario del Comité Asesor el Secretario Académico del Centro de Conciliación del Consultorio jurídico. Los integrantes deberán asistir a las reuniones ordinarias y extraordinarias convocadas por el Director y las decisiones se adoptarán por mayoría absoluta de votos de los asistentes. ARTICULO 10. Requisitos. Para ser miembro del Comité Asesor se requiere: a) b)

Ser abogado titulado y Conciliador; Ser profesor Asesor del Centro de Conciliación de la facultad de derecho del Centro de Conciliación adscrito al Consultorio Jurídico.

ARTICULO 11. Funciones. Son funciones del Comité Asesor: a) b)

c) d)

Asesorar al Director en el diseño de pautas y programas académicos que se desarrollan en el período lectivo; Atender los problemas académicos planteados por el Director, provenientes de los profesores, asistentes docentes, estudiantes y usuarios del centro de Conciliación del Consultorio Jurídico; Interpretar, cumplir y hacer cumplir este reglamento, y Las demás que le asigne el presente Reglamento, el Director y el Decano de la Facultad de Derecho.

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios CAPITULO VII DE LA DIRECCION ARTICULO 12. La Dirección del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico. Al frente de esta se encuentra el Director del Consultorio Jurídico. ARTICULO 13. Funciones del Director. Al Director del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico le corresponden las siguientes funciones: a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h) i) j)

k) l) m)

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Fijar políticas y adoptar los planes generales relacionados con el Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico, y velar por el cumplimiento de los términos y condiciones establecidas para su ejecución; Dirigir, controlar y velar por el cumplimiento en sus dependencias de los objetivos y el reglamento del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico, en concordancia con los planes de desarrollo y las políticas trazadas por la facultad de derecho y la dirección de la Universidad; Organizar el funcionamiento del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico y proponer ajustes a la estructura orgánica, de acuerdo con las necesidades y las políticas internas de la Universidad; Velar por el cumplimiento de las normas orgánicas del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico y las demás disposiciones que regulen los procedimientos y los trámites administrativos internos de la Universidad. Adelantar dentro del marco de las funciones propias como Director del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico, las gestiones necesarias para asegurar el oportuno cumplimiento de los proyectos y programas académicos; Representar a la Universidad por delegación de las autoridades académicas de la misma en reuniones nacionales e internacionales relacionadas con los asuntos de su competencia como Director del Centro de Conciliación del Consultorio jurídico; Adoptar sistemas o canales de información interinstitucional para la ejecución y el seguimiento de los programas y proyectos del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico; Presentar los informes de labores a la Decanatura de la Facultad de Derecho; Convocar y presidir el Comité Asesor del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico a reuniones ordinarias y extraordinarias; Ejercer estricta vigilancia en el cumplimiento de las funciones y deberes de los docentes, profesores catedráticos y personal del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico; Vigilar que los servicios que presta el Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico se realicen en forma eficaz y conforme a la normatividad; Designar y dar posesión a los asistentes docentes del Director del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico, y Las demás que señalen los estatutos y reglamentos.


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico CAPITULO VIII DE LA SECRETARIA ACADEMICA ARTICULO 14. Denominación del cargo. Secretaria del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico. ARTICULO 15.- Requisitos del Secretario del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico: a) b) c)

Ser Abogado. Acreditar la calidad de conciliador. Haber sido profesor en la Universidad Libre como mínimo durante dos años.

ARTICULO 16. Funciones del Secretario Académico. Son funciones del secretario académico del consultorio jurídico y Centro de Conciliación las siguientes: a) b)

c) d) e) f)

g)

Coadyuvar en la formulación de las políticas y en la determinación de los programas y proyectos del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico; Administrar, dirigir, controlar, y evaluar el desarrollo de los programas, los proyectos y las actividades del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico; Asistir en representación del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico, a reuniones y demás actividades, cuando medie la delegación o asignación; Llevar todos los libros reglamentarios del Centro de Conciliación; Hacer las veces de Secretario del Comité Asesor; Controlar y realizar el computo de todas las notas de los estudiantes inscritos en el Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico, para efectos de pasarlas a la oficina de Registro y Control de Notas; Las demás que le sean asignadas por el Director del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, y el Decano de la Facultad de Derecho;

CAPITULO IX DE LA DOCENCIA ARTICULO 17. Docencia del Consultorio Jurídico. Es la actividad que depende en línea de la dirección, encargada de regentar la asesoría en el Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico. Los responsables por la misma son docentes de tiempo completo, medio tiempo y catedráticos de la universidad en el Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de las Facultades de Derecho. ARTICULO 18. Funciones de los docentes. Son funciones de los profesores de tiempo completo, de medio tiempo y catedráticos del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico, además de las señaladas en el Reglamento Docente, las siguientes:

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios a) b) c)

Asesorar a los conciliadores en aquellos asuntos que así lo requieran; Controlar la asistencia de asistentes docentes y estudiantes; Revisar y autorizar los asuntos de acuerdo con la competencia del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico; Participar en los talleres de inducción que señale la Dirección del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico con ocasión del ingreso de los nuevos alumnos; Dictar conferencias, programar reuniones y mesas redondas con los estudiantes, y Las demás que el Director del Consultorio Jurídico y el Comité Asesor le señalen.

d)

e) f)

CAPITULO X DE LOS ASISTENTES DOCENTES ARTICULO 19. Definición. Son Asistentes Docentes del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico, los egresados no graduados de las Facultades de Derecho de la Universidad, quienes realizan prácticas como Abogados Conciliadores para cumplir con el requisito de la Judicatura en el tiempo y horario que determinen la ley y los reglamentos. PARÁGRAFO. En ningún caso estos tienen vínculo laboral o civil con la Universidad, dado su carácter de estudiantes. PARÁGRAFO. En ningún caso estos tienen vínculo laboral o civil con la Universidad, dado su carácter de estudiantes. ARTICULO 20. Requisitos. Para ser Asistente Docente del Director del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico se requiere: a) b) c) d)

a) b) c) d)

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Ser egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre; Acreditar la calidad de Conciliador; Poseer licencia temporal vigente; Haber obtenido un promedio general de calificaciones igual o superior a tres siete (3.7).

ARTICULO 21. Funciones. Son funciones de los asistentes docentes las siguientes: Asumir el carácter de Asistente Docente del Director del Centro de Conciliación de Consultorio Jurídico; Elaborar las actas de conciliación cuando actúe como conciliador; Asesorar permanentemente a los estudiantes en la recepción de consultas, elaboración de Actas de Conciliación (redacción, competencia); Actuar como conciliadores cuando los estudiantes designados como tales, por razones de enfermedad, trabajos, horarios de clase , examen o causa justificada, se encuentren imposibilitados;


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico e)

Coordinar con el usuario del Centro de Conciliación y estudiante la prestación eficiente del servicio para el primero y el buen desarrollo para el éxito académico y profesional del segundo; f) Llevar el control de las audiencias suspendidas y cumplimientos; g) Informar oportunamente cualquier irregularidad al superior cuando observe algún tipo de incumplimiento por una o ambas partes; h) Cumplir con el horario asignado para el desempeño de sus funciones; i) Colaborar con los profesores asesores o auxiliares en la organización interna del Centro de Conciliación y la vigilancia de todos los materiales y elementos del mismo; j) Acatar y hacer cumplir las disposiciones emanadas de la Universidad, la dirección del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico y los abogados asesores; k) Llevar las estadísticas de las actas de conciliación celebradas y las de no acuerdo; l) Asistir a los seminarios de actualización, programados por el Centro de Conciliación y m) Velar para que se realice la audiencia de conciliación en las fechas y horas señaladas por el Centro.

CAPITULO XI DE LOS ESTUDIANTES ARTICULO 22. Definición. Son estudiantes adscritos al Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico, los alumnos que registren la unidad prevista en el Reglamento del Consultorio Jurídico denominada Cumplimiento con las prácticas del Centro de Conciliación y que hayan cumplido con los requisitos internos que señala este Reglamento. ARTICULO 23. Requisitos para ser Conciliador. Además de cumplir con las obligaciones como miembros del Consultorio Jurídico durante el periodo lectivo, correspondiente al cuarto año, los estudiantes previa su designación deberán cursar y aprobar el programa especial de capacitación en Conciliación de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, conforme a lo reglado en la Resolución 477 del Ministerio de Justicia y del Derecho. ARTICULO 24. De las obligaciones del estudiante Conciliador. Los estudiantes conciliadores del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico, tienen las siguientes obligaciones: a) b) c) d) e) f)

Actuar como conciliadores en los asuntos que por cuantía sean competencia de los Consultorios Jurídicos; Citar a las partes de conformidad con lo dispuesto en la ley; Hacer concurrir a quienes, en su criterio, deban asistir a la audiencia Ilustrar a los comparecientes sobre el objeto, alcance y límites de la conciliación; Motivar a las partes para que presenten fórmulas de arreglo con base en los hechos tratados en la audiencia; Formular propuestas de arreglo;

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios g) h) i) j) k)

Levantar el acta de la audiencia de conciliación; Registrar el acta de la audiencia de conciliación de conformidad con lo previsto en esta ley; Es deber del conciliador velar por que no se menoscaben los derechos ciertos e indiscutibles, así como los derechos mínimos e intransigibles; Permanecer en la sedes durante los turnos establecidos; Asistir a todo el programa de educación continuada que se desarrolle en capacitación y actualización del Centro de Conciliación.

ARTICULO 25. De las listas de Conciliadores: Las listas de los Conciliadores se integrarán con los nombres de los estudiantes de cuarto año miembros del Consultorio Jurídico, que haya aprobado el curso a que se refiere el artículo anterior. ARTICULO 26. De la designación: La designación del Conciliador se hará en estricto orden alfabético, sin que un estudiante pueda atender una nueva audiencia hasta tanto la totalidad de los miembros de la lista no haya sido agotada, y así sucesivamente de acuerdo a las necesidades del Centro. ARTICULO 27. Programa de Educación Continuada. Es programa de Educación Continuada del Centro de Conciliación: La capacitación de carácter interno que permitirá la actualización constante en todos los temas relacionados con los métodos alternativos de solución de conflictos. ARTICULO 28. Gratuidad de la Conciliación. El trámite de la Conciliación y su registro, no tendrá costo alguno para las partes y la atención será gratuita. ARTICULO 29. La citación a la audiencia de Conciliación extrajudicial en derecho deberá intentarse en el menor tiempo posible y comunicarse a las partes por el medio que el conciliador considere más expedito y eficaz, indicando sucintamente el objeto de la conciliación y mencionando las consecuencias jurídicas de la no comparencia. La citación debe incluir el número de fecha, destinatario, remitente, fecha de la audiencia, firma autorizada y del notificado. La anterior citación se adecuará a las diferentes áreas del derecho. La audiencia de conciliación deberá intentarse en el menor tiempo posible, lo cual, en todo caso, deberá surtirse dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la solicitud, pudiendo ser prolongada por mutuo acuerdo.

CAPITULO XII DEL CODIGO DE ETICA ARTICULO 30. DE LA CONCILIACION. En la Conciliación todos somos activos participantes en la solución del conflicto, los Conciliadores tienen un deber hacia las partes, hacia su profesión o actividad y para consigo mismos. Deben actuar de manera clara en relación con los participantes; deben ser honestos e

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico imparciales, promover la confianza de las partes, obrar de buena fe, ser diligentes y no buscar el propio interés. El Conciliador es un profesional con responsabilidades y deberes éticos. Todos los Conciliadores, tanto de planta como ocasionales, que ejerzan como tales en el Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la Universidad Libre, deben sujetarse a los principios éticos. ARTICULO 31. Ámbito de aplicación. Este Reglamento establece el conjunto de principios de carácter ético y moral así como algunos procedimientos y reglas que deben seguir los Conciliadores del Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico de la Universidad Libre. El Centro es responsable de velar por el cumplimiento de éste. ARTICULO 32. Información sobre el Proceso Conciliatorio. Al iniciar la Conciliación, el Conciliador deberá informar detalladamente a las partes sobre sus funciones específicas, procedimiento a seguirse, las características propias de las audiencias y la naturaleza del acuerdo que firmarían eventualmente. El Conciliador deberá asegurarse de la comprensión de los participantes y su consentimiento sobre esos puntos. ARTICULO 33. Papel de la Conciliación. El Conciliador está obligado a educar a las partes e involucrarlas en el proceso de Conciliación. El Conciliador debe considerar que la audiencia de Conciliación cumple un papel pedagógico que transciende la solución del conflicto específico y que posibilita preparar a las partes para manejar futuros conflictos en una forma más productiva y creativa, contribuyendo de ese modo al establecimiento de una cultura de paz. ARTICULO 34. Papel del Conciliador. El Conciliador es aquella persona que actúa como un recurso activo, a quien puede recurrirse cuando sea apropiado y necesario. El Conciliador debe estar preparado para dar sugerencias en cuanto al procedimiento y alternativas que ayuden a las partes a llegar a acuerdos mutuamente satisfactorios. Debido al estatus, experiencia y habilidad que tiene el Conciliador debe estar consciente de que sus sugerencias y recomendaciones pueden ser aceptadas por las partes sin medir sus consecuencias. Por lo tanto, debe evaluar cuidadosamente el impacto de sus intervenciones o propuestas y asumir plena responsabilidad por su actuación. La información recibida por el Conciliador en la Audiencia de Conciliación es confidencial y no debe ser revelada a ninguna otra persona ni a las partes fuera del contexto de la audiencia.

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios ARTICULO 35. Uso de la información. El Conciliador no puede utilizar la información adquirida durante el proceso conciliatorio, para beneficiar a terceros o así mismo. ARTICULO 36. Neutralidad. El Conciliador debe expresar y revelar al Centro y a las partes, tan pronto sea designado o tome conocimiento de algún caso, todas las afiliaciones económicas, sicológicas, emocionales o profesionales que tuviera con alguna de las partes, que pudieran causar un conflicto de interés o que sean susceptibles de afectar la neutralidad, real o percibida en el ejercicio de su función. El Conciliador no puede establecer una relación profesional con ninguna de las partes, en algún asunto relacionado con la controversia o sobre cualquier asunto no relacionado con ella si es que pudiera afectar la integridad del proceso de conciliación. ARTICULO 37. Imparcialidad. El Conciliador está obligado durante el desarrollo de sus servicios a mantener una postura imparcial con todas las partes. La imparcialidad implica un compromiso para ayudar a todas las partes por igual en el logro a una solución mutuamente satisfactoria. Así mismo, que el Conciliador no desempeñará un papel adversarial en el proceso. El Conciliador deberá dirigir con honestidad e imparcialidad el proceso de Conciliación, actuando como un tercero neutral y pondrá a disposición de las partes todas las habilidades inherentes a su profesión y todos los esfuerzos tendientes a conducir la Conciliación con el más alto grado de excelencia. ARTICULO 38. Deberes del Conciliador. El Conciliador debe abstenerse de realizar cualquier comportamiento inapropiado o indecoroso que afecte a la imagen del Centro de Conciliación. El Conciliador no debe usar su posición para obtener alguna ventaja o ganancia, o tomar parte en labores, actividades o proyectos que contravengan o se opongan a su desempeño como conciliador. El Conciliador no aceptara pago alguno por llevar un caso determinado a algún otro colega, institución o profesional que brinde asistencia o alguna de las partes o solicitantes del Centro de Conciliación. CAPITULO Xlll DE LAS FALTAS Y SANCIONES ARTICULO 39 De las Faltas y Sanciones. Para efectos de la imposición de sanciones, las faltas se califican como graves o leves de acuerdo con los siguientes criterios: a)

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La naturaleza de la falta y sus efectos, según si se ha producido escándalo o mal ejemplo o se han causado perjuicios.


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico b)

El grado de participación en la comisión de la falta y las circunstancias agravantes o atenuantes. c) Los antecedentes disciplinarios del estudiante y los motivos determinantes de la acción u omisión. Además de lo previsto en el Reglamento Estudiantil Artículo 38, son faltas leves: o o o

La impuntualidad. Mantener prendido los elementos de comunicación (celulares, bepper) en las audiencias. Consumir alimentos en las instalaciones del Centro. Además de lo previsto en el Reglamento Estudiantil artículo 38, son faltas graves:

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

La no concurrencia sin justa causa a la audiencia. Atentar contra la integridad física y sicológica de compañeros, usuarios u otras personas que laboren en el Centro de Conciliación. Falsificar certificaciones y demás documentos para cualquier efecto académico, administrativo, o que vayan en detrimento de los usuarios. Reincidir en faltas consideradas leves. Suplantar a compañeros en evaluaciones, actos académicos y audiencias. Exigir o recibir dineros o dádivas a los usuarios del Centro de Conciliación para la prestación del servicio. Asumir directamente o recomendar abogados para tramitar los asuntos que son motivo de consulta en el Centro de Conciliación. ARTICULO 40 DE LAS SANCIONES. Las autoridades universitarias sancionarán las faltas anteriores, según la gravedad del hecho, le corresponde al Director comunicar por escrito de ellas para iniciar el respectivo procedimiento contemplado en el artículo 39 del Reglamento Estudiantil vigente. Además del lo previsto en el artículo 39 las faltas graves serán sancionadas con la exclusión del estudiante de la lista de conciliadores. ARTICULO 41 Vigencia. El presente Acuerdo deroga todas las disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su publicación.. COMUNIQUESE Y CUMPLASE

Dada en Bogotá, D.C., a los cuatro (4) días del mes de Diciembre del año dos mil dos (2002).

LUIS FRANCISCO SIERRA REYES Presidente Nacional

PABLO EMILIO CRUZ SAMBONI Secretario General

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios 4. LEY 583 DE 2000 (Junio 12) “Por la cual se modifican los artículos 30 y 39 del Decreto 196 de 1971 El Congreso de Colombia DECRETA: ARTICULO 1. El artículo 30 del Decreto 196 quedará así: Las facultades de derecho oficialmente reconocidas, organizarán con los alumnos de los dos (2) últimos años lectivos, consultorios jurídicos, cuyo funcionamiento requerirá aprobación del respectivo Tribunal Superior de Distrito Judicial, a solicitud de la facultad interesada. Los consultorios jurídicos funcionarán bajo la dirección de profesores designados al efecto o de los abogados de pobres, a elección de la facultad y deberán actuar en coordinación con éstos en los lugares en que este servicio se establezca. Los estudiantes adscritos a los Consultorio Jurídicos de las facultades de derecho, son abogados de pobres y como tales, deberán verificar la capacidad económica de los usuarios. En tal virtud acompañarán la correspondiente autorización del Consultorio Jurídico a las respectivas actuaciones judiciales y administrativas. La prestación del servicio del Consultorio Jurídico en ningún caso será susceptible de omisión ni homologación. Los estudiantes mientras pertenezcan a dichos consultorios, podrán litigar en causa ajena en los siguientes asuntos, actuando como abogados de pobres: a)

b) c)

d) e) f) g) h)

En los procesos penales de que conocen los jueces municipales y los fiscales delegados ante éstos, así como las autoridades de policía, en condición de apoderados de los implicados. De oficio, en los procesos penales como voceros o defensores en audiencia. En los procesos laborales, en que la cuantía de la pretensión no exceda de 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes y en las diligencias administrativas de conciliación en materia laboral. En los procesos civiles de que conocen los jueces municipales en única instancia. En los procesos de alimentos que se adelanten ante los jueces de familia. De oficio, en los procesos disciplinarios de competencia de las personerías municipales y la Procuraduría General de la Nación. De oficio, en los procesos de responsabilidad fiscal de competencia de las contralorías municipales, distritales, departamentales y General de la República. De oficio, en los procesos administrativos de carácter sancionatorio que adelanten las autoridades administrativas, los organismos de control y las entidades constitucionales autónomas. ARTICULO 2. El artículo 39 del Decreto 196 de 1971 quedaría así: No pueden ejercer la abogacía, aunque se hallen inscritos:

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico a)

b)

c) d)

Los servidores públicos aún en uso de licencia, salvo cuando deban hacerlo en función de su cargo o cuando el respectivo contrato se los permita. Pero en ningún caso los abogados a contrato podrán litigar contra la Nación, el Departamento, el Distrito o el Municipio, según la esfera administrativa a que pertenezca la entidad o establecimiento al cual prestan sus servicios, excepto en causa propia y los abogados de pobres en las actuaciones que deban adelantar en ejercicio de sus funciones. Los Senadores de la República, Representantes a la Cámara, Diputados a las Asambleas Departamentales y Concejales Distritales y Municipales, en los casos de incompatibilidad señalados en la Constitución y la Ley. Los militares en servicio activo, con las excepciones consagradas en el Código Penal Militar. Las personas privadas de su libertad como consecuencia de resolución acusatoria, excepto cuando la actuación sea en causa propia, sin perjuicio de los reglamentos penitenciarios y carcelarios. ARTICULO 3. La presente ley rige a partir de su publicación. El Presidente del Honorable Senado de la República, Miguel Pinedo Vidal. El Secretario General del Honorable Senado de la República, Manuel Enrique Rosero. La Presidenta de la Honorable Cámara de Representantes, Nancy Patricia Gutiérrez Castañeda. El Secretario General de la Honorable Cámara de Representantes, Gustavo Bustamante Moratto. REPUBLICA DE COLOMBIA – GOBIERNO NACIONAL Publíquese y ejecútese

Andrés Pastrana Arango El Ministro de Justicia y del Derecho, Rómulo González Trujillo MINISTERIO DE JUSTICIA DECRETO NÚMERO 0765 DE 1977 (Abril 1.) Por el cual se reglamentan los artículos 30, 31 y 32 del Decreto –Ley 196 de 1971, y se regula la prestación del servicio profesional para optar al título de abogado.

El presidente de la República de Colombia, en uso de las facultades que le confiere el numeral 3º. Del artículo 120 de la Constitución Nacional, DECRETA:

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios ARTICULO 1. Los consultorios jurídicos a que se refiere el artículo 30 del decreto – Ley 196 de 1971, deben cumplir los siguientes requisitos: a)

b)

c)

d)

Estar dirigidos por un abogado titulado dedicado exclusivamente al consultorio, que tenga experiencia en docencia universitaria o práctica profesional no inferior a cinco (5) años, quien debe ejercer el profesorado en la facultad o ser abogado de pobres del Servicio Jurídico Popular. Si el Consultorio tuviere más de 100 alumnos, deberá contar igualmente con un director administrativo. Tener asesores que sean abogados titulados con experiencia profesional no inferior a tres (3) años, en cada una de las áreas de derecho público, penal, privado y laboral, uno de tiempo completo por cada cincuenta (50) alumnos en cada una de ellas, o de tiempo parcial proporcional al número de alumnos. Tener un monitor en cada una de las áreas mencionadas por cada veinte (20) alumnos inscritos en ellas, quien deberá ser egresado, o alumno de último año de la carrera. Disponer de locales en condiciones adecuadas para el trabajo de los profesores, monitores y alumnos, y muebles, biblioteca y equipos suficientes para el funcionamiento del consultorio.

ARTICULO 2º. El funcionamiento de los consultorios debe ser aprobado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial donde funcione la respectiva facultad –sala de Gobierno- previo el cumplimiento del siguiente trámite: a)

b)

El decano de la Facultad interesada deberá enviar una solicitud al respectivo tribunal acompañada del certificado que acredite el reconocimiento oficial de la misma, y de la copia autentica de la providencia de la cual la universidad o facultad autoriza y reglamenta el funcionamiento del consultorio. Recibida la solicitud por el tribunal éste procederá a su estudio, y si la encontraré correcta, ordenará practicar visitar al consultorio para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo anterior, si de acuerdo con la documentación y la visita del tribunal encontrare que se cumplen los requisitos exigidos por las disposiciones vigentes al momento de formularse la solicitud, le impartirá su aprobación, decisión que comunicará a la facultad respectiva, al Ministerio de Justicia y al Instituto colombiano para el Fomento de la Educación Superior, ICFES.

ARTICULO 3. Los alumnos de los (2) últimos años de la carrera deberán trabajar en el consultorio durante dos semestres por lo menos, atendiendo los casos que se le asignen. En ningún caso se les podrá encomendar la atención de asuntos distintos a los señalados en el artículo 30 del Decreto 196 de 1971. Para poder actuar ante las autoridades jurisdiccionales, los alumnos requieren autorización expresa dada para cada caso por el director del consultorio ala cual se anexará al expediente respectivo. PARAGRADO. El cumplimiento de este requisito académico puede sustituirse por la prestación de servicios por un lapso no inferior a un año y con posterioridad al sexto (6º) semestre de la carrera en cualquier cargo de la rama judicial o del Ministerio Público, o por la vinculación en las mismas condiciones como empleado público o

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico trabajador oficial en empleos con funciones jurídicas en entidades públicas de cualquier orden. Los consejos directivos de las respectivas facultades de derecho decidirán sobre las solicitudes que presenten los alumnos sobre esta situación. ARTICULO 4. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 9º. Del Decreto 225 de 1977, las personas que hayan terminado sus estudios de derecho podrán cumplir el requisito de servicio profesional para optar al título de abogado en el consultorio jurídico de la respectiva facultad, siempre que se cumplan las siguientes condiciones: a) Que el consultorio haya obtenido la aprobación del Tribunal Superior, y reúna los requisitos señalados, en el artículo 1º. De este decreto en el momento que se preste el servicio profesional. b) Que a más del personal señalado en dicho artículo, cuente con un profesor de tiempo completo o con uno de los abogados de pobres a que se refiere el artículo 30 del Decreto –Ley 196 de 1971, por cada veinte (20) egresados, dedicado exclusivamente a la dirección de los trabajos de los mismos, quien debe ser abogado titulado con experiencia profesional no inferior a tres (3) años. cuando se trate de atención de asuntos penales o de familia, esta dirección preferencialmente estará a cargo de profesores que fueren abogados del Ministerio de Justicia o del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. c) Que el egresado haya obtenido la licencia temporal de que habla el artículo 32 de l decreto 196 de 1971 con antelación a su vinculación de consultorio, y haya sido seleccionado por la respectiva. d) Que el profesional bajo cuya dirección trabajó el egresado y el director del consultorio certifiquen el cumplimiento del requisito del servicio profesional, especificando cada uno de los negocios adelantados por el practicante y la oficina ante la cual se tramitaron, el tiempo de duración de la práctica y la calida del trabajo realizado. e)

Que el egresado no haya sido sancionado disciplinariamente por falta en el ejercicio de la profesión dentro o fuera del consultorio.

ARTICULO 5. La certificación de haberse cumplido el requisito del servicio profesional en el consultorio será expedida por el Ministerio de Justicia, previa solicitud escrita formulada por el interesado acompañada de los documentos que para el efecto se señale. El ministerio se abstendrá de certificar el cumplimiento del requisito del servicio profesional en no solo por la omisión de las exigiencias señaladas en el artículo anterior, sino también por la baja calidad del trabajo realizado por el egresado, según la certificación expedida por quienes tuvieron a su cargo la supervisión del mismo. El Ministerio practicará viditas periódicas a los consultorios para verificar el cumplimiento de los requisitos señalados en los numerales 1 y 2 del artículo anterior. ARTICULO 6. Para que el servicio profesional para optar al título de abogado se pueda cumplir con dos (2) años de ejercicio de la profesional, según lo dispuesto por el artículo 9º. Del decreto 225 de 1977, deberán reunirse los siguientes requisitos:

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios a.) Que al iniciar el ejercicio profesional el interesado haya obtenido la correspondiente licencia de egresado a que se refiere el artículo 32 del decreto 196 de 1971. b) Que la práctica profesional se realice bajo la supervisión de abogados titulados, previamente autorizados por la facultad en donde terminaron estudios los practicantes. La solicitud de autorización deberá hacerse ante consejo directivo de dicha facultad, quien podrá discrecionalmente aceptarla o rechazarla. La lista actualizada de profesionales autorizados deberá ser enviada semestralmente al Ministerio de Justicia. c) Que durante la práctica profesional el egresado atienda desde su iniciación hasta su finalización un mínimo de treinta (30) asuntos. d) Que el practicante no haya sido sancionado por faltas contempladas en el título VI del Decreto 196 se 1971. ARTICULO 7. El cumplimiento del requisito del servicio profesional en el caso previsto en el artículo anterior será certificado por el Ministerio de Justicia, previa solicitud escrita del interesado, acompañada de los documentos que se señale. En todo caso se pedirá al abogado que las supervisó certificación sobre la realización de las mismas, con especificación de cada uno de los negocios adelantados por el practicante y de la oficina ante la cual se tramitaron, tiempo de duración de la práctica y calidad del trabajo realizado. El ministerio se abstendrá de certificar el cumplimiento del requisito de los requerimientos señalados en el artículo anterior, sino también por la baja calida del trabajo realizado por el egresado según la certificación expedida por quien tuvo a su cargo la supervisión del mismo. ARTICULO 8. Los egresados que pretendan ejercer la profesión en los casos a que se refiere el artículo 31 del Decreto 196 de 1971, deberán solicitar por escrito al tribunal Superior del Distrito Judicial de su domicilio la expedición de la licencia temporal, acompañando a su petición los siguientes documentos: a)

b)

Certificado expedido por el decano de la respectiva facultad donde conste que ha cursado y aprobado los estudios reglamentarios de derecho, con indicación de la fecha de terminación de estudios. Certificado expedido por el director del consultorio jurídico de la respectiva facultad en donde conste que cumplió plenamente con el requisito académico del consultorio jurídico.

ARTICULO 9. La solicitud a que se refiere el artículo anterior será repartida inmediatamente al respectivo magistrado sustanciador, quien resolverá sobre su admisión dentro de los (3) días siguientes. Si la encontrare admisible, la sala de decisión expedirá la licencia temporal. Si la encontraré inadmisible el sustanciador, así lo decidirá en providencia motivada, contra la cual procede el recurso de súplica ante los otros magistrados que componen la respectiva sala de decisión.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico PARAGRAFO. En firme la providencia por la cual se otorga la licencia temporal, el Tribunal que la Hubiere concedido enviará copia al Ministerio de Justicia, División de Asesoría a la Rama Jurisdiccional, ARTICULO 10. Las Solicitudes de licencia temporal serán repartidas por el Presidente del Tribunal a los magistrados en orden alfabético. El magistrado a quien corresponde el reparto actuará como sustanciador e integrará la sala de decisión con los dos magistrados que le sigan en orden alfabético. ARTICULO 11. En la actuación a que diere lugar la solicitud de licencia temporal será parte del Ministerio Público representado por el Fiscal del Tribunal. ARTICULO 12. En la licencia temporal que otorguen los tribunales superiores del Distrito judicial, deberán consignarse los siguientes datos: a) b) c) d)

Tribunal que otorgan la licencia temporal; Número y fecha de la providencia respectiva. Nombre completo de la persona y documento de identificación personal. Facultad de derecho donde cursó y aprobó los estudios reglamentarios y fecha de terminación de los mismos, y e) Fecha de terminación de la licencia temporal concedida. PARAGRAFO. En ningún caso la licencia será prorrogable, no se podrá expedir una nueva al vencimiento de la concedida. ARTICULO 13. Para litigar en los asuntos a que se refiere el artículo 31 del decreto 196 de 1971, se deberá presentar ante ante los funcionarios y autoridades competentes indicados en dicho artículo, la copia de la licencia temporal concedida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial, debidamente rubricada por el Presidente y secretario de la corporación. No se podrá dar curso a los escritos que presente quien litigue con licencia temporal, mientras no acredite ante el funcionario encargado de recibirlos, que dicha licencia esta vigente. ARTICULO 14. Las certificaciones a que se refiere el numeral 4º. Del artículo 4º. Del inciso 2º. Del artículo 7º. Y el literal b) del artículo 8º. Se darán bajo la gravedad del juramento, para lo cual bastará la presentación personal de los dignatarios de las mismas ante cualquier despacho judicial. Cualquier falsedad en dichas certificaciones será sancionada de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 8º. Del artículo 48 del decreto 196 de 1971, sin perjuicio de la responsabilidad penal a que hubiere lugar. ARTICULO 15. Este Decreto rige a partir de la fecha de su expedición y deroga y el Decreto 2460 de 1971, el numeral 6º. Del artículo 4º. Del decreto 1189 de 1974, y demás normas que le sean contrarias.

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios Publíquese y Cúmplase. Dado en Bogotá, D, E. a 1º. De abril de 1977.

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN

CESAR GÓMEZ ESTRADA El Ministro de Justicia

5. RESOLUCIÓN NUMERO 040 (Junio 20 de 1977) Por la cual se aprueba el funcionamiento del Consultorio Jurídico de la Universidad Libre, Seccional de Pereira. La Sala de Gobierno del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en uso de sus facultades legales, en especial de las conferidas por el artículo 2º. Del Decreto 765 de 1977 y CONSIDERANDO Que el doctor CESAR AUGUSTO LOPEZ ARIAS, Decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre- Seccional de Pereira, ha solicitado la aprobación del Consultorio Jurídico de la misma, reestructurado en la forma que ordena el Decreto Reglamentario 765 de abril 1º. De 1877. Que tal petición fue admitida por esta Sala, en razón de que cumplía los requisitos exigidos por el Decreto Reglamentario citado. Que en la visita practicada por la Sala a las oficinas donde funciona el Consultorio Jurídico cuya aprobación se pretende, se pudo establecer que éste dispone de un local amplio que brinda excelentes condiciones para el trabajo de profesores, monitores y alumnos y que la dotación en muebles y equipo es suficiente y se encuentra en magnífico estado de servicio, siendo también la biblioteca suficiente para el funcionamiento del Consultorio. Que el Director del Consultorio, doctor GONZALO GARCIA SALAZAR, abogado titulado, quien se identifica con la Tarjeta Profesional número 52 del Ministerio de Justicia, tiene las calidades exigidas por el artículo 1º ordinal 1º del Decreto 765, pues está exclusivamente dedicado al Consultorio, ejerce el profesorado en la Facultad, de la cual fue decano desde hace aproximadamente tres años, integró por muchos años la Sala Civil-Laboral del Tribunal, de la cual se retiró por Jubilación y tiene además varios años de práctica profesional, hechos éstos cuya notoriedad los exime de prueba. Que está acreditado con la documentación presentada para la aprobación del Consultorio, que cuenta con un Director Administrativo, el doctor JAIME FAJARDO VILLAMIL, abogado titulado con varios años de ejercicio profesional.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Igualmente, que el Consultorio está asesorado por Abogados Titulados, con la experiencia profesional que requiere la norma citada, en cada una de las áreas del derecho público, privado y laboral, lo que se acredita con la Resolución número 008 emanada de la Presidencia del Consejo Directivo de la Universidad, fechada el 26 de mayo de este año. Que está igualmente comprobado el cumplimiento de lo dispuesto en el ordinal 3º del artículo 1º del Decreto 765, pues el Consultorio cuenta con el número suficiente de Monitores en cada una de las áreas mencionadas en el punto anterior, los que fueron designados por su Director el 31 de mayo pasado, mediante Resolución número 003. Que, cumplido como se encuentra el trámite ordenado por los ordinales 1º y 2º del artículo 2º del precitado Decreto Reglamentario y siendo facultad de la Sala de Gobierno del Tribunal resolver sobre la aprobación del Consultorio Jurídico, como encuentra en regla la documentación presentada por el Decano de la Facultad y no se observó ninguna irregularidad durante la visita practicada. RESUELVE: SE APRUEBA el funcionamiento del Consultorio Jurídico de la Universidad Libre Seccional de Pereira, reestructurada en la forma que ordena el Decreto Reglamentario 765 de 1977, por cumplir todos los requisitos que tal norma exige. Comuníquese esta decisión a la Facultad respectiva, al Ministerio de Justicia y al Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior (ICFES), entidades a las que se remitirá copia de esta providencia. Dada en Pereira, a veinte (20) días de junio de mil novecientos setenta y siete (1977).

EDUARDO JARAMILLO GONZALEZ Presidente del Tribunal Superior

GERMAN ZULUAGA OSORIO Presidente de la Sala Civil

ANIBAL ARANGO ESCOBAR Presidente de la Sala Penal CONSTANCIA:

GERMAN JARAMILLO TOBON Secretario

Para cumplimiento de lo ordenado en la anterior Resolución y de lo dispuesto en el numeral 2 del artículo 2º del Decreto Reglamentario 765 de 1977, se expidió copia de la misma, con destino a la Facultad de Derecho de la Universidad Libre e igualmente sendas copias para el Ministerio de Justicia y el Instituto Colombiano para el Fomento de la Educación Superior. Estas últimas fueron remitidas con los oficios números 295 y 296 enviados al Jefe de la División de Asistencia a la Rama Jurisdiccional del Ministerio citado y al Jefe de la Dirección Académica Universitaria del ICFES. Se expidió copia también de la visita practicada al CONSULTORIO JURIDICO, la que se entregó al Decano de la Facultad de Derecho.

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios Hoy 24 de junio de 1977, fecha de expedición de las copias y oficios citados, se archiva el expediente.

GERMAN JARAMILLO TOBON Secretario del Tribunal Superior.

6. CUANTIAS PARA EFECTO DE DETERMINAR COMPETENCIA EN MATERIA CIVIL Y LABORAL Considerando que el Salario Mínimo Legal Mensual para la vigencia del año 2006 se fijó mediante el Decreto No. 4686 del 21 de diciembre de 2005, expedido por el gobierno nacional en la suma de CUATROSCIENTOS OCHO MIL PESOS Mcte. ($408.000,oo) las cuantías a partir del 1º de enero de 2006 son:

En Materia Civil: Mínima Cuantía: Menor Cuantía: Mayor Cuantía:

Valor inferior a $6.120.000,oo Valor comprendido entre $6.120.000,01 y $36.720.000,oo Valor superior a $36.720.000,01

Subsidio de Transporte Año 2006: $47.700,oo según Decreto 4726 del 21 de diciembre de 2005 NOTA: Las cuantías varían cada año por efecto de la variación del Salario Mínimo, tal como lo determina el Art. 19 del C.P.C. modificado por el art. 1º. De la Ley 572 de 2000.

En Materia Laboral: Única Instancia:

Primera Instancia:

Hasta diez (10) Salarios Mínimos Legales Mensuales. $4.080.000,00 Más de diez (10) Salarios Mínimos Legales Mensuales. Los estudiantes tienen competencia para tramitar procesos laborales hasta veinte (20) Salarios Mínimos Legales Mensuales. ($8.160.000,00) Esto es de Única y de Primera Instancia.

NOTA: De acuerdo con los Art. 12 y 13 del C.P. del Trabajo, donde no existan Juzgados Laborales del Circuito, la competencia la tiene el Juez Civil del Circuito en Única Instancia hasta diez (10) salarios mínimos legales mensuales y en primera instancia de diez (10) salarios mínimos legales mensuales en adelante.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico 7. LOS FORMATOS QUE SE OBSERVAN A CONTINUACION SON LOS QUE SE LLEVAN EN EL CONSULTORIO JURテ好ICO.

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios PLAN DE ACOMPAÑAMIENTO, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN EN EL CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE CONCILIACIÓN Todos y cada uno de los distintos procesos y etapas que se cursan durante los cinco o seis años de la carrera de Derecho son muy importantes y a todos debe atender, apreciar y valorar el estudiante. Sin embargo, nada hay de tanta trascendencia y significación como las vivencias y los roles que giran en torno al Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, y lo son, porque éste es el pórtico por donde la Universidad Libre se muestra al mundo exterior, mientras que el estudiante va tomando conciencia de cómo ha de ser el ejercicio de su profesión una vez haya abandonado estas aulas universitarias y se vea enfrentado a las duras lecciones de la vida. Tal como lo establece el Reglamento del Consultorio Jurídico, esta asignatura consta de dos componentes: Cumplimiento y desempeño en los turnos asignados e intervención en Procesos. En el nuevo plan de estudios la Práctica Forense fue incorporada al Derecho Procesal de la respectiva área. Durante los turnos el estudiante tiene el primer contacto con el cliente o usuario del Consultorio Jurídico. El usuario constituye la razón de ser de esta asignatura; a él se debe que el Estado le exija a las Facultades de Derecho la prestación de ese servicio social gratuito. Por lo demás nuestro usuario, es esa mujer o ese hombre marginado, desplazado y excluido que pertenece a los estratos más bajos de la sociedad y en consecuencia quien más necesita de afecto, de atención y de consideración. Para recibir en su cubículo a ese usuario, el estudiante debe estar predispuesto en el orden intelectual y emocional. Asimismo, el estudiante debe estar con el ánimo dispuesto para atender el asunto de ese usuario, una vez que el Consultorio Jurídico le haya confiado su dirección y vigilancia bajo la denominación de proceso. Son muchas las virtudes con las cuales el estudiante debe atender el proceso: honradez, cumplimiento y responsabilidad. En las páginas siguientes, el estudiante encontrará una serie de pasos que debe seguir una vez que el Consultorio Jurídico le haya repartido el negocio o asunto. En la medida que el practicante siga las instrucciones tal como se hallan formuladas tendrá éxito, evitará lamentaciones a la hora de la evaluación y se formará el hábito del trabajo ordenado y diligente con que más tarde debe asumir las tareas y los retos para alcanzar su realización como profesional y como ser humano. INGRESO AL CONSULTORIO JURÍDICO Los estudiantes matriculados en la Facultad de Derecho de la Universidad en los cursos cuarto y quinto diurno, quinto y sexto nocturno para ser miembros activos del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, deben inscribirse en los horarios y fechas que se indiquen para ello en las dependencias del Consultorio Jurídico, como lo establece el artículo 6º del acuerdo 11 de 2002.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico APRESTAMIENTO E INDUCCIÓN A través de la coordinación académicamediante publicación se informará la fecha y hora en que se dictará un curso de inducción a todos los inscritos con la participación de la dirección y el personal docente del Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación, se abordarán temas como las obligaciones, actividades a desarrollar, las normas de conducta a seguir y posibles sanciones en caso de incumplimiento entre otros. DEL PROCEDIMIENTO GENERAL Los procesos serán entregados a los estudiantes para su trámite, sea como resultado de la entrevista que realice al usuario ó como resultado de un acta de reparto, la cual deberá elaborarse por la Coordinación Académica del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación con la ayuda de los asistentes docentes o monitores. El estudiante debe interpretar el caso y estar completamente informado de acuerdo con el contenido de la entrevista y los anexos de la misma. En caso de que el profesor asesor de la respectiva materia no se encuentre presente, el estudiante dispone de un término de 48 horas para buscar la asesoría del profesor respectivo. Posteriormente deberá hacer contacto telefónico y luego personal con el usuarioen un término de cuatro días hábiles con el fin de informarle los resultados de la entrevista. Si dentro de los cuatro días hábiles mencionados en el punto anterior, no logra contacto telefónico ni personal con el usuario, previo concepto del profesor asesor, procederá a archivar la entrevista, con la anotación de las gestiones que se adelantaron para hacer contacto con el el entrevistado. En caso de que el practicante obtenga contacto telefónico o personal con el usuario, lo citará para que concurra al Consultorio y presente la documentación requerida para iniciar y llevar hasta su terminación la acción correspondiente. En todo caso caso el estudiante únicamente cuenta con un término de quince días, contados a partir de la fecha de la citación, para presentar la demanda ante las autoridades judiciales respectivas. En el evento de que de la entrevista se concluya que se va a iniciar la acción, el estudiante dispone de un término máximo de quince días, contados a partir de la fecha de la entrevista para presentar la demanda, so pena de que el caso sea reasignado y el estudiante tenga que asumir las consecuencias reglamentarias, por la no presentación oportuna. Es de anotar que toda demanda debe ser revisada y autorizada para su presentación, por el profesor asesor de la materia. De igual manera cabe recordar que una vez revisada la demanda para su presentación, el estudiante deberá solicitar por Secretaría la respectiva autorización para actuar ante las autoridades jurisdiccionales, tal como lo establece el Art. 3º. Del Decreto 765 de 1.977. Una vez reconocido como apoderado, el estudiante asumirá todas las responsabilidades como apoderado judicial y deberá llevar el proceso hasta su terminación, revocación o sustitución, sin importar los períodos de vacaciones en la universidad o terminación de año académico. Si se trata de estudiantes de quinto año diurno y sexto nocturno y de asuntos laborales, civiles de familia o administrativos, deberán seguir actuando hasta

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios que sean debidamente sustituidosEn material penal debe presentarse la renuncia personalmente en el respectivo despacho judicial en la fecha que se determine por parte del Comité Asesor del Consultorio. DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA LABORAL En materia laboral el Consultorio Jurídico es competente para absolver consultas de los usuarios, realizar liquidación de prestaciones sociales y para desarrollar procesos ordinarios laborales, cuando la cuantía de las pretensiones iniciales del caso, no superen los veinte salarios mínimos legales mensuales vigentes. También es competente para tramitar procesos laborales ejecutivos, caso en el cual el requisito mínimo exigido es el título que contenga la obligación laboral clara, expresa y actualmente exigible. Una vez agotado el procedimiento establecido por el Consultorio Jurídico para hacer contacto personal con el usuario y de lograrse, , el estudiante obtendrá del usuario los datos, informaciones y documentos necesarios para poder elaborar la demanda respectiva, desarrollar el trámite de rigor hasta la sentencia. La primera labor del estudiante es la de redactar un proyecto de poder para un proceso ordinario laboral de única o primera instancia y lo someterá a revisión de su profesor asesor, en el primer día hábil en que éste se encuentre de turno. Revisado el poder, lo hará firmar del usuario, quien lo deberá presentar personalmente ante Juzgado, Notaría u Oficina Judicial. Luego preparará un proyecto de demanda, cumpliendo las formas y requisitos que exige el artículo 25 del C. de P. L., y adjuntando los anexos que enumera el artículo 26 del mismo , los cuales hará revisar del profesor asesor. Una vez adelantado el tràmite anterior presentarà la demanda personalmente ante la Oficina Judicial en un original para tramitar el proceso ante el Juzgado y tantas copias con sus anexos para el traslado como demandados haya.. Una copia deberà incluir en la la carpeta que reposa en el Consultorio Jurídico y una copia para el archivo personal del estudiante. Presentada la demanda y efectuado el reparto de la misma, el estudiante estará atento a la expedición del auto admisorio y del reconocimiento de personería, expediido se notificará personalmente renunciará al término de ejecutoria. Después de hecho lo anterior, el estudiante estará pendiente de que se notifique la demanda a la mayor brevedad posible y el usuario deberá asumir los gastos de la notificación de la demanda al demandado. Una vez surtido lo anterior se traba el proceso litigioso mediante el el auto que da por contestada la demanda y la fijación de fecha y hora para que se lleve a efecto la ÚNICA AUDIENCIA que se inicia con la conciliación. Si la conciliación fracasa, así lo dispone el Juez y se procede a decretar las pruebas solicitadas por las partes. La audiencia se suspende y se fija fecha y hora para continuar el debate probatorio hasta su culminación. Una vez agotado este debate declara el cierre de éste y fija fecha para audiencia de juzgamiento cuyo fallo es de única instancia, el cual como es apenas obvio no tiene ninguna clase de recurso. Si es de primera instancia el procedimiento es diferente al de única, pues, una vez notificada la demanda y corrido el traslado al demandado o demandados, este o estos

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico deben proceder a contestarla cumpliendo la forma y requisitos indicados en el artículo 31 del C. de P. L. Cumplido lo anterior el Juez procede al señalamiento de audiencias teniendo en cuenta que antes de terminar toda audiencia debe señalar fecha y hora para efectuar la siguiente. Esta prohibido expresamente por la ley celebrar mas de cuatro (4) audiencias de trámite, ni estas, ni la de juzgamiento, podrá suspenderse para su continuación en día diferente de aquel para el cual fueron inicialmente señaladas, ni aplazarse por más de una vez, salvo que el Juez deba adoptar una decisión que esté en imposibilidad de tomar inmediatamente o cuando sea necesario practicar pruebas pendientes. En caso de que la suspensión sea solicitada por alguna de las partes deberá motivarse. En consecuencia el Juez citará para audiencia obligatoria de conciliación, de decisión de excepciones previas, de saneamiento y fijación del litigio. Si fracasa la conciliación, señalará día y hora para la audiencia de trámite o de prueba. Si es necesario un nuevo señalamiento de audiencia, se hará en lo posible para el día o los días inmediatamente siguientes. Clausurado el debate, el juez en la audiencia de juzgamiento podrá proferir oralmente en el acto la sentencia, sino así, lo declarará y citará para una nueva audiencia que deberá realizarse dentro de los diez días siguientes, y en ella se leerá y notificará a los interesados. El artículo 62 del C. de P. L. establece la procedencia de los recursos contra las providencias judiciales en materia laboral a saber: reposición, apelación, súplica, casación, queja, revisión y anulación. El artículo 63 Ibíd., señala el procedimiento para el recurso de reposición y el 65 el correspondiente al de apelación. El 82 señala el trámite para la segunda instancia. DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA CIVIL 1.

Competencia:

En materia civil para los estudiantes adscritos a los Consultorios Jurídicos es lo que señala el numeral 5º, artículo 30 del Decreto 196 de 1971 (modificado por la Ley 583 de 2000, artículo 1º.), es decir, pueden actuar como apoderados en causa ajena: “en los procesos civiles de que conocen los Jueces Municipales en única instancia”, Art. 14 CPC. Debe entenderse que los Despachos Judiciales mencionados, son los que territorialmente pertenecen al Distrito Judicial de Pereira. En desarrollo de esta disposición, de conformidad con el artículo 14 del Código de Procedimiento Civil, “los jueces municipales conocen en única instancia de los procesos contenciosos que sea de mínima cuantía, es decir, aquellos cuyas pretensiones no exceden el valor de quince (15) salarios M.L.V., de los de Sucesión de mínima cuantía y de los verbales que trata el artículo 435.

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios Además la competencia adiciona con las pruebas anticipadas, que determina el artículo 18 del C.P.C. Dentro de las solicitudes que con más frecuencia se presentan, encontramos la prueba anticipada de interrogatorio de parte, Amparos de pobreza, los procesos ordinarios, ejecutivo, restitución del inmueble arrendado y la cancelación, reposición o reivindicación de títulos valores y de otros documentos comerciales. Se debe tener en cuenta que en los procesos susceptibles de transacción, que se tramiten por la vía del proceso ordinario o abreviado, es requisito de procedibilidad agotar la diligencia de conciliación antes de iniciar el proceso correspondiente, salvo que en la demanda se solicite la práctica de medidas cautelares, como lo dispone el artículo 35 de la ley 640 de 2.001 o se ignore la habitación y lugar de trabajo de quien debe ser convocado a la conciliación o se encuentre ausente y se desconozca su paradero. Para la solicitud del interrogatorio de parte, es requisito fundamental que el usuario aporte la dirección del futuro absolvente, teniendo en cuenta que procesalmente en este evento, únicamente es procedente la notificación personal. En los procesos ejecutivos, además de verificar que el documento realmente preste mérito ejecutivo, se le debe exigir al usuario el sitio donde estén ubicados los bienes del demandado, la entidad para lo cual labore y en general que señale sus propiedades, con el objeto de que la ejecución llegue a un buen término, para efectos de las medidas cautelares. El estudiante entrevistador, debe informar al peticionario sobre los gastos que se presentan en el desarrollo del proceso, tales como: notificaciones si son necesarias, cauciones, secuestre, publicaciones, honorarios de curador, etc. Puesto que en ocasiones valen más los gastos que la propia obligación, sobre todo cuando el cobro se intenta por pequeñas sumas de dinero y el demandado es insolvente. Así las cosas, en ocasiones se evita el trámite del proceso, por lo cual considero que previamente se debe hacer la averiguación pertinente. En los casos de Restitución del Inmueble Arrendado, cuando en la audiencia de conciliación previa (aconsejable cuando no existe contrato escrito), se haya estipulado la entrega del predio y el arrendatario no haya cumplido con lo acordado, lo procedente es dar aplicación al Artículo 69 de la Ley 446 de 1998, es decir, diligenciar que los Centros de Conciliación, soliciten al Juez Municipal que con base en el incumplimiento, comisione al Inspector de Policía de la respectiva zona, para que realice la diligencia de entrega del bien arrendado. De igual manera el estudiante debe mantener contacto permanente con el docente asignado, para la respectiva asesoría en el adecuado desarrollo de los procesos, ninguna actuación puede realizarse sin el visto bueno de los mismos. DEL PROCEDIMIENTO EN MATERIA PENAL 1.

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Competencia


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico En materia penal, el Consultorio Jurídico es competente para absolver consultas de los usuarios, tanto para las personas que se están siendo investigadas penalmente como para las víctimas de las infracciones penales, igualmente orientaciones sobre situaciones particulares que se presenten, como el caso de amenazas, a qué entidad debe acudir cuando sea víctima de un delito, organismos encargados de las investigaciones, igualmente informarán sobre la competencia de los estudiantes del consultorio jurídico, que solo actuarán en las investigaciones que sean competentes los Juzgados Penales Municipales. Previo contrato o convenio de la Universidad Libre con la Defensoría del Pueblo, los estudiantes del Consultorio Jurídico podrán asumir las defensas de las personas vinculadas a procesos penales, de conformidad con lo dispuesto en el Parágrafo del artículo 20 de la Ley 941 de 2005. Los estudiantes del Consultorio Jurídico podrán asistir a las personas vinculadas a las investigaciones, desde el momento de su captura si hubiere lugar a ella, o desde la formulación de la imputación. En todo caso deberá el usuario contar con la asistencia del estudiante del Consultorio Jurídico desde la primera audiencia a la que fuere citado. Para asumir la defensa, el estudiante, previo estudio del caso, elaborará el respectivo informe, y de establecer que la competencia sea ante los Juzgados Penales Municipales, el Director del Consultorio Jurídico, hará la designación respectiva, y el estudiante asumirá la defensa sin necesidad de formalidad alguna para su reconocimiento. El estudiante del Consultorio Jurídico al asumir la defensa del imputado, lo asistirá en todas las diligencias que la ley ha dispuesto, es decir, a la legalización de la captura, formulación de la imputación, medida de aseguramiento si hubiere lugar a ello, formulación de acusación, audiencia preparatoria, audiencia del juicio oral, lectura del fallo, incidente de reparación si lo hubiere, presentación de elementos materiales probatorios y evidencia física; esto en el trámite normal del procedimiento, así como las apelaciones en las distintas audiencias cuando el estudiante del consultorio así lo considere. En caso de terminación anticipada del proceso. El estudiante del Consultorio Jurídico previa entrevista con el usuario y teniendo en cuenta los elementos materiales y evidencia física que allegue la Fiscalía, le recomendará al imputado la conveniencia o no de aceptar los cargos imputados por la Fiscalía, caso en el cual si lo considera viable le indicará al usuario los beneficios y conveniencias de la aceptación, y si así procediere lo asistirá a la diligencia de individualización de pena y sentencia, consagrada en el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal. El estudiante del consultorio jurídico está en capacidad de solicitarle al Fiscal, previo acuerdo con el usuario (imputado), que lleguen a preacuerdos o negociaciones, con el fin de beneficiar al imputado, igualmente hablar con el Fiscal para que aplique el principio de oportunidad en los delitos y condiciones que lo permita, o que declare la extinción de la acción penal, así como la preclusión cuando haya lugar a ella, diligencias a las que también deberá asistir.

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios Cualquier duda que se le presente al estudiante del consultorio jurídico sobre la defensa del usuario, procederá a consultarla con el profesor asesor, para que le indique el paso que debe seguir. En todo caso el estudiante del consultorio jurídico que asuma la defensa del usuario, tendrá los mismos derechos y obligaciones dispuestas en la Ley 906 de 2004 (Nuevo Código de Procedimiento Penal). El estudiante estará pendiente de las citaciones que le haga la oficina de apoyo al sistema Acusatorio, para las respectivas audiencias. Con respecto a las víctimas. El Consultorio Jurídico, es igualmente competentes para absolver consultas de los usuarios cuando sean víctimas de las infracciones penales, sin necesidad de convenio con la Defensoría del Pueblo, toda vez que la Ley 906 de 2004 en el artículo 137 numeral 3 dispone: Intervención de las víctimas en la actuación Penal: “Para el ejercicio de sus derechos no es obligatorio que las víctimas estén representadas por un abogado; sin embargo, a partir de la audiencia preparatoria y para intervenir tendrán que ser asistidas por un profesional del derecho o estudiante de consultorio jurídico de facultad de derecho debidamente aprobada”. Para asistir a las víctimas de las infracciones penales, el estudiante se entrevistará con el usuario, realizará el respectivo informe, preguntando al usuario su calidad, si reúne las calidades de víctima, indicándole los documentos que debe conseguir para demostrarlo, (registros civiles correspondientes), así mismo le informará que en la audiencia de Acusación deberá asistir para que se determine la calidad de víctima, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 132 del Código de Procedimiento Penal. En igual sentido procederá el estudiante cuando un Fiscal solicite asistencia al Consultorio Jurídico. Si reúne la calidad de víctima, el Director del Consultorio Jurídico, designará al estudiante para que lo represente, presentando a la víctima en la audiencia preparatoria, para que se reconozca al estudiante del consultorio jurídico como representante de la víctima. El estudiante asistirá a esta audiencia, así como a la del juicio oral donde solo podrá intervenir en los alegatos, según lo dispuesto en el artículo 443 del Código de Procedimiento Penal, y finalmente en el incidente de reparación integral, si hubiere lugar a ello (artículos 102 y ss del C.P.P.). PROCEDIMIENTO TRANSITORIO Como solo este año empezó a regir la Ley 906 de 2004, la que se aplicará solo a los procesos que se inicien a partir del 1° de enero de 2005, aún quedan muchos procesos que se ventilan con la Ley 600 de 2000, por lo cual, los estudiantes del Consultorio Jurídico de 4° año Diurno y 5° año nocturno, asumirán dichas defensas, que en razón de la competencia se determine (solo las investigaciones que adelante los Juzgados

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Penales Municipales), hasta que se terminen todas las investigaciones adelantadas al 31 de diciembre de 2004. Para determinar lo anterior, el estudiante del consultorio jurídico, se entrevistará con el usuario, preguntándole la fecha de los hechos, lo cual plasmará en el respectivo informe. Igualmente seguirán haciendo turnos en las Fiscalías Locales, para que el Fiscal cuando requiere de los servicios de los estudiantes del consultorio asistan a las personas que lo necesiten y que se encuentren investigadas bajo la ley 600 de 2000, es decir, lo representen en la indagatoria, soliciten pruebas, presente alegatos precalificatorios, apelen, asistan a la audiencia preparatoria si solicitaron pruebas o nulidades, y posteriormente a la audiencia pública, y en caso de que el fallo sea desfavorable apelen si hay lugar a ello. Estarán pendientes lo estudiantes de las respectivas notificaciones, traslados y términos para sustentar recursos, para efectos de que puedan ejercer la debida defensa técnica. PROCEDIMIENTO EN MATERIA ADMINISTRATIVA 1.

Competencia

En las actuaciones administrativas del Consultorio Jurídico ante las diferentes autoridades administrativas no hay delimitación o excepción a la competencia por cuantía. Respecto de actuaciones ante la Jurisdicción Contenciosa Administrativa si existe limitación como quiera que allí solo es posible la actuación de Abogados titulados Las actuaciones de los estudiantes son totalmente gratuitas. En los casos en los cuales se requiera, las entidades públicas usuarias deben entregar fotocopia de todo el expediente en forma gratuita. En el evento de que el expediente esté conformado por varios cuadernos o muchos folios, el estudiante deberá solicitar la expedición de fotocopias de los documentos más importantes, según la naturaleza del proceso y de acuerdo con la guía que determine el asesor. Para evitar que las entidades usuarias no cumplan con su obligación de entregar fotocopia del expediente o lo haga con mora, el estudiante el día que se presente a notificarse o posesionarse como apoderado de oficio, deberá solicitar por escrito la expedición de las fotocopias. Si la entidad usuaria no facilita las fotocopias de manera gratuita, el estudiante inmediatamente deberá comunicar tal omisión por escrito al asesor, anexando fotocopia de la petición que efectúo para la correspondiente entrega de los medios probatorios. Una vez probada la pretermisión por parte de la usuaria, el asesor determinará de manera motivada y por escrito, si se continúa la actuación o se archiva el proceso. Los estudiantes y usuarios deben respetarse mutuamente. Si se diere el caso de que una entidad pública que ha solicitado el servicio trata con descortesía, irrespeto o

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios negligencia al estudiante, éste deberá inmediatamente comunicarlo por escrito al asesor, quien decidirá motivadamente si se continúa prestando el servicio. Queda prohibido que el estudiante decida por sí mismo no ejercer los recursos de Ley contra las decisiones administrativas o actos administrativos, ya que tales medios garantizan el derecho a la defensa. Teniendo en cuenta las leyes vigentes que regulan las actuaciones de los Consultorios Jurídicos y la Constitución Política, los procesos que se adelantan son los que a continuación se establecen: DERECHO DE PETICION El fundamento legal es el artículo 23 de la Constitución Política, el cual puede ser ejercido por cualquier persona. Procedimiento que se encuentra desarrollado en los artículos 5º y siguientes del Código Contencioso Administrativo. Los usuarios solicitan el servicio para adelantar reclamaciones ante el Estado y excepcionalmente ante entidades privadas, entre otros asuntos por los siguientes: a.

b. c. d. e. f. g.

Sobrefacturación en los servicios públicos, suspensión irregular de los mismos o cobro indebido por parte de las prestadoras de tales servicios y ante la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Trámites de pensiones ante el Instituto de Seguro Social y Caja Nacional de Previsión Social o las entidades de los órdenes departamentales o municipales.. Reclamaciones ante la Registraduría del Estado Civil. Reclamos ante las E.P.S. Asesorías por supresión de cargos o prestaciones económicas. Reclamaciones por omisión al pago de prestaciones sociales. Todo asunto que pueda ser objeto de reclamación ante las entidades estatales.

De igual manera, la sustentación de los recursos de ley contra los actos administrativos que resuelven las diferentes peticiones, hasta el agotamiento de la Vía Gubernativa. Entrevistas y Trámites Se dan dos eventos en relación con el Derecho de Petición: a.

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En la mayoría de los casos, durante el turno se elaboran los borradores de las diferentes peticiones, las que deben ser presentadas para revisión por parte del asesor y luego se entregan a los usuarios para que los presenten personalmente ante la autoridad competente, dejando copia de la misma en la respectiva carpeta. El estudiante debe informarle sobre los términos que tiene la entidad para resolver su petición. En estos casos, el usuario debe vigilar el proceso bajo su propia responsabilidad. Si lo desea, el usuario puede volver al Consultorio Jurídico para asesorarlo en el procedimiento y acciones a seguir.


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Para preservar la adecuada prestación del servicio, deben los estudiantes exigir que se exhiban las pruebas que se pretenden hacer valer. b.

c.

Cuando el asunto tiene cierto grado de dificultad, se llenan las entrevistas y se solicitan a los usuarios que aporten fotocopias de los documentos pertinentes y es el estudiante quien presenta la petición. En estos casos, el estudiante debe solicitar la certificación de ser miembro activo del Consultorio Jurídico, en los formatos que se establecen para legalizar la actuación. Con esa certificación, el estudiante se presenta ante la autoridad competente e inicia los trámites de rigor, teniendo en cuenta la naturaleza de la petición y los términos procesales.

Trámites Previos En el evento previsto en el anterior literal b, el estudiante procederá a 1. 2.

3.

Advertir a los usuarios por escrito, que la asesoría llega hasta el agotamiento de la Vía Gubernativa, el estudiante debe elaborar el respectivo documento. De igual manera, se dejará constancia por escrito por parte del estudiante, de los términos procesales para el ejercicio de los recursos de ley o las acciones contenciosas administrativas . Si llega un usuario con un acto administrativo con el objeto de interponer un recurso y los términos ya están vencidos, así lo comunicará al usuario antes de solicitar la prestación del servicio al Consultorio Jurídico, si fuere necesario. TUTELAS

El fundamento legal es el artículo 86 de la Constitución Política y las leyes que lo reglamentan. Asuntos: a. b. c. d. e. f. g.

Pérdida del empleo por padecer el usuario de SIDA. Omisión de prestar los servicios médicos asistenciales para enfermos de SIDA. Que el usuario no reciba la adecuada prestación del servicio ni los medicamentos por parte de las entidades promotoras de salud. Violación al debido proceso en las diferentes actuaciones que adelantan las entidades públicas o por vías de hecho. Violación del derecho a la propiedad privada por parte del Estado por expropiación. Violación del derecho fundamental a la salud, la vida, la educación o cualquier otro consagrado en la Constitución Política. Violación de cualquiera de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución Política.

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios Entrevistas y Trámites Se dan dos eventos en relación con la Acción de Tutela solicitada: a.

b.

En la mayoría de los casos por la urgencia que amerita, durante el turno se elaboran los borradores de las diferentes tutelas, las cuales se entregan a revisión del asesor para luego ser entregado al los usuarios para que las presenten personalmente ante la autoridad competente, debe dejar copia para la carpeta respectiva. Debe informarse al usuario los términos de ley que tiene el Juez para resolver la tutela. El usuario debe vigilar su proceso bajo su propia responsabilidad. El usuario puede regresar al Consultorio Jurídico para asesorarlo en el procedimiento y acciones a seguir, teniendo en cuenta el vencimiento de los términos procesales. Para preservar la adecuada prestación del servicio, deben los estudiantes exigir que se exhiban las pruebas que se pretenden hacer valer. Cuando el asunto tiene cierto grado de dificultad o el usuario prefiera la actuación directa por parte del Consultorio Jurídico, se llenan las entrevistas y se solicita a los usuarios que aporten fotocopias de los documentos pertinentes y el estudiante se encarga de presentarla , cuidar los términos procesales, y la interposición de los recursos . ACCIONES DE CUMPLIMIENTO, ACCIONES POPULARES Y DE GRUPO

El soporte legal, son los artículos 87 y 66 de la Constitución Política y las leyes que las desarrollan y reglamentan. Asuntos: La primera acción se ejerce cuando el usuario alega la falta de aplicación de una ley o acto administrativo que le causa un perjuicio por parte del Estado y la segunda, cuando hay violación a cualquiera de las causales previstas en el artículo 2 de la Ley 472 de 1998 y que persiguen la protección de intereses colectivos, como el medio ambiente, al espacio público, patrimonio del Estado o la salubridad pública. Entrevistas y trámites: a.

En la mayoría de los casos por la urgencia que amerita, durante el turno se elaboran los borradores de la acción pertinente se pasan para revisión, los cuales se entregan a los usuarios para que los presenten personalmente ante la autoridad competente, dejando copia para la carpeta respectiva .El usuario debe vigilar su proceso bajo su propia responsabilidad. El usuario puede regresar al Consultorio Jurídico para recibir asesoría sobre el procedimiento , recursos y acciones a seguir, teniendo en cuenta el vencimiento de los términos. PROCESOS FISCALES

El basamento jurídico de estas actuaciones son las leyes 42 de 1993, 610 de 2001 y el Decreto 700 de 2001, las cuales prescriben que los estudiantes adscritos al Consultorio Jurídico tienen competencia para actuar dentro de los procesos fiscales.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Entrevistas y Trámites Por regla general los procesos llegan al Consultorio Jurídico por remisión de las Contralorías General de la República, Departamental o Municipal, siendo los usuarios las entidades del Estado. Una vez recepcionada la petición, se da la apertura de la entrevista por parte del Consultorio Jurídico, teniendo como único soporte los datos registrados en el telegrama u oficio que dirige la Entidad Estatal. Excepcionalmente asisten al Consultorio usuarios con problemas fiscales y se En estos casos, el estudiante debe solicitar la certificación de ser miembro activo del Consultorio Jurídico, en los formatos que se establecen para legalizar la actuación. Con esa certificación, el estudiante se presenta ante la autoridad competente e inicia los trámites de rigor, teniendo en cuenta la naturaleza de la acción, los términos procesales y la orientación jurídica dada por el asesor. PROCESOS DISCIPLINARIOS Las actuaciones están soportados en la Ley 200 de 1995, 270 de 1996 y 734 de 2.002. De igual manera, los procesos llegan al Consultorio Jurídico por remisión de las Procuraduría General de la Nación, Delegados Departamentales o Distritales, Personerías y de las Oficinas de Control Interno de las diferentes entidades públicas y de los diversos órdenes territoriales, siendo los usuarios las entidades del Estado. Una vez recepcionada la petición, se da la apertura de la entrevista por parte del Consultorio Jurídico, teniendo como único soporte los datos registrados en el telegrama u oficio que dirige la Entidad Estatal. Excepcionalmente asisten al Consultorio usuarios con problemas disciplinarios y se procede así: a.

En la mayoría de los casos, si están corriendo los términos procesales para contestar el pliego de cargos para el ejercicio de los recursos de ley, durante el turno se elaboran los borradores de la acción pertinente, los cuales se entregan a los usuarios para que los presenten personalmente ante la autoridad competente.

En estos casos, se llenan entrevistas y el usuario debe vigilar su proceso y volver al Consultorio Jurídico para asesorarlo en el procedimiento y acciones a seguir, teniendo en cuenta el vencimiento de los términos. b.

Cuando el asunto tiene cierto grado de dificultad, se le advierte al usuario que puede asumir directamente su propia defensa, ya que no es necesario actuar por medio de apoderado judicial, igual observación se efectúa cuando hay falta de pruebas.

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios PROCEDIMIENTO EN EL CENTRO DE CONCILIACION El Centro de Conciliación es un organismo adscrito al Consultorio Jurídico y orienta sus servicios en dos áreas: a.

Area Social. Es el servicio que la Universidad presta a la población de escasos recursos económicos que quieran solucionar sus conflictos a través de la conciliación o agotar el requisito de procedibilidad.

Este servicio, se presta desde el Centro de Conciliación sede Principal ubicado en la calle 40 No 7 – 30 y en los Centro de Conciliación ubicados en los Consultorios Jurídicos satélites de: Casa de Justicia del Barrio Villa Santana, Casa de Justicia del Barrio Cuba, Municipio de Dosquebradas, en el Municipio de la Virginia y en el Municipio de Cartago. a.

Área de Docencia. En este campo el centro de Conciliación de la Facultad ofrece la capacitación en Mecanismos Alternativos de Solución de conflictos y más exactamente en la Conciliación en Derecho. Para dicha labor, el Centro de Conciliación cuenta con el aval otorgado por el Ministerio del Interior y de Justicia, a través de la Resolución No 1003 de Junio 24 de 2004.

Al Diplomado de Conciliación en Derecho, pueden acceder los estudiantes de los últimos años que quieran capacitarse como Conciliadores en Derecho y quieran hacer su judicatura en el Centro de Conciliación. Así mismo los abogados titulados que deseen ser Conciliadores en Derecho, inscritos ante el Ministerio del Interior y de Justicia. El servicio social se presta por el Centro de Conciliación a través de estudiante conciliador, asistente docente y profesor asesor. El primero es aquél que habiendo realizado su capacitación en conciliación (diplomado) presta sus turnos de Consultorio Jurídico en nuestro Centro; los segundos, son aquellos que habiendo terminado materias de pregrado y capacitado como conciliador en derecho, realizan su judicatura en el Centro de Conciliación; además tienen esta calidad los estudiantes conciliadores que habiéndose capacitado para ello. realizan sus turnos en el Consultorio Jurídico prestando sus servicios en el Centro de Conciliación, y los terceros, son aquellos profesores vinculados a la Universidad y asignados al Centro de Conciliación para que cumplan las funciones de asesores a los usuarios y al personal vinculado al Centro de Conciliación. 1.

Competencia:

Atención al usuario: Atención al usuario: para prestar una adecuada atención a nuestros usuarios lo único que debemos hacer es colocarnos en el lugar de ellos, es decir practicando la alteridad. Esto significa, que el Centro de Conciliación debe ser una fuente de calidad y calidez humana, que el usuario del servicio sienta que es tratado con amabilidad, respeto y colaboración y que a su vez le inspiremos credibilidad y confianza.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Para prestar una adecuada atención a nuestros usuarios, lo único que debemos hacer es colocarnos en el lugar de ellos. Esto significa que el Centro de conciliación debe ser motor de calidad humana, que sienta el usuario que hay amabilidad, respeto y colaboración por parte de nuestro Centro de Conciliación. Nuestro horario de atención al público es de lunes a viernes, desde las 8:00 hasta las 12:00 y en la tarde desde las 2:00 pm hasta las 6:00, en donde se llevarán a cabo las siguientes actividades: · ·

Entrega de boletas para programar audiencias de conciliación Atención en la oficina de la Secretaría del Centro de Conciliación.

Servicios Se debe tener en cuenta si la conciliación la realiza el estudiante, el asesor o el director del Centro, lo anterior para establecer la competencia por el factor de la cuantía. Si es estudiante sólo podrá conciliar en las mismas cuantías dispuestas al Consultorio Jurídico por la Ley 583 de junio de 2.000. En materia Laboral: No podemos conciliar en materia laboral por pronunciamiento de la Corte Constitucional, en sentencia C. 893/01. En materia Civil: Procede la conciliación cuando se trate de naturaleza patrimonial (contenido económico) o extramatrimonial, originado en alguna de las fuentes de las obligaciones civiles o mercantiles. La controversia sea susceptible de transacción, vale decir que verse sobre asuntos y derechos sobre los cuales las partes tengan poder de disposición. No existe prohibición legal de transigir o conciliar en el tema considerado. Son conciliables en esta área, siempre y cuando el proceso a que de lugar uno de esos casos o cualquier otro, con las excepciones de ley, se tramite por la vía del proceso ordinario o abreviado: ·

· ·

Los conflictos relativos a los modos de adquirir el dominio, el uso, goce y posesión de los bienes, servidumbres y gravámenes al dominio, excepto en lo relativo a la validez de la tradición. Conflictos económicos sobre empresas y establecimientos de comercio. Lo relativo a la celebración, ejecución y terminación de los contratos civiles y comerciales, tales como: compraventa, permuta, arrendamiento mutuo, mandato, depósito, dación en pago, prestación de servicios, fiducia, leasing, contratos bancarios, agencia, comisión, seguro, corretaje, preposición, prendas, hipotecas y cesión de derechos.

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios ·

Conflictos derivados de la creación y negociación de títulos valores de contenido crediticio, de participación y de tradición o representativo y de mercaderías, así como aquellas relativas al cumplimiento de obligaciones incorporadas en tales instrumentos. Conflictos de carácter patrimonial referentes a propiedad industrial, marcas y patentes. Conflictos patrimoniales surgidos en el marco de procesos de concordatos, quiebra o liquidación de sociedades. En los procesos civiles que conocen los jueces municipales en única instancia.

· · ·

En materia administrativa No es posible realizar conciliaciones en esta área por disposición legal, en ningún caso, Art. 11 inciso final de la Ley 640 de 2001. Si actúa como auxiliar de abogado conciliador del Centro de Conciliación se tendrá en cuenta el principio rector de que todo lo que es transigible y desistible es conciliable. En materia Penal La conciliación procede en aquellos delitos querellables, Arts. 70 y 74 C.P.P. y en los procesos de que conocen los jueces municipales y los fiscales delegados ante éstos, así como las autoridades de policía, en condición de apoderados de los implicados. En materia de Familia ·

· · · ·

La suspensión de la vida en común de los cónyuges, la custodia y cuidado personal, visita y protección legal de los menores e incapaces y asuntos relacionados con obligaciones alimentarias. Declaración de la unión marital de hecho, su disolución y la liquidación de la sociedad patrimonial. Rescición de la partición en las sucesiones y en las liquidaciones de sociedad conyugal o de sociedad patrimonial entre compañeros permanentes. Conflictos sobre capitulaciones matrimoniales. Controversias entre cónyuges, sobre la dirección conjunta del hogar y entre padres sobre el ejercicio de la autoridad paterna o la patria potestad.

Citación Se cita conforme a la Ley 640 de 2001: La solicitud puede ser verbal o escrita. Cuando se presenta de manera verbal, el estudiante conciliador que atienda al usuario, deberá asesorarlo para que llene el formato establecido para ello, en original y copia para que proceda entrega la boleta de citación y copia de la solicitud, con el fin que el usuario proceda a la notificación en debida forma.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Cuando se trate de manera escrita, el usuario deberá presentar la solicitud personalmente y el estudiante conciliador para poder dar la boleta de citación, procederá a revisarla para que cumpla con los requisitos mínimos establecidos en la Ley y el Centro de Conciliación. Ya sabiendo la competencia del Centro de Conciliación tenemos tres clases de boletas: Civil, familia y laboral (en laboral las boletas que se expidan por el Centro de Conciliación están basadas en desarrollo del convenio firmado entre la Universidad Libre y el Ministerio de Protección Social, ya que nosotros como Centro de Conciliación no tenemos competencia para conciliar en laboral. La primera para asuntos civil y penal, la segunda para familia y policiva y la tercera para lo referente a laboral; nos indica que la inasistencia acarrea sanciones de ley: El número de citación es interno y debe ser respetado por quienes hagan uso de él, (ver el procedimiento registrado en las planillas). La letra debe ser legible y su firma como citador debe ser registrada en el libro destinado para tal fin. Se puede recomendar la ayuda de las autoridades de policía para hacer efectiva la comunicación de la citación (art. 20 parágrafo único, Ley 640 de 2001). En el Centro de Conciliación debe manejarse una tercera boleta llamada “boleta de cumplimiento”, que se utiliza cuando hay incumplimiento de sumas de dinero que han sido pactadas en acta de conciliación del Centro de Conciliación de la Universidad Libre. También debe verificar con las copias del acta que efectivamente se ha incumplido con la obligación pactada, (ver el procedimiento de registro de planillas de boletas de cumplimiento). Trámite de la Audiencia Una vez entregada la boleta de citación, producida la notificación en debida forma y llegada la hora y fecha señalada para la realización de la audiencia su trámite será el siguiente: 1.

El estudiante conciliador deberá estar quince minutos antes de la hora señalada para recibir a las partes. Una vez se produzca esta situación deberá identificarlos y procederá a ocupar la sala destinada para tal fin. Allí pondrá en ejercicio sus destrezas, habilidades y conocimientos jurídicos como conciliador, aprendidas durante el diplomado. De producirse acuerdo conciliatorio, es deber del estudiante conciliador digitar y proyectar el acta que contiene el acuerdo conciliatorio en los términos que las partes han establecido. De no producirse acuerdo, el estudiante levantará el acta de no acuerdo y su respectiva constancia.

En todo este proceso el estudiante conciliador deberá estar en continua comunicación con el asistente docente y el profesor asesor.

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios 2.

En caso de no presentarse una de las partes a la hora señalada, el estudiante conciliador informará al Asistente Docente o Profesor Asesor para que se produzca boleta de segunda citación, correspondiéndole al estudiante estar presente y dirigir la audiencia en la nueva fecha señalada. De celebrarse la audiencia su trámite será el mismo que se estableció anteriormente.

Modificación del Acuerdo Conciliatorio Las partes de manera excepcional, una vez levantada debidamente registrada el acta con el acuerdo conciliatorio, podrán modificarlo por mutuo acuerdo, para ello es necesario realizar una nueva audiencia con el trámite y procedimiento aquí ya establecido, teniendo como resultado un anexo que se incorporará al acta principal. Es importante que el estudiante conciliador por tratarse de casos excepcionales se asesore de su Asistente Docente o Profesor Asesor. Cuando diligenciamos el anexo al acta, se escribe el mismo número del acta, para nuestro ejemplo es acta No. 001, los nombres claros de las partes y números de identificación y las calidades. Importante recordar que lo demás estipulado en el cuerpo del acta quedará de la misma forma para su cumplimiento, firmas y las huellas correspondientes.

ACOMPAÑAMIENTO DE LAS INVESTIGACIONES ACADÉMICAS DEL CONSULTORIO JURÍDICO Y EL CENTRO DE INVESTIGACIONES JURÍDICAS EL Centro De investigaciones Jurídicas y La División del consultorio Jurídico han acordado el acompañamiento de las investigaciones académicas adelantadas por los estudiantes del consultorio jurídico, en cumplimiento del acuerdo 11 de diciembre 4 de 2002, artículo 10, que en su tenor literal relaciona: Articulo 10 Impedimentos. Es la excusa de un estudiante para no cursar el área de investigación en procesos, cuando se den las circunstancias previstas en la Ley 583 de 2000, quienes deberán realizar una línea de investigación de acuerdo con la programación establecida por la Dirección”. Para llevar a cabo dicho acompañamiento se tuvieron en cuenta las siguientes consideraciones: PRIMERA: Que el centro de investigaciones da la Universidad libre dio cumplimiento al numeral 4 del articulo 10 del Capitulo 4 del acuerdo 13 de diciembre 4 de 2002Reglamento de investigaciones para la aprobación de líneas de investigación así: Que para la facultad de derecho se definieron a través de la resolución 04 de junio 9 de 2004 once Líneas de investigación así: 1. 2.

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Línea de investigación en derecho penal. Línea de investigación en derecho internacional.


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Línea Línea Línea Línea Línea Línea Línea Línea Línea

de de de de de de de de de

investigación en medicina legal. investigación en derecho civil investigación en derecho disciplinario y fiscal. investigación en derecho administrativo. investigación en derecho urbano. investigación en criminología. investigación en derecho laboral. investigación en derecho probatorio. investigación en derecho procesal constitucional.

Que se agruparon dentro del campo de conocimiento denominado (derecho, sociedad y estado), donde se verificarán los grupos y líneas de investigación antes relacionadas. Como en la facultad de derecho existen varios grupos de Investigación que vienen desarrollando proyectos de investigación en los siguientes temas que constituyeron líneas de investigación adicionales: -

Derechos humanos y sociedad civil. Derecho médico. Derecho ambiental y desarrollo sostenible. Procedimiento penal- análisis del nuevo sistema acusatorio.

SEGUNDA: Que en cumplimiento del artículo 10 del reglamento del consultorio jurídico los estudiantes están desarrollando varios trabajos de investigación de acuerdo a las líneas institucionales de investigación así:

1- NOMBRE DEL PROYECTO. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA ACUSATORIO EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA. Línea de investigación Derecho procesal. Subproyectos de investigación: 1.1 Bondades y falencias del nuevo sistema penal acusatorio. Estudiantes: -

Gersaín Espinosa Coordinador. Alexander Ruiz Hernández. María Teresa Hincapié Hincapié. Edilberto Villegas Villada. Cristian Felipe Cubiles. Bernardo Meneses. Jorge Mario Acosta.

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios 1.2 Valoración de la prueba para motivar la sentencia. Estudiantes: - Maria Elena Durango Coordinadora. - Wilber Hadison Castañeda 1.3 Reparación de perjuicios a la victima. Estudiantes: - Claudia María Rodríguez Marín Coordinadora - Sandra Soraya Zapata Ardila. - José Diego Correa Restrepo. 1.4 El Juez de control de garantías. Estudiantes: - Juan Carlos Peláez Coordinador. - María Fernanda Castaño 2. NOMBRE DEL PROYECTO: VIOLENCIA INTRAFAMILIAR. Línea de investigación derecho de familia. Área del conocimiento Sociedad Derecho y estado. Estudiantes: José Antonio Ríos Martínez Coordinador Alejandra Correa Correa. Carlos Alberto Simoes Piedrahita. Jair de Jesús Henao Molina. 3.-PROYECTO: DIVORCIOS EN ÁREA METROPOLITANA DE PEREIRA Y DOSQUEBRADAS. Línea de investigación derecho de familia. Estudiantes: - Eudes Quinto Mosquera

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Coordinador.


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico -

Eliécer Perea Mosquera. Eleuterio Rodríguez Valbuena. Cesar Augusto Bedoya Cardona, Luis Enrique Ossa Soto. Wilton Cesar Calderón. 4. PROYECTO: DERECHO AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE. Línea de investigación: derecho ambiental y desarrollo sostenible.

Sub Proyecto: Explotación ilícita de recursos naturales. Subproyecto: Responsabilidad en la administración y manejo de zonas de importancia Ecológica Parque Natural “ UCUMARI”. Estudiantes: - Miguel Alberto Vargas Coordinador. - Jorge Luis Cuellar Villa. - John Jairo Noreña Bilbao. - Sonia Pérez Sierra. TERCERA: Los estudiantes del consultorio jurídico presentaron el correspondiente anteproyecto de investigación con las asesorías parciales de la Directora del Centro de Investigaciones y el profesor asesor del Consultorio jurídico. CUARTA: El Centro de Investigaciones ha desarrollado las siguientes estrategias para el Desarrollo de Políticas generales de Investigación, según su reglamento; 1. CREACIÓN DEL NÚCLEO BÁSICO DE INVESTIGACIÓN. El Grupo básico de investigación es la unidad académica adscrita a cada facultad del área respectiva de la universidad, encargada de Fomentar y asesorar el proceso délas investigaciones en su respectivo campo de acción. Integrantes del núcleo básico de investigación: Perfil: - Docentes que hacen investigación y/o Líderes de grupos de investigación registrados ante el Centro de Investigaciones de la Facultad. -Integrantes permanentes:

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios 1. Decano. 2. Jefe del área de formación específica. 3. Jefe del área de fundamentación científica e investigativa si existe en el programa. Quien actúa como director del núcleo. 4. Estudiantes y docentes que determinen los miembros permanentes. 2

DESARROLLO DE INVESTIGACIÓN INSTITUCIONAL

2.1 Creación de grupos de investigación. Cada pupo de Investigación debe elaborar un documento que sustente la posición teórica, epistemológica y metodológica que convoca el problema y/o los problemas de investigación. Este documento igualmente, debe presentar las líneas que van a formar parte del grupo de investigación. Se propone redefinir líneas y proyectos de investigación de la siguiente manera: Previo acuerdo con el Núcleo Básico de investigación se presenta al consejo de Investigaciones la propuesta de implementación de las líneas de investigación, con los siguientes requisitos: 1. Líder de grupo de Investigación (docente vinculado tiempo completo, jornada completa y con trayectoria en investigación preferiblemente en el área disciplinar. 2. Fundamentación teórica, epistemológica y metodológica. 3. Problemas de investigación. 4. Investigadores. 5. Semilleros. 2.2 Inscripción a COLCIENClAS Cada miembro de grupo de Investigación realizó solicitud de inscripción de hoja de vida a CV-LAC. (Currículo de Latinoamérica y el Caribe) Y GRUP-LAC. (Grupo de Latino América y el Caribe). El Centro de investigaciones tiene en los distintos grupos, las investigaciones en curso que serán propuestas ante COLCIENCIAS para procurar su pronta aprobación con productos investigativos terminados. El centro de investigaciones ha extendido su actividad permanente con la División de Consultorio Jurídico y la División de posgrados y maestría donde se desarrolla la investigación institucional.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico ACTIVIDADES DE LOS MIEMBROS ACTIVOS DE CONSULTORIO JURÍDICO Y SISTEMAS DE EVALUACIÓN Todos los miembros activos del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación deben desarrollar las siguientes actividades académicas: · ·

Intervención en procesos Cumplimiento y desempeño en los turnos asignados

A.

INTERVENCION EN LOS PROCESOS

Es el conjunto de actuaciones que deben realizar los estudiantes como miembros activos del Consultorio Jurídico, cuando son designados como apoderados de algún usuario que requiere de nuestro servicio en cualquier área del derecho siempre y cuando sea de nuestra competencia. Puede darse el caso que un estudiante tenga la calidad de servidor público, en este evento, el estudiante debe acreditar esta calidad y solicitar a la Dirección del Consultorio se le declare impedido, anexando los siguientes documentos: · ·

Certificación laboral actualizada Acta de posesión del cargo que está desempeñando.

Esta certificación deberá ser aportada a la Coordinación Académica de Consultorio Jurídico cada tres meses. Una vez constituido el impedimento en estas circunstancias, dicho estudiante deberá realizar un trabajo de investigación de acuerdo con la programación establecida por la Dirección del Consultorio Jurídico, tal como lo establece el Art. 10 del Reglamento Interno del Consultorio. B.

CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO EN LOS TURNOS

Es la labor de Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación realizada por sus miembros, en cualquiera de las sedes y Centro de Conciliación, de acuerdo con la programación establecida al inicio del período académico. Los turnos deberán ser cumplidos en la jornada designada para ello, en el lugar que se indique, no existe justificación para dejar de asistir a ellos, “no habrá reprogramación de turnos”. Si el turno es programado en la Sede Principal, llegada la fecha y hora indicada el estudiante debe presentarse ante el coordinador académico, quien procederá a verificar la asistencia y asignar los servicios para el respectivo. Si por el contrario, el turno debe ser prestado en cualquier otra sede, la presentación se hará ante el asistente docente quien indicará los procedimientos a seguir en cada una de ellas. La asistencia deberá verificarse al iniciar y al finalizar el turno.

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios A medida que se desarrolla la consulta, el estudiante deberá diligenciar los formatos de entrevista, con letra legible, redactando y sintetizando cada caso de forma concreta. Este formato debe contar con la firma de quien realiza la consulta y la firma del entrevistado, Cualquier inquietud que se presente respecto de la consulta, debe ser resuelta junto con el consultor, asistente docente, la Coordinación Académica y la Dirección del Consultorio, quienes avalarán el contenido de dichas entrevistas con su firma. De ninguna manera el estudiante deberá recibir documentos originales con la entrevista, pues éstos serán entregados una vez sea asignado el caso y elaborada la demanda para su presentación ante la oficina judicial. DE LA EVALUACION ACADEMICA La asignatura Consultorio Jurídico se aprueba cuando el estudiante obtiene una nota mínima de tres cero (3.0) en cada una de las unidades que la integra, que son: Intervención en procesos, cumplimiento y desempeño en los turnos asignados. Turnos: El trabajo académico en los turnos será evaluado en una escala de cero punto cero (0.0) a cinco punto cero (5.0) y los ítems calificados serán: -

Cumplimiento que incluye: puntualidad, presentación personal y comportamiento. Conocimientos, es decir la señoría que se brinde de acuerdo al caso o casos consultados durante su permanencia del turno. Documentos, sea la hoja de consulta, la entrevista, o las actas de las audiencias realizadas cuando el turno se preste en el Centro de Conciliación del Consultorio Jurídico.

