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Visi贸n y principios

Documento aprobado por la Direcci贸n Nacional del Frente Amplio Bolivia, diciembre de 2013


Visión y principios del Frente Amplio

El Frente Amplio, una institución para la democracia El Frente Amplio es la expresión de la voluntad de concertación de diversas agrupaciones ciudadanas, grupos de reflexión y acción, partidos políticos y personas que, recogiendo la demanda de unidad de la sociedad boliviana, decidimos construir una asociación de largo aliento que ofrezca a la ciudadanía democrática un espacio para la deliberación, la participación y la representación política. El Frente Amplio no es, en principio, un partido político o una alianza electoral, sino que se concibe y organiza como una “institución para la democracia”, en el doble sentido de su conformación y funcionamiento interno, y de su objetivo programático fundamental: la democratización de la sociedad y del Estado para garantizar la vigencia efectiva del conjunto de los derechos humanos, particularmente de los derechos de las personas y colectividades más vulnerables que han sido y siguen siendo desconocidos por las instituciones del Estado. El Frente Amplio reúne a organizaciones y personas que, partiendo de las regiones y respetando su idiosincrasia local, nos agregamos para conformar una opción política nacional expresiva de la diversidad cultural y social de la población boliviana, orientada a convertirse en una alternativa de buen gobierno, como resultado de la victoria electoral y el ejercicio democrático de los poderes públicos, así como de la fiscalización y la iniciativa legislativa desde las asambleas nacional, departamentales y municipales.

Como una “institución para la democracia”, optamos por una organización interna de carácter institucional y, asimismo, aportamos a la progresiva construcción de la institucionalidad que requiere el país, en los diversos ámbitos de la gestión económica, política y social. Concebimos a las instituciones como la manera más adecuada y duradera de gestionar el bien común, de canalizar las pulsiones conflictivas de la sociedad y de limitar el poder, sometiéndolo al imperio de la ley. Por ello, apostamos por los cambios graduales, acumulativos, basados en consensos y el respeto de la legalidad constitucional, en lugar de “refundaciones” y cambios disruptivos que han caracterizado nuestra historia nacional y que no han producido transformaciones profundas y perdurables. Los integrantes del Frente Amplio nos comprometemos a experimentar “en casa” aquellos cambios que propugnamos para el conjunto del ordenamiento republicano, en atención al imperativo ético que recomienda verificar en uno mismo las conductas que desea ver plasmadas en los demás. La amplitud del Frente Amplio es consecuencia de su vocación democrática: expresa la complementariedad y tolerancia entre sus integrantes que provienen de distintas corrientes ideológicas, diversas pertenencias sociales, culturales y regionales, disímiles orígenes y trayectorias políticas. Pero su amplitud no es irrestricta: se basa en el respeto riguroso de sus principios, valores, normas y prácticas.


Nuestra visión de país y de mundo El Frente Amplio se conforma en torno a unos principios y una visión de país que fundamentan su propuesta programática y expresan la pluralidad de opiniones de las organizaciones y personas que lo conforman.

Ciudadanos del mundo Nuestra visión de país deriva de nuestra visión de mundo: declaramos que antes de pertenecer a una comunidad nacional, una cultura, una etnia, una clase social o un partido, formamos parte de la vasta comunidad humana y de la vida. De este reconocimiento que nos convierte en ciudadanos del mundo derivamos los principios de interdependencia, solidaridad, comunidad y responsabilidad. Estos principios son más próximos a las diversas visiones de los pueblos indígenas que a la concepción moderna de los Estados nacionales y de la civilización industrial, que parcelan el mundo en territorios y jurisdicciones “independientes” y conciben a la naturaleza sólo como un inventario de “recursos” propios que están allí para ser explotados. Concebimos la interdependencia y la solidaridad como principios de convivencia humana y de organización social. La “competencia entre las naciones” no debe sobreponerse a la colaboración, el aprendizaje recíproco y la búsqueda del bien común en el ámbito nacional y global. Nuestra pertenencia a distintas comunidades y la responsabilidad de todas ellas con el entorno natural se fundamenta en los principios de comunidad y responsabilidad. Partimos de la convicción de que aquello que une a los seres humanos –lo común– es significativamente mayor y más importante que aquello que los separa. Consideramos que la responsabilidad del ser humano consigo mismo es indisociable de la relación con todo lo demás. Propugnamos la solidaridad de todos los seres humanos con la naturaleza de la que formamos parte. Afirmamos que el ser humano requiere contestar, con su propio ser, a la noción más amplia y radical de la responsabilidad en atención al hecho de que su intervención tecnológica genera transformaciones en el ámbito de la naturaleza humana y extrahumana en una escala que va desde el genoma a la composición de la biosfera. Por ello, asumimos la responsabilidad de convivir con los demás seres en nuestro frágil hábitat común, en condiciones que garanticen su pervivencia y diversidad. Nuestra idea del bien común se extiende no sólo a los pueblos y personas sino a todas las formas de vida. Inspirados en estos principios, queremos contribuir a la creación de una ciudadanía nacional y mundial definida ya no sólo por aspiraciones comunes sino por derechos humanos garantizados efectiva y universalmente. Creemos que no existe política local válida sin conciencia global, ni cambio global sostenible y democrático sin apoyo en la acción política local. Por estas razones nos involucrarnos en la construcción de un orden nacional e internacional basado en la legalidad y la justicia. Reconocemos el derecho al desarrollo de todos los pueblos en el marco de las capacidades regenerativas del medio ambiente; luchamos por la universalidad de los derechos humanos, por la democratización y el fortalecimiento del sistema de las Naciones Unidas, por la legalidad internacional, por el derecho de los pueblos a su identidad cultural, por la sostenibilidad del desarrollo y la justicia intergeneracional.