Procesos. El trabajo académico de los procesos asignados, será evaluado en una escala de cero punto cero (0.0) a cinco punto cero (5.0) para cada una, exceptuando los archivados por inasistencia o desinterés de los usuarios. Esta calificación será el resultado de un mínimo de cuatro revisiones programadas a lo largo del período académico. Si el estudiante obtiene una nota inferior a tres (3.0) en cualquiera de las unidades que integran la materia, improbará la asignatura Consultorio Jurídico, reportándose a la oficina de Registro y Control de notas de la Facultad IMPROBADO y tendrá que repetirla en el año siguiente. La nota de Consultorio Jurídico no es computable con el promedio de las demás asignaturas. QUE SE EVALÚA Y COMO SE EVALÚA LA PRÁCTICA EN EL CONSULTORIO JURÍDICO Y CENTRO DE CONCILIACIÓN

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Partiendo de los lineamientos curriculares institucionales consagrados en el acuerdo Nro. 01 de septiembre 25 de 2002 emanado de la H. Consiliatura, en el cual la Universidad concibe la evaluación del aprendizaje como un proceso orientado hacia el mejoramiento del estudiante y el aseguramiento de la calidad en su formación y del mismo proceso educativo donde la evaluación será continua, sistemática, procesal y formativa, la evaluación curricular en el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, se llevará a cabo a través de procesos de inducción e integración académica, realizados a comienzo de año, con la participación del Director, los profesores asesores, los asistentes docentes y los estudiantes en los cuales los profesores asesores presentarán sus planes de trabajo dentro de su respectiva área. RENDICIÓN DE INFORMES PARA LA EVALUACIÓN DE LA PRÁCTICA. El Comité Asesor como órgano adscrito al Consultorio Jurídico previa convocatoria ordinaria o extraordinaria por el Director en cumplimiento de sus funciones de asesorarlo en el desarrollo de políticas y la toma de decisiones, fijará al comienzo del año académico las fechas en las cuales los estudiantes de práctica de Consultorio Jurídico, deberán rendir los informes de la labor realizada durante el periodo respectivo con el fin de proceder a la evaluación académica, según el reglamento interno del consultorio, dicha evaluación será el resultado de un mínimo de cuatro revisiones programadas a lo largo del período académico. A los estudiantes se les ilustrará sobre la forma y contenido de los informes tanto para los asignados a las distintas entidades e instituciones de carácter gubernamental y no gubernamental, como para los practicantes activos que prestan su turno en las diferentes sedes del consultorio jurídico. FECHAS PARA CALIFICACIONES Y FACTORES DE EVALUACIÓN A LOS ESTUDIANTES DE CONSULTORIO JURÍDICO. El Comité Asesor del Consultorio Jurídico en cumplimiento de sus funciones fijará mediante acta de reunión ordinaria o extraordinaria las fechas para llevar a cabo las distintas calificaciones de Consultorio Jurídico y se les indicará sobre la obligación que tienen de presentarse a la evaluación el día y la hora en que inscribieron su práctica; adicionalmente se les hará saber sobre el porcentaje de calificación que se obtendrá para aquellos que asistan a la calificación y rindan el informa dentro del término indicado. De igual forma se les prevendrá sobre las consecuencias académicas en caso de no rendir sus informes oportunamente y de no presentarse a la calificación el día correspondiente. QUIENES INTERVIENEN EN LA FIJACIÓN DE LA NOTA Intervienen en forma activa los profesores asesores del Consultorio Jurídico y los Monitores o asistentes docentes y el Director. El Coordinador Académico del Consultorio Jurídico y centro de conciliación cumplirá con las funciones establecidas en el reglamento interno en el art. 28 Ord. f).

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios UNIDADES QUE INTEGRAN LA MATERIA DE CONSULTORIO JURÍDICO 1.- INTERVENCIÓN EN PROCESOS: Que hace relación a la actitud y responsabilidad de los estudiantes frente a los asuntos que le son encomendados. La evaluación será en una escala de cero cero (0.0) a cinco cero (5.0). Para esta unidad se tendrán en cuenta los siguientes factores: a) ACTITUD Y RESPONSABILIDAD : Para lo cual se calificará con una nota de dos unidades (2.0) sobre cinco (5.0) b) HOJA DE RUTA O HISTORIA DEL PROCESO: Para lo cual se calificará con una nota de tres unidades (3.0) sobre cinco (5.0) 2.- CUMPLIMIENTO Y DESEMPEÑO EN LOS TURNOS ASIGNADOS: Esta unidad se evalúa con base en la asistencia y en la labor realizada por los estudiantes en las distintas sedes, juzgados o instituciones en donde hallan sido asignados. La evaluación será en una escala de cero cero (0.0) a cinco cero (5.0). Para esta unidad se tendrán en cuenta los siguientes factores: a) PUNTUALIDAD: Esto es la asistencia y cumplimiento con el horario de práctica; se evaluará con una nota de tres unidades teniendo en cuenta el número de faltas, así: Por dos faltas se rebaja media unidad; por cuatro faltas se rebaja una unidad; por seis faltas se rebaja unidad y media; por ocho faltas dos unidades y de allí en adelante se rebajan tres unidades. b) PRESENTACIÓN PERSONAL, RELACIONES INTERPERSONALES Y COMPORTAMIENTO: Se evaluará con una unidad (1.0) c) CONOCIMIENTO: Es decir la asesoría que se brinda de acuerdo al caso o casos consultados durante su permanencia en el turno, se evaluará con una unidad (1.0) Si el estudiante obtiene en su evaluación una nota inferior a tres cero (3.0) en cualquiera de las unidades que integran la materia, IMPROBARÁ EL CONSULTORIO JURÍDICO. (ART. 13 Inc. 2º DEL REGLAMENTO). Igualmente la materia se perderá con inasistencia a la práctica del 5% sobre las horas programadas, esto es con siete (07) faltas. (Art. 12 Reglamento interno) Aprobado por el Comité Asesor del Consultorio Jurídico mediante acta Nro. 06 del 12 de julio de 2005.

____________________________________ OSCAR DE J. MARTÍNEZ BETANCOURT Presidente Comité Asesor Consultorio Jurídico

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico MODALIDADES DE PRÁCTICA DEL CONSULTORIO JURÍDICO En el consultorio jurídico los estudiantes de cuarto y quinto año de derecho diurno y quinto y sexto nocturno, pueden realizar la práctica de acuerdo con las siguientes modalidades: 1. Práctica Social: Los estudiantes la pueden realizar mediante la vinculación a proyectos adelantados por entidades sin ánimo de lucro que busquen el desarrollo social y económico de los sectores menos favorecidos de la población; o que realicen trabajos de pedagogía social que tengan por objeto la estabilidad social en las regiones donde éstos se adelantan. La práctica social busca fortalecer la formación de profesionales con sensibilidad social, sentido crítico, conocimiento de las realidades regionales y compromiso con el desarrollo del país. Dado a que el objetivo de la práctica social es completar la formación integral; el estudiante que opte por ésta práctica, se puede vincular a un proyecto que no tenga relación directa con alguna de las áreas de la profesión para lo cual se esté formando. La práctica social se realizará por intermedio de instituciones con las cuales la Universidad establezca convenios de cooperación interinstitucional. Estos convenios se desarrollarán en especial con entidades cuyo objetivo social es luchar por el bienestar de las comunidades o que brinden apoyo en cualquier área a personas poco favorecidas, como O. N. G u organismos interinstitucionales como Cámaras de Comercio, concejos Municipales o secretarías de Desarrollo Social departamental o municipales. Para la evaluación de esta actividad, la universidad ejecutará todos los procesos de seguimiento y evaluación sin perjuicio de aquellos que realice la entidad en donde el estudiante ejercite su práctica, de acuerdo con las políticas y reglamentos del Consultorio Jurídico. 2. Práctica Investigativa. Esta se encuentra atribuida a los estudiantes de derecho que para el momento de realizar la práctica de Consultorio Jurídico, se encuentren inhabilitados para cursar el área de intervención en procesos, conforme lo dispone la Ley 583 del 2000, o sea, aquellos que por tener la calidad de empleados públicos o judiciales, les es homologada la práctica de consultorio jurìdicocon otras actividades. Por tanto, atendiendo los postulados del artículo 10 del Acuerdo número 11 de diciembre 4 del 2002, emanado del mismo Consultorio, estos estudiantes deben desarrollar investigación que trace la Dirección del consultorio El proceso de investigación debe estar acorde con los parámetros trazados en la resolución número 04 de junio 9 del 2004, la cual define once (11) líneas de investigación

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios determinadas por el Centro de Investigaciones de la Universidad. La práctica investigativa la realiza el estudiante del consultorio jurídico desarrollando trabajos que se les asignen, tomando como referencia cualquiera de las líneas de investigación previamente determinadas por el Centro de Investigación. Los estudiantes de Consultorio Jurídico presentan el anteproyecto de investigación con la asesoría del director del Centro de Investigaciones de la Universidad y de la persona encargada por parte de dicho consultorio 3. Práctica Jurídica Esta se encuentra asignada a los estudiantes de Consultorio Jurídico I y II, que no tienen ningún impedimento legal para su intervención. Su práctica se realiza en la sede del Consultorio Jurídico o en los lugares donde se encuentran ubicadas las oficinas satélites de Consultorio como Dosquebradas, Santa Rosa de Cabal, La Virginia y Cartago, Cuba Villa Santana; también en otros municipios donde se llegare a ampliar la cobertura del Consultorio Jurídico. Este procedimiento se desarrolla a través de tres actividades como Intervención en Procesos; cumplimiento y desarrollo de turnos y Pasantías, las cuales se proyectan así: 1.1. Intervención en Procesos Si de la entrevista que realiza el estudiante con el usuario se desprende la necesidad de presentar una demanda o de intervenir en un proceso que se encuentre en curso,. el estudiante debe elaborar el correspondiente poder siempre y cuando el asunto esté dentro de su competencia. Siempre que el estudiante analice que el usuario necesita la asesoría para una demanda o, para representarlo en algún proceso de competencia del Consultorio, debe solicitar que en la entrevista se de una información veraz y pedir la documentación pertinente para probar la pretensión o la excepción. Quien como estudiante del consultorio jurídico intervenga como apoderado de alguna de las partes, debe realizar todas las gestiones inherentes al mandato y asistir a la tramitación del proceso hasta su terminación, pues como apoderado asume toda la responsabilidad profesional y patrimonial propia del abogado que se hace cargo de determinado asunto. 1.2. Cumplimiento y desarrollo de turnos Los estudiantes que estén asignados al Consultorio Jurídico y al Centro de Conciliación en cualquiera de sus sedes, deben atender a las personas que soliciten los servicios y determinar, una vez realizada la entrevista si son o no competentes. Si no son competentes, el estudiante debe brindar la orientación pertinente.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Es de advertir que la asistencia al usuario, constituye un servicio social para personas de escasos recursos y por tal razón, el estudiante debe hacer un somero análisis en la entrevista de la situación socio económica de quien pide el servicio. El resultado de la entrevista y la conclusión del estudiante con el visto bueno del asesor de la correspondiente área, será lo que determine si el usuario requiere o no de la asistencia jurídica con intervención en el proceso que instaure o se le promueva. 1.3. Pasantías. Las actividades por parte de los estudiantes de derecho en los despachos judiciales como equivalente a las prácticas del consultorio jurídico previstas en el pensum académico han sido reglamentadas por los acuerdos 523 de junio 17 de l999 y 719 de febrero 10 del 2000, de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura. Dichas actividades en el ámbito local pueden ser desarrolladas en el Consejo Seccional de la judicatura, Tribunales Superior y Administrativo y oficinas judiciales, brindando apoyo y servicio a las actividades de las distintas oficinas de la Rama Judicial, en cumplimiento del artículo 1º de la Ley 446 de l998. . Con dicha práctica se suple la prevista en el plan de estudios y se colabora en la descongestión de los despachos judiciales. El procedimiento de selección de los practicantes están establecidas en el acuerdo 719 citado, donde se consigna que esa práctica judicial se ejerce sin remuneración alguna y por el término y horario académico fijado en el pensum de la respectiva Universidad. Dichos acuerdos se ocupan igualmente de las obligaciones del practicante y de procedimiento que debe seguirse en caso de incumplimiento. Aprobado por el Comité Asesor del Consultorio Jurídico mediante acta Nro. 06 del 12 de julio de 2005. ______________________________________ OSCAR DE J. MARTÍNEZ BETANCOURT Presidente del Comité Asesor ORGANIZACIÓN DE LA JUSTICIA EN RISARALDA En cada circunscripción territorial pueden existir tantos TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO como sea la extensión del territorio; así por ejemplo, valle que es un departamento relativamente grande, tiene dos (2) TRIBUNALES SUPERIORES DE DISTRITO, uno en Cali y el otro en Buga; Caldas, Quindío y Risaralda que son departamentos relativamente pequeños tienen un solo TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO. Risaralda en su organización judicial cuanta con: Un Tribunal Superior de Distrito Judicial, denominado TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA.

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios El Tribunal esta compuesto para su funcionamiento en SALAS, así: a) b) c) d)

SALA SALA SALA SALA salas.

PENAL. Conformada por tres (3) Magistrados. CIVIL Y FAMILIA. Conformada por cinco (5) Magistrados. LABORAL. Conformada por tres (3) Magistrados. PENAL. Conformada por los Magistrados que componen las tres (03 )

El Tribunal Superior tiene sus dignatarios que son: El Presidente del Tribunal y los Presidentes de cada una de las Salas de decisión. El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, funciona en el Palacio de Justicia, Calle 41 Kras. 7ª y 8ª, tercer piso de la Torre C. *

La Sala Penal esta ubicada en el cuarto piso de la Torre C. La Sala Civil y de Familia, esta ubicada en el tercer piso de la Torre C. La Sala Laboral esta ubicada en el segundo piso de la Torre C. El Consejo Seccional de la Judicatura, esta ubicada en el sexto piso de la Torre C. El Tribunal Contencioso Administrativo de Risaralda, esta ubicado en el quinto piso de la Torre C.

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira esta dividido para su funcionamiento en CIRCUITOS JUDICIALES. PRIMER CIRCUITO: Circuito Judicial de Pereira; el cual tiene su sede en Pereira y lo componen Pereira y Marsella. En este Circuito funcionan seis juzgados penales del circuito; un Juzgado Penal del Circuito Especializado; seis (6) Juzgados Penales Municipales; dos (2) Juzgados de ejecución del penas y medidas de seguridad; tres (3) Juzgados Laborales del Circuito; cuatro (4) Juzgados de Familia; dos (2) Juzgados de Menores; cinco (5) Juzgados Civiles del Circuito; ocho (8) Juzgados Civiles Municipales y un Juzgado Promiscuo Municipal en Marsella. Los Juzgados Penales del Circuito y Penales Municipales, cumplen unas funciones de control de garantías, otros funcionan como jueces de conocimiento dentro del sistema acusatorio y otros siguen tramitando y juzgando las conductas que quedaron pendientes y que se venían conociendo por el sistema anterior. La ubicación y sus funciones son las siguientes: a) b)

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Los Juzgados 1º y 3º Penales del Circuito, son de conocimiento para el sistema acusatorio, y se encuentran ubicados en el segundo piso de la torre A. Los Juzgados Segundo, Cuarto, Quinto y Sexto Penales del Circuito, siguen tramitando los procesos que se venían conociendo por el sistema anterior y se


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c) d)

e)

encuentran ubicados en: El 2º , 4º y 6º en el segundo piso de la torre A; el 5º en el tercer piso de la torre A. El juzgado 1º Penal Municipal, es de conocimiento para el sistema acusatorio y se encuentra en el 3er piso de la Torre A. Igualmente el Juzgado 1º Penal Municipal junto con los Juzgados 2º , 3º, 4º , 5º y 6º , cumplen funciones de control de garantías, y quedan ubicados en: EL 1º y el 2º Penal Municipal de Garantías; en el piso 2º Torre A; el 3º Penal de Garantías, piso 3 torre A; Juzgados 4º, 5º y 6º Penal Municipal de Garantías, piso 7º torre C. Existe un 7º Juzgado Penal Municipal que cumple funciones de control de garantías y además sirve de coordinador del centro de servicios judiciales al sistema penal acusatorio, el cual se encuentra ubicado en el 1er piso Torre A. ( Solo hasta el 31 de enero de 2006).

Con la puesta en funcionamiento del sistema acusatorio en este Distrito, se acondicionaron siete (7) Salas de Audiencias, las cuales son utilizadas por la Sala Penal del H. Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, los Jueces de conocimiento y los Jueces de Control de Garantías, se encuentran ubicadas así: La Sala Principal, en el piso primero de la Torre A ; las Salas 1, 2 y 3 en el piso 2º de la torre A; la Sala 4ª, en el piso 3º de la torre A; la Sala 5ª, en el basamento de la torre A; y la Sala 6ª en el basamento de la torre C. El Juzgado único Penal del Circuito Especializado, cumple funciones de Juzgado de Conocimiento para el sistema anterior y para el sistema acusatorio, y se encuentra ubicado en el piso 3º de la torre A. Los Juzgados Civiles del Circuito se encuentran ubicados en el 4º piso torre A. Los Juzgados Laborales del Circuito se encuentran ubicados en el 3er. Piso, de la Torre A el 1ºy el 2º y en el cuarto piso de la Torre A el Juzgado 3º. Los Juzgados de Menores se encuentran ubicados en el 4º piso de la torre A. Los Juzgados de Familia se encuentran ubicados en el 5º piso de la torre A. Los Juzgados Civiles Municipales se encuentran ubicados en el 5º piso de la torre A. En el primer piso de la torre A, se encuentran las oficinas de la administración judicial; Reparto, Títulos Judiciales, y Oficinas Administrativas, etc. El Juzgado promiscuo Municipal de Marsella, se ubica en el Palacio Municipal. SEGUNDO CIRCUITO: Circuito Judicial de Dosquebradas; el cual tiene su sede en Dosquebradas y solamente lo compone Dosquebradas. En este circuito funcionan los siguientes Juzgados: Un juzgado Civil del Circuito; un Juzgado Penal del Circuito; Tres (3) Juzgados Civiles Municipales; dos (2) Juzgados Penales Municipales; dos (2) Juzgados Promiscuos de Familia y un (1) Juzgado Laboral del Circuito, todos se encuentran ubicados en el tercer piso del CAM

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios TERCER CIRCUITO: Santa Rosa de Cabal.- Tiene su sede en Santa Rosa de Cabal, y comprende solamente el Municipio de Santa Rosa de Cabal. En este circuito funcionan: Un Juzgado Penal del Circuito; un Juzgado Civil del Circuito; dos (2) Juzgados Civiles Municipales y un Juzgado Civil Municipal. Ubicados en la Calle 12 # 14-41 CUARTO CIRCUITO: La Virginia.- El cual tiene su sede en La Virginia, y comprende los Municipios de Balboa, La Virginia y La Celia. En este circuito funcionan: Un Juzgado Único Promiscuo del Circuito; uno (1) Promiscuo Municipal en la Virginia, ubicado en la Cra 7 # 9-16; Un Juzgado Promiscuo Municipal en Balboa y un Juzgado Promiscuo Municipal en La Celia, ubicado en el edificio de la Alcaldía.

QUINTO CIRCUITO. Apía. Con sede en Apía y comprende Apía, Santuario y Pueblo Rico. En este circuito funcionan: Un Juzgado único Promiscuo del Circuito en Apía; un Juzgado Promiscuo Municipal en Apía; un Juzgado Promiscuo Municipal en Santuario y un Juzgado Promiscuo Municipal en Pueblo Rico., todos ubicados en el edificio de la alcaldía. SEXTO CIRCUITO. Belén de Umbría. Con sede en Belén de Umbría y comprende Belén de Umbría y Mistrató. En este circuito funcionan: Un Juzgado único Promiscuo del Circuito en Belén de Umbría; un Juzgado Promiscuo Municipal en Belén de Umbría y un Juzgado Promiscuo Municipal en Mistrató, ubicados en la Alcaldía Municipal. SÉPTIMO CIRCUITO. Quinchía. Tiene su sede en Quinchía y comprende Quinchía y Guática. En este circuito funcionan: Un Juzgado único promiscuo del circuito en Quinchía; un Juzgado Promiscuo Municipal en Quinchía y un Juzgado Promiscuo Municipal en Guatita, ubicados en el edificio de la Alcaldía. Con la entrada en vigencia del sistema penal acusatorio (Ley 906 de 2004) , le corresponde a la Fiscalía General de la Nación realizar la indagación en investigación de los hechos que revisten características de un delito. En desarrollo de tal función el Fiscal es el Director de la investigación y le corresponde como tal la coordinación, el control jurídico y verificación técnico – científica de las actividades que desarrolle la policía judicial, en los términos previstos en la precitada Ley. En estas condiciones en cada Distrito Judicial debe haber por lo menos un Fiscal Delegado ante el H. Tribunal Superior, que conoce de los delitos de competencia de la Sala Penal del Tribunal; y un Fiscal Especializado, por lo menos, que investiga los delitos de competencia de los Jueces Penales del Circuito Especializado.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico En cada Circuito Judicial debe haber por lo menos un Fiscal Seccional Delegado ante los Jueces Penales del Circuito o Promiscuos del Circuito, que investiga los delitos de competencia de los Jueces Penales del Circuito o Promiscuos del Circuito. En cada Circuito Judicial debe haber por lo menos un Fiscal Local Delegado ante los Jueces Penales Municipales o Promiscuos Municipales que investiga los delitos de competencia de los Jueces Penales Municipales o Promiscuos Municipales. Veamos pues: UNIDAD DE FISCALÍAS DELEGADAS ANTE EL TRIBUNAL SUPERIOR Fiscalías 1ª y 3ª. Las cuales se rigen por ambos sistemas penales, tanto con la Ley 600/ 00 como por la Ley 906/04, es decir tienen una función mixta. Están ubicadas en el Basamento de la torre A. UNIDAD DE FISCALÍAS DELEGADAS ANTE JUZGADOS PENALES ESPECIALIZADOS. Fiscalía 1ª Delegada ante el Gaula y esta ubicada en el Cra 11 @ 42-46, Barrio Maraya y las Fiscalías 2ª y 3ª las cuales se encuentran en el Palacio de Justicia Piso 1 de la torre C. Todas tienen función mixta. FISCALIAS DELEGADAS ANTE LOS JUZGADOS DEL CIRCUITO Unidad de Fiscalías de delitos contra la vida, la integridad personal y otros. Pereira. Fiscalías 6ª, 24 y 36, las cuales funcionan con el nuevo sistema acusatorio y están ubicadas en la Cl. 38 # 6 -52 Unidad de Fiscalías de delitos contra la fe pública, el patrimonio económico y otros. Pereira. Fiscalía 7ª, 9ª y 14 que funcionan con el nuevo sistema acusatorio, y la 17, 19 20 y 31 que funcionan con el antiguo sistema. Están ubicadas en el Basamento de la Torre C del Palacio de Justicia. Unidad de Fiscalías de delitos contra la salud pública y otros. Pereira Fiscalías 10ª, 15 y 36 que funcionan con el nuevo sistema acusatorio y la 12 que funciona con el antiguo sistema. Están ubicadas en la Cll 38 # 6-52. Unidad Seccional Apía. Fiscalía 23. Funciona con ambos sistemas. Esta ubicada en la Cll 9ª # 9-20.

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Aspectos Dinámicos, Normativos y Reglamentarios Unidad Seccional Belén de Umbría. Fiscalía 32. Funciona con ambos sistemas. Esta ubicada en la Cra 11 # 6-25. Unidad Seccional Dosquebradas. Fiscalías 8ª, 25 y 36 que funcionan con el nuevo sistema acusatorio, y la 25 que funciona con el antiguo sistema. Están ubicadas en la Cra, 6 # 29-174 Bodega 6 C.C. El Parque. Unidad Seccional La Virginia. Fiscalía 27 que funciona con ambos sistemas y la 28 que funciona con el sistema penal acusatorio. Están ubicadas en la Cra 8b # 10-85 Unidad Seccional Quinchía. Fiscalía 29 que funciona con ambos sistemas y esta ubicada en la Cra 7 # 8 – 20 Unidad Seccional Santa Rosa de Cabal. Fiscalías 30 y 34 que funcionan con ambos sistemas y están ubicadas en la Cll 16 # 12 02 SALAS DE ATENCIÓN AL USUARIO. S.A.U. Santa Rosa de Cabal Fiscalía 15 ubicada en la Calle 16 # 12-02 S.A.U. Dosquebradas Fiscalía 39 ubicada en la Cra 6 # 29-174 bodega 6 C.C. El Parque. S.A.U. Centro Pereira Fiscalía 35 S.A.U. Cuba - Pereira Fiscalía 42 Casa de Justicia Cuba CASAS DE JUSTICIA Cuba - Pereira Fiscalía 17 Villa Santana - Pereira Fiscalía 45

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico UNIDAD DE INDAGACIÓN PRELIMINAR PEREIRA Fiscales Seccionales Fiscalías 11 y 16 que funcionan con el nuevo sistema acusatorio y están ubicadas en la clle 38 # 11 -41 Fiscales Locales Fiscalías 1ª , 32 y 43 que funcionan con el nuevo sistema acusatorio y están ubicadas en la clle 38 # 11 -41 FISCALES DELEGADOS ANTE LOS JUECES PENALES MUNICIPALES Unidad local – Belén de Umbría. Fiscalía 3ª que funciona con ambos sistemas. Ubicada en la Cra 11 # 6 - 25 Unidad local – Dosquebradas. Fiscalías 6ª, 9ª y 18 que funcionan con el nuevo sistema acusatorio y la 8ª que funciona con ambos sistemas. Ubicadas en la Cra 6 # 29-174 Bodega 6 C.C. El Parque. Unidad local – La Virginia Fiscalía 11 funciona con el nuevo sistema acusatorio y la 44 que funciona con ambos sistemas. Ubicadas en la Cra 8b # 10-85. Unidad local – Marsella. Fiscalía 26 que funciona con ambos sistemas. Ubicada en el edificio de la Alcaldía Unidad local – Quinchía. Fiscalía 12 que funciona con ambos sistemas. Ubicada en el edificio de la Alcaldía Unidad local – Santa Rosa de Cabal. Fiscalía 7ª que funciona con ambos sistemas y la 13, 16 y 19 que funcionan con el nuevo sistema. Ubicadas en la Cll 16-#12-02 Unidad local – Santuario. Fiscalía 20 que funciona con ambos sistemas. Unidad local – Pereira. Fiscalía 2ª que funciona con ambos sistemas y 4ª, 5ª 23, 23, 24, 28, 29, 31, 34, 36 y 40 que funcionan con el nuevo sistema acusatorio y la 10, 25, 33, 37,y 41 que funcionan con el antiguo sistema Ubicadas en el Palacio de Justicia, primer Basamento de la Torre A.

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Aspectos Dinรกmicos, Normativos y Reglamentarios

SEGUNDA PARTE COMPETENCIA DEL CONSULTORIO JURIDICO va el texto que tiene el libro

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico CAPITULO I 1. COMPETENCIA DE LOS JUECES PENALES MUNICIPALES (Ley 906 del 31 de agosto de 2004, Art. 37) 1.1. LOS JUECES PENALES MUNICIPALES CONOCEN: 1. De los delitos de lesiones personales 2. De los delitos contra el patrimonio económico en cuantía equivalente a una cantidad no superior en pesos en CIENTO CINCUENTA (150) salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento de la comisión del hecho. 3. De los procesos por delitos que requieren querella de parte, aunque el sujeto pasivo sea un menor de edad e implique investigación oficiosa. La investigación de oficio no impide aplicar, cuando la decisión se considere necesaria, los efectos propios de la querella para beneficio y reparación integral de la víctima del injusto. 4.

De la función de control de garantías 1.2. COMPETENCIA DE LOS JUECES PENALES MUNICIPALES (Ley 600 de 2000 Art. 78) LOS JUECES PENALES MUNICIPALES CONOCEN:

1. De los procesos por delitos contra el patrimonio económico, cuya cuantía no exceda de cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes. 2. De los delitos que requieran querella de parte, cualquiera sea su cuantía, excepto la injuria (C.P. art. 220); calumnia (C.P. Art. 221); injuria y calumnia indirecta (C.P. Art. 222); injuria por vías de hecho (C.P Art. 226); injurias y calumnias recíprocas (C.P. Art. 227). 3. De los procesos por delitos de lesiones personales. 4. Dosis personal, ley 745/2002, del 19 de julio. NOTA. Se incluye la competencia de los jueces penales municipales establecida en la Ley 600, ya que los estudiantes de Consultorio Jurídico siguen sirviendo de defensores de oficio en los asuntos que aún continúan por el trámite de esta ley.

2. COMPETENCIA DE LAS AUTORIDADES DE POLICIA Las autoridades de policía conocen:

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal 1. De todas las conductas contravencionales que se encuentran descritas en el Manual de Policía y Convivencia Ciudadana para el Departamento de Risaralda (Ordenanza No. 060 de noviembre 29 de 2001, modificada y adicionada por la Ordenanza Nro 041 del 28 de Diciembre de 2005) y para las cuales su procedimiento se encuentra consagrado en este estatuto en los artículos 271 al 276, además de las contravenciones comunes contempladas en el decreto 1355 de 1970 Código Nacional de Policía. 2. De los procesos especiales de policía: Lanzamiento por ocupación de hecho en predios urbanos y en predios rurales explotados y sin explotar económicamente; amparo a la posesión o a la mera tenencia, cuyo procedimiento se determina en el “Manual de Convivencia Ciudadana” en los artículos 277 al 305; amparo al domicilio, Art. 85 del Decreto 1355 de 1970; restitución de bienes de uso público; demolición por amenaza de ruina; procesos especiales por contravención común relativas a obras, consagrado en el decreto 1355 de 1970; proceso de amparo a la industria hotelera. 3. Contravenciones especiales de policía consagradas en el Decreto 522 de 1971, en la ley 23 de 1991, ejercicio arbitrario de las propias razones y en la ley 30 de 1986 Cap. VI, Arts. 51 y ss. en la Ley 746 de 2002 artículos 108 A al 108 P del Código Nacional de Policía y en el Decreto 1136 de 1970 Arts. 1 al 7.

3. MODELO DE PODER PARA EJERCER LA DEFENSA EN EL PROCESO PENAL Señor JUEZ PENAL MUNICIPAL de ________ (o Fiscal Local Delegado ante los Jueces Penales Municipales) E.S.D. Referencia: Proceso Penal por la presunta conducta punible de hurto. Sindicado: ______________ Ofendido: _______________ Radicación: _____________ ____________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. _________De _______en mi condición de sindicado en el proceso de la referencia, a usted con todo respeto me permito manifestarle que confiero poder especial, amplio y suficiente al estudiante de práctica de Consultorio Jurídico _____________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. _________De ______y código No. ______ de la Universidad _______ para que me asista y me represente como defensor en el proceso que se sigue en ese despacho en mi contra, a instancias del señor __________(ofendido). Mi defensor queda facultado para transigir, recibir, desistir, sustituir, reasumir, pedir y aportar pruebas, conciliar, proponer recursos e incidentes y en general hacer todo lo que más convenga a mis intereses. Sírvase, señor juez o señor fiscal, reconocerle personería a mi apoderado para los efectos y dentro de los términos de este mandato.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Del señor juez o señor fiscal: Atentamente, Firma y antefirma del sindicado C.C. No. ___________de _________ Acepto: ___________ Firma y antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico C.C. No. ________De _____ Código No. _________de la Universidad

4. MODELO DE PODER PARA PRESENTAR DENUNCIA O QUERELLA PENAL A NOMBRE DEL OFENDIDO Señor JUEZ PENAL MUNICIPAL de _______(o Fiscal Local Delegado ante los Jueces Penales Municipales E.S.D. __________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No _______de ______ en mi condición de sindicado en el proceso de la referencia, a usted con todo respeto me permito manifestarle que confiero poder especial, amplio y suficiente al estudiante de práctica de Consultorio Jurídico ___________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. _______de ______ y código No. _______ de la Universidad ___________ para que en mi nombre presente denuncia o querella penal en contra del señor ___________, mayor de edad, vecino de __________ identificado con la C.C. No. de ________ por la presunta conducta punible de lesiones personales. Mi defensor queda facultado para transigir, recibir, desistir, sustituir, reasumir, pedir y aportar pruebas, conciliar, proponer recursos e incidentes y en general hacer todo lo que más convenga a mis intereses. Sírvase Señor Juez o Señor Fiscal, reconocerle personería a mi poderdante para los efectos y dentro de los términos de este mandato. Del Señor Juez o Señor Fiscal: Atentamente, ________________________ Firma y antefirma del ofendido C.C. No. _________de _______

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal _______________ Firma y antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico C.C. No. _________de ________ Código No. _______ de la Universidad _____________

5. MODELO DE DENUNCIA O QUERELLA PENAL Señor Fiscal _____ de la Unidad Local _______ Delegado ante los Jueces Penales Municipales de Pereira (Reparto) E.S.D. Referencia: Denuncia o querella penal por el presunto delito de: ____________ Denunciante: _______________ Denunciado ________________ Ofendido: _________________ ____________ mayor de edad, vecino de _________, identificado con la C.C. No. expedida en código No. _______de la Universidad ___________, estudiante de práctica de Consultorio Jurídico, en mi condición de apoderado judicial del señor ________(ofendido), a Usted con todo respeto me permito presentar denuncia o querella penal por la presunta conducta punible de _________en contra de _________, mayor de edad, vecino de Pereira. El fundamento de mi denuncia o querella la hago consistir en los siguientes: HECHOS: Aquí se hace una narración suscinta de los hechos, teniendo en cuenta la fecha de la comisión de la conducta y las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos), es bueno relacionarlos por separado y numerados. DERECHO: Creo que nos encontramos frente a una típica conducta punible de que define y sanciona el Código Penal en el Título _______ Cap. ______ Arts y ss., pues con el hecho se ha causado un grave daño a ____________ que es oportuno esclarecer y reprimir. PRUEBAS: Aquí se pueden solicitar todas las pruebas que se establecen en el C.P.P. en los artículos 233 de la Ley 600 y Art. 382 de la Ley 706 de 2004.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Solicito que sean ponderadas, decretadas, practicadas y tenidas en cuenta las siguientes: A. DOCUMENTAL: 1 ____________________ 2 ____________________ B. TESTIMONIAL. Que se cite a su despacho a las siguientes personas para que declaren sobre los hechos materia de investigación; (las relaciona teniendo en cuenta que debe decirse donde se localizan, dirección y teléfono etc.). Que se cite a todas las demás personas que tuvieron que ver en una u otra forma con el hecho. C. OFICIOS. Que se oficie a ___________ a efecto de que ponga a disposición del despacho todos los documentos que hacen parte de esta denuncia o querella. D. INSPECCION OCULAR. Que se decrete una Inspección Ocular a ___________ con el fin de establecer visibilidad, audibilidad, estado de la vía, etc. a que hace referencia esta denuncia. ANEXOS: Los documentos relacionados en pruebas y el poder para presentar esta denuncia o querella. DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES Denunciante o querellante _____________ Tel _______Pereira Denunciado o querellado __________ Tel ________Pereira Estoy dispuesto a ratificar y ampliar esta denuncia o querella cuando usted lo estime necesario. Atentamente: ________________ Firma y antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico C.C. No. ___________ de __________ Código No. _________ de la Universidad

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal 6. ACCION CIVIL DENTRO DEL PROCESO PENAL ARTICULOS 45 AL 61 DEL C.P.P (Ley 600 de 2000) a. OBSERVACIONES 1. Clases. La acción civil es individual y popular o colectiva 2. Titulares. Las personas naturales o jurídicas perjudicadas, los herederos o sucesores de aquéllas, el Ministerio Público y el actor popular. 3. Quiénes están obligados a indemnizar. Los responsables penalmente y quienes de acuerdo con la ley sustancial deban reparar el daño. 4. Oportunidad para la constitución de parte civil. A partir de la Resolución de apertura de instrucción hasta antes de la sentencia de única o segunda instancia. 5. Oportunidad para pedir embargo y secuestro de bienes de propiedad del demandado. En aquellos delitos en que sea obligatorio resolver situación jurídica, simultáneamente con dicha providencia siempre y cuando se profiera medida de aseguramiento. En aquellos casos donde no hay lugar a resolver situación jurídica, con posterioridad a su vinculación como sindicado. 6. Requisitos de la demanda: a) Funcionario a quien se dirige. b) Identificación plena del demandante y del demandado, si lo conociere e identificación plena de los representantes legales y judiciales. c) Los hechos de la demanda. d) La tasación de los perjuicios materiales (daño emergente y lucro cesante) y morales ocasionados con la conducta. e) Los fundamentos de derecho en que se basa la pretensión anterior. f) Las pruebas que se pretendan hacer valer. g) La declaración jurada en el sentido de que no se ha promovido proceso alguno en contra del sindicado ante la Jurisdicción Civil. h) Los anexos de la demanda. i) Las direcciones para notificaciones.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico 7. Efectos de la cosa juzgada penal absolutoria. La acción civil no podrá iniciarse ni proseguirse cuando se haya declarado, por providencia en firme, que la conducta causante del perjuicio no se realizó o que el sindicado no la cometió o que obró en estricto cumplimiento de un deber legal o en legítima defensa. 8. Prohibición de Enajenar: El sindicado no podrá enajenar bienes de su propiedad sujetos a registro durante el año siguiente a su vinculación al proceso, a menos que esté garantizada la indemnización de perjuicios o se hubiere producido pronunciamiento de fondo sobre su inocencia.

7. MODELO DE PODER PARA CONSTITUCION DE PARTE CIVIL DENTRO DEL PROCESO PENAL Señor JUEZ PENAL MUNICIPAL DE _________ (O Fiscal Local Delegado ante los Jueces Penales Municipales) E.S.D. Referencia: Proceso penal por la presunta conducta punible de lesiones personales Sindicado: ______________ Ofendido: ______________ Radicación: _____________ ____________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. de en mi condición de sindicado en el proceso de la referencia, a Usted con todo respeto me permito manifestarle que confiero poder especial, amplio y suficiente al estudiante de práctica de Consultorio Jurídico __________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. _________de _________y código No. __________de la Universidad __________ para que me constituya parte civil dentro del proceso penal que se sigue en ese despacho en contra del señor _____________, por la presunta conducta punible de lesiones personales. Mi defensor queda facultado para transigir, recibir, desistir, sustituir, reasumir, pedir y aportar pruebas, conciliar, proponer recursos e incidentes y en general hacer todo lo que más convenga a mis intereses. Sírvase Señor Juez o Señor Fiscal, reconocerle personería a mi poderdante para los efectos y dentro de los términos de este mandato. Del Señor Juez o Señor Fiscal: Atentamente, _________________________

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal Firma y antefirma del ofendido C.C. No. _______de _______ ________________ Firma y antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico C.C. No. ______ de _________ Código No. ______ de la Universidad

8. MODELO DE DEMANDA DE CONSTITUCION DE PARTE CIVIL EN EL PROCESO PENAL (Ley 600 de 2000) Señor: FISCAL DE LA UNIDAD LOCAL DELEGADA ANTE LOS JUECES PENALES MUNICIPALES DE PEREIRA E.S.D. Referencia. Sumario por el hecho punible de Lesiones Personales. Sindicado: _____________ Demandante: ___________ Ofendido o Perjudicado: ___________ Radicación: ___________ ___________mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. _____de _______ y código No. ___________de la Universidad ________ estudiante de práctica de Consultorio Jurídico, en uso del poder especial que me ha conferido el señor mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. ______expedida en _________a Usted con el debido respeto me permito presentar demanda de constitución de parte civil, en contra del señor: ___________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. __________ expedida en ________. SUJETOS PROCESALES A) Sindicado o sujeto activo de la acción. El sindicado o sujeto activo de la acción es el señor _____________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. _________ expedida en _____. B) Ofendido, perjudicado o sujeto pasivo de la acción: El sujeto pasivo de la acción es el señor ___________mayor de edad, identificado con la C.C. No. _______de _______ C) Representante Judicial:

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico La parte civil está representada judicialmente por el estudiante de Consultorio Jurídico ___________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. _____de _____y código No. _______de la Universidad _______. HECHOS: Aquí se debe hacer una relación sucinta de los hechos constitutivos de la conducta punible, anotando las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que sucedieron los hechos, por esta razón el apoderado de la parte civil debe observar primero el proceso y de allí extractar los datos, con base en las facultades establecidas en el Art. 48, inciso 3º que dice: “Cuando se hubiere conferido poder en legal forma, el abogado podrá conocer el proceso siempre que acredite sumariamente la calidad de perjudicado del poderdante, obligándose a cumplir con la reserva exigida”. PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES a) Perjuicios materiales, cuantía. Los perjuicios materiales los estimo en la suma de $ _________que resulta de: a) El daño emergente: La suma de $____________ que es lo que el perjudicado u ofendido gasta (Ej. Los gastos de sepelio, gastos médicos, hospitalarios, etc. Todo debe demostrarse con comprobantes de pago); b) El lucro cesante: que es lo que se deja de percibir por efecto del daño causado. Para valorarlos por Ej. En un delito de lesiones, se debe recurrir a la incapacidad médico legal definitiva. Con base en ella se calcula multiplicando el salario que devengaba el lesionado por los días de incapacidad al momento de ser lesionado. b) Perjuicios Morales, cuantía. Por no ser susceptibles de ser valorados pecuniariamente, su tasación se deja a criterio del señor fiscal o juez, tal como lo establece el artículo 97 del Código Penal, incisos 1º y 2º. PRUEBAS: A. DOCUMENTAL a) __________ b) __________ B. TESTIMONIAL: Que se llame a declarar a las siguientes personas: a) b)

debe anotarse su dirección debe anotarse su dirección

C. PERICIAL: D. CERTIFICACIONES FUNDAMENTOS JURIDICOS

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal Son fundamentos de la presente demanda, lo normado en los artículos 1494 y ss del C.C. Arts. 94 y ss. Del C.P; Arts. 45 y ss del C.P.P. PETICION Sírvase Señor Fiscal o Señor Juez aceptar esta demanda y tener al señor c o m o parte civil dentro de este proceso penal y al suscrito como su representante judicial. ANEXOS: El documento relacionado en pruebas y el poder para actuar, copia de la demanda, sus anexos para el traslado al demandado. DECLARACION JURADA Declaro ante el señor Fiscal o Juez bajo la gravedad del juramento, que mi poderdante no ha promovido proceso alguno en contra del sindicado ante la jurisdicción civil encaminada a obtener la reparación de los perjuicios materiales y morales ocasionados con la conducta punible. DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES El demandante: ___________ Tel. ______Pereira El demandado: _____________ Tel. ________Pereira Como estudiante de Consultorio Jurídico me notificaré en la secretaría de su despacho o en la calle 40 No. 7-30, teléfono 3360181, Pereira. Del Señor Juez: ______________ Firma y Antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico C.C. No. _________de ________ Código No. ______de la Universidad _________

9. MODELO DE SOLICITUD DE EXPEDICION DE COPIAS Señor FISCAL ________ LOCAL DELEGADO ANTE LOS JUECES PENALES MUNICIPALES E.S.D. Referencia: Solicitud expedición copias

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Sindicado: __________________ Ofendido: __________________ Radicación: _________________ Como defensor del sindicado en el proceso de la referencia, a Usted con todo respeto me permito solicitarle se sirva ordenar se me expida y entregue copia de todo o actuado para uso personal y para el cumplimiento de la misión que me fue encomendada. Prometo bajo juramento no violar la reserva de sumario Del Señor Fiscal: Atentamente: _______________ Firma y Antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico C.C. No. _______de __________ Código No. _______ de la Universidad NOTA: La solicitud de expedición de copias se hace por una sola vez, por consiguiente ésta le sirve para pedir durante toda la actuación. Las puede solicitar en la instrucción o en el juicio, pero aquí no es necesario que prometa no violar la reserva del sumario, por cuanto el juicio es público. En el sistema acusatorio las copias se piden en forma oral en cada audiencia o diligencia.

10. LA CONCILIACION COMO UN MECANISMO DE EXTINCION DE LA ACCION PENAL Art. 41 C.P.P. (Ley 600 de 2000) a. OBSERVACIONES 1. Procedencia. Sólo procede en aquellas conductas perseguibles por querella que están taxativamente relacionadas en el art. 35 del C.P.P. y para las conductas que admiten indemnización integral consagradas en el Art. 42 ibídem. 2. Quién la puede solicitar. La puede decretar el funcionario judicial de oficio o cualquiera de los sujetos procesales. 3. Oportunidad. El funcionario judicial con la resolución de apertura de instrucción o en cualquier tiempo durante el trámite del proceso; las partes en cualquier tiempo durante la actuación.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal 4. Intervención de los apoderados y defensores en la audiencia de conciliación. No se permitirá su intervención, únicamente les está permitido el diálogo con sus poderdantes y defendidos a efecto de asesorarlos para proponer fórmulas de conciliación. 5. En un proceso penal, sindicado y ofendido pueden llegar a la conciliación en un Centro de Conciliación legalmente aprobado o ante un juez de paz, pero en todo caso el acuerdo a que se llegue, debe ser aprobado por el funcionario judicial donde cursa la actuación procesal, para tal fin el Director del respectivo centro deberá enviar el ACTA DE CONCILIACION, antes de proferirse sentencia de primera instancia.

11. MODELO DE SOLICITUD DE CONCILIACIÓN POR EL SINDICADO O DEFENSOR Señor FISCAL _____________ LOCAL DELEGADO ANTE LOS JUECES PENALES MUNICIPALES E.S.D. Referencia: Proceso por la presunta conducta punible de: Sindicado: ____________ Ofendido: ____________ Radicación: ___________ Como defensor del sindicado en el proceso de la referencia, a Usted con el debido respeto me permito solicitarle se sirva fijar fecha y hora para la celebración de audiencia de conciliación. La anterior solicitud se fundamenta en el Art. 41 del C.P.P. Del Señor Fiscal o Juez: ________________ Firma y Antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico C.C. No. ________de _______ Código No. de la Universidad

12 . SENTENCIA ANTICIPADA Art. 40 C.P.P. (Ley 600 de 2000) a. OBSERVACIONES

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico 1. Quién la puede solicitar. Solamente el procesado por una sola vez. Su abogado defensor la podrá coadyuvar. 2. Oportunidad. a) A partir de la diligencia de indagatoria hasta antes de la ejecutoria de la resolución de cierre de investigación, en la etapa de la instrucción. b) A partir de la resolución de acusación hasta antes de la ejecutoria de la resolución que fija fecha para la celebración de la audiencia pública, en la etapa del juicio. 3. Rebajas de Pena. Si el procesado se acoge a la sentencia anticipada en la etapa de la instrucción, la rebaja será de 1/3 parte de la pena impuesta y si se acoge en la etapa del juicio, la rebaja será de 1/8 parte de la pena impuesta. En todo caso cuando la rebaja concurra por confesión y sentencia anticipada, la disminución será de 2/5 partes en la etapa de la instrucción y de 1/5 parte cuando se dé en la etapa del juicio. 4. Recursos. Los de ley, pero respecto de la dosificación de la pena, de los mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad y la extinción del dominio sobre bienes. 5. En la sentencia anticipada el juez resolverá lo referente a la responsabilidad civil cuando exista prueba de los perjuicios ocasionados.

13. MODELO DE SOLICITUD DE SENTENCIA ANTICIPADA EN LA ETAPA DE LA INSTRUCCIÓN Señor FISCAL _________ DE LA UNIDAD LOCAL DELEGADA ANTE LOS JUECES PENALES MUNICIPALES E.S.D. Referencia: Solicitud de sentencia anticipada Sindicado: ___________________ Ofendido: ___________________ Conducta Punible: ____________ Radicación: _________________ En mi condición de sindicado en el proceso de la referencia, a Usted con todo respeto me permito solicitarle se sirva fijar fecha y hora de preacuerdo para Sentencia Anticipada, ya que me quiero acoger a lo normado por el Art. 40 del C.P.P. Del señor Fiscal: Atentamente,

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal __________________________ Firma y antefirma del sindicado C.C. No. ________ de ________ Coadyuvo __________________ Firma y Antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico C.C. No. ______ de ________ Código No. _____de la Universidad __________

14. MODELO DE SOLICITUD DE SENTENCIA ANTICIPADA EN LA ETAPA DEL JUICIO Señor Juez ________ Penal Municipal de ____________ E.S.D. Referencia. Solicitud de Sentencia Anticipada Sindicado: ______________ Ofendido: ______________ Radicación: ____________ Conducta Punible: _______ En mi condición de sindicado en el proceso de la referencia, a usted con todo respeto me permito solicitarle se sirva fijar fecha y hora para Sentencia Anticipada, ya que me quiero acoger a lo normado por el Art. 40 del C.P.P. Para tal efecto le manifiesto al Señor Juez, que acepto todos los cargos que me han sido formulados en el pliego acusatorio. Del señor Juez: Atentamxente: _________________________ Firma y antefirma del sindicado C.C. No. _________de ________ Coadyuvo Firma y Antefirma _____________________________________

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico C.C. No. _______ de _________ Código No. _______de la Universidad ____________

15. CUADRO COMPARATIVO DE LAS NORMAS RECTORAS ENTRE EL ANTIGUO Y EL ACTUAL SISTEMA LEY 600 DE 2000 C.P.P. Art. 1 Dignidad Humana Art. 2 Integración Art. 4 Habeas Corpus Art. 5 Igualdad Art. 6 Legalidad Art. 7 Presunción de Inocencia Art. 8 Defensa Art. 9 Actuación Procesal Art. 10 Acceso a la administración de justicia Art. 11 Juez Natural Art. 12 Autonomía e independencia judicial Art. 13 Contradicción Art. 14 Publicidad Art. 15 Celeridad y Eficacia Art. 16 Finalidad de Procedimiento Art. 17 LEALTAD Art. 18 Doble Instancia Art. 19 Cosa juzgada Art. 20 Investigación Integral Art. 21 Restablecimiento del Derecho Art. 22 Gratuidad Art. 23 Remisión Art. 24 Prevalencia de las normas rectoras LEY 906 DEL 31 DE AGOSTO DE 2004 CP.P. Art. 1 Dignidad Humana Art. 2 Libertad Art. 3 Prelación de los Tratados Internacionales Art. 4 Igualdad Art. 5 Presunción de inocencia e indubio pro reo Art. 6 Imparcialidad Art. 7 EGALIDAD Art. 8 Defensa

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal Art. 9 Oralidad Art. 10 Actuación Procesal Art. 11 Derecho de las víctimas Art. 12 Lealtad Art. 13 Gratuidad Art. 14 Intimidad Art. 15 Contradicción Art. 16 Inmediación Art. 17 Concentración Art. 18 Publicidad Art. 19 Juez natural Art. 20 Doble Instancia Art. 21 Cosa Juzgada Art. 22 Restablecimiento del Derecho Art. 23 Cláusula de exclusión Art. 24 Ambito de la Jurisdicción Penal Art. 25 Integración Art. 26 Prevalencia Art. 27 Moduladores de la Actividad Procesal NUEVOS PRINCIPIOS RECTORES LEY 906 DE AGOSTO 31/2004 Art. 3. Prelación de los tratados internacionales Art. 5 Imparcialidad Art. 9 Oralidad Art. 11 Derecho de las víctimas Art. 14 Intimidad Art. 16 Inmediación Art. 17 Concentración Art. 23 Cláusula de exclusión Art. 24. Ambito de la jurisdicción penal Art. 27 Moduladores de la actividad procesal NORMAS RECTORAS QUE DESAPARECEN CON LA IMPLANTACION DEL SISTEMA ACUSATOROIO . Art. 4 Habeas Corques Art. 19 Acceso a la administración de justicia Art. 12 Autonomía e independencia Art. 15 Celeridad y eficiencia Art. 16 Finalidad del procedimiento Art. 20 Investigación integral Art. 23 Remisión

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico 16. LA JUSTICIA RESTAURATIVA COMO MECANISMO DE REPARACIÓN INTEGRAL DENTRO DEL NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO (LEY 906 DE 2004 Artículos 518 al 527) ARTÍCULOS 518 Definiciones. Se entenderá por programa de justicia restaurativa todo proceso en el que la víctima y el imputado y el imputado, acusado o sentenciado participan conjuntamente de forma activa en la resolución de cuestiones derivadas del delito en busca de un resultado restaurativo, con o sin la participación de un facilitador. Se entiende por resultado restaurativo, el acuerdo encaminado a atender las necesidades y responsabilidades individuales y colectivas de las partes y a lograr la reintegración de la víctima y del infractor en la comunidad en busca de la reparación, la restitución y el servicio a la comunidad. ARTÍCULO 519. Reglas generales. Los procesos de justicia restaurativa se regirán por los principios generales establecidos en el presente código y en particular por las siguientes reglas: 2.

Consentimiento libre y voluntario de la víctima y el imputado, acusado o sentenciado de someter el conflicto a un proceso restaurativo. Tanto la víctima como el imputado, acusado o sentenciado podrán retirar este consentimiento en cualquier momento de la actuación.

3.

Los acuerdos que se alcancen deberán contener obligaciones razonables y proporcionadas con el daño ocasionado con el delito.

4.

La participación del imputado, acusado o sentenciado no se utilizará como prueba de admisión de culpabilidad en procedimientos jurídicos ulteriores.

5.

El incumplimiento de un acuerdo no deberá utilizarse como fundamento para una condena o para la agravación de la pena.

6.

Los facilitadores deben desempeñar sus funciones de manera imparcial y velarán porque la víctima y el imputado, acusado o sentenciado actúen con mutuo respeto. La víctima y el imputado, acusado o sentenciado, tendrán derecho a consultar a una bogado

7.

ARTÍCULO 520. Condiciones para la remisión a los programas de justicia restaurativa. El fiscal o el juez, para remitir un caso a los programas de justicia restaurativa, deberá: 1. Informar plenamente a las partes de sus derechos, de la naturaleza del proceso y de las posibles consecuencias de su decisión.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal 2. Cerciorarse que no se haya coaccionado a la víctima ni al infractor para que participen en procesos restaurativos o acepten resultados restaurativos, ni se los haya inducido a hacerlo por medios desleales. ARTÍCULO 521. Mecanismos. Son mecanismos de justicia restaurativa la conciliación preprocesal, la conciliación en el incidente de reparación integral y la mediación. ARTÍCULO 522. La conciliación en los delitos querellables. La conciliación se surtirá obligatoriamente y como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal, cuando se trate de delitos querellables, ante el fiscal que corresponda, o en un centro de conciliación o ante un conciliador reconocido como tal. En el primer evento, el fiscal citará a querellante y querellado a diligencia de conciliación. Si hubiere acuerdo procederá a archivar las diligencias. En caso contrario, ejercitará la acción penal correspondiente, sin perjuicio de que las partes acudan al mecanismo de la mediación. Si la audiencia de conciliación se realizare ante un centro o conciliador reconocidos como tales, el conciliador enviará copia del acta que así lo constate al fiscal quien procederá al archivo de las diligencias si fue exitosa o, en caso contrario, iniciará la acción penal correspondiente, si fuere procedente, sin perjuicio de que las partes acudan al mecanismo de la mediación. La inasistencia injustificada del querellante se entenderá como desistimiento de su pretensión. La del querellado motivará el ejercicio de la acción penal, si fuere procedente. En cualquier caso, si alguno de los citados fuere incapaz, concurrirá su representante legal. La conciliación se ceñirá en lo pertinente, a lo establecido en la Ley 640 de 2001. ARTÍCULO 523. Concepto. Mediación es un mecanismo por medio del cual un tercero neutral, particular o servidor público designado por el Fiscal General de la Nación o su delegado, conforme con el manual que se expida para la materia, trata de permitir el intercambio de opiniones entre víctima y el imputado o acusado para que confronten sus puntos de vista y, con su ayuda logren solucionar el conflicto que les enfrenta. La mediación podrá referirse a la reparación, restitución o resarcimiento de los perjuicios causados; realización o abstención de determinada conducta; prestación de servicios a la comunidad; o pedimento de disculpas o perdón. ARTÍCULO 524. Procedencia. La mediación procede desde la formulación de la imputación y hasta antes del inicio del juicio oral para los delitos perseguibles de oficio cuyo mínimo de pena no exceda de cinco (5) años de prisión, siempre y cuando el bien jurídico protegido no sobrepase la órbita personal del perjudicado y víctima,

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico imputado o acusado acepten expresa y voluntariamente someter su caso a una solución de justicia restaurativa. En los delitos con pena superior a cinco (5) años la mediación será considerada para otorgar algunos beneficios durante el trámite de la actuación, o relacionados con la dosificación de la pena, o el purgamiento de la sanción. ARTÍCULO 525. Solicitud. La mediación podrá solicitarse por la víctima o por el imputado o acusado ante el fiscal, juez de control de garantías o juez de conocimiento, según el caso, para que el Fiscal General de la Nación o su delegado para esos efectos, proceda a designar el mediador. En los casos de menores, inimputables y víctimas incapaces, sus representantes legales deberán participar en la mediación. ARTÍCULO 526. Efectos de la mediación. La decisión de víctima y victimario de acudir a la mediación tiene efectos vinculantes, en consecuencia, excluye el ejercicio de la acción civil derivada del delito y el incidente de reparación integral. El mediador expedirá un informe de sus resultados y lo remitirá al fiscal o al juez, según el caso, para que lo valore y determine sus efectos en la actuación. Los resultados de la mediación serán valorados para el ejercicio de la acción penal; la selección de la coerción personal y la individualización de la pena al momento de dictarse sentencia. DEL EJERCICIO DEL INCIDENTE DE REPARACION INTEGRAL ARTÍCULO 102. Procedencia y ejercicio del incidente de reparación integral. Emitido el sentido del fallo que declara la responsabilidad penal del acusado y, previa solicitud expresa de la víctima o del fiscal o del Ministerio Público a instancia de ella, el juez fallador abrirá inmediatamente el incidente de reparación integral de los daños causados con la conducta criminal y convocará a audiencia pública dentro de los ocho (8) días siguientes. Cuando la pretensión sea exclusivamente económica, sólo podrá ser formulada por la víctima directa, sus herederos, sucesores o causahabientes. ARTÍCULO 103. Trámite del incidente de reparación integral. Iniciada la audiencia el incidentante formulará oralmente su pretensión en contra del declarado penalmente responsable, con expresión concreta de la forma de reparación integral a la que aspira e indicación de las pruebas que hará valer. El juez examinará la pretensión y deberá rechazarla si quien la promueve no es víctima o está acreditado el pago efectivo de los perjuicios y este fuere la única pretensión formulada. La decisión negativa al reconocimiento de la condición de víctima será objeto de recurso de impugnación en los términos de este código.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal Admitida la pretensión el juez la pondrá en conocimiento del declarado penalmente responsable y acto seguido ofrecerá la posibilidad de una conciliación que de prosperar dará término al incidente y lo allí acordado se incorporará a la sentencia. En caso contrario el juez fijará fecha para una nueva audiencia dentro de los ocho (8) días siguientes para intentar nuevamente la conciliación y de no lograrse el declarado penalmente responsable deberá ofrecer sus propios medios de prueba. ARTÍCULO 104. Audiencia de pruebas y alegaciones. El día y hora señalados el juez realizará la audiencia, la cual iniciará con una invitación a los intervinientes a conciliar. De lograrse el acuerdo su contenido se incorporará a la decisión. En caso contrario, se procederá a la práctica de la prueba ofrecida por cada parte y se oirá el fundamento de sus pretensiones. PAR. La ausencia injustificada del solicitante a las audiencias de este trámite implicará el desistimiento de la pretensión, el archivo de la solicitud y la condenatoria en costas. Si injustificadamente no compareciere el declarado penalmente responsable se recibirá la prueba ofrecida por los presentes y con base en ella, se resolverá. Quien no comparezca habiendo sido citado en forma debida, quedará vinculado a los resultados de la decisión del incidente. ARTÍCULO 105. Decisión de reparación integral. En la misma audiencia el juez adoptará la decisión que ponga fin al incidente, la cual se incorporará a la sentencia de responsabilidad penal. ARTÍCULO 106. Caducidad. La solicitud para la reparación integral por medio de este procedimiento especial caduca treinta (39) días después de haberse anunciado el fallo de responsabilidad penal. ARTÍCULO 107. Tercero civilmente responsable. Es la persona que según la ley civil deba responder por el daño causado por la conducta del condenado. El tercero civilmente responsable podrá ser citado o acudir al incidente de reparación a solicitud de la víctima del condenado o su defensor. Esta citación deberá realizarse en la audiencia que abra el trámite del incidente. ARTÍCULO 108. Citación del asegurador. Exclusivamente para efectos de la conciliación de que trata el artículo 103, la víctima, el condenado, su defensor o el tercero civilmente responsable podrán pedir la citación del asegurador de la responsabilidad civil amparada en virtud del contrato de seguro válidamente celebrado, quien tendrá la facultad de participar en dicha conciliación. MODELO DE INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL DE PERJUICIOS EN EL PROCESO PENAL POR LA MUERTE DE _________________________

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico DESPACHO:

JUZGADO PRIMERO PENAL DEL CIRCUITO CONOCIMIENTO CONDENADO: ___________________________________________________ RADICACIÓN: 660016000035200500461

DE

ANTECEDENTES: El nuevo código de procedimiento penal (Ley 906 del 31 de agosto de 2004) incluyó dentro del Libro VI en sus Capítulos I, II, y III, Arts. 518 al 527 el programa de justicia restaurativa y estableció como mecanismos en su Art. 521 la conciliación preprocesal, la conciliación en el incidente de reparación integral y la mediación. Y en el Capítulo IV del Título II del Libro I se establece el procedimiento que se debe seguir para el trámite del incidente de reparación integral para lo cual me dispongo a dejar a consideración de la Señora Juez, del declarado penalmente responsable y de las demás partes la liquidación de perjuicios dentro de la presente causa. PERSONAS RECONOCIDAS COMO VICTIMAS, PERJUDICADAS U OFENDIDAS CON LA CONDUCTA PUNIBLE. ______________________, mayor de edad, vecina de ___________, identificada con la C.C. Nro. ___________ de _______, madre del occiso. ________________, mayor de edad, vecino y residente en ______________, identificado con la C.C. Nro. __________ de _________, hermano del fallecido. _________________, mayor de edad, vecino y residente en ________________, identificado con la C.C. Nro. ________ de _________, hermano del fallecido. ____________________, mayor de edad, vecino y residente _________________, identificado con la C.C. Nro. __________ de ____________, hijo del fallecido. ____________________, mayor de edad, vecino y residente _________________, identificado con la C.C. Nro. __________ de ____________, hijo del fallecido. ADVERTENCIA PREVIA: Conviene aclarar y precisar que el occiso ______________ en vida ayudaba a la manutención y sostenimiento de su madre doña _________________ con una suma de dinero no superior al 25 % de sus ingresos, que en promedio oscilaba entre $950.000 y $1.000.000, previa deducción del porcentaje que el occiso destinaba a sus gastos propios de sostenimiento que según criterio doctrinario y jurisprudencial reiterado se acepta en un 25% del total de sus ingresos. Los ingresos mensuales del fallecido estaban representados por su salario en ________________ donde laboraba como _____________. Su salario en dicha entidad era de $ _____________ pero a su vez, y como era de público conocimiento en la Rama Judicial de nuestra ciudad ejercía con éxito y buena reputación el Derecho penal, sin temor a exagerar, tal actividad profesional le representaba unos ingresos promedios mensuales por concepto de honorarios profesionales del orden

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal de los ___________ ($ _____), sin perjuicio de que tuviera algunos meses en que superara esa cifra, pero de todas maneras, para efectos del presente incidente se tomara como base ese valor. Así las cosas, tenemos: Ingresos mensuales totales: Menos el 25% para gastos propios:

$ ___________ $ ___________ $___________ $ ___________

Subtotal:

Ahora deducimos a esta cifra un 25% que destinaba al sostenimiento de su señora madre por valor de $ __________ en promedio durante los últimos seis meses, y sobre este valor debemos proyectar la INDEMNIZACIÓN CONSOLIDADA que va desde la fecha de la muerte del Señor _______ (26 de marzo-2005) a la fecha de hoy 05 de agosto de 2005. De igual manera deberá proyectarse la INDEMNIZACIÓN FUTURA hasta la expectativa de vida de su señora madre que es de 8.80 años tomando como base las tablas de supervivencia de la Superintendencia Bancaria, resolución Nro. 1439 de 1972. LIQUIDACIÓN DE PERJUICIOS MATERIALES: Los perjuicios materiales los estimo en la suma de $_____________ que resultan de sumar el LUCRO CESANTE CONSOLIDADO y el LUCRO CESANTE FUTURO. Es de anotar que no se tasa el DAÑO EMERGENTE como quiera que no existe prueba que así lo demuestre. Hechas las anteriores aclaraciones, procedo a efectuar la liquidación tomando como base la expectativa de vida de la madre del occiso que como se dijo antes es de 8.80 años lo que equivale a 105,6 meses en la siguiente forma: LUCRO CESANTE CONSOLIDADO:

Que va desde la fecha de la muerte del Señor ___________, esto es el 26-Marzo de 2005 al 5 de agosto de 2005; fecha en la cual se hace la liquidación por este concepto, que en término de meses es de 4,33. Para la liquidación se utiliza la siguiente fórmula de matemáticas financieras:

S= Rn x (1+ i)n – 1 i

Tenemos entonces:

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Donde: S Rn i n

: Es la suma a buscar. : Renta. :Tasa de interés 0.004867 : número de meses. 4.33


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico S: $ ___________

SUBTOTAL LUCRO CESANTE CONSOLIDADO.

LUCRO CESANTE FUTURO: Aquí procedemos a proyectar la ayuda económica a partir de la fecha de hoy, esto es el 5 de agosto de 2005 hasta que se cumpla la expectativa de vida de su señora madre, que como se dijo antes es de 8,80 años lo que equivale a 105,6 meses. Para la liquidación se utiliza la siguiente fórmula Donde: S: S: Rn. x (1+ i)n -1 Rn. i(1+i)n i: n:

de matemáticas financieras. Suma a buscar :Renta tasa de interés 0.004867 numero de meses (105.6)

Ahora tenemos:

S = $_____________ SUBTOTAL LUCRO CESANTE FUTURO. SUBTOTAL DEL LUCRO CESANTE FUTURO

$_____________

TOTAL LUCRO CESANTE

$_____________

LIQUIDACIÓN PERJUICIOS MORALES. DAÑO MORAL: Partiendo de la premisa que la señora madre del occiso y todos sus hermanos, esto es, _____________, _______________, ________________ y sus hijos _______________ y _____________ , han sufrido enormemente por la trágica muerte de su hijo, hermano y padre, lo cual se ha visto reflejado en el curso del proceso y la investigación misma, sin que sea posible para éste servidor alcanzar a medir o conmensurar el grado de tristeza, aflicción y congoja que están padeciendo mis poderdantes, toda vez que se trata de un perjuicio de carácter espiritual e inmaterial no apreciable físicamente, solicitaré por este concepto unos valores de acuerdo a reiterado criterio jurisprudencial de las altas Cortes, esto es, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado, plasmado en sentencias de fechas 7 de septiembre de 2.001 (Corte Suprema) y del 6 de septiembre de 2.001 (Consejo de Estado) entre otras para no citar mas. ·

Para su señora madre una suma equivalente a 100 salarios mínimos mensuales, esto es, $ ____________

·

Para el hermano _______________ una suma equivalente a 50 salarios mínimos mensuales de $ ___________

·

Para el hermano ____________ una suma equivalente a 50 s.m.m. $_____________

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal ·

Para su hijo _________________una suma equivalente a 100 salarios mínimos mensuales, esto es $______________

·

Para su hijo ______________ una suma equivalente a 100 salarios mínimos mensuales, esto es $___________-

SUBTOTAL DE PERJUICIOS MORALES: $ _____________ GRAN TOTAL PERJUICIOS MATERIALES Y MORALES $ ____________ Lo anterior claro está sin perjuicio de que el Despacho por aquello del “arbitrium judicis” establezca una cifra o valor diferente. PRUEBAS a).

Ténganse como pruebas los registros civiles de nacimiento de los hermanos e hijos del occiso y el registro civil de matrimonio de su señora madre _____________ los cuales reposan con la investigación.

b).

Original de la certificación expedido por la empresa donde laboraba el occiso con la que se demuestra el salario devengado por el mismo.

c)

Que se escuche en declaración a los señores: _______________, mayores de edad y residentes en esta ciudad con el fin de que manifiesten si saben y les consta cuales eran los ingresos promedios mensuales que el occiso recibía por concepto de honorarios profesionales como abogado litigante.

Dejo en estos términos así presentado a consideración de las partes el incidente de reparación integral de perjuicios Atentamente, ________________________ Estudiante de practica de Consultorio Jurídico C.C. _________ de _________ Código No. _______ de la Universidad __________

17. LOS ESTUDIANTES DE PRACTICA DE CONSULTORO JURIDICO COMO DEFENSORES DE OFICIO DENTRO DEL SISTEMA PENAL ACUSATORIO La Ley 906 de 2004 establece que la defensa técnica en los casos penales estará a cargo del abogado que designe el imputado o en su defecto por el que le sea asignado por el Sistema Nacional de Defensoría Pública, tal como lo dispone el artículo 118 del Código de Procedimiento Penal.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Por su parte la Ley que regula el Sistema Nacional de Defensoría Pública (Ley 941 del 14 de enero de 2005) involucra dentro de ésta a los abogados particulares inscritos en el sistema, los judicantes y los estudiantes de Consultorios Jurídicos de las Facultades de Derecho; éstos últimos en los delitos de competencia de los Jueces Penales Municipales (artículo 37 del C.P.P.) La designación del defensor del imputado, deberá hacerse desde la captura si hubiere lugar a ella o desde la formulación de la imputación. En todo caso deberá contar con éste desde la primera audiencia a la que fuere citado. El presunto implicado en una investigación podrá designar defensor desde la comunicación que de esa situación le haga la Fiscalía. El Decreto 196 de 1971 en sus artículos 1º y 2º Estatuto del Ejercicio de la Profesión del Abogado, claramente estipula la función social que el defensor debe cumplir en el sistema jurídico colombiano. Por consiguiente, el quehacer del abogado llámese acusador o defensor, debe dirigirse a la colaboración para alcanzar una recta y cumplida administración de justicia, su fin es asesorar en defensa de la justicia. Tomando como punto de partida lo anteriormente expuesto, se puntualizan como reglas específicas de la función social que corresponde ejercer a los estudiantes de Consultorio Jurídico como defensores de oficio, las siguientes: 1.

2.

Colaborador esencial dentro del proceso. En estas condiciones cumple una doble función, como colaborador del proceso por una parte del imputado y por otra parte del juez; situación que no puede conducir a errores respecto de los intereses que le corresponde salvaguardar y justificar su cargo. Actuaciones legales pero parciales. Esto es, que el límite de la actuación del defensor será la legalidad, sin olvidar que aún en ella tienen lugar importantes inquietudes éticas, la parcialidad del practicante como defensor de oficio respecto a los intereses del imputado, debe ser su alternativa de actuación. Así pues, cuando el estudiante defensor crea que la ley favorece la tesis del contrario deberá sostener el argumento que beneficia a su representado, después de todo puede estar errado y finalmente será el juez quien resuelva la cuestión.

Mantener la posición parcial aún dentro de la legalidad, no causa ningún daño. 3.

El defensor ejerce el cargo al margen de la justicia del caso. La única exigencia para activar los ejercicios de un defensor, es la solicitud expresa de la prestación, así como la ausencia de recursos económicos por parte del sindicado; no obstante la doctrina sostiene polémicas interesantes en torno a la aceptación o no del cargo según la justicia del caso.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal 4.

El abogado defensor debe ejercer el cargo al margen de la responsabilidad penal del imputado. Si un estudiante de práctica de Consultorio Jurídico en su condición de defensor conoce de la culpabilidad de su representado mal haría en divulgar dicha situación, a espaldas o no del imputado, pues precisamente uno de los deberes básicos de la profesión del abogado es el secreto profesional. Con el nuevo sistema, las salidas alternas o manifestaciones del principio de oportunidad, presentan una vía novedosa para el defensor al enfrentarlo a opciones que concluyen el proceso con la aceptación de los cargos por parte del imputado, resultan pues, alternativas que se apartan de la regla. En resumen, aceptar la responsabilidad penal de su representado, para un estudiante defensor, a de ser una situación razonada, sopesada y por qué no decirlo, extrema.

5.

El abogado defensor debe utilizar todos los medios disponibles de defensa. En estas condiciones el estudiante de Consultorio Jurídico en ejercicio de su función de defensor de oficio, sólo le queda un camino, defender al imputado como si fuera inocente, utilizando todos los medios lícitos para hacerlo.

6.

El abogado defensor debe brindar un servicio de calidad. El sistema acusatorio exige hoy más que nunca que todo defensor se sensibilice respecto de la condición y necesidades de los usuarios, con el propósito de lograr la mejor de las comunicaciones, tanto como óptimos resultados en beneficio del mismo. Por lo tanto el imputado debe conocer el proceso, lo que ocurre dentro del mismo, sus alternativas; pero además, será una fuente de información calificada, ya que dicha información debe ser suministrada a su defensor para efectos del planteamiento de la defensa.

Igualmente el decreto 196 de 1971 establece las funciones técnicas que debe cumplir el estudiante de práctica de Consultorio Jurídico como defensor, pues con la entrada en vigencia del Sistema Procesal Acusatorio, las funciones tradicionalmente desempeñadas por el defensor deben revalorarse para insertar en ellas las exigencias de un sistema que tiene por fin, humanizar la actuación procesal, alcanzar una justicia pronta y cumplida, activar resoluciones a los conflictos sociales mediante la aplicación del principio de oportunidad consagrado en el C.P.P en los artículos 321 al 330, suspendiendo, interrumpiendo o renunciando a la persecución penal en los casos establecidos en la ley. El nuevo Código de Procedimiento Penal claramente dispone el derecho que tienen las personas a un juicio público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías, esto último sin duda alguna, constituye una salvaguarda constitucional muy importante a efecto de establecer los derechos y las garantías judiciales de que es depositario todo ciudadano a quien se aplica el sistema penal. Tal como lo establece el artículo 124 del C.P.P. la defensa podrá ejercer todos los derechos y facultades que los tratados internacionales relativos a derechos humanos que forman parte del bloque de constitucionalidad, la Constitución Política y la Ley reconocen a favor del imputado. En las anteriores condiciones las funciones técnicas del estudiante como defensor de oficio y colaborador esencial del imputado son:

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico 1. Función investigadora. En el nuevo sistema procesal penal, el defensor asume un rol que va más allá de la asistencia técnico-jurídica al imputado, deberá adelantar una investigación, si se quiere, paralela a la de la Fiscalía, sólo así su preparación para el juicio será la adecuada. Los practicantes de Consultorio Jurídico como defensores de oficio en ejercicio de su función investigadora, comienza desde su designación como defensor en una causa cualquiera, de inmediato el estudiante defensor deberá apropiarse de los hechos denunciados y de los medios de convicción recogidos; igualmente deberá intentar conocer la versión del sindicado a la mayor brevedad posible. La investigación que hace el estudiante defensor es una tarea que permite desplegar las demás, es una labor constante que perdurará durante todo el proceso penal; el defensor de oficio tiene la obligación de estar siempre al tanto de cualquier incidencia del caso. El estudiante actuando como defensor de oficio puede no sólo solicitar, conocer o controvertir las pruebas, sino que así mismo le es permitido identificar, recoger y embalar elementos probatorios y evidencia física y hacerlos examinar por peritos particulares o hacer la solicitud para que sean analizados por el laboratorio del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses al tenor de lo dispuesto en los artículos 267 y 268 del C.P.P. A diferencia del sistema anterior, nada de extraordinario y menos de desleal pero sí novedoso en el nuevo sistema, es la posibilidad que tiene el defensor de entrevistar a personas a fin de descubrir información valiosa para su defensa, con la opción de recogerla y conservarla por medio técnico idóneo, en la modalidad o no de declaración jurada o bien, según la necesidad o urgencia como prueba anticipada en los términos de los artículos 271, 272 y 274 del C.P.P. Desde la óptica del estudiante defensor como investigador, obviamente se visualiza un profesional que reconoce los diversos planos de indagación e investigación, respecto de los hechos denunciados y la normativa aplicable y respecto de medidas cautelares o de aseguramiento en relación con los bienes del imputado o en relación con su libertad, pues la circunstancia que un imputado acusado o condenado, pierda sus bienes materiales y más importante aún, su libertad, involucra al estudiante defensor en la investigación, para tratar por todos los medios legales habidos y por haber que se prevengan, modifiquen o se revoquen las medidas impuestas en aplicación de los artículos 82, 83, 84, 317 y 318 del C.P.P.

Desde la entrevista inicial el estudiante en ejercicio de su función de defender, debe identificar posibles evidencias, localizarlas, embalarlas, valorar su idoneidad y aporte según la estrategia de defensa. Resulta de singular importancia que el estudiante defensor cree mecanismos que permitan la planificación y el seguimiento de toda la indagación e investigación que se efectúe por parte de los organismos que ejercen funciones de policía judicial como por el mismo Fiscal que dirige la indagación o la investigación. Los estudiantes de Consultorio Jurídico como defensores de oficio, en ejercicio de la función asesora, deben emplear un lenguaje apropiado, sencillo y comprensible para el

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal imputado, empleando todos los medios y la privacidad necesaria para asegurar un diálogo efectivo con el mismo, hacer conllevar el análisis fáctico, jurídico y probatorio de la teoría del caso y de la estrategia que va a seguir para efectos de la defensa. En las anteriores condiciones el estudiante defensor, deberá iniciar su función asesora con la explicación al imputado respecto de sus derechos constitucionales y legales, los servicios ofrecidos, algunos deberes del defensor como el secreto profesional y su compromiso de intervenir diligentemente en la atención del caso, reseñarle al imputado las diversas fases del proceso y cualquier salida alterna al mismo. En síntesis el imputado tiene derecho a conocer con la asesoría del estudiante el proceso penal del cual es precisamente la parte acusada y es más, tiene derecho a preguntar, a opinar y a decidir. El estudiante defensor deberá una vez analizado el caso, dar algunas recomendaciones al imputado en cuanto hace relación al proceso mismo y a la conveniencia o no, de su declaración ante las autoridades, pues debe tenerse en cuenta que el imputado se convierte en testigo en aquellos casos en los cuales opta por declarar. Dentro de esas recomendaciones el estudiante practicante invitará al imputado a iniciar con la Fiscalía un acuerdo o negociación, si así lo estima conveniente o realizar cualquier manifestación del principio de oportunidad; deberá comunicarle igualmente sobre las eventuales medidas cautelares o de cualquier investigación que pareciere urgente o necesario para plantear la defensa. El estudiante de Consultorio Jurídico como defensor de oficio en ejercicio de la función de representación, no se podrá circunscribir a su sola presencia física en el trámite procesal, pues debe actuar activamente en la producción y controversia de las pruebas en representación de su cliente, pues opera sobre el estudiante una ficción jurídica donde éste expresa con rigor técnico y jurídico los intereses de una de las partes del proceso, pues en este caso se convierte en protector de los derechos y garantías del imputado, consagrados en instrumentos internacionales, en la Constitución Política y en cualquiera otra norma legal. Le debe quedar claro al estudiante practicante, que representar no es suplantar la voluntad del imputado y que esa representación tiene vigencia cuando el imputado se encuentre presente o aún si se encuentra ausente, teniendo extrema cautela cualquier diligencia procesal que autoriza la participación del estudiante defensor como representante del imputado, cuando éste se encuentra ausente. El estudiante de práctica de consultorio jurídico como defensor de oficio, en ejercicio de la función de gestión, deberá impugnar las decisiones que vayan en contravía de los intereses de su representado, presentando oportunamente los recursos a que haya lugar, tales como reposición, apelación, casación, acción de revisión, habeas corpus, acciones de tutela, oposiciones, invocación de causales de incompetencia, impedimentos y recusaciones, ausencia de condiciones de procesabilidad en los términos del artículo 70 del C.P.P. para los delitos querellables, nulidades, etc. Igualmente en ejercicio de esta misma función de gestión, el estudiante defensor deberá buscar negociaciones con la Fiscalía o con el Juez de la causa, hacer peticiones de diferente naturaleza en el transcurso del proceso, como pedir comunicaciones privadas

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico con el imputado, incluso desde antes de comparecer ante las autoridades; proporcionar un traductor o intérprete al imputado. Si el imputado se encuentra bajo el efecto de drogas, alcohol, o en un estado mental que imposibilite un diálogo o una comprensión mínima por su parte, el estudiante debe sugerir no realizar la entrevista y solicitar de inmediato el traslado al médico forense respectivo, para que dictamine y deje constancia del estado físico y mental del imputado, pues esa condición puede constituir un elemento básico para alegar en torno a la inimputabilidad o un estado de emoción violenta, que si no se asegura, puede convertirse en una dificultad de peso dentro de una estrategia de defensa; pedir que se le concedan el tiempo y los medios suficientes para preparar la defensa; conocer los hechos imputados o acusados así como los medios de convicción existentes; solicitar revocatorias de medidas cautelares; solicitar la preclusión si existe alguna causa que la justifique al no ser posible desvirtuar la presunción de inocencia o por la ausencia de intervención del imputado en el hecho investigado, alegar la falta de prueba y el in dubio pro reo para fundamentar la petición de absolución. Finalmente el estudiante de práctica de Consultorio Jurídico en ejercicio de esta función de gestión, cumple un papel importantísimo al momento de la practica de las pruebas donde tiene la posibilidad de interrogar y contrainterrogar a los testigos y de escoger el orden de evacuación de las pruebas de acuerdo a su estrategia de defensa; presentar los alegatos de conclusión en la audiencia de juicio oral, ya que estos alegatos conllevan la elaboración de todo un análisis por parte del estudiante defensor, donde se interrelacionan hipótesis fácticas, jurídicas y probatorias que le deben dar forma a su teoría del caso.

18. ESTRUCTURA DE LOS ARGUMENTOS DE CONCLUSION EN EL SISTEMA ACUSATORIO No hay una única forma de abordar los argumentos de conclusión. En la práctica del litigio se observan diversas formas, entre las que se destacan las siguientes: 1.

ORDEN CRONOLOGICO DE LOS HECHOS

La presentación ordenada y secuencial de los hechos, cómo sucedieron, es una forma de abordar los argumentos de conclusión, determinando en el tiempo cada suceso y estableciendo cómo fue probado. Este modelo debe ser utilizado generalmente por la Fiscalía, quien por llevar la carga de la prueba debe establecer todos los supuestos fácticos probatorios y jurídicos que integran la condena. 2.

ORDEN DE LOS CARGOS DE LA ACUSACION

La acusación como acto procesal que enmarca el juicio, puede tomarse de referencia para formular el alegato haciendo alusión a cada cargo o sindicación. La defensa puede atacar cada elemento o supuesto de la acusación para comprobar las falencias materiales o formales de la tesis de la fiscalía. La fiscalía puede afirmar que todas y cada una de las premisas de la acusación se han comprobado y refresca en el juez cada una, dando certeza a sus planteamientos iniciales.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal 3.

SUPUESTOS JURIDICOS SUSTANCIALES O PROCEDIMENTALES

Estructurar el argumento partiendo de la norma que describe la conducta punible en la parte especial del código o la norma que configura un juicio de valor sobre la conducta o los supuestos probatorios necesarios para condenar, es el otro orden para adelantar el alegato de conclusión. NOTA. La estructura que nunca se aconseja realizar en este sistema, es la presentación del alegato testigo por testigo. Repetir lo que cada testigo dijo, distrae al juez y también distrae recapitular en cada testigo los hechos, porque la historia se repite una y otra vez, entonces para qué volver a lo ya dicho. Lo aconsejable es intercalar en los hechos lo que cada testigo aporta al caso para llevar una secuencia y un ritmo interesante y coherente. TECNICA DE LOS ARGUMENTOS DE CONCLUSION 1.

EL PRIMER MOMENTO

Al agotarse el juicio, el juez presenta cansancio. Ha apreciado todo el debate y tiene una idea sobre el resultado del proceso. En este instante no tiene una profunda disertación sobre la administración de justicia ni sobre el conocimiento del abogado sobre la teoría del delito, ni mucho menos que le agradezcan por su majestuosa misión de administrar justicia o se quejen de lo largo de la audiencia. El manejo final debe ser completo y conciso sobre el tema del debate: los hechos, las pruebas y los fundamentos jurídicos. El mensaje inicial debe ser una síntesis persuasiva del debate. 2.

MANEJAR EL TIEMPO EFICIENTEMENTE

En los argumentos de conclusión debe darse un mensaje claro y sencillo, con frases cortas. El tiempo debe controlarse para saber cómo se abordará cada tema. 3.

UTILIZAR TEMAS Y CALIFICATIVOS RELEVANTES

Debe escogerse de una vez por todas, los calificativos con que se trate a los testigos y al acusado (por sus frutos los conoceréis). 4.

ARGUMENTAR CON LA EXPERIENCIA Y EL SENTIDO COMUN

La explicación de los hechos y las conductas pueden fundarse en el conocimiento cotidiano y ciudadano y en la experiencia diaria. 5.

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CONFRONTAR LOS PUNTOS PROBLEMATICOS


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Los puntos problemáticos se deben evitar, omitiéndolos en el alegato con el riesgo de que sean aprovechados por el contradictor, quien de seguro recalcará en la omisión o por el contrario confrontarlos antes de que lo haga el oponente. 6.

CONCLUIR CON FUERZA

Al igual que al inicio, la terminación debe hacerse en un punto alto que concentre la atención del juez frente a la síntesis del alegato. En esto se aconseja preparar el tan tan es decir, el remate del alegato, para que logre la emotividad y persuasión concluyendo y además, porque puede el abogado verse con la sorpresa de que el juez limite su tiempo y el alegato quede a media marcha sin conclusión. ES IMPORTANTE PARA LA FISCALIA RECABAR EN LA TIPIFICACION DE LA CONDUCTA POR LA CUAL SE PIDE LA CONDENA. EN SINTESIS: EN EL ALEGATO DE CONCLUSION EL ABOGADO DEBE: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Ayudar al juez a valorar la prueba Utilizar el primer minuto para transmitir el tema, la esencia del alegato Establecer qué probó, cómo lo probó y la conclusión de lo probado El fiscal debe tipificar claramente la conducta con las circunstancias por las cuales pide la declaración de responsabilidad. El defensor debe establecer cuál es el elemento jurídico sustancial o procedimental que falta o que se probó. Utilizar un lenguaje claro y sencillo

19. LA CONCILIACIÓN EN MATERIA PENAL A la luz de la Ley 600 de 2000 y de la Ley 906 del 31 de Agosto de 2004 1.

MARCO CONSTITUCIONAL:

Está dado por el Art. 116 de la Constitución Nacional.

2.

MARCO LEGAL

Ley 600/2000 Arts, 35; 41 y 42. Ley 906/04 Arts.: 70, 71, 74 y 75; 103 inc 3º; 104, inc. 1º; 108; 325; 326 Num. 7º; 348; 351 inc. final; 521 al 522; Ley 640 de 2001. 3. a)

ANTECEDENTES: Tanto en el sistema anterior como en el sistema acusatorio, la conciliación por si sola, no es un mecanismo que extinga directamente la acción penal.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal b)

La conciliación en el sistema anterior es un trámite potestativo y discrecional que puede conducir a: 1) Una resolución inhibitoria. 2) A la preclusión de la investigación. 3) A la cesación de procedimiento. En el sistema acusatorio, la conciliación es requisito de procesabilidad para poder iniciar la persecución penal en los delitos que requieren querella de parte y petición especial; y es potestativo del declarado penalmente responsable, para los terceros civilmente responsables y para el asegurador en el incidente de reparación integral

c)

En el sistema anterior, la conciliación tiene efectos inmediatos en cuanto a la extinción de la acción civil, pero en cuanto a la extinción de la acción penal requiere decisión expresa del funcionario judicial aceptando la incidencia de la misma. En el sistema acusatorio, la conciliación tiene efectos inmediatos en cuanto a la extinción de la acción civil y la acción penal para los delitos que exigen querella de parte, pero para los delitos perseguibles de oficio, el acuerdo a que lleguen las partes se incorporará a la sentencia dentro del trámite del incidente de reparación integral, pero en todo caso no extingue la acción penal.

d)

En el sistema anterior, la conciliación procede para los delitos que admiten desistimiento y para aquellos que permitan la preclusión de la investigación o la cesación del procedimiento por indemnización integral de perjuicios. En el sistema acusatorio procede para los delitos querellables como requisito de procedibilidad y para los delitos perseguibles de oficio en cualquier momento a partir de la audiencia de formulación de imputación hasta antes de la sentencia dentro del trámite del incidente de reparación integral.

e)

La conciliación en ambos sistemas reduce a un contenido estrictamente económico la lesión del objeto jurídico. 4.

ASUNTOS SUSCEPTIBLES DE CONCILIACION:

En el sistema anterior existen dos (2) bloques de delitos en los cuales es posible la conciliación: PRIMER BLOQUE: Los delitos querellables enunciados en el articulo 35 del Código de Procedimiento Penal. SEGUNDO BLOQUE: Los delitos que admiten indemnización integral de perjuicios, consagrados en el Art. 42 del C.P.P.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico En el sistema acusatorio existen dos bloques de delitos en los cuales es posible la conciliación. PRIMER BLOQUE: Los delitos querellables relacionados en el art. 74 del C.P.P. en la cual se extingue la acción civil y la acción penal. SEGUNDO BLOQUE : Los delitos perseguibles de oficio en el cual se extingue la acción civil siempre y cuando se cancele lo acordado en el incidente de reparación integral, pero no extingue la acción penal. 5

OPORTUNIDAD

En el sistema anterior se permite la conciliación durante las siguientes oportunidades: a)

En la investigación previa: En este caso, si prospera el acuerdo, debe proferirse resolución inhibitoria.

b)

Dentro de la instrucción: En esta etapa, debe ordenarse por parte del funcionario instructor audiencia de conciliación, para dentro de los diez (10) días hábiles siguientes contados a partir de la resolución de apertura de instrucción y si prospera la conciliación debe proferirse resolución de preclusión de la instrucción.

c)

Dentro de la etapa de juzgamiento: La oportunidad para conciliar es hasta antes de la sentencia de única o segunda instancia en cuyo caso si prospera la conciliación se proferirá auto de cesación de procedimiento.

En el SISTEMA ACUSATORIO la OPORTUNIDAD para conciliar se da en los siguientes momentos: a.Para los delitos querellables, antes de ejercitarse la acción penal, lo cual se podrá hacer ante el Fiscal competente, o en un centro de conciliación legalmente autorizado, o ante un conciliador reconocido como tal. b.Para los delitos querellables y perseguibles de oficio, en las audiencias de preacuerdo y negociación, lo cual deberá hacerse ante el Fiscal respectivo, pero en todo caso, las reparaciones efectivas a la victima que puedan resultar de los preacuerdos entre el Fiscal e imputado o acusado pueden ser aceptados por la víctima. En caso de rehusarlos la victima podrá acudir a las vías judiciales pertinentes. c.Para los delitos querellables y perseguibles de oficio, en el incidente de reparación integral. 6

QUIENES PUEDEN SOLICITAR LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN:

A.- EN EL SISTEMA ANTERIOR:

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal a)

e) f)

Oficiosamente: Por parte del funcionario que conozca del proceso, tal como lo ordena el inciso 1º del Art. 41 del C.P.P. El imputado en la investigación previa y el procesado en todo el trámite del proceso. Los terceros civilmente responsables: Cuando han sido legalmente vinculados al proceso actúan como sujeto procesal. Inc. 1º del art. 41. Los titulares de la acción civil; aún sin necesidad de constituirse en parte civil dentro del proceso penal. El Ministerio publico: En cualquier estado del proceso. Inc. del art. 41 El Fiscal: en la etapa de juzgamiento en calidad de parte.

B.-

EN EL SISTEMA ACUSATORIO:

a)

El tercero civilmente responsable dentro del incidente de reparación integral a solicitud de la víctima, del condenado o su defensor. La víctima en los siguientes casos: Antes de formular la querella penal. Arts. 70, 71 y 522 del C.P.P. En cualquier momento a partir de la audiencia de formulación de imputación hasta antes del escrito de formulación de acusación, art. 348 y 351 inc. Final del C.P.P. Dentro del incidente de reparación integral.

b) c) d)

b)

c)

Los herederos, sucesores o causahabientes: Únicamente en aquellos casos donde la pretensión es meramente patrimonial art. 102 inc. 2º.

d)

El Ministerio Público: Hay instancias de la víctima en el incidente de reparación integral. Art. 102.

e)

El Fiscal: A instancias de la víctima en el incidente de reparación integral art. 102 inc. 2º. El Fiscal como requisito de procedibilidad art. 70 y 522 inc. 2º del C.P.P.

f)

La Compañía aseguradora a solicitud de la víctima, condenado o su defensor o el tercero civilmente responsable. Art. 108 del C.P.P.

g)

El Representante Legal: En caso de que el querellante sea un incapaz o una personal juridica.

h)

El Defensor de Familia el Agente del Ministerio Público o los perjudicados directos: En caso de que el sujeto pasivo estuviera imposibilitado para formular la querella, o sea incapaz y carezca de Representante Legal, o éste sea autor o partícipe del delito.

i) j)

El Defensor de familia en los delitos de inasistencia alimentaria. El Procurador General de la Nación: Cuando se afecta el interés público colectivo.

136


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico El Servidor Público: En caso de que sea Representante Legal del incapaz, siempre y cuando se actúe en beneficio de la víctima para garantizar la reparación integral o la indemnización económica.

h)

7.

CLASES DE CONCILIACIÓN

A.

EN EL SISTEMA ANTERIOR:

a) b)

Procesal: Es la que se lleva a cabo ante el funcionario que tramita el proceso. Extraprocesal: Es la que se lleva a cabo en un Centro de Conciliación legalmente establecido y autorizado por el Ministerio de Justicia y el Derecho. En esta clase de conciliación se presentan dos situaciones a saber: 1.

2.

Si el proceso ya se encuentra en curso, pero la conciliación se lleva a cabo ante un Centro de Conciliación, corresponde al funcionario judicial, impartirle la aprobación, una vez llegue el acta del Centro de Conciliación. (Art. 4º decreto 2651 e 1991 inc. Final del Art. 41 del C.P.P.) Si la conciliación se celebra antes del proceso, ante un Centro de Conciliación, la decisión de aprobarla o improbarla corresponde al Conciliador.

B.

EN EL SISTEMA ACUSATORIO:

a)

Procesal: Ante el Juez fallador dentro del incidente de reparación integral y antes de dictar sentencia

b)

Preprocesal: 1.

Ante el Fiscal respectivo como requisito previo al ejercicio de la acción penal.

2.

Ante un centro de Conciliación legalmente autorizado o un conciliador reconocido como tal, como requisito previo al ejercicio de la acción penal.

En la conciliación preprocesal se presentan las siguientes situaciones: a.Si la conciliación se lleva a cabo ante el Fiscal, en caso de acuerdo se procederá a archivar las diligencias; en caso contrario, se ejercitará la acción penal correspondiente, sin perjuicio de que las partes acudan al mecanismo de la mediación. b.Si la conciliación se lleva a cabo ante un centro de conciliación legalmente establecido o un conciliador reconocido como tal, el centro o el conciliador según el caso enviaran copia del acta al Fiscal respectivo para que le imparta su aprobación y ordene el archivo de las diligencias si fuere exitosa,

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal de lo contrario iniciará la acción penal si fuere procedente, sin perjuicio de que las partes acudan al mecanismo de la mediación. Extraprocesal: Como consecuencia de los preacuerdos celebrados entre la Fiscalía y el imputado, pues en estos casos las reparaciones efectivas a la victima que puedan resultar de dichos preacuerdos pueden ser aceptados por este o en caso de rehusarlos queda en libertad de acudir a las vías judiciales pertinentes.

c)

8.

PARTES DENTRO DEL PROCESO CONCILIATORIO

A. EN EL SISTEMA ANTERIOR: a) b)

El procesado o imputado. El defensor cuando lo considere necesario y cuando se le haya confiado poder con facultad expresa para esta diligencia. El tercero civilmente responsable, cuando manifieste su intención de cubrir la indemnización de perjuicios. Todos los perjudicados que estén determinados o quienes se hayan constituido en parte civil. El Ministerio Público y el Fiscal como parte en la etapa del juicio

c) d) e)

B. EN EL SISTEMA ACUSATORIO: a) b) c) d) e) f)

El imputado, acusado y condenado como sujetos activos del delito. La víctima como sujeto pasivo de la acción. Los querellantes legítimos distintos al sujeto pasivo. El tercero civilmente responsable. El llamado en garantía, esto es la compañía aseguradora. El Fiscal y el Ministerio Público a solicitud de la víctima en el incidente de reparación integral. 9

AUDIENCIA DE CONCILIACION, CONTENIDO Y VALIDEZ DEL ACTA

A.

EN EL SISTEMA ANTERIOR:

a) b)

Es factible realizar hasta dos audiencias de conciliación. El acta de conciliación debe contener los siguientes puntos básicos: 1) 2) 3)

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Enunciación de las propuestas de acercamiento patrimonial o conciliatorias derivadas de la iniciativa de los sujetos procesales. Las fórmulas conciliatorias propuestas por el funcionario judicial o el conciliador. Deben precisarse las condiciones para el cumplimiento de la obligación y el plazo que se haya otorgado que en ningún caso puede exceder de 60 días (inciso 40 del art. 41 del C.P.P.)


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico c)

Para su validez el acta debe cumplir con los siguientes requisitos: 1) 2)

El acuerdo no debe contener ningún vicio que haga ineficaz el convenio. Debe demostrarse el cumplimiento de la obligación, cuando ha sido sometido a plazo o condición.

B. EN EL SISTEMA ACUSATORIO: a)

Es factible realizar hasta cuatro (4) audiencias de conciliación: Una antes de presentar la querella y tres en el incidente de reparación integral.

b)

El acta de conciliación debe contener los puntos básicos de toda conciliación, esto es propuestas de acercamiento, fórmulas conciliatorias propuestas por el Fiscal, el Conciliador o el funcionario judicial según el caso; y las condiciones para el cumplimiento de la obligación.

c)

Para su validez el acta debe adolecer de cualquier vicio que haga ineficaz el convenio; igualmente se deben respetar los principios fundamentales y las garantías procesales. 10

A. a)

b)

c)

CONSECUENCIAS DEL ACUERDO CONCILIATORIO EN EL SISTEMA ANTERIOR:

Para efectos civiles el acta que contiene el acuerdo hace transito a cosa juzgada, ya sea inmediatamente o después del plazo pactado para el cumplimiento de la obligación. Para efectos penales, el acta de conciliación en sí misma no hace tránsito a cosa juzgada. Es presupuesto indispensable la aceptación del funcionario judicial, pues éste debe determinar si el delito admite o no la extinción de la acción por este medio y si el imputado puede ser beneficiado con esta prerrogativa en caso de que no se pueda producir o cesar procedimiento, la cosa juzgada se mantiene pero para efectos civiles. El acta de conciliación presta mérito ejecutivo cuando el acuerdo suscrito por los conciliantes se incumple.

B.

EN EL SISTEMA ACUSATORIO:

a)

La conciliación extingue la acción penal y la acción civil en los delitos querellables.

b)

La conciliación hace transito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo, siempre y cuando se lleve a cabo ante la Fiscalía y sea aceptada por éste.

c)

El acta de conciliación en si misma no hace transito a cosa juzgada cuando ésta se lleve a cabo ante un centro de conciliación o ante un conciliador habilitado

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal para tal efecto, ya que se requiere la aceptación y aprobación del Fiscal respectivo. d)

La conciliación llevada a cabo ante el Juez competente hace transito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo en cuanto hace relación a los efectos civiles.

20. PROCESOS ESPECIALES DE POLICÍA 1. PROCESO ESPECIAL DE LANZAMIENTO POR OCUPACIÓN DE HECHO EN PREDIOS URBANOS 1.1 NORMAS QUE INFORMAN LA MATERIA ARTÍCULO 15 DE LA LEY 57 DE 1905. Cuando alguna finca ha sido ocupada de hecho sin que medie contrato de arrendamiento ni consentimiento del arrendador, el jefe de policía ante quien se presente la queja, se trasladará al lugar en que esté situada la finca dentro de las cuarenta y ocho horas después de la presentación del escrito de queja; y si los ocupantes no exhiben el contrato de arrendamiento o se ocultan, procederá a verificar el lanzamiento sin dar lugar a recurso alguno ni a diligencia que pueda demorar la desocupación de la finca. El jefe de policía moroso en el cumplimiento del deber que le impone el inciso anterior, será responsable en la misma forma y en los términos de que trata el artículo 12. ARTÍCULO 1º. DEL DECRETO 992 DE 1930. “Toda persona a quien se le hubiere privado de hecho de la tenencia material de una finca, sin que haya mediado su consentimiento expreso o tácito u orden de autoridad competente, podrá pedir por sí o por medio de apoderado debidamente constituido al respectivo alcalde municipal, la protección consagrada en el artículo 15 de la ley 57 de 1905. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando se trate de ocupantes de baldíos, ya sean demandantes o demandados. En estos casos se estará a lo dispuesto en los artículos 78, 79 y 80 del Código Fiscal y el artículo 2 de la ley 45 de 1.917, según el caso. El Honorable Consejo de Estado en sentencia de fecha 22 de septiembre de 1975, dijo: “que el objeto del artículo 15 de la ley 57 de 1.905 no es otro que proteger la posesión o la tenencia de un predio, restablece inmediatamente el status que se tenía, sin que medie un contrato de tenencia”. EL DECRETO 992 DE 1.930 reglamenta el artículo 15 de la ley 57 de 1.905 y fundamentalmente fija los requisitos y determina el procedimiento para llevar a cabo el lanzamiento por ocupación. 1.2. LEGITIMACION EN LA CAUSA

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Están legitimados para ejercitar la acción policiva de lanzamiento por ocupación de hecho, todas las personas a quienes se les hubiere privado de la tenencia material de un predio, esto es los meros tenedores y los poseedores directos, regulares e irregulares. 1.3. COMPETENCIA Por mandato del artículo 1º. Decreto 992 de 1930, el alcalde del municipio en que se encuentre ubicado el inmueble ocupado, es el competente para conocer de las querellas por ocupación de hecho en predio urbano. 1.4. REPRESENTACION LEGAL Y DERECHO DE POSTULACION Por tratarse de un proceso de singular importancia, el proceso deberá comparecerse en forma personal o por medio de un representante. Si éste no es abogado deberá hacerlo por conducta de abogado inscrito, salvo los casos de excepción previstos en la ley (Art. 229 de la Constitución Nacional; Art. 29 del Decreto 196/71). En nuestro concepto, los estudiantes de práctica de Consultorio Jurídico pueden servir de apoderados en este tipo de procesos, siguiendo los lineamientos del artículo 30 ordinal a) del Decreto 196 de 1971 (modificado por la ley 583 de 2000) que dice. “Los estudiantes que pertenezcan a Consultorios Jurídicos podrán litigar en causa ajena en los siguientes asuntos: a) en los procesos penales de que conocen los jueces municipales, los fiscales delegados ante estos y las autoridades de policía”. 1.5. MODELO DE PODER PARA PROCESO ESPECIAL DE LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO EN PREDIOS URBANOS Señor: ALCALDE MUNICIPAL DE _________ E.S.D. ____________, mayor de edad, vecino de _________identificado con la C.C. No._______ de ________a usted con todo respeto me permito manifestarle que confiero poder especial, amplio y suficiente al estudiante de práctica de Consultorio Jurídico __________ mayor de edad, vecino de _______ identificado con la C.C. No. ______ de _____y código No. ______, expedida por la Universidad para que inicie y lleve hasta su terminación proceso especial de lanzamiento por ocupación de hecho en predio urbano, en contra del señor ________, mayor de de edad, vecino de ___________ identificado con C.C. No. _______ expedida en y _______demás personas indeterminadas y en relación con un inmueble ubicado en _______ determinado en su puerta de entrada con el número ____________. Mi apoderado queda facultado para transigir, recibir, desistir, sustituir, reasumir, pedir y portar pruebas, proponer recursos e incidentes, contestar en tiempo oportuno la querella y en general hacer todo lo que más convenga a mis intereses. Sírvase señor alcalde concederle personería a mi abogado para los efectos y dentro de los términos de este mandato. Atentamente ____________________________

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal Firma y antefirma del querellante C.C. No. _______de _______ Acepto: Firma y Antefirma _____________________________________ Estudiante de Práctica de Consultorio Jurídico C.C. No. ______ de _______ Código No. de la Universidad 1.6. QUERELLA, REQUISITOS Y ANEXOS Artículos 2 y 3 del decreto 992 de 1930 1.6.1 El memorial de querella deberá presentarse personalmente por el peticionario, ante el respectivo alcalde y su secretario. 1.6.2 La querella deberá contener los siguientes requisitos: a) Funcionario a quien se dirige. b) Identificación plena del querellante, indicando si lo hace por sí o a nombre de otro, su estado civil y vecindad. c) Identificación plena de los querellados y vecindad, si fueren conocidos. d) Identificación del inmueble que ha sido ocupado de hecho, su ubicación y linderos. e) Determinación de la fecha en que fue privado de la tenencia material o en que tuvo conocimiento de ese hecho. f) Los hechos en que se funda la queja. g) Los títulos en que se apoya para iniciar la acción. 1.6.3 La querella debe ir acompañada de los siguientes anexos: a) El título que acredite su derecho. b) Prueba sumaria de la fecha en que fue privado de la tenencia del bien o la fecha en que tuvo conocimiento de la ocupación. c) Las demás pruebas en que se fundamenta la acción 1.7 MODELO DE QUERELLA DE LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO EN PREDIO URBANO DESHABITADO Señor: Alcalde Municipal de ____________ E.S.D. ____________ , mayor de edad y vecino de __________identificado con la cédula de ciudadanía número ________ expedida en _________, estudiante de práctica de Consultorio Jurídico y código número expedido por la Universidad

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico en mi calidad de apoderado judicial del señor ______________también mayor de edad y vecino de esta municipalidad, a Usted con todo respeto me permito presentar querella de lanzamiento por ocupación de hecho en predio urbano deshabitado con base en los siguientes: HECHOS 1. Desde el día _________del mes ____del año _______mi poderdante ha tenido la quieta, pacífica e ininterrumpida posesión del inmueble, ubicado en la ______número _______ de la ciudad de ______cuyos linderos son: __________. 2. Como poseedor material del inmueble anteriormente determinado, mi representado ha ejercido una continua y adecuada explotación económica, consistente entre otros hechos los siguientes: 3. Mi mandante ha ejercido posesión material y ha explotado económicamente el predio en mención como verdadero señor y dueño, no se reconocen ni dominio ni propiedad o derecho alguno a otra persona. 4. La pública y pacífica posesión material del inmueble en mención era ejercida sin violencia ni interrupción por mi mandante hasta el día el mes _____ del año _____ fecha en la cual se tuvo conocimiento que personas indeterminadas lo habían ocupado sin mediar consentimiento alguno de mi mandante. 5. De los anteriores hechos pueden declarar los señores ________ y _______, también mayores y vecinos de ______ para lo cual solicito se cite a declaración como prueba anticipada a la querella. PETICIONES 1. Solicito al señor alcalde municipal, la admisión de la querella. 2. Se ordene y disponga la práctica de la diligencia de lanzamiento, que se efectuará dentro de los cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la admisión del escrito de queja, mediante providencia que notificará personalmente a los ocupantes. 3. Que previo y agotado el trámite de la ley 57 de 1905 y el decreto 992 de 1930 se ordene la restitución del inmueble y el desalojo de las personas indeterminadas que allí se encuentren. 4. Se me reconozca personería para actuar FUNDAMENTOS DE DERECHO Artículo 16 de la ley 57 de 1905 Decreto 992 de 1930 Código Nacional de Policía, artículos 125 a 129 Código Civil, artículo 762

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal PRUEBAS Solicito se reconozcan como pruebas las siguientes: a. Testimoniales: Declaraciones recepcionadas ante el Notario _______ del círculo de _____ a los señores ____________ y _______ con las cuales se satisfacen los requisitos del artículo 2 numerales 3, 5 y 6 del Decreto 992 de 1930. b. Documentales: Fotocopia debidamente autenticada de los siguientes documentos poder otorgado por ___________ al suscrito. c. Inspección Judicial: Sobre el inmueble ocupado en la _______ número ______ de la ciudad de _______ cuyos linderos son: ______________. con el objeto que se determine el estado de perturbaciones a mi posesión y las personas que la ejercen y de qué manera. COMPETENCIA Es usted señor alcalde municipal, el funcionario competente para conocer de la querella por la naturaleza del asunto y por la ubicación del inmueble. ANEXOS Acompaño al presente escrito los documentos relacionados en el capítulo de pruebas NOTIFICACIONES A. B. C. la calle

Del querellante Del Querellado El suscrito las recibirá personalmente en la secretaría de su Despacho y/o en 40 No. 7-30 Tel. 3360181.

Señor Alcalde Atentamente, __________________________ Firma y antefirma del estudiante C.C. No. ________ de _______ Código No. _____ de la Universidad __________

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico 1.9 ADMISION, INADMISION Y RECHAZO DE LA QUERELLA A) ADMISION: Recibida la querella, el alcalde se pronunciará sobre la admisión de la misma y si reúne los requisitos legales la admite inmediatamente, por medio de Resolución escrita y motivada, donde se señalará fecha y hora para la práctica de la diligencia de lanzamiento, la cual deberá iniciarse dentro de las 48 horas hábiles siguientes a la admisión de la misma. B) INADMISION: Si la querella no reúne los requisitos legales, el alcalde la inadmite y concede un término de cinco (5) días hábiles para que sea corregida. En el auto que disponga la devolución del escrito se indicarán los defectos de que adolece. C) RECHAZO: El alcalde rechazará la querella, cuando no es corregida en el término legal o cuando encuentre que la acción ha caducado (30) días. 1.10. MODELO DE RESOLUCION PARA ADMITIR LA QUERELLA Y DECRETAR EL LANZAMIENTO Resolución No. _________ De ______ del año _________ Alcaldía de: _______________ El Alcalde de en uso de sus atribuciones legales y CONSIDERANDO Que mediante escrito presentado el día ___ del mes de _____ del 2006, el doctor ____________, haciendo uso del poder especial que le confirió el señor mayor de edad, vecino de ______ solicita el lanzamiento por ocupación de hecho, tendiente a que le sea restituido a su poderdante el inmueble ubicado en ____ de esta ciudad. Que el querellante invoca los siguientes hechos: 1. Desde el mes ______ de _____ de mi poderdante ha tenido la quieta, pacífica e interrumpida posesión del inmueble ubicado en ________distinguido con el número ________ cuyos linderos son los siguientes: _______________________ 2. Que el apoderado del querellante fundamenta su petición en lo dispuesto en el artículo 15 de la ley 57 de 1905 y su decreto reglamentario No. 992 de 1.930 y demás normas concordantes. 3. Que la querella reúne a cabalidad los requisitos establecidos en los artículos 2 y 3 del decreto 992 de 1930. 4. Que están dadas a cabalidad las exigencias del artículo 15 de la ley 57 de 1.905.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal RESUELVE PRIMERO. Admitir la querella instaurada por el doctor ______contra el (los) señor(es) __________ por reunir los requisitos de ley. SEGUNDO. Decretar el lanzamiento del señor(es) ___________y demás personas indeterminadas que se encuentren en el inmueble ubicado en ________ de la ciudad de Pereira, cuyos linderos son. TERCERO. Fijar fecha del día tal (dentro de las 48 horas siguientes) a la hora de las ______ para llevar a cabo la diligencia de lanzamiento. CUARTO. Surtida la diligencia y una vez desocupado el inmueble, se le restituirá al querellante por intermedio de su apoderado. QUINTO. Tener al doctor ________ como apoderado del señor _________ dentro de los términos y para los efectos del mandato concedido. SEXTO. Contra esta decisión procede el recurso de apelación. Notifíquese y cúmplase El Alcalde. _______________ Firma y antefirma El Secretario, _________________ Firma y antefirma 1.11. CADUCIDAD DE LA ACCION Si la querella no se presenta dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes al de la ocupación o aquél en que se tuvo conocimiento de los hechos, el alcalde deberá rechazar de plano la querella. 1.12. NOTIFICACION DE LA RESOLUCION QUE ADMITE LA QUERELLA PARA EL LANZAMIENTO La resolución que admite la querella y fija fecha para llevar a cabo la diligencia de lanzamiento, debe notificarse personalmente a los ocupantes o por aviso, que se fijará a la entrada del inmueble, en el caso de que no sea posible la notificación personal. Igualmente dicha resolución deberá ser notificada personalmente al personero municipal, quedando a su criterio la intervención por sí o por medio de su representante. 1.13. RECURSOS Las únicas providencias que no son impugnables en este procedimiento son la resolución que decreta el lanzamiento y la que finalmente dispone su verificación al desechar la oposición, puesto que la sentencia del 22 de septiembre de 1975 proferida por el Consejo

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico de Estado al estudiar la nulidad del artículo 7 del Decreto 922 no se pronunció respecto a las demás providencias, como por ejemplo la que devuelve o rechaza la querella, la que decreta la nulidad o la niega o la que contiene la abstención d verificar el lanzamiento decretado. El término para impugnar las providencias, es dentro de las 48 horas siguientes a su notificación, ante el inmediato superior. Cuando se interponga el recurso de apelación se concederá en el efecto devolutivo y suspensivo para el querellante y en el devolutivo para el querellado. 1.14. CONCILIACION En la diligencia de lanzamiento, cualquiera de las partes podrá solicitar que se lleve a cabo audiencia de conciliación y el funcionario está en la obligación de decretar la práctica de la misma, en la cual querellante y querellado podrán llegar a un acuerdo sobre el conflicto planteado, acuerdo que se deberá dejar consignado en la respectiva acta. 1.15. INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO EN ESTA CLASE DE PROCESOS Al Personero municipal en su condición de representante del Ministerio Público se le debe notificar el proveído que a más de admitir la querella, señala fecha y hora para la práctica de la diligencia de lanzamiento y advierte sobre las formalidades de la comunicación a los querellados, en los términos del artículo 6º del Decreto 992 de 1930, esto es, mediante notificación personal en los casos que sea posible o por aviso que se fijará en la puerta de acceso al inmueble, en los eventos que se surte infructuosa querella. En tal oportunidad, el personero determinará no solamente si el querellante ha dado cumplimiento a los requisitos especiales que señalan los artículos 2 y 3 del Decreto 992 de 1930 y además si el funcionario tiene competencia y si el bien se halla en jurisdicción del municipio. En cuanto tiene que ver con las situaciones previstas en los artículos 4 y 5 del citado decreto, el personero podrá impugnar la providencia que inadmite la querella, si observa que los requisitos especiales de la querella fueron observados por el peticionario y los anexos debidamente aportados. Igualmente podrá impugnar por vía de reposición o apelación la providencia que dispone la abstención de ordenar el lanzamiento. Al personero para esta clase de procesos le corresponde asistir a la práctica de la diligencia de lanzamiento, so pena de correr con las consecuencias desfavorables que para el orden público puedan derivarse de tal actuación. 1.16. PROCEDIMIENTO PARA LA PRACTICADE LA DILIGENCIA DE LANZAMIENTO Llegado el día y la hora de la diligencia, el alcalde se trasladará al lugar de los hechos acompañado de su secretario, pudiendo concurrir las personas interesadas y dos testigos si fuere conveniente, una vez allí el alcalde procederá así:

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal a) b) c) d)

El funcionario llamará a la puerta de la casa o heredad y hará saber a las personas allí presentes el motivo de la diligencia. Si transcurridos 10 minutos no le contestaren o no le permitieren la entrada, hará un nuevo llamado previniéndolos sobre las consecuencias. Si pasaren 10 minutos más sin permitir la entrada, procederá al lanzamiento valiéndose de la fuerza pública si fuere necesario. Si el inmueble se encontrase cerrado y nadie contestare al llamamiento, pasados 10 minutos procederá a la apertura y a efectuar el lanzamiento, teniendo en cuenta que para ingresar debe decretar dentro de la misma diligencia el allanamiento del inmueble ocupado.

De la diligencia se levantará un acta la cual deberá contener: a) Ciudad, fecha y hora en que se practica la diligencia b) Los funcionarios que la adelantan c) La identificación de las personas encontradas en el inmueble d) La identificación de los apoderados e) La identificación del inmueble por su ubicación, linderos y demás características. f) Reconocimiento de personería a los apoderados g) Las intervenciones de las partes y sus apoderados h) La resolución sobre la práctica de pruebas i) La resolución por medio de la cual se desata la oposición, si la hubiere j) El decreto de allanamiento si en el inmueble no se encontrare persona alguna o se ocultaren k) La designación o posesión del depositario de bienes si fuere necesario l) Las constancias que desee dejar el despacho m) La firma de las personas que intervinieron La diligencia deberá practicarse después de las seis de la mañana y antes de las seis de la tarde. 1.17. MODELO DE ACTA PARA LA DILIGENCIA DE LANZAMIENTO EN INMUEBLE URBANO En la ciudad de Pereira, a los ______ días del mes de _____ del 2006, siendo las ____ día y hora señalada para llevar a cabo la diligencia de lanzamiento por ocupación, presentada mediante apoderado judicial por el señor ___________ mayor de edad, vecino de ______ identificado con la CC No. _____ de _____ y estando presente en el despacho del señor alcalde el doctor ______ apoderado del querellante, el suscrito alcalde en asocio de su secretario, dispuso el traslado del despacho al inmueble ubicado en ________de la ciudad de Pereira. Una vez en el lugar de la diligencia se procedió a llamar a la puerta del inmueble a las personas que se encontraban allí y se les explicó el motivo de la diligencia. Acto seguido se procedió a identificar plenamente el inmueble por sus linderos así: __________. Posteriormente se procedió a identificar a las personas que se encontraban dentro del inmueble los cuales se identificaron con las cédulas de ciudadanía Nos. ________y las cuales manifestaron que para que los representara en la diligencia, nombraran al doctor _________ mayor de edad, vecino de ______ identificado

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico con la cédula de ciudadanía No. ______ de ______ y concederles la personería para actuar, manifestando que promete cumplir bien y fielmente con los deberes que el cargo le impone. Seguidamente se le concede el uso de la palabra al apoderado de los querellados, quien manifestó lo siguiente: _______ De lo expresado por el apoderado de los querellados se le corre traslado al apoderado del querellante, quien manifestó _______. Procede el despacho a resolver la oposición formulada por el apoderado de los querellados, en la siguiente forma _____ y termina diciendo __________, en mérito de lo expuesto, el despacho rechaza la oposición formulada en el curso de la diligencia por el apoderado de los querellados, en la siguiente forma ________ y oposición formulada en el curso de la diligencia por el apoderado de los querellados, doctor ______ y por consiguiente se dispone la verificación y práctica del lanzamiento. En este estado el apoderado de los querellados pide la palabra y una vez concedida manifiesta interpongo contra la decisión tomada por su despacho, al negar la oposición, recurso de Reposición y en subsidio el de Apelación. El despacho se abstiene de dar curso a los recursos interpuestos por el apoderado de los querellados por las siguientes razones _______ (exponer sucintamente), en consecuencia se dispone como se ordenó anteriormente la desocupación del inmueble. En vista de que el inmueble al parecer se encuentra desocupado o los ocupantes se ocultan, el despacho dispone el ingreso al mismo, decretándose el ALLANAMIENTO así: El alcalde metropolitano de Pereira en uso de las atribuciones que le confiere el Decreto Reglamentario No. 992 de 1930 y Considerando que mediante resolución de fecha tal, este despacho dispuso el lanzamiento por ocupación de hecho del inmueble ubicado en tal parte, para el día de hoy, a las _____ y que en atención de que después de hacer los requerimientos de ley, nadie respondió al llamado, presumiéndose con esto o que el mismo se encuentra desocupado o que sus ocupantes se ocultan, RESUELVE: decretase el allanamiento del inmueble anteriormente descrito, motivo de esta diligencia, a efecto de que se proceda a hacer entrega del mismo al querellante, por consiguiente se dispone el ingreso al mismo con la intervención de la fuerza pública si fuere necesario. Notificación en estrados. En atención a que el inmueble se encuentra debidamente desocupado y deshabitado, se hace entrega real y material del inmueble objeto de esta diligencia, al doctor ________ apoderado de la arte actora, quien manifestó que lo recibe a entera satisfacción. No siendo otro el objeto de la presente diligencia, se termina y se firma por las personas que en ella intervinieron. El alcalde El apoderado del querellante Los ocupantes del inmueble El apoderado de los querellados El secretario

_________________ ________________ _________________ _________________ _________________

2. LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO EN PREDIOS RURALES EXPLOTADOS ECONOMICAMENTE 2.1 INTRODUCCION El Decreto-Ley 2303 de 1989 dispuso que: “Quien explote económicamente un predio agrario y sea privado de la tenencia material del mismo, sin haber mediado su consentimiento u orden legítima de autoridad competente, deberá instaurar demanda de lanzamiento por ocupación de hecho, ante el Juez Agrario o ante quien haga sus

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal veces, con el lleno de los requisitos allí establecidos, a efecto de obtener la restitución del inmueble” (Artículos 98 al 111). Pero en vista de que los Jueces Agrarios no han podido entrar a funcionar en la mayoría de los Distritos Judiciales, entre ellos Risaralda, el gobierno nacional expidió el Decreto No. 0747 del 6 de mayo de 1992, por el cual se dictan medidas preventivas de policía, con el fin de prevenir las invasiones en predios rurales, hasta tanto pueda entrar a funcionar la jurisdicción agraria a lo largo y ancho del territorio nacional. Para tal efecto revistió de facultades a los alcaldes municipales o al funcionario en quien se haya delegado esta función, para prestar protección a las personas cuando hubieren sido privadas de hecho total o parcialmente de la tenencia material de un predio rural. Persigue esta acción que la persona que explote económicamente un predio agrario y se vea privada de hecho, total o parcialmente de la tenencia material del mismo, sin que medie consentimiento expreso o tácito u orden de autoridad competente, ni exista causa que lo justifique, pueda ir al Juez Agrario, Alcalde o ante quien éste último haya delegado esta función, para solicitar la protección de su predio con el objeto de que se restablezca y mantenga la situación que existía antes de la invasión. El Artículo 1º del Decreto 0747 dice: “La persona que explote económicamente un predio agrario, según el artículo 2º de la ley 4ª de 1.973 y disposiciones concordantes, que hubiere sido privada de hecho, total o parcialmente de la tenencia material del mismo, sin que medie su consentimiento expreso o tácito u orden de autoridad competente, ni exista otra causa que lo justifique, sin perjuicio de la acción que pueda intentar ante el juez para que se efectúe el lanzamiento por ocupación de hecho, podrá solicitar al alcalde o funcionario en quien se haya delegado esta función, la protección de su predio con el objeto de que dentro de los tres días calendarios siguientes, se restablezca y mantenga la situación que existía antes de la invasión”. 2.2 NORMAS QUE INFORMAN LA MATERIA Decreto Ley 0747 del 6 de mayo de 1992, artículos 1 al 14 y el Decreto 2303 de 1989, sólo en cuanto refiere a la competencia de los Jueces Agrarios. 2.3 LEGITIMACION EN LA CAUSA Están legitimados para pedir la acción de protección policiva, todas las personas a quienes se les hubiere privado de hecho de la tenencia material de un predio en forma total o parcial, esto es los poseedores, tenedores y los propietarios cuando sean éstos quienes los exploten económicamente. 2.4 COMPETENCIA El Alcalde o funcionario a quien se le haya delegado esa función.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico En el caso de Pereira, los corregidores y los Inspectores Municipales. 2.5 REPRESENTACION LEGAL Y DERECHO DE POSTULACION Por tratarse de una acción de suma importancia y muy rápida a efecto de que cumpla los fines para la cual fue instituida, al proceso podrá comparecerse en causa propia, o sea que no es absolutamente necesario constituir apoderado para pedir la protección (artículo 6 Decreto 0747/92). 2.6 MODELO DE PODER PARA PROCESO ESPECIAL DE LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO EN PREDIOS RURALES EXPLOTADOS ECONOMICAMENTE Señor: ALCALDE MUNICIPAL Inspector o Corregidor de_________ (el lugar donde se haya presentado la ocupación) E.S.D. ___________, mayor de edad, vecino de identificado con la C.C. No. _____de ________ a usted con todo respeto me permito manifestar que confiero poder especial, amplio y suficiente al estudiante de práctica de Consultorio Jurídico ________mayor de edad, vecino de identificado con la C.C. No. _____de _____ y código No. ______expedido por la Universidad ________ para que inicie y lleve hasta su terminación proceso especial del lanzamiento por ocupación de hecho, en predio rural, explotado económicamente en contra del señor _________, mayor de edad, vecino de _______ identificado con C.C. No. _______ expedida en _________ y demás personas indeterminadas y en relación con un inmueble ubicado en _________determinado en su puerta de entrada con el número _________. El presente poder lo otorgo en mi condición de poseedor material del predio, a efecto de obtener la restitución del mismo. Mi apoderado queda facultado para transigir, recibir, desistir, sustituir, reasumir, pedir y aportar pruebas, proponer recursos e incidentes, contestar en tiempo oportuno la querella y en general hacer todo lo que más convenga a mis intereses. Sírvase señor Alcalde, Corregidor o Inspector, concederle personería a mi abogado para los efectos y dentro de los términos de este mandato. Atentamente, _________________ Firma del querellante C.C. ______ de ________ Acepto: Firma y antefirma del estudiante _________________________ C.C. No. ________ de ________ Código No. ________ de la Universidad _____________

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal 2.7 QUERELLA, REQUISITOS Y ANEXOS Artículo 6º y 7º del Decreto 0747 de 1992 2.7.1 El memorial de querella deberá presentarse personalmente ante el funcionario competente. 2.7.2 La querella deberá contener: a) Funcionario a quien se dirige. b) Identificación plena de querellantes y querellados si fuere posible. c) Identificación del predio ocupado, por su ubicación, linderos, cabida, etc. d) Determinación de la fecha que fue sustraído de la tenencia del bien rural. e) Los hechos en que se funda la queja. f) Los títulos en que se apoya para iniciar la acción de protección policiva. g) Direcciones de los sujetos procesales. 2.7.3 La querella deberá ir acompañada de los siguientes anexos: a) Las pruebas en que se fundamenta la acción b) La prueba siquiera sumaria de que el querellante ha venido explotando económicamente el predio y de que la ocupación se inició dentro de los quince (15) días calendario anteriores a la presentación de la querella. c) El poder para actuar si no se hace en causa propia. 2.6 MODELO DE QUERELLA Señor: Alcalde Municipal de _________ (o Corregidor o Inspector de Policía de ___________) (Reparto) E.S.D. ______________, mayor de edad, vecino y residente en esta ciudad, estudiante de práctica de Consultorio Jurídico, identificado con la C.C. No. _______de ______ y código No. _______ expedido por la Universidad _________, obrando como apoderado especial del señor persona mayor y vecina de esta ciudad, me permito impetrar ante su despacho, querella de lanzamiento por ocupación de hecho en predios rurales explotados económicamente en contra del señor __________, mayor de edad y vecino de esta ciudad, teniendo en cuenta los siguientes: HECHOS 1. Desde el quince (15) de noviembre de 1970, mi representado ha gozado de la posesión pacífica e ininterrumpida del lote de terreno localizado en la vereda Aguas Claras, jurisdicción del municipio conocido con el nombre de __________ y alinderado de la siguiente forma ___________, (determinar claramente los linderos).

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico 2. El mencionado inmueble rural fue adquirido por mi mandante a través de compra efectuada a como consta en la escritura pública del ______de ____de la Notaría __________ del Círculo de registrada al folio de matrícula inmobiliaria __________en ________ la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de este Círculo, con fecha ____________. 3. El predio rural tiene una cabida de _________ dividido en _______ (determinar las partes en que se divide y mencionar su destinación específica) 4. Desde hace días el señor _________ de condiciones ya conocidas, ha venido a perturbar a mi poderdante, despojándola de la franja de terreno _______ destinado a _________ sobre el cual ha extendido el cercamiento de su finca, la que linda por el costado del predio de mi mandante. 5. Durante todo el tiempo en que mi poderdante ha ocupado como propietario el inmueble descrito, valga decir desde el _______ de _____ de _____ hasta el momento en que se produjo el despojo, ninguna persona ha tratado de disputar el derecho sobre el mismo, razón por la cual la conducta del señor es injusta y violenta, correspondiéndole a usted, señor Alcalde, Corregidor o Inspector, restablecer las cosas a su anterior estado. 6. El señor en su calidad de propietario lesionado me ha conferido poder especial para invocar ante su despacho la acción correspondiente. 7. Mi representado ha explotado económicamente el predio desde que comenzó a poseerlo. PETICIONES Primero. Que se dé traslado de esta querella al demandado por el término de cinco (5) días. Segundo. Que efectuado lo anterior se ordene la práctica de las pruebas pedidas. Tercero. Que dentro del término legal se efectúe una diligencia de inspección judicial sobre el inmueble objeto de esta querella y dentro de ella se practiquen las pruebas ordenadas. Cuarto. Que una vez practicada la anterior diligencia se decrete el lanzamiento respectivo dentro de los tres (3) días siguientes a la ejecutoria de la providencia que lo ordene, indicando en primer lugar al ocupante de hecho, que desaloje voluntariamente el inmueble o, de lo contrario, recurriendo a la fuerza pública a fin de obtener que tal persona abandone el terreno y consecuencialmente el demandante recupere su tenencia. Quinto. Que en el momento de apelarse la providencia que decreta el lanzamiento, se ordene a las autoridades de policía, la adopción de las medidas encaminadas a prevenir nuevas vías de hecho, con el objeto de mantener el statu quo, mientras se decide el recurso. DERECHO Invoco como fundamento de derecho lo preceptuado en los artículos 98 al 111 del Decreto 2303 de 1989, artículos 20, 21, 22 y 23 de la ley 200 de 1936, ley 100 de 1944; ley 4ª de 1973 y decreto 0747 de 1.992 y demás normas concordantes.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal PRUEBA Ruego tener y practicar como tales entre otras las siguientes: 1. INSPECCION JUDICIAL Con intervención de peritos sobre el inmueble rural materia de la presente demanda, a fin de determinar: a) Si dentro del terreno de cuyos linderos se han establecido en el hecho primero de esta querella, se ha construido o extendido cercamiento en la forma indicada en el hecho cuarto de la misma. b) Si la franja de terreno donde se encuentra el ocupante de hecho forma parte del predio de mi poderdante teniendo en cuenta los linderos reseñados a los títulos de propiedad y registro y las demás pruebas recepcionadas en la diligencia misma. c) Si en concepto de los peritos, los anteriores hechos por determinar constituyen un despojo del terreno de mi mandante. 2. DOCUMENTALES La copia de la escritura pública No. del de noviembre de de la Notaría _________ del Círculo de _________, copia del Folio de Matrícula Inmobiliaria No. _______ de la oficina de registro de instrumentos públicos de prueba anticipada (testimonios, interrogatorios, inspecciones judiciales, peritaciones), con la cual se acredita que el demandante ha venido poseyendo económicamente el predio y que la ocupación se inició dentro de los ciento veinte (120) días anteriores a la fecha de presentación de la demanda. 3 INTERROGATORIO DE PARTE Al señor

para que absuelva el cuestionario que oralmente le formularé

4. TESTIMONIOS Ruego recepcionar los testimonios a los señores ________ y ______ para que declaren sobre los hechos de la demanda. ANEXOS Me permito anexar poder a mi favor, los documentos aducidos como pruebas, copia de la demanda con sus anexos para el traslado y copia de la misma para el archivo del juzgado. PROCESO, COMPETENCIA Y CUANTIA A la presente demanda debe dársele el trámite consagrado entre los artículos 98 a 11 del Decreto 2303 de 1989.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Por la naturaleza del asunto, la ubicación del inmueble, la vecindad de las partes y la cuantía, la cual estimo en _________ es usted competente Señor Juez para conocer de esta demanda. NOTIFICACIONES El suscrito las recibirá en la secretaría del despacho o en la calle 40 No. 7-30 Tel 3360181. Mi poderdante en la ___________ El querellado en el predio denominado __________ubicado en ____________ Del Señor Alcalde, Corregidor o Inspector Atentamente, Firma y Antefirma del estudiante C.C. No. ________ de _________ Código No. de la Universidad ______________ 2.9 ADMISION, INADMISION O RECHAZO DE LA QUERELLA Si la querella reúne los requisitos exigidos, avoca el conocimiento por medio de un auto donde se deberá disponer lo siguiente: a) Fijación de la fecha y hora de una inspección ocular sobre el inmueble objeto de protección policiva, la cual deberá llevarse a cabo dentro de los tres (3) días siguientes a la presentación de la querella. b) La notificación del auto anterior al querellado o querellados en forma personal o por aviso y la comunicación al Procurador Agrario competente. En caso de que la querella no reúna los requisitos legales, se le devolverá al interesado para que le corrija las fallas de que adolece. El funcionario de policía rechazará la querella cuando encuentre que la acción policiva ha caducado (15) días calendario siguientes al acto de invasión). 2.10 MODELO DE AUTO PARA AVOCAR EL CONOCIMIETO DE LA QUERELLA Y FIJACION DE FECHA PARA LA INSPECCION OCULAR Municipio de __________ Inspección Municipal de _____________ ___________del mes de de Por considerar que reúne a cabalidad los requisitos exigidos por el artículo 6 del DecretoLey 0747 de 1992, se avoca el conocimiento de la querella presentada por el señor donde pide protección policiva en relación con un predio ubicado en la vereda La Bella,

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal jurisdicción del municipio de Pereira, denominado determinado por los siguientes linderos el cual fue ocupado de hecho parcialmente por el señor y otras personas indeterminadas. Para tal efecto se dispone: a) Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 7 del Decreto 0747 de 1992, se señala el día lunes 21 de septiembre de _______, a las 9 de la mañana, para llevar a cabo la diligencia de inspección ocular en el inmueble a que hace referencia la querella, con el fin de verificar los hechos que le sirvieron de fundamento. b) Comuníquese al Procurador Agrario esta decisión y notifíquese al querellado o querellados personalmente, con un día de antelación a la fecha y hora de la diligencia de inspección ocular. NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE El Inspector Firma El Secretario Firma

Antefirma Antefirma

2.11. NOTIFICACION DEL AUTO ADMISORIO DE LA QUERELLA Y QUE FIJA FECHA Y HORA PARA LA PRACTICA DE LA INSPECCION OCULAR La providencia que admite la querella y fija fecha y hora para la práctica de la inspección ocular, deberá notificarse personalmente al querellado o querellados o en su defecto su notificación se hará mediante aviso que se fijará en la puerta de acceso del lugar donde habita el querellado en el lugar de los hechos, con un día de antelación a la fecha y hora de la diligencia. Al Procurador Agrario deberá comunicársele la providencia personalmente o por escrito con el fin de que intervenga activamente en la diligencia de inspección ocular, pero en todo caso su asistencia no es obligatoria. 2.12. INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO EN ESTE PROCESO Dentro de esta clase de proceso, el Ministerio Público está representado en la persona del señor Procurador Agrario, a quien el funcionario de policía que conoce el caso, deberá comunicarle en forma personal el auto que avoca el conocimiento del mismo y fija fecha y hora para la práctica de la inspección ocular, con el fin de que vigile el trámite de la actuación e interponga los recursos ordinarios contra las providencias que admiten, inadmiten o rechazan la querella y aquella que ordena el restablecimiento del inmueble a la situación que existía antes de la invasión. Al Procurador Agrario le compete intervenir dentro de la práctica de la diligencia de inspección ocular, procurando que no sean violados los derechos a las partes, de lo contrario deberá asumir las consecuencias adversas que de ella se deriven. 2.13. RECURSOS Reposición y en subsidio de apelación. El de reposición dentro de la misma audiencia exponiendo las razones y el de apelación ante el señor Gobernador del departamento,

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico a quien se le enviará al día siguiente de haberse resuelto la reposición, el cual deberá resolverlo de plano dentro de los dos (2) días siguientes al recibo del expediente. 2.14 . CADUCIDAD DE LA ACCION La acción o protección policiva tratada, debe solicitarse dentro de los quince (15) días calendario siguientes al acto de invasión, de lo contrario ésta caducará y dará lugar a rechazo de la querella. 2.15. CONCILIACION EN ESTA CLASE DE PROCESO El funcionario de policía, una vez se traba la litis, esto es, cuando ha escuchado a las partes dentro del desarrollo de la inspección ocular, procederá a agotar la vía de la conciliación, solicitándole al querellante y querellado que manifiesten si tienen ánimo conciliatorio, si así lo expusieren dará curso a la conciliación, invitándolos a que propongan fórmulas de arreglo, si las partes en conflicto llegan a un acuerdo, se hará constar en el acta de inspección ocular y se dará por terminada la diligencia, pues ésta es una de las formas de extinguir la acción contravencional. 3. LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO EN PREDIOS RURALES SIN EXPLOTAR ECONOMICAMENTE 3.1. INTRODUCCION Esta acción la pueden iniciar los poseedores, tenedores y los propietarios, siempre y cuando demuestren que al momento de la ocupación por parte del tercero, se encontraban en posesión del bien, se inicia ante Juez Agrario, Alcalde o ante quien éste hubiere delegado como por ejemplo los corregidores o inspectores de policía, su finalidad es que se lance al invasor y se devuelva el predio a la situación anterior. 3.2 NORMAS QUE INFORMAN LA MATERIA Ley 200 de 1936, artículo 17 que modifica el artículo 15 de la Ley 57 de 1905, Decreto 1999 de 1940. El artículo 17 de la Ley 200 de 1936 dice. “Quien posea un predio rural en términos de los artículos 1º y 4º de esta ley o presente los títulos de que trata el artículo 3º de la misma, tiene derecho a que la autoridad competente, de acuerdo con las prescripciones de esta ley, suspenda inmediatamente cualquier ocupación de hecho, esto es, realizada sin causa que lo justifique. Formulada la queja, el respectivo funcionario dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su presentación, se trasladará al terreno, a costa del interesado y efectuará el lanzamiento si se reúnen los requisitos señalados en este artículo. En estos términos queda reformado en lo que se refiere a predios rurales, el artículo 15 de la Ley 57 de 1.905.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal PARAGRAFO. La persona una vez lanzada que ocupe de nuevo y sin causa justificada la misma finca, incurrirá por el solo hecho de la reincidencia, en una pena de arresto inconvertible, por el término de sesenta (60) días, imponible por el mismo juez de tierras que decrete el nuevo lanzamiento”. 3.3 LEGITIMACION EN LA CAUSA Están legitimados para ejercitar la acción de lanzamiento por ocupación de hecho en predios rurales sin explotar económicamente, los poseedores, tenedores y los propietarios, siempre y cuando demuestren que al momento de la ocupación se encontraban en posesión del bien. 3.4 COMPETENCIA Son competentes los alcaldes o funcionarios de policía a quienes se les haya encomendado esta función, esto es los Corregidores o Inspectores de Policía del lugar donde tuvo ocurrencia la ocupación. 3.5. REPRESENTACION LEGAL Y DERECHO DE POSTULACION Por tratarse de una acción rápida y especialísima, podrá ejercitar la acción el querellante por sí mismo o mediante apoderado el cual deberá ser abogado inscrito, salvo cuando se trate de estudiantes de práctica de Consultorio Jurídico, tal como lo establece el artículo 3º ordinal a) del Decreto 196 de 1.971. 3.6. MODELO DE PODER PARA PROCESO ESPECIAL DE LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO EN PREDIOS RURALES SIN EXPLOTAR ECONOMICAMENTE Señor: ALCALDE MUNICIPAL (INSPECTOR O CORREGIDOR DE haya presentado la ocupación) E.S.D.

(el lugar donde se

________mayor de edad, vecino de identificado con la C.C. No.__________de__________a Usted con todo respeto me permito manifestarle que confiero poder especial, amplio y suficiente al estudiante de práctica de Consultorio Jurídico ___________, mayor de edad, vecino de________identificado con la C.C. No._________de__________y código No ______ expedido por la Universidad _________ para que inicie y lleve hasta su terminación, proceso especial de lanzamiento por ocupación de hecho en predio rural sin explotar económicamente, en contra del señor mayor de edad, vecino de identificado con la C.C. No. expedida en y demás personas indeterminadas y en relación con un inmueble ubicado en _____________. El presente poder lo otorgo en mi condición de poseedor material del predio, a efecto de obtener la restitución del mismo.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Mi apoderado queda facultado para transigir, recibir, desistir, sustituir, reasumir, pedir y aportar pruebas, proponer recursos e incidentes, contestar en tiempo oportuno la querella y en general hacer todo lo que más convenga a mis intereses. Sírvase señor Alcalde, Corregidor o Inspector, concederle personería a mi abogado para los efectos y dentro de los términos de este mandato. Atentamente, Firma del querellante C.C. No. ________ de ________ Acepto: Firma y antefirma del estudiante C.C. No. de Código No. de la Universidad 3.7 QUERELLA, REQUISITOS Y ANEXOS a) La querella podrá presentarse en forma verbal o en forma escrita, personalmente, ante el funcionario competente. b) Los requisitos de la querella son los mismos exigidos para el lanzamiento por ocupación de hecho en predios urbanos (Decreto 992 de 1.930, artículos 2 y 3). c) Con la querella deberá ANEXARSE LA PRUEBA SUMARIA, sobre la fecha de la ocupación o sobre la fecha en que se tuvo conocimiento de la ocupación. 3.8 CADUCIDAD DE LA ACCIÓN El querellante deberá presentar la querella dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la fecha de la ocupación o dentro de la fecha en que tuvo conocimiento de la ocupación. 3.9. ADMISION, INADMISION O RECHAZO DE LA QUERELLA Si la querella reúne los requisitos de ley, el funcionario la admitirá por medio de auto, donde deberá disponer la fijación de la fecha y la hora para llevar a cabo la inspección ocular, con el objeto de determinar los hechos motivo de la querella, la cual deberá llevarse a cabo dentro de las 48 horas siguientes a la fecha de la presentación de la querella. En caso de que no reúna los requisitos, la inadmitirá y la devolverá al interesado para que corrija las fallas de que adolece. El funcionario de policía rechazará la querella de plano cuando encuentre que la acción ha caducado. 3.10 MODELO DE AUTO ADMISORIO DE LA QUERELLA

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal AUTO PARA AVOCAR EL CONOCIMIENTO DE LA QUERELLA Y FIJACION DE FECHA PARA LA INSPECCION OCULAR Municipio de __________ Inspección Municipal de __________ _____del mes de________de____________ Por considerar que reúne a cabalidad los requisitos exigidos por el artículo 6º del Decreto-ley 0747 de 1.992 se avoca el conocimiento de la querella presentada por el señor donde pide protección policiva en relación con un predio ubicado en la vereda jurisdicción del municipio de _________ denominado _________determinado por los siguientes linderos el cual fue ocupado de hecho parcialmente por el señor __________y otras personas indeterminadas. Para tal efecto se dispone: a) Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 6º del Decreto 0747 de 1992 se señala el día de de a las de la para llevar a cabo la diligencia de inspección ocular en el inmueble a que hace referencia la querella, con el fin de verificar los hechos que le sirvieron de fundamento. b) Comuníquese al Procurador Agrario esta decisión y notifíquese al querellado o querellados personalmente, con un día de antelación a la fecha y hora de la diligencia de inspección ocular. NOTIFIQUESE, COMUNIQUESE Y CUMPLASE El Inspector Firma y antefirma

El Secretario Firma y antefirma

3.11 NOTIFICACION DEL AUTO ADMISORIO DE LA QUERELLA El auto admisorio de la querella deberá notificársele en forma personal al ocupante u ocupantes o por AVISO el cual deberá fijarse a la entrada del predio ocupado, además deberá comunicársele al Procurador Agrario como representante del Ministerio Público en forma personal o por escrito. 3.12 INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO EN ESTA CLASE DE PROCESO Al ProcuradorAgrario, como representante del Ministerio Público le corresponde la diligencia de lanzamiento, so pena de correr con todas las consecuencias desfavorables que puedan resultar de tal actuación. 3.13 CONCILIACION En cualquier momento del proceso y antes de proferirse el fallo, las partes pueden conciliar sus intereses, presentando ante el funcionario de policía el acuerdo respectivo. Si se llega a un acuerdo conciliatorio debe dejarse constancia del mismo en el acta

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico correspondiente y lo allí consignado hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. Es el mismo que se sigue para los explotados económicamente. 3.14 RECURSOS Reposición, apelación y queja 4. PROCESO ESPECIAL DE AMPARO A LA POSESION O A LA MERA TENENCIA 4.1. INTRODUCCION La actuación va encaminada a salvaguardar los derechos de que son titulares los poseedores o tenedores, cuando consideren que los mismos son objeto de acciones que menoscaben el normal ejercicio de dichos derechos. Con el accionar del aparato protector, el peticionario pretende que se le proteja su bien y se ordene cesen los actos que le perjudican y así volver las cosas al estado en que se encontraban antes de la perturbación 4.2 ASUNTOS SUSCEPTIBLES DE SER SOMETIDOS A AMPARO POR PERTURBACION A LA POSESION O A LA MERA TENENCIA 1. Actos molestos o peligrosos, que puedan afectar la seguridad, salubridad y tranquilidad. Están prohibidas las actividades que produzcan humo, hollín, emanaciones, ruidos y molestias análogas, como instalaciones eléctricas que amenacen con producir incendios u otros peligros, humedades, pozos o letrinas que ocasionen daño o cualquier otra molestia a los vecinos o daños a inmuebles contiguos. 2. La introducción en predio ajeno sin permiso del dueño, que no esté sujeto a servidumbre de tránsito. 3. Se deberá impedir la construcción de obra nueva, si con ella se puede perturbar la posesión o la tenencia. 4. Derribo o poda de árboles que puedan perturbar la posesión o tenencia de inmuebles vecinos o contiguos (la perturbación puede consistir en raíces que pueden socavar las bases del inmueble vecino o ramas que obstaculicen la visibilidad, etc.) 5. La remoción de mojones, señales colocadas para identificar los linderos de un predio, (deberá repararlos o ubicarlos en el sitio originalmente establecido), Art. 261 C.C 6. Señalamiento de la forma, término, dimensiones y materiales que deberá emplear el propietario, poseedor o tenedor de un bien para la construcción de cercas divisoras, Ej. El vecino construye una cerca, pero debido a lo malo de los materiales utilizados el ganado se pasa al otro predio.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal 7. Elevación de cercas o paredes medianeras y la prohibición de electrificación de cercas de cualquier clase con líneas de alta tensión. 8. La prohibición de abrir ventanas u orificios en pared medianera, sin previo consentimiento del colindante. 9. Obligación del colindante de un predio de no estorbar la construcción de una pared medianera con justa causa. 10. Destrucción, inutilización o deterioro de las cercas. 11. Suspensión sin facultad legal de los servicios públicos necesarios para el uso del inmueble (el que lo haga deberá reinstalarlos inmediatamente, sin perjuicio de las acciones legales a las que haya lugar, perturbación de la posesión sobre inmuebles, Art. 36 C.P. 12. Obligación de construir ventana o puerta en pared divisoria que no haya reunido los requisitos legales. 13. Perturbación de servidumbre (artículos 879, 945 C.C. 14. El embarazo o la obstaculización de aguas naturales que vayan a beneficiar a otros predios, Art. 262 C.P. 15. Uso inequitativo de aguas o arroyos naturales que vaya a beneficiar a otros predios, Art. 262 C.P. 16. Contaminación ambiental y de aguas, sin perjuicio de la acción penal a que haya lugar, artículos 328 al 338 C.P. 17. Señalamiento de los sitios corrientes de agua donde se puede hacer el lavado de ropa en las poblaciones. 18. Utilización de aguas sin autorización de las que alimentan acueductos públicos. 19. Explotación de materiales de río: a) Si lo hace con permiso de autoridad competente, deberá abstenerse de efectuar actos que menoscaben las riveras colindantes, b) Si lo hace sin permiso la autoridad deberá retirarlo inmediatamente y le decomisará los materiales, c) Los propietarios ribereños están en la obligación de respetar los permisos concedidos por las autoridades competentes. 20. Perturbación de servidumbre de minas (código de minas, Decreto 3655/89 modificado por la Ley 685/2001). 21. Protección al comunero.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico 22. Protección al arrendatario. 23. Protección al arrendador. 24. Protección al secuestre o depositario 25. Protección al acreedor prendario, al usufructuario, al usuario. 26. Perturbación, debilitación o atentados contra la estructura de inmueble, por construcción o reforma hecha a edificación vecina. 4.3. NORMAS QUE INFORMAN LA MATERIA Artículos 125, 126, 127, 128, 129, 131 del Decreto 1355 de 1970 y Manual de Policía y Convivencia Ciudadana para el Departamento de Risaralda, Ordenanza 060 de 2001 modificada y adicionada por la Ordenanza 041 del 28 de Diciembre de 2005. Art. 246 al 265 y 277 al 305. 4.4. LEGITIMACIÓN EN LA CAUSA Están habilitados para ejercitar la acción policiva de amparo a la posesión o a la mera tenencia, los poseedores o meros tenedores y los propietarios con las advertencias anotadas anteriormente, esto es, que actúen en su calidad de poseedores. 4.5. COMPETENCIA El Alcalde o su delegado, los Corregidores y los Inspectores de Policía El Alcalde en primera instancia donde no exista Corregidor o Inspector de Policía El Gobernador en segunda instancia. El Alcalde en segunda instancia, cuando conozcan en primera instancia los Corregidores o Inspectores de Policía. Los Corregidores en primera instancia Los Inspectores en primera instancia. 4.6. REPRESENTACION LEGAL Y DERECHO DE POSTULACION En este tipo de procesos, la persona que se considere titular del derecho vulnerado, podrá iniciar la acción ya sea por petición verbal o escrita o si constituye apoderado podrá hacerlo mediante abogado inscrito o egresado con menos de dos años de haber terminado sus estudios académicos, artículo 31, ordinal c, o mediante estudiante de práctica de Consultorio Jurídico, artículo 30, ordinal a, del decreto 196 de 1.971, modificado mediante la Ley 583 del 12 de junio de 2000, Art. 1º. Num. 1º. 4.7 QUERELLA, REQUISITOS Y ANEXOS 1. Deberá ser presentada personalmente ante el funcionario competente

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal 2. La querella deberá reunir los siguientes requisitos: a) Identificación plena del querellante. b) Identificación plena del querellado. c) Identificación plena de los representantes legales, en caso de que una parte o ambas sean incapaces. d) Identificación plena del apoderado si se actúa mediante apoderado. e) Identificación plena del bien objeto de la perturbación, si se trata de inmuebles, si se trata de bienes muebles simplemente se describirá el bien perturbado. f) Hechos en que se fundamente la querella. h) Pretensiones, expresándolas con precisión y claridad. h) Las pruebas que se pretendan hacer valer. i) Las direcciones para notificaciones. 3. Con la querella se deberán presentar los siguientes anexos: a) El poder para actuar. b) La prueba de la existencia y representación legal cuando se trata de personas jurídicas. c) La prueba de representación legal cuando se trate de incapaces. d) La prueba sumaria, cuando el querellante pide medida previa de suspensión de la perturbación. 4.8 ADMISION, INADMISION O RECHAZO DE LA QUERELLA 1. ADMISION El funcionario admitirá la querella, si revisada observa que reúne los requisitos exigidos en el artículo 278 del Manual de Convivencia Ciudadana, mediante auto donde se deberá disponer: a) La práctica de una inspección ocular en el lugar de los hechos, la cual deberá ser practicada dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación del mismo auto. b) Designación de peritos para que rindan dictamen con relación a la perturbación. c) La citación del querellado, con el fin de que asista a la diligencia de inspección ocular, a efecto de que haga uso del derecho de defensa. d) La notificación personal al querellante y querellado, si no fuere posible hacerse a este último se hará por aviso, igualmente la notificación al personero municipal o su delegado. 2. INADMISION Si no reúne los requisitos el funcionario la inadmitirá, para lo cual el funcionario concederá un término de tres (3) días hábiles para corregirla, o si presentada verbalmente, el querellado no presentó los respectivos anexos al día siguiente.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico 3. RECHAZO El funcionario rechazará la querella en los siguientes casos: a) Cuando el querellante no la corrija dentro del término legal (3 días hábiles) b) Cuando la acción haya caducado o (60 días). c) Cuando las peticiones de la querella no se dirijan a pedir el statu quo. 4.9 AUTO QUE ADMITE LA QUERELLA Y FIJA FECHA PARA LA DILIGENCIA DE INSPECCIÓN OCULAR Municipio de Corregiduría de

_____del mes de_____de______por considerar que reúne a cabalidad los requisitos exigidos por el Manual de Convivencia Ciudadana para el Departamento de Risaralda, en el artículo tal y ss., se avoca el conocimiento de la querella presentada por el señor______donde pide protección policiva en relación con la perturbación de que viene siendo objeto por parte del señor_____en su predio ubicado en la vereda ________jurisdicción _______del municipio de _____________denominado_______determinado por los siguientes linderos__________ Para tal efecto se dispone: a) Para dar cumplimiento al artículo 283 del Manual de Policia y Convivencia Ciudadana para el Departamento de Risaralda, se señala el día____de___de____a las_____de la____(dentro de los cinco días siguientes a la notificación del presente auto, para llevar a cabo diligencia de inspección ocular en el inmueble a que hace referencia la querella, con el fin de verificar los hechos que sirven de fundamento. b) Desígnase a los señores_______y______con el fin de que sirvan ejercer el cargo de peritos dentro de la diligencia de inspección ocular, déseles legal posesión del cargo. c) Cítese al querellado con el fin de notificarle la fecha y la hora de la inspección ocular, a efecto de que asista a la misma por sí o mediante apoderado, notificándole de los hechos y pretensiones de la querella, para que proceda dentro de la audiencia pública de inspección ocular a contestarla y a pedir las pruebas que pretende hacer valer. d) En atención a que el querellante solicitó medida previa y en vista de que de la prueba sumaria se desprende que la obra puede continuarse, se ordena al querellado bajo multa de _________ que las cosas permanezcan y en el estado en que se encuentran. c) Notifíquese este auto personalmente al querellante, al querellado y al Ministerio Público, en caso de que no fuere posible notificarle al querellado en forma personal, se hará mediante aviso. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE El Corregidor Firma y antefirma

El Secretario Firma y antefirma

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal 4-10 NOTIFICACION DEL AUTO ADMISORIO DE LA QUERELLA El auto admisorio de la querella debe notificarse personalmente al querellante, al querellado y al Ministerio Público en cabeza del personero municipal. En caso de que no fuere posible notificarle en forma personal al querellado, deberá hacerse mediante aviso el cual se fijará en la puerta de acceso del lugar donde habita o en el lugar de los hechos, con antelación no menor a veinticuatro (24) horas de la fecha y hora de la diligencia. En el evento de que la parte querellada o su representante resida en lugar distinto al de la ocurrencia de los hechos, deberá efectuarse la notificación mediante comisionado, para lo cual se debe expedir despacho comisorio al funcionario respectivo del lugar de residencia del querellado, a efecto de que por su conducto se notifique personalmente el auto que admite la querella y que fija fecha y hora para la práctica de la inspección ocular. Esta notificación deberá cumplir con las exigencias y requisitos del C.P.C. 4.11 CADUCIDAD DE LA ACCION Sesenta (60) días contados a partir de la fecha de la perturbación, artículo 249 Manual de Convivencia Ciudadana para el Departamento de Risaralda). 4.12 RECURSOS Apelación en el efecto suspensivo ante el señor Gobernador del Departamento o ante el señor Alcalde, según el caso. 4.13 CONCILIACION En la diligencia de inspección ocular, cualquiera de las partes o el mismo funcionario podrá pedir que se lleve a cabo audiencia de conciliación, con el fin de llegar a un arreglo formal, el cual deberá quedar consignado en el acta (Art. 289 del M.C.C.). 4.14 OPORTUNIDAD PARA LA SOLICITUD Y PRACTICA DE PRUEBAS a) El querellante deberá solicitarlas con el escrito de querella b) El querellado deberá solicitarlas cuando se le corra traslado de la querella para su contestación c) Las pruebas se practicarán dentro de la misma audiencia de inspección ocular. 4.15 FALLO La decisión la deberá tomar el funcionario mediante resolución escrita y motivada dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de la ejecutoria del auto que fija los honorarios de los peritos o a la fecha de terminación de la diligencia de inspección ocular, cuando el dictamen se rinda dentro de la misma diligencia. La parte resolutiva deberá hacerse bajo la fórmula: “En ejercicio de la función de policía y por autoridad de la ley·. En la parte resolutiva deberá determinarse: 1) Volver las cosas al estado en que

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico se encontraban antes de producirse la perturbación (si se probaron los presupuestos de la acción); 2) suspender la perturbación si se probaron los presupuestos de la acción y no es posible volver las cosas al estado en que se encontraban, 3) Mantener las cosas en el estado en que se hallaban al momento de definirse el conflicto, si éste resultó de competencia de otra autoridad; 4) Negar la protección si no se probaron los presupuestos de la acción; 5) Determinar el valor de la multa por haberse demostrado la perturbación de acuerdo con las normas legales que las consagren. Esta providencia si no se ha notificado personalmente al día siguiente de la fecha de su expedición, se hará saber a las partes mediante edicto, que será fijado por el término de tres días en el Despacho. 4.16 SEGUNDA INSTANCIA En la segunda instancia se podrán practicar las pruebas que se dejaron de practicar en la primera instancia, siempre y cuando éstas no se hayan practicado por culpa de quien las pidió. Proferida la providencia de segunda instancia, será devuelto el expediente al despacho de origen una vez notificada la decisión de segunda instancia. Recibido el expediente, el funcionario de primera instancia deberá dictar un auto de obedecimiento a lo resuelto por el superior.

4.17 INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO EN ESTA CLASE DE PROCESOS Al Personero Municipal o su delegado como parte que es en estas actuaciones, corresponde la carga de concurrir a la inspección ocular, so pena de asumir las consecuencias desfavorables o dañinas para el interés social que tal omisión conlleva. Es por lo anterior que debe notificársele inexorablemente el auto que dispone la práctica de la inspección ocular, quedando en libertad de asistir o no a la diligencia, decisión que no incumbe al funcionario de policía que avocó el conocimiento del caso. Al Personero Municipal se le impone la obligación, en caso de que asista a la diligencia, de impugnar las decisiones que allí se adopten dentro de la práctica de esta diligencia, cuando las encuentre contrarias al ordenamiento jurídico que le corresponde tutelar, expresando en el mismo acto y en forma verbal, las razones que originan su desacuerdo. 4.18 MODELO DE ACTA PARA LA DILIGENCIA DE INSPECCION OCULAR En el despacho de la Corregiduría de __________, jurisdicción del municipio de _________, a los _____ días del mes de _______ de ______, siendo las _____ de la ______, hora indicada para llevar a cabo la diligencia de inspección ocular, ordenada mediante auto de fecha ________ con ocasión de la querella presentada por el señor ________, mayor de edad, vecino de _________ identificado con la C.C. _______, expedida en ________, en relación con los actos de perturbación a la posesión de que viene siendo objeto por parte del señor ___________, mayor de edad, vecino de ________, consistente en la remoción de mojones que tenía colocados el primero de los nombrados para identificar los linderos de su finca __________ y quien procedió después de remover los mojones a sembrar matas de _________. Presente el querellante, el despacho se constituyó en audiencia pública y procedió a trasladarse al sitio de los hechos para dar inicio a la

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal diligencia de inspección ocular, donde fue recibido por el señor ____________, en su condición de querellado, quien se identificó con la C.C. __________, expedida en ________ y quien manifestó que para que lo asistiera dentro de esta diligencia nombraba al Dr. __________, quien enterado de la designación anterior, se identificó con la C.C. ________ y expedida en _________, la T.P. ________ de ______, procediendo el despacho a darle legal posesión del cargo, prometiendo cumplir bien y fielmente con los deberes y obligaciones que con el poder adquiere. Seguidamente el despacho procede a dar posesión a los peritos designados, quienes se identificaron las cédulas Nos. _________ expedidas en ________, a la vez prometieron cumplir bien y fielmente con las obligaciones que el cargo les impone, manifestando desde ya, que para la rendición del dictamen requerían de un término de tres (3) días, los cuales fueron concedidos por el despacho. Seguidamente procedió el despacho en asocio de los peritos a identificar el inmueble motivo de la perturbación, previniendo al querellado para que por medio de su apoderado procediera a dar contestación a la querella y a solicitar las pruebas que pretenda hacer valer. En este estado pidió la palabra el representante judicial del querellado y manifestó que era su deseo contestar la querella a lo cual dijo (copiar aquí todo lo dicho y si pide pruebas, decretará las que sean conducentes y pertinentes). Antes de proceder el despacho a practicar las pruebas, debe agotar la vía de la conciliación y si llegan a un acuerdo lo deja expresado en el acta y dicta allí mismo Auto de cesación de procedimiento; si no llegan a un acuerdo se continúa con la diligencia. Acto seguido procede el despacho a practicar las pruebas solicitadas por el querellante y por el querellado, así: Por parte del Querellante practíquense las siguientes pruebas __________. Por parte del Querellado, practíquense las siguientes ________ si se va a recibir testimonios se dirá: Procede el despacho a recibir declaración al señor _______ quien estando presente exhibió la C.C. _________, expedida en ________ por lo cual el despacho le toma juramento de rigor y lo exhorta a que diga la verdad, nada más que la verdad en la declaración que va a rendir y manifestó: Son mis nombre y apellidos como quedó escrito, me identifico con la C.C. _______ expedida en ______ resido en ______ de profesión _______ y sin impedimento alguno para rendir esta declaración. PREGUNTADO ________ CONTESTO ________ (cuando se agote el interrogatorio los apoderados de las partes pueden interrogar y una vez terminada la declaración se coloca el nombre del declarante y se hace firmar). Acto seguido el despacho procede a formular el siguiente cuestionario a los peritos. A. Sírvase decir si de acuerdo a lo observado por ustedes, existen evidencias de que los mojones que servían de linderos entre los predios de las partes han sido removidos, destruidos, dañados, en caso afirmativo Por qué?; B. Sírvanse precisarle al despacho la cantidad, clase aproximada de los cultivos que fueron plantados en la franja de terreno que al decir del querellante son motivos de la perturbación; C….. D….. (en caso de que los peritos determinen contestar el cuestionario dentro de la misma diligencia, sin hacer uso de los tres días, se dirá: A LA PRIMERA PREGUNTA _________; A LA SEGUNDA PREGUNTA ______ (del dictamen se debe correr traslado a las partes dentro de la misma audiencia para que lo aclaren o amplíen) Las partes no solicitaron aclaración ni ampliación del dictamen, por lo tanto queda en firme. En caso de que se le concedan los tres días a los peritos para que lo rindan, se dirá dentro de esta acta. Por ser procedente se le concede un término de tres (3) días a los peritos para que rindan el dictamen, del cual se correrá traslado a las partes por medio de auto por el término de tres (3) días, con el fin de que las partes pidan aclaración o ampliación del mismo (dentro del mismo auto se fijarán los honorarios de los peritos, los cuales correrán por cuenta del querellante). Seguidamente pide la palabra el apoderado del querellado y manifiesta (copia todo lo que diga). Se le advierte a las partes que el fallo será dictado dentro de los tres (3) días siguientes. No siendo

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico otro el objeto de la presente diligencia, se da por terminada y se firma por quienes en ella intervinieron una vez leída y aprobada. Firmas y antefirmas de los intervinientes: ____________ _________________ DESLINDE CONCEPTUAL ENTRE EL PROCESO ESPECIAL DE LANZAMIENTO POR OCUPACION DE HECHO Y EL PROCESO ESPECIAL DE AMPARO A LA POSESION O A LA MERA TENENCIA Con el fin de hacer claridad sobre estos dos tipos de procesos, en la medida que existen lugares donde le dan el mismo tratamiento, nos vamos a permitir hacer un deslinde conceptual entre uno y otro, a efecto de ubicar a todos los lectores del tema y poder así alcanzar los resultados que persigue este manual. En primer lugar, digamos que entre estos dos procesos existen unas diferencias sustanciales que es necesario analizar, desde tres puntos de vista. 1. Desde el punto de vista de su configuración en cuanto a sus elementos 2. Desde el punto de vista de la competencia 3. Desde el punto de vista del procedimiento DESDE EL PUNTO DE VISTA DE SU CONFIGURACION EN CUANTO A SUS ELEMENTOS Para que se configure la ocupación de hecho, es necesario que concurran los siguientes requisitos. a. Que se trate de ocupación de un bien inmueble. b. Que el inmueble sea apoderado, tomado, habitado, invadido, construido, etc. c) Que el ocupante del hecho no tenga ningún derecho a ocupar el inmueble. d) Que se emplee la violencia o la clandestinidad en la ocupación. En cambio en la perturbación a la posesión o a la mera tenencia sobre determinada cosa, se traduce en la molestia o el embarazo que sin derecho se ejerce sobre algún bien mueble o inmueble. En el caso de la perturbación, el ocupante no toma como en la ocupación de hecho, el bien, sólo se molesta a su poseedor o tenedor. El fenómeno más frecuente se presenta cuando una persona corre una cerca o abre una vía para transitar por ella, que como es lógico pertenece o tiene en posesión o tenencia otra persona. DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA COMPETENCIA A. En el proceso de lanzamiento por ocupación de hecho, cuando se trate de predios urbanos, el funcionario competente es el Alcalde, servidor público que no podrá delegar esta función, pues en principio esta competencia es indelegable.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal Cuando se trate de predios rurales explotados económicamente, los funcionarios competentes son los jueces agrarios, anotando de paso que provisionalmente esta competencia la deben cumplir los Alcaldes o funcionarios en quien se haya delegado esta función (Inspectores de Policía y Corregidores), en aquellos lugares donde no esté funcionando la jurisdicción agraria, como en Quindío, Risaralda y otros departamentos. Cuando se trata de predios urbanos o rurales abandonados o sin explotar económicamente, los funcionarios competentes son los Alcaldes o Jueces Agrarios respectivamente, con la salvedad anotada anteriormente. B. En los procesos de amparo a la posesión o a la mera tenencia, los funcionarios competentes son los inspectores de policía y los corregidores. DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL PROCEDIMIENTO A. En los procesos de lanzamiento por ocupación de hecho, cuando se trate de predios urbanos, en el procedimiento se deberá acatar lo dispuesto en la Ley 57 de 1905 y su Decreto Reglamentario No. 992 de 1930 y cuando se trate de predios rurales, se deberá acatar lo dispuesto en los Decretos 2303 de 1989 y el Decreto 0747 del 6 de mayo de 1992; la Ley 200 de 1936 y su Decreto Reglamentario No. 059 de 1938. Este procedimiento para predios urbanos se caracteriza por los siguientes aspectos: 1. La actividad del funcionario de policía se encamina fundamentalmente a lanzar al ocupante de hecho del inmueble materia de la litis. 2. El querellante tiene un término perentorio de treinta (30) días para intentar la acción policiva, ante el correspondiente funcionario de policía. Transcurrido el término anterior, las autoridades de policía son incompetentes y así deberán hacerlo constar en la diligencia de lanzamiento, dejando a las partes en libertad para que recurran a la justicia ordinaria en defensa de los derechos que crean les asiste a cada uno de ellos. 3. En este proceso no existe etapa probatoria o término para practicar pruebas. Se trata de un juicio rápido, perentorio, breve y sumario. La única oportunidad que tienen las partes para probar es: Para el querellante en el momento de presentar o corregir la querella y para el querellado al momento de la práctica de la diligencia de lanzamiento. Tanto las pruebas aportadas fuera de estos términos como aquellas que tiendan a demostrar el dominio, serán procedentes y no serán consideradas por el funcionario al momento de tomar la decisión definitiva. 4. En materia de recursos, aún cuando el honorable Consejo de Estado en providencia del 22 de septiembre de 1975, declaró nulo el artículo 7º del Decreto 992 de 1930 consideramos que con la reforma constitucional de 1991, las providencias que profiera el funcionario es susceptible del recurso de apelación interpuesto dentro de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a su notificación, pues atendiendo el principio de las dos instancias consagradas por nuestra Constitución y el debido proceso, la impugnación de este tipo de providencias es procedente. Además el Manual de Convivencia Ciudadana, da competencia a los gobernadores de departamento para conocer en segunda instancia de tales procesos.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico B. En los procesos especiales de perturbación a la posesión o a la mera tenencia, el procedimiento a seguir es el consagrado en el artículo 131 del Decreto 1355 de 1970 y en el Manual de Convivencia Ciudadana. La actividad del funcionario se encamina a lo siguiente a) volver las cosas al estado en que se encontraban antes de producirse la perturbación, sí se probaron los presupuestos de la acción; b) suspender la perturbación, sí se probaron los presupuestos de la acción y no es posible volver las cosas al estado anterior al acto perturbatorio; c) mantener las cosas en el estado en que se hallaban al momento de definirse el conflicto, si éste resultó de competencia de otra autoridad; d) negar la protección sino se probaron los hechos; e) determinar el valor de la multa cuando fueron demostrados los hechos. 5. PROCESO ESPECIAL DE AMPARO AL DOMICILIO 5.1 INTRODUCCION El Amparo al Domicilio está regulado en el artículo 85 del decreto 1355 de 1970 que dice: “El que insista en permanecer en domicilio ajeno contra la voluntad de su morador, aunque hubiere entrado con el consentimiento de éste, será expelido por la policía a petición del mismo morador”. Se hace necesario determinar claramente el significado del alcance del término domicilio, hecho lo anterior, observamos que el propósito de esta acción es protegerlo cuando sea objeto de mengua y poder garantizar su pleno respeto y ejercicio. Dicha perturbación se puede presentar por el hecho de permanecer en domicilio ajeno, aunque hubiere ingresado con el consentimiento de su tenedor, poseedor o propietario según el caso, pero desfigurando lo inicialmente convenido con el titular de dicho derecho. Un ejemplo clásico es darle posada a alguien durante una semana y posteriormente dicha persona no se quiere ir de la casa a sabiendas de que ya no hay consentimiento de su legítimo tenedor para hacerlo. Para los efectos, se entiende por domicilio los establecimientos de educación, los clubes sociales y los círculos deportivos, los lugares de reunión de las corporaciones privadas, las oficinas, los talleres y los demás recintos donde se trabaja; aquella parte de las tiendas y sitios abiertos al público que se reservan para habitación u oficina; los aposentos de los hoteles cuando hubieren sido contratados en arriendo y hospedaje y las casas y edificios de departamentos, estén o no divididos por pasajes. El artículo 78 del C.C. dice que “el lugar donde un individuo está de asiento o donde ejerce habitualmente su profesión u oficio, determina su domicilio civil o vecindad”. El artículo 86 del C.C. dice que. “El domicilio de los establecimientos de comercio, industrias, corporaciones y asociaciones reconocidas por la ley es el lugar donde está situada su administración o dirección, salvo lo que dispusieren sus estatutos o leyes especiales. No se reputan domicilio y por consiguiente no son susceptibles de la acción de amparo domiciliario, los lugares públicos o abiertos al público, ni los sitios comunes de los edificios de departamento y hoteles, tales como pasajes, pasadizos y vestíbulos. Son

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal sitios abiertos al público, entre otros, las tabernas, los restaurantes, las salas de baile y los destinados a espectáculos, aunque para entrar a ellas deban cumplirse las condiciones que señale el empresario. Con todo cuando en sitio abierto al público se establezca recinto de trabajo o de habitación, este se reputa lugar privado. Terminado el espectáculo o finalizada la tarea diaria en sitio abierto al público el lugar se torna en privado”. El proceso de “Amparo al Domicilio”, es un proceso especial, breve y sumario, instituido a favor de quien milita el poder Revocatorio del consentimiento, para demandar la recuperación o restitución de un inmueble contra quien se haya obligado a esa restitución. Podemos citar como casos susceptibles de ser amparados policivamente. a) La empleada doméstica que al ser despedida, no entrega a su patrona la habitación ocupada; b) La empleada que acompaña por largos años a unos ancianos y al fallecer se niega a hacer entrega del inmueble a los herederos. En este caso para el amparo domiciliario basta invocar – el reconocimiento como herederos. c) El portero de un edificio que se niega a abandonarlo al término del contrato de trabajo; d) Los trabajadores de un trapiche de caña que se niegan a abandonarlo después de que son despedidos, aduciendo el pago indebido de sus prestaciones; e) Los trabajadores de una fábrica de confecciones que entran en quiebra y se niegan a desocupar la fábrica aduciendo que no les han cancelado las prestaciones sociales. 5.2 NORMAS QUE INFORMAN LA MATERIA Artículos 85, 126, 127 y 129 del Decreto 1355 de 1970; artículos 76 y ss. Del Código Civil; Decreto 1386 de 1984, artículo 6º. 5.3LEGITIMACION EN LA CAUSA Están legitimados para ejercitar la acción contenida en el artículo 85 del Código Nacional de Policía, los propietarios, poseedores o tenedores en quienes radica la liberalidad de revocar unilateralmente el consentimiento para recuperar su domicilio. 5.4 COMPETENCIA Los inspectores de policía en primera instancia, quien asumirá su conocimiento por reparto tal como lo establece el numeral 1º del artículo 6 del decreto 1386 de 1984. 5.5 REPRESENTACION LEGAL Y DERECHO DE POSTULACION

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Por tratarse de una acción breve y sumaria, al proceso podrá comparecerse en causa propia, pero si lo hace mediante apoderado, deberá ser abogado inscrito, egresado o estudiante de práctica de Consultorio Jurídico. 5.6 MODELO DE PODER PARA PROCESO ESPECIAL DE AMPARO AL DOMICILIO Señor: ALCALDE MUNICIPAL DE ________________________________ E.S.D. _____________________ mayor de edad, vecino de _____________identificado con la C.C. No. _____________de _______a usted con todo respeto me permito manifestar que confiero poder especial, amplio y suficiente al estudiante de práctica de Consultorio Jurídico ______________________mayor de edad, vecino de ________________identificado con la C.C. No. _____________de _____________ y código No. _____________expedida por ______________para que inicie y lleve hasta su terminación proceso especial de amparo al domicilio, en contra del señor _________________mayor d edad, vecino de ___________ identificado con C.C. No. _____________expedida en ______________y demás personas indeterminadas y en relación con un inmueble ubicado en _______________________ determinado en su puerta de entrada con el número _________________. Mi apoderado queda facultado para transigir, recibir, desistir, sustituir, reasumir, pedir y aportar pruebas, proponer recursos e incidentes, contestar en tiempo oportuno la querella y en general hacer todo lo que más convenga a mis intereses. Sírvase señor Alcalde, concederle personería para los efectos y dentro de los términos de este mandato. Atentamente, Firma del Querellante C.C. No. ______de ________ Acepto: _______________________ Firma y Antefirma del estudiante C.C. No. _______ de ______ Código No. ____ de la Universidad ________ 5.7 QUERELLA, REQUISITOS Y ANEXOS La querella deberá ser presentada personalmente ante el funcionario competente. Los requisitos de la querella son:

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal A) Funcionario a quien se dirige; B) Hechos en los cuales se fundamenta la querella; C) Ubicación y linderos del inmueble; D) Las pretensiones de la querella; E) Los fundamentos de derecho; F) Pruebas que se pretenda hacer valer (contrato de arrendamiento, contrato de trabajo, carta de despido, escritura, etc.); G) Competencia, la cual se mide por la naturaleza del asunto, la ubicación del inmueble y la vecindad de las partes; H) Direcciones para notificaciones; 6.7.3 Como anexos debe incluirse, los documentos relacionados en pruebas y el poder para actuar si lo hace mediante, apoderado. 5-8 ADMISION, INADMISION O RECHAZO DE LA QUERELLA S la querella reúne los requisitos anteriormente anotados, el funcionario la admitirá mediante auto donde deberá determinarse, lo siguiente: a) Disponer el allanamiento del inmueble, objeto de recuperación b) Disponer la ratificación de la querella por parte del querellante. c) Fijar la fecha y hora para llevar a cabo la diligencia de descargos del querellado. d) Decretar la práctica de las pruebas solicitadas y las que de oficio considere el funcionario. e) La notificación al Ministerio Público. Si la querella adolece de algún requisito, el funcionario la inadmitirá y dispondrá su devolución con el fin de que sea corregida o adicionada dentro del término de cinco (5) días contados a partir de la fecha de inadmisión. Si el querellante no la corrige dentro del término legal, la rechazará 5.9 MODELO AUTO ADMITIENDO LA QUERELLA Y FIJANDO FECHA PARA LA DILIGENCIA DE DESCARGOS Municipio de: ________ Inspección Municipal de Policía de ___________ _____________ de __________ de ___________ Por considerar que se reúnen a cabalidad los requisitos exigidos por la ley, se avoca el conocimiento de la querella presentada por el señor _________________en contra del señor _______________________donde solicita amparo domiciliario, en relación con un inmueble ubicado en _________determinado por los siguientes linderos __________. Por consiguiente se dispone:

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico a) El allanamiento del inmueble referido anteriormente. b) Recíbasele ratificación de la querella al señor__________________________ c) Trasládese el despacho a la dirección indicada el día tal, a tales horas con el fin de escuchar en descargos al querellado _____________________ d) Decrétese la práctica de las siguientes pruebas a) ______________ b) _______ e) Una vez practicadas las pruebas decídase sobre las pretensiones de la querella a través de una orden de policía. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE El Inspector de Policía Firma y Antefirma

Secretario Firma y Antefirma

5.10 NOTIFICACION DEL AUTO QUE ADMITE LA QUERELLA Y FIJA FECHA PARA LA DILIGENCIA DE DESCARGOS La notificación del auto que admite la querella y fija fecha para la diligencia de descargos se debe hacer en forma personal al querellante y al Ministerio Público, representado en este caso por el personero municipal o su delegado. 5.11 RECURSOS Apelación en el efecto devolutivo 5.12 PRESCRIPCION En este tipo de proceso no es susceptible alegar prescripción por parte del querellado, pues el propietario, poseedor o tenedor puede en cualquier momento revocar el consentimiento y proceder al amparo domiciliario, en caso de que no le sea restituido el inmueble. 5-13 PROCEDIMIENTO Llegado el día y la hora fijada para escuchar en descargos al querellado, el funcionario de policía se trasladará en asocio de su secretario al lugar de los hechos. Una vez allí, se procede a identificar el inmueble por su ubicación y linderos. Identificado el inmueble se procede a recibir ratificación de la querella al querellante. Seguidamente se procede a escuchar en descargos al querellado, posteriormente se procede a practicar las pruebas solicitadas por las partes y las decretadas de oficio por el funcionario. Posteriormente se escucha a las partes si lo solicitan. Se resuelven las peticiones formuladas por las partes. Efectuado lo anterior, se decide sobre las pretensiones de la querella. Seguidamente se resuelve el recurso, si fuere interpuesto. Se hace entrega real y material del inmueble al querellante. 5.14 INTERVENCION DEL MINISTERIO EN ESTA CLASE DE PROCESO

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal Al Personero en cumplimiento de la función que le es propia, corresponde en este grupo de actuaciones, encausar la actividad para propender por un correcto hacer policial, procurando que el funcionario proceda justa y certeramente. Dada la rapidez con que se desenvuelve el trámite del proceso, su gestión no puede reducirse a verificar la veracidad de la orden de policía con la cual culmina el proceso en cuanto que no quebrante el derecho, sino a la implementación de mecanismos que allanen el camino a un mandato justo, lo cual sólo es posible analizando desde el mismo momento en que se reciba la notificación del auto mediante el cual se avoca el conocimiento del caso, presupuestos tales como jurisdicción y competencia, legitimación activa y pasiva, consentimiento y cesación o revocación del mismo entre otros, habida cuenta de no practicarse la inspección ocular ni dictamen pericial, medios de prueba que en eventos similares permiten controvertir oportunamente los hechos que se oponen a las afirmaciones contenidas en la querella. 5-15 CONCILIACION En cualquier momento del trámite del proceso y antes de proferirse la orden de policía, las partes pueden conciliar sus intereses. 5-16 MODELO DE ACTA PARA LA DILIGENCIA DE DESCARGOS Y DECISION DE LAS PRETENSIONES Municipio de _____________ Inspección Municipal de Policía de ____________ ____________ de ________. En la ciudad de ____________ a los _____ días del mes de ________ de ______, siendo el día y la hora señalados para llevar a cabo la diligencia de descargos decretada con ocasión de la querella presentada por el señor _______________ y hallándose presente en el despacho de la inspección de policía el doctor ________________, apoderado del querellante, identificado con la C.C. No. ____________ de _________ y T.P. No. ____________ del ________, se dio comienzo a la misma, disponiéndose el traslado del despacho al inmueble ubicado en _____________________. Una vez allí en el lugar de los hechos, se procedió a identificar el inmueble por sus linderos, así: ______________. Acto seguido se escuchó en declaración al señor _______________ (querellante) a efecto de ratificar la querella a quien el despacho le recibió el juramento con las formalidades de ley, por cuya gravedad prometió decir la verdad, nada más que la verdad en la declaración que va a rendir. Sobre sus condiciones personales manifestó: me llamo ______________ como quedó escrito, me identifico con la C.C. No. _____________ de _________, natural de __________ residenciado en ____________, de estado civil casado, de grado de instrucción _______ de ocupación ________ y sin parentesco alguno con el querellado. PREGUNTADO: Dígale al despacho si se ratifica en la querella presentada el día tal, mediante apoderado judicial y si tiene alguna otra cosa que agregar, suprimir o corregir. CONTESTO ________________. Seguidamente el despacho procedió a escuchar en descargos al querellante a quien se le advirtió que está libre de todo apremio y sin juramento alguno y que debe responder en forma clara las preguntas que se le formulen. Sobre sus generales de ley expuso: mi nombre es ____________ como ha quedado dicho y escrito, mayor de edad, me identifico con la C.C. No. _______ de ______ profesión ______ y sin parentesco alguno con el querellante. OREGUNTADO. Sírvase decir todo lo

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico que sepa con relación a una querella formulada por el señor ___________ en su contra y la cual se le pone de presente (se le debe leer o explicar al menos en qué consiste la querella). CONTESTO. (copiar aquí todo lo que diga), debe agotar el interrogatorio. En este estado solicita la palabra el apoderado de la parte querellante y manifiesta ________ Este despacho tiene plenamente establecido que el querellado ingresó al inmueble del presente proceso, en virtud de la ejecución del contrato de trabajo celebrado con el querellante, de manera pues que la terminación unilateral o bilateral del mismo conlleva indiscutiblemente a la restitución del mismo. Si el empleador no ha hecho efectivo el pago de las sumas que está obligado a cancelar o se niega a hacerlo, el trabajador no está habilitado legalmente para retener el bien y menos los elementos o las instalaciones donde se encontraba desarrollando su labor hasta el día de su despido, pues ello equivaldría _________ CONSIDERACIONES, la Inspección Municipal de Policía de ________ en uso de sus atribuciones legales, RESUELVE: a) amparar el domicilio del querellante señor ________ de condiciones civiles ya conocidas; 2) ordenar al querellado de condiciones civiles también conocidas, señor ______ el desalojo inmediato del inmueble, ubicado en _______ No. _______ y su subsiguiente restitución al actor; 3) hacer saber que el incumplimiento a lo allí dispuesto será sancionado de conformidad con el artículo 18 del decreto 522 de 1.971; 4) se le advierte al querellado que contra la presente providencia procede la impugnación por la vía jerárquica tal como lo establece el artículo 24 del decreto 1355 de 1.970. La orden anterior queda notificada en estrados. En este estado, el querellado señor __________ pide el uso de la palabra y manifiesta: Que interpone el recurso de apelación contra la providencia que se le acaba de notificar. El despacho por encontrarlo procedente accede al mismo en el efecto devolutivo, haciéndole saber al interesado que dentro de los cinco (5) días siguientes deberá suministrar lo necesario para la expedición de las copias requeridas, so pena de declararse desierto el recurso. Por encontrarse completamente desocupado el inmueble, se hace entrega real y material al señor __________ querellante o al apoderado de éste, quien manifiesta que lo recibe a satisfacción. No siendo otro el objeto de la diligencia, se termina y firma por las partes, una vez leída y aprobada: El Inspector El querellante El apoderado El querellado El secretario

Firma Firma Firma Firma Firma

y y y y y

antefirma antefirma antefirma antefirma antefirma

6 PROCESO ESPECIAL DE RESTITUCION DE BIENES DE USO PUBLICO 6.1 ASPECTOS GENERALES Y CONCEPTOS SOBRE BIEN DE USO PUBLICO Ante la situación actual del país, en épocas donde proliferan las invasiones, es menester proteger la propiedad en todos los órdenes y en este caso específico los bienes de uso público, pues ellos no pueden ser objeto de acciones por parte de los particulares tendientes a su ocupación de hecho, debido a que son patrimonio de la comunidad y por sus características no son enajenables y apropiables por titulares específicos distintos de la generalidad. En términos generales, bienes de uso público son aquellos cuya utilización por lo común y transitoria y sin apropiación alguna ni consumo, pertenecen a todos, sean vecinos o

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal forasteros, nacionales o extranjeros. Son por ejemplo los caminos, plazas, paseos, puertos, puentes, canales, ríos, fuentes y aguas públicas y las obras públicas de servicio general. Nuestro Código Civil los define como aquellos cuyo uso pertenece a los habitantes de un territorio, pero si su uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes fiscales o bienes del Estado. La Ley establece que toda ocupación permanente que los particulares o cualquier persona en general haga de esos bienes, es atentatorio a los derechos del común y los que en ellos tenga parte serán obligados a restituir, en cualquier tiempo que sea, la parte ocupada y un tanto más de su valor, además de los daños y perjuicios de que pueden ser responsables. Los alcaldes municipales por mando constitucional y legal, serían los directos responsables de la protección de estos bienes y deberán actuar con diligencia a hacer que se restituyan los bienes de uso público que hayan sido ocupados o usurpados. La clasificación de los bienes estatales, entre bienes de uso público y bienes fiscales, proviene del Código Civil, adoptado para regir en la República por la Ley 57 de 1887. Por consiguiente si el dominio de los bienes pertenece a la República y además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio como las calles, plazas, puentes y caminos, vuelvo y repito se llaman bienes de uso público o bienes públicos del territorio. En cambio, valga la explicación nuevamente, los bienes cuyo uso no pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la República o Fiscales. El constituyente de 1991 al asumir el tratamiento de la materia relacionada con los bienes de uso público, se refirió a ellos con suficiencia de detalles como lo veremos más adelante. Los inmuebles en referencia que tienen el carácter de bienes de uso público, son los destinados a la conservación de los recursos naturales renovables y del medio ambiente. En tales condiciones, son de utilidad pública e interés social, como consecuencia de servir al desarrollo de la vida en comunidad. Siendo dichos bienes inalienables e imprescriptibles, característica que se les viene dando desde 1887 y que aún se conservan sobre ellos, no es viable el ejercicio de la acción reivindicatoria, precisamente porque no pueden ser objeto de apropiación particular, ni generar derechos a favor de terceros, pues su propiedad no se rige, como la propiedad privada por los preceptos del Código Civil. Para tales casos, la ley ha previsto una vía más expedita, dado que se trata de la defensa de bienes de uso público y del desalojo de los ocupantes que están desprovistos de derechos, reconocidos legalmente. Esta es la Acción Restitutoria, consagrada en el Código Nacional de Policía (Decreto 1355 de 1970, art. 132).