La nación boliviana, una y diversa Una de las maneras de estar en el mundo es perteneciendo a una de las comunidades nacionales que lo conforman. Concebimos el mundo como una agregación de comunidades que parten de la comunidad local y terminan en la comunidad mundial, pasando por las comunidades intermedias de alcance municipal, nacional, e internacional. El reconocimiento de diversos ámbitos de lo común implica también nuestra pertenencia a diversas comunidades complementarias, ninguna de las cuales debe ser exclusiva o dominante.

Bolivia es una nación histórica, cultural y política cuyas raíces se hunden en dos mundos: el de los diversos pueblos indígenas y el europeo. Las sucesivas conquistas de unos pueblos indígenas por otros y la conquista de todos ellos por la corona española, dejaron fracturas profundas en nuestras comunidades –racismo, exclusión social y discriminación– pero también una rica herencia de mestizajes, complementariedad e interculturalidad. Asumimos el reto de superar esas fracturas, promoviendo la descolonización y despatriarcalización en las relaciones sociales, profundizando el proceso de emancipación que nos conformó como país independiente en 1825. Bolivia ha avanzado en casi 200 años de vida, construyendo progresivamente un sentido de pertenencia a una comunidad nacional. También se ha avanzado en la construcción de una cultura boliviana que se nutre de múltiples herencias internas y externas, y donde lengua e historia común, articulan, amparan y unifican, en un proceso largo de interculturalidad, la gran riqueza de nuestra diversidad cultural que es el sustrato de una nación incluyente. Bolivia también ha avanzado en la construcción de una comunidad política, donde todos los bolivianos –valorando su diversidad cultural de base– han construido un solo Estado, es decir una autoridad nacional común. Consideramos que el Estado expresa jurídica e institucionalmente el carácter unitario de Bolivia como nación histórica, cultural y política. Reconocemos la diversidad de pueblos, regiones, culturas, religiones o cosmovisiones, formas de organización social y administración de justicia, lenguas y costumbres que conforman la nación boliviana. Los intercambios entre esas expresiones de la diversidad han generado un proceso histórico de diversos mestizajes sociales y culturales que es uno de los rasgos distintivos de nuestra comunidad nacional. Como una expresión de la población boliviana, el mestizaje no puede ser desconocido, despreciado ni disimulado, política o estadísticamente. Defendemos los derechos colectivos de los pueblos indígenas así como el derecho de cada indígena de ejercer sus derechos individuales. Consideramos que sólo la ampliación y vigencia plena de los derechos ciudadanos –civiles, sociales, políticos y económicos– permitirá el ejercicio de las autonomías territoriales indígenas, municipales o departamentales. Los pueblos indígenas deben ser reconocidos en la diversidad de sus formas de organización y cultura y no pueden ser identificados solamente por los idiomas que hablan o las regiones que habitan. Siguiendo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Pueblos Indígenas, asumimos que “los pueblos indígenas son iguales a todos los demás pueblos… Todas las doctrinas políticas y prácticas basadas en la superioridad de determinados pueblos o personas o que la propugnan, aduciendo razones de origen nacional o diferencias raciales, religiosas, étnicas o culturales, son racistas, científicamente falsas, jurídicamente inválidas, moralmente condenables y socialmente injustas”. Así como declaramos con orgullo nuestra pertenencia a una comunidad nacional y reivindicamos nuestras múltiples identidades, rechazamos el nacionalismo estatal o étnico que lleva a la fragmentación y la confrontación entre comunidades locales, nacionales e internacionales.