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico De conformidad con esta disposición, la administración municipal puede recuperar los bienes de uso público sin acudir a los jueces, utilizando el procedimiento administrativo compulsivo que dispone el desalojo. La acción es policiva como consecuencia directa de tratarse de bienes de uso público los cuales gozan de una protección especial. Ahora bien: La Acción Reivindicatoria o acción de dominio, que es la que tiene el dueño de una cosa singular, de que no está en posesión para que el poseedor de ella sea condenado a restituirla, es la procedente entratándose de bienes fiscales. Así se deduce del contenido del artículo 946 del Código Civil y siguientes. Y se explica más: Será ante el juez competente de la justicia ordinaria, que se tramitará todas las reclamaciones sobre daños y mejoras de los bienes del Estado, pero que tengan el carácter de fiscales. Respecto de bienes de uso público, sus ocupantes no tienen derecho al reconocimiento de mejoras por tratarse de bienes cuya característica principal, es la de ser imprescriptible de donde deviene que no pueden ser objeto posesión y por tanto, hay imposibilidad de que su dominio pueda ser adquirido por prescripción. No obstante, los ocupantes de terrenos con esa destinación, tendrían derecho al pago de aquellas mejoras plantadas con anterioridad a la reconversión, es decir cuando los bienes eran fiscales, óigase bien, a partir de ese momento, se repite, no pueden alegar válidamente la condición de poseedores. Lo anterior ha sido sostenido en reiteradas jurisprudencias por el Consejo de Estado, entre otros magistrados por el doctor Javier Henao Hidrón en reciente pronunciamiento de fecha 16 de marzo de 1.994. 6.2 MARCO CONSTITUCIONAL El marco constitucional está dado en los artículos 22, 63 y 102. 6.3 MARCO LEGAL El marco legal está dado por los artículos 132 del Decreto 1355 de 1970, que dice: “cuando se trata de la restitución de bienes de uso público, como vías públicas urbanas o rurales o zonas para el paso de trenes, los Alcaldes, una vez establecido por los medios que estén a su alcance, el carácter de uso público de la zona o vía ocupada, procederá a dictar la respectiva resolución de restitución que deberá cumplirse en un plazo no mayor de treinta (30) días. Contra esta resolución procede el recurso de reposición y también de apelación ante el respectivo gobernador”. Artículos 647, 1005 y 2519 del Código Civil. El artículo 647 dice: “Se llaman bienes de la unión, aquellos cuyo dominio pertenece a la República”.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal Si además de su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio como el de calles, puentes y caminos, se llaman bienes de la unión de uso público o bienes públicos del territorio. Los bienes de la unión cuyo uso pertenece generalmente a los habitantes, se llaman bienes de la unión o bienes fiscales. El artículo 1005 establece que la municipalidad o cualquier persona del pueblo, puede solicitar dando aplicación al principio fundamental de Petición, solicitar la restitución de cualquier bien de uso público que ha sido ocupado. EL artículo 2519 en concreto, hace referencia al carácter de imprescriptibles que tienen los bienes de uso público, tomando como base el artículo 63 de nuestra Constitución Nacional. El Decreto 640 de 1937, artículos 1 al 10, es considerado como la columna vertebral, como la vértebra del proceso especial de restitución de bienes de uso público, en la medida que tengamos que aceptar que fue allí y desde esa época donde se estableció el procedimiento a seguir cuando un bien de uso público era ocupado, tomando como base la ley 57 de 1887 (Primer código civil adoptado para la República). El Decreto ley 1333 de 1986, artículo 170, prescribe que los bienes de uso público no podrán enajenarse ni podrán ser gravados con impuesto. La Ley 9 del 11 de enero de 1989, “Ley de Reforma Urbana”, define en forma clara lo que es el espacio público y establece la Acción Popular como mecanismo para defender el espacio público, aplicando el artículo 1005 del Código Civil. 6.4 CARACTERISTICAS DE LOS BIENES DE USO PUBLICO Son: 1) Inalienables, 2) Inembargables, 3) Imprescriptibles. 6.5 LEGITIMACION EN LA CAUSA Están legitimados para incoar la acción encaminada a la restitución del bien de uso público, cualquier persona del pueblo, mediante una acción popular la competencia para el conocimiento de este procedimiento, está radicada en los Alcaldes en primera instancia y los gobernadores en segunda instancia. 6.6 REPRESENTACION LEGAL Y DERECHO DE POSTULACION No se requiere de abogado titulado e inscrito, toda vez que surge del Derecho de Petición consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional. 6.7 QUERELLA, REQUISITOS Y ANEXOS La acción contravencional podrá iniciarse de oficio o por querella de parte. La querella deberá ser presentada ante el respectivo Alcalde del municipio donde ocurrió la ocupación.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico La querella deberá contener los siguientes requisitos: a) Identificación plena de las partes. b) Hechos en que se fundamenta la querella; c) Las pretensiones de la querella (que mediante resolución debidamente motivada se decrete la restitución del bien ocupado) d) Los fundamentos de derecho (las normas de carácter constitucional y legal); e) Las pruebas que se pretendan hacer valer; f) Clase de proceso y competencia; g) Las direcciones para notificaciones (del querellante, del ocupante u ocupantes y del señor personero). 6.8 ADMISION, INADMISION Y RECHAZO DE LA QUERELLA Presentada la querella y reunidos los requisitos, se procederá a admitirla mediante auto donde se dispondrá: a) La práctica de una diligencia de inspección ocular al lugar de los hechos. b) La práctica de todas las pruebas tendientes a la determinación del bien de uso público del bien ocupado; c) La notificación del auto al señor Personero Municipal, a efecto de que intervenga en el trámite del proceso. La intervención del personero es obligatoria en este tipo de procesos y la notificación personal a los ocupantes del bien. Es de anotar aquí que tal y como lo estipula nuestro estatuto procesal civil, los hechos notorios no requieren de prueba, por lo tanto una vez instaurada la querella y verificado el hecho notorio en que se funda y el carácter de uso público del bien ocupado, inmediatamente se debe dictar la resolución de restitución que deberá cumplirse en un término no mayor de treinta horas. Si la querella adolece de los requisitos exigidos se inadmite y se le concederá un término de cinco (5) días hábiles al querellante para que la corrija. Si no la corrige dentro de ese término se rechazará. 6.9 AUTO QUE AVOCA EL CONOCIMIENTO Y SE DECRETA LA PRACTICA DE PRUEBAS Por ser competencia de este despacho, avocase el conocimiento de la querella presentada por el señor ______________mayor de edad, vecino de ___________ en relación con la ocupación de un bien de uso público de propiedad del municipio de _______, ubicado en la calle __________de la nomenclatura urbana de esta ciudad, en consecuencia se dispone: 1. Téngase como pruebas los documentos acompañados a la querella o al informe presentado por la Oficina de Control Físico de Pereira. 2. Practíquese una diligencia de inspección ocular con intervención de peritos, al bien ocupado en la calle ______________de esta ciudad, a fin de establecer el carácter de uso

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal público del bien objeto de la querella, para tal efecto fíjese el día ________del mes de ______de __________a las. 3. Escúchese en diligencia de descargos al señor _____________ ocupante del bien objeto de litigio. 4. Practíquense las demás pruebas que resulten de las anteriores. 5. Notifíquese este auto en forma personal al señor Personero Municipal, a efecto de que intervenga en el trámite de este proceso, igualmente que se notifique al ocupante del bien. Efectuado lo anterior, vuelvan las diligencias al despacho. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE El Alcalde ______________________ Firma antefirma

El Secretario _________________________ Firma Antefirma

6.10 NOTIFICACION DEL AUTO QUE AVOCA EL CONOCIMIENTO Y SE DECRETA LA PRACTICA DE PRUEBAS Siguiendo lo preceptuado en el artículo 30 del Decreto 640 de 1937 y el parágrafo del artículo 40 ibidem, el auto que avoca el conocimiento del caso y decreta la práctica de pruebas, se notificará personalmente a los ocupantes materiales de las zonas ocupadas o a sus administradores o mayordomos y al Personero Municipal como agente del Ministerio Público. En el caso de que no fuere posible notificarle personalmente al ocupante u ocupantes, dicha notificación se surtirá por aviso el cual deberá fijarse a la entrada del inmueble ocupado. 6.11 RECURSOS Contra la resolución que ordena la restitución del bien de uso público ocupado, proceden los recursos de Reposición y Apelación, este último en el efecto suspensivo, interpuesto dentro de los cinco (5) días siguientes a la notificación de la resolución. 6.12 CONCILIACION El proceso especial de restitución de bien de uso público, admite la conciliación, la cual deberá llevarse a cabo en cualquier momento dentro del transcurso del proceso, preferiblemente dentro de la diligencia de la inspección ocular. 6.13 INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO EN ESTA CLASE DE PROCESOS Al Personero Municipal en su condición de representante del Ministerio Público, Defensor del Pueblo, Veedor ciudadano, corresponde por mandato del artículo 178, numeral 7 del Código de Régimen municipal.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico “Demandar de las autoridades competentes las medidas de policía necesarias para impedir la perturbación y ocupación de los bienes fiscales y de uso público, a más de que su intervención en el proceso surge del parágrafo artículo 4º del Decreto 640 de 1937, en el cual se prescribe que todos los autos que los alcaldes dicten en estos asuntos, se notificarán personalmente al personero municipal y las apelaciones se le concederán en el efecto suspensivo a menos que las limite al devolutivo. Si bien, cualquier persona de la municipalidad puede incoar la acción encaminada a la restitución de los bienes que conforman el patrimonio público, conforme a lo dispuesto en el artículo 32 de la Constitución Nacional, con mucha mayor razón, como defensor del pueblo o veedor ciudadano, le corresponde accionar con tal fin, en atención a lo dispuesto en el artículo 178 Decreto Ley 136 del 2 de junio de 1994. 6.14 RESOLUCIÓN POR LA CUAL SE ORDENA LA RESTITUCIÓN DE UN BIEN DE USO PUBLICO Alcaldía Municipal de __________ Resolución número _________de ______ Por medio de la cual se restituye un bien incorporado al patrimonio público El Alcalde de en uso de sus facultades constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 63 y 102 de la Constitución Nacional y por el artículo 132 del Decreto 1355 de 1970 y CONSIDERANDO Que en ___________del municipio de ______________adquiere el derecho de dominio y posesión de un inmueble ubicado en la calle ____________identificado con la ficha catastral No. __________ mediante la escritura de compraventa No. _________ de fecha _____________ de la Notaría del Círculo de ___________ del señor _____________(vendedor). Que el municipio de actuando bajo los parámetros de la Ley 9ª de 1989 (Ley de Reforma Urbana), solicitó al Honorable Concejo Municipal la destinación de uso público del inmueble referido anteriormente, a efecto de ser destinado para la construcción de profiriéndose el Acuerdo No. ______________de __________ fecha ___________de 1994. El _______________de ________de ____________funcionarios de control urbano, adscritos a la Secretaría de Gobierno Municipal, al visitar el antes citado inmueble, encontraron la existencia de un cerramiento en guadua y alambre de púa en una extensión de ____________ metros, observando igualmente que sobre el mismo se había construido una ramada en esterilla y techo de zinc, además en el lote se encontraban algunas plantaciones de café, plátano y yuca (ver acta de visita No….) En la misma fecha anterior, una vez encontrados los actos de ocupación, la división de control urbano, sección urbanismo, inició las diligencias administrativas tendientes a restituir el bien

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal ocupado, ubicado en la calle _______________ pues luego de varias indagaciones, se estableció que el lote referido había sido ocupado por el señor __________________. Después de realizar varios trámites tendientes a establecer la calidad de uso público del inmueble ocupado, la división de control urbano escuchó en descargos ____________ el día de ____________de ________al señor ___________quien se identificó con la C.C. No. _______de ___________________. El día tal la División de Control Urbano practicó diligencia de inspección ocular sobre el lote objeto de ocupación, fecha previamente establecida en el auto que avocó el conocimiento del asunto, con la presencia del Ministerio Público y con la asesoría de dos peritos ingenieros pertenecientes al Departamento Administrativo de Planeación Municipal. FUNDAMENTOS LEGALES 1. El Decreto 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía), en su artículo 132 faculta a los Alcaldes Municipales para propender por la restitución de los bienes que el ente territorial tenga incorporados dentro de su patrimonio y cuyo uso sea de dominio público, común o general y dicha facultad se exterioriza mediante la expedición del acto administrativo correspondiente, en este caso la Resolución. 2. No obstante el Código Nacional de Policía contener la acción policiva de restitución de bienes municipales, es ingente acudir a la disposición jurídica que regula y regenta el derecho urbanístico contenido en la Ley 09 de 1989, así pues al verificarse el contenido de la lectura del artículo 50, se denota que el “espacio público” se nutre o compone del conjunto de inmuebles públicos destinados por su naturaleza, por su uso o afectación a la satisfacción de necesidades colectivas. El precepto aludido en su inciso 2º pormenoriza y detalla las características de esos bienes integradores del espacio público y dentro de esa clasificación estima como tales, aquellos inmuebles que se requieren para la preservación de obras de interés público, por ende ese interés público ha estado de manifiesto en la construcción y dotación del es así como tanto por voluntad de las administraciones públicas del orden departamental y municipal, como por asentimiento general, se le ha dado la connotación y justicia al proyecto de construcción de la mencionada obra, donde los discapacitados en sus diversos órdenes puedan con ayuda profesional auto superarse y con ello convertirse en elemento humano útil a la sociedad para el desarrollo local y departamental, política que el constituyente de 1991 le ha fijado a los mandatarios de todo orden en el artículo 247 de la Constitución Nacional. 3. En cuanto se refiere al carácter de la acción policiva restitutoria, el Honorable Consejo de Estado en reiteradas jurisprudencias ha dicho que habrá lugar al pago de mejoras para el ocupante que las haya plantado, en el tiempo en que el bien inmueble tenía la condición fiscal. Antes de que operara sobre el predio la reconversión al uso público, por obra del interés público como ocurrió en este caso, pues el inmueble fue adquirido por el Municipio de Pereira e incorporado a su patrimonio desde 1960 y sólo en 1994 se le dio el carácter de uso público, tiempo durante el cual como quedó demostrado dentro de las diligencias administrativas adelantadas, el señor ________lo venía ocupando.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Así pues, las mejoras deberán ser reconocidas, previo avalúo que fue practicado por el Jefe de la División de Avalúos de la Oficina de Valorización Municipal y el cual reposa dentro de las diligencias, las cuales fueron tasadas en $ _____________las cuales serán canceladas por el Municipio de ________________. Por lo anteriormente expuesto, el Alcalde de ___________facultado como está por la ley:

RESUELVE: Artículo Primero: Restitúyase el inmueble identificado con la ficha catastral No. _____________ ubicado en la calle _________de _____________. Artículo Segundo: Ordénese al señor _____________identificado con la C.C. No. _____________expedida en ___________la desocupación del inmueble, una vez quede ejecutoriada la presente resolución. Artículo Tercero: Reconózcanse mejoras plantadas en el inmueble objeto de esta providencia al señor ____________por la suma de $ _____________las cuales serán canceladas una vez se encuentre desocupado el predio. Artículo Cuarto: Comisionase a la División de Control Físico Municipal para que proceda a ejercer el desalojo, tome posesión total del inmueble, con la asistencia de la fuerza pública si fuere necesario. Artículo Quinto: Contra la presente providencia proceden los recursos de reposición y apelación, los cuales deberán interponerse dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su notificación: NOTIFIQUESE Y CUMPLASE El Alcalde

El Secretario

El Jefe de la División Jurídica

7. PROCESO ESPECIAL DE DEMOLICION DE OBRA POR AMENAZA DE RUINA 7.1 INTRODUCCION Esta acción la puede ejercitar cualquier persona en ejercicio de la acción popular, el Estado de oficio a través de sus agentes y el propietario del inmueble que amenaza la ruina en ejercicio del derecho de petición y consiste en que al dueño de la edificación o construcción que amenace ruina, siempre que esté de por medio la seguridad y la tranquilidad pública o para contener incendio o cualquier otra calamidad pública o para evitar mayores daños, se le ordene la demolición de una obra.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal 7.2. NORMAS QUE INFORMAN LA MATERIA Artículos 2, inciso 2º de la Constitución Nacional; 988, 2024 del C.C.; 518 numeral 30 del Código de Comercio; 520 ibídem; 198, 216 del Decreto 1355 de 1970; Art. 178 num. 7º. del Código de Régimen Municipal, (ley 136 de 1994). Artículo 988 del C.C. “El que tema que la ruina de un edificio vecino le depare perjuicio, tiene derecho de querellarse al juez para que se mande al dueño del edificio derribarlo, si estuviere tan deteriorado que no admita reparación o para que, si la admite, se le ordene hacerla inmediatamente y si el querellado no procediere a cumplir el fallo judicial, se derribará el edificio o se hará la reparación a su costa”. Artículo 198 del Código Nacional de Policía (Decreto 1355 de 1970): “La demolición, la construcción o la reparación de obra se ejecutará dentro del plazo fijado en la orden. Salvo disposición en contrario, en caso de incumplimiento la demolición, la construcción o la reparación, se hará por empleados municipales a costa del infractor. Si éste no paga dentro del término señalado, el reembolso se perseguirá por la vía de la jurisdicción coactiva. En la orden se exigirá otorgamiento de caución para asegurar su cumplimiento”. Artículo 216 del Código Nacional de Policía (Decreto 1355 de 1970): “Los alcaldes o quienes hagan sus veces impondrán demolición de obra: 1. Al dueño de edificación o construcción que amenace ruina, siempre que esté de por medio la seguridad y la tranquilidad pública. 2. Para contener incendio o cualquier calamidad pública o para evitar mayores daños en estos casos”. 7.3 LEGITIMACION EN LA CAUSA Están legitimados para ejercitar la acción policiva de demolición de obra, cualquier persona en ejercicio de la acción popular; el Estado de oficio, por medio de sus agentes y el propietario de inmueble que amenaza ruina en ejercicio del derecho de petición, cuando se halle en circunstancias tales que hagan temer su ruina. La acción se dirige contra el propietario del inmueble que se abstenga de tomar las medidas indispensables para prevenir el peligro o que solicite la declaratoria del estado de ruina y la imposición de la medida correctiva de demolición de obra. Es este uno de los casos en que excepcionalmente, tratándose de procesos de policía, se requiere acreditar el dominio a través del respectivo certificado expedido por la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del lugar donde se encuentre ubicado el inmueble. 7.4. COMPETENCIA

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Son competentes para conocer de la acción policiva los Alcaldes o Inspectores o Corregidores que hagan sus veces en única instancia. 7.5. REPRESENTACION LEGAL Y DERECHO DE POSTULACION Por tratarse de una acción especialísima y rápida podrá intentarla cualquier persona en su propio nombre, pero si se constituye apoderado deberá hacerlo mediante abogado titulado, salvo los casos expresamente determinados en la ley en cuanto a los egresados y estudiantes de práctica de Consultorio Jurídico se refieren. 7.6 QUERELLA, REQUISITOS Y ANEXOS 1. La querella deberá ser presentada personalmente por su signatario. 2. La querella deberá reunir los siguientes requisitos: a) Funcionario a quien se dirige; b) Pretensiones de la querella; c) Hechos en los cuales se fundamenta la petición; d) Los fundamentos de derecho; e) Trámite; f) Las pruebas que se pretenden hacer valer; g) Competencia; h) Direcciones para notificaciones. 3. A la querella deberá anexarse: a) El poder debidamente conferido en caso de constituirse apoderado para ello; b) El certificado de existencia y representación legal, cuando el inmueble que amenaza ruina sea de una persona jurídica. c) Certificado de tradición del inmueble objeto de la querella. 7.7 ADMISION, INADMISION Y RECHAZO DE LA QUERELLA Si la querella reúne los requisitos anotados anteriormente, el funcionario de policía la admitirá mediante auto en el cual se dispondrá: a) Escuchar en descargos al propietario y poseedor del inmueble materia de la petición; b) La práctica de una diligencia de inspección ocular al inmueble objeto de la querella, con la intervención de peritos y la asistencia de un delegado del Ministerio Público, con el fin de determinar el peligro. En caso de que la querella no reúna los requisitos, se inadmitirá y se le concederá un término de cinco (5) días hábiles al querellado para que le corrija los defectos de que adolece. En el evento de que no sea corregida dentro del término establecido, se rechazará.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal 7.8 NOTIFICACION DEL AUTO ADMISORIO DE LA QUERELLA Admitida la querella, el funcionario de policía procederá a fijar fecha y hora para escuchar en descargos al querellado, en la cual podrá solicitar las pruebas que pretenda hacer valer. Efectuado lo anterior, el funcionario procederá a decretar las pruebas solicitadas por las partes y las que de oficio considere conveniente decretar, anotando de paso que es obligación por parte del funcionario decretar la práctica de una inspección ocular al inmueble, con la intervención de peritos y de un delegado de la Personería Municipal, con el fin de determinar el estado real de la edificación. De la diligencia de inspección ocular se levantará un acta la cual deberá ser suscrita por las personas que intervinieron en la misma. Practicadas las pruebas, se proferirá una resolución escrita y motivada en donde se declarará en estado de ruina e inminente peligro la construcción, obligará al querellado a ejecutar la demolición del inmueble y dispondrá la desocupación y apuntalamiento del bien si fuere necesario. 7.9 MODELO DE AUTO QUE AVOCA EL CONOCIMIENTO, FIJA FECHA Y HORA PARA DESCARGOS POR PARTE DEL INFRACTOR Y PARA PRACTICA DE INSPECCION OCULAR AL INMUEBLE. Alcaldía (Inspección o corregiduría) de ___________ Ciudad y fecha ________ El doctor __________ identificado con cédula de ciudadanía número ___________ expedida en __________y TP número __________del _________ por medio de escrito ha instaurado querella para la demolición de obra por amenaza de ruina, en contra del señor ____________con base en poder especial otorgado por el señor _____________. Como encuentra el Despacho ajustado a derecho el escrito, procederá su admisión y por ser competente avocará su conocimiento y en consecuencia: a) ____________ Se tiene al doctor ____________ como apoderado del señor ____________ en los efectos del poder conferido. b) Escúchese en descargos al señor propietario poseedor del inmueble materia de la solicitud que antecede, para tal efecto se señala el día __________ a partir de las _______________. c) Practíquese una diligencia de inspección ocular con intervención de peritos y de un delegado de la Personería, en la edificación situada en la __________ número _______________ de esta ciudad, la que se llevará a cabo el día _________a partir de las ____________ y para la cual se nombra como perito al señor _______________ idóneo para rendir el correspondiente dictamen. d) Téngase como pruebas los documentos que se acompañaron a la petición y las necesarias para decidir la cuestión. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE El Alcalde

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico ____________________ Firma Antefirma 7.10 INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO EN ESTA CLASE DE PROCESO Por expreso mandato del artículo 178 numeral 7º del Código de Régimen Municipal, el Ministerio Público representado por el Personero Municipal o su delegado interviene en estos procesos en su condición de parte. Por tal razón, es su obligación constitucional y legal, pedir a las autoridades locales que tomen las medidas tendientes a impedir males generales que amenacen a la población. 7.11 RESOLUCION QUE DECLARA EL ESTADO DE RUINA Municipio de _________________ Inspección de Policía de: ________________ _________ de ______________de ___________ Resolución No. ______________ VISTOS Se encuentran a despacho las diligencias adelantadas con ocasión de la solicitud de demolición por amenaza de ruina, presentada por el doctor __________en su condición de apoderado de ____________y procede a decidirse de conformidad con los siguientes: RESULTANDOS Y CONSIDERANDOS Este despacho recibió la petición presentada por el doctor ____________en ___________ su condición de apoderado del señor ________ propietario del inmueble situado en __________No. __________de esta ciudad y dispuso escuchar en descargos al propietario del predio. Compareció a la inspección el señor ______________ propietario del inmueble objeto de esta querella y manifestó que evidentemente la edificación amenaza ruina y constituye serio peligro para sus ocupantes y para los transeúntes. Se Practicó inspección ocular con intervención de peritos y de la delegada de la Personería Municipal, pudiéndose evidenciar el ostensible estado de deterioro que presenta el inmueble objeto de estas diligencias amenazando ruina y constituyendo un grave e inminente peligro. Pudo establecerse igualmente que la construcción se encuentra habitada por inquilinos que derivan sus derechos del propietario, quienes en desarrollo de la diligencia fueron advertidos acerca de su ilegitimidad para intervenir en el proceso.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal Para casos como el que nos ocupa, tiene establecido el artículo 216 del Código Nacional de Policía que: “Los alcaldes o quienes hagan sus veces impondrán Demolición de obra: 1. Al dueño de edificación o construcción que amenace ruina, siempre que esté de por medio la seguridad y la tranquilidad pública”. La norma anterior es concordante con el artículo 198 del Decreto 1355 de 1970 que es del siguiente tenor: “La demolición o la reparación de obra se ejecutará dentro del plazo fijado en la orden. Salvo disposición en contrario, en caso de incumplimiento la demolición, la construcción o la reparación, se hará por empleados municipales a costa del infractor. Si este no paga dentro del término señalado, el reembolso se perseguirá por la vía de la jurisdicción coactiva. En la orden se exigirá otorgamiento de caución para seguir su cumplimiento”. Por lo brevemente expuesto, la Inspección Municipal de Policía de _____________ administrando justicia en nombre de la República y por autoridades de la ley. RESUELVE Primero. Declarar, como en efecto se hace, en estado de ruina e inminente peligro el inmueble de la ____________No. _________de la ciudad de ____________el cual se encuentra alinderado así: _________________. Segundo. Declarar como en efecto se hace, contraventor al señor: ____________ Tercero. Disponer la demolición del inmueble situado en la __________No. ___________de esta ciudad, de propiedad y en posesión del señor Cuarto: Conceder un término de _________días contados a partir de la ejecutoria de la presente providencia, para dar cumplimiento a la demolición dispuesta en el numeral anterior de esta resolución. Quinto. Garantizar la ejecución de la demolición por amenaza de ruina mediante el otorgamiento de caución a favor de ___________por valor de $ ___________ Para dicho otorgamiento se concede un plazo de ________contados a partir de la notificación de esta providencia. Sexto: Procurar el desalojo de los ocupantes del inmueble, para lo cual se concede un plazo de __________contados a partir de la ejecutoria de esta resolución. Séptimo. Colocar aviso que contenga la parte resolutiva de esta providencia en la puerta de acceso al inmueble, a fin de que los moradores del mismo, lo desocupen dentro del término señalado. Octavo: Contra la presente providencia procede el recurso de reposición. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE El Inspector

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Firma y antefirma ___________ El Secretario Firma y antefirma ________________ Nota: Como se dijo en el numeral 4, que en caso de extrema urgencia, los Alcaldes pueden revestir de facultades a otros funcionarios del orden municipal, con el fin de que mediante procedimiento ágil, se ordenara la demolición, como en el caso de la emergencia que sufrió el eje cafetero con el terremoto del 25 de enero de 1999, en este procedimiento no se practican pruebas, sino que simplemente los peritos expertos en la mayoría de los casos geólogos e ingenieros calculistas practican una visita al inmueble y con base en el dictamen que éstos rindan, se procede a dictar la resolución de la demolición, que es un tanto distinta al modelo anterior. 7.12 RESOLUCION QUE DECLARA EL ESTADO DE RUINA TOMANDO COMO BASE EL DECRETO DE DECLARATORIA DE SITUACION DE DESASTRE EMANADA DEL GOBIERNO NACIONAL. Pereira ________________ Alcaldía Municipal ________________ Resolución No. ________de _______________ POR MEDIO DE LA CUAL SE ORDENA UNA DEMOLICION El Secretario de Obras Públicas del Municipio de en uso de sus atribuciones legales, especialmente las conferidas por el Decreto del Ejecutivo Municipal número 031 de enero 26 de 1999 y CONSIDERANDO Que mediante el Decreto 182 del 26 de enero de 1999, el Gobierno Nacional declaró en situación de desastre el Municipio de Pereira como consecuencia del sismo ocurrido el 25 de enero del mismo año. Que con ocasión al sismo presentado en la ciudad de Pereira el 25 de enero de 1999, algunas edificaciones de la ciudad quedaron en evidente peligro de ruina y por ende ofrecen peligro para los ocupantes de dichos inmuebles. Que mediante concepto técnico emitido por el ingeniero _________con __________matrícula profesional No. __________y el geólogo _________los cuales han sido acogidos por el Comité Técnico mediante acta del _______de __________de ____________y mediante el formulario para inspección postsísmica evaluación estructural, se dejó constancia que el inmueble ubicado en la carrera ____________No. ________de la ciudad de Pereira, el cual reporta teniendo en cuenta el informe presentado: A simple vista la estructura parece inclinada, los pisos de mayor daño fueron el primero y segundo, daños moderados en columnas y unión viga columna y daños severos en muros portantes, falla por cortante, por flexión y por aplastamiento en columnas, falla por cortante en muros portantes del primer y segundo nivel y falla

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal por flexión en muros portantes, daños moderados en fachadas y enchapes, baños y cocinas. Edificación lamentablemente con varias desventajas: sitio inadecuado por cargas vivas móviles. Suelo blando y contaminado (según estudio geotécnico), construcción y diseño estructural antes del código 1400 (actualmente derogado) y mucho menos cumplirla con la Ley 400, asentamientos parciales diferenciales, desplazamientos de los diafragmas, reptación en la vegetación del talud, como también en las partes del cerramiento. Talud con pendiente muy fuerte producto del corte de vía a Marsella, en la vibración libre o sea con el vector de fuerzas cero (0) se aprecia indirectamente de acuerdo a la forma como se propagan las ondas producidas por el flujo vehicular. Por último, en el momento el inmueble amenaza ruina y peligro, se debe demoler totalmente. Que el artículo 32 del Decreto 919 del 11 de mayo de 1989 establece: sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 11 y 216 del Decreto 1355 de 1970 (Código Nacional de Policía), Los alcaldes de los municipios comprendidos dentro de las áreas geográficas determinadas en la declaratoria de una situación de desastre, podrán ordenar la demolición de toda edificación que amenace ruina o que por su estado de deterioro ponga en peligro la seguridad o la salubridad de los habitantes de las mismas o de otras personas. En caso de especial urgencia, la resolución que ordene la demolición podrá advertir expresamente que ella se llevará a cabo en forma inmediata, caso en el cual no procederá a notificación alguna, sino que simplemente copia de la resolución se fijará en la misma fecha de su expedición y durante diez (10) días hábiles, en el despacho de la Alcaldía respectiva. El interesado podrá ejercer las acciones contencioso administrativas a que haya lugar, dentro del término previsto por el Código Contencioso Administrativo, contando desde la fecha en que se haya efectuado la demolición. Que con ocasión del sismo presentado en la ciudad de Pereira el 25 de enero de 1999, el inmueble antes identificado, evidencia amenaza de ruina inminente y por ende ofrece peligro inmediato tanto para sus ocupantes y de las viviendas vecinas como para el público en general, situación que se califica como caso de especial urgencia en los términos de la norma prescrita. Que de conformidad con el artículo 33 del Decreto 919 de 1989, la autoridad podrá proceder a la demolición inmediata de la edificación que amenace inminente ruina, prescindiendo del régimen de notificación y recursos en la vía gubernativa por circunstancias de especial urgencia. Por lo anteriormente expuesto, el Secretario de Obras Públicas Municipales, facultado como está por el Decreto Municipal RESUELVE Artículo Primero: Ordenar en forma inmediata la evacuación, apuntalamiento y demolición total del inmueble ubicado en la carrera _______No. ________de la ciudad de __________el cual se encuentra en peligro de derrumbarse, situación calificada de especial urgencia y de conformidad con la parte motivo de la presente resolución.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Artículo Segundo. Copia de la presente resolución será fijada por el término de diez (10) días hábiles en la cartelera oficial de la Alcaldía, contra la cual procede las acciones contencioso administrativo a que haya lugar dentro del término previsto en el Código Contencioso Administrativo, contando desde la fecha en que se haya efectuado la demolición. COMUNIQUESE Y CUMPLASE Secretario de Obras Públicas Municipales

Secretaría de Control Físico

7.13 RECURSOS Contra las providencias dictadas en este procedimiento, sólo procede el recurso de reposición por mandato expreso del artículo 229 del Decreto 1355 de 1970 por cuanto se trata de un proceso que se tramita en única instancia. 8. PROCESO ESPECIAL POR CONTRAVENCION COMUN RELATIVAS A OBRAS 8.1 INTRODUCCION: Esta acción la puede iniciar el propietario, el poseedor o mero tenedor de un bien que se encuentre recibiendo un perjuicio de otra obra o el Estado de oficio a través de sus agentes, su finalidad principal es la de que se suspenda el perjuicio. 8.2 NORMAS QUE INFORMAN LA MATERIA Artículos 197, 198, 215, 217 y 228 del Código Nacional de Policía, Art. 178, numeral 7º del Código de Régimen Municipal. 8.3 LEGITIMACION EN LA CAUSA Están legitimados para ejercitar la acción policiva, el propietario, el poseedor o el mero tenedor del bien que se encuentre recibiendo el perjuicio, o el Estado de oficio. 8.4 COMPETENCIA Los alcaldes o quienes hagan sus veces, esto es los Corregidores e Inspectores de Policía 8.5 REPRESENTACION LEGAL Y DERECHO DE POSTULACION La acción puede ejercitarse por sí misma, pero si constituye apoderado deberá ser abogado inscrito con las excepciones establecidas en el Decreto 196 de 1971, para egresados y estudiantes de Consultorio Jurídico.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal 8.6 MODELO DE PODER PARA PROCESO ESPECIAL POR CONTRAVENCION COMUN RELATIVA A OBRAS

Señor: ___________ ALCALDE O INSPECTOR DE POLICIA MUNICIPAL DE _________ E.S.D. ___________mayor de edad, vecino de _________identificado con la C.C. No. ________de ____________a usted con todo respeto me permito manifestarle que confiero poder especial, amplio y suficiente al estudiante de práctica de Consultorio Jurídico ______________, mayor de edad, vecino de ____________ identificado con la C.C. No. De ___________y código No. ___________expedido por la Universidad para que inicie y lleve hasta su terminación querella de policía por contravención común de policía, definida en el Art. 217 numerales 1 y 2 del Código Nacional de Policía (Decreto 1355 de 1970), en contra del señor _____________, mayor de edad, vecino de Pereira, residente en_______________ Atentamente, ___________________ Firma del Querellante C.C. No. ___________ Acepto: ___________________________ Firma y Antefirma del Estudiante C.C. No. _________ de ______________ Código No. _________ de la Universidad _________ 8.7 QUERELLA REQUISITOS Y ANEXOS A. La querella deberá ser presentada personalmente ante el funcionario respectivo. B. Los requisitos de la querella, son los mismos que se exigen para toda querella de carácter civil, anotando de paso sobre la necesidad de especificar dentro de la querella, la identificación plena del inmueble que está recibiendo el perjuicio, además especificar en forma clara lo que se pide. 8.8 ADMISION, INADMISION O RECHAZO DE LA QUERELLA Si la querella reúne los requisitos, se avocará el conocimiento del caso por medio de auto donde deberá constar:

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico a) Fecha y hora para la práctica de una Inspección Ocular al inmueble objeto de la querella, con intervención de peritos, nombrándolos aquí mismo o indicando que su nombramiento se hará al momento de la diligencia; b) Disponer que dentro de la diligencia de inspección ocular, se escuche en descargos al presunto contraventor y se practiquen las pruebas solicitadas por ambas partes; c) La notificación de este auto al Personero Municipal en su condición de representante del Ministerio Público, al querellante y al querellado. Si la querella no reúne los requisitos, el funcionario la inadmitirá y le concederá al querellante un término de cinco (5) días para que la corrija, señalándole en la providencia de inadmisión, los defectos que tiene. Se rechazará la querella, en el caso de que no se corrija la querella inadmitida, dentro del plazo otorgado para ello. 8.9 NOTIFICACION DEL AUTO QUE ADMITE LA QUERELLA Como en la diligencia de inspección ocular pueden solicitar las pruebas que se deban practicar, aún dentro de la misma diligencia, el auto que señala fecha para la diligencia, deberá notificarse personalmente tanto al querellante como al querellado y se comunicará al Ministerio Público, con el fin de que intervenga activamente en la realización de la diligencia y en la práctica de las pruebas. De la diligencia de inspección ocular se levantará un acta la cual deberá ser suscrita por las personas que intervienen en la misma. 8.10 MODELO DE AUTO QUE ADMITE LA QUERELLA, FIJA FECHA Y HORA PARA ESCUCHAR EN DESCARGOS AL INFRACTOR Alcaldía (Inspección o corregiduría) de _______________ Ciudad y Fecha ________________ El señor: ______________identificado con C.C. ________expedida en _______y Código número ____________ de la Universidad _____________ estudiante de práctica de Consultorio Jurídico, mediante escrito ha presentado querella para la suspensión (o construcción) de obra en contra del señor _____________conforme a poder especial conferido por el señor _________________. . Encuentra el Despacho que el escrito reúne los requisitos legales, por lo tanto es viable su admisión. Por ser de competencia de este Despacho, avocase el conocimiento del caso, en consecuencia: a) Escúchese en descargos al presunto contraventor, señor fija el día _________a partir de las ________.

para tal efecto se

b) Practíquese diligencia de inspección ocular para determinar el estado de la construcción, la cual se llevará a cabo el día ___________a partir de las

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal _______en el inmueble ubicado en __________de esta ciudad; para dicha diligencia se nombra al señor ___________, como perito idóneo para el cargo y c) Si fuere necesario recáudense otras pruebas para el completo esclarecimiento del asunto. d) Téngase al señor ________________, como apoderado del señor ______________ en los términos y para los efectos del poder conferido. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE El Alcalde

Inspector o Corregidor

8.11 INTERVENCION DEL MINISTERIO PUBLICO EN ESTA CLASE DE PROCESOS El Personero Municipal o su delegado, interviene en este tipo de procesos por disposición expresa del art. 178, numeral 7 del Código de Régimen Municipal. 8.12 RESOLUCION DECLARANDO LA RESPONSABILIDAD O NO DEL QUERELLADO Y ORDENANDO SUSPENSION DE OBRA Resolución No. _____________ Alcaldía de _____________ Inspección _______________Municipal de Policía _____________ de ___________de ____________ VISTOS Se encuentra a despacho para resolver las diligencias adelantadas con ocasión de la querella presentada por el señor: _____________________ RESULTANDOS Y CONSIDERANDOS Con fecha __________de __________el señor ___________presentó querella por contravención común de policía, en contra del señor ____________propietario de un inmueble ubicado en ______________por cuanto le viene desde hace más o menos veinte días causándole graves perjuicios debido a la falta de canales, bajantes y cañerías en el inmueble de la referencia, para tal efecto solicita que mediante resolución escrita y motivada se ordene al señor ______________ la construcción de canales y bajantes con el fin de evitar que se le siga causando perjuicios. Se avocó el conocimiento del caso ya que la querella reunía los requisitos exigidos para tal fin y se ordenó la práctica de una diligencia de inspección ocular al inmueble, ubicado

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico en___________de propiedad del querellado, a efecto de constatar los hechos objeto de la querella, con peritos previamente nombrados por el despacho. De la inspección ocular, resultó que efectivamente al inmueble contiguo del querellante, al momento de construirlo no se le colocaron canales ni bajantes para recoger las aguas lluvias, razón por la cual se está causando perjuicios a la casa vecina. Se escuchó en descargos al querellado, quien manifestó que eso había sido un error en la construcción, pues a pesar de haber quedado en los planos, al maestro que ejecutó la obra se le olvidó colocar las canales, de allí la humedad en la casa vecina. El artículo 217 del Decreto 1355 de 1970, establece que “Los alcaldes o quienes hagan sus veces, impondrán construcción de obra a: 1)… 2) los dueños de inmuebles que no hayan instalado canales, tubos o cañerías para la conducción de aguas o los tengan en mal estado”. Por lo expuesto anteriormente, la Inspección ________ Municipal de Policía, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley. RESUELVE: Primero. Declarar responsable de haber infringido el Código Nacional de Policía en su Art. 217, en su numeral 2, al señor ____________propietario del inmueble ubicado en __________________. Segundo. Ordenar al señor __________la construcción de canales y bajantes en el inmueble de su propiedad, con las especificaciones que determine la Oficina de Control Físico del Municipio, o la Oficina de Planeación del Municipio. Tercero. Conceder un término de _________ días al contraventor con el fin de ejecutar la obra, so pena de incurrir en las sanciones legales correspondientes. Cuarto. Hacer saber al querellado que contra la presente resolución procede el recurso de reposición. Inspector o Corregidor

Secretario

9. PROCESO ESPECIAL DE AMPARO A LA INDUSTRIA HOTELERA 9.1

INTRODUCCION

Este proceso lo pueden solicitar los propietarios, empresarios, gerentes o administradores de establecimientos hoteleros y similares, con el fin de solicitar el lanzamiento de aquellos clientes que resulten insolventes o que atenten contra la seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad de dichos establecimientos y su conocimiento es atribuido a los inspectores de policía.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal 9.2 NORMAS QUE INFORMAN LA MATERIA Decreto 151 del 26 de julio de 1957; Decreto 1386 de 1984, artículo 6º numeral 4º. Artículo 1º. Decreto 151 de 1957: “Los propietarios, empresarios, gerentes o administradores de establecimientos hoteleros y similares, podrán solicitar el lanzamiento de aquellos clientes que resultaren insolventes o que en cualquier forma atenten contra la seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad de dichos establecimientos”. Artículo 6º número 4º del Decreto 1386 de 1984: “Los inspectores de Policía conocen del amparo a la industria hotelera”. 9.3 LEGITIMACION EN LA CAUSA El decreto protector de esta industria, restringe la acción a los propietarios, gerentes o administradores de establecimientos hoteleros o similares. 9.4 REPRESENTACION LEGAL Y DERECHO DE POSTULACION La acción la podrá iniciar el propietario, gerente o administrador por sí mismo o por medio de abogado. Los estudiantes de práctica de Consultorio Jurídico podrán representar los intereses de estas personas, siempre y cuando la asesoría resulte de una entrevista o consulta elevada por intermedio del Consultorio, para lo cual el Director deberá expedir la correspondiente autorización. 9.5 COMPETENCIA Por mandato del artículo 20 del Decreto 151 de 1957 y el artículo 6º numeral 4º del Decreto 1386 de 1984, el Alcalde o el Inspector de Policía del domicilio del querellante, es el competente para ejercitar la acción policiva de amparo a la industria hotelera. 9.6 QUERELLA, REQUISITOS Y ANEXOS La querella deberá ser presentada personalmente ante el señor Alcalde o Inspector de Policía que haga sus veces. La querella deberá contener los siguientes requisitos: a) Funcionario a quien se dirige; b) Identificación plena del querellante y querellado; c) Identificación del inmueble de cuya restitución se trata; d) Relación sucinta de los hechos en que se basa la querella; e) Las pretensiones de la querella; f) Los fundamentos de derecho; g) Las pruebas que se pretenda hacer valer, como el certificado de la Cámara de Comercio sobre existencia y representación legal del establecimiento de comercio, el

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico contrato de hospedaje fundamento de la acción, la prueba sumaria demostrativa de los hechos de la querella (dos declaraciones extrajuicio); h) Anexos de la querella, esto es el poder para actuar, copia de la querella para el archivo del despacho; i) Direcciones para notificaciones. Nota: De conformidad con el artículo 5º del Decreto 151 de 1957, el querellante dentro de la querella podrá ejercitar el derecho de retención sobre el equipaje y demás objetos introducidos en el respectivo establecimiento, a efecto de garantizar el pago de la deuda. 9.7 ADMISION, INADMISION Y RECHAZO DE LA QUERELLA Si el funcionario encuentra que la querella reúne los requisitos establecidos anteriormente, la admitirá mediante resolución debidamente motivada, donde determinará lo siguiente: a) Señalamiento de la fecha y la hora para el lanzamiento del ocupante, lo cual deberá efectuarse dentro de las doce (12) horas hábiles siguientes a la notificación de la providencia que lo ordena. b) Disponer la retención de los bienes de propiedad del querellado que se encuentre dentro del inmueble habitado; c) la entrega del inmueble al actor una vez desocupado. En caso de que la querella adolezca de uno o cualquiera de los requisitos exigidos para tal fin, se ordenará la devolución de la querella al interesado, con el fin de que sea corregida en el término de cinco (5) días, anotando de paso que en el auto que disponga su devolución, se indicarán los defectos de que adolece. Si el interesado no corrige la querella dentro del término anterior, será rechazada. 9.8 RESOLUCION QUE ADMITE LA QUERELLA, SEÑALA FECHA PARA LA DILIGENCIA DE LANZAMIENTO Y LA RETENCION DE LOS BIENES DE PROPIEDAD DEL QUERELLADO Resolución No. _____________ Municipio de _______________ Inspección _____________ Municipal de Policía _____________ __________ de _________ de __________ El Inspector ________Municipal de Policía, en uso de sus atribuciones legales y CONSIDERANDO

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal Que mediante escrito presentado el día ______ del mes de _____el señor _______, estudiante de práctica de Consultorio Jurídico, identificado con la C.C. No. _______ de _____ y Código No _______de la Universidad ________haciendo uso del poder especial que le confirió el señor ___________en su condición de representante legal de la sociedad denominada ____________solicita la tramitación de un proceso de protección hotelera, tendiente a que se le restituya a su poderdante la habitación No. _________del Hotel _________ubicada en el tercer piso de la edificación, calle _______No. _______de la nomenclatura urbana de esta ciudad. Que el querellante invocó para tal efecto los siguientes hechos (aquí se resumen los hechos de la querella). Que la parte actora fundamenta su petición en lo preceptuado en el Decreto 151 de 1957; en los artículos del Código de Comercio y en el artículo 6º numeral 4º del Decreto 1386 de 1984. Que el escrito presentado por el apoderado de la parte actora reúne a cabalidad los requisitos exigidos por el Decreto 151 de 1957, en la medida que acredita la prueba del objeto social de la sociedad querellante, así como la prueba sumaria sobre los hechos en que basa su querella. RESUELVE Primero. Ordenar el lanzamiento del señor _________de condiciones civiles ____________ quien ocupa la habitación No. _________del establecimiento hotelero denominado ________que se encuentra ubicado en _______________. Segundo. Disponer la retención de los bienes de propiedad de la parte querellada, a efecto de asegurar el pago de lo adeudado por el insolvente hasta concurrencia de su valor. Tercero. Señalar el día __________del mes de _______de ______a tales horas, para llevar a cabo la diligencia de lanzamiento. Cuarto. Una vez desocupado el inmueble y previa constitución del depósito sobre los bienes retenidos en cabeza del actor, hágase entrega del inmueble. Quinto. Tener al estudiante de práctica de Consultorio Jurídico como apoderado de la sociedad querellante para los efectos y dentro de los términos del mandato conferido. Sexto. Contra la presente providencia procede el recurso de Apelación en el efecto devolutivo, el cual deberá interponerse verbalmente en el acto de la notificación de la Resolución o por escrito dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE El Inspector: _______________ Firma Antefirma

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El Secretario, ________________ Firma y antefirma


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico 9.9 NOTIFICACION DEL AUTO QUE ADMITE LA QUERELLA Y ORDENA EL LANZAMIENTO La providencia que admite la querella y decreta el lanzamiento, debe notificarse personalmente al querellado y al Ministerio Público. En caso de que no fuere posible la notificación personal al querellado, dicha notificación se surtirá por Aviso el cual se fijará en la puerta de acceso a la habitación. La notificación por aviso se efectuará en el evento en que el querellado hubiera abandonado la habitación dejando allí sus pertenencias. 9.10 INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO EN ESTA CLASE DE PROCESOS La intervención del Personero Municipal en este tipo de actuaciones, a más de contraerse a la verificación de la legalidad de la orden de policía que se profiera en estos casos y que compromete los principios que debe estar sujeta, guarda relación con aspectos fundamentales de la acción, como la legitimación en la causa activa del actor, la identificación del inmueble de cuya restitución se trata y la legitimación pasiva del querellado y la adecuación del trámite, en la medida que tengamos que aceptar que la naturaleza del proceso no depende del nombre con el que el interesado lo designe, sino del contenido sustancial de la petición. 9.11 PROCEDIMIENTO a) PROCEDIMIENTO EN CASO DE LANZAMIENTO El funcionario de policía dictará la orden de lanzamiento a más tardar al día siguiente de presentada la querella, si de la petición aparecieren plenamente comprobados los hechos en que él fundamenta la querella. Llegado el día y la hora fijada para llevar a cabo la diligencia de lanzamiento, el despacho en asocio de su secretario se trasladarán al lugar de los hechos y procederán a lanzar al insolvente y a hacer entrega del inmueble a la parte querellante. De la diligencia se levantará un acta donde se deberá dejar constancia de todo lo ocurrido dentro de la diligencia, la cual será firmada por las partes que asistieron a la diligencia. b) PROCEDIMIENTO EN CASO DE RETENCION DE EQUIPAJES Con el objeto de asegurar el pago de la deuda de cualquier cliente insolvente, el querellante legítimo podrá ejercitar el derecho de retención sobre el equipaje y los demás objetos introducidos en el respectivo inmueble, hasta concurrencia de lo que debe por alojamiento, expensas o daños, en este caso el funcionario de policía llegado el día y la hora para la diligencia, se trasladará al lugar de los hechos y procederá a elaborar un inventario, designará dos peritos para que sean avaluados los bienes inventariados, efectuado lo anterior procederá a dejarlos en depósito del mismo querellante.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Penal Si transcurridos treinta (30) días contados a partir de la fecha en que se hubiere ejercido el derecho sobre el equipaje o los objetos, el querellado no se presentare a cancelar la obligación pendiente, el querellante podrá: Solicitar el remate de lo retenido, el cual se efectuará dentro de los quince (15) días siguientes. Con el producto del remate se pagará lo adeudado, el saldo si lo hubiere, será depositado a favor del dueño en el Banco Agrario o en su defecto en la Administración de Impuestos del respectivo municipio. Nota: Que quede claro que el primer procedimiento se da en caso de lanzamiento única y exclusivamente, pero puede suceder que ocurran las dos cosas a la vez. En tal evento, el funcionario elaborará el inventario de los bienes dentro de la misma diligencia y los dejará en depósito del querellante, seguidamente ordenará el avaluó y transcurridos treinta (30) días, procederá a ordenar el remate, el cual deberá llevarse a cabo dentro de los quince (15) días siguientes. 9.12 CONCILIACION Las partes podrán llegar a un acuerdo conciliatorio, en cualquier estado del proceso de lo cual deberá dejarse constancia en acta que firmarán las partes, acuerdo éste que hará tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo. 9.13 RECURSOS Las providencias de los funcionarios, en las actuaciones de lanzamiento son apelables de palabra en el acto de la notificación o por escrito dentro de las veinticuatro (24) horas siguientes. El recurso deberá ser concedido en el efecto devolutivo para ante el respectivo superior al día siguiente de su interposición, el cual deberá permanecer fijado en la lista por el término de dos (2) días para que las partes presenten sus alegatos escritos, vencidos los cuales se fallarán dentro de los dos (2) días siguientes.

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1. OBSERVACIONES (LEY 712 DE 2001) La jurisdicción ordinaria en forma general, en sus especialidades de laboral y seguridad social conoce de: Los conflictos jurídicos que se originan directa o indirectamente en el contrato de trabajo. Las acciones sobre fuero sindical, cualquiera que sea la naturaleza de la relación laboral. La suspensión, disolución, liquidación de sindicatos y la cancelación del registro sindical. Las controversias referentes al sistema de seguridad social integral que se susciten entre afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras prestadoras, cualquiera que sea la naturaleza de la relación jurídica y de los actos jurídicos que se controviertan. La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad. Los conflictos jurídicos que se originan en el reconocimiento y pago de honorarios o remuneraciones por servicios personales de carácter privado, cualquiera que sea la relación que los motive. La ejecución de las multas impuestas a favor del Servicio Nacional de Aprendizaje, por incumplimiento de las cuotas establecidas sobre el número de aprendices, dictadas conforme al numeral 13 del artículo 13 de la Ley 119 de 1994. El recurso de anulación de laudos arbitrales. El recurso de revisión. Para efectos de la presentación de la demanda esto debe hacerse en el último lugar donde se haya prestado el servicio o en el domicilio del demandado a elección del demandante. Las competencias especiales están señaladas en el capitulo II de la Ley 712 de 2001, Arts. 3 y siguientes. Conocen de los procesos laborales y seguridad social, los jueces laborales del circuito. Si no hay Juez Laboral del Circuito, conocen los Jueces Civiles del Circuito. De acuerdo a la cuantía los procesos en materia laboral se clasifican en el de única y primera instancia. Son de única aquellos cuya cuantía no exceda el equivalente a diez (10) veces el S.M.L.M.V. y son de primera todos los demás. El Consultorio Jurídico conoce de todos los procesos de única instancia y de los de segunda que no superen los veinte (20) S.M.L.M.V. DEMANDA

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Laboral La demanda en materia laboral debe cumplir los siguientes requisitos, establecidos por el Art. 12 de la Ley 712 de 2001: 1. La designación del juez a quien se dirige. 2. El nombre de las partes y el de su representante, si aquellas no comparecen o no pueden comparecer por sí mismas. 3. El domicilio y la dirección de las partes, y si se ignora la del demandado o la de su representante si fuere el caso, se indicará esta circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda. 4. El nombre, domicilio y dirección del apoderado judicial del demandante, si fuere el caso. 5. La indicación de la clase de proceso. 6. Lo que se pretenda, expresado con precisión y claridad. Las varias pretensiones se formularán por separado. 7. Los hechos y omisiones que sirvan de fundamento a las pretensiones, clasificados y enumerados. 8. Los fundamentos y razones de derecho. 9. La petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba, y 10. La cuantía, cuando su estimación sea necesaria para fijar la competencia. Cuando la parte pueda litigar en causa propia, no será necesario el requisito previsto en el numeral octavo. ANEXOS DE LA DEMANDA La demanda deberá ir acompañada de los siguientes documentos:

1. El poder. 2. Las copias de la demanda para efecto del traslado, tantas cuantos sean los demandados. 3. Las pruebas documentales y las anticipadas que se encuentren en poder del demandante.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico 4. La prueba de la existencia y representación legal, si es una persona jurídica de derecho privado que actúa como demandante o demandado. 5. La prueba del agotamiento de la reclamación administrativa si fuere el caso. 6. La prueba del agotamiento del requisito de procedibilidad de que trata la Ley 640 de 2001, cuando ella lo exija. PARÁGRAFO. Ante la imposibilidad de acompañar la prueba de la existencia y representación legal del demandado, se afirmará tal circunstancia bajo juramento que se entenderá prestado con la presentación de la demanda. Esta circunstancia no será causal de devolución. El Juez tomará las medidas conducentes para su obtención. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA La contestación de la demanda, contendrá: 1. El nombre del demandado, su domicilio y dirección; los de su representante o su apoderado en caso de no comparecer por sí mismo. 2. Un pronunciamiento expreso sobre las pretensiones. 3. Un pronunciamiento expreso y concreto sobre cada uno de los hechos de la demanda, indicando los que se admiten, los que se niegan y los que no le constan. En los dos últimos casos manifestará las razones de su respuesta. Si no lo hiciere así, se tendrá como probado el respectivo hecho o hechos. 4. Los hechos, fundamentos y razones de derecho de su defensa. 5. La petición en forma individualizada y concreta de los medios de prueba, y 6. Las excepciones que pretenda hacer valer debidamente fundamentadas. PARÁGRAFO 1o. La contestación de la demanda deberá ir acompañada de los siguientes anexos: 1. El poder, si no obra en el expediente. 2. Las pruebas documentales pedidas en la contestación de la demanda y los documentos relacionados en la demanda, que se encuentren en su poder. 3. Las pruebas anticipadas que se encuentren en su poder, y 4. La prueba de su existencia y representación legal, si es una persona jurídica de derecho privado.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Laboral PARÁGRAFO 2o. La falta de contestación de la demanda dentro del término legal se tendrá como indicio grave en contra del demandado. PARÁGRAFO 3o. Cuando la contestación de la demanda no reúna los requisitos de este artículo o no esté acompañada de los anexos, el juez le señalará los defectos de que ella adolezca para que el demandado los subsane en el término de cinco (5) días, si no lo hiciere se tendrá por no contestada en los términos del parágrafo anterior. PRUEBAS En materia laboral son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la Ley, como la declaración de porte, el juramento, el testimonio de terceros, el dictamen pericial, inspección judicial, los documentos, los indicios y cualesquiera otros medios que sean útiles para la formación del convencimiento del Juez. Los artículos 51 y siguientes del C.P.L. regulan todo lo relacionado con las pruebas en esta materia. PROCEDIMIENTO DE ÚNICA INSTANCIA En los procesos laborales de única instancia la demanda se puede efectuar en forma verbal o en forma escrita y una vez recibida se dispondrá la citación de las partes para audiencia y fallo en la cual se contestará la demanda por parte del demandado, se examinarán los testigos que presenten las partes y se entenderá de las demás pruebas y de las razones que se aduzcan. Clausurando el debate, el Juez fallará dentro de la misma audiencia, motivando oralmente la decisión, contra lo cual no cabe ningún recurso. TRASLADO DE LA DEMANDA Admitida la demanda, el Juez ordenará que se dé traslado de ella al demandado o demandados para que la contesten y al Agente del Ministerio Público si fuere el caso, por un término común de diez (10) días, traslado que se hará entregando copia del libelo a los demandados. AUDIENCIAS Contestada la demanda principal y la de reconvención si la hubiere, o cuando no hayan sido contestadas en el término legal, el juez señalará fecha y hora para que las partes comparezcan personalmente, con o sin apoderado, a audiencia pública. Instalada la audiencia, si concurren las partes, con o sin apoderados, el juez los invitará para que en su presencia y bajo su vigilancia concilien sus diferencias, si fueren susceptibles de solución por este medio, y si no lo hicieren, deberá proponer las fórmulas que estime justas sin que ello signifique prejuzgamiento y sin que las manifestaciones de las partes impliquen confesión. En esta etapa de la audiencia sólo se permitirá diálogo entre el juez y las partes, y entre éstas y sus apoderados con el único fin de asesorarlos para proponer fórmulas de conciliación.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Si se llegare a un acuerdo total se dejará constancia de sus términos en el acta correspondiente y se declarará terminado el proceso. El acuerdo tendrá fuerza de cosa juzgada. Si el acuerdo fuese parcial se procederá en la misma forma en lo pertinente. PARÁGRAFO 1o. Procedimiento para cuando fracase el intento de conciliación. Ante la imposibilidad de llegar a un acuerdo total, el juez declarará terminada la etapa de conciliación y en la misma audiencia: 1. Decidirá las excepciones previas conforme a lo previsto en el artículo 32. 2. Adoptará las medidas que considere necesarias para evitar nulidades y sentencias inhibitorias. 3. Requerirá a las partes y a sus apoderados para que determinen los hechos en que estén de acuerdo y que fueren susceptibles de prueba de confesión, los cuales se declararán probados mediante auto en el cual desechará las pruebas pedidas que versen sobre los mismos hechos, así como las pretensiones y excepciones que queden excluidas como resultado de la conciliación parcial. Igualmente si lo considera necesario las requerirá para que allí mismo aclaren y precisen las pretensiones de la demanda y las excepciones de mérito. 4. A continuación y en audiencia de trámite el juez decretará las pruebas que fueren conducentes y necesarias, señalará día y hora para nueva audiencia de trámite, que habrá de celebrarse dentro de los 5 días siguientes; extenderá las órdenes de comparendo que sean del caso, bajo los apremios legales, y tomará todas las medidas necesarias para la práctica de pruebas. Practicadas las pruebas el Juez fijará fecha y hora para la audiencia de juzgamiento donde se dictará el fallo respectivo. No es necesario que las partes concurran a esta audiencia, pero si lo hacen deberán hacer uso en ella misma de los recursos que establece la Ley, interponerlos y sustentarlos en el mismo acto. Se recomienda a los estudiantes de Consultorio Jurídico en el caso de su inasistencia a la audiencia de juzgamiento, estar pendientes a efecto de que dentro del término de ejecutoria de la sentencia (tres días hábiles contados a partir de la fecha del fallo), interpongan el recurso de apelación en caso de que sea adversa a los intereses del demandante, anotando de paso que el término para la sustentación del recurso es de dos (02) días hábiles contados a partir de la ejecutoria de la misma. PROCEDIMIENTO EN SEGUNDA INSTANCIA Son apelables los siguientes actos proferidos en primera instancia: 1. El que rechace la demanda o su reforma y el que la dé por no contestada. 2. El que rechace la representación de una de las partes o la intervención de terceros. 3. El que decida sobre excepciones previas. 4. El que niegue el decreto o la práctica de una prueba.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Laboral 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

El que deniegue el trámite de un incidente o el que lo decida. El que decida sobre nulidades procesales. El que decida sobre medidas cautelares. El que decida sobre el mandamiento de pago. El que resuelva las excepciones en el proceso ejecutivo. El que resuelva sobre la liquidación del crédito en el proceso ejecutivo. El que resuelva la objeción a la liquidación de las costas respecto de las agencias en derecho. 12. Los demás que señale la ley. El recurso de apelación se interpondrá: 1. Oralmente, en la audiencia en que fue proferido el auto y allí mismo se concederá si es procedente. 2. Por escrito, dentro de los cinco (5) días siguientes cuando la providencia se notifique por estado. El juez resolverá dentro de los dos (2) días siguientes. Este recurso se concederá en el efecto devolutivo enviando al superior copia de las piezas del proceso que fueren necesarias, salvo que la providencia recurrida impida la continuación del proceso o implique su terminación, caso en el cual se concederá en el efecto suspensivo. El recurrente deberá proveer lo necesario para la obtención de las copias dentro de los cinco (5) días siguientes al auto que concedió el recurso. En caso contrario se declarará desierto. Las copias se autenticarán gratuitamente por el secretario. Cumplido lo anterior deberán enviarse al superior dentro de los tres (3) días siguientes. La sentencia definitiva no se pronunciará mientras esté pendiente la decisión del superior, cuando esta pueda influir en el resultado de aquella. Recibido el expediente por apelación o consulta de la sentencia, el magistrado ponente, dentro de los tres (3) días siguientes, correrá traslado por el término de cinco (5) días, dentro del cual las partes podrán presentar sus alegaciones o solicitar la práctica de las pruebas a que se refiere el artículo 83. Vencido el término para el traslado o practicadas las pruebas, se citará para audiencia que deberá celebrarse dentro de los veinte (20) días siguientes, con el fin de proferir el fallo. Las partes no podrán solicitar del Tribunal la práctica de pruebas no pedidas ni decretadas en primera instancia. Cuando en la primera instancia y sin culpa de la parte interesada se hubieren dejado de practicar pruebas que fueron decretadas, podrá el tribunal, a petición de parte, ordenar

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico su práctica y la de las demás pruebas que considere necesarias para resolver la apelación o la consulta. Si en la audiencia no fuere posible practicar todas las pruebas, citará para una nueva con ese fin, que deberá celebrarse dentro de los diez (10) días siguientes. Recibidas las diligencias por apelación de autos, el magistrado ponente, dentro de los cinco (5) días siguientes, correrá traslado por el término de cinco (5) días, dentro del cual las partes podrán presentar sus alegaciones; vencido el término, citará para audiencia de decisión dentro de los diez (10) días siguientes. MEDIDAS CAUTELARES EN EL PROCESO ORDINARIO LABORAL Cuando el demandado, en juicio ordinario, efectúe actos que el juez estime tendientes a insolventarse o a impedir la efectividad de la sentencia, o cuando el juez considere que el demandado se encuentra en graves y serias dificultades para el cumplimiento oportuno de sus obligaciones, podrá imponerle caución para garantizar las resultas del proceso, la cual oscilará de acuerdo a su prudente juicio entre el 30 y el 50% del valor de las pretensiones al momento de decretarse la medida cautelar. En la solicitud, la cual se entenderá hecha bajo la gravedad del juramento, se indicarán los motivos y los hechos en que se funda. Recibida la solicitud, se citará inmediatamente mediante auto dictado por fuera de audiencia a audiencia especial al quinto día hábil siguiente, oportunidad en la cual las partes presentarán las pruebas acerca de la situación alegada y se decidirá en el acto. La decisión será apelable en el efecto devolutivo. Si el demandado no presta la caución en el término de cinco (5) días no será oído hasta tanto cumpla con dicha orden.

2. MODELO DE PODER PARA INICIAR UN PROCESO EJECUTIVO LABORAL DE ÚNICA O PRIMERA INSTANCIA Señor JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO ( o Civil del Circuito) REPARTO E.S.D. ___________, vecino de Pereira, identificado con la C.C. Nro. ________ expedida en _______, a usted con todo respeto me permito manifestarle que confiero poder especia, amplio y suficiente al estudiante de práctica de Consultorio Jurídico ____________ identificado con la C.C. Nro. _____ expedida en ______ y código Nro. ________ de la Universidad _________, para que inicie y lleve hasta su terminación proceso ejecutivo laboral de (única o primera) instancia contra ____________, vecino de Pereira, identificado con la C.C. Nro. ________ expedida en _______, para que ordene el pago del valor a que se refiere el acta de conciliación Nro. ____ firmada el _____ de ______ de ____ ante la Inspección Regional del Trabajo.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Laboral Mi apoderado queda facultado para transigir, recibir, desistir, sustituir, reasumir, pedir y aportar pruebas, conciliar y en general hacer todo lo que más convenga a mis intereses. Sírvase Señor Juez, reconocerle personería a mi abogado para los efectos y dentro del término de este mandato. Del Señor Juez: Atentamente, ______________ C.C. _____________ de_____________

Acepto: Firma y Antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico C.C. _____________ de_____________ Código Nro. _______________ de la Universidad ________________

3. MODELO DE DEMANDA PARA UN PROCESO EJECUTIVO LABORAL DE ÚNICA O PRIMERA INSTANCIA. Señor JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO (O CIVIL DEL CIRCUITO) REPARTO E.S.D.

Ref. Proceso Ejecutivo Laboral de Unica o Primera Instancia Demandante: _________ Demandado: __________ ______________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. Nro. ________ expedida en _______, estudiante de práctica de Consultorio Jurídico, en mi condición de Apoderado Judicial de _________. (demandante), mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. Nro. ________ expedida en _______, a Usted con todo respeto me permito presentar demanda ejecutiva laboral de única o primera instancia, con ACTA DE CONCILIACIÓN, en contra de ___________. mayor de edad, vecino de Pereira, con el fin de que se resuelva lo siguiente: PETITUM

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Sírvase Señor Juez, librar orden de pago a favor de ________ y en contra de __________, por los conceptos siguientes: 1. 2. 3.

Por la suma de $___________, como capital exigible a partir de la fecha. Por los intereses de mora del ____ % mensual exigible a partir de tal fecha hasta tal fecha. Que se condene al demandado al pago de las costas procesales y agencias en derecho. HECHOS

1.

2. 3.

4.

El día tal, el Señor ___________ firmó un acta de conciliación ante la Inspección Regional de Trabajo, donde se comprometió a pagarle al Señor ___________, la suma de $________ del día tal de ____ mas intereses legales. El acta sujeto de esta acción no ha sido pagada ni en toda ni en parte, por lo tanto es exigible la totalidad por mora en el pago. El acta de conciliación que sirve como recaudo ejecutivo, constituye una obligación clara, expresa y actualmente exigible; se encuentra legalmente producida, por consiguiente presta mérito ejecutivo como obligación a pagar. El Señor _____________, me ha concedido poder par iniciar esta acción. DERECHO Art. 25 del C.P. del T., y s.s. ibídem, y demás normas concordantes.

PROCESO, CUANTÍA Y COMPETENCIA Ejecutivo laboral de única o primera instancia de que trata el Cap. XVI, Art. 100 y s.s. del C.P. del T., la competencia es suya Señor Juez por la cuantía que la estimo en menos de $____ y por el lugar convertido para el pago. PRUEBAS El acta de conciliación debidamente autenticada.

ANEXOS El acta objeto de esta acción, copia de la demanda para el archivo del Juzgado, copia de la demanda y sus anexos para la notificación al demandado y el pode para actuar. MEDIDAS PREVIAS

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Laboral De conformidad con el art. 101 del C.P. del Trabajo, a usted con todo respeto me permito solicitarle se sirva decretar el embargo y secuestro de los siguientes bienes de propiedad del demandado y los cuales denuncio bajo la gravedad de juramento: · Una propiedad rural ubicada en ___________ · La cuenta bancaria Nro. ____ del Banco del Estado. NOTIFICACIONES Y DIRECCIONES 1. 2. 3.

Demandante: ______________ Demandado: _______________ Como estudiante de Consultorio Jurídico: Me notificaré en la secretaria de su despacho o la Cll 40 Nro. 7 – 30, Universidad Libre Seccional Pereira.

Del Señor Juez: Atentamente, FIRMA Y ANTEFIRMA Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico C.C. _____________ de_____________ Código Nro. _______________ de la Universidad ________________

4. MODELO DE PODER PARA INICIAR UN PROCESO ORDINARIO LABORAL DE ÚNICA O PRIMERA INSTANCIA Señor JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO (O CIVIL DEL CIRCUITO) REPARTO E.S.D. ______________, vecino de Pereira, identificado con la C.C. Nro. ________ expedida en _______, a usted con todo respeto me permito manifestarle que confiero poder especial, amplio y suficiente al estudiante de práctica de Consultorio Jurídico ____________ identificado con la C.C. Nro. _____ expedida en ______ y código Nro. ________ de la Universidad _________, para que inicie y lleve hasta su terminación proceso ordinario laboral (de única o primera) instancia contra ____________, vecino de Pereira, identificado con la C.C. Nro. ________ expedida en _______, para que declare la existencia de un contrato de trabajo y ordene el pago de las cesantías, intereses a las cesantías, primas, vacaciones, sanción por no consignar oportunamente las cesantías, indemnización por no pagar los salarios y prestaciones sociales a la terminación del contrato y cualquier otra pretensión que resulte probada en el proceso. Mi apoderado queda facultado para transigir, recibir, desistir, sustituir, reasumir, pedir y aportar pruebas, conciliar y en general hacer todo lo que más convenga a mis intereses.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Sírvase Señor Juez, reconocerle personería a mi abogado para los efectos y dentro del término de este mandato. Del Señor Juez: Atentamente, _________________ C.C. _____________ de_____________

Acepto: Firma y Antefirma: _____________________________________ Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico C.C. _____________ de_____________ Código Nro. _______________ de la Universidad ________________

5. MODELO DE DEMANDA PARA UN PROCESO ORDINARIO LABORAL DE ÚNICA O PRIMERA INSTANCIA. Señor JUEZ LABORAL DEL CIRCUITO DE PEREIRA – REPARTO E.S.D. Ref. Proceso Ordinario Laboral De: ____________ Contra. ___________ __________________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. Nro. ________ expedida en ______ y código Nro. _______ de la Universidad _____ estudiante de práctica de Consultorio Jurídico, en mi condición de Apoderado Judicial del Señor __________ (Demandante), mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. Nro._________ de ________, a Usted con todo respeto me permito presentar demanda ordinaria laboral de única o primera instancia en contra del Señor ____________ (demandado), mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. Nro. ____ de ______. El fundamento de mi demanda la hago consistir en los siguientes: HECHOS

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Laboral 1.

El señor: ______________ (demandante) prestó sus servicios bajo la dependencia y subordinación del señor ____________ (demandado), desde el día tal, por espacio de tres años desempeñando las funciones de tal cosa. 2. El asalariado, en su calidad de ______ ejecutaba las siguientes funciones permanentes. 3. La jornada de trabajo en todos los días de la semana empezaba a las tales horas y terminaba a las tales horas. 4. El señor _______________ (demandante) devengaba un salario de $____________. 5. El día tal _______________ (demandado) despidió a ____________ (demandante) intempestivamente y sin justa causa. 6. El asalariado por la índole de sus servicios, se vio obligado siempre a trabajar no solo durante los días laborales sino también durante los domingos y feriados, sin que el patrono le pagara jamás la remuneración legal por este servicio, pues se limitaba a cancelar su salario sencillo de tanto $_________. 7. El día tal, se celebró una audiencia de conciliación en la Inspección del Trabajo de _______ , conciliación que fracasó debido a la posición intransigente por parte del patrono, que se negó sistemáticamente todo derecho a su asalariado. 8. El señor _____________ (demandado) adeuda a mi representado la remuneración legal por su trabajo en días domingos y feriados, el auxilio de cesantías, vacaciones remuneradas, la indemnización por despido injusto y por mora en el pago de salarios y de las prestaciones sociales, derechos estos que el empleado ha reclamado con insistencia pero si resultado alguno. 9. El señor _________________, (demandado) ha incumplido y violado sistemáticamente las Leyes del trabajo. 10. Tengo poder Señor Juez para adelantar y agotar la pretensión laboral. DEMANDA Con fundamento en los hechos anteriormente expuestos, solicito al Señor Juez, previo el reconocimiento de mi personería como apoderado judicial de la parte demandante, y cumplidos los trámites de un proceso ordinario laboral de única o primera instancia, condene al señor ______________ (demandado) mayor de edad, vecino de Pereira, residente en ______ o a quien represente sus derechos, los valores a que ascienden las liquidaciones siguientes: a) b) c) d) e) f) g) h)

Remuneración legal por su trabajo en todos los días domingos y feriados, durante el tiempo de servicio. El auxilio de cesantías. La prima de servicios. Las vacaciones remuneradas. La indemnización por despido injusto. La indemnización moratoria. Cualquier otra pretensión que resulte demostrada en el proceso. Las costas del proceso, incluyendo los honorarios del Abogado. RELACIÓN DE MEDIOS DE PRUEBA

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico 1.

2. 3.

Haga Usted comparecer a su despacho a los señores ____________ y ____________ residentes en _____ para que bajo la gravedad del juramento declaren cuanto les conste sobre los hechos 1 a 5 de esta demanda. Hago comparecer al señor _____________ con el fin de que declare lo que sepa y le conste sobe los hechos ______, residente en la dirección_____. Que cite a su despacho al señor ___________ (demandado) para que el día y hora que fije su despacho absuelva el interrogatorio que en forma oral le formularé el día de la audiencia. DOCUMENTOS ANEXOS

Acompaño el poder para la actuación y un ejemplar del acta de conciliación fracasada, copia de la demanda para el archivo del juzgado y copia de la demanda y sus anexos para el respectivo traslado al demandado. DERECHO Art. 25 y siguientes Código Sustantivo del Trabajo y Procesal del Trabajo y demás normas concordantes; art. 70 y s.s. ibídem. PROCESO, CUANTÍA Y COMPETENCIA El ordinario laboral del única o primera instancia de que trata el Cap. XVI, ordinal 1º Art. 70 y s.s. del C.P. del T., es de única o primera instancia ya que la cuantía la estimo en mas de $_________ y menos de $________ , la competencia es suya por la cuantía y el lugar donde se prestó el servicio. NOTIFICACIONES Y DIRECCIONES 1. 2. 3.

Demandante: _____________ Demandado: ______________ Como estudiante de Consultorio Jurídico: Me notificaré en la secretaria de su despacho o la Cll 40 Nro. 7 – 30, Universidad Libre Seccional Pereira.

Del Señor Juez, Atentamente, Firma y Antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico C.C. _____________ de_____________ Código Nro. _______________ de la Universidad ________________

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Laboral 6. CLASES DE CONTRATO DE TRABAJO Por la forma: Verbal: Patrono y trabajador se ponen de acuerdo sobre la índole del trabajo, lugar donde ha de prestarse el servicio, duración y remuneración del mismo. Escrito: Consta en documento firmado por las partes, en el cual están incluidas todas las condiciones del mismo. Por el término de duración: Término fijo: debe constar por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable. Término indefinido: No requiere forma escrita, tiene vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo, sin que esto quiera decir, que para su terminación el patrono no pueda acogerse a las causales de terminación. Término inferior a un mes para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. Por el término que dure la labor determinada PRESTACIONES SOCIALES Salario: Pago que lo constituyen: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

Remuneración fija u ordinaria Auxilio de transporte Primas habituales distintas a las pagadas en junio y diciembre Sobresueldos Viáticos Bonificaciones Horas extras, recargo nocturno, trabajo dominical, festivo Porcentajes o comisiones Vivienda y alimentación suministrada por el empleador Calzado y vestido de labor (cada 4 meses).

Auxilio de cesantías: Un mes de salario por cada año de servicio y proporcionalmente por fracciones de año: C = TS x S ______ 360 Forma de Liquidación: Si es sueldo fijo, éste se tendrá como base.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Si el salario ha variado en los últimos 3 meses o cuando el salario es variable (porcentajes o comisiones), la base para liquidar será el promedio de lo devengado en el último año de servicio o en todo el tiempo cuando laboró menos del año, contado desde la fecha de terminación del contrato hacia atrás. Intereses a las Cesantías: % C = C x TS x 0.12 _____________ 360 Prima de Servicios: Un mes de salario pagadero por semestre. Una quincena el 30 de junio y la otra los primeros 20 días de diciembre, cuando el trabajador hubiere laborado todo el año o proporcionalmente al tiempo trabajado, siempre y cuando haya laborado por lo menos 3 meses en el respectivo semestre. Vacaciones: 15 días hábiles por año laborado cuando el contrato es a término indefinido o si el contrato es a término fijo inferior a un año, se pagarán proporcionalmente al tiempo laborado. Prestaciones en caso de accidente de trabajo y enfermedades profesionales incapacidad temporal. El trabajador tiene derecho a que se le pague el salario completo hasta por 6 meses. Incapacidad permanente parcial. El trabajador tiene derecho a una suma de dinero proporcional al daño sufrido, no inferior a 1 mes ni superior a 23 meses de salario. Incapacidad permanente total: 24 meses de salario Invalidez: 30 meses de salario Muerte: 24 meses de salario, pagados a los herederos del trabajador. Auxilio monetario por enfermedad no profesional: Hasta por 180 días de incapacidad, así: 2/3 partes del salario, primeros 90 días ½ del salario, 90 restantes.

INDEMNIZACIÓN POR TERMINACIÓN DEL CONTRATO DE TRABAJO SIN JUSTA CAUSA

CONTRATO A TERMINO FIJO

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Laboral El valor de los salarios correspondientes al tiempo que faltare para cumplir el plazo estipulado del contrato; o del lapso determinado por la duración de la obra o labor contratada, la indemnización no será inferior a quince (15) días. CONTRATOS A TÉRMINO INDEFINIDO Para trabajadores que devengan menos de diez (10) S.M.L.M.V. Treinta (30) días de salario cuando el tiempo de servicio no es mayor de un (1) año. Si el trabajador tuviere más de un año de servicio continuo, se le pagarán veinte (20) días adicionales de salario sobre treinta (30) días del primer año, por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente pro fracción. Para trabajadores que devengan más de diez (10) S.M.L.M.V. Veinte (20) días de salario cuando el tiempo de servicio no es mayor de un (1) año. Si el trabajador tuviere más de un (1) año de servicio continuo, se pagarán quince (15) días adicionales de salario sobre los veinte días del primer año, por cada uno de los años subsiguientes al primero y proporcionalmente por fracción. Indemnización Moratoria: Un día de salario por cada día de retardo. Horas extras diurnas: 25% Horas extras nocturnas: 75% Recargo nocturno: 35% Dominicales y festivos: 75% Hora extra diurna: 1.25% Hora extra nocturna: 1.75% Recargo nocturno: .35%

7. TRABAJADORES CON REGIMENES ESPECIALES 7.1 SERVICIO DOMESTICO: Contrato de trabajo: Hay contrato de trabajo con los empleados del servicio doméstico cuando se reúnen los elementos básicos de la relación de trabajo: una actividad personal, la subordinación del trabajador al empleador y una remuneración. Período de prueba:

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico En el contrato de trabajo con los servidores domésticos, se presume como período de prueba los primeros quince (15) días de servicio, aunque no haya contrato escrito. Jornada de trabajo: Según jurisprudencia de la Corte Constitucional (Sentencia C-372 de 1998) los trabajadores del servicio doméstico internos, tienen una jornada máxima legal de trabajo de 10 horas diarias y derecho al pago de recargos nocturnos, horas extras, dominicales y festivos, si éstos se laboran. Los trabajadores del servicio doméstico “por días” están sujetos a la jornada máxima legal o a lo convenido por las partes. Vacaciones: Al igual que todos los demás trabajadores, los empleados del servicio doméstico tienen derecho a quince (15) días hábiles consecutivos remunerados de vacaciones, por cada año de servicio. Pero en el caso de los empleados “por días” sólo debe pagarse la remuneración equivalente al número de jornadas que normalmente trabajaría durante quince 15 días. Prestaciones Sociales: Es obligatorio pagar prestaciones sociales a estos trabajadores. No es posible pactar que no se van a pagar prestaciones, ya que éstas como todos los derechos laborales no pueden ser renunciados por el trabajador. Auxilio de Cesantía: El trabajador de servicio doméstico tiene derecho a un mes de salario por cada año de servicio y proporcionalmente por fracciones de año. Para liquidarlo sólo se tomará el salario en dinero devengado por el trabajador, siguiendo en lo demás la regla general. Si se trata de servicio doméstico interna, el salario mínimo legal mensual en dinero no puede ser inferior al 70% del salario mínimo legal vigente y con base en este porcentaje se liquidan las cesantías. Si se trata de servicio doméstico externo, se le debe pagar el salario mínimo legal vigente, por consiguiente si al momento de la liquidación no se encuentra devengando dicho salario, deberá hacérsele en la liquidación el respectivo reajuste y liquidar las cesantías con base en el ciento por ciento del salario mínimo legal vigente. El auxilio de cesantía se liquida con base en el último sueldo, pero si éste cambió en los últimos tres meses, la base será el promedio mensual devengado en el último año o fracción. Ejemplos: a) A una trabajadora interna con dos años y seis meses de servicio y un salario mensual en dinero de $200.000, se le debe pagar una cesantía equivalente a $500.000

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Laboral ($200.000 X 900) ________________ = $500.000 360 b)

1. 2. 3. 4.

Una trabajadora “por días” labora para una familia con un sueldo diario de $10.000 los lunes y jueves, durante dos (2) años y medio. Hallar la cesantía:

Hipotéticamente el salario mensual sería de $300.000 Salario base: $300.000 ($10.000 x 30) Días trabajados: 2 días durante 130 semanas = 260 días Aplicamos la fórmula:

$300.000 x 260 _____________ = $216,666 360 Cesantía = $216,666 c)

La empleada que ha laborado durante dos años y medio con sueldos que han tenido variación en los últimos tres (3) meses de servicio tiene la siguiente liquidación:

Fecha de iniciación de labores: julio 1º. De 1.989 Fecha de terminación: diciembre 30 de 1991 Fecha de aumento: noviembre 1º. De 1991 Ultimo sueldo devengado $45.000 Sueldo devengado hasta octubre de 1991: $40.000 Sueldo devengado en septiembre de 1990: $25.000 Sueldo promedio en dinero: $40.000 x 10 = $400.000 $45.000 x 2 = 90.000 __________ $490.000 $490.000 ________ = 40.8333.33 12 Sueldo base. 40.8333.33

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico $40.8333.33 x 900 _______________ = 102.084 360 Cesantía a pagar $102.084

Intereses a la cesantía: Esta prestación se debe cancelar en la misma forma y tiempo que para los demás trabajadores. Calzado y vestido de labor: Al trabajador cuya remuneración no pase de dos salarios mínimos, se le debe suministrar tres veces al año un par de zapatos y un vestido apropiado para el trabajo. Seguridad Social: La afiliación al Sistema de Seguridad Social de los trabajadores del servicio doméstico es obligatorio e implica la protección contra los riesgos de enfermedad y maternidad, enfermedad profesional y accidente de trabajo e invalidez, vejez y muerte, previa inscripción y el pago de los aportes por parte del empleador y del empleado. Los trabajadores del servicio doméstico que devenguen un salario igual o superior al mínimo legal, deben afiliarse y cotizar en la misma forma en que lo hacen los demás trabajadores dependientes, cuya afiliación al seguro es obligatoria. Licencia por maternidad: Las trabajadoras del servicio doméstico en estado de embarazo, tienen derecho a una licencia de doce (12) semanas en la época del parto, remuneradas con el salario que devenguen al entrar a disfrutar del descanso. Pagos que no deben efectuarse: Como la familia no es una unidad de explotación económica, no existe obligación de pagar primas semestrales a los trabajadores del servicio doméstico. Tampoco se ha establecido a su favor ningún reconocimiento por pensión de jubilación, que es una prestación a cargo de las empresas. Sin embargo como las normas laborales son un mínimo de garantías, los empleadores que así lo decidan podrán cancelar estas prestaciones. Por su parte, el sistema de seguridad en pensiones, salud y riesgos profesionales reconocerá al trabajador del servicio doméstico una pensión de vejez, cuando encontrándose debidamente afiliado haya cumplido con los requisitos de edad y semanas de cotización o de ahorros, exigidos por el Sistema de Seguridad Social.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Laboral 7.2 CHOFERES DE SERVICIO FAMILIAR Jornada de trabajo A los choferes de servicio familiar se les asimila con los trabajadores del servicio doméstico, en cuanto a jornada de trabajo, por lo tanto tienen el mismo tratamiento y están sujetos a la obligación de trabajar durante los días de descanso obligatorio mediante la retribución especial prevista por la ley o concediéndoles un descanso compensatorio remunerado, según se trate de trabajo habitual u ocasional en día domingo o festivo. Cesantía: A los choferes del servicio familiar se les aplican las normas que regulan el trabajo del servicio doméstico en cuanto a jornada y período de prueba, pero los auxilios de cesantía y de enfermedad no profesional son los mismos de los trabajadores sujetos al régimen ordinario. 7.3 TRABAJADORES DE LA CONSTRUCCION Cesantía: El auxilio de cesantía se liquida a razón de tres (3) días de salario por cada mes completo de servicios, siempre que se labore cuando menos un mes. Ejemplo: un empleado de la construcción trabajó en una obra durante dos meses, con un jornal diario de $16.000, incluido el auxilio de transporte, le corresponde entonces una cesantía de $96.000 liquidada así: Tiempo de servicio 60 días; salario base $16.000 Cesantía 6 días x 16.000 = $96.000 Vacaciones: El descanso remunerado de quince (15) días hábiles y consecutivos por cada año de servicios y proporcionalmente por fracciones de año, se causa cuando se ha servicio cuando menos un mes. Ejemplo: por cinco (5) meses de servicios con un jornal de $12.000 se paga por vacaciones $75.000 que se deducen de una regla de tres, cuyos términos son los siguientes: Si por 360 días se causan 15 de vacaciones, por 150 se causan X, o sea: X = 150 x 15 _________ = 6.25 días 360

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Vacaciones: 6.25 x $12.000 = $75.000 Seguridad Social: La afiliación al régimen de seguridad social es obligatoria y mediante el pago conjunto de los aportes se recibe la protección común a todos los afiliados. Asistencia médica: En los lugares donde no existan entidades de seguridad social, es obligatorio brindar la asistencia médica, quirúrgica y hospitalaria por enfermedad no profesional que se requiera durante la ejecución del contrato, con un límite de tres (3) meses, además del auxilio monetario por incapacidad laboral temporal hasta por 180 días. 7.4 TRABAJADORES MENORES DE EDAD Autorización para trabajar: Para celebrar contrato de trabajo un menor de 18 años, el empleador debe recibir del menor la autorización escrita por el Ministerio de Trabajo facultándolo para laborar, para lo cual deberá llenar el formato respectivo y adjuntar registro civil de nacimiento. Jornada de trabajo: La duración máxima legal de la jornada de trabajo del menor está sujeta a las siguientes reglas: a) el menor entre 12 y 14 años sólo podrá trabajar una jornada máxima de 4 horas y 24 a la semana, en trabajos ligeros; b) los mayores de 14 años y menores de 16, sólo podrán trabajar una jornada máxima de 6 horas diarias y 36 a la semana y c) la jornada del menor entre 16 y 18 años no podrá exceder de 8 horas diarias y 48 a la semana. Salario: El salario del menor trabajador será proporcional a las horas trabajadas. Seguridad Social: A partir de la fecha en que se establece la relación laboral, es obligatorio afiliar al Sistema de Seguridad Social al menor trabajador. El menor tiene derecho a todas las prestaciones económicas y de salud que brinda el Sistema de Seguridad Social. Donde no funcionen entidades de este sistema, correrán a cargo del empleador todas las prestaciones que asumen tales entidades. 7.5 APRENDICES

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Laboral Contrato escrito: El contrato de aprendizaje siempre debe celebrarse por escrito. Período de prueba: Los 3 primeros meses del contrato se presumen como período de prueba en el cual se apreciarán las condiciones de adaptabilidad del aprendiz, sus aptitudes y cualidades personales y la conveniencia de continuar el aprendizaje. Prestaciones sociales: Los aprendices tienen derecho a la totalidad de las prestaciones de los trabajadores ordinarios. 7.6 TRABAJADORES DEL CAMPO Jornada de trabajo: La jornada de trabajo máxima legal de este tipo de empleados tiene como duración límite ocho horas diarias y cuarenta y ocho horas a la semana y los cobija el derecho al descanso dominical y en días de fiesta. Salario mínimo legal: Es usual en las regiones agrícolas y ganaderas pagar el salario bajo la modalidad de jornal, o sea el señalado por día de labor. En todo caso es obligatorio el pago del salario mínimo legal. Salario en especie: Dentro de la libertad de estipulación salarial que existe, se ha generalizado en el pago de los llamados “jornaleros” la costumbre de reconocer una suma en dinero y dar la alimentación como parte de la retribución diaria. Debe tenerse en cuenta que existe prohibición de cancelar la totalidad del salario en especie y que necesariamente debe pagarse una parte en dinero. Alojamiento: Cuando los trabajadores viven en el sitio de trabajo, el alojamiento que se les brinda hace parte de su remuneración y por ende, debe tasarse en cuánto se estima el valor de la vivienda. Los alojamientos deben tener condiciones adecuadas para habitarlos y por consiguiente contarán con ventilación adecuada según la región y el clima, tendrán lugares para la preparación de los alimentos y corredor y naturalmente las alcobas y baños respectivos. Las empresas agrícolas y ganaderas que ocupen 15 o más trabajadores deben dotarlos de campamentos para que residan en ellos.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Seguridad Social: Es obligatoria la afiliaci贸n de los trabajadores. Otras prestaciones sociales: Los trabajadores del campo tienen derecho al pago de cesant铆a, intereses sobre la misma, prima de servicio y prestaciones por enfermedad en las mismas condiciones que los otros tipos de trabajadores.

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Competencia del Consultorio JurĂ­dico en Materia Laboral

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico

1. PROCESOS DE EJECUCION OBSERVACIONES: 1) Los procesos ejecutivos son de cuatro clases: a) Procesos ejecutivos singulares de mínima, menor y mayor cuantía, cuyo trámite es idéntico; b) Procesos ejecutivos con título hipotecario; c) Procesos ejecutivos con título prendario; d) Procesos ejecutivos con acción mixta, inciso final artículo 554 del C.P.C. 2) Se pueden demandar por la vía ejecutiva las obligaciones claras, expresas y exigibles que consten en: a) Documentos que provengan del deudor o de su causante y constituyan plena prueba contra él; b) Las obligaciones claras, expresas y exigibles que emanen de una sentencia de condena, proferida por Juez o Tribunal de cualquier jurisdicción; c) Las obligaciones que consten en providencias que en procesos contenciosos o de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia; d) Las obligaciones que consten en una confesión proveniente de un interrogatorio de parte, practicado como prueba anticipada conforme el Art. 294 del C.P.C. 3) Los requisitos de la demanda ejecutiva son: a) Juez a quien se dirige; b) Identificación plena de las partes; c) Lo que se pretende expresado con precisión y claridad (Art. 82 del C.P.C.); d) Los hechos de la demanda; e) Los fundamentos de derecho; f) Las pruebas que se pretendan hacer valer; g) Clase de proceso, cuantía y competencia; h) Los anexos de la demanda; i) Las direcciones para notificaciones. 4) La demanda debe llevar los siguientes anexos; a) Las pruebas; b) Copia de la demanda para el archivo del juzgado; c) Copia de la demanda y sus anexos para el traslado y notificación al demandado; d) El folio de medidas previas. 5) Las medidas previas de embargo y secuestro se deben pedir en folio separado. 6) En los procesos ejecutivos de mayor, menor y mínima cuantía, se pueden proponer excepciones de fondo, dentro de los 10 días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo; los hechos que configuran las excepciones previas se deben plantear a través del recurso de reposición que debe formularse dentro de los 3 días siguientes a dicha notificación. De igual manera debe procederse en los procesos ejecutivos con título hipotecario, aunque debe advertirse que el término para proponer excepciones de mérito en estos asuntos, sólo es de 5 días. 7) Cuando el acreedor sea una persona jurídica, se debe tomar poder del representante legal para iniciar la acción ejecutiva; cuando es una persona natural simplemente se endosa el título En Procuración por el anverso del título. Ejemplo: Endoso en procuración al estudiante de Consultorio Jurídico ________C.C. No. __________de _______Código _______de la Universidad ___________.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil Firma y antefirma del demandante C.C. ______ No. ______

2. PROCESO EJECUTIVO DE MINIMA, MENOR O MAYOR CUANTIA OBSERVACIONES 1. Normas que informan la materia. Está regulado en los artículos 497 a 512 del C. de P. Civil, toda vez que los artículos 544 a 549 ibidem, fueron derogados por el artículo 70 de la ley 794 de 2003 y en consecuencia, los procesos ejecutivos de mínima cuantía se tramitarán en única instancia, bajo las reglas establecidas para los procesos ejecutivos de mayor y de menor cuantía, que no son otras que las inicialmente citadas. 2. La demanda y requisitos: Los requisitos generales del artículo 75 del CPC son comunes a toda demanda y por tal razón también en las ejecuciones de mínima cuantía, deben ser acatadas. Obviamente a la demanda hay que anexarle el título ejecutivo que cumpla con las exigencias del artículo 488 del citado código, esto es, que contenga una obligación clara, expresa y exigible, pues es advertir que conforme al artículo 12 de la ley 446 de 1998 cuando el documento reúna tales requisitos y se presente para hacerlo valer ejecutivamente, queda investido de una presunción legal de autenticidad. Si de títulos valores se trata, el artículo 793 del Código de Comercio, también les otorga una presunción legal de autenticidad. Se recuerda que con la demanda debe presentarse copia para el archivo del juzgado y de ella y sus anexos para la notificación del mandamiento ejecutivo al demandado. 3. Conductas que puede asumir el demandado luego de notificado el mandamiento ejecutivo: a) El ejecutado puede interponer recurso de reposición en contra del mandamiento ejecutivo, cuando la demanda no sea formalmente apta o el título presentado como recaudo no reúna los requisitos del artículo 488 del C. de P. Civil, esto es, cuando la obligación no sea clara, ni expresa, ni exigible. Dicho recurso lo debe interponer dentro del término de ejecutoria del mandamiento ejecutivo, es decir, dentro de los tres días siguientes a su notificación. Los hechos que configuren excepciones previas también hay que alegarlos al través del recurso de reposición. De prosperar alguna que no implique terminación del proceso, el juez adoptará las medidas respectivas para que el proceso pueda continuar; o si fuere el caso, concederá al ejecutante un término de cinco días para subsanar los defectos o presentar los documentos omitidos, so pena de que se revoque la orden de pago, imponiendo condena en costas y perjuicios. El mandamiento ejecutivo ya no es apelable. (Artículos 505 e inciso final artículo 509 C. de P. Civil).

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico b) También puede el demandado dentro de los diez días siguientes a la notificación del mandamiento ejecutivo, proponer excepciones perentorias dentro del mandamiento ejecutivo, proponer excepciones perentorias (también llamadas de fondo o de mérito). Al escrito de excepciones deben anexarse los documentos que se encuentren en poder del ejecutado y que estén destinados a servir de prueba y solicitarse las que se consideren pertinentes para demostrar los hechos que configuran los medios exceptivos. Así mismo el ejecutado, cuando se trate de ejecución distinta a la de sumas de dinero, podrá objetar la estimación de perjuicios que se haya hecho en la demanda. En esos casos deberá fundamentar la objeción y pedir o aportar las pruebas que pretenda hacer valer. 4.

Acumulación de demandas ejecutivas:

Por último, importante es resaltar que una demanda ejecutiva de mínima cuantía, puede ser acumulada a una demanda ejecutiva de mayor o menor cuantía o a una de éstas acumularse una demanda ejecutiva de mínima cuantía, aunque en este caso se alteraría la competencia, conforme a lo previsto por el artículo 21 del C. de P. Civil.

3. MODELO DE PODER PARA ADELANTAR PROCESO EJECUTIVO SINGULAR Señor: JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA – REPARTO E.S.D. ____________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. de __________, a Usted con todo respeto me permito manifestarle que confiero poder especial, amplio y suficiente al estudiante de práctica de Consultorio Jurídico __________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. de y Código No. de la Universidad _______ para que inicie y lleve hasta su terminación proceso ejecutivo de mínima cuantía, con pagaré, en contra del señor ____________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. _______ de _________. Mi apoderado queda facultado para transigir, recibir, desistir, conciliar, sustituir, reasumir y en general hacer todo lo que más convenga a mis intereses.

Sírvase señor Juez, reconocerle personería a mi abogado para los efectos y dentro de los términos de este mandato. Del señor Juez: Atentamente, Firma y antefirma demandante C.C. No. _________ de ______

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil Acepto: Firma y antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico C.C. ________ de _______ Código No. _______de la Universidad __________

4. MODELO DE DEMANDA EJECUTIVA Señor: JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA – REPARTO E.S.D. Ref. Proceso Ejecutivo Singular de Mínima Cuantía de _________ contra ___________ -------------------_______________ mayor de edad, vecina de Pereira, identificado con la C. C. No. expedida _________ , y Código No. _______de la Universidad ________, apoderado judicial del señor _____________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C. C. No. __________ expedida en __________ , a Usted con todo respeto me permito presentar demanda ejecutiva singular de mínima cuantía, con cheque (o letra o factura cambiaria de compraventa o pagaré) en contra del señor _______________, mayor de edad y vecino de Pereira, con el fin de que resuelva el siguiente: PETITUM Sírvase señor Juez, librar mandamiento ejecutivo a favor de ____________y en contra de ______________ , por los siguientes conceptos: 1. Por la suma de $ ___________ como capital. 2. Por los intereses moratorios a la máxima tasa permitida legalmente, desde ____________ hasta que se efectúe el pago total de la obligación. 3. Por el 20% del importe del cheque como sanción comercial (si el título es un cheque y por causas imputables al librador no fue pagado) 4. Que oportunamente se condene en costas al demandado HECHOS 1. El señor___________ giró el día______ a favor del señor __________el cheque No. ________ contra su cuenta corriente del Banco _______ (o suscribió una letra de cambio o un pagaré o una factura cambiaria de compraventa o quedó obligado conforme a un acta de conciliación). 2. El cheque objeto de esta acción, (o la letra o el pagaré o la factura cambiaria de compraventa) fue endosado (si ello sucede) en propiedad al señor

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico 3. El cheque fue presentado oportunamente para su pago y protestado y devuelto por el banco girado por la causal de insuficiencia de fondos (o la letra o el pagaré o la factura cambiaria de compraventa, se encuentra de plazo vencido, toda vez que se hizo exigible desde el día ______de______ de________ ), 4. Al capital que ejecutivamente se cobra, se le hizo un abono de $200.000.00, quedando un saldo insoluto de $________ , siendo éste exigible en su totalidad por mora en el pago. 5. Como no se estipularon por convenio los intereses de mora, se cobrará el máximo permitido legalmente en los distintos períodos y según lo que la Superintendencia Bancaria ha fijado. 6. La obligación contenida en el documento base de esta acción, es clara, expresa y exigible. Procede del deudor demandado y constituye prueba en su contra. DERECHO Si es cheque (Artículos 488 C. P. C.; 619 y ss., 712, 713, 714, 717, 718, 731 y 884 C. de Comercio. Si es letra de cambio (Artículos 488 C. P. C.; 619 y ss., 671 y ss. y 884 C. de Comercio. Si es pagaré (Artículos 488 C. P. C.; 709 a711 y 884 C. de Comercio. Si es factura cambiaria de compraventa (Artículos 488 C. P. C.; 772 y ss. y 884 C. de Comercio. Si es providencia con fuerza ejecutiva (Artículo 488 C. P. C.) Si es una conciliación (Artículos 488 C. P. C.; 66 Ley 446 de 1.998 y parágrafo 1º. Artículo 1º. Ley 640 de 2.001. Si es documento privado con fuerza ejecutiva (Artículo 488 C. P. C. y artículos 11 y 12 Ley 640 de 2001). PROCESO, CUANTIA Y COMPETENCIA Ejecutivo regulado por los artículos 497 y ss. C. de P. Civil. La competencia es suya por la cuantía que es mínima y por el domicilio del demandado. PRUEBAS El documento relacionado en el hecho 1. de esta demanda. ANEXOS

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil El documento relacionado en las pruebas, copia de esta demanda para el archivo de su Juzgado y de ella y sus anexos en _______ juegos para la notificación del mandamiento ejecutivo. En escrito separado, solicitud de medidas cautelares.

NOTIFICACIONES Y DIRECCIONES Demandante _________ Tel ______Pereira Demandado ________ Tel ______Pereira Como estudiante de Consultorio Jurídico me notificaré en la secretaría de su despacho o en la calle 40 No. 7-30 teléfono 3360181, Consultorio Jurídico Universidad Libre, Seccional Pereira. Del señor Juez: Con atención Firma y antefirma ____________________________________ Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico C.C. ________de ________ Código No. ______ de la Universidad ___________

5. MODELO DE DEMANDA EJECUTIVA PARA EL COBRO DE CANONES DE ARRENDAMIENTO, HONORARIOS Y COSTAS DE PROCESO Señor: JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA- REPARTO E.S.D. Referencia: Proceso ejecutivo singular de mínima cuantía de_______ Contra _____________ ____________ mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. ________ No. _______de ____ y Código No.______ de la Universidad _______estudiante de práctica de Consultorio Jurídico, apoderado judicial del señor , mayor de edad, vecina de Pereira, identificada con la C.C. No. _________de ________a Usted con todo respeto me permito presentar demanda ejecutiva singular de mínima cuantía, en contra de __________mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. _______de _________ con el fin de que se resuelva el siguiente:

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico PETITUM Sírvase señor Juez, librar mandamiento ejecutivo a faºvor del señor _______ y en contra del señor _________ por los conceptos siguientes: 1. Por la suma de $118.000 como capital exigible a partir del 18 de diciembre de 1.999 2. Por los intereses de mora del 6% anual, contados a partir del 18 de diciembre de 1.999 hasta cuando se efectúe el pago total de la obligación. 3. Por la suma de $118.000 como capital exigible a partir del 19 de enero de 2004. 4. Por los intereses de mora del 6% anual, contados a partir del 19 de enero de 2004, hasta cuando se efectúe el pago total de la obligación. 5. Por la suma de $118.000 como capital exigible a partir del 19 de febrero de 2004. 6. Por los intereses de mora del 6% anual, contados a partir del 19 de febrero de 2004 hasta cuando se efectúe el pago total de la obligación. 7. Por la suma de $269.000 como capital exigible a partir del 22 de abril de 2004. 8. Por los intereses de mora del 6% anual, contados a partir del 22 de abril de 2004, hasta cuando se efectúe el pago total de la obligación. 9. Que se condene al demandado al pago de las costas procesales y las agencias en derecho. HECHOS 1. El 19 de agosto de 2003 el señor entregó en arrendamiento a la señora una casa de habitación ubicada en ________comprometiéndose a cancelar un canon mensual de $100.000,oo. 2. El 24 de enero de 2004, el señor demandó en proceso abreviado de Restitución de Inmueble Arrendado a la señora _____________ por mora en el pago de los arrendamientos. 3. La demanda fue admitida por el Juzgado ___ y terminó con sentencia de fecha marzo 11 de 2004. 4. A la señora le fue notificada la restitución del inmueble y sólo hizo entrega real y material del mismo, el 22 de abril de 2004, como consta en el documento de entrega suscrito por la arrendataria. 5. La señora como parte demandada, dejó de cancelar los cánones de arrendamiento correspondiente a los siguientes períodos: del 19 de noviembre de 2003, al 18 de diciembre de 2003; del 19 de diciembre de 2003 al 18 de enero de 2004; del 19 de enero de 2004 al 18 de febrero de 2004. 6. A la señora __________ como parte demandada, el juzgado ______la condenó a pagar las costas y las agencias en derecho, por valor de $269.000, mediante providencia de fecha marzo 27 de 2004, la cual quedó debidamente ejecutoriada el 21 de abril de 2004, a las 6pm.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil 7. La señora ________ no ha pagado ni en todo ni en parte los cánones de arrendamiento dejados de cancelar por los períodos relacionados en el Hecho 7, ni las costas a que fue condenada según Hecho 8 de la demanda, siendo exigible la totalidad por mora en el pago. 8. Los títulos que sirven de recaudo ejecutivo, constituyen una obligación clara, expresa y actualmente exigible, constituye prueba contra el deudor moroso y la obligación que en los documentos consta puede ser demandada ejecutivamente. 9. El señor me ha conferido poder para proceder ejecutivamente DERECHO Artículo 488 C. de P. Civil. PROCESO,CUANTIA Y COMPETENCIA Ejecutivo regulado por los artículos 497 y ss. C. de P. Civil. La competencia es suya por la cuantía que es mínima y por el domicilio del demandado. PRUEBAS El contrato de arrendamiento suscrito entre: _____________ con las anotaciones correspondientes. Fotocopia debidamente autenticada de la sentencia donde se declara terminado el contrato de arrendamiento. Fotocopia debidamente autenticada de la liquidación de costas, de su auto aprobatorio y constancia sobre su ejecutoria. Recibo original suscrito por la señora ___________ donde hace constar la fecha en la cual se hizo la restitución del inmueble ANEXOS Los documentos relacionados en las pruebas. Copia de la demanda para el archivo de su Juzgado y de ella y sus anexos en juegos para la notificación del mandamiento ejecutivo al demandado o demandados. El poder para actuar y folio de medidas cautelares. DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES Demandante _________ Tel ____Pereira Demandada: _________ Tel ______ Pereira Como estudiante de Consultorio Jurídico, me notificaré en la secretaría de su despacho o en la calle 40 No. 7-30, teléfono 3360181, Pereira.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Del señor juez: Atentamente, Firma y antefirma ____________________________________ Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico CC No. __________ de __________ Código No. _________de la Universidad ________ Pereira, 22 de abril de 2003 HAGO CONSTAR Que en el día de hoy a las 5.00pm he recibido de parte de la señora ____________ la casa que ésta tenía en arrendamiento, ubicada en ______________. Quien entrega: _________________ Firma y antefirma CC No.________ de ________ Arrendataria Quien recibe: ________________ Firma y antefirma CC No._________ de __________ Arrendadora Juzgado________Pereira, 27 de marzo de 2004 ___________ Procédase por la Secretaria a realizar la liquidación de las costas causadas dentro de este proceso, para lo cual se fija como agencias en derecho la suma de $___________ Mcte. Cúmplase, El Juez _______________ Firma y antefirma El suscrito Secretario del Juzgado _____ en cumplimiento del auto anterior, procede a realizar la liquidación de costas dentro del presente proceso, así: Vr. Agencias en Derecho

$266.000,oo

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil Vr. Notificación Total

3.000,oo $269.000,oo

Son: DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE. Pereira, 27 de marzo de 2004 Firma y antefirma Secretario, FIJACION EN LISTA Y TRASLADO: La presente liquidación se fija en lista por UN DIA, hoy 28 de marzo de 2004 y de la misma se corre traslado a las partes por el término de TRES días, los cuales empiezan a correr el 29 de marzo de 2004, a las 8.00 am. ______________ Firma y antefirma Secretario

INFORME DE SECRETARIA El término del traslado de la anterior liquidación obrante a folio 23 frente, venció a las 6.00 pm. Del día 9 de abril de 2004 y ésta no fue objetada por las partes. El término corrió los días 29 de marzo, 8 y 9 de abril de 2004, inhábiles: 30 y 31 de marzo. Pereira, 12 de abril de 2004 _______________ Firma y antefirma Secretario CONSTANCIA SECRETARIAL El período comprendido entre el 1º de abril y el 7 del mismo mes no se tuvo en cuenta por cuanto el Juzgado se cerró por motivo de las vacaciones de Semana Santa Firma y antefirma Secretario Juzgado __________Pereira, Rda. doce de abril de 2004

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Como quiera que la anterior liquidación no fue objetada por las partes en el término legal, se aprueba la misma, la cual ascendió a la suma de $____________ Mcte. quedando a cargo de la parte demandada. NOTIFIQUESE El Juez, Firma y antefirma Juzgado________ Pereira, dos de julio de 2004 El contenido de las anteriores copias por el sistema Xerox y constantes de seis (6) folios, son auténticas con sus originales que reposan en este Juzgado y tomadas del proceso de “Restitución del Inmueble Arrendado” que fue instaurado por el señor: ___________ contra la señora ___________. Se expiden de conformidad a lo ordenado mediante auto de fecha 3 junio/2004 con destino a la parte demandante. Es primera copia y presta mérito ejecutivo. Conste, Firma y antefirma Secretario EL SUSCRITO SECRETARIO DEL JUZGADO SEXTO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA, RISARALDA HACE CONSTAR En cumplimiento a las exigencias del artículo 395 del CPC, el auto mediante el cual se aprobó la liquidación de costas dentro del proceso de Restitución a que se refieren las anteriores, se encuentra debidamente ejecutoriado. Igualmente se hace constar que no aparece constancia alguna que la parte demandada haya consignado suma de dinero por concepto de cánones de arrendamiento como tampoco para el pago de las costas a que fue condenada a favor de la parte demandante. Conste, Pereira, 2 de julio/2004 Firma y antefirma Secretario

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil 6. MODELO DE PODER PARA ADELANTAR PROCESO EJECUTIVO CON TITULO PRENDARIO Señor: JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA – REPARTO E.S.D. ______________ Mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No._______de______en mi condición de representante legal de la sociedad denominada __________como Gerente, a Usted con todo respeto me permito manifestarle que confiero poder especial, amplio y suficiente al estudiante de práctica de Consultorio Jurídico ___________ mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No.__________ expedida en ______ y código No._______ de la Universidad _______ para que inicie y lleve hasta su terminación proceso ejecutivo de mínima cuantía, con Título Prendario, en contra del señor ___________ mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No. ________ de _______. Mi apoderado queda facultado para transigir, recibir, desistir, sustituir, reasumir y en general hacer todo lo que más convenga a mis intereses.

Sírvase señor Juez, reconocerle personería a mi abogado para los efectos y dentro de los términos de este mandato. Del señor Juez, Atentamente, Firma y antefirma __________________ CC __________ de ________ Acepto. ___________________ Firma y antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico CC _________ de __________ Código No. de la Universidad

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico 7. MODELO DE DEMANDA EJECUTIVA CON TITULO PRENDARIO Señor: JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA- REPARTO E.S.D. Referencia. Proceso Ejecutivo con Título Prendario de ________ contra ________ ___________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No.______ de y código No. _____ de la Universidad _______, estudiante de práctica de Consultorio Jurídico, en mi condición de apoderado judicial del señor___________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No. _________ expedida en _______, quien obra en nombre y representación de en su calidad de gerente, a Usted con todo respeto me permito presentar demanda ejecutiva singular de mínima cuantía, con título prendario en contra del señor __________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No. ______ de ________ con el fin de que resuelva el siguiente: PETITUM Sírvase señor Juez, librar mandamiento ejecutivo de pago a favor de ______ y en contra del señor __________ por los conceptos siguientes: 1. Por la suma de $ _________ como capital exigible a partir del ________de_________ en Pereira. 2. Por los intereses de mora a la tasa máxima permitida legalmente desde_______ hasta cuando se efectúe el pago total de la obligación. 3. Que se condene a la parte demandada al pago de las costas procesales HECHOS 1. El día ________ el señor _________ se constituyó deudor de la sociedad denominada AUTOMOTORES LA CALLEJA S.A. por la suma de $__________, comprometiéndose a pagar el 3% mensual por intereses moratorios durante el tiempo que se encuentre sin satisfacer la obligación. 2. Para garantizar dicha suma de dinero, firmó un pagaré el día_____de _____ y se obligó a pagar tres cuotas mensuales, así: la primera el _____; la segunda ______; la tercera el _____. 3. A la obligación objeto de esta acción no se le ha efectuado ningún abono, siendo exigible la totalidad por mora en el pago. 4. El deudor se obligó a pagar a mi mandante las cuotas oportunamente o de lo contrario facultaban al acreedor para declarar vencida el plazo y en su totalidad los intereses moratorios, los gastos del proceso, así como las costas del mismo. 5. El señor ___________ , con el fin de garantizar el pago del capital, los intereses, gastos y costas del proceso, constituyó a favor de mi mandante prenda sin tenencia del

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil campero, tipo: cabinado, chasis Ajusvep - 41213, servicio particular, modelo 1997; color rojo andaluz, placas . 6. El pagaré objeto de esta acción se encuentra legalmente producido, constituye una obligación clara, expresa y actualmente exigible, constituye prueba contra el deudor moroso y la obligación que en el pagaré consta puede ser demandado ejecutivamente. 7. La señora _________ me ha concedido poder para iniciar la acción ejecutiva. EMBARGO Y SECUESTRO De conformidad con el artículo 555 del C. P. C., en el mismo auto que libre el mandamiento ejecutivo, solicito se decrete el embargo y secuestro del bien dado en prenda así: Vehículo, Marca Ford; Clase: Campero; Tipo Cabinado; Chasis: AJUSVEP-41213; Servicio: Particular; Modelo: 1997, Color: Rojo Andaluz; Placas _________, el cual se localiza en ______________. DERECHO Son aplicables las siguientes normas: Artículos 488 C. de P. Civil; 709 a 711, 884, 1200 a 1203, 1207 a 1220 Código de Comercio. PROCESO, CUANTIA Y COMPETENCIA Ejecutivo con título prendario de mínima cuantía, regulado por los artículos 554 a 560 del C. de P. Civil. La competencia es suya por la cuantía que es mínima y por el domicilio del demandado o por el lugar del cumplimiento de la obligación.

PRUEBAS 1. El poder para actuar. 2. El pagaré debidamente firmado por el deudor y la prenda sin tenencia. 3. Certificado de existencia y representación legal de la sociedad demandante. 4. Certificación expedida por la sección de radicación de documentos del Instituto Municipal de Tránsito y Transporte de Pereira, donde consta la propiedad del automotor. ANEXOS Los documentos relacionados en pruebas, copia de la demanda para el archivo del juzgado, copia de la demanda y sus anexos para el respectivo traslado y notificación. NOTIFICACIONES Y DIRECCIONES Demandante: _________ Tel. ______ Pereira Demandado: _________ Tel _______Pereira Como estudiante de Consultorio Jurídico, en la Secretaría de su Despacho o en la calle 40 No. 7-30, teléfono 3360181, Pereira.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Del señor Juez: Con atención: Firma y antefirma ____________________________________ Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico C.C. ______ de _________ Código No. ______ de la Universidad _______

8. MODELO DE PODER PARA ADELANTAR PROCESO EJECUTIVO CON TITULO HIPOTECARIO Señor: JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA – REPARTO E.S.D. ____________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. _______ de ______ a Usted con todo respeto me permito manifestarle que confiero poder especial, amplio y suficiente al estudiante de práctica de Consultorio Jurídico ________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. ________ expedida en ______ y código No. _____ de la Universidad para que inicie y lleve hasta su terminación proceso ejecutivo con Título Hipotecario, en contra del señor ________ , mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. ______de ______. Mi apoderado queda facultado para transigir, recibir, desistir, conciliar, sustituir, reasumir y en genera hacer todo lo que más convenga a mis intereses. Sírvase señor Juez, reconocerle personería a mi abogado para los efectos y dentro de los términos de este mandato.

Atentamente, Firma y antefirma CC _______ de ________ Acepto. Firma y antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico CC _______ de _______ Código No. ______ de la Universidad __________

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil 9. MODELO DE DEMANDA EJECUTIVA CON TITULO HIPOTECARIO Señor: JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA – REPARTO E.S.D. Referencia. Ejecutivo con Título Hipotecario de _________ contra _________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No.______ de y código No. _______ de la Universidad ______, estudiante de práctica de Consultorio Jurídico, apoderado judicial de la señora ________, mayor de edad, vecina de Pereira, identificada con la C.C. No. _______ expedida en _____, a usted con el debido respeto me permito presentar demanda ejecutiva con Título Hipotecario Mínima Cuantía, en contra de la señora ________ , mayor de edad, vecina de Pereira, con el fin de que se resuelva el siguiente: PETITUM: 1.) Librar mandamiento ejecutivo a favor del señor ___________ y en contra del señor, ____________ por los conceptos siguientes: a) Por $4.000.000.00 como capital, representado en la Escritura de Hipoteca No.1.140 de 15 de abril de 2001. b) Por los intereses moratorios que dicho capital hubiese producido a la tasa máxima permitida legalmente, desde el 15 de junio de 1.988, hasta cuando se efectúe el pago total de la obligación. 2) Decretar en la sentencia, la venta en pública subasta del inmueble hipotecado que se detalla a continuación: (Aquí se debe identificar el bien por su ubicación y linderos. Debe además indicarse el número de la ficha catastral y el número de matrícula inmobiliaria). 3) Condenar en costas a la parte demandada. MEDIDAS CAUTELARES En el mandamiento de pago, le solicito muy respetuosamente al señor Juez, se sirva decretar el embargo y secuestro del inmueble hipotecado, descrito anteriormente, oficiando para ello al señor Registrador de I. P. de Pereira. HECHOS PRIMERO. Mediante la escritura pública No. 1140 de fecha 15 de abril de 2001, de la Notaría Tercera del Circuito de Pereira, la señora ___________ se constituyó deudora de la señora _____________, por la suma de $4.000.000, exigibles el 15 de diciembre de 2001, más los intereses del plazo y mora y costas del proceso. SEGUNDO. La señora __________ sólo canceló los intereses del plazo hasta el 14 de junio de 2001, quedando en mora de cancelar los correspondientes al 15 de julio de 2001,

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico al 15 de agosto de 2001, al 15 de septiembre de 2001, al 15 de octubre de 2001, al 15 de noviembre de 2001, al 15 de diciembre de 2001. TERCERO. En la escritura de hipoteca se estipuló en la Cláusula Quinta la Cláusula Aceleratoria, así que el acreedor podrá declarar vencida o insubsistente el plazo y hacer efectivo el pago total de la deuda ejecutivamente o de cualquier otro modo legal, en caso de mora en el pago de los intereses. CUARTO. Con base en la cláusula anterior la obligación se hizo exigible desde el 15 de junio de 2001, fecha en que la deudora quedó en mora de pagar los intereses pactados, siendo por consiguiente exigible la totalidad por mora en el pago. QUINTO. Para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, la señora ___________ comprometió su responsabilidad personal, ya que gravó a favor de mi mandante con hipoteca abierta de primer grado el bien inmueble descrito en el numeral segundo del petítum de esta demanda. SEXTO. La señora ____________ es la actual poseedora inscrito del inmueble. SÉPTIMO. La señora _____________ en su condición de acreedora hipotecaria, me ha conferido poder especial, amplio y suficiente para iniciar la acción ejecutiva. OCTAVO. La obligación demandada es clara, expresa y exigible, razón por la cual presta mérito ejecutivo. DERECHO Fundamento esta demanda en los artículos 2221 a 2235, 2432 a 2457 del C. Civil. PROCESO, CUANTIA Y COMPETENCIA Ejecutivo con título hipotecario de que tratan los artículos 554 a 560 C. de P. Civil; la competencia es suya señor Juez, por la cuantía que es mínima, por el lugar de ubicación del inmueble gravado y por el domicilio del demandado. PRUEBAS. 1. La copia de la escritura pública No. 1140 de fecha 15 de abril de 2001 de la Notaría Tercera del Círculo de Pereira. 2. Certificado de Tradición del bien hipotecado. ANEXOS 1. 2. 3. 4.

Los documentos relacionados en pruebas. Copia de la demanda para el archivo del juzgado. Copia de la demanda y sus anexos para el traslado y notificación a la demanda. El poder para actuar.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES Demandante: _________ Tel. ______Pereira Demandada: ______ Tel. _____ Pereira Como estudiante de Consultorio Jurídico me notificaré en la secretaría de su despacho en la calle 40 No. 7-30 teléfono 3360181, Pereira. Del Señor Juez, Con atención: Firma y Antefirma _____________________________________ Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico C.C. No.________ de ________ Código No. _________ de la Universidad __________

10. MODELO DE PODER PARA ADELANTAR PROCESO EJECUTIVO CON ACCION MIXTA Señor: JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA – REPARTO E.S.D. ______________ , mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No.________de ________, a Usted con todo respeto me permito manifestarle que confiero poder especial, amplio y suficiente al estudiante de práctica de Consultorio Jurídicomayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No.______ expedida en _______ y código No. _____ de la Universidad ________ para que inicie y lleve hasta su terminación, proceso ejecutivo con Acción Mixta en contra de los señores __________, mayores de edad, vecinos de Pereira, identificados con las CC No.s __________. Mi apoderado queda facultado para transigir, recibir, desistir, conciliar, sustituir, reasumir y en general hacer todo lo que más convenga a mis intereses. Sírvase señor Juez, reconocerle personería a mi abogado para los efectos y dentro de los términos de este mandato. Del señor Juez, Atentamente, Firma y antefirma

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico CC ______de _______ Acepto. Firma y antefirma ____________________________________ Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico CC ______de _______ Código No.______de la Universidad _______

11. MODELO DE DEMANDA EJECUTIVA CON ACCION MIXTA Señor: JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA- REPARTO E.S.D. Referencia: Proceso Ejecutivo con Acción Mixta De ___________ contra ________ _______________ mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No.______ de y código No. _______ de la Universidad ___________, estudiante de práctica de Consultorio Jurídico, a Usted con todo respeto me permito presentar demanda ejecutiva, con acción mixta, en contra de la persona y bienes de la señora __________, mayor de edad, vecina de Pereira, identificada con la C.C. No.________ expedida en y el señor _______, mayor de edad, vecino de Dosquebradas, identificado con la CC No. _______ expedida en ______ con el fin de que resuelva el siguiente: PETITUM Sírvase señor Juez, librar mandamiento ejecutivo a favor de __________ y en contra de ____________ por los siguientes conceptos: 1.- Por la suma de $_________ como capital. 2.- Por los intereses de mora a la tasa máxima permitida legalmente, desde hasta cuando se efectúe el pago total de la obligación. 3. Que oportunamente se condene en costas a los demandados. HECHOS 1. El día 4 de agosto de 2003, los señores: _______________ constituyeron a favor de AUTOMOTORES LA CALLEJA, un pagaré por la suma de__________$ _________, comprometiéndose a cancelarlo así: a) La suma de $_______ el día 4 de septiembre de 1999; b) La suma de $_____el día 19 de septiembre de 2003; c) La suma de $ el día 4 de octubre de 2003; d) La suma de $_______ el día 4 de noviembre de 2003, en Pereira.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil 2. Al pagaré objeto de esta acción se le aplicó un abono de _______ quedando un saldo insoluto de _______, siendo exigible su totalidad por mora en el pago. 3. Como no fueron pactados intereses de mora, se cobrarán el doble del interés bancario para créditos ordinarios, siguiendo la tabla que para tal efecto tiene la Superintendencia Bancaria, pero siguiendo la política de la empresa en cuanto al cobro de intereses de mora se refieren, se tasan para este caso en 3% mensual. 4. La señora y el señor _________, con el fin de garantizar el pago del capital, los intereses, los gastos y costas del proceso, constituyeron a favor de la sociedad demandante Prenda Abierta sin Tenencia del Acreedor, sobre el siguiente bien mueble. Vehículo marca Ford Explorer; Clase: automóvil; Tipo: Campero; Chasis: AJU3WP-23272; Servicio Particular; Modelo: 1999, Color: Azul verdoso; Placas:____________. 5. El pagaré objeto de esta acción se encuentra legalmente producido, constituye una obligación clara, expresa y actualmente exigible, constituye prueba contra los deudores morosos y la obligación que en el pagaré consta puede ser demandada ejecutivamente. 6. El representante legal de la sociedad, me ha concedido poder para proceder ejecutivamente. DERECHO Artículos 488 C. P. C.; 709 a711 y 884; 1200 a 1203, 1207 a 1220 Código de Comercio. PROCESO, CUANTIA Y COMPETENCIA Ejecutivo con Acción Mixta, de mínima cuantía de que trata el Título XXVIII del CPC; artículos 488 y ss; Art. 554 inciso final ibídem, pues la parte acreedora persigue bienes distintos a los gravados con prenda y que son de propiedad de los deudores, la competencia es suya por la cuantía que la estimo en más de $________ y por el domicilio de los demandados que es la ciudad de Pereira y Dosquebradas, respectivamente. PRUEBAS Pagaré por valor de $_________ ; la prenda abierta sin tenencia suscrita por los deudores; copia del certificado de existencia y representación legal de Automotores La Calleja S.A.; Certificado expedido por la Oficina de Tránsito donde consta la inscripción de la prenda. ANEXOS Los documentos relacionados en pruebas, copia de la demanda para el archivo del juzgado, copia de la demanda y sus anexos para la notificación del mandamiento ejecutivo. NOTIFICACIONES Y DIRECCIONES

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Demandante: _______ Tel. ______ Pereira Demandados: a) ________ Tel. _____Pereira b) ___________ Tel _______Pereira Como estudiante de Consultorio Jurídico: me notificaré en la Secretaría de su Despacho ó en la calle 40 No. 7-30, teléfono 3360181, Pereira. Sírvase señor Juez, librar despacho comisorio a uno de los despachos judiciales de Dosquebradas con el fin de que sea notificado el mandamiento de pago al demandado ______________. Del Señor Juez: Con atención, _______________ Firma y antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico C.C. No. _________ de _____ Código No. ______ de la Universidad . Nota: Las medidas cautelares en esta clase de proceso deben pedirse en folio separado, pues el demandante deberá constituir caución para garantizar el pago de los perjuicios que se puedan causar con la medida.

12. PROCESO ABREVIADO DE RESTITUCION DE INMUEBLE ARRENDADO OBSERVACIONES: 1. En esta clase de proceso la competencia se determina a) Por la cuantía; b) Por el lugar de ubicación del inmueble. La cuantía se fija en la siguiente forma: a) Si se trata de un contrato de arrendamiento escrito o verbal a término fijo, la cuantía se determina multiplicando el valor del canon de arrendamiento mensual por el tiempo de vigencia del contrato; b) Si se trata de un contrato de arrendamiento verbal o escrito a término indefinido, la cuantía se determina multiplicando el valor del arrendamiento por un año. 2. En los contratos verbales de arrendamiento para poder inicia la acción de restitución, es necesario preconstituir el contrato de arrendamiento por uno cualquiera de los medios establecidos en la ley, como interrogatorio de parte; declaraciones extrajudiciales, etc. (ver modelo). 3. En este proceso debe agotarse la notificación personal del auto admisorio de la demanda al arrendatario, en la forma prevista por el artículo 315 del Código de Procedimiento Civil. Tratándose de inmuebles destinados a vivienda urbana, la

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil notificación se surte en el lugar indicado en el contrato y a falta de estipulación en el inmueble objeto del mismo. Así lo dice el artículo 12 de la ley 820 de 2003. 4. El juez competente es el del lugar donde se encuentre ubicado el bien a restituir. 5. Es de advertir que lo dispuesto en la ley 446 de 1998 en su artículo 69, es de suma importancia para los estudiantes de Consultorio Jurídico, al referirse a la conciliación sobre inmueble arrendado, ya que adicionó que los Centros de Conciliación podrán solicitar a la autoridad judicial que comisione a los Inspectores de Policía para realizar la diligencia de entrega de un bien arrendado, cuando exista incumplimiento de un acta de conciliación con un acta al respecto. 6. El término de traslado al demandado para contestar la demanda, es de diez (10) días hábiles contados a partir de la fecha de la notificación de la admisión de la misma, anotando de paso que el arrendatario para ser oído deberá consignar a órdenes del juzgado los cánones de arrendamiento adeudados, cuando la causal invocada es la mora en el pago de la renta. 7. Conforme a lo dispuesto en el artículo 35 de la ley 820 de 2003, en todos los procesos de restitución de tenencia por arrendamiento, cualquiera que fuere la causal invocada, el demandante podrá pedir, desde la presentación de la demanda o en cualquier estado del proceso, la práctica de embargos y secuestros sobre cualquier bien del demandado, con el fin de asegurar el pago de los cánones de arrendamiento adeudados o que se llegaren a adeudar, de cualquier otra prestación económica derivada del contrato, del reconocimiento de las indemnizaciones a que hubiere lugar y de las costas procesales. 8. En el proceso de restitución, agotada la etapa de la conciliación, se procede a un término probatorio de veinte (20) días hábiles. 9. Si notificada la sentencia proferida por el juez, no se restituye el bien por parte del arrendador, se solicitará al juez que comisione a un Inspector de Policía a efecto de que lleve a cabo la diligencia de desalojo y entrega del inmueble. 10. Las normas que informan la materia en esta clase de proceso, son fundamentalmente el artículo 424 y ss. C. de P. Civil y las demás que las modifican y adicionan (Ley 820 de 2003 para vivienda urbana; y el Código de Comercio en sus artículos 518 y ss. para locales comerciales).

13. MODELO DE DECLARACIONES EXTRAJUICIO PARA PRECONSTITUIR CONTRATO DE ARRENDAMIENTO Señor: NOTARIO _______ DEL CIRCULO DE __________ Referencia. Declaraciones extrajuicio para la preconstitución de contrato de arrendamiento.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico ___________, ambos mayores de edad, vecinos de Pereira, identificados con las CC Nos _________expedidas en __________, residentes en esta ciudad, ante Usted con todo respeto y advertidos de lo preceptuado en los artículos 442 del CP y 269 del CPP, nos permitimos manifestarle bajo la gravedad del juramento lo siguiente: Primero: Que desde hace varios años conocemos de vista, trato y comunicación al señor _____________. Segundo. Que por el conocimiento que tenemos de él, sabemos y nos consta que es propietario de una casa de habitación de dos plantas, ubicada en la dirección _______________ y cuyos linderos generales son los siguientes: Por el norte con________ ; con el sur __________. Tercero. Que sabemos y nos consta que el señor entregó en arrendamiento mediante contrato verbal al señor ___________, el inmueble descrito anteriormente y por el término de _______ (colocar el término convenido o manifestar que fue a término indefinido). Cuarto: Que sabemos y nos consta que el canon de arrendamiento se estableció en la suma de $_________ pagaderos por mensualidades anticipadas durante los primeros cinco (5) días de cada período mensual. Quinto. Que sabemos y nos consta que los servicios de agua, luz, teléfono y administración serían cancelados por el arrendatario. Sexto. Igualmente sabemos y nos consta que el inmueble fue ocupado en tal fecha y desde esta fecha empezó a correr el término del contrato. Una vez reconocido el anterior documento, sírvase señor Notario devolver los originales, a efecto de hacerlos valer ante las autoridades judiciales. Atentamente,

___________________________ Firma y antefirma del declarante CC No.__________ de __________

14. MODELO DE PODER PARA INICIAR PROCESO DE RESTITUCION DE INMUEBLE Señor: JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA – REPARTO E.S.D.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil ______________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. ________ de ________, a Usted con todo respeto me permito manifestarle que confiero poder especial, amplio y suficiente al estudiante de práctica de Consultorio Jurídico mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No._______ expedida en _______ y código No._______de la Universidad__________ para que inicie y lleve hasta su terminación, Proceso Abreviado de Restitución de Inmueble Arrendado, en contra de los señores __________, mayores de edad, vecinos de Pereira, identificados con las CC Nos. ________ expedida en _________ y en relación con un inmueble entregado en arrendamiento en la dirección ____________. Mi apoderado queda facultado para transigir, recibir, desistir, sustituir, reasumir, conciliar, solicitar LA PRACTICA DE PRUEBAS ANTICIPADAS y en general hacer todo lo que más convenga a mis intereses. Sírvase señor Juez, reconocerle personería a mi abogado para los efectos y dentro de los términos de este mandato. Del señor Juez, Atentamente, ______________ Firma y antefirma CC _______ de _______ Acepto. _______________ Firma y antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico CC______ de _______ Código No. ________ de la Universidad

15. MODELO DE DEMANDA DE RESTITUCION DE INMUEBLE ARRENDADO Señor: JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA – REPARTO E.S.D. Referencia. Proceso Abreviado de Restitución de Inmueble de _________ contra _________ _____________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No. ______ de ________ y código No. de la Universidad ______, estudiante de práctica de Consultorio Jurídico, a Usted con todo respeto me permito presentar el poder especial

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico que me ha conferido la señora__________, mayor de edad, vecina de Pereira, identificada con la C.C. No __________ expedida en _______ para iniciar y llevar hasta su terminación proceso abreviado de Restitución de Inmueble Arrendado, en contra de los señores __________, mayores de edad, vecinos de Pereira, identificados con la C.C. No. _______ de Pereira, de un inmueble que ocupan en la urbanización El Jardín II, etapa , bloque ____ Apto. ________ de la nomenclatura urbana de esta ciudad. Como expresamente y por su ejercicio, manifiesto que lo acepto, comedidamente le solicito se me reconozca personería para actuar dentro del antes citado proceso. El fundamento de mi demanda loa hago consistir en lo siguiente: HECHOS Primero. Mediante contrato escrito, la señora ________en su calidad de arrendadora, entregó en arrendamiento a los señores ________en calidad de arrendatarios, un inmueble ubicado en el bloque_____ Apto ______ de la urbanización El Jardín III etapa, con el fin de ser ocupado como vivienda. Segundo. El apartamento que hace parte del bloque No.____de la urbanización El Jardín III etapa, distinguido con el No._____ con un área de _____ con registro catastral No. _____ el cual consta de sala- comedor, cocina con zona de ropas, dos alcobas, vestíbulo de alcoba y un baño, cuyos linderos son los siguientes: por el norte con ________ ; por el sur con ; por el oriente con ________; por el occidente con _________; por el cenit con el segundo piso y por nadir con el terreno en que se encuentra construido. Tercero. El termino de duración del contrato se pactó en doce meses (12) contados a partir del ______ de _____ de 2006 hasta el _____ de _____ de 2006. Cuarto. El canon de arrendamiento se acordó en la suma de $20.000 mensuales, pagaderos por mensualidades anticipadas, dentro de los cinco (5) primeros días de cada período mensual, esto es del 1º al 5 de cada mes. Quinto. Los arrendatarios están en mora de pagar los siguientes meses: del 15 de febrero al 14 de marzo de 2001; del 15 de marzo de 2001 al 14 de abril de 2001; del 15 de abril al 14 de mayo de 2001; del 15 de mayo al 14 de junio de 2001; del 15 de junio al 14 de julio de 2001. Como en la cláusula de pago se estipula que el canon se pagará por mensualidades anticipadas dentro de los cinco primeros días de cada período mensual, el arrendador expresamente manifiesta desde ya que no consciente la mora, ni la ha propiciado, ni la permite, ni la condena, ni acepta variación alguna en el contrato. Sexto. Por las anteriores razones, los arrendatarios a quienes señaló como demandados, han incumplido el contrato de arrendamiento y el arrendador está en el derecho de solicitar su terminación. Con fundamento en los anteriores hechos, me permito formular a Usted lo siguiente: DEMANDA

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil 1.- Que mediante sentencia y por el procedimiento señalado en el titulo XXII, art.408 y s.s. del C. P. C. se declare la terminación del contrato de arrendamiento celebrado entre ____________ y los señores _____________. por mora en el pago de los cánones de arrendamiento descritos en el hecho quinto de esta demanda. 2.- Que como consecuencia de la anterior declaración, se decrete la restitución voluntaria del inmueble arrendado, en el término que el señor Juez señale y que si voluntariamente los demandados no lo restituyen, se practique el lanzamiento del mismo, haciendo uso de la fuerza pública, si fuere necesario. 3.- Que se condene en costas a la parte demandada. DERECHO Numeral 1 artículo 22 Ley 820 de 2.003. PRUEBAS a) El contrato escrito de arrendamiento debidamente suscrito por las partes. b) Poder para actuar. PROCESO, CUANTIA Y COMPETENCIA El abreviado de restitución de inmueble arrendado de que trata el Título XXII, Cap. 1 Art. 408 y ss del CPC es de mínima cuantía, por consiguiente la competencia es suya por la cuantía y por la ubicación del inmueble y domicilio de las partes. ANEXOS Los documentos relacionados en pruebas, copia de la demanda para el archivo del juzgado, copia de la demanda y sus anexos para el respectivo traslado a los demandados. PETICION ESPECIAL En ejercicio del derecho consagrado en el artículo 35 de la ley 820 de 2003, solicito se decrete el embargo y secuestro de los siguientes bienes que denuncio bajo juramento como de propiedad de los demandados (se puede solicitar el embargo y secuestro de cualquier bien de los demandados, inmuebles, muebles, vehículos, establecimientos de comercio, etc.). Sírvase señor juez, comisionar a la autoridad respectiva para la práctica de la diligencia. DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES Demandante: __________ Tel. ______Pereira Demandados: _______ Tel _______Pereira

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Como estudiante de Consultorio Jurídico, me notificaré en la secretaría de su despacho o en la calle 40 No. 7-30, teléfono 3660181, Pereira. Del señor Juez, Con atención, ________________ Firma y Antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico C.C. No._______ de ______ Código No. ______de la Universidad

16. MODELO DE MEDIDAS PREVIAS EN PROCESOS EJECUTIVOS Señor: JUEZ PRIMERO CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA E.S.D. Referencia: Medidas previas en el ejecutivo singular de mínima cuantía de______contra _____________. . Como apoderado de la parte actora en el proceso de ejecución referenciado, a Usted con todo respeto me permito solicitarle se sirva decretar el embargo y secuestro de los siguientes bienes de propiedad del demandado, los cuales denuncio bajo la gravedad del juramento como de su propiedad. 1. La quinta parte del sueldo, deducido el salario mínimo legal, que el señor _____________ devenga como docente al servicio del Departamento de Risaralda. 2. El remanente del producto de los bienes embargados o los que por cualquier causa se le llegaren a desembargar al aquí demandado, en el proceso ejecutivo que ante el Juzgado Segundo Civil Municipal de la ciudad, le adelanta ________________. 3. El vehículo de las siguientes características: Clase: Automóvil; Marca Serie: ________; Placa ________ etc.

;

Solicito a usted oficiar a la Oficina de Tránsito Municipal de Pereira, a efecto de que se de cumplimiento a la medida. Para la diligencia de secuestro el vehículo se localiza en __________. 4. Un inmueble ubicado en la ciudad de Pereira, en la calle _______ carrera _____ el cual se identifica con el número de entrada ___________, cuyos linderos generales son los

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil siguientes: ________ Folio de Matrícula Inmobiliaria No. _____ de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos de Pereira. Ruego a Usted oficiar a la Oficina de Registro de Pereira, con el fin de que sea inscrita la medida solicitada. Me reservo el derecho de denunciar otros bienes con el fin de garantizar el pago total de la obligación. Prestaré caución por el valor que ordene su despacho. Renuncio a términos de notificación y ejecutoria de auto favorable. Del señor Juez: Con atención, ________________ Firma y Antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico C.C. No._____ de _______ Código No.______ de la Universidad Nota. Es necesario tener en cuenta, cuando se pidan medidas cautelares, que conforme al artículo 513 del C. de P. Civil, el valor de los bienes no puede exceder el doble del crédito cobrado, sus intereses y las costas prudencialmente calculadas, para no excederse en los embargos. Claro está que eso no opera cuando se trate de un solo bien.

17. MODELO DE PODER PARA CONTESTAR DEMANDA Señor: JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE E.S.D. Referencia: Poder para contestación demanda ejecutiva de mínima cuantía De:______ Contra ________ (ó contestación demanda proceso ordinario de única instancia de ______ contra ______). ___________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. ____ de ________, a Usted con todo respeto me permito manifestarle que confiero poder especia, amplio y suficiente al estudiante de práctica de Consultorio Jurídico __________, mayor

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No. expedida en y código No. de la Universidad _____ para que asuma mi representación en el proceso (ejecutivo, abreviado o verbal sumario) que me instauró el señor ------------___________. Mi apoderado queda facultado para transigir, recibir, desistir, sustituir, reasumir, solicitar la práctica de pruebas anticipadas, y en general hacer todo lo que más convenga a mis intereses.

Sírvase señor Juez, reconocerle personería a mi abogado, para los efectos y dentro de los términos de este mandato. Del señor Juez, Atentamente, ___________________________ Firma y antefirma del demandado C.C. No._____ de _________ Acepto: _______________ Firma y antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico C.C. ______ de _______ . Código No.______ de la Universidad.________

18. MODELO PARA CONTESTAR DEMANDA Señor: JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE ___________ E.S.D. Referencia: Contestación demanda ejecutiva de mínima cuantía de _______ contra _________ (contestación demanda proceso ordinario de única instancia de ________ contra ________). ____________ Mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. ______ de ______ y código No. ______ de la Universidad ______ estudiante de práctica de Consultorio Jurídico, a Usted con todo respeto y dentro del término legal, me permito contestar la demanda de la referencia de la siguiente manera: A LOS HECHOS

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil Al Al Al Al

primero. Es cierto segundo. No es cierto. tercero. Es parcialmente cierto y me explico: es cierto en cuanto que ______ cuarto. No le consta a mi mandante. A LAS PRETENSIONES

Se opone mi mandante en forma rotunda, a todas y cada una de las pretensiones de la parte actora por las razones expuestas en la contestación de los hechos. EXCEPCIONES DE FONDO O MERITO Propongo como excepciones de mérito las siguientes: a) _____________ b) _____________ PRESCRIPCION HECHOS PRUEBAS. Solicito al señor Juez, sean decretadas, ponderadas y tenidas en cuenta las siguientes: Documental: __________ Testimonial: __________ DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES Demandante: _________ Tel. _______Pereira Demandado: ________ Tel. ______Pereira Como estudiante de Consultorio Jurídico, me notificaré en la Secretaría de su Despacho ó en la calle 40 No. 7-30, teléfono 3360181, Pereira. Del señor Juez, Con atención, ______________ Firma y antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico C.C. No._________ de __________ Código No._______ de la Universidad ____________

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico 19. MODELO DE LIQUIDACION DEL CREDITO EN PROCESOS EJECUTIVOS Señor: JUEZ PRIMERO CIVIL MUNICIPAL E.S.D. Referencia: Liquidación del crédito dentro del proceso ejecutivo singular de mínima cuantía. De: __________ contra ____________ ____________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No._______ de ______ y código No. _____ de la Universidad _______, apoderado judicial de la parte demandante en el proceso de la referencia, a Usted con todo respeto y de conformidad con el Art. 521 del CPC, modificado por el Decreto 2282 de 1989, me permito dejar a su consideración y a la de la parte demandada, la Liquidación del Crédito en el ejecutivo propuesto por_______ contra _____________. Capital

$5.000.000,oo

Intereses de mora $1.000.000,oo Del 3% contados a partir del 30 de diciembre de 2000 al 30 de diciembre 2001 /12 meses). Sanción: $1.000.000,oo Del 20% sobre el capital según el Art. 731 del Cco. Los intereses han sido liquidados con base en lo establecido en el Art. 864 del Cco. y lo ordenado en el mandamiento de pago. NOTA: Como es absolutamente cierto que el demandado abonó a la obligación el 22 de febrero de 2001, la suma de $200.000,oo y se entiende por obligación el capital más los intereses de conformidad con el Art. 1653 del C.C. (de la imputación del pago), el abono efectuado por el demandado debe imputarse primero a los intereses causados hasta la fecha, esto es $1.800.000,oo y al capital los $200.000,oo restantes. Por consiguiente, los intereses serán $ _______ y el capital $ _________. Igualmente es cierto que el demandado, abonó $300.000.00 a las costas, los cuales deberán restarse al valor a que ascendió la liquidación de ellas. Total Liquidación: $4.800.000,oo por concepto de Capital y $1.000.000,oo por concepto de sanción, para un total de $5.800.000,oo al 30 de diciembre de 2001. SON. CINCO MILLONES OCHOSCIENTOS MIL PESOS MCTE ($5.800.000,oo).

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil Las costas del proceso las liquidará el Juzgado de conformidad con lo establecido en el Art. 393 Num. 2º del CPC. Del señor Juez: Atentamente; _______________ Firma y Antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico C.C. No. _______ de ________ Código No. ________ de la Universidad

20. PASOS QUE SE DEBEN SEGUIR EN TODO PROCESO EJECUTIVO 1. Presentación de la demanda. Se hace en la oficina judicial (Palacio de Justicia 1er piso a la derecha, entrando), cuando es en Pereira. En los demás circuitos ante el respectivo juez de reparto. 2) Al día siguiente se averigua a qué juzgado correspondió por reparto. 3) Dentro de los tres (3) días siguientes se pregunta en el juzgado dónde correspondió por reparto, que si ya se fijó el valor de la caución, en aquellos casos en que se hubiera pedido medidas cautelares de embargo y secuestro. 4) Una vez constituida la caución, la firma y la entrega en la Secretaría del Juzgado. Los datos para usted la caución son: a) Juzgado; b) Nombre del demandante y cédula; c) Nombre del demandado y cédula de ser posible; d) Valor de la caución; e) Norma que le sirve de fundamento, el Art. 513 por lo general. 5) Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, va al juzgado y pide que le muestren el proceso y observa para ver si ya resolvieron sobre el mandamiento ejecutivo, inadmisión o rechazo de la demanda. Si se libró el mandamiento ejecutivo y se decretaron las medidas cautelares, pregunta cuándo se puede retirar el oficio de embargo para ser llevado a la respectiva empresa; si observa que fue Inadmitida procede a corregirla dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes. Si observa que fue Rechazada la retira y la vuelve a presentar, enterándose de la razón por la cual le fue rechazada. 6) Transcurrido más o menos unos cinco (5) o seis (6) días hábiles después de haber llevado el oficio de embargo, examina el proceso para determinar si surtió efecto la medida solicitada. 7. Una vez surta efectos la medida de embargo, pide el despacho comisorio para la diligencia de secuestro, procede a entregarlo para Reparto en la Oficina de Reparto de la Secretaría de Gobierno Municipal, tercer piso y al otro día pregunta a qué Inspección

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico correspondió, se dirige a esa Inspección y solicita la fecha para la práctica de la diligencia. 8. Practicada la diligencia de secuestro, transcurridos unos tres (3) días, va al juzgado y observa el proceso para ver si llegó dicha diligencia. En caso afirmativo, le informa al interesado que debe pagar en la entidad encargada de recibir, el valor de la notificación. Una vez pagado, lleva el recibo de consignación al juzgado y le solicita al secretario el oficio de citación al demandado, el que debe enviarse por medio de servicio postal autorizado por el Ministerio de Comunicaciones. 9) Pasados cinco (5) días después del envió de la citación para comparecencia, pregunta en el juzgado si fue notificado el demandado y en el evento de que lo haya sido, espera que transcurra el término para pagar o excepcionar (5 y 10 días, respectivamente). 10) Transcurrido el término anterior, observa el proceso para enterarse si el demandado propuso excepciones. Si lo hizo, está pendiente para que las conteste en el término legal. Si no excepciona, el expediente debe entrar a despacho para sentencia y el interesado deberá estar averiguando hasta que salga el fallo. 11) Una vez contestadas las excepciones propuestas por el demandado, el juez debe decretar las pruebas pedidas por las partes y las que de oficio considere y señala un término de 30 días para practicarlas. Vencido el período probatorio, se da traslado a las partes para alegar por un término común de cinco días. 12) Vencido el período de alegaciones, pasa el expediente a despacho para DICTAR SENTENCIA. 13) Ejecutoriada la sentencia, sino la apelan, el demandante dispone de un término de diez (19) días hábiles para que presente la liquidación del crédito, sino lo hace el demandado dispone de igual término para presentarla, si ninguna de las dos partes la hace, el juzgado por secretaría, procede a hacerla, aunque en este evento la liquidación no podrá ser objetada. 14) El avalúo debe producirse una vez en firme la sentencia que ordena llevar adelante la ejecución. Dependiendo de si los bienes son muebles o inmuebles, se consagra un tratamiento distinto. Si se trata de los primeros, el demandante dispone de 10 días siguientes a la ejecutoria de la sentencia o a la notificación del auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, para presentarlo, bien sea que haya contratado con una entidad o profesional especializado o con un avaluador de la lista de auxiliares y colaboradores de la justicia. Si los bienes no se han secuestrado, el término de diez días se contará a partir del momento en que quede aquel quede consumado. Si el ejecutante no presenta el avalúo de los bienes muebles en la forma indicada y dentro del término señalado, el demandado gozará de diez días para hacerlo en la misma forma. Si ninguna de las dos partes aporta el avalúo, el juez designará un perito de su lista de auxiliares y colaboradores de la justicia. En este último caso no habrá lugar a objeciones. Tratándose de bienes muebles, cuando ellos son vehículos automotores, no hay lugar al procedimiento visto, puesto que el valor de los mismos será el fijado oficialmente para calcular el impuesto de rodamiento incrementado en un 50%. No obstante, si quien lo aporta considera que no es el documento idóneo para establecer su precio

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil real, deberá presentarse con él un dictamen contratado con una entidad o profesional especializado o con un perito de la lista de auxiliares de la justicia. En este evento, podrá acompañarse como dictamen, el precio que figure en publicación especializada adjuntando una copia informal de la página respectiva. En relación con los inmuebles, el valor será el del avalúo catastral del predio incrementado en un 50%. Empero, si quien lo aporta considera que no es idóneo para establecer su precio real, deberá presentar un dictamen de entidad o profesional especializado o de avaluador de la lista de auxiliares de la justicia. 15) Al decir el inciso 7º. del artículo 52 de la ley 794 de 2.003 que modificó el artículo 516 del C. de P. Civil, que la contradicción del dictamen se sujetará en lo pertinente a lo dispuesto en el artículo 238 del C. de P. Civil, no está significando nada distinto a que del avalúo respectivo se debe dar traslado a las partes por el término de tres días, advirtiendo que cuando el valor del bien se acredite con certificado catastral o con certificado sobre el impuesto de rodamiento, no puede ser objetado sino por error grave y que en esos casos, al escrito de objeciones debe acompañarse un avalúo de entidad o profesional especializado o de avaluador de la lista de auxiliares de la justicia, sin que pueda admitirse prueba distinta. 16) En firme el avalúo, usted pide fecha para llevar a cabo el remate de los bienes, teniendo en cuenta que debe reclamar el edicto de remate para ser publicado en la prensa y en la radio. 17) Rematados los bienes, se pedirá al Juez la entrega de los dineros producto del remate hasta la concurrencia del crédito.

21. INTERROGATORIO DE PARTE COMO PRUEBA ANTICIPADA OBSERVACIONES: 1) Se encuentra consagrado en el artículo 294 del CPC. 2) Podrá solicitarlo aquella persona que pretenda demandar o tema que va a ser demandado. 3) El interrogatorio sólo puede versar sobre hechos que van a ser materia del proceso. 4) El interrogatorio sólo admite 20 preguntas, por lo tanto se debe tener cuidado en no hacer preguntas que contengan varios hechos, porque el juez puede desglosarlas y usted corre el riesgo de que se le agote el interrogatorio, sin demostrar lo que pretende demostrar. 5) El interrogatorio se debe presentar ante el juez civil municipal de reparto. 6) En la petición deberá identificarse plenamente al solicitante y al absolvente. 7) En la petición deberá constar claramente qué pretende con el interrogatorio. 8) En la petición deberá constar claramente qué pretende con el interrogatorio. 9) Presentada la solicitud en la Oficina Judicial, deberá preguntar al día siguiente a qué juzgado correspondió y una vez decretado el interrogatorio deberá aportar lo necesario para que el absolvente sea citado para notificarle personalmente la fecha en la cual debe presentarse a absolver el interrogatorio; si no se presenta a pesar de habérsele

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico notificado personalmente la fecha, se podrá considerar ciertos los hechos que se pretende demostrar. 10) El interrogatorio de parte como prueba anticipada, está contenido en el Art. 294 del CPO y su trámite y requisitos en los artículos 204, 207, 208 y 210.

22. MODELO DE PODER PARA SOLICITAR INTERROGATORIO DE PARTE Señor: JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA- REPARTO E.S.D. ____________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. __________ expedida en _______a Usted con todo respeto me permito manifestarle que confiero poder especial, amplio y suficiente a____________ estudiante de práctica de Consultorio Jurídico, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con CC No._________ expedida en _______y código No. _____de la Universidad ________, para que inicie y lleve hasta su terminación, proceso ejecutivo de Mínima Cuantía en contra del señor ___________ mayor de edad, vecino de Pereira. Mi apoderado queda facultado para transigir, recibir, desistir, sustituir, reasumir, pedir y aportar pruebas, conciliar, proponer recursos e incidente, solicitar la práctica de pruebas anticipadas y en general hacer todo lo que más convenga a mis intereses. Sírvase señor Juez, reconocerle personería a mi abogado para los efectos y dentro de los términos de este mandato. Del señor Juez, Atentamente, ________________ Firma y antefirma C.C. _______de __________ Acepto: Firma y antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico C.C. No.______ de ______ Código No. _______ de la Universidad ______

23. MODELO DE SOLICITUD DE INTERROGATORIO DE PARTE Señor: JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA – REPARTO E.S.D.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil Referencia: Solicitud Interrogatorio de Parte Solicitante:___________ Absolvente: ____________ __________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. _________ expedida en _______ y código No. ______ de la Universidad ______, estudiante de práctica de Consultorio Jurídico, obrando en mi condición de apoderado judicial del señor ________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No. _____expedida en ______, a Usted con todo respeto me permito solicitarle se sirva hacer comparecer a su despacho al señor con el fin de que el día y hora que fije su despacho absuelva interrogatorio de parte que en forma oral (en forma escrita en sobre cerrado o abierto), le formularé. Pretendo con lo anterior, preconstituir la prueba de una obligación a cargo del interrogado para hacerla valer dentro de un proceso ejecutivo que iniciaré en contra del mismo, ya que el art.488 del C. P. C. en su inciso 2º. dice: “La confesión hecha en el curso de un proceso, no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el art.294”. FUNDAMENTOS DE DERECHO Son aplicables el Art. 294 y ss. Del CPC. TRAMITE Arts. 204 al 210 del CPC. DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES A) Solicitante: ____________ B) Absolvente: ____________

Como practicante en el Consultorio Jurídico, calle 40 No. 7-30, teléfono: 3360181. Una vez absuelto el interrogatorio, ruego a Usted señor Juez devolverme los originales para los efectos anotados. _______________ Firma y antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico C.C. No._______ de______ Código No. _____de la Universidad ________

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico 24. PROCESO VERBAL SUMARIO OBSERVACIONES: 1. Introducción Constituye una innovación en nuestro ordenamiento procesal, ya que antes no existía. Se desarrolla a través del sistema de audiencias que no debe confundirse con una actuación eminentemente oral. Tiene como particularidad, que sin excepción la actuación es de única instancia y por tal razón las decisiones que en ellos se adopten serán inapelables. 2. Asuntos sujetos a su trámite. Artículo 435 Estos asuntos pueden ser por su naturaleza y por su cuantía. Cuando se atiende a su naturaleza, para nada importa la cuantía y ellos son los contenidos en los diez numerales del artículo 435 del Código de Procedimiento Civil. De ellos no nos ocuparemos, toda vez que los estudiantes de Consultorio Jurídico no están facultados para litigar en ese tipo de asuntos, excepto los relacionados con fijación, disminución y exoneración de cuota alimentaria. Cuando se atiende a la cuantía, será cualquiera de los asuntos consagrados en los catorce numerales del parágrafo 2º del artículo 427 de la citada codificación, sí su cuantía es mínima, caso en los cuales pueden tales estudiantes litigar n causa ajena. Igualmente tendrán competencia para intervenir en los asuntos ordinarios de mínima cuantía, pues el trámite a aplicar en tales eventos es precisamente el previsto para el proceso verbal sumario, (Art. 397 CPC). 3. Trámite Proceso Verbal Sumario – artículos 436 a 440 Requisitos de la demanda: El inciso 1º. Artículo 436 no hace sino repetir los requisitos que son comunes a toda demanda, al decir de la doctrina es una disposición inútil, que no hace nada distinto a copiar algunas de las exigencias consagradas en el artículo 75 CPC y el numeral 6º. Artículo 77 (ibídem). La demanda se puede presentar en forma verbal o por escrito. 4. Contestación de la demanda y prohibición de formulación de excepciones previas En términos generales, la contestación de la demanda debe hacerse por escrito, pero si el asunto es de mínima cuantía, puede dársele respuesta verbalmente. En este caso, el demandado o su apoderado dentro de los cuatro días siguientes a la notificación del auto admisorio de la demanda, se presenta al juzgado con el objeto de que el secretario levante el acta respectiva. Si se contesta por escrito, deben adjuntarse los documentos que se encuentren en poder del demandado y pedirse en él las demás pruebas que se pretenda hacer valer, sin perjuicio de que en la primera audiencia, se puedan presentar los documentos que tanto el demandante como el demandado hubiesen podido omitir. En este tipo de procesos, las excepciones previas no pueden tramitarse por el sistema del artículo 99, sino que los hechos que las configuran tienen que alegarse a través del recurso de reposición, que deberá interponerse dentro de los tres días siguientes a la

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil notificación del auto admisorio de la demanda, pues ese es el término de ejecutoria dentro del cual es posible ese medio de impugnación. Se advierte pues, que no es que no puedan proponerse excepciones previas, sino que ellas tienen que reclamarse a través del recurso de reposición. Si se proponen excepciones que no tengan el carácter de previas, esto es de mérito o de fondo, se dará traslado de ellas al demandante por tres (3) días para que pida pruebas relacionadas con ellas. 5. Trámites inadmisibles en esta clase de procesos En este proceso son inadmisibles, la reforma de la demanda, la reconvención, la acumulación de procesos, los incidentes, el trámite de la terminación del amparo de pobreza y la suspensión de su trámite por causa diferente a la de común acuerdo de las partes. El amparo de pobreza y la recusación sólo podrán proponerse antes de que venza el término para contestar la demanda. Con esas prohibiciones, se acelera el trámite o al menos no se hace tan dispendioso. Existe sólo una excepción y es la consagrada en el numeral 3º. Artículo 350 Decreto 2737/89 (Código del Menor) que dice que en los asuntos de familia en que se encuentren involucrados menores y que por su naturaleza se tramiten por el proceso verbal sumario establecido en el CPC y en la reclamación de alimentos establecida en el código primeramente citado, procederá la acumulación de pretensiones, procesos o actuaciones a que haya lugar.

25. MODELO DE PODER PARA ADELANTAR ASUNTO ORDINARIO DE MINIMA CUANTIA (PROCESO VERBAL SUMARIO) SOBRE PRESCRIPCIÒN EXTINTIVA DE GRAVAMEN HIPOTECARIO Señor: JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA – REPARTO E.S.D: ___________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No.______ de ______, a Usted con todo respeto me permito manifestarle que confiero poder especial, amplio y suficiente a la estudiante de práctica de Consultorio Jurídico ________, mayor de edad, vecina de Pereira, identificada con la C.C. No._______ de y código No. _____ de la Universidad _________ para que inicie y lleve hasta su terminación proceso verbal sumario sobre prescripción extintiva de un Gravamen Hipotecario, en contra del señor , _______ mayor de edad, vecino de ________, identificado con la C.C. No. _______ de ________. Mi apoderado queda facultado para transigir, recibir, desistir, sustituir, reasumir, conciliar y en general hacer todo lo que más convenga a mis intereses. Sírvase señor Juez, reconocerle personería a mi apoderado para los efectos y dentro de los términos de este mandato.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Del Señor Juez: Atentamente; ___________________________ Firma y antefirma del demandante C.C. No. de Acepto: ________________ Firma y antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico C.C. No. ______ de _________ Código No. ______ de la Universidad __________

26 MODELO DE DEMANDA PARA ASUNTO ORDINARIO DE MINIMA CUANTIA (PROCESO VERBAL SUMARIO) SOBRE PRESCRIPCION EXTINTIVA DE UN GRAVAMEN HIPOTECARIO Señor: JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA – REPARTO E.S.D. Referencia: Proceso Ordinario Mínima Cuantía Verbal Sumario Prescripción Extintiva. Demandante: _____________ Demandado: ______________ _________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. No.________ expedida en _______ y código No _____de la Universidad, _________ estudiante de práctica de Consultorio Jurídico, a Usted con todo respeto me permito presentar demanda ordinaria en proceso verbal sumario de Prescripción Extintiva de un grávamen hipotecario, contenido en la escritura pública No.______ de fecha ______ de la Notaría de Pereira y en relación con un inmueble identificado con la Matrícula Inmobiliaria No. _____ ubicado en la calle _______ Cra ____No. ______ de la nomenclatura urbana de esta ciudad. El fundamento de mi demanda la hago consistir en los siguientes: HECHOS Primero. Mediante la escritura pública No.de fecha ______ de la Notaría______ del Círculo de el señor _______ se constituyó deudor del señor ______ por la suma de

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil $ ________ que debe cubrir en término de un año a partir de la suscripción de la escritura. Se determinaron en dicha hipoteca intereses de plazo y mora del 2% mensual Segundo. La obligación dineraria, se garantizó con hipoteca constituida en la misma escritura pública y afectó el siguiente bien inmueble. Una casa de habitación con su correspondiente lote de terreno o solar, constante de _____ metros de frente, por _____ metros de centro, que linda por el occidente, que es su frente __________, por el sur, con propiedad que es o fue de ____________, por el oriente con propiedad que es o fue de _________ y por el norte, con propiedad que es o fue de _____________. Tercero. La escritura pública contentiva del contrato de hipoteca y del título ejecutivo aparece inscrita en el FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. ________ de la Oficina de Registro de Instrumentos públicos de Pereira. Así se deduce de la anotación No. ________ de fecha _________ del folio indicado. Cuarto. El señor ________________, desconoce si la hipoteca y la obligación garantizada con la misma se han cancelado. Quinto. El propietario inscrito del inmueble, el cual soporta el gravamen hipotecario, es el señor ______________, quien la adquirió por compra efectuada a los señores _____________, según consta en la escritura pública No. _________ de fecha _________ de la Notaría ______ de ______, inscrita bajo el FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. _____________. Sexto. En la actualidad tanto la garantía hipotecaria como la obligación dineraria de que trata la escritura pública No. __________ ya señalada, se ENCUENTRA PRESCRITA, pues han transcurrido más de veinte años de la exigibilidad de las mismas. PETITUM La situación fáctica expuesta que se acredita con la prueba documental que se aporta, sirve de apoyo para que en mi calidad de apoderado del señor _________, demande al señor ___________, para que mediante el trámite del proceso verbal sumario, en la sentencia que le ponga fin al mismo, se declare: a)

b)

c)

La Prescripción extintiva de la garantía hipotecaria y de la obligación que ésta garantice, contenidas en la escritura pública No. __________ de fecha ___________ de la Notaría ________, de __________, inscrita bajo el FOLIO DE MATRICULA INMOBILIARIA No. ________ de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos del Círculo de Pereira. Como consecuencia del fallo, se libre oficio al señor Notario____________ de __________, para que se sirva cancelar tanto la hipoteca como la obligación dineraria, consignadas en la escritura pública No. ___________ antes citada. Que se condene en costas al demandado, en caso de oposición. PRUEBAS

Solicito que sean ponderadas y tenidas en cuenta las siguientes:

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico a) b) c)

Copia auténtica de la escritura pública No. __________ del ___________ de la Notaría del Círculo de Pereira (la que soporta el gravamen). Copia auténtica de la escritura pública No. __________ de fecha ______ de _______ de la Notaría _________ de Pereira. Certificado sobre la situación jurídica del inmueble hipotecado. DERECHO

Son aplicables los artículos 2.535, 2.537 y concordantes del C.C. PROCEDIMIENTO Como se trata de un asunto ordinario de mínima cuantía, el trámite será el del proceso verbal sumario. (Inciso 2º. Art.397 C. P. C.). COMPETENCIA Radica en su despacho, por la cuantía y por el domicilio de la demandante que es la ciudad de Pereira, Art. 23 numeral 1º. Del C.P.C. CUANTIA La cuantía es de mínima, ya que se estima por el valor de la obligación, que no pasa de los $___________, sumados el capital más los intereses al 2% mensual. Proceso Ordinario de Mínima Cuantía. ANEXOS Los documentos relacionados en prueba, copia de la demanda para el archivo del juzgado, copia de la demanda y sus anexos para el traslado y el poder para actuar. CAPACIDAD DOMICILIO NOTIFICACIONES Y EMPLAZAMIENTO Ambas partes son mayores de edad y comparecen directamente al proceso. Dirección demandante. _______ Tel. ______ Pereira DIRECCION DEL DEMANDADO: Se ignora el domicilio del demandado, así como el lugar de habitación y trabajo; o el demandado se encuentra ausente y se desconoce su paradero. Las anteriores manifestaciones las hago bajo la gravedad del juramento y en tal virtud solicito se decrete el EMPLAZAMIENTO al tenor de lo previsto en el art.318 C. P. C. Como Apoderado del Demandante, me notificaré en la secretaría de su despacho ó en la calle 40 No. 7-30, teléfono 3360181, Pereira.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil Del señor Juez: Atentamente, ______________ Firma y antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico CC No. ______ de ______ Código No. _______ de la Universidadd

27. MODELO DE PODER PARA ADELANTAR ASUNTO ORDINARIO DE MINIMA CUANTIA (PROCESO VERBAL SUMARIO) SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Señor: JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA – REPARTO E.S.D. _________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No. ________ de __________, a usted con todo respeto me permito manifestarle que concedo poder especial, amplio y suficiente a la estudiante de práctica de Consultorio Jurídico ___________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No. _________ de _______ y código No. _________ de la Universidad Libre, para que inicie y lleve hasta su terminación, proceso de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, en contra del señor ________, mayor de edad, vecino de ____, identificado con la CC No. _____ de ____. Mi apoderado queda facultado para transigir, recibir, desistir, sustituir, reasumir, conciliar y en general hacer todo lo que más convenga a mis intereses. Sírvase señor juez, reconocerle personería a mi apoderado para los efectos y dentro de los términos de este mandato. Atentamente: Firma y antefirma del demandante CC No. __________ de ________ Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico CC No. ________ de _________ Código No. __________ de la Universidad

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico 28. MODELO DE DEMANDA PARA ASUNTO ORDINARIO DE MINIMA CUANTIA (PROCESO VERBAL SUMARIO) SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL Señor: JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA – REPARTO E.S.D. Ref. Demanda de Responsabilidad Civil Extracontractual De ________________ Contra ______________ ________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No. _______ de ________ y Código No. ______ de la Universidad ________, en mi condición de apoderado judicial del señor ____________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC ________ expedida en _______, a Usted con todo respeto, me permito presentar demanda de RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL, en contra del señor ____________, mayor de edad, vecino de Pereira. El fundamento de mi demanda la hago consistir en los siguientes: HECHOS Primero. Mi mandante es propietario inscrito y poseedor material de un vehículo. Marca _________, Servicio __________, Placa _________, Modelo 1.985. Segundo. El día _____, a eso de las _____ horas, en la ______________ de esta ciudad, la buseta de servicio público, Marca ________, Modelo________, afiliada a la empresa ___________, de Placas _________, conducida por el señor ____________, identificado con la CC No. ___________, expedida en _________, residente en __________, vehículo de propiedad del señor _____________, también mayor de edad, identificado con la CC No. ___________ (obsérvese que quien iba conduciendo no era el propietario sino un tercero), atropelló en forma imprudente, causándole daños de consideración al vehículo de propiedad de mi mandante, distinguido con las Placas ___________ al invadir sin medir las consecuencias, la vía por donde se desplazaba éste, a pesar de contar con la prelación por tratarse de la Cra. 4ª. Tercero. No obstante la precaución y la prudencia de mi poderdante, de acatar las señales y las normas de tránsito, el accidente ocurrió por la imprudencia y la inobservancia de los reglamentos de tránsito del conductor del vehículo de Placas __________, ya que debido a que no hizo el respectivo pare en la esquina de la calle 26 con Cra. 4ª. Subiendo, causó el accidente con las consecuencias ya conocidas, pues del mismo informe y la declaración que rinde el agente de Tránsito que conoció el caso, el croquis y la versión rendida ante la Inspección Segunda Municipal de Tránsito y Contravenciones, por los conductores de los vehículos, se colige la imprudencia y la

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil violación de los reglamentos que determinan la responsabilidad del señor ______________ (conductor de la buseta). Cuarto. El proceso especial por contravención de tránsito, correspondió a la Inspección Segunda Municipal de Tránsito y Contravenciones de Pereira, la cual terminó con el fallo respectivo de fecha _____________, quien en la parte Resolutiva condena en concreto al señor _____________, en su condición de conductor de la buseta de Placas ____________, a pagar a favor de mi poderdante propietario del vehículo de Placas __________, la suma de $3.000.000,oo por concepto del Daño Emergente, ocasionado como responsable de los daños causados con la colisión. La declaratoria de responsabilidad, va en contra del señor _____________, como propietario del vehículo que causó el daño, según lo previsto en el Art. 2341 y ss del CC. Quinto. La fuerte colisión ocasionada al vehículo de mi representado, causó graves daños en la parte lateral derecha delantera del mismo que determinaron un valor de $3.000.000,oo incluida la obra de mano; además como consecuencia del daño causado el vehículo de mi mandante estuvo inactivo desde la fecha en que ocurrió el accidente hasta el día _________ que salió del taller, por lo tanto el Lucro Cesante lo estima mi representado en la suma de $_________ diarios, pues para mi poderdante, este era su único medio de transporte, por lo que tuvo necesidad de contratar un taxi de servicio público para que lo trasladara a su lugar de trabajo, tal como se demuestra con la constancia adjunta. Sexto. El vehículo que causó la colisión de Placas ___________ es de propiedad del señor ____________, quien está obligado a responder por los daños ocasionados al vehículo de mi representado. Séptimo. El señor _______________ me ha conferido poder especial para iniciar la acción de responsabilidad civil extracontractual en contra del señor ____________, propietario del vehículo que causó el daño. Con base en los hechos anteriormente expuestos y en los fundamentos de derecho que más adelante citaré, me permito formular las siguientes PRETENSIONES Que previos los trámites del proceso VERBAL SUMARIO, con citación y audiencia del señor --------------_____________________________ y mediante sentencia se hagan los siguientes pronunciamientos: 1.- Que se declare al señor -----__________________ civil y extracontractualmente responsable de los daños causados al vehículo de propiedad de mi mandante, como autor directo (o indirecto, si se demanda a la empresa a la que está afiliada el automotor o al propietario del mismo) del accidente descrito en los hechos de esta demanda. 2.- Que como consecuencia de la declaración anterior, se condene al señor ____________ (o en forma solidaria a la empresa a la que está afiliado el vehículo o al propietario del mismo) a pagar al demandante los perjuicios ocasionados con el hecho, así:

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico A.) DAÑO EMERGENTE.- La suma de tres millones de pesos mcte. ($3.000.000.00) representados en repuestos y mano de obra. B.) LUCRO CESANTE.- La suma de _________________, representados en el valor del transporte por concepto de pasajes que tuvo que cancelar mi poderdante para trasladarse desde el Municipio de Desquebradas donde tiene su residencia hasta su lugar de trabajo la Universidad Libre –Sede Belmonte- y a cumplir con otras actividades a distintos sitios de la ciudad de Desquebradas y Pereira, durante el tiempo comprendido entre el ___ de ____ de _____ hasta el ____ de ___ de _____, a razón de $_________ diarios. 3.- Que la suma de dinero a que asciende la condena, sea corregida monetariamente. 4.- Que se condene al demandado al pago de los intereses causados por la suma de dinero a que asciende la condena, desde el momento en que fue cancelada por el demandante y hasta la fecha de la sentencia. 5.- Que se condene al demandado al pago de las costas del proceso. DERECHO Como normas aplicables invoco: Artículos 2341 y s. s. del Código Civil. PROCEDIMIENTO CUANTIA Y COMPETENCIA El verbal sumario, de que tratan los Arts. 435 y ss del CPC, es de MINIMA CUANTIA, ya que las pretensiones las estimo en más de $3.000.000,oo y menos de $______, la competencia es suya por la cuantía y por el lugar donde se generaron los hechos que dieron lugar a la responsabilidad. PRUEBAS Solicito que sean ponderadas, decretadas, practicadas y tenidas en cuenta las siguientes: A) 1.

2.

3. 4.

Documental Copia de la actuación debidamente autenticada, surtida en la Inspección Segunda Municipal de Tránsito y Contravenciones, constante de veintiocho (29) folios útiles, donde se condena en concreto al señor ____________ conductor del vehículo, causante del daño, de propiedad del señor ___________ a pagar la suma de $3.000.000,oo por concepto de los daños causados al vehículo de mi mandante. Constancia expedida por la Dirección Municipal de Tránsito y Transportes de Pereira, donde se hace constar que el vehículo de Placas __________ causante del daño es de propiedad del señor _______________. Constancia expedida por la Dirección de Tránsito y Transportes de Pereira sobre la propiedad del vehículo de Placas _________. El poder para actuar.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil A. B.

Dictamen Pericial. Que se designe perito, con el fin de que estime los daños causados con la colisión, tanto el daño emergente como el lucro cesante. Testimonial. Que se llame a declarar sobre los hechos de la demanda, a las siguientes personas ______________, las cuales se localizan en ____________. ANEXOS

1. 2. 3.