La democracia, una conquista social Los derechos y garantías reconocidos en la Constitución son una conquista de las luchas indígenas, populares y de la ciudadanía democrática que se desarrollaron desde la creación de la República hasta nuestros días. Reivindicamos las sublevaciones indígenas contra la opresión colonial y la exclusión oligárquica; las luchas populares contra los regímenes militares y por la recuperación de los recursos naturales; la resistencia ciudadana contra los regímenes despóticos y su lucha por consolidar un amplio catálogo de derechos humanos y sus garantías. Reconocemos los distintos aportes y avances en la conquista de los derechos ciudadanos y la construcción de la institucionalidad democrática: la instauración del voto universal en 1952;la reconquista de la demo-


cracia en 1982 tras 18 años de dictaduras militares; la conformación de una Corte Electoral independiente e idónea en 1991; el reconocimiento del carácter pluricultural y multiétnico de la sociedad boliviana; la incorporación de la representación uninominal; la creación de las autonomías municipales en todo el territorio nacional; la creación del Tribunal Constitucional, del Consejo de la Judicatura y del Defensor del Pueblo en la reforma constitucional de 1994; la proclamación del Estado social y democrático de derecho, la incorporación de la Asamblea Constituyente y la iniciativa legislativa ciudadana en la reforma constitucional de 2004; la ampliación de los derechos fundamentales y colectivos; la declaración del carácter plurinacional de Bolivia; la introducción de la segunda vuelta en las elecciones generales; la creación de la Procuraduría General del Estado y la defensa de la propiedad social de los recursos naturales; así como el reconocimiento del derecho a las autonomías, en la Constitución de 2009. Declaramos que estas conquistas son patrimonio todo el pueblo boliviano y expresan la construcción colectiva de la democracia. Así como reivindicamos las luchas populares y las distintas formas de resistencia a las que ha recurrido la ciudadanía democrática a lo largo de nuestra historia, apostamos por la cultura de paz y la gestión democrática e institucional de las demandas sociales. Por esa razón, condenamos el uso de la fuerza y los métodos violentos de lucha que vulneran los derechos humanos. Postulamos la necesaria armonía entre los fines de la lucha social por la democratización y la justicia y los medios para lograrlos. En las actuales circunstancias históricas, constatamos que tras el derrumbe del sistema político de partidos en 2003 y después de ocho años de gobierno del MAS, se ha instaurado en nuestro país un régimen autocrático –en lugar de un sistema político pluralista e institucionalizado– que reproduce los peores vicios del sistema de partidos tradicionales: el caudillismo, la utilización prebendal de la administración pública, el despilfarro de los recursos económicos, el centralismo, el sometimiento de la justicia al poder político, la corrupción generalizada, el abuso de poder y el desconocimiento de la legalidad constitucional, uno de cuyos efectos es la inseguridad jurídica y ciudadana. Frente a ello, reivindicamos nuestras luchas recientes por una Asamblea Constituyente plural y equilibrada en 2006; el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y la resistencia del TIPNIS; la lucha cívica por las autonomías departamentales; el rechazo de la ciudadanía democrática frente a la elección de autoridades judiciales preseleccionadas por la mayoría oficialista; la lucha por la libertad de expresión y el derecho a la información; la oposición a la reelección inconstitucional del binomio del partido de gobierno. Nos solidarizamos con las personas sometidas a la persecución judicial y el acoso político orquestados por el gobierno del MAS. El Frente Amplio es la expresión y continuación de las luchas históricas por la vigencia de los derechos ciudadanos, la defensa del patrimonio nacional y la consolidación de la institucionalidad democrática.

Nuestros principios La democracia boliviana se encuentra en una encrucijada histórica: por un lado recibe la presión del poder gubernamental, que procura imponer su visión de país sobre toda crítica y disidencia, así como eludir los mecanismos de control que le impedirían reproducirse indefinidamente, creando clientelas políticas antes que ciudadanía democrática. Por el otro lado, se beneficia con el impulso de fuerzas como el Frente Amplio que no la conciben como un medio o instrumento para el logro de otros objetivos, sino como un requisito para el buen gobierno de la sociedad y de la economía y el fin del autoritarismo político prevaleciente. Nuestros principios articulan los ideales de libertad, igualdad y equidad, con una concepción más exigente de la democracia que la vincula

de manera indisociable con los derechos humanos, la institucionalidad republicana y el Estado social y democrático de derecho.