Los documentos relacionados en pruebas. Copia de la demanda para el archivo del juzgado. Copia de la demanda y sus anexos para el respectivo traslado al demandado. NOTIFICACIONES Y DIRECCIONES

Demandante. __________________ Demandado. ___________________ Como estudiante de Consultorio Jurídico, me notificaré en la secretaría de su despacho o en la calle 40 No. 7-30, teléfono 3360181, Pereira. NOTA. Debe tenerse en cuenta que la acción a seguir en estos casos es la ordinaria, en la medida que el condenado al pago de los daños fue el CONDUCTOR del automotor, más no el propietario, pues si hubiera sido éste, la acción sería ejecutiva en contra del mismo, con la providencia que contiene el fallo como título ejecutivo. Del señor Juez: Atentamente, Firma y antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico CC No. ___________ de_____________ Código No. ________ de la Universidad ________

29. MODELO DE PODER PARA ADELANTAR PROCESO VERBAL (O VERBAL SUMARIO SI ES MINIMA CUANTIA) DE CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR Señor: JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA – REPARTO E.S.D. ______, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No. ____ de _____, a usted con todo respeto me permito manifestarle que confiero poder especial, amplio y

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico suficiente a la estudiante de práctica de Consultorio Jurídico ______, mayor de edad, vecina de Pereira, identificada con la CC No. _____ de _____ y código No. ____ de la Universidad ______, para que inicie y lleve hasta su terminación proceso verbal (o verbal sumario, si es de mínima cuantía) de CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR, en contra de la entidad bancaria denominada _____________. Mi apoderado queda facultado para transigir, recibir, desistir, sustituir, reasumir, conciliar y en general hacer todo lo que más convenga a mis intereses. Sírvase señor juez, reconocerle personería a mi apoderada para los efectos y dentro de los términos de este mandato. Atentamente, _______________ Firma y antefirma CC No. ______ de _____ ________________ Firma y antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico CC No. _______ de ______ Código No. ____ de la Universidad

30. MODELO DE DEMANDA ORDINARIA DE REPOSICION Y CANCELACION DE TITULO VALOR Señor: JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE PEREIRA – REPARTO E.S.D. Referencia Demanda de Reposición y Cancelación de Título Valor De: __________________ Contra: ______________ ________, mayor de edad, vecina de Pereira, identificada con la CC No. ______ de _____ y Código No. _____ de la Universidad ______. Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico, apoderada judicial del señor __________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No. __________ de ____________, a Usted con todo respeto me permito presentar demanda en contra de la entidad bancaria denominada ____________, representada legalmente en esta sección del país por el señor _____________, mayor de edad, vecino de Pereira, para que previos los trámites del proceso verbal sumario, se sirva decretar las siguientes:

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil PRETENSIONES Que se decrete la CANCELACION y consecuente REPOSICION del título valor descrito en los hechos de esta demanda. Que se ordene la publicación del extracto del título que se adjunta en fotocopia a la presente demanda, de conformidad con el Art. 449 del C.P.C.

1. 2.

El fundamento de mis pretensiones las hago consistir en los siguientes: HECHOS 1.

2. 3.

4.

La Entidad Bancaria denominada _____________, otorga a favor del señor ___________, el título valor No. ________, por la suma de $ __________, con fecha _____ de ______ del año _____, tal como debe constar en los registros de esa institución. El título valor fue hurtado de tal parte o fue extraviado, etc, sin que hasta la fecha se haya recuperado. Como consecuencia de lo anterior, se formuló denuncia penal por la pérdida del cheque el día _____ de _____ del año ______, ante el Juzgado _________ de Pereira, tal como consta con la certificación adjunta y en la cual se dejó constancia de las características del documento extraviado. La entidad demandada tiene conocimiento de lo anterior, toda vez que a la misma le fue entregada constancia de la denuncia formulada el día ____ de _____ del año _______. PRUEBAS

1.

2. 3.

Fotocopia de la constancia expedida por el Secretario del Juzgado de ________ donde se certifica que allí fue presentada la denuncia correspondiente por la pérdida del título valor. Es de anotar que el original de dicha constancia fue entregada a la entidad bancaria, tal como se dejó dicho en la arte final de la misma. Certificado de existencia y representación legal de la parte demandada. El poder para actuar. COMPETENCIA

La competencia es suya señor juez, por la naturaleza del asunto y por la cuantía que la estimo en más de $2.000.000 y menos de $ _________ y por el domicilio de la entidad demandada. DERECHO Son fundamentos de derecho los artículos 803, 804 y ss del Código del Comercio y el Art. 449 del CPC y las demás normas concordantes. ANEXOS

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Los documentos relacionados en pruebas, copia de la demanda para el archivo del juzgado, copia de la demanda y sus anexos para el traslado a la demandada. DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES Demandante ___________ Demandado ____________ Como estudiante de Consultorio Jurídico me notificaré en la secretaría de su despacho ó en la calle 40 No. 7-30, teléfono 3360181, Pereira. Del señor Juez: Atentamente, _______________ Firma y antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico CC No. _________ de __________ Código No. _______ de la Universidad _______ EXTRACTO DE DEMANDA EN EL VERBAL (O VERBAL SUMARIO) DE CANCELACION Y REPOSICION DE TITULO VALOR Juzgado Civil Municipal Demandante: _________________ Domicilio: _________________ Dirección demandante: _________________ Demandado: _________________ Apoderado demandante: _________________ Título: C.D.T. ó cheque Valor: $ ________________ Fecha de expedición: __________________ Pretensión: Cancelación y Reposición

31. MODELO DE PODER PARA SOLICITAR LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS DE EMBARGO Y SECUESTRO POR UN TERCERO QUE TENIA LA POSESION A NOMBRE PROPIO AL MOMENTO DE REALIZARSE LA DILIGENCIA JUDICIAL. Señor: JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE E.S.D.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil Referencia: Proceso Ejecutivo de Mínima Cuantía Contra: _______________ Incidentista: ___________ _________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No. ________ de _____, a usted con todo respeto me permito manifestarle que confiero poder especial, amplio y suficiente al estudiante de práctica de Consultorio Jurídico ________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No. ______ de ____ y código No. _____ de la Universidad __________, para que inicie y lleve hasta su terminación incidente de levantamiento de las medidas de embargo y secuestro de un vehículo de las siguientes características: ____________, el cual fue secuestrado el día ______ de ____ por la Inspección ___________ municipal de Policía. Mi apoderado queda facultado para transigir, recibir, desistir, sustituir, reasumir, conciliar, solicitar la práctica de pruebas anticipadas y en general hacer todo lo que más convenga a mis intereses. Sírvase señor juez, reconocerle personería a mi apoderado para los efectos y dentro de los términos de este mandato. Atentamente: Firma y antefirma del incidentista CC No. ______ de _______ Acepto: ______________ Firma y antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico CC No. _________ de __________ Código No. ______ de la Universidad

32. MODELO DE INCIDENTE DE LEVANTAMIENTO DE MEDIDAS DE EMBARGO Y SECUESTRO POR UN TERCERO QUE TENIA LA POSESION A NOMBRE PROPIO AL MOMENTO DE REALIZARSE LA DILIGENCIA JUDICIAL Señor: JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE E.S.D. Referencia:

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Incidente de levantamiento de medidas de embargo y secuestro, dentro del proceso ejecutivo Mínima Cuantía de _________ contra _________. ________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No. _________ de _____ y código No. _______, estudiante de práctica de Consultorio Jurídico, en mi condición de apoderado judicial del señor _________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No. _________ expedida en _____, a usted con todo respeto y dentro del término legal, me permito presentar incidente de levantamiento de medidas de embargo y secuestro, dentro del proceso ejecutivo de mínima cuantía propuesto por _________ contra _______. El fundamento de mi petición la hago consistir en los siguientes: HECHOS 1.

El despacho a su cargo, decretó el embargo y secuestro del bien mueble de las siguientes características: Clase. Automóvil, Marca: Mazda, Servicio Particular, Tipo: Sedan, Motor No. ________ Modelo __________, Color _______, Línea __________, Serie ________, Placas: ________.

2.

Para llevar a cabo la diligencia, su despacho libró el comisorio No. _________ a la Secretaría de Gobierno de Pereira- Reparto, correspondiendo a la Inspección Quinta Municipal de Policía, quien practicó la diligencia el día _____ de _____ en los “Patios Oficiales de Tránsito”,. Luego de haber sido ordenado su traslado por esta Inspección el día ____ de ______ de la Cra __________ No. _______ donde lo tenía estacionado su poseedor material.

3.

Al momento de practicarse la diligencia de secuestro del precitado bien y la cual se cumplió como consta en el acta respectiva, mi mandante se encontraba ausente y por lo tanto no tuvo la oportunidad de intervenir y formular la Oposición a que tenía derecho para impedir la consumación de esa medida cautelar, tal como se observa en la diligencia, donde sólo intervinieron el funcionario, su auxiliar administrativo, el apoderado de la parte actora y el secuestre asignado para tal fin.

4.

Mi poderdante el señor _______________, ha tenido la posesión material quieta y pacífica, con ánimo de señor y dueño del bien embargado y secuestrado relacionado anteriormente, desde la misma fecha en que la adquirió el día _______ de _____ de manos del señor ______________, como consecuencia de un negocio jurídico de permuta celebrado entre los mismos donde se estipuló en la CLAUSULA ADICIONAL, que “los permutantes reciben los vehículos permutados en la misma fecha de celebración del contrato, quedando comprometidos a hacer entrega de las cartas de traspaso una vez se cumpliera dicho contrato” Es de anotar que mi mandante lo cumplió a cabalidad, en la medida que canceló la encima prometida (según letra de cambio) e hizo entrega de los documentos de traspaso del vehículo dado en permuta, pero el prometiente permutante, señor ____________ no hizo lo propio.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil 5.

La referida posesión no la ha perdido mi poderdante en ningún momento desde aquella fecha en que la adquirió ni ha sufrido respecto a ella, interrupciones de ninguna índole.

6.

Entre los actos positivos de señorío realizados por mi mandante en relación con el bien materia de esta cuestión incidental, cabe mencionar entre otros el hecho de que mi poderdante se moviliza constantemente en el mismo desde su lugar de residencia _____________ hasta _________, además su esposa y sus hijos se transportan en el automotor para sus diligencias personales.

Con base en los hechos anteriormente expuestos, formulo a usted la siguiente: PETICION Que previo el trámite incidental, se sirva: 1.

2. 3.

Decretar el levantamiento de las medidas de embargo y secuestro del bien relacionado en el HECHO PRIMERO de esta demanda, esto es del vehículo de las siguientes características: __________________. Condenar al ejecutante al pago de las costas del incidente y los perjuicios sufridos por mi mandante. Oficiar al secuestre para que haga entrega del bien. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Son fundamentos de derecho las siguientes normas: CC Art. 762, 775, 780; CPC Art. 687, ordinal 6º. Y demás normas concordantes. COMPETENCIA Está radicada en ese juzgado por estar conociendo del proceso principal (por el factor de conexidad). MEDIOS DE PRUEBA A efecto de demostrar la calidad de poseedor del bien embargado y secuestrado que tenía mi representado al momento de llevarse a cabo la diligencia de secuestro, solicito que sean ponderadas, decretadas, practicadas y tenidas en cuenta las siguientes: A.

1. ____________ 2. ____________ 3 ____________

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Testimonial. Que se llame a declarar sobre los hechos materia de este incidente a las siguientes personas:


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Las cuales se localizan todos en tal dirección. B.

Interrogatorio de parte. Que se cite a su despacho al señor ______________ con el fin de que el día y hora que fije su despacho, absuelva el interrogatorio de parte que en forma oral le formularé

C.

Documental:

a. b.

_________ El contrato de permuta suscrito por mi mandante con el señor ___________ el día _____ de_______ de __________ La letra de cambio por valor de $ ____________, debidamente cancelada.

c.

ANEXOS Los documentos relacionados en pruebas, copia de la demanda del incidente para el archivo del Juzgado y el poder para actuar. DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES 1. 2.

Mi mandante y yo, las escucharemos en ________ Tel. _____ El ejecutante y el ejecutado, las oirán en las direcciones estampadas en la demanda.

Del señor Juez, Con atención, ______________ Firma y antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico CC No. _______ de _____ Código No. ______ de la Universidad _________

33. MODELO DE PODER PROCESO VERBAL SUMARIO DE PROTECCION AL CONSUMIDOR Señor: JUEZ CIVIL MUNICIPAL – REPARTOE.S.D.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil ________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No. ____ de ________ a Usted con el debido respeto me permito manifestarle que confiero poder especial, amplio y suficiente al estudiante de práctica de Consultorio Jurídico _________, mayor de edad y vecino de Pereira, identificado con la CC No. ______ de _______ y código No. _______ de la Universidad Libre, para que inicie y lleve hasta su terminación demanda de única instancia en Proceso Verbal Sumario de Protección al Consumidor, en contra del señor __________ (o a la sociedad), mayor de edad y vecino de Pereira, identificado con la CC ______ No. _______expedida en _________. Mi apoderado queda facultado para transigir, recibir, desistir, sustituir, reasumir, conciliar y en general hacer todo lo que más convenga a mis intereses. Sírvase concederle personería para actuar.

Atentamente, ________________________ Norma y firma del poderdante CC No. _______ de _______

Acepto. _________________________ Nombre y firma del practicante CC No. _______ de ________ Código No. ________ de la Universidad

34. MODELO PROCESO VERBAL SUMARIO EFECTIVIDAD DE GARANTIA CONTRATO DE COMPRAVENTA Señor: JUEZ CIVIL MUNICIPAL –REPARTOPereira Referencia Proceso Verbal Sumario. Efectividad de garantía Contrato de compraventa Demandante: ______________ Demandado: ______________

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico ______________, practicante de Consultorio Jurídico de la Universidad Libre, identificado con la CC No. ______ de _____ y código No. ______ me permito presentar el poder que me confiere el señor ____________ en ejercicio del mandato, solicito el reconocimiento de personería y formulo la presente demanda en contra de __________, mayor de edad, vecino de _______, identificado con la CC No. ____ de ______. HECHOS 1.

2.

3.

4.

5.

El día ______ el señor _________ o la sociedad __________ en su calidad de proveedor (o productor o expendedor) transfirió al señor ___________ a título de venta el siguiente artículo (determinarlo por sus características). Se fijó como precio del mismo, la suma de _____________ ($_______) que fue cancelada por el comprador al momento de perfeccionarse la compraventa (o determinar la forma de pago). El bien descrito después de haberse entregado, presentó defectos que no permite utilizarlo en forma normal y adecuada para la satisfacción del objetivo a que fue destinado, tales como ____________ (determinar los desperfectos). En el contrato de compraventa del artículo descrito precedentemente, se entiende pactada la garantía mínima presunta a cargo del productor, proveedor o expendedor para responder plenamente por las condiciones de calidad e idoneidad señaladas en el registro o las correspondientes a las normas técnicas oficializadas en el momento en que el bien no haya sido objeto de registro. Los desperfectos del bien objeto de la compraventa, han impedido a mi representado su utilización, situación que de por sí ya entraña un perjuicio, a más de generarse para él un lucro cesante, pues el dinero cancelado por el bieno no está generando ninguna utilidad. PRETENSIONES

Como mandatario judicial del señor _________ y con soporte en los hechos expuestos, comedidamente le solicito que en la sentencia se hagan los siguientes pronunciamientos: 1 Que se ordene al señor _________ (o a la sociedad) en su calidad de proveedor (o expendedor o productor) hacer efectiva la garantía mínima presunta que se entendía pactada en la compraventa del bien descrito en el hecho primero de esta demanda, cambiando el bien por otro de la misma especie en el plazo razonable que fije el señor Juez y de no ser posible su cambio, reintegrado el precio pagado por el mismo. Que se condene al señor __________ (o a la sociedad) en su calidad de proveedor (o expendedor o productor) al pago de la suma que se demuestre en el proceso y como perjuicios ocasionados al demandante por el bien defectuoso. Que se condene al señor (o a la sociedad) en su calidad de proveedor (o expendedor o productor) que por cada día de retardo en el cumplimiento del fallo, se hará acreedor a una multa a favor del tesoro público, equivalente a una séptima parte del valor del salario mínimo legal mensual vigente al momento en que el sea dictado. Que se condene en costas a la parte demandada. PRUEBAS

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil A. 1. 2.

Documentales:

Prueba sumaria de los hechos invocados como fundamento de las pretensiones (Art. 36 D.D. 3466/82) Que se oficie a la Superintendencia de Industria y Comercio para que a costa del demandante expida copia del registro de las características que determinen con precisión la calidad e idoneidad del bien objeto de demanda y efectuado por el productor (o importador). Que en caso de no existir dicho registro, por no ser obligatorio que se certifique si dicha calidad e idoneidad ha sido determinada mediante la oficialización de una norma técnica. B.

Dictamen Pericial:

Que se decrete la práctica de un dictamen pericial para determinar el daño del bien objeto de demanda, así como su mala o deficiente calidad e idoneidad y el valor del mismo pero nuevo de las condiciones normales del mercado. Igualmente para que se valore el perjuicio sufrido por el demandante por esa circunstancia, teniendo en cuenta la devaluación monetaria del precio pagado desde la fecha en que ello se sucedió hasta el momento en que se rinda el dictamen y los intereses que esa suma hubiese podido producir a la tasa máxima permitida legalmente. DERECHO Art. 78 Constitución Nacional; D.E. 3466/82; Estatuto del Consumidor Arts. 3, 4, 5, 8, 11, 13, 23, 29, 36. CLASE DE PROCESO, CUANTIA Y COMPETENCIA Verbal sumario (parágrafo 2º Art. 435 y parágrafo 2º Art 427 C. de P.C.; Art. 36 D.E. 3466/ 82; es de mínima cuantía, la competencia es suya por la cuantía y la clase de proceso. ANEXOS Los documentos relacionados en pruebas, copia de la demanda para archivo del jugado, copia de la demanda y sus anexos para el traslado al demandado y el poder para actuar. CAPACIDAD, COMPARECENCIA, NOTIFICACIONES PERSONALES Tanto el suscrito como demandante y demandado somos mayores de edad, con domicilio y residencia en la ciudad de Pereira. El demandado, señor __________ las oirá en (o el señor como representante legal de la sociedad demandada) en _____________. El suscrito en la secretaría de su despacho o en la calle 40 No. 7-30 Consultorio Jurídico.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Atentamente, ___________________________ Firma y antefirma del estudiante C.C. No. ______ Cód. ______

35. EJEMPLO DE SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DE UN PROCESO CIVIL

Señor JUEZ _____CIVIL MUNICIPAL E.S.D. REFERENCIA Proceso _______ de _____ contra __________

_____________________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. Nro. _____ de ____ y código Nro. _______ de la Universidad ______, estudiante de práctica de Consultorio Jurídico, quien actúa como apoderado judicial de la parte demandante dentro del presente asunto, solicito a usted se decrete la suspensión del proceso por el término de _____ meses, toda vez que de mutuo acuerdo con la parte demandada, hemos celebrado un convenio de arreglo formal que de llevarse a cabo daría lugar a la terminación del mismo. Lo anterior de conformidads con el numeral ___ del art. 170 del C.P.C. _______________________ FIRMA Y ANTEFIRMA del apoderado del demandante Estudiante de práctica de consultorio jurídico C.C. Nro.. __________ de ___________ Código Nro. ________ de la Universidad ________

36. EJEMPLO DE SOLICITUD DE TERMINACIÓN DEL PROCESO EJECUTIVO POR PAGO

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil Señor JUEZ ______ CIVIL MUNICIPAL DE _______________E.S.D. REFERENCIA. Proceso ejecutivo de _____ contra _______ RADICACIÓN: ________

______________________mayor de edad , vecino de Pereira, identificado con la C.C. Nro. ______ obrando en mi condición de apoderado judicial del señor ______ ____________ ( demandante) en el proceso de la referencia, a usted con el debido respeto y dentro de la oportunidad prevista en el art.. 537 del C.P.C., me permito solicitarle la terminación del proceso por pago total de la obligación por parte del demandado y las costas que generó el mismo. Consecuente con lo anterior, ruego a usted que sin lugar a condena en costas, ordene el levantamiento de las medidas cautelares decretadas y practicadas sobre los bienes de propiedad del demandado. Renuncio a términos de notificación y ejecutoría de auto favorable, pues el demandado COADYUVA con su firma esta petición. Del señor Juez, Atentamente,

_______________________ FIRMA Y ANTEFIRMA del apoderado del demandante Estudiante de práctica de consultorio jurídico C.C. Nro.. __________ de ___________ Código Nro. ________ de la Universidad ________ COADYUVO: _________________________FIRMA Y ANTEFIRMA DEL DEMANDADO C.C. Nro. ___________ de _________

37. MODELO DE SOLICITUD DE DESISTIMIENTO Señor JUEZ _____ CIVIL MUNICIPAL DE __________

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico E.S. D. REFERENCIA: PROCESO DIVISORIO DE _____________CONTRA________________ RADICACIÓN: ___________

_________________________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. _____________ y Código Nro. ______ de la Universidad ______, estudiante de práctica de Consultorio Jurídico, actuando en mi condicón de apoderado de la parte actora, a usted con el debido respeto me permito manifestarle que DESISTO de la demanda toda vez que existe un principio de acuerdo entre las partes. Me reservo el derecho de volver a formular la demanda en el evento de que el arreglo no se cristalice. La demandada ________________ coadyuva con su firma esta petición para que no haya condena en costas. Consecuente con lo anterior ruego al Señor Juez ordenar la cancelación de la medida cautelar que pesa sobre el bien inmueble objeto del litigio. Baso la anterior solicitud en el art. 342 del C.P.C. Renuncio a términos de notificación y ejecutoria de auto favorable. _______________________ FIRMA Y ANTEFIRMA del apoderado del demandante Estudiante de práctica de consultorio jurídico C.C. Nro.. __________ de ___________ Código Nro. ________ de la Universidad ________ COADYUVO: _________________________FIRMA Y ANTEFIRMA DEL DEMANDADO C.C. Nro. ___________ de _________

38. MODELO DE PODER PARA DEMANDA DE APERTURA DE SUCESIÓN Señor

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE _______ ( REPARTO ) E.S.D.

_________________, mayor de edad vecino de Pereira, identificado con la cédula de ciudadanía Nro. _______ de ________, a usted con el debido respeto me permito manifestarle que confiero poder especial, amplio y suficiente al estudiante de practica de Consultorio Jurídico ____________ mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la C.C. Nro. _____ de ______ y código Nro. ______ de la universidad _________ , para que inicie y lleve a su terminación proceso de sucesión de mínima cuantía de mi esposo ______ fallecido el día _____ del año ______ en la ciudad de Pereira, habiendo sido este su último domicilio. Mi apoderado queda facultado para transigir, recibir, desistir, sustituir, reasumir, pedir y aportar pruebas, conciliar y en general hacer todo lo que mas convenga a mis intereses. Sirva concederle personería para actuar. Atentamente, ______________________________ FIRMA Y ANTEFIRMA DEL INTERESADO C.C. Nro. _____________ de _______ COADYUVO: ___________________ FIRMA Y ANTEFIRMA Estudiante de práctica de consultorio jurídico C.C. Nro.. __________ de ___________ Código Nro. ________ de la Universidad ________

39. MODELO DE DEMANDA DE APERTURA DE LA SUCESIÓN Señor JUEZ CIVIL MUNICIPAL DE ___________( REPARTO) E.S.D. Referencia: Proceso de Sucesión Intestada de mínima cuantía de______ Contra______

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico ________, mayor de edad, domiciliado y residente en ________ con C.C. Nro _____________ de ___________ y código Nro. ______ de la universidad _________ estudiante de practica de Consultorio Jurídico, en ejercicio del poder conferido por la señora _____ viuda de ______ y sus hijos menores ______ y _____ mayor de edad, domiciliado y residente en _________ formulo ante usted demanda de la apertura del proceso de sucesión de _______ conforme a los siguientes HECHOS 1.

El Señor _______, falleció en esta ciudad el día _____ , fecha en que se defirió la herencia a sus herederos. 2. El causante, Señor ______ contrajo matrimonio católico con la señora _____, mi mandante el _____ de _____ del año ______ en ________ como aparece en la copia del registro civil de matrimonio de la Notaría ________________ del Circulo de ________. 3. Los cónyuges ____________ y ______________ procrearon dos hijos legítimos____________ y ___________, ambos menores de edad a quienes. 4. En el matrimonio de ______________ y _______________ no hay capitulaciones matrimoniales por lo que se formó la sociedad legal de bienes que no ha sido disuelta. 5. El señor ________no otorgó testamento. 6. La Señora ____________ me otorgó poder para representarla en este proceso, a ella y sus hijos menores, igualmente para la elaboración del los inventarios y el trabajo de partición de los bienes relictos de la sucesión. Con base en los anteriores hechos y en los fundamentos de derecho que adelante invocaré, formulo a usted las siguientes PRETENSIONES 1. 2.

3.

4. 5.

Que se declare abierto el proceso de sucesión del señor ____________ cuya herencia se defiró el día de su fallecimiento. Que se reconozca a la señora ________________ y a los hijos menores ___________ como herederos del causante en su condición de cónyuge sobreviviente e hijos legítimos. Que la señora _______________ y los menores ___________- y _____________residen en _________________, como cónyuge sobreviviente la primera e hijos legítimos los segundos del de cujus, tienen derecho a intervenir en el presente proceso. Que se decrete la elaboración de inventarios y avalúos. Que se fije en la secretaría del Juzgado y se publique el edicto emplazatorio

La señora ________________ opta por los gananciales y los hijos menores la aceptan con beneficio de inventario. RELACIÓN DE BIENES

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Civil Presento a usted Señor Juez la siguientes relación de bienes los cuales integran la masa global hereditaria, indicando los bienes propios y los gananciales con las fechas y modos de adquisición. NOTA: SE DEBE HACER UNA RELACION SUCINTA DE LOS BIENES. FUNDAMENTOS DE DERECHO Son fundamentos de derecho: Art. 1037 y ss., 1279 y ss. ,1781,1014, 1041 del C.C.; Ley 29/ 82; Ley 45/36; Art. 14, 15, 16, 20, 23, 75, 76, 77, 84, 88, 586, 624 del C.P.C. y demás normas concordantes. PROCEDIMIENTO, CUANTÍA Y COMPETENCIA. El procedimiento es el previsto en el título XXIX, capitulo IV, aRt. 586 y ss del C.P.C.;la cuantía la estimo en menos de $6.120.000 (SEIS MILLONES CIENTO VEINTE MIL PESOS M/CTE) (Esto es mínima cuantía); la competencia es suya Señor Juez por la cuantía y el último domicilio del fallecido. PRUEBAS a) Copia del registro civil de defunción de ____________ de la notaría _____________ del Círculo ce _________ b) Copia del Registro civil de matrimonio. c) Copia del Registro civil de nacimiento de los hijos d) El poder debidamente conferido. e) Otros. ( Como escrituras, títulos valores, etc.) ANEXOS Los documentos relacionados en pruebas; copia de la demanda para el archivo del Juzgado. DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES Mi poderdante en: ____________________________________________ Como estudiante de práctica de Consultorio Jurídico en la Cll 40 # 7 – 30 Tel. 3360181 Pereira. Del Señor Juez, Atentamente,

___________________ FIRMA Y ANTEFIRMA

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Estudiante de práctica de consultorio jurídico C.C. Nro.. __________ de ___________ Código Nro. ________ de la Universidad ________

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Competencia del Consultorio JurĂ­dico en Materia Civil

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico

1. PROCESO DE ALIMENTOS Articulo 448 C.P.C. INTRODUCCIÓN: En presencia de ciertas circunstancias de insolvencia económica, los vínculos de consanguinidad y otras relaciones, determinan la obligación de suministrar alimentos a quienes requieren urgente e indispensable ayuda. Son requisitos entonces para la viabilidad de los alimentos que quien los solicite se encuentre en estado de indigencia o necesidad. Así lo dispone el artículo 420 código civil, cuando dice que sólo hay derecho a alimentos en cuanto el solicitante los requiera, dada su precaria situación económica y que el demandado tenga medios económicos para suministrarlos, pues el artículo 419 ibídem dice que en la tasación de alimentos, se deben tomar en consideración las facultades del deudo y las circunstancia de él. Esos vínculos de consanguinidad y demás relaciones, están previstos en el artículo 411 C.C. y artículo 31 Ley 75/68, al decir que se deben alimentos: al cónyuge, a los descendientes, a los ascendientes, al cónyuge divorciado sin su culpa, a los hijos naturales, su posteridad y a los nietos naturales, a los ascendientes naturales, a los hijos adoptivos, a los padres adoptantes, a los hermanos legítimos y al que hizo una donación cuantiosa, si no hubiere sido rescindida o revocada. Los alimentos siempre tienen característica provisional, por cuanto las condiciones económicas del alimentario, son susceptibles de variación y ello lleva consigo que la obligación de suministrar alimentos pueda extinguirse o modificarse. Existe la posibilidad de obtener la fijación de cuota alimentaria dentro del proceso de divorcio, nulidad de matrimonio y separación de cuerpos, como actuación accesoria y por ser medidas procedentes en ese tipo de asuntos, como lo vimos cuando los analizamos. También es posible obtener el cumplimiento coercitivo de la obligación alimentaria, mediante un proceso autónomo, que es el ejecutivo de alimentos. FINALIDAD DEL PROCESO DE ALIMENTOS Persigue este proceso, como lo dice el numeral 3, artículo 435 CPC, que el juez fije, aumente, disminuya y exonere de alimentos o disponga la restitución de pensiones alimenticias. Como aspecto importante, debe destacarse que no sólo puede plantear la demanda para la fijación de cuota de alimentos la persona que tiene derecho a que se le suministren, sino también por el obligado a prestarlos, tal y como se desprende del parágrafo final del artículo 448 CPC, que dice: “cuando el demandante ofrezca pagar alimentos y solicite su fijación, se aplicará en lo pertinente lo dispuesto en este artículo”. REQUISITO DE PROCEDIBILIDAD

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia de Familia El numeral 2 del artículo 40 de la ley 640 de 2.001, dice que la conciliación extrajudicial en derecho, deberá intentarse previamente a la iniciación del proceso judicial en los asuntos relacionados con las obligaciones alimentarias. Por tal razón, dicho requisito de procedibilidad debe cumplirse previamente ante el defensor de familia, o el comisario de familia, ante Notario o Centro de Conciliación. COMPETENCIA Por expresa disposición del literal 1º artículo 5º. Decreto 2272 de 1989, la competencia ara conocer de los procesos de alimentos por la naturaleza del asunto, la tienen sin excepción y en única instancia los jueces de familia. Si en el lugar no existe juez de familia, lo serán los jueces civiles del circuito o promiscuos del circuito. Por el factor territorial conocerá el juez del domicilio del menor, si los alimentos se piden para esa persona (art. 8 ibídem). En caso contrario, será competente por el factor territorial, el juez del domicilio del demandado (numeral 1º. Artículo 23 CPC); o el del domicilio común anterior, mientras el demandante lo conserve (numeral 4º. Artículo 23 citado). Y es que si el proceso de alimentos se predice también respecto de cualquier persona a la que por ley se le deban alimentos, aunque ésta no sea menor de edad, la única diferencia en materia de competencia es, que cuando se trate de menores, el competente siempre será del juez del domicilio del menor, sea de familia o civil municipal, según el caso. REGULACIÓN DEL PROCESO DE ALIMENTOS El trámite para el proceso de alimentos, cuando se trate de menores de edad, lo regula el C. del Menor, aunque tal trámite no es nada distinto a la reiteración de las normas que consagra el CPC para igual proceso, cuando se trate de personas distintas a menores de edad. LA SENTENCIA EN EL PROCESO DE ALIMENTOS El juez debe tener como elemento de juicio para fijar en la sentencia la cuota alimentaria, las pruebas que demuestren la capacidad económica del demandado. La suma que se fije en la sentencia no necesariamente tiene que coincidir con la suma que se haya fijado provisionalmente, pues para ésta le bastó prueba siquiera sumaria de la capacidad económica del demandado, en tanto que para la fijación en la sentencia gozará de un recaudo probatorio más amplio y debidamente controvertido y su decisión será entonces más ajustada a la realidad. En la sentencia se señalará cuál es el monto de la cantidad periódica que el demandado debed suministrar como alimentos a favor del demandante o demandantes. Tal fijación no es definitiva, como quiera que esta sentencia no hace tránsito a cosa juzgada material y por lo tanto es susceptible de modificación en el momento en que se demuestre que los medios económicos han variado.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Aunque la norma no lo dice, los procesalistas sostienen que cuando se solicita esa modificación, debe tramitarse un incidente en el mismo expediente y ante el mismo juez, aplicando por analogía el numeral 2º. Artículo 443 CPC, que regula caso semejante (Regulación alimentaria en el proceso de nulidad del matrimonio civil). Las seguridades que el demandado debe dar para cumplir con la cuota alimentaria, también debe ser objeto de pronunciamiento en la sentencia. Es así como el juez puede disponer que los alimentos se paguen o aseguren mediante la constitución de un capital, cuya renta los satisfaga o prestar garantía personal o real para asegurar su cumplimiento, si se trata de alimentos que un cónyuge deba a otro. Si ordenado constituir el capital, el demandado no lo hace en el término de diez días, el demandante puede pedir al juez que en el mismo expediente y por el trámite del proceso ejecutivo de mínima cuantía, decrete el embargo, secuestro, avalúo y remate de bienes del deudor hasta la cantidad necesaria para la obtención del capital fijado, que permita obtener una renta equivalente a la cuota alimentaria mensual fijada. Es de advertir que el juez debe agotar todos los pasos del proceso ejecutivo, pues la remisión a éste es respecto a todo el trámite y no sólo a las aludidas medidas. Con la observancia de todo el trámite se salvaguarda el derecho de defensa. Y aunque la norma dice que en la ejecución no se permitirá la intervención de terceros acreedores, esa expresión no puede ser tomada en términos absolutos, pues el acreedor hipotecario o prendario tiene prelación aún sobre los créditos provenientes de alimentos, lo que no sucede con los quirografarios. Debe entenderse pues que los acreedores que no pueden intervenir, son aquellos que tengan créditos de inferior rango al proveniente de alimentos. PROCESO DE ALIMENTOS (CODIGO DEL MENOR) INTRODUCCIÓN Según el artículo 133 del C. del Menor (Decreto 2737/89) “se entiende por alimentos todo lo que es indispensable para el sustento, habitación, vestido, asistencia médica, recreación, formación integral y educación o instrucción del menor. Los alimentos comprenden la obligación de proporcionarle a la madre los gastos de embarazo y parto”. Quiénes pueden reclamar alimentos? Dice el artículo 135 C. Del Menor que “la mujer grávida podrá reclamar alimentos respecto del hijo que está por nacer, del padre legítimo o del que haya reconocido la paternidad en el caso del hijo extramatrimonial”. Por su parte, el artículo 136 ibídem, dice que en caso de incumplimiento de la obligación alimentaria respecto de un menor, podrá reclamar alimentos para él, cualquiera de sus padres, sus parientes, el guardador o la persona que lo tenga bajo su cuidado. CONCILIACIÓN PREVIA Cuando se incumple la obligación alimentaria para con un menor, cualquiera de sus padres, sus parientes, el guardador o la persona que lo tenga bajo su cuidado, podrán

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia de Familia provocar la conciliación ante el defensor de familia, los jueces competentes, el comisario de familia o el inspector de los corregimientos de la residencia del menor o éstos de oficio. En el acta de conciliación se determinará la cuantía de la obligación alimentaria, el lugar y forma de su cumplimiento, la persona a quien debe hacerse el pago, los descuentos salariales, sus garantías, el reajuste que debe tener la cuota anualmente y demás aspectos que se estimen necesarios. El acta de conciliación y el auto que lo apruebe, prestarán mérito ejecutivo, mediante el trámite de la ejecución de mínima cuantía ante los jueces de familia o municipales, conforme a la competencia señalada por la ley (Art. 136 C. del Menor. Si la persona obligada a suministrar alimentos se cita en dos oportunidades a la conciliación, habiéndosele dado a conocer el contenido de la petición o fracasada la conciliación, el funcionario fijará prudencial y provisionalmente los alimentos. El auto que señale la cuota provisional prestará mérito ejecutivo (Artículo 137 C. del Menor). Para tal efecto, se adelantará la ejecución por el procedimiento de mínima cuantía, bien ante los jueces de familia o municipales, conforme a la competencia señalada por la ley. OFERTA DE ALIMENTOS. REVISIÓN Es posible que la persona obligada a prestar alimentos haga el ofrecimiento verbalmente o por escrito o que solicite la revisión de la cuota fijada. En ese caso, si hay acuerdo entre las partes, se levanta acta de conciliación y ésta y el auto que la apruebe, prestará mérito ejecutivo por el procedimiento previsto para las ejecuciones de mínima cuantía. Si se rechaza la oferta, el funcionario fijará prudencial y provisionalmente los alimentos. Para esa decisión se tendrá en cuenta los términos de la oferta y los informes y pruebas presentadas por el oferente para sustentar su propuesta. PROCESO DE ALIMENTOS PARA EL MENOR Los representantes legales del menor, la persona que lo tenga bajo su cuidado y el defensor de familia, podrán demandar ante el juez de familia o en su defecto, ante el juez civil municipal del lugar de residencia del menor, la fijación o revisión de alimentos. También es posible que el juez de oficio abra el proceso (Artículo 139 C. del Menor). En cuanto a los requisitos de la demanda, la posibilidad de formularla verbalmente, la corrección de la misma, su admisión, la notificación del auto admisorio, la iniciación oficiosa, la contestación, las excepciones de mérito y previas y la forma de proponer estas últimas a través del recurso de reposición, el señalamiento de fecha y hora para la audiencia, el saneamiento del proceso, el trámite de la audiencia, el decreto y práctica de pruebas, alegaciones, apelación y grabación de lo actuado (Artículos 140 a 147 C. del Menor), nos remitimos a lo visto en el proceso de alimentos regulado por el C.P.C y que ya vimos, pues el código del menor no hizo sino repetir las normas pertinentes.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Los procesalistas han criticado la regulación del proceso de alimentos en el C. del Menor, porque el trámite no tiene ninguna diferencia de fondo con el verbal sumario, razón por la cual consideran que es un evidente e inútil desgaste legislativo, se incurrió en el repetición de la repetidora. Dicen que habría bastado hacer la referencia a que en el proceso de alimentos para menores, se aplicarían las normas previstas para el proceso verbal sumario, regulado por el Decreto 2282/89. Lo mismo debe decirse en relación con la posibilidad de que en la sentencia se disponga que los alimentos se paguen y aseguren, mediante la constitución de un capital, cuya renta los satisfaga, con la alternativa de pedir embargo, secuestro y remate de bienes en la cantidad necesaria para la obtención de ese capital, por el trámite del proceso ejecutivo de mínima cuantía, sin la intervención de terceros acreedores, cuando el demandado no cumple la orden dentro de los diez días siguientes; y sobre la facultad de demandar ejecutivamente por alimentos provisionales y definitivos en el mismo expediente, en cuaderno separado por el trámite de mínima cuantía, en el cual no podrá admitirse excepción distinta a la del pago (artículos 151 y 152 C. del Menor). Respecto a los alimentos provisionales, dice igualmente el artículo 148 ibidem, que desde la admisión de la demanda, el juez podrá ordenarlos de oficio o a solicitud de parte, si se aporta prueba siquiera sumaria de la capacidad económica del demandado y de la existencia de la obligación alimentaria, con el agregado que debe darse aviso a las autoridades de emigración del DAS para que el demandado no pueda ausentarse del país, sin prestar garantía suficiente que respalde el cumplimiento de la obligación. PRUEBAS DE LA CAPACIDAD ECONÓMICA DEL ALIMENTANTE Dice el artículo 149 del C. del Menor, que para efectos de fijar alimentos en el proceso, el juez o el defensor de familia podrá solicitar al respectivo pagador o empleador, certificación de los ingresos del demandado y a la administración de impuestos nacionales, copia de la última declaración de renta, o en su defecto, certificación sobre ingresos y salarios expedida por el respectivo patrono. Por su parte el artículo 133 C. del Menor preceptúa que cuando no fuere posible acreditar el monto de los ingresos del alimentante, el juez podrá establecerlo tomando en cuenta su patrimonio, posición social, costumbres y en general todos los antecedentes y circunstancias que sirvan para evaluar su capacidad económica. En todo caso, se presumirá que devenga el salario mínimo legal. MEDIDAS DE ASEGURAMIENTO En el curso del proceso o en la sentencia, el juez podrá adoptar las siguientes medidas, sin perjuicio de las garantías de cumplimiento de cualquier clase, para asegurar la oportuna satisfacción de la obligación alimentaria. Si fuere asalariado, la orden para el pagador a fin de que descuente y consigne hasta el 50% de lo que legalmente componga el salario mensual del demandado y hasta el mismo porcentaje de sus prestaciones sociales.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia de Familia El pagador responderá solidariamente por las cantidades no descontadas, previo trámite incidental, extendiéndose a él la orden de pago. Embargo de los inmuebles y embargo y secuestro de los muebles en cantidad suficiente para el pago de la obligación y hasta el 50% de los frutos que ellos produzcan. Se excluyen los útiles e implementos de trabajo (Artículo 153 C. del Menor). CUANDO CESA LA OBLIGACIÓN ALIMENTARIA Los alimentos que se deben de acuerdo con el C. del Menor se entienden concedidos hasta que el menor cumpla dieciocho (18) años, (Art. 157 C. del Menor). Cuando a los padres se les imponga la sanción de suspensión o pérdida potestad, no por eso cesan las obligaciones alimentarias. Terminan cuando es entregado en adopción. INTRANSMISIBILIDAD DE LOS ALIMENTOS El derecho de pedir alimentos no puede transmitirse por causa de muerte, ni venderse o cederse de modo alguno, ni renunciarse. El que los deba, no le puede oponer compensación al demandante, por lo que éste le deba (Art. 158). Ahora las pensiones alimenticias atrasadas podrán renunciarse o compensarse y el derecho demandarlas transmitirse por causa de muerte, venderse o cederse con autorización judicial, sin perjuicio de la prescripción que compete alegar al deudor. ACUMULACIÓN DE PROCESOS Si los bienes de la persona obligada o sus ingresos se hallaren embargados por otro proceso de alimentos o afectos al cumplimiento de una sentencia de alimentos, el juez de oficio o a petición de parte, al tener conocimiento del hecho, asumirá el conocimiento de ambos para el solo efecto de señalar la cantidad de las varias pensiones alimentarias, teniendo en cuenta la condición del aumentante y l as necesidades de los distintos alimentarios (Art. 154). La Corte en auto de junio 22/79 dijo que la aprehensión del conocimiento de los dos o más procesos de alimentos por parte del que tuvo conocimiento de embargo anterior, es puramente transitoria y termina con el señalamiento de las distintas pensiones, debiendo devolver el expediente cuya remisión solicitó al juez que conocía del mismo, sin que la competencia se altere porque no es una verdadera acumulación de procesos.

2. MODELO DE PODER PARA PROCESO VERBAL SUMARIO DE FIJACION O INCREMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA Y EJECUCION DE ALIMENTOS Señor: JUEZ DE FAMILIA O PROMISCUO DE FAMILIA DE _________

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico E.S.D. ___________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificada con la CC No. ________ de ______, en mi condición de representante legal de los menores ______________, a usted con todo respeto me permito manifestarle que confiero poder especial, amplio y suficiente al estudiante de práctica de Consultorio Jurídico __________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No. ____ de ____, para que inicie y lleve hasta su terminación proceso verbal sumario de fijación de cuota alimentaria (o de incremento o disminución o exoneración) (o demanda ejecutiva de alimentos) en contra del señor ___________, mayor de edad, vecino de Pereira. Mi apoderado queda facultado para transigir, recibir, desistir, sustituir, reasumir, conciliar y en general hacer todo lo que más convenga a mis intereses. Sírvase señor juez, reconocerle personería a mi mandante para los efectos y dentro de los términos de este mandato. Atentamente, Firma y antefirma de la demandante CC No. ___________ de _______ Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico CC No. ___________ de _______ Código No. ___________ de la Universidad _________

3. MODELO DE DEMANDA PARA PROCESO VERBAL SUMARIO DE FIJACION DE CUOTA ALIMENTARIA Señor: JUEZ DE FAMILIA O PROMISCUO DE _______ REPARTO E.S.D. Referencia: Demanda de fijación de cuota alimentaria De: __________________ Contra: _______________ ___________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No. _________ de ______ y código No. _______ de la Universidad ________ estudiante de práctica de consultorio jurídico, en mi condición de apoderado judicial de la señora ___________, mayor de edad, vecina de Pereira, identificada con la CC No. ______ de ____, quien actúa en nombre y representación del menor _________, a usted con todo respeto me permito manifestarle que presento demanda de fijación de cuota alimentaria, en contra

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia de Familia del señor _________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No. _______ de ________. El fundamento de mi demanda la hago consistir en los siguientes: HECHOS 1.

2.

3.

4.

La señora _________ contrajo matrimonio por los ritos de la iglesia católica con el señor _________, en la Parroquia de ________ el día _____ de ______ de ____ el cual fue inscrito en la Notaría _______ del Círculo de ____. El señor ___________, abandonó el hogar desde el día ______ del mes de ______ de _____, fecha desde la cual ha incumplido con la obligación alimentaria que tiene para con su hijo menor llamado ________, de tantos años _______. La señora ____________ no dispone de los recursos económicos suficientes para satisfacer las necesidades propias de los hijos, ya que sus ingresos se limitan al salario mínimo que devenga al servicio de ________. El señor _______________ está en capacidad de cumplir con su obligación alimentaria, ya que actualmente labora en ____________, devengando un salario de $___________. PRETENSIONES

1.- Condenar al señor _____________ al pago de alimentos, a favor de los menores _________, teniendo en cuenta la capacidad económica del demandado (o en cuantía equivalente al 50% del salario por él devengado). 2.- Disponer que la cuota fijada se incremente anualmente en un porcentaje equivalente al aumento que tenga el salario mínimo mensual. 3.- Ordenar que la cuota señalada, sea cancelada a la señora _________, en tal lugar, dentro de los primeros cinco (5) días de cada período mensual. 4.- Que para garantizar el pago de la cuota de alimentos fijada, se decrete el embargo y secuestro del 50% de lo que legalmente compone el salario mensual del demandado y hasta el mismo porcentaje de sus prestaciones sociales, que recibe el señor ____________ en tal parte, a la que está vinculado laboralmente y conforme a lo dispuesto por el artículo 153 del Decreto 2737 de 1.989. 5.- Que se cite al Procurador de Familia para que intervenga en el proceso. ALIMENTOS PROVISIONALES De conformidad con lo estipulado en el Art. 417 del CC. Solicito al señor juez que mientras se cumplen los trámites procesales tendientes a establecer la obligación alimentaria y su monto definitivo, se fije a cargo del demandado una cuota mensual de $________ a título de alimentos provisionales.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Que se oficie al Departamento Administrativo de Seguridad –DAS- para que se prohíba al demandado salir del país, mientras no presente garantía suficiente para el pago de los alimentos fijados provisionalmente.

DERECHO Son fundamentos de derecho el artículo 133 y s. s. del Código del Menor; el artículo 4º. de la Ley 75 de 1.968 (si el menor para el que se solicitan alimentos es hijo extramatrimonial); artículos 411 y s. s. C. Civil. CLASE DE PROCESO Verbal sumario (Artículo 435 y s. s. C. P. C.). MEDIOS DE PRUEBA A.

DOCUMENTAL a. Registro civil de matrimonio b. Los registros civiles de nacimiento de los hijos menores c. Constancia expedida por el pagador de la empresa donde labora el señor _________, donde se indica el sueldo que devenga.

B.

TESTIMONIAL

Solicito al señor Juez, que sobre los hechos de la demanda, se reciban los siguientes testimonios _________________ dirección donde se localizan. C.

Certificaciones. Que se oficie a la empresa donde labora el demandado, a efecto de que digan la remuneración que devenga el señor ___________ como empleado al servicio de esa entidad. ANEXOS

Los documentos relacionados en pruebas, copia de la demanda para el archivo del juzgado y de ella y sus anexos en dos juegos, uno para el traslado al demandado y otro para el Procurador de Familia. DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES

Demandante: _____________ Demandado: ______________

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia de Familia Como estudiante de Consultorio jurídico me notificaré en la secretaría de su despacho ó en la calle 40 No. 7-30, teléfono 3360181, Pereira. Atentamente, Firma y antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico CC. No. ________ de _____ Código No. _____ de la Universidad ______

4. MODELO DE DEMANDA PARA PROCESO VERBAL SUMARIO DE AUMENTO DE CUOTA ALIMENTARIA Señor: JUEZ DE FAMILIA O PROMISCUO DE ______ REPARTO E.S.D. Referencia: Demanda de Aumento de cuota alimentaria de ________ contra __________. _________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No. _________ de ________ y código No. De la Universidad _______, estudiante de práctica de consultorio jurídico, en mi condición de apoderado judicial de la señora ____________, mayor de edad, vecina de Pereira, identificada con la CC. No. ___________ de ________, quien actúa en nombre y representación del menor ____________, a usted con todo respeto me permito manifestarle que presento demanda de AUMENTO de cuota alimentaria en contra del señor _____________, también mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC. No. _____ de ______. El fundamento de mi demanda la hago consistir en los siguientes: HECHOS 1. La señora _________, contrajo matrimonio por los ritos de la iglesia católica con el señor ____________ en la parroquia de ______, el día ______ de __________ de _________ el cual fue inscrito en la Notaría __________ del Círculo de ______. 2. Mediante sentencia de fecha __________ emanada del juzgado ______ de Familia de __________, se condenó al señor _________ a pagar a favor de la señora ________, la suma de $ ________, por concepto de cuota alimentaria para los hijos menores ___________. 3 El señor ________, ha venido pagando regularmente la cuota, pero ésta no alcanza a satisfacer las necesidades de los hijos, como son: la alimentación, vestuario, educación y sostenimiento, por lo que es necesario su incremento.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico 4. El señor _____________, está en capacidad de incrementar la cuota alimentaria, ya que actualmente labora en ____________, devengando un buen salario y no tiene otras obligaciones que le impidan aumentar la que actualmente viene pagando. PRETENSIONES 1 Sírvase señor juez, decretar el incremento de la cuota alimentaria que el señor _________, viene dando a sus hijos menores, en cuantía de $____________, pues el demandado posee capacidad económica para el aumento, ya que devenga un salario de $__________ y además tiene otros ingresos tales como: ___________. DERECHO Son fundamentos de derecho el artículo 133 y s. s. del Código del Menor; el artículo 4º. de la Ley 75 de 1.968 (si el menor para el que se solicita el aumento de alimentos es hijo extramatrimonial); artículos 411 y s. s. C. Civil. CLASE DE PROCESO Verbal sumario (Artículos 435 y s. s. C. P. C.). MEDIOS DE PRUEBA A. DOCUMENTAL: a. Registro civil de matrimonio b. Los registros civiles de nacimiento de los hijos menores c. Constancia expedida por el pagador de la empresa donde labora el señor __________ donde se indica el sueldo que devenga. d. Constancia expedida por _________, en relación con otros ingresos que tiene el demandado. e. Copia de la sentencia emanada del juzgado ___________ donde se condenó al demandado a pagar alimentos. B.

TESTIMONIAL. Solicito al señor juez, que se reciban los siguientes testimonios con el fin de que declaren fundamentalmente sobre la capacidad económica del señor ____________, dirección donde se localizan.

C.

OFICIOS. Que se oficie a la empresa donde labora el demandado, a efecto de que CERTIFIQUE sobre la remuneración que devenga el señor __________ como empleado al servicio de esa entidad. ANEXOS

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia de Familia Los documentos relacionados en pruebas, copia de la demanda para el archivo del juzgado y de ella y sus anexos en dos juegos, uno para el traslado del demandado y otro para el Procurador de Familia. DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES Demandante _________________ Demandado __________________ Como estudiante de Consultorio Jurídico me notificaré en la secretaría de su despacho ó en la calle 40 No. 7-30, teléfono: 3360181, Pereira. Atentamente, Firma y antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico CC No. ___________ de ______ Código No. _______ de la Universidad _________

5. MODELO DE DEMANDA EJECUTIVA DE ALIMENTOS Señor: JUEZ DE FAMILIA O PROMISCUO ________ REPARTO E.S.D. Referencia: Demanda Ejecutiva de Alimentos De. _______________ Contra. ____________ ___________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificada con la CC. No. _______ de _______ y código No. ________ de la Universidad _________, estudiante de práctica de Consultorio Jurídico, en mi condición de apoderado judicial de la señora ____________, mayor de edad, vecina de Pereira, identificada con la CC. No. ________ de _______, quien actúa en nombre y representación del señor ___________, a usted con todo respeto me permito manifestarle que presento demanda ejecutiva de alimentos en contra del señor ___________, también mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No. _____ de _______. El fundamento de mi demanda la hago constar en los siguientes: HECHOS

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico 1. La señora _____________, contrajo matrimonio por los ritos de la iglesia católica con el señor ____________, en la Parroquia de ___________ el día ______ de _______ de _______ el cual fue inscrito en la Notaría ________ del Círculo de __________. 2. Mediante sentencia de fecha __________, emanada del juzgado ____ de familia de _______, se condenó al señor ______________ a pagar a favor de la señora ___________, la suma de $____________ por concepto de cuota alimentaria para los hijos menores ______________. 3. El señor _____________ no ha cumplido cabalmente con la obligación que judicialmente se le impuso, ya que desde el mes de _________ no ha pagado la cuota alimentaria fijada a favor del menor _____________. 4. El título que sirve de recaudo ejecutivo, presta mérito ejecutivo como obligación de pagar, pues se trata de una obligación clara, expresa y actualmente exigible en cabeza del señor _____________. 5. A la fecha el demandado adeuda por concepto de cuotas atrasadas, la suma de $____________. 6. La señora __________ me ha conferido poder especial para proceder ejecutivamente. PRETENSIONES Sírvase, señor Juez, dictar mandamiento ejecutivo en contra del señor ___________ y a favor de la señora ___________________, en representación del menor _______________, por los conceptos siguientes: 1.

Por la suma de $_____________ correspondiente a la cuota del mes de _______ exigible el día.

2.

Por los intereses legales del 6% anual contados a partir del día _______ hasta cuando sea cancelada.

3.

Por la suma de $ ___________ correspondiente a la cuota del mes de ______ exigible el día __________.

4.

Por los intereses de mora del 6% anual contados a partir del día ________ hasta cuando se verifique el pago.

5.

Que se condene en costas al demandado.

DERECHO Si el título es una sentencia (Artículo 488 C. P. C.). Si es un acta de conciliación (Artículo 1º. Parágrafo 1º. Ley 640 de 2.001).

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia de Familia MEDIOS DE PRUEBA A. DOCUMENTAL a) Registro civil de matrimonio b) Los registros civiles de nacimiento de los hijos menores c) Constancia expedida por el pagador de la empresa donde labora el señor _________ donde se indica el sueldo que devenga. d) Copia de la sentencia emanada del juzgado _________ donde se condenó al demandado a pagar alimentos. ANEXOS Los documentos relacionados en pruebas, copia de la demanda para el archivo del juzgado y de ella y sus anexos para la notificación del mandamiento de pago al demandado. DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES Demandante. ___________ Demandado. _________ Como estudiante de Consultorio Jurídico me notificaré en la secretaría de su despacho o en la calle 40 No. 7-30, teléfono 3360181, Pereira. Atentamente, Firma y antefirma Estudiante de práctica de Consultorio Jurídico C.C No. _____ de ________ Código No. _____ de la Universidad NOTA. Las medidas previas de embargo y secuestro de bienes del demandado se piden en folio separado, igualmente se debe recibir poder para iniciar la acción ejecutiva. COMPETENCIA EN MATERIA FISCAL Los estudiantes de Consultorio Jurídico pueden servir de apoderados en los procesos de responsabilidad fiscal que se sigan en contra de empleados al servicio de la administración nacional, departamental o municipal y cuyo trámite corresponde a las contralorías nacional, departamental y municipal.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico

1. EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL OBSERVACIONES: 1. En virtud de los artículos 271 y 272 de la Constitución Nacional, se expidió la ley 42 de 1993 y la ley 610 del 15 de agosto de 2000. 2. Mediante las anteriores normas se determinó que el Control Fiscal es posterior y selectivo, pues antes de estas leyes y de la Constitución de 1991 el control fiscal que se ejercía en las Contralorías era previo, pasando a posterior y selectivo; además se estableció con estas leyes que los funcionarios al servicio del Estado tienen que responder por el manejo de sus bienes. 3. A partir de la Constitución de 1.991 se determinó que el proceso de Responsabilidad Fiscal, tendría dos períodos bien definidos y determinados que son: A. LA INDAGACION PRELIMINAR B. EL PROCESO DE RESPONSABILIDAD FISCAL PROPIAMENTE DICHO, el cual se compone de dos etapas: 1. La Investigación 2. El juicio 4. Si en la etapa de la investigación existe persona responsable conocida, se le denominará presunto responsable. 5. Terminada la investigación puede suceder que el hecho ocurrió, que el hecho no ocurrió o que ocurrió pero alguien pagó. 6. Vencido el término de investigación se dicta el Auto que bien puede ser de: a) Imputación de Responsabilidad Fiscal b) Archivo de las diligencias 7. Cuando el responsable es conocido se le debe notificar personalmente este auto de imputación de responsabilidad fiscal. Al presunto responsable se le debe escuchar en versión libre y espontánea, para lo cual deberá estar asistido por un apoderado, en este caso por los estudiantes de práctica de consultorio jurídico o por un apoderado designado por el funcionario investigador.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Fiscal 8. La carga de la prueba en la etapa de la investigación la tiene el Estado, esto es la Contraloría mientras que en la etapa del juicio, la tiene el responsable (Sentencia T.C. 097 de 1994). La vía gubernativa se agota cuando se interponen los recursos. Si el vinculado no interpone los recursos no puede acudir ante la jurisdicción contenciosa. 9. Para adelantar el juicio el legislador fijó un término de 15 días hábiles del traslado que tiene para controvertir los cargos o la imputación que se le hace y pida las pruebas que pretenda hacer valer. Las pruebas dispone la ley 610, deben ser decretadas y practicadas por el funcionario investigador en un término de 30 días hábiles; y el funcionario dispone finalmente de treinta (30) días hábiles, una vez practicadas las pruebas para dictar el fallo. 10. La decisión final que toma la Contraloría por intermedio de la Dirección de Juicios Fiscales, se denomina FALLO CON RESPONSABILIDAD O FALLO SIN RESPONSABILIDAD. 11. En ambas etapas son susceptibles los recursos de reposición, apelación, queja y revocatoria directa, los cuales deberán interponerse contra el auto de imputación de responsabilidad fiscal, anotándose de paso que contra el fallo con responsabilidad sólo procede el recurso de apelación. 12. La segunda instancia la conocen los Contralores Nacional, Departamental o Municipal, quienes decidirán dentro de los 20 días hábiles siguientes. 13. En el fallo que se profiera se cobran los bienes por el perjuicio que sufrió la administración (daño emergente), pues las Contralorías no están facultadas para cobrar el lucro cesante, pero en todo caso la cuantía de daño deberá actualizarse al momento de la decisión, tomando como base los índices de precios al consumidor, certificados por el DANE. 14. El proceso de responsabilidad fiscal es resarcitorio. 15. La acción caduca en cinco años contados a partir de la ocurrencia del hecho y prescribe en cinco años contados a partir del auto de apertura de responsabilidad fiscal, si dentro de dicho término no se ha dictado providencia en firme que la declare. 16. La jurisdicción Coactiva. Se estableció para cobrar ejecutivamente al funcionario que no pague voluntariamente, en caso de un fallo adverso. NOTA. Los estudiantes de Consultorio Jurídico, que asuman como apoderados de oficio en un proceso de responsabilidad fiscal, están obligados a intervenir activamente en la producción y controversia de las pruebas que conduzcan a establecer la responsabilidad o no del presunto implicado.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Fiscal

CAPITULO VI COMPETENCIA EN MATERIA ADMINISTRATIVA No se tiene competencia, por lo tanto la asesoría se limita a orientar al usuario del Consultorio, elaborándole peticiones, memoriales, solicitudes y recursos para que los presente a nombre propio.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico

1. MODELO DE PETICION EN INTERES PARTICULAR Señor: GERENTE DE LA EMPRESA DE ENERGIA DE PEREIRA E.S.M. Referencia: Reclamo de facturación de servicios de energía ___________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No. ________ de _______ actuando en mi calidad de usuario del servicio de energía, en ejercicio del derecho de petición que consagra el Art. 23 de la Constitución Nacional y la obligación que tienen las autoridades de dar pronta respuesta, me dirijo a usted con el fin de formular la siguiente: PETICION 1. Que se revise la facturación correspondiente al período comprendido entre el ________ y el ________ que se efectuó por concepto de energía suministrado al inmueble ubicado en ________ en la medida que presenta errores en la misma, ya que ésta subió con relación al mes anterior en un 100%. 2. Que se facture de conformidad con el estrato socioeconómico que corresponde al inmueble citado, pues en la actualidad me tiene en estrato medio alto, cuando la realidad es que el estrato es bajo-bajo. FUNDAMENTO DE LA PETICIÓN Es fundamento de mi petición los Arts. 23 y 365 de la Constitución Nacional, Decreto Ley 1842 de 1991; Ley 142 de 1994 y demás normas concordantes. PRUEBAS Que se tengan como pruebas las siguientes: Documental. La factura de servicios de energía, correspondiente al mes de _______ y al mes de _______. -

Que se realice visita técnica al inmueble ubicado en ________, a efecto de verificar los hechos que son materia de reclamación.

Testimonial. Que se llame a declarar sobre los hechos que son objeto de petición, a las siguientes personas _________ las cuales se localizan en ___________

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Administrativa DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES Las notificaciones las recibiré en la siguiente dirección ___________ Atentamente, Firma y antefirma del peticionario CC No. ________ de ________ NOTA. La actuación del estudiante se limita a recibir la entrevista y elaborarle la petición al entrevistado para que éste lo presente personalmente.

2.MODELO DE PETICION PARA SOLICITAR ALGUNA INFORMACION Y PEDIR COPIAS Señor _________________ E.S.M. Referencia: Derecho de Petición ________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No. _________ de _________, actuando en mi propio nombre, en ejercicio del Derecho de Petición que consagra el Art. 23 de la Constitución Nacional y la obligación que tienen las autoridades de dar pronta respuesta, me dirijo a usted con el fin de formular la siguiente: PETICION 1. Que se me suministre información acerca del contenido y desarrollo de las siguientes actuaciones suyas: a) _________ b) _________ 2. Que se me expidan copias de los siguientes documentos: a) ____________ b) ____________ FUNDAMENTO DE LA PETICION Es fundamento de mi petición los Arts. 23 y 365 de la Constitución Nacional; Decreto Ley 1842 de 1991; Ley 57 de 1985 y demás normas concordantes.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Verificar los hechos que son materia de reclamación DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES Como peticionario las notificaciones las recibiré en la siguiente dirección _____________. Atentamente, Firma y antefirma del peticionario CC No. _________- de __________ NOTA. La actuación del estudiante se limita a recibir la entrevista y a elaborarle la petición al entrevistado para que éste lo presente personalmente.

3. BREVES COMENTARIOS A LA ACCION DE TUTELA Tiene su fundamento constitucional en el Art. 86 de la Constitución Nacional. Tiene su fundamento legal en el Decreto 2591 de 1991 y demás normas que lo modifican y adicionan. La Acción de Tutela garantiza el cumplimiento de los derechos fundamentales establecidos en la Constitución. La Acción de Tutela procede contra toda acción u omisión de las autoridades públicas que hayan violado o amenace violar cualquiera de los derechos fundamentales. También procede contra acciones u omisiones de los particulares. La Acción de Tutela no procede en los siguientes casos: a) Cuando existan otros recursos o medio de defensa judiciales. b) Cuando para la protección de derecho vulnerado, violado o amenazado se pueda invocar la acción de Habeas Corpus. c) Cuando con la acción se pretenda proteger derechos colectivos. d) Cuando sea evidente que la violación del derecho originó un daño consumado, salvo que continúe la acción u omisión violatoria del derecho. e) Cuando se trata de actos de carácter general, impersonal y abstracto. La Acción de Tutela se dirige contra la autoridad pública o el representante legal del órgano que presuntamente violó o amenazó el derecho fundamental. La solicitud de tutela debe contener: a) Identificación plena del solicitante. b) La indicación de la acción o la acción que la motivó y el derecho que se considera amenazado o violado.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Administrativa c) El nombre de la autoridad pública o del órgano autor de la amenaza o agravio. d) Las pruebas que pretenda hacer valer. e) Los fundamentos de derecho f) Los anexos de la petición que no es otro que copia de la solicitud para el respectivo traslado al responsable de la violación o amenaza del derecho. g) Las direcciones para notificaciones. El fallo deberá ser proferido por la autoridad judicial respectiva, dentro de los diez (19) días siguientes a la admisión de la tutela. Contra el fallo de primera instancia procede el recurso de apelación, interpuesto dentro de los tres (3) días siguientes a la notificación del mismo. NOTA. Los estudiantes no son competentes para presentar solicitudes de tutela, deberán hacerla a nombre del interesado.

4. MODELO DE ACCIÓN DE TUTELA Señor: __________ E.S.M. Referencia: Acción de Tutela ____________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No. ________ de ________ actuando en mi propio nombre, a usted con todo respeto me permito presentar Acción de Tutela, en contra de ________ a efecto de que ordene a ________ para que me sea practicado el tratamiento médico a que tengo derecho como afiliado de esa entidad (la acción de tutela se puede incoar por violación a cualquier derecho fundamental tales como: la vida, la salud, la libertad de opinión, de reunión, derecho al trabajo, a la información, al debido proceso, a la defensa, etc), el cual está siendo desconocido, amenazado, vulnerado o en peligro. El fundamento de la acción se hace consistir en los siguientes:

HECHOS Aquí se hace una relación sucinta de los hechos que constituyen la amenaza, el desconocimiento del derecho, la violación o la vulneración del derecho, etc. JURAMENTO Me permito manifestar bajo la gravedad del juramento que no he formulado acción de tutela alguna por los hechos relatados.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico FUNDAMENTO DE LA PETICION Los hechos anteriormente narrados constituyen una violación (o amenaza) a mi derecho fundamental, la vida, etc. Además son fundamentos de derecho de esta acción los siguientes (hacer algunas consideraciones de carácter jurisprudencial o doctrinario en relación con el derecho que se invoca. PRUEBAS Solicito que sean ponderadas, decretadas, practicadas y tenidas en cuenta las siguientes: Documental a) Copia de la historia clínica b) Diagnóstico médico donde se dice que debo ser intervenido quirúrgicamente. Testimonial _____________ DIRECCIONES PARA NOTIFICACIONES El Gerente del I.S.S. recibirá notificaciones en ________ El Suscrito la recibirá en la secretaría del despacho o en _________ Atentamente, Firma y antefirma del peticionario o accionante CC No. ________ de __________ NOTA. La actuación del estudiante se limita a recibir la entrevista y elaborarle la petición al entrevistado para que éste la presente personalmente.

5. OTRAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLAN LOS ESTUDIANTES EN CUMPLIMIENTO DE SU PRACTICA -

Los alumnos pueden elaborar a nombre de los perjudicados para que sean ellos personalmente quienes presenten las Acciones Populares y de Grupo. Pueden servir como apoderados en los procesos disciplinarios y administrativos que se sigan en contra de servidores del Estado del orden Nacional, Departamental y Municipal.

En cumplimiento de esta función, el Consultorio Jurídico tiene estudiantes haciendo su práctica en: la Personería Municipal, en la Oficina de Control Interno Disciplinario de la Secretaría de Educación del Departamento de Risaralda y en otras instituciones.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Administrativa Los estudiantes para cumplir con esta competencia, deben estudiar con detalle el Código Unico Disciplinario, Ley 200 de 1995; Ley 734 del 5 de febrero /2002 y demás normas que lo modifican o adicionan. Como finalidad que el implicado haga uso de los mecanismos de defensa que le da la Ley.

6. COMENTARIOS A LAS ACCIONES POPULARES Y DE GRUPO Estas acciones tienen su fundamento constitucional en el Art. 88 de la Constitución Nacional y tienen su fundamento legal en la Ley 472 de 1998. La competencia radica en los Honorables Tribunales Contencioso Administrativos en primera instancia y en segunda instancia en el Honorable Consejo de Estado, en aquellos casos en los cuales la acción se origine en actos, acciones u omisiones de las entidades públicas de las personas privadas que desempeñen funciones administrativas.

En aquellos casos donde la acción se origine en actos u acciones de los particulares, la competencia radica en los juzgados civiles municipales en primera instancia y en segunda instancia las salas civiles de los Honorables Tribunales Superiores de Distrito Judicial. Las acciones populares proceden cuando la entidad pública o el particular con su actuación u omisión, amenace o haya violado el derecho o interés colectivo. Son ejemplos de algunos derechos e intereses colectivos los siguientes: 1. 2. 3. 4.

El goce de un ambiente sano. La moralidad administrativa La conservación de las especies animales y vegetales. La protección de aquellas áreas de especial importancia ecológica y de los ecosistemas situados en las zonas fronterizas. 5. Defensa de los recursos naturales. 6. El goce del espacio público y defensa de los bienes de uso público. 7. Defensa del patrimonio público. 8. Defensa del patrimonio cultural de la nación. 9. La seguridad y salubridad públicas. 10. El acceso a los servicios públicos y a que sean prestados en forma eficiente y oportuna. 11. Otros. Los requisitos de toda demanda o petición de ACCION POPULAR son los siguientes: a)

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Identificación plena de la persona que ejerce la acción.


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico b) c) d) e) f) g)

La indicación del derecho o interés colectivo vulnerado o amenazado La indicación de los hechos, actos o acciones u omisiones que motiven su petición. Las pretensiones La indicación de la persona natural o jurídica o la autoridad pública presuntamente responsable de la amenaza o del agravio. Las pruebas que pretenda hacer valer Las direcciones para notificaciones.

El traslado para contestar la demanda son de diez (10) días hábiles. Con la contestación de la demanda se podrá proponer excepciones de mérito y las previas de la falta de jurisdicción y cosa juzgada. El término para proferir el fallo que corresponda, es de treinta (30) días hábiles. La acción popular se ejerce única y exclusivamente para evitar el daño contingente, hacer cesar el peligro, la amenaza, la vulneración o agravio sobre los derechos o intereses colectivos. NOTA. Los alumnos sólo pueden elaborar el escrito a la persona directamente perjudicada, siguiendo siempre los requisitos que se siguen para tal efecto. LAS ACCIONES DE GRUPO, proceden por aquél número plural o conjunto de personas que en todo caso no puede ser inferior a veinte (20), que persigan una misma causa que originó perjuicios individuales para dichas personas, por eso se afirma que las acciones de grupo sólo se ejercen para obtener el reconocimiento y pago de los perjuicios ocasionados con la acción u omisión. Para legitimarse en la casa en este tipo de acciones debe hacerse por intermedio de abogado titulado. Los requisitos de la demanda son mucho más exigentes que los requisitos para las acciones populares. La jurisdicción y competencia radica en los mismos funcionarios que para las acciones populares, por consiguiente los alumnos no ejercerán ninguna actividad cuando de este tipo de acciones se trate.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Administrativa

CAPITULO VII COMPETENCIA EN MATERIA DISCIPLINARIA

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico

1. FLUJOGRAMA DEL PROCESO DISCIPLINARIO A LA LUZ DE LA LEY 734 DEL 5 DE FEBRERO DE 2002 CLASES: A.

Procedimiento Ordinario (Arts. 150, 174 C.D.U

B.

Procedimientos Especiales

a) Verbal (Arts 175 al 181 C.D.U.) b) Procedimiento especial ante el Procurador General de la Nación El Procedimiento Ordinario tiene 2 períodos bien definidos y determinados que son: I. Indagación Preliminar II. Investigación Disciplinaria PROCEDIMIENTO ORDINARIO I. Indagación Preliminar Es discrecional del funcionario competente hacer uso o no de ella A.

PROCEDENCIA: En caso de duda sobre la apertura de la investigación disciplinaria

B. FINES: a) b) c) d)

Verificar si la conducta tuvo ocurrencia o no Determinar si la conducta es constitutiva de falta disciplinaria Determinar si se ha actuado al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad Determinar la identificación o individualización del autor de la falta

C. DURACION: a) b) c)

Seis (6) meses Hasta doce (12) meses cuando se trate de faltas violatorias de los Derechos humanos o el Derecho Internacional Humanitario. Por el tiempo que sea necesario para identificar e individualizar el autor.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Disciplinaria D. COMO TERMINA: a) b)

Archivo definitivo. Cuando no hubiere sido posible despejar la duda que dio lugar a la indagación preliminar Auto de Apertura de Investigación Disciplinaria, cuando se despejan las dudas.

E. AUTO INHIBITORIO: El funcionario se inhibirá de plano de iniciar cualquier actuación por: a) b) c)

Temeridad en la información Hechos irrelevantes Hechos inconcretos o difusos

II. Investigación Disciplinaria A.

CONTENDO DE LA PROVIDENCIA DE APERTURA DE INVESTIGACION DISCIPLINARIA (Art. 154 C.D.U.)

B.

OBJETO DE LA INVESTIGACION DISCIPLINARIA

a. b. c. d. e. f. C.

Verificar la ocurrencia de la conducta Determinar si es constitutiva de falta Los motivos determinantes Las circunstancias de modo, tiempo y lugar El Perjuicio causado con la falta La responsabilidad del disciplinado DERECHO DE DEFENSA:

Desde la notificación del auto de apertura de investigación el investigado tiene derecho a designar su defensor. Arts. 17, 93 y 155 Inc. 1º del C.D.U.

324

D.

TERMINO DE LA INVESTIGACION: a) Seis (6) meses b) Hasta doce (12) meses en los casos del Art. 48 numerales 5 al 11 C.D.U. c) Hasta diez y seis (16) meses cuando se investigan varias faltas o sean dos o más los inculpados

E.

COMO TERMINA:


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico a)

b)

Con la formulación del pliego de cargos. Cuando se haya recaudado la prueba para ello (15 días una vez vencido el término o recaudada la prueba). Sin recursos. Con el archivo de las diligencias. Sin perjuicio de que se pueda prorrogar el término de la investigación hasta por la mitad según el caso, cuando falten algunas pruebas para recaudar, vencido el cual se archivará definitivamente o se formularán los cargos (Art. 156 Inc. 2º). Recurso de Apelación.

F. REQUISITOS SUSTANCIALES DEL PLIEGO DE CARGOS: a) b)

Que esté demostrada la materialidad objetiva de la falta. Que existan pruebas que demuestren la responsabilidad del disciplinado.

G. REQUISITOS FORMALES DEL PLIEGO DE CARGOS: Art. 163 C.D.U. H. NOTIFICACION DEL PLIEGO DE CARGOS: En forma personal al disciplinado o a su defensor si lo tuviere o en su defecto se le designará defensor de oficio con quien se surtirá la notificación. I. a) b)

VARIACION DEL PLIEGO DE CARGOS: Oportunidad. Luego de la práctica de pruebas y hasta antes del fallo de primera o única instancia. Causas. Error en la calificación o prueba sobreviviente.

J. DESCARGOS: Dentro de los diez (10) días hábiles siguientes el investigado o su defensor podrán presentar los descargos en la cual aportarán y solicitarán pruebas. Los demás sujetos procesales dentro del mismo término podrán aportar y solicitar pruebas. K. PERIODO PROBATORIO: Vencido el término anterior, el funcionario decretará las pruebas solicitadas que sean conducentes, pertinentes y necesarias. Igualmente el funcionario decretará pruebas de oficio. El término será de 90 días hábiles. L. FALLO: Vencido el término anterior o el término para presentar los alegatos que es de cinco días hábiles y cuyo traslado debe notificarse personalmente al disciplinado o a su

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Disciplinaria defensor, so pena de incurrir en violación al debido proceso, el funcionario dispone de 20 días hábiles para proferir el fallo que debe ser: a. b.

Sancionatorio Absolutorio

El fallo debe ser motivado (Art. 170 C.D.U.) M. RECURSOS: a. b. c.

Reposición: contra el fallo de única instancia Apelación: contra el fallo de primera instancia Revocatoria Directa: por el Procurador o por quien los profiera. Los recursos deberán interponerse y sustentarse dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la última notificación.

NOTA: Los estudiantes deberán participar activamente en la producción y controversia de las pruebas, interrogando y contra interrogando a los testigos, proponiendo recursos, etc. Previo al fallo deberán presentar escrito de alegatos, pidiendo que su defendido sea absuelto de todo cargo. N. LA SEGUNDA INSTANCIA Se surtirá ante el superior inmediato, el cual deberá proferir su fallo dentro de los 45 días hábiles siguientes o dentro de los 90 días hábiles siguientes si decretare pruebas de oficio.

PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PROCEDIMIENTO VERBAL A.

PROCEDENCIA:

a) b)

Cuando el disciplinado es sorprendido en el momento de la comisión de la falta Cuando es sorprendido con elementos, efectos o instrumentos que provengan de la ejecución de la conducta. Cuando haya confesión Cuando la falta sea leve (Art. 43 Inc. 2º C.D.U.) Cuando la falta sea gravísima (Art. 48 num. 2, 4, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 32, 33, 35, 36, 39, 46, 47, 48, 52, 54, 55, 56, 57, 58, 59 y 62 C.D.U.

c) d) e)

326

B.

CARACTERISTICAS:

a)

Oralidad


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico b) c) d)

Brevedad Sumariedad Concentración

C.

FUNCIONARIO COMPETENTE:

a. b.

La Oficina de Control Interno Disciplinario La Procuraduría General de la Nación

D.

TRAMITE:

a)

Citación para audiencia y fijación de fecha y hora para que rinda versión sobre los hechos, puede hacerse en forma verbal o escrita dentro del término de 2 días hábiles. Decreto y práctica de pruebas solicitadas y aportadas por las partes y las de oficio (Recurso de apelación contra la providencia que niega) Formulación de cargos al implicado Debate oral, hace uso de la palabra el investigado y su apoderado Fallo, el cual debe ser motivado una vez terminado el debate oral o dentro de los 5 días hábiles siguientes. Recursos: Apelación. En los fallos de primera instancia. Reposición. En los fallos de única, los cuales deberán interponerse dentro de la misma audiencia y se sustentarán en forma verbal o escrita dentro de los 2 días hábiles siguientes. De todo lo actuado se levantará un acta suscrita por el funcionario y los demás sujetos.

b) c) d) e) f)

g)

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO ANTE EL PROCURADOR GENERAL DE LA NACION A.

PROCEDENCIA:

Cuando se trata de las conductas contempladas en el numeral 15 Art. 278 de la Constitución Nacional. B. CARACTERISTICAS: a) b) c) d)

Oralidad Brevedad Sumariedad Concentración

C.

FUNCIONARIO COMPETENTE:

Procurador General de la Nación (Procuraduría Auxiliar para Asuntos Disciplinarios.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Disciplinaria D. TRAMITE: a) Citación para audiencia mediante providencia motivada (Art. 184 C.D.U.) en la cual se fijará fecha y hora para la audiencia, se decidirá sobre la suspensión provisional del cargo, la cual deberá realizarse ni antes de los 10 días hábiles ni después de los 15 días hábiles. La providencia que cita a audiencia deberá notificarse personalmente dentro de los 2 días hábiles siguientes y si no fuera posible deberá realizarse por Edicto el cual deberá fijarse por 2 días hábiles, si no compareciese se le designará defensor de oficio a quien se le notificará la decisión y con quien se continuará el procedimiento. b)

Llegados el día y la hora, se dará lectura a la providencia que citó a audiencia y a la solicitud de pruebas pedidas por las partes y decretará las que sean necesarias.

c)

Seguidamente se resolverá sobre las pruebas solicitadas y decretará las que sean conducentes y pertinentes y las que de oficio se estimen necesarias.

d)

A continuación se practicarán las pruebas si fuere posible o se dispondrá lo necesaria para que sean practicadas en un término no superior a los 10 días hábiles.

e)

Practicadas las pruebas se iniciará el debate oral donde se le concederá la palabra en su orden al investigado y a su defensor.

f)

Terminado el debate oral se responderá la diligencia y se fijará fecha y hora para la lectura del fallo, lo cual deberá hacerse dentro de los 5 días hábiles siguientes.

g)

Recursos: Reposición

h)

De todo lo actuado se dejará constancia en un acta la cual deberá ir suscrita por el Procurador y los demás intervinientes.

2. OBSERVACIONES TEORICO PRACTICAS A LA LEY 734 DE FEBRERO 5 DE 2002 (C.D.U.) 1. Son destinatarios de la acción disciplinaria: a) b)

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Los servidores públicos aunque se encuentren retirados del servicio (Art. 123 de la C. Nacional. Los particulares, cuando cumplan labores de interventoría en contratos estatales, que ejerzan funciones públicas, que presten servicios públicos a cargo del Estado o administren recursos del mismo, destacándose que es una


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico

c) d) 2.

innovación de este estatuto, ya que en la codificación anterior no se consideraban como disciplinables, razón por la cual les dedica un capítulo a partir del Art. 52 de C.D.U. Los Notarios Los funcionarios de la rama judicial.

Son competentes para ejercer la función disciplinaria:

a) La Procuraduría General de la Nación (poder preferente Art. 3º C.D.U.) b) Los Consejos Superior y Seccionales de la Judicatura c) La Superintendencia de Notariado y Registro d) Las Personerías Distritales y Municipales e) Las Oficinas de Control Disciplinario Interno f) Los nominadores y superiores jerárquicos en los casos establecidos en la ley. 3.

Las formas de iniciar la acción disciplinaria son:

a) De oficio. b) Por información proveniente de servidor público, siendo obligatoria para éste o de otro medio que amerite credibilidad c) Por queja formulada por cualquier persona, anotando de paso que no procederá por anónimos, salvo en aquellos casos consagrados en el Art. 69 del C.D.U., ni por denuncias o quejas falsas o temerarias, las cuales originarán responsabilidad patrimonial en contra del quejoso, exigible por vía judicial (Art. 69 Inc. Final del C.D.U.). 4.

Se consideran excepciones al deber de denunciar o formular quejas las siguientes:

a) Nadie está obligado a denunciar hechos o quejas en los cuales aparezca implicado como autor, copartícipe o auxiliador. b) Tampoco está obligado a denunciar el cónyuge, compañero o compañera permanente c) Los parientes dentro del 4º grado de consanguinidad (padres, tíos, los hijos de éstos, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos, hermanos, sobrinos, hijos de éstos; dentro del 2º grado de afinidad (suegros, cuñados), o 1º civil (adoptados o adoptantes). d) Los profesionales que hayan conocido hechos por causa o con ocasión del ejercicio profesional en razón del secreto profesional legalmente impuesto (el sacerdote, abogado, médico, cultos religiosos). Debe anotarse que esta excepción es absoluta Ej. Para los sacerdotes y potestativa para los médicos y abogados. Las excepciones son renunciables de lo cual deberá dejarse expresa constancia en la diligencia. 5. Las faltas se clasifican en: a) Gravísimas, las cuales se encuentran expresamente consagradas en los Art. 48, 55, 61, 196 y 218 del C.D.U. b) Graves, las cuales se determinarán siguiendo los criterios establecidos en el Art. 43 del C.D.U.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Disciplinaria c) Leves, las cuales se determinarán siguiendo los mismos criterios anteriores. 6. Las sanciones se clasifican en: a) Destitución b) Suspensión en el ejercicio del cargo e inhabilidad especial para las faltas graves dolosas o gravísimas culposas c) Suspensión para las faltas graves culposas d) Multa para las faltas leves dolosas, la cual no podrá ser inferior a 10 salarios mínimos legales mensuales ni superior a 180 salarios mínimos legales mensuales devengados al momento de la comisión de la falta (Art. 46 Inc. 3º). e) Amonestación escrita con anotación en la hoja de vida, para las faltas leves culposas, Art 44 del C.D.U. 7. La queja puede ser presentada en forma Verbal o en forma Escrita La cual debe ser ratificada y ampliada, así el C.D.U. no ordene su ratificación, pero es aconsejable como garantía de seriedad. 8. La queja debe contener los siguientes requisitos: a) La identificación plena del quejoso b) La identificación plena del inculpado, si fuere posible c) Una narración suscita de los hechos d) Las pruebas que se pretendan hacer valer e) La entidad u oficina donde labora el inculpado 9 En el trámite del proceso disciplinario deben observarse, garantizarse y respetarse los derechos fundamentales legalmente consagrados en la Constitución y en la ley, como son: el debido proceso, igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad, publicidad, contradicción, presunción de inocencia, investigación integral, favorabilidad, legalidad, reconocimiento de la dignidad humana, culpabilidad a título de dolo o culpa, derecho de defensa, etc. El Dolo en esta clase de actuaciones debe probarse, no se presume. Para que se tipifique el dolo se requiere la intención como presupuesto del comportamiento irregular. La doctrina nos enseña que la Culpa es la conducta contraria a la que debiera haberse observado, es la conducta desviada, por torpeza, ignorancia, imprevisión, descuido, etc. 10) El C.D.U. en su Art. 157 contempla la posibilidad de suspender provisionalmente al investigado por un término de tres (3) meses prorrogable por tres (3) meses más y aún por tres (3) meses más, cuando se haya proferido fallo de primera o única instancia, para lo cual deberán observarse los siguientes requisitos: a) se da en la etapa de la instrucción o el juzgamiento; b) por faltas calificadas de gravísimas o graves; c) el auto

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico que la decrete debe ser motivado y debe ser consultado para evitar decisiones apresuradas, arbitrarias o exageradas. 11) El Art. 28 del C.D.U. consagra las causales de exclusión de responsabilidad disciplinaria o ausencia de responsabilidad, las cuales deben ser bien fundamentadas por parte no sólo de los funcionarios investigadores, sino por parte de la defensa. Estas causales son taxativas y sirven de fundamento para que el abogado defensor (estudiante de práctica de Consultorio Jurídico) le busque el planteamiento a la defensa, tomando como base una cualquiera de estas causales en armonía con el Art. 142 del C.D.U. que consagra los requisitos que se exigen para condenar. El practicante está en la obligación de participar activamente en la producción y controversia de las pruebas que se presenten en contra de su defendido y las que éste pida en orden al esclarecimiento de los hechos. El estudiante tiene que ejercer actividad permanente frente al caso que se le asigne, solicitando pruebas, interrogando y contrainterrogando a los testigos, proponiendo recursos e incidentes, presentando en su oportunidad alegatos de conclusión dentro de las etapas respectivas, esto es antes de dictar fallo de única o primera instancia como un deber a cumplir y un derecho que tiene el disciplinado. 12. Los requisitos para dictar fallo sancionatorio son: a) que exista prueba que conduzca a la certeza sobre la materialidad objetiva de la falta (ocurrencia de la falta) b) Que exista prueba que conduzca a la certeza sobre la responsabilidad del disciplinado o investigado (Art. 142 del C.D.U.) La certeza equivale a la comprobación de la verdad de los hechos investigados; que no exista duda sobre la ocurrencia de los hechos ni sobre la responsabilidad del disciplinado, pues si existe duda debe darse aplicación a lo preceptuado en el Inc. 2º del Art. 9º del C.D.U. en lo que hace relación a la duda, que jurisprudencia y doctrinariamente se ha llamado Indubio Pro Reo o Beneficio de la Duda o Favor Rei, al decir de los tratadistas Santiago Sentis Melendo y Luigi Ferrajoli, entre otros. La certeza es la ausencia de duda y la duda es la ausencia de la certeza. No se le debe olvidar a usted señor practicante la aplicación de este principio, agregado al de la presunción de inocencia en su argumentación defensiva. 13. Los términos de prescripción de la acción disciplinaria y de la sanción, se encuentran consagrados en los Art. 30 y 32 del C.D.U. los cuales se determinan en cinco (5) y doce (12) años para la acción y de cinco (5) años para la sanción. En este sentido el nuevo código es más severo, más drástico por cuanto elevó el fenómeno jurídico de la prescripción.

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Disciplinaria Debe advertirse que la sentencia C-948 de noviembre seis (6) de dos mil dos (2002), emanada de la H. Corte Constitucional declaró Inexequible la parte final del Art. 30 del C.D.U. en cuanto a la expresión “y las del Art. 55 de este código”. 14. Algo novedoso en relación con las causales de extinción de la acción disciplinaria del Art. 29 del C.D.U. lo constituye el hecho de que “el desistimiento del quejoso no extingue la acción disciplinaria”. 15. El decálogo de deberes y prohibiciones consagrados en los artículos 34 y 35 del C.D.U. es bastante extensa, tortuosa y peligrosa, como que trae una serie de deberes y prohibiciones que se constituyen en la piedra en el zapato para algunos servidores públicos que sin escrúpulos defraudan el erario público o no cumplen eficientemente con sus deberes y obligaciones. Los mínimos derechos que le confiere la ley al servidor público en su Art. 33 del C.D.U. se constituyen en obligaciones a cumplir por parte del Estado y no en letra muerta como ha venido sucediendo a través de todos los años. 16. En el Art. 48 del Estatuto Disciplinario se relacionan un sinnúmero de Faltas Gravísimas que es conveniente que el estudiante de Consultorio Jurídico y los mismos servidores públicos los conozcan a efecto de que no incurran en ellas, en la medida que aceptemos que allí se consagran faltas totalmente desconocidas y de fácil comisión u omisión. Es mejor prevenir y advertir que tener que lamentar. El art. 50 del C.D.U. establece como faltas graves y leves: b) El incumplimiento de los deberes c) El abuso de los derechos d) La extralimitación de las funciones e ) La violación al régimen de prohibiciones, impedimentos, inhabilidades, incompatibilidades o conflicto de intereses consagrados en la Constitución o en la ley. 17. El procedimiento y los regimenes especiales se describen en títulos separados a partir del Art. 52 al 57 para los particulares; del 58 al 65 para los Notarios; del 150 al 191 el procedimiento ordinario y los procedimientos especiales, los cuales son objeto de análisis y estudio en cuadro separado. El Art. 192 que consagra la competencia contra altos dignatarios del Estado, en la cual se detiene a fijar la competencia especial de la Sala Penal de la H. Corte suprema de Justicia, en lo que hace relación a las investigaciones disciplinarias que se adelanten contra el Procurador General de la Nación. Del 193 al 215 el Régimen Disciplinario para los funcionarios de la Rama Judicial. Del 216 al 219 el Régimen disciplinario de los conjueces y los jueces de paz. 18. Contra las decisiones disciplinarias proceden los recursos de Reposición, Apelación y Queja, los cuales deberán interponerse y sustentarse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes a la última notificación o en forma oral los cuales se interpondrán y sustentarán en el curso de la misma audiencia o diligencia.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico 19. El recurso de Reposición procede contra: a) la providencia que decide sobre la nulidad y la negación de la solicitud de copias o pruebas al investigado o a su apoderado; b) contra el fallo de única instancia. Formulado y sustentado el recurso de reposición, por secretaría se correrá traslado a los sujetos procesales por tres (3) días para que se pronuncien sobre él, vencido el término anterior se decidirá el recurso. 20. El recurso de Apelación procede contra: a) La providencia que niega la práctica de pruebas solicitadas en los descargos; b) la providencia que decide sobre el archivo del proceso en la etapa de la indagación preliminar y en la etapa de la investigación disciplinaria al evaluar el mérito de la investigación; c) contra el fallo de primera instancia. Interpuesto y sustentado el recurso, el funcionario de segunda instancia dispone de un término de cuarenta y cinco (45) días para proferir el fallo de segunda instancia, pero en caso de que el funcionario de segunda instancia decrete pruebas de oficio, el término para decidir se ampliará hasta en otro tanto. 21. El recurso de queja procede contra la providencia que rechaza el recurso de apelación. 22. El Estatuto Disciplinario consagra la Revocatoria Directa de los fallos sancionatorios, ya sea de oficio o a petición del sancionado por el Procurador General de la Nación o por quien los profirió cuando: a) b)

Infrinjan manifiestamente normas constitucionales legales o reglamentarias Cuando con el fallo se vulneren o amenacen manifiestamente los derechos fundamentales del disciplinado (Artículos 122 al 127 del C.D.U).

23. En materia probatoria, el C.D.U. consagra como medios de prueba: a) b) c) d) e) f)

La confesión El testimonio La peritación La inspección ocular o visita especial Los documentos Los indicios

La carga de la prueba estará a cargo del Estado

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Competencia del Consultorio Jurídico en Materia Disciplinaria

TERCERA PARTE Centro de Conciliación CAPITULO ÚNICO Programa Centro de Conciliación

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico

1. LA CONCILIACIÓN COMO MECANISMO PARA SOLUCIONAR LOS CONFLICTOS ENTRE LOS CIUDADANOS La Conciliación se remonda a la ley de las XII Tablas, donde se estableció sobre lo que acordaran las partes antes de ir a juicio, tenían que avenirse para llegar a un acuerdo sin importar que se sacrificara el derecho. En el código de España hacia 1812 en las ordenanzas de Bilbao, se ordenaba que las partes en conflicto debían avenirse obligatoriamente para tratar de solucionar sus problemas a través de la conciliación. Así mismo la Iglesia a través de los evangelios, habla siempre de conciliación, pues menciona en muchos de ellos, que siempre debe avenirse uno con el amigo y con el enemigo, porque en el camino el enemigo puede entregarlo a la justicia. Es mejor el diálogo y la conciliación. En nuestro ordenamiento jurídico, la regulación de la conciliación se da en el art. 116 inc. 4º de la Constitución Nacional; en la Ley 23 de 1991; Decreto 2651 de 1991; Ley 192 de 1995; Resolución No. 116 de 1991; Decreto 800 de 1991; Ley 80 de 1993; Decreto 2157 de 1992; Ley 287 de 1996; Ley 337 de 1997; Ley 446 de 1998; Decreto 2511 de 1998; Decreto 1818 de 1998 y la Ley 640 de 2001. El 21 de marzo de 1991, al sancionar la Ley de Descongestión Judicial”, el doctor César Gaviria Trujillo, dijo lo siguiente: Durante muchos años la vida institucional del país giró alrededor de las autoridades civiles, sin embargo un progresivo proceso de jurisdiccionalización hizo que todos los conflictos tuvieran que ser sometidos a la decisión de los jueces, con, apoyo en una inadecuada conceptualización de la separación de las ramas del poder público, olvidando la reforma constitucional de 1945, en la que se dispone que ellas deben colaborar armónicamente en el cumplimiento de los fines del Estado. Esta jurisdiccionalización produjo la congestión de los despachos judiciales y como consecuencia de ella la más absoluta impunidad, entendida ésta como la no solución ó solución inoportuna de las diferentes acciones presentadas por los ciudadanos en los campos civil, penal, laboral y de familia. En el momento actual, el ciudadano que tiene un conflicto con su vecino o que es víctima de los delincuentes, tiene que recurrir a un despacho judicial o someterse a las inclemencias del tiempo, cuando no es que el ritualismo procesal no acabe decretando la nulidad de todo lo actuado o profiriendo una providencia inhibitoria. Esta puede ser una de las causas mayores de la violencia en nuestro país, porque sí el ciudadano no

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Programa Centro de Conciliación encuentra una respuesta pronta por parte del Estado a sus justas reclamaciones, acaba haciendo justicia por su propia mano. Es de público conocimiento la aguda crisis que afecta a la justicia colombiana, por esta razón la Asamblea Nacional Constituyente estableció en la nueva carta constitucional el Art. 116 inc. 3º por la cual se dio vida a la CONCILIACION, como mecanismo expedito para solucionar los conflictos de naturaleza legal entre los ciudadanos. La conciliación se presenta como la manera más especial y significativa de solución extrajudicial de las causas que sean susceptibles de transacción, desistimiento o consenso particular. La conciliación dentro de su amplio campo de acción, puede vincular profesionales diferentes de los abogados, puede vincular una clase de jueces que resuelvan las llamadas pequeñas causas, en consideración a factores como la sabiduría popular o la experiencia práctica, siendo este el fundamento de los llamados jueces de paz; puede vincular a las juntas de acción comunal y demás organizaciones civiles para que resuelvan diferencias en asuntos comunitarios, etc. (hasta aquí los apartes de la alocución del señor Presidente de la República). Como pueden ver esta institución de la conciliación, refleja un buen futuro para la rama jurisdiccional, para las presentes y futuras generaciones de abogados y también para aquellos profesionales del derecho que no quieren quedarse rezagados a la vera del camino. Vino entonces la Ley 23 del 21 de marzo de 1991, donde se estableció que los Consultorios Jurídicos de las Facultades de Derecho tienen la obligación de organizar su propio Centro de Conciliación. Que el Director del Consultorio Jurídico tiene el carácter de Director del Centro de Conciliación. Que los Centros de Conciliación deberán contar con una sede dotada de los elementos administrativos y técnicos necesarios para servir de apoyo al trámite conciliatorio. Que como requisito previo al ejercicio de sus funciones, el conciliador deberá obtener CAPACITACION especial mediante la aprobación de los cursos diseñados para el efecto, los cuales serán dictados por la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla y por los centros de conciliación autorizados. La Universidad Libre de Colombia a través de sus Facultades de Derecho en todas las seccionales, con sus Consultorios Jurídicos, empezó a desarrollar la cultura de la CONCILIACION en sus centros debidamente acondicionados para tal fin, constituyéndose en guía y norte para los futuros profesionales del derecho en la última década. Concretamente la seccional de la Universidad Libre en Pereira, saluda con beneplácito la institucionalización de esta nueva cultura puesta en funcionamiento desde 1992 con la expedición de la Resolución No. 1707 del 18 de septiembre de 1991 emanada del Ministerio de Justicia, con dos salas de conciliación debidamente acondicionadas y un

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico reglamento interno expedido por la Honorable Consiliatura de la Corporación, mediante Acuerdo 14 de diciembre 4 de 2002. Es indefectiblemente una nueva visión del derecho. Muchos interrogantes surgen hoy en el seno de una sociedad, en cuyos estamentos jurídicos existe aún desorientación frente a la cultura de la conciliación. Muchos de nuestros Magistrados, jueces y abogados han sido educados y estructurados en mayor o menor grado en la cultura de la litis, del pleito y del enfrentamiento jurídico. Sea esta pues la oportunidad para hacer un llamado muy especial a nuestros estudiantes de Consultorio Jurídico para que la desarrollen, la apliquen y la difundan a todo lo largo y ancho del territorio nacional. Los centros de conciliación de las seccionales de la Universidad Libre cumplen con una MISION que es la de promover y liderar la transformación de los conflictos, revisando metodologías y modelos, logrando que se documenten políticas y estrategias con estructuras que sirvan de aporte al marco legal y regulen la prevención y la forma de conciliar las diferencias. Igualmente tienen una VISION que es la de servir de referencia nacional e internacional de los centros de conciliación por nuestra contribución, en la búsqueda de la excelencia en la solución de conflictos, reconocidos por la calidad, solidez humana, jurídica y social.

2. CLASES DE CONCILIACION A.

Por el momento de celebración de la audiencia, puede ser: a) Extraprocesal; b) Procesal; c) Judicial.

Extraprocesal: Se celebra con el único fin de no recurrir a un litigio o juicio, por lo que las partes recurren a una autoridad o conciliador privado en forma directa y voluntaria. Preprocesal: Se da cuando se recurre al trámite conciliatorio sin que exista proceso todavía, para cumplir con un requisito o presupuesto que la Ley exige antes del proceso, para luego sí instaurar la demanda respectiva, Ej. Los conflictos ordinarios en laboral, en esta materia los estudiantes no tienen competencia. Procesal: Es aquella que se presenta dentro del trámite del litigio, por disposición legal para todos los procesos. B.

Por su naturaleza, puede ser: a) Judicial; b) Privada.

Judicial:

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Programa Centro de Conciliación Se presenta cuando la Ley exige el trámite de la conciliación en los procesos previamente establecidos o como requisito previo. Privada: Cuando las partes en conflicto de acuerdo con la naturaleza del asunto, resuelve recurrir a la conciliación ante instituciones expertas en la materia Ej. A los Centros de Conciliación, a las Cámaras de Comercio, a los conciliadores en equidad, etc.

3. MARCO CONSTITUCIONAL Y LEGAL DE LA CONCILIACION El marco constitucional está dado por el artículo 116, inciso 3º de la Constitución Nacional. El marco legal de la conciliación Extraprocesal y la conciliación Privada está dada por la Ley 23 del 21 de marzo de 1991, Ley 640 de 2001 y demás normas concordantes; Ley 446 /98 a través: a) autoridades administrativas que intervengan en la celebración de las audiencias o b) de particulares investidos de función conciliadora a través de los Centros de Conciliación legalmente establecidos. El marco legal de las conciliaciones Preprocesal, Procesal y Judicial están previstas en diversas leyes de carácter laboral, civil, penal, agrario, de familia y policivo.

4. CONCEPTO SOBRE CONCILIACIÓN La conciliación es un proceso o conjunto de actividades a través del cual las partes envueltas en un conflicto lo resuelven mediante un acuerdo satisfactorio.

5. PARTES EN EL PROCESO CONCILIATORIO En sentido estricto, las partes en el proceso conciliatorio no son sino los Conciliantes. En sentido amplio las partes son: 1. 2. 3. 4.

Los conciliantes El conciliador o conciliadores El apoderado o apoderados Los terceros intervinientes

6. PRINCIPALES VENTAJAS DE LA CONCILIACIÓN a) b)

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Satisfacción. Los conciliantes quedan satisfechos con el acuerdo Efectividad. Una buena conciliación tiene pleno valor legal para las partes.


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico c)

d)

e)

f)

Tranquilidad. La conciliación reduce los disgustos y las cargas emocionales que trae el mantener un conflicto por largo tiempo sin oportunidad de solucionarlo. Ahorro de tiempo y dinero. Con la conciliación las partes en conflicto ahorran tiempo y dinero, en la medida que este procedimiento es mucho más rápido y más barato que un juicio y las partes pueden o no utilizar los servicios de un abogado. Control del proceso conciliatorio y sus resultados. En el proceso conciliatorio las partes controlan todo el tiempo el proceso y sus resultados; tanto es así que en ciertos casos y si las circunstancias lo requieren, pueden solicitar plazo para una nueva reunión, discutir las propuestas de la otra parte o del conciliador, consultar con sus asesores, amigos, parientes y hasta con el mismo conciliador en privado. Buenas relaciones entre los conciliantes. En este proceso no puede haber ni ganadores ni perdedores, todas las partes se consideran favorecidas con el acuerdo que se logre. Por consiguiente la conciliación facilita el mejoramiento de las relaciones entre las partes.

7. QUIENES ESTÁN OBLIGADOS A PRESTAR EL SERVICIO DE CONCILIACIÓN 1.

2. 3.

Los Centros de Conciliación de a) Asociaciones, b) Corporaciones, c) Fundaciones, d) Agremiaciones, e) Consultorios Jurídicos, f ) Cámaras de Comercio. Todos debidamente autorizados por el Ministerio de Justicia. Los juzgados cuando se haya iniciado procesos ante ellos. Los conciliadores en equidad y los particulares debidamente autorizados y habilitados por el Ministerio de Justicia.

8. CONCEPTO SOBRE CONCILIADOR Para que se pueda alcanzar el perfil completo del conciliador que nos interesa, es menester tener en cuenta lo siguiente: a)

b) c)

d)

El conciliador debe ser una persona imparcial, neutral, orientador, dirigente, atento, que ayude a las partes envueltas en un conflicto a encontrar una solución adecuada al problema. El conciliador debe ser una persona ajena a los intereses de cada una de las partes en disputa, esto es un tercero. El conciliador debe ser aquella persona que debe estar enterado antes del encuentro de la situación en conflicto, esto es debe conocer debidamente el conflicto para que pueda proponer fórmulas eficaces de arreglo. El conciliador tiene que ser una persona capacitado en resolver disputas, conocedor de las partes y respetable.

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Programa Centro de Conciliación e)

El conciliador puede ser un funcionario estatal o un particular, cuyo papel fundamental es servir de mediador para la solución de un conflicto, por lo tanto no tiene poder para imponer una solución.

9. TRÁMITE CONCILIATORIO La conciliación es un fenómeno institucional que para su celebración se requiere de una serie de pasos, etapas o actos que en su conjunto se llama “Trámite Conciliatorio”. Esos actos que conforman el trámite o proceso conciliatorio se denominan así: A) Actos preparatorios o de inducción B) Actos de ejecución o de celebración C) Actos de decisión o valoración A) ACTOS PREPARATORIOS O DE INDUCCION Los actos preparatorios son de dos clases: 1) Actos preparatorios antes del proceso judicial; 2) Actos preparatorios dentro del proceso judicial. Actos preparatorios antes del proceso judicial. Estos actos los realiza la parte respectiva ante cualquier entidad conciliadora, como el Inspector de Trabajo, los Centros de Conciliación y Conciliadores en Equidad, el Fiscal del Tribunal de lo Contencioso Administrativo (Ley 446/98), ante el Defensor de Familia o Comisario de Familia (Art. 48 Ley 23/91 y Ley 446/91. Actos de Parte: Petición verbal o escrita presentada por una de las partes o por ambos, que le darán al conciliador los elementos necesarios para examinar la procedencia de la conciliación y los puntos específicos del conflicto. Además la conciliación puede resultar de una entrevista que llegue al Consultorio Jurídico. En este caso el estudiante de práctica de Consultorio Jurídico que efectúe la entrevista, diligenciará con el entrevistado o los entrevistados, un formulario de solicitud de conciliación y empieza a formar el paquete conciliatorio, este paquete estará formado por: a) la entrevista, b) el formulario de solicitud de conciliación, c) las citaciones debidamente diligenciadas con excepción de la fecha de la audiencia, d) las pruebas aportadas por el conciliante. Una vez integrado el paquete conciliatorio, lo entregará por intermedio de la secretaría del Consultorio Jurídico previamente revisado ya sea por la Secretaría Académica del Centro de Conciliación o por el monitor del área respectiva, al Director del Centro de Conciliación, a efecto de que evalúe el caso y si determina que es susceptible de conciliación o si tratándose de un hecho punible es desistible, proceda a nombrar el

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Conciliador de la lista de conciliadores y a fijar fecha, lugar y hora ara la celebración de la audiencia. Actos propios del Conciliador o del Centro de Conciliación: Si la petición es presentada ante un Centro de Conciliación, una vez designado el conciliador, éste procederá a citar o notificar a las partes, en especial a la otra arte distinta a quien efectuó la solicitud, por medio de comunicación escrita y enterándola en lo posible del objeto de la conciliación, la cual será dirigida a la dirección registrada en la petición, señalando lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la audiencia de conciliación. Tratándose de un asunto en materia laboral, la citación se hará por medio de comunicación escrita o por telegrama, dirigido a la dirección registrada en la petición, con el fin de notificarle personalmente el lugar, fecha y hora en que se llevará a cabo la audiencia de conciliación. En caso de que no comparezca, la notificación personal se surtirá por Edicto (Arts. 29 y 30 de la Ley 23/91. Actos Preparatorios dentro del Proceso Judicial: Aquí se presentan algunas variantes según la actitud de las partes o del juez de la causa, veamos: a)

b)

c)

d)

e) f)

Las partes son autónomas en escoger el conciliador respectivo, de tal manera que podrán escoger al mismo juez que conoce del proceso o someterlo a uno particular, que será un Centro de Conciliación, un conciliador en equidad, quienes tienen competencia para conocer de todas las materias, excepto en administrativo. Cuando las partes acuerdan solicitar el trámite conciliatorio dentro del mismo proceso judicial al mismo juez del conocimiento, habrá petición formal de las partes. El juez evaluará la petición y si no es pertinente la denegará, en caso de que sea aprobada señalará fecha y hora para llevarse a cabo la audiencia respectiva, mediante auto que se notificará en la forma establecida en el Art. 101 del C.P.C. Cuando las partes acuerdan someter el trámite conciliatorio a conciliador distinto del juez que conoce el caso, la situación varía, pues los actos preparatorios se aumentan. Es de destacar que dentro del proceso es aventurado pensar que las partes se van a poner de acuerdo para solicitar la celebración de la audiencia, tal como lo establece el Decreto 2651 de 1991, en sus artículos 2º y 3º. Por eso la Ley ha establecido la posibilidad de que el juez de oficio cite a las partes para la celebración de la audiencia, de conformidad con el art. 6º del mencionado Decreto, después de un breve análisis del caso, según el conflicto y el proceso a seguir. Desde el punto de vista meramente procesal, debe agotarse previamente una serie de pasos o etapas que a su vez constituyen actos preparatorios. Existen otros actos preparatorios propios del conciliador que antes de ser jurídico-procesales son de índole moral y eficacia, pues cuando ya hay proceso, al conciliador le corresponde previamente examinar los hechos de la demanda, el petitum, la contestación de la demanda, las excepciones de fondo y las

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Programa Centro de Conciliación pruebas que hasta el momento se han aportado, todo con el fin de que el conciliador se forme un criterio claro de los puntos específicos que constituyen el conflicto.

B) ACTOS DE EJECUCIÓN O DE CELEBRACIÓN DE LA AUDIENCIA DE CONCILIACIÓN 1. 2.

3.

Apertura de la audiencia o constitución en audiencia pública por parte del conciliador, identificación de las partes y sus apoderados. Seguidamente el conciliador hará una breve introducción donde fundamentalmente comunicará la siguiente información a los conciliantes: a) nombre del conciliador; b) hará una breve motivación sobre lo que es la conciliación, sus alcances, sus ventajas, etc, c) le manifestará a las partes que lo que se comente y acuerde allí es reservado y por lo tanto no será divulgado a otras personas, d) hará una breve explicación del procedimiento o las reglas de fuego a seguir. Ya en desarrollo de la audiencia, el conciliador podrá permitir para facilitar el acuerdo conciliatorio, sesiones en Grupo o sesiones Privadas. En las sesiones en grupo, el conciliador conminará a las partes para que expongan sus puntos de vista, relaten los hechos en forma por demás clara y detallada, expresen sus inquietudes, teniendo en cuenta no interrumpir el diálogo, sino por el contrario ayudarles a sostenerlo, hasta cuando lleguen a un acuerdo satisfactorio; el conciliador deberá explorar y aclarar los hechos, deberá explorar opciones y soluciones, pidiendo a los conciliantes que propongan fórmulas de arreglo. El conciliador en esta etapa desarrolla una actitud de mero espectador, para luego al final tomar la posición de investigador, haciendo preguntas sueltas para tratar de sondear posibles fórmulas de arreglo. En el evento de que los conciliantes no puedan llegar a un acuerdo, el conciliante propondrá algunas fórmulas de arreglo con la advertencia de que están en libertad de aceptarlas o no. El conciliador deberá tener en cuenta que en las sesiones privadas el tiempo concedido a cada uno de los conciliantes, sea de igual duración. El conciliador podrá permitir que las partes le comuniquen cualquier información que no desean presentar en las sesiones en grupo.

En conclusión en los actos de ejecución o de celebración de la audiencia deben agotarse todas las etapas tales como: 1) etapa de definición del problema; 2) Etapa de la negociación; 3) etapa de proposición de soluciones y 4) etapa de cierre. C) ACTOS DE DECISIÓN O VALORACIÓN El conciliador una vez que los conciliantes lleguen a un acuerdo, deberá asegurarse que la solución sea viable. Deberá proceder a redactar inmediatamente el Acta de Conciliación en forma detallada y haciendo uso de un lenguaje sencillo (Art. 80 Ley 23/ 91). Deberá explicarle a las partes la importancia de cumplir el acuerdo a que llegaron y las consecuencias de no cumplir el mismo.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Sin lugar a dudas el acto de decisión más importante lo constituye el hecho de que el conciliador emprende algunas actitudes eminentemente legales de refrendación, homologación o convalidación del acuerdo llegado por las partes. Se trata pues de la aprobación que debe hacer el conciliador, acto de aprobación éste que guarda relación con el acta misma y con el acuerdo llegado, para que juntos constituyan el llamado Título Ejecutivo y la Institución de la Cosa Juzgada. Terminada la audiencia, el conciliador felicitará a las partes por haber solucionado el conflicto y se asegurará que las partes firmen el acta correspondiente. En los Centros de Conciliación las actas deberán llevar las firmas de los conciliantes, el conciliador, los apoderados sí los hubo, la Secretaria Académica del Centro de Conciliación y del Director del Centro de Conciliación. En los Centros de Conciliación las actas deberán extenderse en original y cuatro (4) copias que se distribuirán así: original para el archivo del Centro de Conciliación, dos (2) copias para los conciliantes, una copia para el Ministerio de Justicia, una para la carpeta del estudiante conciliador; en casos especiales se expedirán las copias que sean necesarias.

10. LA CONCILIACIÓN EN MATERIA POLICIVA MARCO LEGAL a. La Ley 23 del 21 de marzo de 1991, Art. 1º. b. Decreto No. 800 del 21 de marzo de 1991, artículos 5 al 10. c. Decreto Extraordinario 522 de 1971, Arts. 13 al 49. d. Decreto 1355 de 1970, Arts. 204, 205, del 210 al 218. e. Manual de convivencia ciudadana para Risaralda o Códigos departamentales de Policía en los demás departamentos. ASUNTOS SUSCEPTIBLES DE CONCILIACIÓN Son susceptibles de ser conciliados en materia de policía los siguientes asuntos: Las contravenciones especiales que aún siguen vigentes en la Ley 228/95 Las contravenciones especiales de policía consagradas en el Decreto 522 de 1971, que son: 1) las contravenciones especiales que afectan el bien jurídico tutelado de la seguridad y tranquilidad pública; 2) las contravenciones especiales que afectan el bien jurídico tutelado del orden social; 3) las contravenciones especiales que afectan el bien jurídico tutelado de la fe pública; 4) las contravenciones especiales que afectan el bien jurídico tutelado de la salubridad pública; 5) las contravenciones especiales que afectan el bien jurídico tutelado de la economía nacional; 6) las contravenciones especiales que afectan el bien jurídico tutelado de la moral pública; 7) las contravenciones especiales que afectan el bien jurídico tutelado de la integridad personal; 8 las

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Programa Centro de Conciliación contravenciones especiales que afectan el bien jurídico tutelado del patrimonio económico. Contravenciones comunes de policía consagradas en el Decreto 1355 de 1970, de competencias de los alcaldes o inspectores de policía que hagan sus veces, que son: 1) promesa de residir en otra zona o barrio; 2) prohibición de concurrir a determinado sitio público o abierto al público; 3) la multa; 4) el decomiso; 5) suspensión de permiso o licencia; 6) suspensión de obra; 7) demolición de obras; 8) construcción de obra; 9) trabajo en obras de interés público. Las contravenciones consagradas en los Códigos Departamentales de Policía y específicamente en el Manual de Policía y Convivencia Ciudadana para Risaralda ( Ordenanza 060 de noviembre 29 de 2002, modificada y adicionada mediante la Ordenanza 041 de Diciembre 28 de 2005) Los procesos especiales de Policia. CLASES DE CONCILIACIÓN: A. B.

Procesal. La que se lleva a cabo ante los funcionarios de policía Privada. Es la que se lleva a cabo ante las autoridades administrativas o ante los particulares debidamente habilitados o en los Centros de Conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia.

OPORTUNIDAD PARA LA CONCILIACIÓN: A)

En la conciliación procesal la oportunidad para conciliar depende de la situación en que se encuentre el contraventor, esto es, si está o no detenido. Si estuviere detenido, la audiencia de conciliación se realizará después de definida la situación jurídica del contraventor.

En el evento de que el contraventor no estuviere detenido, se le hará saber en el mismo momento de la presentación de la querella, la fecha y hora para la realización de la audiencia de conciliación, la cual deberá llevarse a efecto dentro de los tres (3) días hábiles siguientes, para lo cual se librará boleta de citación al presunto contraventor. En el primer caso el funcionario de policía terminará la actuación procesal con un auto inhibitorio. En el segundo caso es importante anotar que si las partes (querellante y querellado) a pesar de haber iniciado la acción contravencional, deciden presentarse a un Centro de Conciliación a buscar una fórmula de solución, lo pueden hacer, pero el Centro de Conciliación está en la obligación de remitir al funcionario de policía que se encuentre conociendo el asunto, copia del acta de conciliación y el funcionario deberá proceder a aprobar el acuerdo y a dar por terminado el proceso con una Cesación de Procedimiento o con un Auto Inhibitorio según el caso. La oportunidad para hacerlo es en cualquier estado en que se encuentre el proceso, lógicamente antes de dictarse sentencia de primera instancia.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico B)

C) D)

En la conciliación privada las partes podrán solicitarla en cualquier momento, pero antes de que haya caducidad de la acción contravencional que es de seis meses, Art. 2º. Ley 23 de 1991. En los procesos especiales de policía en cualquier momento, una vez se trace la litis. En las contravenciones comunes de policía definidas en los códigos respectivos.

PROCEDIMIENTO El procedimiento es el mismo indicado para las demás audiencias de conciliación y con los mismos requisitos fijados en la Ley 23 de 1991. No podrán celebrarse más de dos audiencias de conciliación y éstas no admitirán suspensión o prórroga alguna, pero si las partes justifican su inasistencia, el funcionario podrá fijar nueva fecha para la celebración de la celebración de la audiencia dentro de los dos días siguientes, por una sola vez.

11. MODELO DE ACTA DE CONCILIACION CIVIL No. En Pereira, Risaralda, República de Colombia, a los _____ días del mes de _____ de (2005), comparecieron al Centro de Conciliación de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Seccional Pereira, ubicada en la calle 40 No. 7-30, el señor __________________, mayor de edad, vecino de _________, identificado con la CC No. __________, expedida en ________, en su condición de (contratrista), solicitando le fuera programada una Audiencia de Conciliación de carácter civil, con el señor _____________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No. _________, expedida en _______, en su condición de (contratante), actuando como conciliador el estudiante de práctica de Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación ___________, identificado con la CC No. __________, expedida en ________ y la doctora ____________, mayor de edad, vecina de Pereira, identificada con la CC No. ________ de ________, en su calidad de Secretaria Académica del Centro de Conciliación. Acto seguido se declaró abierta la audiencia de conciliación y se procedió a explicar con detalle por la conciliadora todos los pormenores y las consecuencias de lo que es la conciliación como mecanismo para solucionar en forma pacífica los conflictos entre los particulares. El fundamento de la conciliación la hizo consistir el reclamante en los siguientes: HECHOS: 1.

2.

El señor ____________ manifestó que celebró un contrato civil de obra con el señor ___________, por valor de $__________ para la ejecución de la siguiente obra ____________. Manifiesta además que terminó la obra el día _________ e hizo entrega de la misma a entera satisfacción al señor _____________ y aún le resta la suma de $____________.

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Programa Centro de Conciliación 3. 4.

A pesar de los reiterados reclamos no ha sido posible que me cancele lo que se adeuda. Por su parte el señor ___________, manifiesta que todo lo dicho por el señor _____________ es cierto y que está dispuesto a llegar a un acuerdo formal con el contratista.

Establecidos los anteriores hechos, el conciliador los invitó a que propusieran fórmulas de arreglo, haciendo una propuesta concreta a sus pretensiones, a lo cual el señor ___________ expuso: Que como su intención era conciliar las diferencias con el señor _____________, con el fin de no tener que recurrir a una acción civil, le solicita que le cancele todo lo que le debe. Se le concedió la palabra al señor _______________, quien manifestó que le era imposible cancelarle todo el dinero inmediatamente, pero que le propone su pago en tres cuotas iguales de $_________ pagaderas la primera el día _________, la segunda el día _________ y la tercera el día ____________ en su residencia ubicada en _____________. Se invitó al señor _____________ para que hiciera una nueva propuesta, a lo que manifestó que aceptaba la propuesta del señor _____________, contratante. Con base en lo anteriormente expuesto y en el deseo de ambas partes de conciliar sus diferencias, se acuerda por ellos lo siguiente: Que el señor _____________ contratante, pagará al señor _______________ contratista, la suma de $____________, así: una primera cuota el día _________, una segunda cuota el día __________ y una tercera cuota el día _________, todas ellas en la residencia del contratista ubicada en _________________. El conciliador acatando la voluntad conciliadora de las partes, imparte su aprobación, advirtiéndoles que el acta que suscriben a continuación debidamente diligenciada, presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada, tal como lo establecen los artículos 20 y 78 del C.P.L y los artículos 34 y 80 de la ley 23 de 1991. Leído el texto anterior, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, Siendo las __________ horas, se da por terminada la audiencia de conciliación y para constancia se firma por quienes intervinieron en ella, en Pereira a los ______ días del mes de _________ de ________.

Firma y Antefirma de la Reclamante CC No. __________ de _____________ Contratista Firma y antefirma del reclamado CC No. ___________ de ______

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Contratante Firma y antefirma de la Secretaria Académica del Centro de Conciliación CC No. ___________ de ________ Firma y antefirma del Director CC No. ___________ de ________ Director Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación

12. MODELO DE ACTA DE CONCILIACION PENAL No. En Pereira, Risaralda, República de Colombia, a los _____ días del mes de _____ de _____ comparecieron al Centro de Conciliación de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Seccional Pereira, ubicado en la calle 40 No. 7-30, el señor ___________ mayor de edad, vecino de ________, identificado con la CC No. __________, expedida en ________, en su condición de perjudicado u ofendido con la conducta punible, solicitando le fuera programada una Audiencia de Conciliación de carácter penal, por la comisión de una conducta punible de daño en bien ajeno, con el señor _____________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No. __________, expedida en _______, en su condición de sindicado, actuando como conciliador el estudiante de práctica de Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación ____________, identificado con la CC No. _______, expedida en ________ y la doctora ___________, mayor de edad, vecina de Pereira, identificada con la CC No. _________ de ________, en su calidad de Secretaria Académica del Centro de Conciliación. Acto seguido se declaró abierta la audiencia de conciliación y se procedió a explicar con detalle por la conciliadora todos los pormenores y las consecuencias de lo que es la conciliación como mecanismo para solucionar en forma pacífica los conflictos entre los particulares. El fundamento de la conciliación la hizo consistir el reclamante en los siguientes: HECHOS: 1. El señor _______________ (ofendido), manifiesta que fue objeto de un daño en su residencia, ubicada en _____________ por valor de $ _________, el cual fue ocasionado por el vehículo de placas ___________ de propiedad del señor __________ (sindicado). 2. Manifiesta además que le ha reclamado en varias ocasiones al señor ____________ para que le cancele los daños causados, con el fin de no tener que recurrir a una acción penal. 3. A pesar de los reiterados reclamos no ha sido posible que me cancelen los daños para proceder a levantar la pared que me destruyó y así evitar que los ladrones ingresen a la misma. 4. Por su parte el señor _____________ manifiesta que todo lo dicho por el señor ____________ es cierto y que está dispuesto a llegar a un acuerdo formal para el pago de los daños.

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Programa Centro de Conciliación Establecidos los anteriores hechos, el conciliador los invitó a que propusieran fórmulas de arreglo, haciendo una propuesta concreta a sus pretensiones, a lo cual el señor _____________ expuso: Que como su intención era conciliar las diferencias con el señor ____________ con el fin de no tener que recurrir a una acción penal, le solicita que le cancele todo lo que vale la levantada de la pared que fue destruida y que asciende a la suma de $_____________, incluida la mano de obra y material. Se le concedió la palabra al señor ______________, quien manifestó que le era imposible cancelarle todo el dinero inmediatamente, pero que le propone su pago en tres cuotas iguales de $_______ pagaderas la primera el día __________; la segunda el día ________ y la tercera el día __________, en su residencia ubicada en ____________. Se invitó al señor _______________, para que hiciera una nueva propuesta, a lo que manifestó que aceptaba la propuesta del señor ______________ (sindicado). Con base en lo anteriormente expuesto y con el deseo ambas partes de conciliar sus diferencias, se acuerda por ellos lo siguiente: Que el señor _______________ (sindicado) pagará al señor _____________ (ofendido), la suma de $ ____________, así: una primera cuota el día ________, una segunda cuota el día ___________ y una tercera cuota el día ____________, todas ellas en la residencia del ofendido en _______________. El conciliador acatando la voluntad conciliadora de las partes, imparte su aprobación, advirtiéndoles que el acta que suscriben a continuación debidamente diligenciada, presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada, tal como lo establece el artículo 8º. De la ley 23 de 1991. Leído el texto anterior, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo. Siendo las ______ horas, se da por terminada la audiencia de conciliación y para constancia se firma por quienes intervinieron en ella, en Pereira a los _______ días del mes de ______ de _______. Firma y antefirma de la reclamante CC No. _______ de _______ Ofendido Firma y antefirma del reclamado CC No. ________ de _______ Sindicado Firma y antefirma de la Secretaria Académica del Centro de Conciliación CC No. ________ de _______ Firma y antefirma del Director

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico CC No. __________ de _______ Director Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación NOTA: En aplicación del inciso final del artículo 41 de la ley 600 de 2000 se debe advertir, que si la acción ya se ha iniciado en algún despacho judicial y en éste no se ha dictado sentencia de primera o única instancia, a la conciliación celebrada en un Centro de Conciliación, el conciliador no le puede impartir la aprobación, ya que ésta se dejó reservada al funcionario respectivo, por lo tanto la Dirección del Centro de Conciliación debe enviar el acta al funcionario competente, a efecto de que éste le imparta su aprobación y dé por terminado el proceso, ya sea con una resolución inhibitoria o con una preclusión de instrucción o con una cesación de procedimiento. Con la puesta en vigencia del Sistema Procesal Acusatorio mediante la ley 906 del 31 de agosto de 2004, y al tenor de lo dispuesto en los artículos 518 al 527, (mecanismos de Justicia Restaurativa) en concordancia con los artículos 70 y 74 del C.P.P. si la la audiencia de conciliación se realizare ante un Centro de Conciliación legalmente autorizado o ante un conciliador en derecho, el conciliador enviará copia del acta para la respectiva aprobación del fiscal competente, quien procederá al archivo de las diligencias si fue exitosa la conciliación, o en caso contrario, iniciará la acción penal correspondiente.

13. MODELO DE ACTA DE CONCILIACION EN POLICIVO CUANDO SE TRATA DE CONTRAVENCION COMUN INSPECCION PRIMERA MUNICIPAL DE POLICIA DE __________ Pereira, abril _______ de _______ dos mil cinco (2005). ACTA DE CONCILIACION EN MATERIA POLICIVA No. ______ En Pereira, Risaralda, República de Colombia, a los ______ días del mes de ____ de dos mil cinco, siendo las _____, comparecieron al despacho de la inspección Primera Municipal de Policía de Pereira, los señores ____________________, identificados con las CC Nos ________ y _________, en su condición de querellante y querellado respectivamente, con el fin de realizar una audiencia de conciliación por Contravención Común de Policía, previamente programada por el suscrito Inspector, según providencia de fecha _________. Acto seguido se declaró abierta la audiencia de conciliación que tiene como fundamento los siguientes HECHOS 1. El señor _____________ (querellante), expresó …. (debe hacerse una relación más o menos detallada de los hechos materia de conciliación). 2. Por su parte el señor ________________ en su condición de querellado manifestó (hacer una narración de todo lo manifestado por el querellado). El suscrito Inspector los invitó a que propusieran fórmulas de arreglo y para tal efecto concedió la palabra al señor ___________ (querellante), quien propuso la siguiente fórmula de arreglo (copiar el arreglo propuesto por el quejoso).

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Programa Centro de Conciliación A la propuesta formulada por el querellante, el contraventor, señor ____________ manifestó que (aceptaba o no aceptaba la fórmula propuesta, por tal motivo). En vista de lo anterior y en atención a que las partes no se pudieron poner de acuerdo, el suscrito Inspector puso a su consideración el siguiente arreglo, con la advertencia de que están en libertad de aceptarlo o no (aquí el funcionario de policía tiene que ser muy cuidadoso, equitativo y justo al presentar a los conciliantes la fórmula de arreglo, pues debe hacerlo sin desconocer los derechos que tienen uno y otro conciliante, procurando justicia para ambas partes). Los conciliantes manifiestan de que en vista de que la fórmula propuesta por el señor Inspector se ajusta en forma equitativa a las pretensiones de las partes, la aceptan y por lo tanto en el deseo de ambas partes de conciliar sus diferencias, se acuerda por ellos lo siguiente: (redactar aquí con la máxima exactitud el arreglo al que llegaron). Los conciliantes son advertidos por el suscrito Inspector que el acta que suscriben a continuación debidamente diligenciada, presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada. Copias autenticadas podrán ser utilizadas por cualquiera de ellos en las actuaciones que lo requieran. Leído el texto anterior, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, por lo cual el suscrito Inspector le imparte su aprobación, siendo las ______ se da por terminada la audiencia de conciliación y para constancia se firma en Pereira, por quienes intervinieron en ella, a los días _______ del mes de ____ de ____. El Inspector El querellante El querellado El secretario

(firma (firma (firma (firma

y y y y

antefirma) antefirma) antefirma) antefirma)

Nota. En este tipo de acta es necesario tener en cuenta: a) Si el proceso contravencional ya se encuentra en curso, pero la conciliación se llevó a cabo en un Centro de Conciliación, corresponde al funcionario de policía proceder a impartirle la calificación y aprobación, una vez le llegue el acta suscrita en el Centro de Conciliación (Art. 4º. Decreto 2651 de 1991). b) Si la conciliación se celebra antes del proceso contravencional ante un Centro de Conciliación, la decisión de aprobar o improbar el acto conciliatorio, corresponde al Conciliador (Art. 116 de la Constitución Nacional). c) Si la conciliación ha sido programada y llevada a cabo por el mismo funcionario que abocó el conocimiento del asunto, como en este caso, le corresponde al mismo funcionario impartir la aprobación del acto conciliatorio.

14. MODELO DE ACTA EN MATERIA POLICIVA CUANDO SE TRATA DE CONTRAVENCION ESPECIAL

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico ALCALDIA MUNICIPAL DE _________ INSPECCION MUNICIPAL DE POLICIA DE __________ Pereira, abril ______ de ______ ACTA DE CONCILIACION POR CONTRAVENCION ESPECIAL No. En Pereira, Risaralda a los _____ días del mes de ______ de dos mil cinco (2005), siendo las ______ comparecieron al despacho de la Inspección Municipal de Policía de _______, los señores _________________, mayores de edad, vecinos de _________, identificados con las CC Nos. ___________ y __________ expedidos en _______ respectivamente, en su condición de querellante y querellado, con el fin de realizar una audiencia de conciliación por el hecho contravenciones de (cambio de forma exterior de vehículo sin permiso o modificación o supresión de partes de vehículos sin autorización, etc, que define y sanciona el art. 32 y 33 del Decreto 522 de 1971, ejercicio arbitrario de las propias razones que define y sanciona la ley 23 del 21 de marzo de 1991, previamente programada por el suscrito Inspector según providencia de fecha _____ de _____. Acto seguido se declaró abierta la audiencia de conciliación que tiene como fundamento los siguientes: HECHOS 1.

2.

3.

4.

5.

Manifiesta el señor __________(querellante) que en tal fecha compró el vehículo de las siguientes características al señor ___________ (querellado), por la suma de $_______________. Que al ser presentado para el respectivo traspaso, encontró que el color original del automotor que adquirió del señor ___________ es de color verde y no de color rojo, como aparece en la tarjeta de propiedad que le fue entregada. Que efectuadas las averiguaciones, se constató que al vehículo le había sido cambiada la forma exterior del mismo para lo cual no se contó con el respectivo permiso de la Dirección de Tránsito y Transportes de esta ciudad. Que el hecho ha traído graves perjuicios al comprador, en atención a que no ha podido hacer los respectivos trámites de traspaso y además a cada momento es objeto de retención del automotor por parte de las autoridades de tránsito. Por su parte el señor __________ (querellado) manifestó que era cierto todo lo dicho por el querellante, pero que el compró el vehículo con ese color y que no sabía del cambio del mismo.

Establecidos los hechos anteriores, el suscrito Inspector invitó a las partes a que propusieran fórmulas concretas de arreglo, por lo cual el querellante perjudicado u ofendido con el hecho contravencional, señor ______________, propuso que le fuera devuelto el dinero que dio por el automotor y que él a su vez hacia entrega del vehículo al querellado. A la propuesta presentada por el señor ___________, el querellado señor ___________, manifestó que aceptaba la propuesta anterior pero que pedía un plazo de un mes para hacer entrega del dinero, ya que lo había invertido en otras cosas.

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Programa Centro de Conciliación Pide la palabra el querellante y manifiesta que no puede dar ese plazo, por cuanto está muy perjudicado con las reiteradas retenciones del vehículo por parte de las autoridades y además ha gastado mucha plata tratando de hacer los papeles. que sólo le puede conceder un plazo de ocho días para que le devuelva el dinero. En atención a que las partes no llegan a un arreglo, el suscrito Inspector les presenta la siguiente propuesta: que el señor _______________ (querellante) le conceda un término de quince (15) días al querellado, señor _______________, para que devuelva el dinero. Con base en lo anteriormente expuesto y en el deseo de ambas partes de conciliar sus diferencias, se acepta la fórmula presentada por el funcionario, pero el querellante y querellado convienen garantizar dicha deuda con una letra de cambio pagadera el día ______ de ______, en la residencia del querellante y que el vehículo sería devuelto una vez sea suscrita esta acta. Los conciliantes son advertidos por el suscrito Inspector, que el acta que suscriben a continuación debidamente diligenciada con las obligaciones a cargo de cada una de las partes, son de obligatorio cumplimiento dentro de los términos en ella establecidos y que además esta acta hace tránsito a cosa juzgada y presta mérito ejecutivo, ante los jueces competentes. El señor ______________(querellante) manifiesta que con la suscripción de esta acta presenta desistimiento de la acción contravencional. Leído el texto anterior, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo, por lo cual el suscrito Inspector le imparte aprobación. Siendo las _______ del día _____, en constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en __________________. El Inspector El querellante El querellado El secretario

Firma Firma Firma Firma

y y y y

antefirma antefirma antefirma antefirma

15. MODELO DE ACTA DE CONCILIACION EN FAMILIA No. En Pereira, Risaralda, República de Colombia, a los _______ días del mes de ___ de _____ de 2005, comparecieron al Centro de Conciliación de la Facultad de Derecho de la Universidad Libre, Seccional Pereira, ubicada en la calle 40 No. 7-30, la señora ____________ mayor de edad, vecina de Pereira, identificada con la CC No. _________ expedida en ________, en su condición de perjudicada u ofendida con la conducta punible, solicitando le fuera programada una Audiencia de Conciliación en Familia, con el señor ____________, mayor de edad, vecino de Pereira, identificado con la CC No. _________ expedida en __________, en su condición de sindicado, actuando como conciliador el estudiante de práctica de Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, identificado

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico con la CC No. ______ de ________,en su calidad de Secretaria Académica del Centro de Conciliación. Acto seguido se declaró abierta la audiencia de conciliación y se procedió a explicar con detalle por el conciliador todos los pormenores y las consecuencias de lo que es la conciliación como mecanismo para solucionar en forma pacífica los conflictos entre los particulares. El fundamento de la conciliación la hizo consistir el reclamante en los siguientes: HECHOS 1.

2. 3. 4.

La señora ___________, manifiesta que convivió en unión libre con el señor ___________, por espacio de dos años y producto de esa unión nació un hijo de nombre ____________, el que cuenta en la actualidad con tres años (3) de edad. Manifiesta además que el señor ____________, nunca ha visto por la crianza, educación y mantenimiento de su hijo menor ______________. A pesar de los reiterados reclamos para que cumpla al menos con la obligación alimentaria, no ha sido posible que contribuya con la misma. Por su parte el señor ______________, manifiesta que todo lo dicho por la señora ______________ es cierto y que está dispuesto a llegar a un acuerdo formal para el pago de la cuota alimentaria para su hijo menor.

Establecidos los anteriores hechos, el conciliador los invitó a que propusieran fórmulas de arreglo, haciendo una propuesta concreta a sus pretensiones, a lo cual la señora ___________, expuso: Que como su intención era conciliar las diferencias con el señor _____________, con el fin de no tener que recurrir a una acción judicial, le solicita que le cancele la suma de $___________ como cuotas atrasadas por los años de edad que tiene el hijo habido de la unión y que de aquí en adelante se comprometa a pagar mensualmente una suma de $200.000, como cuota alimentaria, pagadera durante los primeros cinco (5) días de cada período mensual, la cual se deberá incrementar anualmente en proporción al aumento del salario mínimo legal. Se le concedió la palabra al señor _______________, quien manifestó que le era imposible cancelarle todo el dinero que estaba exigiendo, pero que estaba dispuesto a darle $ ____________ y a aportar mensualmente la suma de $150.000 pagaderos en las fechas y con el incremento que solicita la reclamante. Que la razón para no haber cumplido con la cuota alimentaria es porque la señora ____________ no me permite ver ni visitar el hijo. Se invitó la señora ______________ para que hiciera una nueva propuesta, a lo que manifestó que aceptaba la propuesta del señor ____________ con el compromiso de que le cumpla y que por las visitas al hijo lo podía hacer cuando quisiera, siempre y cuando cumpliera con la cuota de alimentos.

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Programa Centro de Conciliación Con base en lo anteriormente expuesto y en el deseo de ambas partes de conciliar sus diferencias, se acuerda por ellos lo siguiente: Que el señor pagará a la señora ____________ por concepto de cuota alimentaria atrasada la suma de $ _________, así: una primera cuota el día _________; una segunda cuota el día _________ y una tercera cuota el día ___________, todas ellas en la residencia de la reclamante, además aportará mensualmente la suma de $150.000,oo como cuota alimentaria, pagadera durante los primeros cinco (5) días de cada período mensual, en la residencia de la señora _______________, comprometiéndose a incrementarla anualmente en proporción al aumento del salario mínimo. Que la patria potestad la ejercerán ambos cónyuges. Que el padre podrá visitar a su hijo menor cuando lo desee en horas que no lo perjudique. El conciliador acatando la voluntad conciliadora de las partes, imparte su aprobación, advirtiéndoles que el acta que suscriben a continuación debidamente diligenciada, presta mérito ejecutivo y hace tránsito a cosa juzgada, tal como lo establece el artículo 80 de la ley 23 de 1991. Leído el texto anterior, los conciliantes manifiestan su conformidad con el mismo. Siendo las ______ horas se da por terminada la audiencia de conciliación y para constancia se firma por quienes intervinieron en ella, en Pereira, a los _____ días del mes de _____ de _____. Firma y antefirma de la reclamante CC No. _________ de _______ Firma y antefirma del reclamado CC No. ________ de ______ Firma y antefirma de la Secretaria Académica del Centro de Conciliación CC No. _________ de ______ Firma y antefirma del Director CC No. __________ de ________ Director Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico 16. MODELOS PARA EL TRAMITE CONCILIATORIO EN EL CENTRO DE CONCILIACION

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CÓDIGO CIVIL ARTÍCULO 674. Se llaman Bienes de la Unión, aquellos cuyo dominio pertenece a la República. Si además su uso pertenece a todos los habitantes de un territorio, como el de las calles, plazas, puentes y caminos, se llaman bienes de la Unión de uso público o bienes públicos del territorio. ARTÍCULO 762. La posesión es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor o dueño, sea que el dueño o el que se da por tal, tenga la cosa por sí mismo, o por otra persona que la tenga en lugar y a nombre de él. El poseedor es regulado dueño, mientras otra persona no justifique serlo. ARTÍCULO 775. Se llama mera tenencia la que se ejerce sobre una cosa, no como dueño, sino en lugar o a nombre del dueño. El acreedor o prendario, el secuestre, el usufructuado, el usuario, el que tiene derecho de habitación, son meros tenedores de la cosa empeñada secuestrada o cuyo usufructo, uso o habitación les pertenece. Lo dicho se aplica generalmente a todo el que tiene una cosa reconociendo dominio ajeno. ARTÍCULO 879. Servidumbre predial o simple servidumbre, es un gravamen impuesto sobre un predio, en utilidad de otro predio de distinto dueño. ARTÍCULO 998. El que tema que la ruina de un edificio vecino le depare perjuicio, tiene derecho de querellarse al juez para que se mande al dueño del edificio derribarlo, si estuviere tan deteriorado que no admita reparación; o para que, si la admite, se le ordene hacerla inmediatamente y si el querellado no procediere a cumplir el fallo judicial, se derribará el edificio o se hará la reparación a su costa. ARTÍCULO 1005. La municipalidad y cualquier persona del pueblo tendrán a favor de los caminos, plazas u otros lugares de uso público y para la seguridad de los que transitan por ellos, los derechos concedidos a los dueños de heredades o edificios privados. Y siempre que a consecuencia de una acción popular haya de demolerse o enmendarse una construcción, o de resarcirse un daño sufrido, se recompensará al acto a costa del querellado, con una suma que no baje de la décima, ni exceda de la tercera parte de lo que cueste la demolición o enmienda, o el resarcimiento del daño, sin perjuicio de que si se castiga el delito o negligencia con una pena pecuniaria, se adjudique al actor la mitad.

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Legislación Complementaria ARTÍCULO 2.008. El arrendamiento de cosas expira de los mismos modos que los otros contratos y especialmente: 1. Por la destrucción total de la cosa arrendada. 2. Por la expiración del tiempo estipulado para la duración del arriendo. 3. Por la extinción del derecho del arrendador, según las reglas que más adelante se expresarán. 4. Por sentencia del juez o de prefecto en los casos que la ley ha previsto. ARTÍCULO 2016. Extinguiéndose el derecho del arrendador sobre la cosa arrendada, por una causa independiente de su voluntad, expirará el arrendamiento, aún antes de cumplirse el tiempo que para su duración se hubiere estipulado. Si, por ejemplo, el arrendador era usufructuario o propietario fiduciario de la cosa, expira el arrendamiento por la llegada del día en que debe cesar el usufructo o pasar la propiedad al fideicomiso, sin consideración de lo que se haya estipulado entre el arrendador y el arrendatario sobre la duración del arriendo y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 583, inciso 2. ARTÍCULO 2.024. Podrá el arrendador hacer cesar el arrendamiento en todo o parte, cuando la cosa arrendada necesita de reparaciones que en todo o en parte impidan su goce y el arrendatario tendrá entonces los derechos que le conceden las reglas dadas en el artículo 1.986. ARTÍCULO 2142. El mandato es un contrato en que una persona confía la gestión de uno o más negocios a otra, que se hace cargo de ellos por cuenta y riesgo de la primera. La persona que concede el encargo se llama comitente o mandante y la que acepta apoderado, procurador y en general, mandatario. ARTÍCULO 2519. Los bienes de uso público no se prescriben en ningún caso.

LEY 57 DE 1905 ARTÍCULO 15. Cuando alguna finca ha sido ocupada de hecho sin que medie contrato de arrendamiento ni consentimiento del arrendador, el jefe de policía ante quien se presente la queja, se trasladará al lugar en que está situada la finca dentro de las cuarenta y ocho horas después de la presentación del escrito de queja, y si los ocupantes no exhiben el contrato de arrendamiento o se ocultan, procederá a verificar el lanzamiento sin dar lugar a recurso alguno ni a diligencia que pueda demorar la desocupación de la finca. PARÁGRAFO. El jefe de policía moroso en el cumplimiento del deber que le impone el inciso anterior, será responsable en la misma forma y en los términos de que trata el artículo 12.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico DECRETO 992 de 1930 Artículo 1. Toda persona a quien se le hubiere privado de hecho de la tenencia material de una finca, sin que se haya mediado su consentimiento expreso o tácito u orden de autoridad competente, podrá pedir por sí o por medio de apoderado debidamente constituido al respectivo alcalde municipal la protección consagrada en el artículo 15 de la ley 57 de 1.905. Lo dispuesto en este artículo no se aplicará cuando se trate de ocupantes de baldíos, ya sean demandantes o demandados. En estos casos, se estará a lo dispuesto en los artículos 78, 79 y 80 del código fiscal y el artículo 2 de la ley 45 de 1917, según el caso. ARTÍCULO 2. En el memorial a que se refiere el artículo 1 de este decreto, que debe ser presentado personalmente ante el alcalde y su secretario, se hará constar lo siguiente: 1. El nombre del funcionario a quien se dirige. 2. El nombre del querellante, expresando si lo hace por sí o a nombre de otro y su estado civil y vecindad. 3. La persona o personas contra quienes se dirige la acción y su estado civil y vecindad, si fueren conocidas. 4. La finca que ha sido ocupada de hecho, su ubicación y los linderos y las demás señales que sirvan para identificarla claramente. 5. La fecha desde la cual fue privado de la tenencia material o la fecha en que tuvo conocimiento del hecho, y 6. Los títulos en que se apoya para iniciar la acción y los hechos en que se funda la queja. ARTÍCULO 3. Al memorial petitorio debe acompañar el querellante el título que acredite su derecho y la prueba sumaria de la fecha en que fue privado de la tenencia o la fecha en que tuvo conocimiento de la ocupación, según el caso, y de los demás hechos en que se basa su acción. ARTÍCULO 4. Si el memorial no fuere presentado en conformidad con el artículo 2, el alcalde lo devolverá inmediatamente para que el interesado lo corrija o adicione. ARTÍCULO 5. Si las pruebas presentadas por el querellante no demostraren en forma legal los hechos en que funda su petición el funcionario se abstendrá de ordenar el lanzamiento. ARTÍCULO 6. Cumplidas dichas formalidades, el alcalde municipal dictará inmediatamente la orden de lanzamiento contra los ocupantes y la hará saber enseguida a éstos personalmente o por medio de avisos fijados en la entrada de la finca de que se trate, si aquellos se ocultaren o no fueron encontrados. En dichos avisos, que deben firmarse por el alcalde y su secretario, se expresarán el día y la hora señalados para efectuar el lanzamiento, que será dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a la

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Legislación Complementaria admisión del escrito de queja. De estas diligencias que se practiquen a este respecto, se dejará especialmente constancia en el expediente. Para el cómputo de horas se tendrá en cuenta lo prevenido en el código de Régimen Político Municipal y en el artículo 2 de la ley 77 de 1.926. ARTÍCULO 7. Las providencias del alcalde en las actuaciones de lanzamiento, son apelables dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su notificación, para ante el inmediato superior, en el efecto devolutivo, si se trata de la persona contra quien se dirige la acción y en ambos efectos si el que apela fuere el querellante. ARTÍCULO 8. El alcalde del municipio en que estuviere ubicada toda la finca invadida es el competente para conocer de las demandas de lanzamiento, si la finca perteneciere a dos o más municipios y la acción se dirige para recuperar una porción de la finca situada en uno solo, conocerá el alcalde de ese municipio, y si la acción se refiere a toda la finca, conocerán los alcaldes de la ubicación a prevención. ARTÍCULO 9. Llegado el momento de practicar el lanzamiento, el alcalde se trasladará al lugar en que aquel debe verificarse, acompañado de su secretario, pudiendo también concurrir las personas interesadas y dos testigos, si se juzgare conveniente, una vez allí, el alcalde llamará a la puerta de la casa o heredad y hará saber a la persona o personas que allí se encuentren quién es, y el objeto que lleva. Si dentro de diez minutos no le contestaren o no le permitieren la entrada hará una nueva intimación previniéndoles la responsabilidad en que incurren por su denegación y si pasaren diez minutos más sin franquearse la entrada procederá el lanzamiento valiéndose de la fuerza si fuere necesario. ARTÍCULO 10. Si la casa estuviere cerrada y nadie contestase al allanamiento, pasados diez minutos se procederá a la apertura y lanzamiento. Cuando se trate de un campo inhabitado, el alcalde al llegar a cualquiera de sus linderos, hará en alta voz el llamamiento prevenido, y pasados diez minutos procederá a entregar la finca al querellante. ARTÍCULO 11. En los casos en que la finca no se encontrase persona alguna, se hará un inventario de las cosas que allí hubiere, suscrito por el alcalde y su secretario y se dejarán bajo el cuidado de un depositario que designará el alcalde. ARTÍCULO 12. Los lanzamientos deberán practicarse después de las seis de la mañana y antes de las seis de la tarde, y toda su tramitación deberá constar por escrito en papel sellado. La diligencia de lanzamiento se extenderá en un acta que firmarán el alcalde, el secretario, los interesados y testigos que hayan concurrido. ARTÍCULO 13. Si antes de practicarse el lanzamiento, el ocupante de la finca o heredad exhibiere un título o prueba que justifique legalmente la ocupación, el alcalde suspenderá la diligencia de lanzamiento, quedando en libertad los interesados para acudir al poder judicial. Si el demandado alegare su condición de ocupante de baldíos debe probar por medio de testigos idóneos y vecinos del lugar, que se halla establecido en la finca o heredad con casa de habitación o cultivos tales como cacao, café, caña de azúcar, pastos, maíz, arroz o ganados que no ha trabajado en ella por cuenta ajena y que los terrenos son reputados como baldíos.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico ARTÍCULO 14. En la acción de lanzamiento no hay necesidad de fijar cuantía para efectos de determinar la jurisdicción. ARTÍCULO 15. La acción administrativa sumaria de lanzamiento prescribe a los treinta días, contados desde el primer acto de ocupación o desde el día en que tuvo conocimiento del hecho el querellante, según el caso. ARTÍCULO 16. El presente decreto empezará a regir desde su publicación en el Diario oficial, pero no es aplicable a las diligencias de lanzamiento iniciadas con anterioridad. ARTÍCULO 17. Queda derogado el Decreto número 515 de 1.923.

LEY 200 DE 1936 (DICIEMBRE 30) Sobre régimen de tierras. El Congreso de Colombia DECRETA: ARTICULO 1º. Se presume que no son baldíos, sino de propiedad privada, los fundos poseídos por particulares, entendiéndose que dicha posesión consiste en la explotación económica del suelo por medio de hechos positivos propios de dueño, como las plantaciones o sementeras, la ocupación con ganados y otros de igual significación económica. El cerramiento y la construcción de edificios no constituyen por si solos prueba de explotación económica, pero si pueden considerarse como elementos complementarios de ella. La presunción que establece -este articulo se extiende también a las porciones incultas cuya existencia sea necesaria para la explotación económica del predio, o como complemento para el mejor aprovechamiento de éste, aunque en los terrenos de que se trata no haya continuidad, o para el ensanche de la misma explotación. Tales porciones pueden ser , conjuntamente, de una extensión igual a la de la parte explotada, y se reputan poseídas conforme a este artículo. ARTÍCULO 2º . Se presumen baldíos los predios rústicos no poseídos en la forma que se determina en el artículo anterior ARTÍCULO 3º. Acreditan propiedad privada sobre la respectiva extensión territorial, y en consecuencia desvirtúan la presunción consagrada en el artículo anterior, fuera del título originario expedido por el Estado que no haya perdido su eficacia legal, los títulos inscritos otorgados con anterioridad a la presente Ley, en que consten tradiciones de dominio por un lapso no menor del término que señalan las leyes para la prescripción extraordinaria.

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Legislación Complementaria Lo dispuesto en el inciso anterior sobre prueba de la propiedad privada por medio de títulos inscritos, otorgados entre particulares con anterioridad a la presente Ley, no es aplicable respecto de terrenos que no sean adjudicables, estén reservados, o destinados para cualquier servicio o uso público. ARTÍCULO 4º. Lo dispuesto en el artículo 3º no perjudica a las personas que con dos años de anterioridad a la vigencia de esta Ley se hubiesen establecido, si reconocer dominio distinto al del Estado, y no a titulo precario, en terreno inculto en el momento de iniciarse la ocupación. En este caso, el carácter de propiedad privada del respectivo globo de terreno sólo podrá acreditarse en una de estas formas: a)

Con la presentación del titulo originario, emanado del Estado, que no haya perdido su eficacia legal.

b)

Con cualquiera otra prueba, también plena, de haber salido el terreno legítimamente del patrimonio del Estado, y

c)

Con la exhibición de un titulo traslaticio de dominio otorgado con .anterioridad al 11 de octubre de 1821.

Los poseedores de que habla este articulo, aunque fueren vencidos en juicio reivindicatorio. tendrán derecho a hacer suyo el terreno poseído mediante el pago del justo precio del suelo, o garantizando ese pago Con hipoteca del terreno y las ,mejoras permanentes puestas en él, si el propietario ha dejado transcurrir más de noventa días, contados desde la vigencia de esta Ley, sin presentar la demanda del respectivo juicio reivindicatorio; o si, cuando el juicio fue iniciado antes de dicho término y la sentencia está ejecutoriada, han transcurrido treinta días, contados desde la fecha en que hayan quedado tasadas judicial o contractualmente las mejoras, sin que el demandante vencedor en el juicio respectivo las haya pagado. La hipoteca de que aquí se habla será por un término de cinco años, y en cuanto a intereses y sistema de amortización, se pactarán los que estén en uso para las operaciones bancarias de esta índole. ARTÍCULO 17. Quien posea un predio rural en los términos de los artículos 1º y 4º de esta Ley, presente los títulos de que trata el artículo 3º de la misma, tiene derecho a que la autoridad competente, de acuerdo con las prescripciones de esta, Ley, suspenda inmediatamente cualquiera ocupación de hecho, esto es, realizada sin causa que la justifique. En consecuencia, formulada la queja, el respectivo funcionario, dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su presentación, se trasladará al terreno, a costa del interesado, y efectuará el lanzamiento si se reúnen los requisitos señalados en este artículo. En estos términos queda reformado, en lo que se refiere a predios rurales, el articulo 15 de la Ley 57 de 1905.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico PARÁGRAFO. La persona que una vez lanzada ocupe de nuevo y sin causa justificativa la misma finca, incurrirá por el solo hecho de la reincidencia, en una pena de arresto inconvertible, por el término de sesenta días. imponible por el mismo juez de Tierras que decrete el nuevo lanzamiento. ARTÍCULO 18. La acción de lanzamiento de que habla el artículo anterior, prescribe a los ciento veinte días. contados desde el primer acto de ocupación, y la, prescripción se interrumpe con la sola presentación de la demanda. ARTÍCULO 19. Las acciones posesorias que consagran las leyes vigentes, tratándose dé predios rurales, sólo pueden invocarse por quien acredite una posesión material de la naturaleza especificada en los artículos 1º y 4º de esta Ley. Lo dispuesto en este artículo es sin perjuicio de que los dueños y tenedores de predios rurales puedan ejercitar las acciones posesorias especiales que les otorgan las leyes vigentes.

DECRETO 640 DE 1937 ARTÍCULO 1. Los alcaldes procederán inmediatamente a hacer que se restituyan las zonas de terreno que los particulares hayan ocupado o usurpado, en cualquier tiempo, a las vías públicas urbanas o rurales, conminándolos con multas de treinta pesos por cada mes de mora que transcurra después del término que se les conceda para cumplir dicha orden, término que no podrá pasar de dos meses, vencido el cual procederán dichos funcionarios a demoler las cercas y edificaciones y dar a las vías la anchura correspondiente, siendo los gastos por cuenta de los ocupantes de esas zonas. ARTÍCULO 2. Las multas de que trata el artículo anterior se decretarán a favor del respectivo tesoro municipal y se harán efectivas por medio de la jurisdicción coactiva, según el numeral 3º. Del artículo 1059 del Código Judicial. ARTÍCULO 3. El primer auto o providencia que en estos casos dicten los alcaldes, ordenando la referida restitución, se notificará personalmente a los ocupantes materiales de las zonas usurpadas, a sus administradores o mayordomos. Las demás providencias se notificarán en la forma detallada en el artículo 310 del Código Judicial. ARTÍCULO 4. El auto o providencia de los alcaldes que ordene la restitución es apelable, en el efecto suspensivo, ante el respectivo gobernador en la forma que previene el Código Judicial para los autos interlocutorios. Los demás autos no son apelables sino en el efecto devolutivo y siguiendo en este caso los trámites generales del Código Judicial y ante el mismo gobernador. PARÁGRAFO. Todos los autos que los alcaldes dicten en estos asuntos se notificarán personalmente al respectivo Personero Municipal y las apelaciones se le concederán en el efecto suspensivo, a menos que las limite al devolutivo.

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Legislación Complementaria ARTÍCULO 5. Es un deber de los alcaldes y gobernadores proceder de oficio, inmediatamente que tengan conocimiento de la ocupación, que en cualquier tiempo se haya hecho de zonas de vías públicas, urbanas o rurales, a dictar las providencias conducentes a la correspondiente restitución. El alcalde moroso en el cumplimiento de este deber, será apremiado por el gobernador con multas sucesivas de diez pesos por cada semana de mora. ARTÍCULO 6. Las demás prestaciones de que trata el citado artículo 208 de la Ley 4ª. De 1.913, se harán efectivas ante el poder judicial en la forma ordinaria correspondiente. ARTÍCULO 7. Las disposiciones del presente decreto se aplicarán también en el caso de restitución de los demás bienes de uso público. ARTÍCULO 8. Los alcaldes tienen el deber, una vez que entre en vigencia este decreto, de dar informe al respectivo gobernador respecto de las diligencias sobre restitución de zonas de vías públicas urbanas o rurales, pendientes en sus despachos, acerca de la fecha de su iniciación, estado actual de ellas, así como de las que posteriormente se inicien. ARTÍCULO 9. Si los opositores a la restitución de que trata el referido artículo 208 negaren la calidad de públicos de los bienes restituibles, la orden de restitución se llevará siempre a efecto, pero los opositores pueden, constituyéndose demandantes, debatir este punto ante el poder judicial, mediante el ejerció de las acciones correspondientes. ARTÍCULO 10. Este decreto regirá desde su promulgación y será además publicado por bando en cada municipio, en dos días de concurso público.

DECRETO 151 DE 1957 ARTÍCULO 1. Los propietarios, empresarios, gerentes o administradores de establecimientos hoteleros o similares, podrán solicitar el lanzamiento de aquellos clientes que resultaren insolventes o que en cualquier forma atenten contra la seguridad, tranquilidad, salubridad y moralidad de dichos establecimientos. ARTÍCULO 2. De las demandas de lanzamiento previstas en el artículo anterior, conocen los Alcaldes, Corregidores o Inspectores de Policía del domicilio del respectivo establecimiento hotelero, mediante el procedimiento que se determina en el presente decreto. ARTÍCULO 3. A la solicitud escrita acompañará el interesado prueba sumaria de los hechos y si de ella apareciere plenamente comprobado, el funcionario de policía dictará la orden de lanzamiento a más tardar al día siguiente.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico El lanzamiento deberá practicarse dentro de las doce (12) horas subsiguientes a la notificación de la providencia que lo ordena, sin perjuicio de las demás peticiones de la demanda. ARTÍCULO 4. Las providencias de los funcionarios de policía en las actuaciones de lanzamiento de que trata el presente decreto, son apelables de palabra en el acto de notificación, o por escrito dentro de las veinticuatro horas siguientes, para ante el inmediato superior y en el efecto devolutivo a fin de que no se suspenda la ejecución de la providencia apelada. Interpuesto en tiempo dicho recurso, debe concederse al día siguiente. El superior ordenará que el negocio sea fijado en lista por dos (2) días para que las partes presenten sus alegatos escritos, vencidos los cuales fallará dentro de los dos días siguientes. ARTÍCULO 5. Con el objeto de asegurar el pago de la deuda de cualquier cliente insolvente, los propietarios, empresarios, gerentes o administradores de establecimientos hoteleros podrán ejercer el derecho de retención sobre el equipaje y los objetos introducidos en el respectivo establecimiento, hasta concurrencia de lo que se deba por alojamiento, expensas o daños. En este caso y con la anuencia del funcionario que corresponda, debe perfeccionarse un inventario y practicarse un avalúo por dos peritos idóneos nombrados por él. Copias de estos inventarios y del correspondiente avalúo deben suministrarse a la autoridad de policía que conozca del negocio. PARÁGRAFO. Los mismos peritos que intervengan en el avalúo de los bienes, podrán rendir experticio en lo relativo a los daños que se denuncien. ARTÍCULO 6. Si pasados treinta días contados a partir de la fecha en que se hubiere ejercido el derecho de retención sobre el equipaje o los objetos, el cliente no se presentare a cancelar la obligación pendiente, los propietarios, empresarios, gerentes o administradores de los establecimientos hoteleros, podrán solicitar el remate de lo retenido, el cual se efectuará dentro de los quince días siguientes ante la respectiva autoridad de policía. Con el producto del remate se pagará el valor de la deuda. El saldo si lo hubiere, será depositado a favor del dueño en el Banco de la República, la Caja de Crédito Agrario, Industrial y Minero o en cualquier entidad bancaria del establecimiento hotelero, según el caso y en su defecto en la administración o Recaudación de Hacienda Nacional del respectivo municipio. ARTÍCULO 7. Los huéspedes de los establecimientos hoteleros que con el propósito de obtener provecho ilícito de sus servicios o de burlar el derecho de retención consagrado en este Decreto, portaren consigo equipajes aparentes o ficticios o emplearen otros sistemas lesivos de los intereses económicos de tales establecimientos, incurrirán en arresto incomunicable de dos (2) a quince (15) días, que será impuesto por los funcionarios de que trata el artículo segundo de este decreto, de acuerdo con el procedimiento penal ordinario, establecido en el respectivo Código de Policía Departamental.

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Legislación Complementaria ARTÍCULO 8. Los propietarios, empresarios, gerentes o administradores de establecimientos hoteleros, podrán exigir a las personas que no porten equipajes, el pago anticipado de mensualidades, quincenas, décadas o diarios, según la costumbre del respectivo establecimiento. ARTÍCULO 9. Los establecimientos hoteleros serán responsables del daño o pérdida de los efectos de gran valor que los huéspedes trajeron consigo, como dinero, joyas, documentos negociables, etc., solamente cuales efectos sean entregados directamente y bajo recibo para su guarde o depósito a sus respectivos propietarios, empresarios, gerentes o administradores. ARTÍCULO 10. Este decreto rige la fecha de su expedición y suspende las disposiciones que le sean contrarias.

CÓDIGO NACIONAL DE POLICÍA ARTÍCULO 19. Para asegurar el cumplimiento de las disposiciones de policía, las autoridades del ramo pueden dictar órdenes según la competencia que se les atribuya. ARTÍCULO 20. La orden debe fundarse en la ley o reglamento. ARTÍCULO 21. La orden debe ser clara y precisa y además de posible cumplimiento. ARTÍCULO 22. La orden debe impartirse a persona o a grupo individualizado o individualizable de personas. ARTÍCULO 23. La orden debe ser motivada y escrita pero en caso de urgencia puede ser verbal. ARTÍCULO 24. El que incumpla una orden podrá ser obligado a la fuerza a cumplirla. La orden puede ser impugnada por la vía jerárquica sin perjuicio de su cumplimiento. ARTÍCULO 25. El funcionario de policía que diere orden ilegal incurrirá en sanción disciplinaria que impondrá el superior jerárquico sin perjuicio de la responsabilidad penal si la hubiere. ARTÍCULO 26. Si la orden no fuera de inmediato cumplimiento, el jefe de policía conminará a la persona para que la observe en el plazo que señale y de no ser atendido podrá imponer las sanciones que correspondan hasta vencer la resistencia, sin perjuicio de realizar el hecho por cuenta del obligado cuando fuere posible la sustitución. ARTÍCULO 27. La orden de policía puede ser revocada por quien la emitió. ARTÍCULO 28. La orden debe comunicarse por cualquier medio idóneo como la prensa, la radio, la televisión, las señales, los avisos, los altavoces.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico ARTÍCULO 29. Sólo cuando sea estrictamente necesario la policía puede emplear la fuerza para impedir la perturbación de orden público y para restablecerlo. Así podrán los funcionarios de policía utilizar la fuerza: a) b) c) d) e) f) g)

Para hacer cumplir las decisiones y órdenes de los jueces y demás autoridades, Para impedir la inminente o actual comisión de infracciones penales o de policía, Para asegurar la captura del que debe ser conducido ante la autoridad, Para vencer la resistencia del que se oponga a orden policial que deba cumplirse inmediatamente. Para evitar mayor peligro y perjuicio en casos de calamidad pública. Para defenderse o defender a otro de una violencia actual e injusta contra la persona, su honor y sus bienes. Para proteger a las personas contra peligros inminentes y graves.

ARTÍCULO 72. La policía amparará en todo momento la inviolabilidad del domicilio y de sitio no abierto al público con el fin de garantizar a sus moradores la protección a la intimidad a que tienen derecho. ARTÍCULO 73. El acceso al domicilio o a sitio privado donde se ejerza trabajo o recreación familiar, requiere consentimiento de su dueño o de quien lo ocupe. ARTÍCULO 74. Se entiende para los efectos de este estatuto, por domicilio los establecimientos de educación, los clubes sociales y los círculos deportivos, los lugares de reunión de las corporaciones privadas, las oficinas, los talleres y los demás recintos donde se trabaja; aquella parte de las tiendas y sitios abiertos al público que se reservan para habitación u oficina, los aposentos de los hoteles cuando hubieren sido contratados en arriendo u hospedaje y las casas y edificios de departamentos estén o no divididos por pasajes. ARTÍCULO 75. No se reputan domicilio los lugares públicos o abiertos al público ni los sitios comunes de los edificios de departamentos y de hoteles, tales como pasajes, pasadizos y vestíbulos. ARTÍCULO 76. Son sitios abiertos al público entre otros, las tabernas, los restaurantes, las salas de baile y los destinados a espectáculos, aunque para entrar a ellos deban cumplirse condiciones que señale el empresario. Con todo, cuando en sitio abierto al público se establezca recinto de trabajo o de habitación, éste se reputa lugar privado. Terminado el espectáculo o finalizada la tarea diaria en sitio abierto al público, el lugar se torna privado. ARTÍCULO 77. Cuando por aviso o por destinación especial la entrada a un recinto esté sujeta a condición, el que la viole podrá ser expulsado inmediatamente por la policía a solicitud del morador. ARTÍCULO 78. La policía y los demás funcionarios a quienes la ley faculte expresamente para allanar domicilios o sitios cerrados donde se ejerzan actividades privadas, podrán

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Legislación Complementaria hacerlo pero sólo a virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley. ARTÍCULO 79. El mandamiento de registro de domicilio o sitio no abierto al público será la providencia escrita en donde se exprese con la mayor precisión el lugar de que se trate, los fines del registro, el día y la hora para llevarlo a cabo y la facultad de allanar en caso de resistencia. ARTÍCULO 80. La diligencia de registro de domicilio que deba practicar la policía, se llevará a cabo de ordinario en horas hábiles de trabajo. Cuando las circunstancias lo exijan podrá hacerse a cualquier hora del día o de la noche. Antes de utilizar la fuerza, se requerirá al morador para que permita la entrada. ARTÍCULO 81. Modificado. Decreto 552 de 1971, artículo 111. Cuando una persona sea sorprendida en flagrante violación de la ley penal y al ser perseguida por la policía se refugiase en su propio domicilio, los agentes de la autoridad podrán penetrar inmediatamente en él con el fin de aprehenderla. Si se acoge a domicilio ajeno la policía podrá penetrar en él, haciendo uso de la fuerza si fuere necesario, sin exhibir mandamiento escrito y previo requerimiento al morador. Si éste se opone podrá ser capturado y conducido ante la autoridad competente para que se inicie la investigación penal a que haya lugar. ARTÍCULO 85. El que insista en permanecer en domicilio ajeno contra la voluntad de su morador, aunque hubiere entrado con el consentimiento de éste, será expelido por la policía a petición del mismo morador. ARTÍCULO 108. Dentro de los límites de la ley, establece la policía protegerá la libertad de comercio e industria. El Presidente de la República en lo nacional; las Asambleas Departamentales y los Concejos en lo local; en ausencia de ley, señalarán en reglamento de carácter general las prohibiciones tendientes a evitar toda acción ejercida por particulares y que constituya una maniobra contra esas libertades. ARTÍCULO 109. En desarrollo de la facultad de que trata el artículo anterior, podrán acordarse en los reglamentos de policía, medidas tendientes a impedir la destrucción intencional de productos alimenticios u otros de interés general, la repartición de zonas, el acaparamiento, el agiotaje, las falsas noticias tendientes a alterar los precios y en general los actos que impidan la concurrencia comercial. ARTÍCULO 125. La policía sólo puede intervenir para evitar que se perturbe el derecho de posesión o mera tenencia que alguien tenga sobre un bien y en el caso que se haya violado ese derecho, para restablecer y preservar la situación que existía en el momento en que se produjo la perturbación. ARTÍCULO 126. En los procesos de policía no se controvertirá el derecho de dominio ni se considerarán las pruebas que se exhiban para acreditarlo.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico ARTÍCULO 127. Las medidas de policía para proteger la posesión y tenencia de bienes se mantendrán mientras el Juez no decida otra cosa. ARTÍCULO 129. La protección que la policía preste al poseedor se dará también al mero tenedor. ARTÍCULO 131. Cuando se trate de diligencias tendientes a verificar el estado y la tenencia de inmuebles frente a actos de perturbación, se practicará siempre una inspección ocular con intervención de peritos y se oirá dentro de tal inspección a los declarantes que presenten el querellante y el querellado. ARTÍCULO 132. Cuando se trate de la restitución de bienes de uso público, como vías públicas urbanas o rurales o zonas para el paso de trenes, los alcaldes una vez establecido por los medios que estén a su alcance, el carácter de uso público de la zona o vía ocupada, procederán a dictar la correspondiente resolución de restitución que deberá cumplirse en un plazo no mayor de treinta días. Contra esta resolución procede el recurso de reposición y también el de apelación para ante el respectivo gobernador. ARTÍCULO 193. La multa consiste en imponer al infractor el pago de una suma de dinero no menor de cincuenta pesos ni mayor de mil. El pago de la multa se hará al correspondiente tesorero municipal. La cuantía de la multa se regulará teniendo en cuenta la capacidad económica del infractor. Al notificarse la resolución o cuando el multado manifieste que se encuentra en estado de insolvencia, aquella se convertirá en trabajo, en obras de interés público o en suspensión de permiso o licencia, según el caso. ARTÍCULO 194. El decomiso se impondrá mediante resolución motivada y en ella se dispondrá que los bienes se vendan en pública subasta o que se entreguen, previo recibo y demás formalidades de rigor a un establecimiento de asistencia pública a menos que pertenezcan a un tercero ajeno a los hechos que constituyen la falta en cuyo caso se le entregarán. El producto de la subasta se llevará a la tesorería del correspondiente municipio. Cuando se trate de bebidas, comestibles y víveres en general que se encuentren en mal estado, la policía procederá a destruirlos en presencia del tenedor de esos artículos. ARTÍCULO 195. El cierre del establecimiento consiste en suspender la actividad a que esté dedicado el infractor por término no mayor de siete días. Para asegurar su cumplimiento se fijarán sellos o medios adicionales de seguridad como candados o nuevas cerraduras, cuyas llaves se conservarán en el comando de policía. ARTÍCULO 196. La demolición, la construcción o la reparación de obra se ejecutará dentro del plazo fijado en la orden. Salvo disposición en contrario, en caso de incumplimiento, la demolición, la construcción o la reparación se hará por empleados municipales a costa del infractor. Si éste no paga dentro del término señalado, el reembolso se perseguirá por la vía de la jurisdicción coactiva.

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Legislación Complementaria En la orden se exigirá otorgamiento de caución para asegurar su cumplimiento. ARTÍCULO 199. Cuando deba otorgarse caución, está consistirá en depósito en la Tesorería Municipal, en dinero en efectivo, en cédulas hipotecarias o en títulos de deuda pública por su valor nominal o en fianza bancaria o de compañía de seguros o de dos personas de solvencia abonada. Cuando la caución exceda quinientos pesos y no se otorgue dentro del plazo señalado, se impondrá arresto supletorio de un día por cada cien pesos. Si la caución es de quinientos pesos o menos, se impondrá trabajo en obras de interés público en la misma proporción. ARTÍCULO 208. Compete a los comandantes de estación y de subestación imponer el cierre temporal de establecimientos abiertos al público. 1. 2.

3. 4.

Cuando se quebrante el cumplimiento de horario de servicio, señalado en los reglamentos de policía nacional o de policía local. Cuando el establecimiento funcione sin permiso de la autoridad o en estado de notorio desaseo o cuando la licencia concedida haya caducado. Cuando se ejerzan actividades no incluidas en el permiso. Cuando el dueño o el administrador del establecimiento tolere riñas o escándalos.

ARTÍCULO 211. Compete a los alcaldes o a quienes hagan sus veces, imponer multa de cien a quinientos pesos: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

Al que utilice título oficial que no tenga o use públicamente insigna, distintivo o uniforme de autoridad que no le correspondan. Al administrador de edificio que no coloque en lugar visible de los ascensores aviso con indicación de su capacidad máxima. Al ascensorista que transporte un número mayor de personas o un peso superior al aforado para el ascensor. Al que de falso aviso a la policía o al cuerpo de bomberos sobre inundación, incendio u otra calamidad. Al que dañe los árboles plantados en parques y avenidas o cualquier otro bien ornato público o de comodidad, si el hecho no constituye infracción penal. Al que por más de dos veces incurra en contravención de que conozcan los comandantes de policía.

ARTÍCULO 213. Compete a los alcaldes o a quienes hagan sus veces, imponer decomiso: 1. 2.

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De elementos tales como puñales, cachiporras, manoplas, caucheras, ganzúas y otros similares. De tiquetes o boletas para espectáculos cuando se pretenda venderlos por precio superior al autorizado.


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico 3.

De bebidas comestibles y víveres en mal estado de conservación, sin perjuicio de la acción penal a que haya lugar.

ARTÍCULO 214. Compete a los alcaldes o a quienes hagan sus veces, retirar o suspender licencias o permisos: 1. 2.

Al que reincida en los hechos que hayan dado motivo al cierre temporal de su establecimiento. Al que habiendo obtenido permiso de la autoridad para ejercer oficio o tarea determinada, viole las condiciones de la licencia.

ARTÍCULO 216. Los alcaldes o quienes hagan sus veces impondrán demolición de obras: 1. 2.

Al dueño de edificación o construcción que amenace ruina, siempre que esté de por medio la seguridad y la tranquilidad pública. Para contener incendio o cualquier calamidad pública o para evitar mayores daños en estos casos.

ARTÍCULO 229. Contra las medidas correctivas impuestas por los comandantes de estación o subestación no habrá ningún recurso. Contra las impuestas por los alcaldes e inspectores procede el de reposición.

CODIGO DEL COMERCIO ARTÍCULO 518. El empresario que a título de arrendamiento haya ocupado no menos de dos años consecutivos un inmueble con un mismo establecimiento de comercio, tendrá derecho a la renovación del contrato al vencimiento del mismo, salvo en los siguientes casos: 1. 2.

3.

Cuando el arrendatario haya incumplido el contrato. Cuando el propietario necesite los inmuebles para su propia habitación o para un establecimiento suyo destinado a una empresa sustancialmente distinta de la que tuviere el arrendatario y Cuando el inmueble deba ser reconstruido o reparado con obras necesarias que no puedan ejecutarse sin la entrega o desocupación o demolido por su estado de ruina o para la construcción de una obra nueva.

ARTÍCULO 520. En los casos previstos en los ordinales 2 y 3 del artículo 518, el propietario desahuciará al arrendatario con no menos de seis meses de anticipación a la fecha de terminación del contrato, so pena de que éste se considere renovado o prorrogado en las mismas condiciones y por el mismo término del contrato inicial. Se exceptúan de lo dispuesto en este artículo los casos en que el inmueble sea ocupado o demolido por orden de autoridad competente.

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Legislación Complementaria DECRETO 552 DE 1971 ARTÍCULO 18. El que desobedezca orden legítima de autoridad u omita sin justa causa prestarle el auxilio que aquella solicite, incurrirá en arresto de uno a treinta días. CODIGO PENAL ARTÍCULO 297. ACAPARAMIENTO. El que en cuantía superior a cincuenta S.M.L.M.V. acapare o, de cualquier manera, sustraiga del comercio artículo o producto oficialmente considerado de primera necesidad, incurre en prisión de tres (3) a seis (6) años de prisión y multa de veinte (20) a doscientos (200) S.M.L.M.V. ARTÍCULO 298. ESPECULACIÓN. El productor, fabricante o distribuidor mayorista que ponga en venta artículo o género oficialmente considerado de cómo de primera necesidad a precios superiores a los fijados por autoridad competente, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años de prisión y multa de veinte (20) a doscientos (200) S.M.L.M.V. ARTÍCULO 299. ALTERACIÓN Y MODIFICACIÓN DE CALIDAD, CANTIDAD, PESO O MEDIDA. El que altere o modifique en perjuicio del consumidor la calidad, cantidad, peso, volumen o medida de artículo o ‘producto destinado a su distribución, suministro, venta o comercialización, incurrirá en prisión de uno (1) a tres (3) años y multa de cincuenta (50) a mil (1000) S.M.L.M.V. En los artículos 300, 301, 302, 303 y 304 se describen una serie de conductas punibles sancionables con pena de prisión de competencia de los Jueces de la República, conductas que son independientes de la acción administrativa contravencional que deben seguir la Superintendecia de Industria y Comercio o por delegación los Alcaldes en contra de las personas naturales o jurídicas que infrinjan dichas normas mediante un proceso policivo especial.

CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ARTÍCULO 63. DERECHO DE POSTULACIÓN. Las personas que hayan de comparecer al proceso deberán hacerlo por conducto de abogado inscrito, excepto en los casos en que la ley permite su intervención directa, (Decreto 196 de 1971, 28, 29). ARTÍCULO 64. APODERADOS DE LAS ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO. La Nación y demás entidades de derecho público podrán constituir apoderados especiales para los procesos en que sean parte, siempre que sus representantes administrativos lo consideren conveniente por razón de distancia, importancia del negocio u otras circunstancias análogas. Constituirán apoderado especial el representante de la entidad que no sea abogado, salvo en el caso del Personero Municipal y aquél que debe representar a otra entidad con interés opuesto. Los gobernadores, intendentes y comisarios aunque sean abogados inscritos, deberán actuar por medio de apoderado, si el proceso de adelanta fuera de su sede.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico ARTÍCULO 65. PODERES. Los poderes generales para toda clase de procesos y los especiales para varios procesos separados, sólo podrán conferirse por escritura pública. En los poderes especiales los asuntos se determinarán claramente de modo que no puedan confundirse con otros. El poder especial para un proceso puede conferirse por escritura pública o por memorial dirigido al juez del conocimiento presentado como se dispone por la demanda. Los poderes o las sustituciones de éstos podrán extenderse en el exterior, ante cónsul colombiano o el funcionario que la ley local autorice para ello, en este último caso su autenticación se hará en la forma establecida en el artículo 259. Cuando quien otorga el poder fuere una sociedad, si el cónsul que lo autentica o ante quien se otorgue hace constar que tuvo a la vista las pruebas de la existencia de aquella y que quien lo confiere es su representante, se tendrán por establecidas estas circunstancias. De la misma manera se procederá cuando quien confiere el poder sea apoderado de otra persona. ARTÍCULO 66. DESIGNACIÓN DE APODERADOS. En ningún proceso podrá actuar simultáneamente más de un apoderado judicial de una misma persona, si en el poder se mencionan varios se considerará como principal el primero y los demás como sustitutos en su orden. Para recursos, diligencias o audiencias que se determinen, podrá designarse un apoderado diferente de quien actúa en el proceso. La sustitución a distinto abogado solo podrá hacerla el apoderado principal cuando los sustitutos estén ausentes o falten por otro motivo o no quieran ejercer el poder, circunstancias que el principal deberá afirmar bajo juramento que se considerará prestado con la presentación del escrito. El poder especial para un proceso prevalece sobre el general conferido por la misma parte. Si se trata de procesos acumulados y una parte tiene en ello distintos apoderados, continuará con dicho carácter el que ejercía el poder en el negocio más antiguo, mientras el poderdante no disponga otra cosa. ARTÍCULO 67. RECONOCIMIENTO DEL APODERADO. Para que se reconozca la personería de un apoderado, es necesario que éste sea abogado inscrito y que haya aceptado el poder expresamente o por su ejercicio. ARTÍCULO 68. SUSTITUCIONES. Podrá sustituirse al poder siempre que la delegación no esté prohibida expresamente. La actuación del sustituto obliga al mandante. Para sustituir un poder debe procederse de la misma manera que para constituirlo, sin embargo el poder conferido por escritura pública puede sustituirse para un negocio determinado, por medio de memorial. Quien sustituye un poder podrá reasumirlo en cualquier momento, con lo cual quedará revocada la sustitución.

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Legislación Complementaria ARTÍCULO 69. TERMINACIÓN DEL PODER. Con la presentación en la secretaría del despacho donde curse el asunto del escrito que revoque el poder o designe nuevo apoderado o sustituto, termina aquel o la sustitución, salvo cuando el poder fuere para recurso o gestiones determinadas dentro el proceso. El apoderado principal o el sustituto a quien se le haya revocado el poder, sea que esté en curso el proceso o se adelante alguna actuación posterior a su terminación, podrá pedir al juez dentro de los treinta días siguientes a la notificación del auto que admite dicha revocación, el cual no tendrá recursos que se regulen los honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso o de la actuación superior. El monto de la regulación no podrá exceder del valor de los honorarios pactados. Igual derecho tiene el heredero o el cónyuge sobreviviente de quien fallezca ejerciendo mandato judicial. La renuncia no pone término al poder ni a la sustitución, sino cinco días después de notificarse por estado el auto que la admita y se haga saber al poderdante o sustituidor por telegrama dirigido a la dirección denunciada para recibir notificaciones personales, cuando para este lugar existe el servicio y en su defecto como lo disponen los numerales 1 y 2 del artículo 320. La muerte del mandante o la extinción de las personas jurídicas no pone fin al mandato judicial, si ya se ha presentado la demanda, pero el poder podrá ser revocado por los herederos o sucesores. Tampoco termina el poder por la cesación de las funciones de quien lo confirió como representante de una persona natural o jurídica, mientras no sea revocado por quien corresponda. ARTÍCULO 70. FACULTADES DEL APODERADO. El poder para litigar se entiende conferido para los siguientes efectos: solicitar medidas cautelares y demás actos preparatorios del proceso, adelantar todo el trámite de éste, realizar las actuaciones posteriores que sean consecuencia de la sentencia y se cumplan en el mismo expediente y cobrar ejecutivamente en proceso separado las condenas impuestas por aquella. El apoderado podrá formular todas las pretensiones que estime convenientes para beneficio del poderdante, siempre que se relacionen con las que en el poder se determinan. El poder en un proceso habilita al apoderado para recibir la notificación del auto admisorio de la demanda o del mandamiento ejecutivo y representar al poderdante en todo lo relacionado con la reconvención y la intervención de terceros. El apoderado no podrá realizar actos que impliquen disposición del derecho en litigio, ni reservados exclusivamente por la ley a la parte misma, tampoco recibir salvo que el demandante lo haya autorizado de manera expresa. ARTÍCULO 407- NUMERAL 4º No procede la declaración de pertenencia si antes de consumarse la prescripción estaba en curso un proceso de división del bien común, ni respecto de bienes imprescriptibles o de propiedad de las entidades de derecho público (CC 2519).

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico DECRETO 222 DE 1983 ARTÍCULO 63. DE LOS EFECTOS DE LA CADUCIDAD. En la cláusula de caducidad se establecerán los efectos que la misma produce y las prestaciones a que las partes quedan obligadas. En todo caso la resolución que declare la caducidad, en cuanto ordene hacer efectivas las multas y el valor de la cláusula penal pecuniaria, prestará mérito ejecutivo contra el contratista y las personas que hayan constituido las respectivas garantías y se hará efectiva por jurisdicción coactiva. En firme la resolución que ha declarado la caducidad de un contrato de arrendamiento, en el que la Administración ha sido arrendadora, la restitución del bien se efectuará por la autoridad policiva del lugar de ubicación del inmueble.

CODIGO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO ARTÍCULO 17. DEL DERECHO A LA INFORMACIÓN El derecho de petición de que trata el artículo 45 de la Constitución Política incluye también el de solicitar y obtener acceso a la información sobre la acción de las autoridades y en particular a que se expida copia de sus documentos, en los términos que contempla este capítulo. ARTÍCULO 31. DEBER DE RESPONDER LAS PETICIONES. Será deber primordial de todas las autoridades hacer efectivo el ejercicio del derecho que consagra el artículo 45 de la Constitución Política mediante la rápida y oportuna resolución de las peticiones que en términos comedidos se les formule y que tengan relación directa con las actividades a cargo de esas mismas autoridades.

DECRETO 2876 DE 1984 ARTÍCULO 1. Una vez que se haya fijado el precio y/o el margen de comercialización por la entidad competente de un bien o servicio sujeto a control, ningún productor, distribuidor, comerciante o intermediario podrá cobrar sumas superiores so pena de incurrir en las sanciones previstas en este decreto sin perjuicio de las contempladas en el Código Penal. ARTÍCULO 2. Copia auténtica de las resoluciones que sometan determinados artículos o servicios a control, de las que determinen el precio base y el margen de comercialización y de las que modifiquen cualquiera de ellas, deberán ser enviadas por el correspondiente organismo a la Superintendencia de Industria y Comercio al día siguiente de su expedición. ARTÍCULO 3. Los precios fijados por las entidades competentes son de carácter nacional y solamente podrán variarse a nivel departamental, intendencial, comisarial

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Legislación Complementaria o municipal en el evento en que a ellos se adicione el valor determinado por los comités municipales de precios, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 7 del presente decreto. ARTÍCULO 4. Los precios fijados por el organismo competente podrán modificarse mediante resolución de carácter general cuando a juicio de aquél la solicitud esté debidamente justificada. ARTÍCULO 5. Toda solicitud que se presente al organismo competente para obtener una modificación de precios deberá hacerse debidamente fundamentada y en todo caso será requisito indispensable para iniciar su estudio que esté acompañada de certificación expedida por la Superintendencia de Industria y Comercio en la que conste que el solicitante no ha sido sancionado por violación a las normas sobre precios o por prácticas comerciales restrictivas. ARTÍCULO 6. Transcurrido un plazo de tres (3) meses contados a partir de la fecha de presentación de la petición sin que se haya notificado decisión que la resuelva, se entenderá que opera el silencio administrativo negativo de conformidad con el artículo 40 del Código Contencioso Administrativo. ARTÍCULO 7. La facultad de adicionar los precios por razón de fletes por concepto de transporte compete a los Comités Municipales de Precios, los cuales serán creados por los gobernadores, intendentes y comisarios. ARTÍCULO 8. Los comités a que se refiere el artículo anterior estarán conformados por las siguientes personas: a) b) c)

Alcalde o secretario de gobierno del respectivo municipio. Personero municipal Gerente de la correspondiente oficina de la Caja Agraria.

En los casos en que no opere oficina de la Caja Agraria en el municipio, hará sus veces un delegado del gobernador, intendente o comisario respectivo. ARTÍCULO 9. Las determinaciones adoptadas por dichos comités deberán ser comunicadas por el respectivo alcalde municipal a la Superintendencia de Industria y Comercio dentro de los cinco (5) días siguientes a la fecha de aprobación, acompañando los estudios, documentos o elementos de juicio en que se fundamentaron. PARÁGRAFO. Los Comités Municipales de precios creados con anterioridad a la expedición del presente decreto continuarán ejerciendo sus funciones pero se sujetarán a lo previsto en los artículos anteriores. ARTÍCULO 10. La Superintendencia de Industria y Comercio pondrá en conocimiento de la Procuraduría General de la Nación las omisiones en que se incurra en relación con lo previsto por el artículo anterior, a fin de que la autoridad competente imponga las sanciones a que haya lugar de conformidad con las normas vigentes sobre la materia.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico ARTÍCULO 11. El control y vigilancia en relación con el cumplimiento de las normas sobre control de precios, serán ejercidas a nivel nacional por la Superintendencia de Industria y Comercio y a nivel descentralizado por las demás autoridades indicadas en el artículo 12 de este Decreto. La Superintendencia de Industria y Comercio informará e impartirá las instrucciones pertinentes a las autoridades departamentales, intendenciales y comisariales, sobre las medidas adoptadas y la política general del gobierno en materia de precios. 1. 2. 3.

El Superintendente Primer Delegado a través de la División de Control y Vigilancia de Precios de la Superintendencia de Industria y Comercio. Los alcaldes municipales, el alcalde mayor del distrito especial de Bogotá, los alcaldes menores de distrito, dentro de su jurisdicción. Los inspectores de policía.

ARTÍCULO 13. El presente decreto regula las infracciones contravencionales en materia de control y vigilancia de precios. ARTÍCULO 14. ESPECULACIÓN INDEBIDA. Entiéndase por especulación indebida: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

La venta de bienes bajo control a precios superiores a los fijados por la autoridad competente. El cobro de tarifas superiores a las establecidas por la entidad competente para la prestación de un servicio sometido a control. La venta de bienes en cantidad, calidad, peso o medida inferior a la anunciada, convenida o declarada. Cualquier alza en los precios so pretexto del impuesto a las ventas o cualquier otro impuesto respecto de bienes no gravados. El cobro de tarifas superiores a las fijadas por la entidad competente para las diligencias de aduanas y reconocimientos de mercancías. El cobro de un interés superior a la tasa fijada por la entidad competente, en las operaciones de venta al detal de bienes muebles o prestación de servicios, mediante el sistema de plazos o instalamentos.

ARTÍCULO 15. ACAPARAMIENTO. Entiéndase por acaparamiento la adquisición o retención por productores, distribuidores o expendedores de artículos o víveres de primera necesidad o bienes destinados al comercio en forma injustificada. Parágrafo. Para determinar el grado de no justificación a que se refiere el presente artículo, la autoridad competente deberá tener en cuenta circunstancias como cantidad, tiempo transcurrido desde la adquisición o retención del producto y consecuencias que el acaparamiento ha producido en el mercado. ARTÍCULO 16. OTRAS CONTRAVENCIONES. Constituyen además contravenciones a las normas sobre precios:

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Legislación Complementaria 1.

2.

3.

4.

El hecho mediante el cual el vendedor condiciona la enajenación de un bien a la prestación de un servicio o la adquisición por parte del comprador o usuario de otro u otros bienes y/o servicios. La no expedición de facturas comerciales o la consignación en ellas de afirmaciones inexactas, cuando se efectuén ventas de bienes o prestación de servicios que estén sometidos a control. La venta de bienes y servicios bajo control de precios sin haber obtenido previamente la fijación de dichos precios por parte de las autoridades competentes. En general constituye contravención a las normas sobre control y vigilancia de precios, la violación de las disposiciones que sobre la materia dicten las entidades competentes.

ARTÍCULO 17. SANCIONES. El incumplimiento de las disposiciones previstas en este decreto, acarreará para el infractor una de las siguientes sanciones, sin perjuicio de las previstas en el Título 7 del Código Penal: 1. 2. 3. 4. 5.

Multa hasta dos millones de pesos ($2.000.000) de acuerdo con la capacidad económica del infractor y la gravedad del hecho. Decomiso de los productos o artículos que han sido objeto de especulación o acaparamiento. Arresto inconmutable hasta por treinta (30) días. Cierre del establecimiento industrial o comercial hasta por treinta (30) días. Cancelación definitiva de la licencia de funcionamiento industrial o comercial del infractor.

ARTÍCULO 18. CUANTÍA DE LAS MULTAS. Las multas a que se refiere el numeral 1 del artículo anterior se aplicarán por los funcionarios competentes en las siguientes cuantías: 1. 2.

3.

4.

Superintendente de Industria y Comercio Primer Delegado hasta por dos millones de pesos ($2.000.000). Los alcaldes de ciudades capitales de departamento, intendencias o comisaría o respectivamente quienes hagan sus veces hasta setecientos mil pesos ($700.000). Los alcaldes municipales de ciudades que no sean capital de departamento, intendencias o comisarìas o respectivamente, quienes hagan las veces y los alcaldes menores del distrito especial de Bogotá hasta doscientos mil pesos ($200.000). Los inspectores de policía hasta cincuenta mil pesos ($50.000).

ARTÍCULO 19. CARACTERÍSTICAS DEL PROCEDIMIENTO. Para la imposición de las sanciones a que se refieren los artículos precedentes, las autoridades competentes adelantarán por escrito las investigaciones cuyo procedimiento será breve y sumario. ARTÍCULO 20. INICIACIÓN DEL PROCESO. La investigación podrá iniciarse de oficio, a petición de parte o por informes de otras entidades.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico De oficio por medio de diligencia de inspección que ordenará practicar el funcionario competente. A petición de parte a través de denuncia ratificada bajo la gravedad del juramento o por queja previa constatación por la autoridad del hecho informado. Por informe escrito de funcionario oficial, acompañado de los documentos que sean pertinentes a los fines probatorios. PARÁGRAFO. Para la calificación del mérito de los hechos informados por cualquiera de los medios de iniciación del proceso, se deberán tener en cuenta elementos probatorios que ofrezcan serios motivos de credibilidad. ARTÍCULO 21. FLAGRANCIA. En los casos en que la investigación se inicie de oficio y el contraventor fuere sorprendido en flagrancia de conformidad con lo establecido en el código de procedimiento penal, la sanción se aplicará de inmediato. ARTÍCULO 22. AUTO INHIBITORIO. El funcionario competente se abstendrá de abrir procesos en los casos previstos en el código de procedimiento penal. ARTÍCULO 23. AUTO CABEZA DE PROCESO. Una vez iniciada la investigación siempre que exista mérito para ello, el funcionario competente dictará auto cabeza de proceso, con el fin de esclarecer los hechos y la responsabilidad del presunto contraventor. ARTÍCULO 24. DILIGENCIAS DE DESCARGOS. Ordenada la apertura de la investigación se citará al presunto infractor, quien deberá comparecer inmediatamente a rendir descargos, asistido del apoderado el cual podrá ser abogado inscrito o en su defecto cualquier ciudadano honorable que no tenga la calidad de funcionario público. Parágrafo. Si el obligado a rendir descargos no compareciere en la fecha citada y no justificare dentro de los tres días siguientes, el funcionario competente adelantará las diligencias investigativas que considere pertinentes y dará término a la actuación procesal. ARTÍCULO 25. OPORTUNIDAD PARA SOLICITAR Y DECRETAR PRUEBAS. Efectuada la diligencia de descargos, el investigado tendrá un término de cinco (5) días para allegar y solicitar pruebas. Vencido este término el funcionario competente dispondrá de quince (15) días para practicar las solicitadas y las de oficio que considere pertinentes. Los términos probatorios podrán prorrogarse una sola vez, por un período igual al señalado para la práctica de las mismas. ARTÍCULO 26. DECISIÓN FINAL. Vencido el término probatorio y sin necesidad de auto que así lo declare, el funcionario competente deberá proferir la providencia respectiva.

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Legislación Complementaria ARTÍCULO 27. AUTO DE CESACIÓN DE PROCEDIMIENTO. El funcionario competente podrá ordenar el cese de todo procedimiento en los casos previsto en el código de procedimiento penal. ARTÍCULO 28. NOTIFICACIONES. Las providencias que pongan fin a la investigación correspondiente de conformidad con este decreto, se notificarán personalmente al interesado o a su representante o apoderado, pero si dentro de los cinco (5) días siguientes al envío de la citación no se pudiere hacer la notificación personal, ésta se hará por edicto, el cual se fijará en lugar público del respectivo despacho por el término de diez (10) días con inserción de la parte resolutiva de la providencia. ARTÍCULO 29. RECURSOS. Contra las resoluciones de exoneración o que impongan las sanciones establecidas en este decreto, procederán los siguientes recursos: 1. 2. 3.

El de reposición, ante el mismo funcionario que tomó la decisión para que la aclare, modifique o revoque. El de apelación para el inmediato superior administrativo, con el mismo propósito. El de queja cuando se rechaza el de apelación, ante el superior del funcionario que dictó la decisión.

La oportunidad y presentación de los anteriores recursos se regirán por las disposiciones vigentes sobre la materia. Parágrafo. Para interponer cualquier recurso contra las resoluciones de multa, el interesado deberá consignar previamente el valor de la misma, en los establecimientos señalados por ley. ARTÍCULO 30. INFORMES E INSPECCIONES. La Superintendencia de Industria y Comercio, cuando lo considere necesario, podrá solicitar informes escritos sobre producción, existencias, ventas, distribución y márgenes de comercialización de cualquier clase de artículo. Igualmente podrá practicar inspecciones sobre los libros y papeles de contabilidad de las personas naturales o jurídicas para los fines indicados en el presente decreto. ARTÍCULO 31. PROCEDIMIENTO PARA EL DECOMISO. Cuando se trate de imponer la sanción prevista en el numeral 2 del artículo 17 del presente decreto, la autoridad competente procederá de acuerdo con las normas establecidas en el código nacional de policía. ARTÍCULO 32. COMPETENCIA PARA AVOCAR CONOCIMIENTO. La Superintendencia de Industria y Comercio podrá asumir directamente el conocimiento exclusivo de las investigaciones que se adelantan por los demás funcionarios competentes, en cualquier tiempo y en el estado en que se encuentren y podrá tomar las determinaciones que sean pertinentes conforme a las disposiciones que rigen la materia. Cuando las necesidades públicas así lo aconsejen para evitar posibles abusos en la aplicación de las sanciones o la impunidad de los infractores.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico ARTÍCULO 33. REMISIÓN DE DILIGENCIAS. Cuando el funcionario competente para imponer las multas a que se refiere el artículo 17 del presente decreto considere que la infracción debe ser sancionada con multas superiores a las que pueden imponer de acuerdo a su competencia, remitirá a la mayor brevedad posible las diligencias y documentos relacionados con la investigación, a quien tenga competencia inmediatamente superior, con el mismo criterio podrá proceder el funcionario que reciba las diligencias. ARTÍCULO 34. OBLIGACIÓN DE COLABORAR. Todos los funcionarios administrativos del orden nacional, departamental y municipal estarán obligados a colaborar en el control y la vigilancia de las normas sobre precios. Los alcaldes y demás autoridades encargadas de la aplicación de este decreto, promoverán la organización de asociaciones y ligas del consumidor para que cooperen con ello en el cumplimiento de las funciones sobre control de precios de acuerdo con las normas legales vigentes sobre la materia. ARTÍCULO 36. PRESCRIPCIÓN. La acción en las contravenciones prescribe en un año contado a partir de la realización del hecho. La sanción prescribe en dos años contados a partir de la notificación de la providencia que impuso la sanción. ARTÍCULO 36. APLICABILIDAD DE OTRAS DISPOSICIONES. Los aspectos no comprendidos en el procedimiento establecido por el presente decreto y en cuanto no se opongan a su naturaleza, serán regulados por las disposiciones previstas en los códigos de procedimiento penal, procedimiento civil y contencioso administrativo. ARTÍCULO 37. VIGENCIA. Los procesos iniciados antes de la vigencia del presente decreto se seguirán tramitando por la ley vigente al momento de su iniciación. ARTÍCULO 38. Este decreto deroga al decreto 046 de 1965, 437 de 1966, 2145 de 1974, decreto 2216 de 1974 y las demás disposiciones que le sean contrarias y rige a partir de la fecha de su publicación.

LEY 136 DE JUNIO 2 DE 1994 (NUEVO RÉGIMEN MUNICIPAL COLOMBIANO) ARTÍCULO 178. FUNCIONES DEL PERSONERO MUNICIPAL. El personero municipal ejercerá en el municipio, bajo la dirección suprema del Procurador General de la Nación, las funciones de Ministerio Público, además de las que determinen la Constitución, la Ley, los Acuerdos y las siguientes: 1….. 2….. 3….. 4….. 5…..

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Legislación Complementaria 6. Intervenir en los procesos civiles y penales en la forma prevista por las respectivas disposiciones procedimentales. 7º. Intervenir en los procesos de policía, cuando lo considere conveniente o cuando lo solicite el contraventor o el perjudicado con la contravención.

LEY 769 DE AGOSTO 6 DE 2002 POR LA CUAL SE EXPIDE EL NUEVO CÓDIGO NACIONAL DE TRÁNSITO ARTÍCULO 26. CAUSALES DE SUSPENSIÓN O CANCELACIÓN DE LA LICENCIA DE CONDUCCIÓN. La licencia de conducción se suspenderá: a)

b) c) d)

e)

Por disposición de las autoridades de tránsito, basadas en imposibilidad transitoria, física o mental para conducir, soportado en un certificado médico Por decisión judicial Por encontrarse en flagrante estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas determinado por autoridad competente Por reincidir en la violación de la misma norma de tránsito en un período no superior a un año. En este caso la suspensión de la licencia será por seis meses Por prestar el servicio público de transporte con vehículos particulares, salvo cuando el orden público lo justifique, previa decisión en tal sentido de la autoridad respectiva

La licencia de conducción se cancelará: a) b) c) d) e)

Por disposición de las autoridades de tránsito basada en la imposibilidad permanente o física o mental para conducir, soportado en un certificado médico Por decisión judicial Por muerte del titular Reincidencia al encontrarse conduciendo en estado de embriaguez o bajo el efecto de drogas alucinógenas determinado por autoridad competente Por reincidencia en la prestación del servicio público de transporte con vehículos particulares sin justa causa

PAR. La suspensión o cancelación de la licencia de conducción implica la entrega obligatoria del documento a la autoridad de tránsito competente para imponer la sanción por el período de la suspensión o a partir de la cancelación de ella. La suspensión de la licencia de conducción operará, sin perjuicio de la interposición de recursos en la actuación. ARTÍCULO 134. JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA. Los organismos de tránsito conocerán de las faltas ocurridas dentro del territorio de su jurisdicción así: las inspecciones de tránsito o quienes hagan sus veces en única instancia de las infracciones

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico sancionadas con multas de hasta veinte (20) salarios, y en primera instancia de las infracciones sancionadas con multas superiores a veinte (20) salarios mínimos diarios legales vigentes o las sancionadas con suspensión o cancelación de la licencia para conducir, siendo la segunda instancia el superior jerárquico. PAR. Los daños y perjuicios de mayor y menor cuantía sólo pueden ser conocidos por los jueces civiles de acuerdo a su competencia (sentencia C-039 del 27 de enero de 2004,) Magistrado Ponente Rodrigo Escobar. ARTÍCULO 135. PROCEDIMIENTO. Ante la comisión de una contravención, la autoridad de tránsito debe seguir el procedimiento siguiente para imponer el comparendo: Ordenará detener la marcha del vehículo y le extenderá al conductor la orden de comparendo en la que ordenará al infractor, presentarse ante la autoridad de tránsito competente, dentro de los tres días hábiles siguientes. Al conductor se le entregará copia de la orden de comparendo. Si el contraventor no compareciere, sin justa causa comprobada en este tiempo, la multa será aumentada hasta por el doble de su valor, en cuyo caso deberá presentarse dentro de los diez días siguientes a la fecha de la infracción. La orden de comparendo deberá estar firmada por el conductor, siempre y cuando ello sea posible. Si el conductor se niega a firmar o a presentar la licencia, firmará por él un testigo. Contra el informe del agente de tránsito firmado por un testigo, solamente procede la tacha de falsedad. El Ministerio de Transporte determinará las características del formulario único nacional, así como su sistema de reparto. En éste se indicará al conductor que tendrá derecho a nombrar un apoderado si así lo desea y que en la audiencia, para la que se le cite, se decretará o practicarán las pruebas que solicite. El comparendo deberá además proveer el espacio para consignar la dirección del inculpado o del testigo que lo haya suscrito por éste. PAR. 1. La autoridad de tránsito entregará al funcionario competente o a la entidad que aquélla entregue para su recaudo, dentro de las doce horas siguientes, la copia de la orden de comparendo, so pena de incurrir en causal de mala conducta. Cuando se trate de agentes de policía de carretera, la entrega de esta copia se hará por conducto del comandante de la ruta o del comandante director del servicio. PAR. 2. Los organismos de tránsito….. ARTÍCULO 143. PROCEDIMIENTO EN CASO DE DAÑOS A COSAS. DAÑOS MATERIALES….. Los conductores y demás implicados podrán Conciliar sus intereses en los CENTROS DE CONCILIACION, legalmente constitucionales y acudir a las compañías aseguradoras, previa extensión de un acta que suscribirán las partes y la autoridad de tránsito que presencie la conciliación, la cual tiene la calidad de cosa juzgada, y prestará mérito ejecutivo.

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Legislación Complementaria En todo caso, se hará el retiro inmediato de los vehículos colisionado y de todo elemento que pueda interrumpir el tránsito. Artículo 145. COPIAS DEL INFORME. El agente de tránsito que hubiere conocido el accidente, remitirá a más tardar dentro de las 24 horas siguientes, copia del respectivo informe al organismo de tránsito competente para lo pertinente y a los Centros de Conciliación autorizados por el Ministerio de Justicia.

PROCEDIMIENTO EN CASO DE INFRACCIONES PENALES. ARTÍCULO 149…. En todo caso en que se produzcan lesiones personales u homicidios en accidente de tránsito la autoridad de tránsito deberá enviar a los conductores implicados a la práctica de la prueba de embriaguez, so pena de considerarse falta disciplinaria grave para el funcionario, que no dé cumplimiento a esta norma. El informe o el croquis, o los dos, serán entregados inmediatamente a los interesados y a la autoridad instructora competente en materia penal. El funcionario de tránsito que no entregue copia de estos documentos a los interesados o a las autoridades instructoras, incurrirá en causal de mala conducta. Para efectos de determinar la responsabilidad, en cuanto al tránsito, las autoridades instructoras podrán solicitar pronunciamiento sobre el particular a las autoridades de tránsito correspondientes. PRESCRIPCIÓN DE LA SANCIÓN: Las sanciones que se impongan por violación a las normas de tránsito prescribirán en tres años contados a partir de la ocurrencia del hecho y se interrumpirá con la presentación de la demanda (Art. 159). Caducidad de la Accion Contravencional En materia de tránsito la acción contravencional caduca a los seis meses contados a partir de la ocurrencia de los hechos que dieron origen a ella y se interrumpe con la celebración efectiva de la audiencia.

DECRETO 0747 DE 1992 El Presidente de la República de Colombia, en ejercicio de las facultades que le confiere el artículo 189 numeral 4 de la Constitución Política en armonía con lo preceptuado por los artículos 32 de la ley 200 de 1936 y 125 del decreto 1355 de 1970 y Considerando

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico Que se han venido presentando en varios departamentos invasiones masivas de tierras en el sector rural, en fincas que se encuentran económicamente explotadas, afectando gravemente a los dueños, tenedores o poseedores, los cuales reiteradamente han solicitado protección a las autoridades locales y regionales. Que según jurisprudencia de la sala plena de la honorable Corte Suprema de Justicia del 21 de abril de 1982, corresponde al Presidente de la República en su calidad de autoridad administrativa suprema, expedir reglamentos de policía en lo nacional con fundamento en la potestad reglamentaria del artículo 120, numeral 3 o de manera autónoma o subsidiaria con fundamento en el artículo 120 numeral 7 de la Constitución de 1886, norma que corresponde actualmente al artículo 189 numeral 4 de la Constitución de 1991. Que los jueces agrarios que deben adelantar los procesos de lanzamiento por ocupación de hecho, aún cuando ya están creados por el decreto-ley 2303 de 1989, no han podido entrar a funcionar en la mayoría de los departamentos por falta de presupuesto, circunstancia que es aprovechada por los invasores para permanecer en los predios hasta tanto culminen los procesos adelantados ante los jueces respectivos. Que corresponde a las autoridades proteger a las personas en su vida, honra y bienes. Que de conformidad con los artículos 10 y 11 de la ley 4 de 1991, capítulo I sobre régimen normativo del orden público interno, el alcalde es la autoridad de policía en el municipio y el responsable de la preservación y mantenimiento del orden público en el mismo, quien impartirá sus órdenes por intermedio del respectivo comandante de policía o quien haga sus veces. Que de acuerdo con los artículos 303 y 315 numeral 2 de la Constitución Política, los gobernadores son agentes del Presidente de la República, para el mantenimiento del orden público y a su vez el alcalde para este mismo efecto, debe atender las instrucciones y órdenes que reciba del Presidente de la República y del respectivo gobernador. Que las acciones de las autoridades de policía deben ser eminentemente preventivas para restablecer y preservar la situación que existía respecto de un bien cuya tenencia o posesión ha sido perturbada. Que las referidas invasiones masivas están perturbando el orden público interno en varios departamentos del país, por lo cual es necesario dictar medidas que permitan una acción inmediata y provisional por parte de las autoridades policivas. DECRETA: ARTÍCULO 1. La persona que explote económicamente un predio agrario, según el artículo 2 de la ley 4 de 1973 y disposiciones concordantes, que hubiere sido privada de hecho total o parcialmente de la tenencia material del mismo, sin que medie su consentimiento expreso o tácito, u orden de autoridad competente, ni exista otra causa que lo justifique, sin perjuicio de la acción que pueda intentar ante el juez para que se efectúe el lanzamiento por ocupación de hecho, podrá solicitar al alcalde o funcionario

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Legislación Complementaria en quien haya delegado esta función, la protección de su predio con el objeto que dentro de los tres días calendario siguientes se restablezca y mantenga la situación que existía antes de la invasión. ARTÍCULO 2. Las medidas que dicten las autoridades serán provisionales en consecuencia no constituyen obstáculo para la intervención del respectivo juez y se mantendrán mientras éste no decida otra cosa. ARTÍCULO 3. La acción de protección policiva debe solicitarse dentro de los quince (15) días calendario siguientes al acto de invasión. ARTÍCULO 4. A la querella debe anexarse prueba siquiera sumaria de que el querellante ha venido explotando económicamente el precio y de que la invasión se inició dentro de los quince (15) días calendario anteriores a la presentación de la misma. ARTÍCULO 5. En ningún caso las autoridades de policía ordenarán desalojo de campesinos ocupantes de predios agrarios en los cuales se haya iniciado por el Instituto de Reforma Agraria antes de la querella, procedimiento administrativo sobre extinción del derecho de dominio, clarificación de la propiedad, recuperación de baldíos indebidamente ocupados, deslinde de tierras pertenecientes al Estado o delimitación de playones y sabanas comunes. ARTÍCULO 6. La actuación se iniciará mediante querella que deberá ser presentada personalmente por la parte querellante o por su apoderado, ante la autoridad de policía competente, indicando la ubicación del predio invadido y los linderos o señales que sirvan para identificarlo claramente. ARTÍCULO 7. En el acto que se aboque conocimiento, se fijará fecha y hora para la práctica de la inspección ocular sobre el inmueble objeto de la querella, con el fin de verificar los hechos que le sirvieron de fundamento. Este auto se comunicará al Procurador Agrario competente y se notificará personalmente a la parte querellada o en su defecto se hará mediante aviso que se fijará en la puerta de acceso al lugar donde habite o en el lugar de los hechos con un día de antelación a la fecha y hora de la diligencia. ARTÍCULO 8. Llegados el día y la hora fijados para la práctica de la diligencia de inspección ocular, el funcionario de policía se trasladará al lugar de los hechos donde oirá a las partes, recepcionará y practicará las pruebas que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos. PARÁGRAFO. La intervención de cada una de las partes en la diligencia no podrá exceder los quince (15) minutos. Cuando fueren más de dos querellados designarán un vocero para que intervenga en la diligencia. ARTÍCULO 9. Practicadas las pruebas pedidas por las partes y las que se decreten oficiosamente, el funcionario del conocimiento proferirá la decisión dentro de la misma diligencia de inspección ocular y restablecerá la situación que existía antes de la invasión.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico De estas diligencias se levantarán actas y si fuere el caso se realizará un inventario de los bienes que no pertenezcan al querellante, dejándolos al cuidado de un depositario mientras se hace presente el querellado. ARTÍCULO 10. Contra la providencia que profiera el alcalde o funcionario que haga sus veces, procede el recurso de reposición y en subsidio el de apelación ante el respectivo gobernador. La reposición se resolverá dentro de la misma audiencia y el recurrente deberá exponer las razones que la sustenten. Si se interpone la apelación se enviará el expediente a la gobernación, al día siguiente de resuelta la reposición. ARTÍCULO 11. El recurso de apelación se resolverá de plano dentro de los dos días siguientes al recibo del expediente. ARTÍCULO 12. Resuelto el recurso de apelación se devolverá el expediente para que el alcalde o funcionario que haga sus veces, adelante la diligencia relacionada con el cese de la perturbación o archive el expediente según el caso. La diligencia se efectuará al día siguiente de recibido el expediente y en la misma se notificará la providencia que resolvió la apelación. ARTÍCULO 13. Cuando el alcalde o funcionario que haga sus veces, sin causa legal se niegue a conocer de la querella a que se refiere este decreto, el interesado podrá acudir dentro de los dos días siguientes ante el gobernador del respectivo departamento, quien asumirá la competencia con fundamento en el artículo 8 de la ley 4 de 1991 y decidirá mediante el procedimiento establecido en este decreto; los términos se contarán a partir del recibo de la querella. PARÁGRAFO. El gobernador podrá delegar en un funcionario de su despacho el conocimiento y decisión de la referida querella. ARTÍCULO 14. Decidida la querella el gobernador podrá ordenar al alcalde o funcionario que haga sus veces, el cumplimiento de la providencia o tomar las medidas necesarias para su debida ejecución u ordenar el archivo del expediente si fuere del caso. ARTÍCULO 15. Este decreto rige a partir de la fecha de su publicación. Publíquese y cúmplase. Dado en Santafe de Bogotá. D.C. a 6 de mayo de 1992.

DERECHO PROCESAL POLICIVO EL ESPACIO PUBLICO Y SU PROTECCIÓN A.

PROTECCIÓN AL ESPACIO PUBLICO.

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Legislación Complementaria Se ha conceptuado que el trastorno del espacio público ocasionado por un particular o por la actuación de autoridades no competentes, puede llegar a vulnerar no sólo derechos constitucionales individuales de los peatones y aspiraciones colectivas de uso y aprovechamiento general, sino también la percepción de la comunidad respecto de las áreas a las que tiene acceso libre y a las que no lo tiene. En efecto algunos estudios y estadísticas sugieren que los actos de perturbación que ocurren en un sitio público, posiblemente afectan a miles de personas por hora. Los ciudadanos entonces, a mayor desorden en las áreas comunes, tienen la tendencia de disminuir su acceso a ellas, generando en consecuencia un detrimento de esas mismas localidades y una disminución en su utilización por parte de la sociedad en general. Esas situaciones como consecuencia, crean la necesidad de cerrar establecimientos de comercio y de trasladar y cambiar los lugares de trabajo de muchas personas, en razón de la complejidad que adquieren tales zonas, el difícil acceso a ellas al parqueo e incluso el favorecimiento de actividades ilícitas. Adicionalmente las repercusiones pueden ser no sólo colectivas, sino también privadas y acarrear la vulneración del derecho a la libertad de locomoción de los transeúntes al cual alude el artículo 24 de la Carta, en cuanto se impide a las personas transitar en espacios que, por su carácter público, deben ser accesibles para todos los miembros de la comunidad en igualdad de condiciones. También se puede infringir “el derecho a la seguridad personal de los peatones y vehículos que se sirven de esos bienes públicos que son las vías, parques, aceras, etc. y el muy importante interés de los comerciantes aledaños que no solamente pagan sus impuestos, utilizan los servicios públicos domiciliarios y cumplen la ley, sino que también representan una actividad económica garantizada igualmente por la Constitución (Arts. 333 y ss. C.N.) y como si fuera poco, dan trabajo y son el resultado de esfuerzos personales a veces muy prolongados. Una situación de perturbación prolongada del espacio público, desborda el control de las autoridades y también podrá calificarse como un signo de erosión en el cumplimiento de los deberes de la administración del Estado. Es por ello tal y como lo ha dicho la Corte en otras oportunidades: “… una vía pública no puede obstruirse privando a las personas del simple tránsito por ella, pues semejante conducta atenta contra la libertad de locomoción de la mayoría de los habitantes y lesiona el principio de prevalencia del interés general, además de que constituye una apropiación contra derecho del espacio público, esto es, un verdadero abuso por parte de quien pone en práctica el mecanismo de cierre. No pueden tampoco ocuparse los andenes –que son parte de la vía pública- ni las áreas de circulación peatonal, espacios que se hallan reservados para el tránsito de toda persona sin interferencias ni obstáculos como por ejemplo, estacionamiento de vehículos y el levantamiento de casetas de vendedores ambulantes. Tampoco puede invadirse el espacio público con materiales de construcción o exhibiciones de muebles o mercaderías ni con la improvisación de espectáculos u otra forma de ocupación de las calles, claro está sin detrimento de las libertades de trabajo, empresa y reunión, las cuales deben ejercerse de tal forma que no lesionen otros derechos y de conformidad con las restricciones que impone el ordenamiento urbano a cargo de las autoridades municipales”. El espacio público al ser un ámbito abierto, es un área a la cual todo el mundo quiere tener acceso libre y puede hacerlo; por esta razón la tentación de abusar de él es

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico permanentemente. Sin embargo, así como algunos son constreñidos a la usurpación del espacio público por problemas económicos y circunstancias sociales y por una ausencia real de oportunidades y esta circunstancia debe tener connotaciones jurídicas; otras personas desconociendo su propia responsabilidad social, hacen de esas posibilidades una verdadera oportunidad en los negocios o un abuso desproporcionado de su derecho, poniendo en peligro la efectividad en la administración de tales espacios públicos. Hay que tener claro entonces -señala la Corte- que el orden en los espacios abiertos, como calles y parques debe ser un valor social por excelencia que genera confianza, respeto y tranquilidad en la comunidad, porque contribuye a mejorar las condiciones de vida urbana y a neutralizar, así sea en mínima parte las agresiones propias de una gran ciudad (visuales, auditivas, de tránsito, de seguridad, etc.). Es por ello que algunos doctrinantes sostienen que, el “atributo básico de una ciudad exitosa es que una persona pueda transitar libremente por las vías públicas y además pueda sentirse personalmente segura en las calles, entre todos los ciudadanos que transitan en ella”. En ese orden de ideas, las reglas diseñadas para la preservación del espacio público, desde que sean razonables, no pueden ser consideradas como un impedimento para la libertad de las personas, sino la base misma de esa libertad, extendida y articulada para todos. En consecuencia los ciudadanos deben sujetarse a los mandamientos constitucionales y legales que regulan el debido aprovechamiento del espacio público, como parte de su responsabilidad con la comunidad y de sus deberes constitucionales. Por ende, una “sociedad liberal que aspire a asegurar la igualdad de oportunidades para todos y una política universal de participación, debe presumiblemente darle la posibilidad a cada individuo de hacer uso de todos los espacios necesarios para circular libremente y transportarse, así como de todos los espacios públicos abiertos”. Por último se destaca que la Corte Constitucionales ha advertido, la legitimidad de las conductas tendientes a tratar de proteger el espacio público y el legítimo interés de las ciudades, de proteger los derechos y los intereses de la colectividad y en especial de los peatones: así las cosas, la función de regular el uso del suelo y del espacio público corresponde a una verdadera necesidad colectiva y, por tanto, no es apenas una facultad sino un deber de prioritaria atención.

1. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL El fundamento constitucional de la protección del espacio público se encuentra en el artículo 82 de la Constitución. Se ha dicho que la búsqueda de una mejor calidad de vida para las personas y la protección de los derechos y libertades de los ciudadanos, es uno de los fundamentos sobre los cuales se estructura el concepto de Estado Social de Derecho, es por ello que de conformidad con el Art. 82 de la Constitución, la integridad del espacio público y su destinación al uso común, son conceptos cuya protección se encuentran a cargo del Estado, precisamente por la necesidad de asegurar el acceso de todos los ciudadanos al goce y utilización común de tales espacios colectivos.

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Legislación Complementaria 2. ALCANCE DEL CONCEPTO DE ESPACIO PUBLICO El derecho de todas las personas al uso del espacio público aparece consagrado en los artículos 82 y 88 de la Constitución, en este sentido es claro que aquella garantía adquiere carácter de norma constitucional en respuesta a las contemporáneas tendencias del Derecho Público que son de recibo en nuestro sistema jurídico, por los trabajos de la Asamblea Nacional Constitucional. Aquellas dos disposiciones regulan la materia de la garantía constitucional del derecho al espacio público en varias de sus expresiones así: a) b) c) d) e) f)

Como deber del Estado de velar por la protección de la integridad del espacio público. Como deber del Estado de velar por su destinación al uso común. Por el carácter prevalente del uso común del espacio público sobre el interés particular. Por la facultad reguladora de las entidades públicas sobre la utilización del suelo y del espacio aéreo urbano en defensa del interés común. Como derecho e interés colectivo. Como objeto material de las acciones populares y como bien jurídicamente garantizable a través de ellas.

Adquiere la noción de espacio público una categoría especial en el orden normativo constitucional, pues el constituyente de 1991 optó por la alternativa de consagrarla en el nivel constitucional para permitir al legislador su desarrollo dentro del marco del Estado y de la constitución pluralista que se inauguró a partir de la entrada en vigencia de la carta de 1991. B. INALIENABILIDAD, IMPRESCRIPTIBILIDAD E INEMBARGABILIDAD DEL ESPACIO PUBLICO. En los términos del artículo 63 de nuestra Constitución Nacional, el espacio público goza de estas características. Lo anterior implica que en virtud de su esencia son inapropiables, pues están destinados al uso público y cualquier acto de comercio podría vulnerar el fin para el cual han sido concebidos. Por las razones anteriores, ningún particular puede considerar que tiene derechos adquiridos sobre los bienes de uso público y tampoco podría alegar una posible prescripción adquisitiva de dominio sobre ellos. C. SERVIDOR PUBLICO LLAMADO A PROTEGER EL ESPACIO PUBLICO El espacio público se protege de dos maneras: a) Empleando el poder de policía b) Mediante el ejercicio de la función de policía En ejercicio del poder de policía, el artículo 313 de la Constitución pone de presente que los concejos municipales son quienes tienen la función de reglamentar los usos del

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico suelo y de vigilar y controlar las actividades relacionadas con la construcción y enajenación de los inmuebles destinados a la vivienda. La afectación de los bienes de uso público incluidos en el espacio público de las áreas urbanas, no podrá ser determinado sino por los Concejos Municipales o Juntas Metropolitanas o las Juntas Administradoras locales, de conformidad con el artículo 6º de la ley 9ª de 1989. En ejercicio de la función de policía, de conformidad con el artículo 315 de la carta, los alcaldes son quienes deben cumplir y hacer cumplir en el respectivo ámbito territorial las normas constitucionales y legales y las que expida el concejo municipal correspondiente, entre las que se encuentran aquéllas relacionadas con el concepto de espacio público. D. LA OCUPACION DEL ESPACIO PUBLICO POR VENDEDORES INFORMALES. Para resolver los conflictos que surgen entre la administración y los ocupantes del espacio público, la Corte Constitucional ha optado por buscar una fórmula de conciliación conforme a la cual la administración cumpla su deber de proteger el espacio público, sin que ello signifique desconocimiento del derecho al trabajo de las personas que resulten afectadas en los procesos de recuperación del espacio público. Por consiguiente “ha ordenado que las autoridades respectivas implementen planes y programas que permitan la coexistencia armónica de los intereses que colisionan toda vez que tampoco se puede desconocer el fenómeno social que conlleva esta economía informal. Es por ello que se ha pronunciado en varias oportunidades, aplicando el principio de confianza legítima como mecanismo para conciliar, de un lado el interés general que se concreta en el deber de la administración de conservar y preservar el espacio público y, de otro lado, los derechos al trabajo e igualdad de las personas que ejercen el comercio informal. Pese a que el interés general de preservar el espacio público prima sobre el interés particular de los vendedores ambulantes y estacionarios, es necesario, según la jurisprudencia conciliar proporcional y armoniosamente los derechos y deberes en conflicto. Por consiguiente el proceso judicial o policivo que lo autorice con el cumplimiento de las reglas del debido proceso previo al desalojo y que se dispongan políticas que garanticen que los “ocupantes no queden desamparados porque estamos en un estado Social de Derecho” (sentencia T-396 de 1997 M.P. Antonio Barrera Carbonell). De igual manera los vendedores ambulantes deben demostrar la buena fe como licencias, permisos concedidos por la administración. Los actos y hechos administrativos que autorizan el ejercicio del comercio informal no pueden ser revocados unilateralmente por la administración, sin que se cumplan con los procedimientos dispuestos en la ley. E. EL PRINCIPIO DE LA CONFIANZA LEGITIMA.

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Legislación Complementaria Este principio se aplica como mecanismo para conciliar el conflicto entre los intereses público y privado. Cuando la administración ha creado expectativas favorables para el administrado y lo sorprende al eliminar súbitamente esas condiciones. Por lo tanto la confianza que el administrado deposita en la estabilidad de la actuación de la administración es digna de protección y debe respetarse. Se trata entonces de situaciones en las cuales el administrado no tiene realmente un derecho adquirido, pues su posición jurídica es modificable por las autoridades. Sin embargo si la persona tiene razones objetivas para confiar en la durabilidad de la regulación y el cambio súbito de la misma altera de manera sensible su situación, entonces el principio de la confianza legítima la protege. En tales casos, en función de la buena fe (CP art. 83)), el Estado debe proporcionar al afectado tiempo y medios que le permitan adaptarse a la nueva situación Ahora bien, debe aclararse que la confianza o la buena fe de los administrados no se protege garantizando la estabilidad de actos u omisiones ilegales o inconstitucionales sino a través de la compensación, no necesariamente monetaria del bien afectado. Igualmente este principio tampoco significa “ni donación, ni reparación, ni resarcimiento, ni indemnización, como tampoco desconocimiento del principio de interés general. F. EL ESPACIO PUBLICO COMO LIMITE A INTERES PRIVADO Y A LOS CERRAMIENTOS. La conceptuación en esta oportunidad emerge de la sentencia C-265 de 2002 del magistrado Manuel José Cepeda Espinoza con ocasión del estudio de una demanda de inconstitucionalidad en particular del inc. 3º del artículo 64 de la ley 575 de 2001. En dicha sentencia se indica que el concepto de espacio público constituye una expresa limitación a la propiedad privada, en general y a la propiedad horizontal en especial, pues ésta es una forma de organización de la propiedad privada que tiene plena eficacia sólo en la medida en que las limitaciones a la libertad de circulación y a otros derechos generados por los sistemas de cerramiento y control de ingreso que se desprenden de la figura jurídica de las Unidades Inmobiliarias Cerradas no invadan el espacio público ni excluyan de su goce a los habitantes que no pertenecen a dichas unidades. Ahora bien, lo anterior no impide que en casos específicos, el espacio público pueda ser objeto de alguna limitación transitoria y razonable como resultado de disposiciones que reconocen a los particulares ciertas garantías relacionadas con el derecho de propiedad, con la seguridad, con la prestación de servicios a la comunidad o con el libre desarrollo de actividades culturales o cívicas. En la providencia en cita, aparece un título que resulta muy significativo y diciente, en donde se pone de manifiesto que el legislador no puede permitir, así sea indirectamente la afectación permanente del espacio público por la vía de cerramiento, que equivalgan a una apropiación privada de lo destinado al uso común, el cual en su desarrollo concluye con la atestación de que el cerramiento del espacio público por parte de un grupo de propietarios privados para su beneficio particular, representa prima facie, una afectación permanente y grave del espacio público. Dicho cerramiento se traduce en la práctica, en la apropiación de una porción del espacio público por unos particulares y

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico en la consecuente exclusión del resto de los habitantes del acceso a un espacio destinado por mandato constitucional al uso común. Condicionar la posibilidad del cerramiento a una autorización administrativa, sin señalar criterios que impidan dicha apropiación y exclusión, resulta insuficiente para garantizar los bienes constitucionalmente garantizados.

G. EL ARRENDAMIENTO DEL ESPACIO PUBLICO

El desarrollo del tema bajo este título tiene de interesante dos situaciones fundamentales: a) una de connotación en lo policivo en cuanto se pone de relieve que el hecho de producirse el arrendamiento de un bien de uso, tal suceso no muta la naturaleza y característica del bien y b) las consecuencias jurídicas de carácter contencioso administrativo a que conduce el acto contractual de arrendar. La jurisprudencia del H. Consejo de Estado de fecha 16 de febrero de 2001 en la sentencia No. 16596 donde fue Magistrado ponente el doctor Alier E. Hernández Enriquez, tuvo su génesis en el desenlace del litigio con respecto del contrato de arrendamiento de que fue objeto un parque llamado Olaya Herrera en la ciudad de Bogotá, en donde se concluyó de que “Era claro que el objeto del convenio es ilícito, lo cual genera nulidad absoluta del negocio jurídico en su integridad, de conformidad con el inciso 1º del artículo 44 de la Ley 80 de 1993 que remite a su vez al artículo 1741 del C. Civil”.

ANTECEDENTES DE LA LEY 23/91 EN LO QUE INCUMBE A LAS AUTORIDADES POLICIVAS. El 21 de marzo de 1991, al ya existente Decreto 522 de 1971 vino a unírsele una ley, que se conoció como Ley 23 la cual tuvo por finalidad servir de mecanismo para descongestionar los despachos judiciales y en ella se regularon en lo fundamental de este recuento, cuatro temas a saber: conversión de algunos delitos en contravenciones; procedimiento para juzgarlos, juez natural de la causa o competencia y conversión de la sanción de arresto. Contravenciones Especiales de Policía. Algunos comportamientos, hasta ese entonces considerados delito, pasaron a ser contravenciones especiales de policía. De esta manera aparecieron como faltas sancionables, a título de contravenciones; 19 conductas definidas en el art- 1º de la Ley 23 del 21 marzo de 1991 JUEZ NATURAL DE LA CAUSA. El servidor público a quien se asignó la competencia en primera instancia fue a los inspectores penales de policía y en aquellos lugares donde existieran inspectores penales, a los inspectores de policía sin distinción alguna y si ni lo uno ni lo otro, entonces a los Alcaldes. Y la segunda instancia fue asignada al alcalde, gobernador, intendente, comisario y en los distritos especiales: al alcalde mayor o sus respectivos delegados.

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Legislación Complementaria PROCEDIMIENTO. En la citada Ley 23 se introdujeron nuevas formas procesales. A su vez en el artículo 17 se derogó expresamente el capítulo XIII del Decreto 522 de 1971 que trataba del procedimiento sobre contravenciones especiales.

“Artículo 17. La presente ley deroga todas las normas que le sean contrarias en especial los artículos 183, 284, 285, 287, 294, 295, 296 del Decreto 100 de 1980 y modifica los artículos 331, 332, 340, 349, 352, 353, 356, 357, 358, 361, 363, 370 del mismo decreto. Igualmente deroga la Ley 2 de 1984 en lo que a contravenciones exclusivamente se refiere y el Capítulo XII del Decreto 522 de 1971 que trata del procedimiento sobre contravenciones especiales y las demás normas que le sean contrarias”. En la Ley 23 para nada se tocaron las contravenciones especiales del Decreto Ley 522 de 1971. Antes por el contrario se crearon nuevas contravenciones especiales.

CONTRAVENCIONES ESPECIALES DE POLICÍA EN EL AÑO DE 1991: Decreto 522 de 1971 Ley 23 de 1991. La Ley 23 de 1991 fue objeto de demanda de inconstitucionalidad y es así como en sentencia No. C-212 de 28 de abril de 1994 con ponencia del entonces magistrado José Gregorio Hernández Galindo fue declarada exequible, pero condicionada a los términos del artículo transitorio 28 de la Constitución Política. Para llegar a la decisión, la Corte Constitucional explicó que se había puesto en tela de juicio la constitucionalidad de dos grupos de disposiciones, pertenecientes a dos estatutos diferentes: 1) Las que hacen parte de la Ley 23 de 1991, específicamente en lo que concierne a la competencia asignada a los inspectores penales, inspectores de policía y alcaldes, para juzgar sobre contravenciones especiales. El argumento principal de la demanda –dijo la Corte- radica en un posible quebranto del Estatuto Fundamental por ruptura del principio de la separación de funciones, al haberse facultado a autoridades del orden administrativo para impartir justicia. La Ley 23 de 1991. “Por medio de la cual se crean mecanismos para descongestionar los despachos judiciales y se dictan otras disposiciones”, asignó a los inspectores penales de policía o a los inspectores de policía donde aquellos no existan y en su defecto a los alcaldes, el conocimiento en primera instancia de las siguientes contravenciones especiales (Artículo 1º). 1. 2. 3. 4. 5.

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Ejercicio arbitrario de las propias razones Violación de habitación ajena Permanencia ilícita en habitación ajena Violación de habitación ajena por empleado oficial Violación y permanencia ilícita en el lugar de trabajo


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19.

Violación de la libertad de cultos Impedimento y perturbación de ceremonia religiosa Daños o agravios a personas o cosas destinadas al culto Lesiones personales dolosas Lesiones preterintencionales y culposas Hurto simple Hurto de uso Hurto entre condueños Estafa Emisión y transferencia ilegal de cheque Abuso de confianza Aprovechamiento de error ajeno o caso fortuito Sustracción de bien propio Daño en bien ajeno.

Las demás normas acusadas, integrantes de la Ley 23 de 1991, desarrollan lo concerniente a la iniciación del sumario en los procesos promovidos por contravenciones especiales, la previsión de las reglas aplicables en los eventos de captura en flagrancia; lo relativo a la diligencia de indagatoria, sus trámites y la práctica de pruebas, la liquidación de perjuicios, en su caso; la definición sobre quiénes son parte en los procesos de que trata la ley; la posibilidad de conceder libertad condicional al condenado y los recursos procedentes contra las sentencias que se dicten en tales procesos. Estas normas son constitucionales en cuanto se refieran a contravenciones especiales para las cuales no haya sido prevista pena privativa de la libertad. Tal es el caso de la contemplada en el inciso 1º del artículo 1 acusado, que sanciona con multa hasta de un salario mínimo mensual legal a quien incurra en la conducta definida como “ejercicio arbitrario de las propias razones”. En efecto, en lo atinente a la definición de competencias para administrar justicia, no puede interpretarse el artículo 116 de la Constitución, desligado de los principios generales que plasma el 113 ibídem. Esto mismo acontece con los demás artículos que integran el capítulo I del Título V de la Carta y con todas las normas superiores que rigen la actividad de las ramas y órganos del poder público. En efecto, ninguna función pública encuentra en sí misma su fundamento. Todas ellas se justifican en razón de los fines que persigue la organización estatal, entre los cuales cabe destacar los esenciales indicados en el artículo 2 de la Constitución. El principio democrático en cuya virtud las funciones públicas no pueden hallarse todas en cabeza de la misma rama, órgano o funcionario, tiene cabal expresión en el nombrado artículo 113 del Estatuto Fundamental que contempla la existencia de las ramas legislativa, ejecutiva y judicial y que también prevé la consagración de órganos autónomos e independientes “para el cumplimiento de las demás funciones del Estado”. Declara el precepto constitucional que los órganos del Estado tienen funciones separadas pero colaboran armónicamente para la realización de sus fines, con lo cual elimina

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Legislación Complementaria todo criterio absoluto en cuya virtud cada rama u órgano tenga que actuar forzosamente dentro de marcos exclusivos, rígidos e impermeables. Se trata más bien, de lograr un equilibrio que impida la concentración y el abuso del poder pero que a la vez permita, en virtud de una razonable flexibilidad conjugar los esfuerzos de quienes lo ejercen con miras al logro de las metas comunes. Así pues, el artículo 116 como otras disposiciones constitucionales, establece por regla general que la función de administrar justicia corresponde a la Corte Constitucional, a la Corte Suprema de Justicia, al Consejo de Estado, al Consejo Superior de la Judicatura, a la Fiscalía General de la Nación, a los tribunales y a los jueces, pero establece la posibilidad de que órganos ajenos a la Rama Judicial también lo hagan, así el Congreso ejercerá determinadas funciones judiciales –tal es el caso de las atribuidas en los artículos 174 y 178 de la Constitución y excepcionalmente la ley podrá atribuir función jurisdiccional en materias precisas a determinadas autoridades administrativas. Aún los particulares pueden ser investidos transitoriamente de dicha función cuando actúen como conciliadores o árbitros habilitados por las partes para proferir fallos en derecho o en equidad, en los términos que determine la ley. Para los fines de este proceso es suficiente destacar la parte del enunciado, artículo relativa a las autoridades administrativas. Se trata de una excepción al principio general y por tanto, su alcance es restrictivo, únicamente pueden administrar justicia aquellas autoridades administrativas determinadas de manera expresa por la ley, la cual debe indicar las materias precisas respecto de las cuales ello es posible, siempre que no adelanten la instrucción de sumarios ni juzguen delitos. Ahora bien, si los señalados requisitos se cumplen, la norma legal que desarrolle la previsión constitucional es, en principio exequible. Tal ocurre con la asignación de competencias a inspectores penales de policía, inspectores de policía y alcaldes para fallar sobre contravenciones especiales sancionables con pena distinta de la privación de la libertad. Cuando la normatividad en mención les atribuye tales funciones, definiendo con claridad que su competencia llega tan sólo a la investigación y juzgamiento de contravenciones, no hace nada diferente de desarrollar lo previsto en el artículo 116 de la Constitución, que faculta al legislador para radicar excepcionalmente la función de administrar justicia en cabeza de autoridades del orden administrativo, siempre y cuando ello se haga excepcionalmente y en materias precisas como lo es, a juicio de la Corte, la contravencional. El precepto constitucional prohíbe en efecto, como lo apunta el demandante que tales autoridades investidas excepcionalmente de la función jurisdiccional, adelanten la instrucción de sumarios y juzguen delitos. Pero la prohibición no puede extenderse más allá del campo que la propia Carta ha querido sustraer a la señalada excepción, es decir, debe dársele un alcance restrictivo en cuanto su propósito consiste en fijar de manera perentoria aquellos asuntos que el Constituyente ha preferido reservar de manera exclusiva e intransferible a los jueces de la República.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico En lo que concierne a la instrucción de sumarios, aspecto que también ha sido reservado por la Constitución a los jueces, fácil es concluir que ella está íntimamente ligada a la materia sobre la cual esos instrumentos recaen. En otros términos, no puede un funconario administrativo instruir sumarios relativos a delitos, pues esta materia no puede ser de su incumbencia a la luz de la Constitución, pero sí se ha concluido que puedan excepcionalmente estar investidos de la función jurisdiccional para conocer de contravenciones, nada obsta para que adelanten la instrucción de sumarios referentes a ellas. Mal podría entenderse que el Constituyente hubiese permitido la atribución de una función y a la vez hubiese negado de manera absoluta la utilización del medio procesal idóneo para ejercerla. De lo dicho se colige que no es cierta la afirmación del demandante en el sentido de que con las normas de las que se viene hablando se haya desconocido el régimen constitucional de separación de funciones públicas y menos todavía, que se haya quebrantado el artículo 116 de la Carta Política. Resulta pues, ajustado a la Constitución que el legislador confíe de manera excepcional a funcionarios distintos de los jueces, como es el caso de los inspectores penales de policía, los inspectores de policía y los alcaldes, la función precisa de administrar justicia en el ámbito propio de las contravenciones especiales. Pero ha advertido la Corte que ello es así siempre que la respectiva contravención no sea castigada con pena privativa de la libertad. Se introduce la distinción que antecede por cuanto el artículo 28 de la Constitución de 1991 modificó radicalmente la normatividad que venía rigiendo incorporada a la Carta Política de 1886 y sus reformas. El artículo 28 del Estatuto Fundamental vigente brinda una mayor protección a la libertad personal cuando establece que nadie podrá ser reducido a prisión ni arresto ni detenido “sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley” . Lo dicho significa ni más ni menos, que el Constituyente reservó de manera exclusiva y específica a los jueces de la República la potestad de ordenar la privación de la libertad de las personas, así sea preventivamente. Esto, desde luego con las salvedades que se derivan del inciso 2º del mismo artículo 28, a las cuales se refirió la Corte en sentencia C-024 del 27 de enero de 1994 (Magistrado Ponente: Dr. Alejandro Martínez Caballero) y las relativas a los casos de la flagrancia previstos en el artículo 32 ejusdem. La normatividad constitucional en esta materia es terminante. La nueva Carta a la vez que introdujo la exigencia expresa en cuanto a la naturaleza judicial del órgano que ordene la privación de la libertad, suprimió totalmente la posibilidad de aprehensiones mediante determinación del Ejecutivo por razones de orden público (artículo 28 de la Carta Política anterior). El mandato de autoridad judicial es elemento esencial dentro del conjunto de requisitos exigidos para toda forma de detención, prisión o arresto, a tal punto que si en un caso concreto la privación de la libertad proviniere de funcionario perteneciente a otra rama u órgano del poder público, se configuraría la inconstitucionalidad del procedimiento y sería aplicable el artículo 30 de la Carta (Habeas Corpus), como mecanismo apto para recuperar la libertad.

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Legislación Complementaria Debe considerarse, además que el artículo 28 del actual Ordenamiento es de aplicación inmediata según dispone el artículo 85 ibídem. Por ello, para poder sostener la competencia de las autoridades de policía en cuanto al conocimiento de los hechos punibles sancionables con pena de arresto mientras se expide la ley que lo radique en cabeza de autoridades judiciales, fue indispensable la expedición de una norma temporal expresamente orientada a ello, cuyo carácter es excepcional y restrictivo (artículo 28 Transitorio de la Constitución). He allí el único sustento constitucional actual de esa extraordinaria competencia administrativa. Y es que la Constitución que tiene en la libertad uno de sus valores esenciales, como lo acredita el preámbulo, quiso dotarla de una garantía clara y expresa confiando a los jueces de manera exclusiva la potestad de restringirla. Ante la perentoria disposición del artículo 28 de la Carta ninguna autoridad administrativa puede disponer de la libertad del individuo. Ya lo había destacado esta Corporación en sentencia C-175 del 6 de mayo de 1993 (Magistrado Ponente, Dr. Carlos Gaviria Díaz). Como allí se dijo, son fines de esta disposición los de garantizar el derecho a la libertad personal y proteger al individuo para que no sea objeto de actos arbitrarios. Este fue además, propósito explícito de la Asamblea Nacional Constituyente (Cfr, Gaceta Constitucional No. 82 de 1991). Así las cosas, pugnan con la Constitución de 1991 todas aquellas normas legales o de otro orden que consagren la posibilidad de que una autoridad distinta a la judicial pueda ordenar detención, prisión o arresto u otro tipo de sanciones o medidas preventivas que impliquen la privación de la libertad del imputado, sindicado o condenado. Tal sería el caso de las normas acusadas, en cuanto se refieren a contravenciones especiales sancionables con pena de arresto. Así lo declararía la Corte si no fuera por la existencia del artículo 28 Transitorio de la Carta. En él se dispuso que mientras se expide la ley que atribuye a las autoridades judiciales el conocimiento de los hechos punibles sancionables actualmente con pena de arresto por las autoridades de policía éstas continuarán conociendo de los mismos. Esta norma de vigencia precaria es a todas luces excepcional y se aplica precisamente por la razón que se acaba de exponer a la luz de la normatividad constitucional permanente no puede haber privación de la libertad que, con las salvedades dichas, provenga de autoridad diferente de la judicial. No se diga como lo hace el demandante, que la norma transitoria ha dejado de regir por haberse dictado el Código de Procedimiento Penal (Decreto 2700 de 1992), en cuyo artículo 77 se atribuyó a los jueces de paz el conocimiento de las contravenciones, pues resulta suficiente para aseverar lo contrario la comprobación de que todavía no han sido dictadas las normas que establezcan la correspondiente jurisdicción. Es por ello que el propio Código de Procedimiento Penal dispuso en su artículo transitorio 3º

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico “La Ley creará los Jueces de Paz con la competencia señalada en este código. Mientras se establece esta jurisdicción especial se faculta a los actuales inspectores de policía para conocer de las contravenciones”. La Corte no encuentra entonces que las normas acusadas violen el artículo 116 de la Constitución y, en consecuencia, serán declaradas exequibles, pero se advierte que cuando la ley establezca la jurisdicción especial de que se trata, los artículos ahora acusados, en cuanto consagren la posibilidad de que las autoridades administrativas indicadas sancionen contravenciones especiales con pena de arresto, habrán perdido vigencia dada su incompatibilidad con el artículo 28 permanente de la Constitución. Es decir, quedarán derogados por la Carta Política ante la desaparición del precepto transitorio que había prorrogado su vigencia de manera temporal. El examen específico de cada una de las disposiciones demandadas permite sustentar la constitucionalidad que se predica. Según los principios expuestos en la norma habrá de distinguirse la referencia que ella hace a contravenciones sancionables con pena de arresto –numerales 2 al 19- de aquella aplicable tan sólo la pena de multa –numeral 1ºCuando desaparezca del mundo jurídico el artículo transitorio 28 de la Constitución, no podrán los señalados funcionarios administrativos tener atribuida competencia alguna para conocer de contravenciones para las cuales se prevea la pena de arresto. En cambio podrá permanecer vigente, sin violar la Constitución, la posibilidad de que esos mismos funcionarios conozcan y fallen en torno a las contravenciones mencionadas, pero únicamente en lo que respecta a la imposición de multas, que es lo previsto en el numeral 1º del artículo en cuestión.

DE LAS CONTRAVENCIONES ESPECIALES CON RESPECTO A LA TENENCIA DE EJEMPLARES CANINOS En el año 2002 se dictó la Ley 746 y se introdujo con ella un nuevo capítulo al Código Nacional de Policía relacionado con la tenencia de ejemplares caninos, del tenor que sigue: ART. 108 A. La tenencia de ejemplares caninos en las viviendas urbanas y rurales requiere que las circunstancias de su alojamiento en el aspecto higiénico y sanitario, de alimentos y custodia sean las adecuadas y que no se produzca ninguna situación de peligro o incomodidad para los vecinos u otras personas en general o para el propio animal. ARTÍCULO 108 B. Se permitirá la presencia de ejemplares caninos en los ascensores de edificios públicos y privados que como guías acompañen a su propietario o tenedor. Para los demás ejemplares será deber de la copropiedad reglamentar su permisibilidad. En las zonas comunes de propiedades horizontales o conjuntos residenciales, los ejemplares caninos deberán ir sujetos por medio de traila y provistos de bozal si es el caso específico de perros potencialmente peligrosos según las definiciones dadas por la presente ley. ARTÍCULO 108 C. En las vías públicas, en los lugares abiertos al público y en el transporte público en que sea permitida su estancia, todos los ejemplares caninos

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Legislación Complementaria deberán ser sujetos por su correspondiente traila. En el caso de los ejemplares objeto de los artículos 108-E y 108-F de la presente ley, deberán portar además su correspondiente bozal y permiso. En caso de incumplimiento de las anteriores medidas preventivas, el animal será decomisado por las autoridades de policía y el propietario será sancionado del siguiente modo: multa de cinco salarios mínimos legales diarios por no portar la traila; multa de diez salarios mínimos legales diarios por no portar el bozal y multa de quince salarios mínimos legales diarios por no portar el respectivo permiso en el caso de los ejemplares definidos en los artículos 108 E y 108 F. En caso de concurrencia de las contravenciones, las multas se aplicarán independientemente. Los gastos por la permanencia del animal en las perreras que el respectivo municipio determine, correrán por cuenta de su propietario, el cual podrá retirarlo provisto de los preceptivos bozal y traila, en un plazo máximo de diez (10) días contados a partir de la fecha de decomiso. Si el propietario no lo retira en el plazo establecido, el ejemplar se declarará en estado de abandono y se podrá proceder a su sacrificio eutanásico. ARTÍCULO 108-D. Queda prohibido dejar las deposiciones fecales de los ejemplares caninos en las vías, parques o lugares públicos. Los propietarios o tenedores de los ejemplares caninos son responsables de recoger convenientemente los excrementos y depositarlos en bolsas de basura domiciliaria o bien en aquellos lugares que para tal efecto destine la autoridad municipal. PARÁGRAFO. Los propietarios o tenedores de ejemplares caninos que no recojan los excrementos en los lugares señalados en el inciso anterior, tendrán como sanción impuesta por la autoridad municipal competente, multa de cinco salarios mínimos diarios legales vigentes o sanción de uno a cinco fines de semana de trabajo comunitario, consistente en limpieza de los lugares que la respectiva alcaldía municipal defina. En caso de renuencia se impondrá arresto inconmutable de tres a cinco días; la autoridad municipal procederá a trasladar el caso a la autoridad competente para conocer el caso y aplicar la sanción respectiva. ARTÍCULO 108-E. Dado su alto nivel de peligrosidad, se prohíbe la importación de ejemplares caninos de las razas Stafordshire Terrier, American Stafordshire Terrier, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier o de caninos producto de cruces o híbridos de estas razas, así como el establecimiento de centros de crianza de esta clase de ejemplares caninos en el territorio nacional. ARTÍCULO 108-F. Se considerarán perros potencialmente peligrosos aquellos que presenten una o más de las siguientes características: a) perros que han tenido episodios de agresiones a personas u otros perros; b) perros que han sido adiestrados para el ataque y la defensa; c) perros que pertenecen a una de las siguientes razas o a sus cruces o híbridos: American Stafordshire Terrier, Bullmastif, Doberman, Dogo Argentino, Dogo de Burdeos, Fila Brasileiro, Mastín Napolitano, Pit Bull Terrier, American Pit Bull Terrier, De presa canario, Rotweiler, Stafordshire Terrier, Tosa Japonés. El propietario de un perro potencialmente peligroso asume la posición de garante de los riesgos que se puedan ocasionar por la sola tenencia de estos animales y por los

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico perjuicios y las molestias que ocasione a las personas, a las cosas, a las vías y espacios públicos y al medio natural en general. ARTÍCULO 108-G. Los menores de edad no pueden ser propietarios de los ejemplares caninos señalados en los artículos 108-E y 108-F del presente capítulo. ARTÍCULO 108-H. Los menores de edad no podrán ser tenedores de los ejemplares de que tratan los artículos 108-E y 108-F del presente capítulo en las vías públicas, lugares abiertos al público y en las zonas comunes de edificios o conjuntos residenciales. Igual restricción recae frente a personas que se encuentren en estado de embriaguez, bajo el influjo de sustancias psicoactivas o presenten limitaciones físicas. En caso de incumplimiento, las autoridades de policía delegadas, procederán al decomiso del ejemplar y se impondrá como sanción a su propietario por parte de las autoridades municipales delegadas, multa de cinco salarios mínimos diarios legales vigentes y el incidente se anotará en el respectivo registro del animal. El animal se depositará en las perreras que los municipios determinen. Su propietario contará con un plazo máximo de diez días contados a partir de la fecha de decomiso para retirarlo provisto del preceptivo bozal y traila, una vez cancelada la multa impuesta. Los gastos que genere la estancia del animal en las perreras, irán a cargo del propietario. Si éste no lo retira en el plazo establecido, se declarará al animal en estado de abandono y se podrá proceder a su sacrificio eutanásico. PARÁGRAFO. En el caso de las personas que presenten limitaciones físicas, se exceptuarán los ejemplares caninos que sirvan como perros guías. ARTÍCULO 108-I. Registro de los ejemplares potencialmente peligrosos. Todos los ejemplares caninos que pertenezcan a la categoría establecida en los artículos 108-E y 108-F de este capítulo, deben ser registrados en el Censo de Perros Potencialmente Peligrosos que se establecerá en las alcaldías municipales, para obtener el respectivo permiso. En este a) b) c)

registro debe constar necesariamente: Nombre del ejemplar canino Identificación y lugar de ubicación de su propietario Una descripción que contemple las características fenotípicas del ejemplar que hagan posible su identificación. d) El lugar habitual de residencia del animal, especificando si está destinado a convivir con los seres humanos o si será destinado a la guarda, protección u otra tarea específica.

Para proceder al registro del animal, su propietario debe aportar póliza de responsabilidad civil extracontractual suscrita por su propietario, la que cubrirá la indemnización de los perjuicios patrimoniales que dichos ejemplares ocasionen a personas, cosas o demás animales; así como el registro de vacunas del ejemplar y certificado de sanidad vigente, expedido por la secretaría de salud del municipio.

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Legislación Complementaria Será obligatorio renovar el registro anualmente, para lo cual se deberán acreditar los requisitos establecidos para la primera vez. En este registro se anotarán también las multas o sanciones que tengan lugar y los incidentes de ataque en que se involucre el animal. Una vez registrado el ejemplar, la autoridad municipal delegada, expedirá el respectivo permiso para poseer esta clase de perros. Este permiso podrá ser requerido en cualquier momento por las autoridades de policía respectivas. Parágrafo 1º Quien posea animales pertenecientes a esta categoría contará con un plazo de seis meses a partir de la entrada en vigencia de la presente ley para proceder al registro del ejemplar en el Censo de Perros Potencialmente Peligrosos de su respectivo municipio. Parágrafo 2 El propietario que se abstenga de adquirir la póliza de responsabilidad civil extracontractual, acarreará con todos los gastos para indemnizar integralmente a los afectados por los perjuicios que ocasione el ejemplar, sin perjuicio de las sanciones que establezca la ley. Artículo 108-J. Las instalaciones que alberguen a los ejemplares objeto de los artículos anteriores, deben tener las siguientes características: las paredes y vallas deben ser suficientemente altas y consistentes y deben estar fijadas a fin de soportar el peso y la presión del animal; las puertas de las instalaciones deben ser tan resistentes y efectivas como el resto del contorno y deben diseñarse para evitar que los animales puedan desencajar o abrir ellos mismos los mecanismos de seguridad; el recinto debe estar convenientemente señalizado con la advertencia de que hay un perro peligroso en ese sitio. En caso de incumplimiento con esta medida preventiva, el animal será decomisado por las autoridades de policía y el propietario será sancionado por las autoridades municipales delegadas, con multa de hasta un salario mínimo mensual. Los gastos que por la permanencia del animal en las perreras correrán por cuenta de su propietario, el cual podrá retirarlo provisto del preceptivo bozal y traila una vez demuestre que las instalaciones en que se mantendrá al animal cumplen con las normas de seguridad establecidas en el presente artículo. La permanencia del animal en las perreras no podrá exceder de quince días contados a partir de la fecha del decomiso; si el propietario no lo retira en este plazo, se declarará al animal en estado de abandono y se podrá proceder a su sacrificio eutanásico. ARTÍCULO 108-K. Toda compra, venta, traspaso, donación o cualquier cesión del derecho de propiedad sobre el ejemplar canino clasificado como potencialmente peligroso, deberá anotarse en su registro del Censo de Perros Potencialmente Peligrosos y en caso de cambio de municipalidad del ejemplar se deberá inscribir nuevamente en donde se ubique su nuevo lugar de residencia, aportando copia del registro anterior. ARTÍCULO 108-L. Si un perro potencialmente peligroso ataca a otra mascota, su propietario será sancionado por la autoridad municipal competente con multa hasta de dos salarios mínimos mensuales y estará obligado a pagar por todos los daños causados a la mascota. Si el perro es reincidente se procederá al decomiso y sacrificio eutanásico del animal por parte de las autoridades que las alcaldías municipales designen para tal fin.

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico ARTÍCULO 108-M. Si un perro de esta categoría ataca a una persona infligiéndole lesiones permanentes de cualquier tipo, se procederá al decomiso y sacrificio eutanásico del animal por parte de las autoridades que las alcaldías municipales designen para tal fin. ARTÍCULO 108-N. Las peleas de ejemplares caninos como espectáculo quedan prohibidas en todo el territorio nacional. Las personas que organicen, promuevan o difundan las peleas de ejemplares caninos como espectáculo tendrán como sanción impuesta por las autoridades municipales delegadas, multa de cinco a veinte salarios mínimos legales mensuales, sin perjuicio de la responsabilidad penal que contempla la Ley 84 de 1989 sobre actos de crueldad hacia animales. Los ejemplares caninos que sean utilizados en este tipo de actividad, serán decomisados por las autoridades de policía delegadas y se les aplicará la eutanasia. ARTÍCULO 108-O. Se prohíbe en todo el territorio nacional las asociaciones caninas orientadas al entrenamiento de ejemplares para su participación en peleas de perros como espectáculos para la agresión a las personas, a las cosas u otros animales. Las personas que organicen, promuevan o difundan este tipo de asociaciones, tendrán como sanción impuesta por las autoridades municipales delegadas, multa de cinco a veinte salarios mínimos legales mensuales, sin perjuicio de la responsabilidad penal, que contempla la Ley 84 de 1989 sobre actos de crueldad hacia animales. ARTÍCULO 108-P. Las autoridades municipales promoverán el remate, la adjudicación la adopción de los animales decomisados a terceras personas, siempre y cuando estos no representen perjuicio para la comunidad. Una vez vencido el término ara retirar el animal por su dueño, éste se prorrogará automáticamente por cinco días más para dar cumplimiento a lo señalado en este artículo. En todo caso el nuevo propietario deberá pagar los gastos de permanencia del animal en las perreras y proceder al cumplimiento de los demás requisitos de ley para la tenencia de perros.

CONTRAVENCIONES DEL DECRETO 1136 DE 1970 En el año de 1970, junio 19 se profiere el Decreto 1136 por el cual se dictan algunas medidas sobre protección social y en él se tipificaron como conductas sancionables, aunque no se dijo que tenían el carácter de contravenciones, no obstante guardan similitud con las contravenciones nacionales de policía, por lo que se estima tienen dicha connotación y más aún dan la sensación de incidir en dicha normativa policiva. (Decreto 1355 de 1970) y son: ARTÍCULO 1º El que en lugar público o abierto al público ejerza la mendicidad será recluido en asilo, hospital, clínica u otro establecimiento público adecuado o se le prestará la asistencia necesaria en su domicilio, si lo tiene o en consulta externa, siempre que siendo física o síquicamente inhábil para trabajar no posea medios propios de subsistencia ni persona obligada y capaz de prestárselos.

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Legislación Complementaria Si el mendigo tiene persona obligada y capaz de prestarle alimentos a ella, le será entregado después de prevenirla para que cumpla su obligación y de advertirle sobre las sanciones penales por inasistencia económica, sin perjuicio de la asistencia social debida por el Estado. ARTÍCULO 2 De la vagancia. El que careciendo de medios de subsistencia y de persona obligada y capaz de prestárselos, no tenga ocupación lucrativa lícita sin causa justificada, será requerido para que inmediatamente inscriba su nombre en bolsa de trabajo. ARTÍCULO 3 El que careciendo de medios de subsistencia o de persona obligada a suministrárselos y que por incapacidad física o mental no ejerza ocupación lucrativa lícita, será recluido en hospital, clínica u otro establecimiento público similar por el tiempo necesario para su curación o su rehabilitación o recuperación, esta atención podrá prestársele si fuere el caso en su domicilio si lo tiene o en consulta externa. ARTÍCULO 4º De los enfermos mentales, toxicómanos y alcoholizados. Al que perturbe la tranquilidad pública como consecuencia de estado de intoxicación crónica producida por el alcohol o por enfermedad mental o por consumo de estupefacientes o de alucinógenos, se le someterá a tratamiento médico con o sin internación en clínica, casa de reposo u hospital hasta obtener su curación o su rehabilitación. Tanto la iniciación como la terminación del tratamiento estarán precedidos de dictamen médico oficial favorable. El tratamiento se dará en establecimiento público salvo que el enfermo o su familia soliciten que se haga en establecimiento privado a su costa. ARTÍCULO 5º De las medidas de rehabilitación. Los hospitales, clínicas o frenocomios públicos mantendrán pabellones especiales para recluir a las personas sujetas a las medidas de protección social de que trata este decreto. El director del establecimiento deberá informar al menos semestralmente al funcionario respectivo sobre el estado del paciente y de inmediato cuando se logre su curación o rehabilitación. ARTÍCULO 6º Disposiciones comunes. La enfermedad física o mental, lo mismo que la rehabilitación, curación o recuperación a que se refieren los artículos 1º, 2º y 4º de este decreto se demostrarán mediante dictamen médico legal. ARTÍCULO 7º La medida rehabilitadora que se adopte de conformidad con este decreto puede hacerse efectiva en cualquier tiempo y por todas las veces que fuere necesario.

ASPECTOS JURÍDICOS Y REGLAMENTARIOS DE LOS COMBUSTIBLES Y LAS ESTACIONES DE SERVICIO El Decreto 1521 de 1.998 en su artículo 1º dispone: “El almacenamiento, transporte, manejo y distribución de los combustibles derivados del petróleo, es un servicio público

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Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico que se prestará conforme con lo establecido en la ley, en el presente decreto y en las resoluciones del Ministerio de Minas y Energía”. A través del Decreto 1521 de 1.998 se reglamenta la prestación del servicio público descrito en el Art. 1º y se establecen además sanciones especiales con respecto a las estaciones de servicio que infrinjan las normas sobre la prestación del servicio, cuya competencia ha sido designada a los Alcaldes municipales. La naturaleza jurídica de los establecimientos destinados a la distribución, almacenamiento, manejo, transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, por ser establecimientos abiertos al público, destinados a la prestación de un servicio público, en virtud del Decreto 1521 de 1998, deben estar registrados como establecimientos públicos en las respectivas cámaras de comercio de cada ciudad y obligados a presentar ante las autoridades el certificado de existencia y representación legal de los mismos. En materia de usos del suelo, se deberá observar lo establecido por los respectivos concejos municipales y los decretos que expidan los Alcaldes de cada ciudad. La actividad destinada a la prestación de un servicio público es inherente a las finalidades sociales del Estado, por lo cual éste debe asegurar su prestación a todos los habitantes del territorio nacional, por esta razón los servicios públicos están sometidos al régimen jurídico especial que fije la ley. La actividad de distribución, almacenamiento, manejo, transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, por tratarse de un servicio público, está sometida a los requisitos y disposiciones consagradas en el Decreto 1521 de 1.998 expedido por el gobierno nacional a través del Ministerio de Minas y Energía, en virtud del Decreto ley 2119 de 1.992 que faculta al Ministerio de Minas para dictar los reglamentos y hacer cumplir las disposiciones relacionadas con este servicio. En este orden de ideas, si bien es cierto que los establecimientos destinados a la distribución, almacenamiento, manejo, transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo, corresponden a establecimientos de comercio, no es procedente aplicar la normatividad general para el funcionamiento de éstos, consagrada a través de la ley 232 de 1.995, toda vez que por tratarse de la prestación de un servicio público debe darse aplicación al Decreto 1521 de 1.998, en cumplimiento del Art. 189 numeral 22 de la Constitución Nacional, mediante el cual se establece que le corresponde al gobierno nacional ejercer la potestad reglamentaria, inspección y vigilancia de la prestación de los servicios públicos. La Constitución Política admite la posibilidad de que los particulares presten servicios públicos, pero reserva funciones esenciales al Estado en esta materia y en especial le atribuye una competencia general de regulación en los términos del artículo 365 de la Carta Política. De acuerdo con las definiciones que trae el Decreto 1521 de 1.998, se establece que en las estaciones de servicio se pueden desarrollar actividades comerciales conexas como son: lubricación, lavado, general y/o de motor, cambio y reparación de llantas, alineación y balanceo, servicio de diagnóstico, trabajos menores de mantenimiento automotor,

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Legislación Complementaria venta de llantas, neumáticos, lubricantes, baterías, minimercados, tiendas de comida y tiendas de video. Acorde con lo anterior se encuentra en el Manual de Policía y Convivencia Ciudadana para el Departamento de Risaralda (Ordenanza 060 del 29 de noviembre de 2001 y 041 del 28 de Diciembre de 2005) en su Título V, Capítulo VII, artículos 121 y ss. Las actividades a desarrollar en las Estaciones de Servicio que funcionan en el Departamento de Risaralda. Las anteriores actividades comerciales no interfieren, no dependen ni se derivan del servicio principal, razón por la cual deben estar sujetas a las disposiciones de la Ley 232 de 1.995. La competencia para la expedición de la licencia de construcción, adecuación, ampliación o mantenimiento, corresponde a las Curadurías Urbanas en virtud de la Ley 388 de 1.997 en concordancia con los requisitos exigidos por el Decreto 1521 de 1.998 artículos 4 al 8; 43 y 49 y la ley 400 de 1997 que modificó algunos aspectos relacionados con la expedición de las licencias de construcción, los curadores urbanos y las sanciones urbanísticas; además del decreto 1052 de 1998 que reglamenta todo lo relacionado a cargo de los particulares que realicen trámites ante las Curadurías Urbanas y que armoniza las modificaciones introducidas por la ley 400 de 1997 con las disposiciones de la ley 388 de 1997 referentes a las licencias, sanciones urbanísticas y curadores urbanos. Para conocer sobre las infracciones en la prestación del servicio público a que se refiere el Decreto 1521 de 1.998 e imponer las sanciones, corresponde a los Alcaldes respectivos. La competencia para expedir los reglamentos sobre la prestación del servicio público, corresponde al Ministerio de Minas y Energía, tal como lo dispone el Decreto 1521 de 1.998. Concretamente para el Departamento de Risaralda, el Manual de Convivencia Ciudadana, regula todo lo relacionado con las Estaciones de Servicio, en los artículos del 121 al 126 íbidem, así: ARTÍCULO 121. Las estaciones de servicios son establecimientos que venden al público elementos que los vehículos automotores requieren para su normal funcionamiento, tales como combustibles, aceites, llantas, neumáticos y que presten además servicios adicionales como lavado, engrase, alineación y balanceo. ARTÍCULO 122. Todas las estaciones de servicio a construirse a partir de la fecha de publicación de este Manual, deberán presentar y reunir los siguientes requisitos de seguridad solicitados por las autoridades competentes: 1. 1.1. 1.2. 1.3.

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Para la aprobación del lote. La dirección exacta o localización del lote en el municipio que pertenece Nombre del propietario Número de surtidores


Guia Teorico Practica para Consultorio Juridico 1.4. Servicios que prestarán 1.5. Autorización de CARDER 1.6. Certificado de la Secretaría de Planeación Municipal o la que haga sus veces, en donde conste que el lote cumple con las distancias mínimas a los linderos más próximos de los sitios de densidad poblaciónal, tales como escuelas, colegios, hospitales, teatros, polideportivos, bibliotecas, clubes sociales y unidades multifamiliares. 2. Para la obtención de la licencia de funcionamiento Decreto 353 de 1991 artículo 10. 2.1 Diligenciar el formato ante el Ministerio de Minas y Energía, en donde conste que las instalaciones y construcciones cumplen con lo estipulado en las normas que para la fecha en que soliciten la licencia de funcionamiento estén vigentes (ICONTEC; MINMINAS, N.F.P.A.). 2.2 Acta de calibración de los surtidores expedida por el Ministerio de Minas y Energía y Alcaldías municipales. 2.3 Matrícula expedida por la Cámara de Comercio 2.4 Certificación expedida por el Constructor de los tanques (Artículo 72 del Decreto Nacional 283 de 1990, originario del Ministerio de Minas y Energía); 2.5 Actas de prueba hidrostática realizada por una firma idónea 2.6 Capacidad de almacenamiento. Artículo 123. En aquellos lugares donde funcionen estaciones de servicio que no han tramitado la licencia de funcionamiento, procederán de inmediato a obtenerla mediante el lleno de los siguientes requisitos: 1. 2. 3. 4.

Solicitud escrita al Ministerio de Minas y Energía Acta de calibración de los surtidores expedida por el Ministerio de Minas y la Alcaldía Municipal previa solicitud Matrícula expedida por la Cámara de Comercio Capacidad de almacenamiento

ARTÍCULO 124. Para la renovación de la licencia de funcionamiento deberán acreditarse los siguientes requisitos: 1. 2. 3. 4.

Solicitud escrita al Ministerio de Minas y Energía Acta de calibración de los surtidores por parte del ministerio de Minas y Energía y/o la Alcaldía Municipal, previa solicitud. Matrícula expedida por la Cámara de Comercio Capacidad de almacenamiento.

ARTÍCULO 125. En las estaciones de servicio, las instalaciones eléctricas deberán protegerse con tubería conduit y sus accesorios deben ser a prueba de explosión, según la norma N.F.P.A. 70 y las certificaciones de las empresas públicas municipales o la que haga sus veces. Todas las estaciones de servicio estarán sujetas a las normas de seguridad que se dictan por parte del Cuerpo de Bomberos de la ciudad.

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Legislación Complementaria ARTÍCULO 126. Las estaciones de servicio que infrinjan las normas sobre el funcionamiento del servicio público, o las instrucciones dadas por el Ministerio de Minas y Energía y/o Alcaldías sobre el particular, estarán sujetas a las sanciones previstas para estos casos. En cuanto al procedimiento para el control y vigilancia de las estaciones de servicio, el artículo 44 del Decreto 1521 de 1998 dispone un procedimiento especial para la infracción de las normas sobre la prestación de servicio público, independientemente a las sanciones legales a que haya lugar y las infracciones urbanísticas por construcción, adecuación o mantenimiento sin la obtención de licencia (Ley 388 de 1997). El procedimiento tiene como consecuencia frente a la infracción del Decreto 1521 de 1998, sanciones graduales de acuerdo con la gravedad de los hechos que son: de amonestación por escrito, multa entre 5 a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes al momento del pago, suspensión del servicio hasta por 45 días calendario de acuerdo con las causales expuestas en la norma y cierre definitivo de acuerdo con las causales de la norma (Artículo 44 Decreto 1521 de 1998). La actuación podrá iniciarse por queja o de oficio, en virtud de la labor de coordinación con las diferentes entidades oficiales para mantener la seguridad en el almacenamiento, manejo, transporte y distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo (Art. 43 literal b del Decreto 1521 de 1998) y deberá llevarse a cabo de conformidad con el procedimiento y términos establecidos en los artículos 50 y siguientes del Decreto 1521 de 1998. El control sobre los establecimientos destinados a la distribución de combustible, pero que no son estaciones de servicio, mayoristas o minoristas, teniendo en cuenta que el ámbito de aplicación del Decreto 1521 de 1998 artículos 1 y 2 se establece para las estaciones de servicio, los distribuidores mayoristas y minoristas, ésta normatividad especial no sería aplicable para el caso, toda vez que los establecimientos destinados para la distribución de combustible lo hacen en desarrollo de una actividad comercial de intercambio de bienes y servicios (Artículo 515 del Código de Comercio). En este orden de ideas, se controlarían en los términos del Artículo 103 de la Ley 388 de 1997 inciso segundo en el que se dispone: “Se considera infracción urbanística la localización de establecimientos comerciales, industriales y de servicios en contravención a las normas de usos del suelo…” Adicionalmente en virtud del artículo 2 literal a) de la Ley 232 de 1995 se requeriría el cumplimiento por parte de estos establecimientos de las normas sobre usos del suelo, ubicación y destinación, los cuales por su naturaleza de uso comercial tiende a satisfacer demandas de bienes y servicios generados en toda la ciudad, requieren de viabilidad de estructuras, zonas de cargue y descargue y bodegaje, razón por la cual corresponden a un comercio de cobertura metropolitana de ubicación restringida. En este orden de ideas si la ubicación del establecimiento no cumple con el uso del suelo, por ser un requisito de imposible cumplimiento se podrá imponer la sanción contemplada en el artículo 4 numeral 4 de la Ley 232 de 1995 correspondiente a cierre definitivo.

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Guía Teórico Práctica para Consultorio Jurídico -Oscar de J. Martinez Betancourt-  

Desde 1973, la Facultad de Derecho de la Universidad Libre de Pereira creó la oficina de CONSULTAS JURÍDICAS con el propósito de ampliar la...

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