Ideal de libertad, igualdad y equidad Postulamos el ideal de libertad humana, entendida como la no dominación por la voluntad arbitraria de otro, tanto como la autonomía individual para elegir entre distintas formas de vida; el ideal de igualdad, considerado no sólo como igualdad ante la ley, sino principalmente como disposición de las capacidades y oportunidades materiales e institucionales necesarias para la realización efectiva de la libertad; y el ideal de equidad, como correctivo de las desigualdades sociales. El ideal de una humanidad integrada por personas libres, iguales y responsables –es decir, portadoras no sólo de derechos sino de deberes– es el fundamento de nuestra ética y de nuestra acción política: postulamos el valor igual de toda vida humana pues consideramos a todo ser humano como un fin en sí mismo. Como estableció la Declaración Universal de los Derechos Humanos, consideramos que la libertad, la justicia y la paz tienen por base el reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e inalienables de todas las personas y que es esencial que los derechos humanos sean protegidos por un régimen de derecho, a fin de que el hombre no se vea compelido al supremo recurso de la rebelión contra la tiranía y la opresión. Consideramos que los derechos humanos son la expresión jurídica de la dignidad entendida como la autonomía y capacidad moral de las personas, y la democracia como el sistema en el que pueden desarrollarse las relaciones políticas de la comunidad en un marco de respeto a la dignidad humana. Los principios de igualdad y equidad deben aplicarse a las relaciones entre hombres y mujeres en los distintos ámbitos de la representación política, el mundo laboral, la organización social y las responsabilidades familiares, apoyando el proceso de emancipación femenina y acabando con las prácticas de la cultura machista y patriarcal. Promovemos la participación activa de los jóvenes en todos los ámbitos sociales, incluyendo el espacio de toma de decisiones, y reconocemos la importancia de las expectativas, códigos comunicacionales y visiones que expresan. Consideramos la libertad de pensamiento y de opinión como un derecho humano fundamental. Hacemos nuestra la Declaración Universal de los Derechos Humanos que postula: “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como la libertad de manifestar su religión o su creencia, individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”. Por esta razón, condenamos cualquier intento por uniformar los pensamientos o perseguir a lo que ejercen el derecho al disenso, así como la presión ejercida sobre los medios de comunicación para alinearse ideológicamente con el poder político de turno. Asimismo, propugnamos el más amplio acceso a la información sobre los actos de interés público.

La democracia como principio ético, político y social Entendemos la democracia como un principio ético y político, es decir, como un conjunto de fines y valores del comportamiento social, y no como una ideología o un medio para imponer los intereses de las mayorías sobre las minorías. Los fines de la democracia son: la eliminación del tutelaje de unos miembros de la sociedad sobre otros, y por tanto la autonomía de los ciudadanos; la convivencia pacífica y la tolerancia con los diferentes, que resulta de un orden social de consenso, el cual


permite evitar a los malos gobernantes por medio de la alternancia en el poder; la cooperación entre todos los miembros de la sociedad, que así pueden realizarse como hombres y mujeres libres, eliminando los abusos de los más fuertes. La democracia no sólo es voto, participación y gobierno de las mayorías, sino una concepción integral de la sociedad como un orden institucional que establece reglas que pueden ser valoradas por todos, y que al mismo tiempo deben ser cumplidas por todos, comenzando por los gobernantes. Por lo tanto, no presupone que alguna parte de la sociedad posea una “verdad” más certera o de mayor calidad que le garantice el control de la toma de decisiones públicas. Concebimos la democracia como la suma del Estado social y democrático de derecho y los derechos humanos. Los derechos humanos son el límite inviolable de las innovaciones sociales y los cambios políticos. En la política democrática sólo es admisible aquello que no los transgrede. El Frente Amplio busca la democratización del poder político en todos los ámbitos de la gestión pública. Esto lo lleva a rechazar la monopolización de la política por uno o varios partidos, o por organizaciones de la sociedad civil, como las corporaciones y los grupos de interés. El monopolio político le quita a la democracia su capacidad de evitar o reemplazar rápidamente a los malos gobernantes y a las malas decisiones, ya que suprime la competencia entre alternativas y no permite la crítica. Tarde o temprano la represión conduce a que la discrepancia política se exprese de forma violenta, es decir, fuera de las instituciones. La democratización del poder político implica la democratización interna de todos sus actores (los partidos, los movimientos sociales, las instituciones). La democratización permite superar el caudillismo, que desde siempre ha impedido que el país desarrolle instituciones eficaces, permanentes y populares.

Estado social y democrático de derecho Luchamos por el Estado social y democrático de derecho, es decir, por el sometimiento del Estado a la ley. Para ello se necesita la independencia de poderes, de modo que unos poderes controlen a los otros; un sistema judicial confiable, con jueces competentes y probos sometidos a un proceso de selección por méritos que los mantenga alejados de los intereses partidarios y corporativos; un ordenamiento jurídico válido para todos, que reconozca la pluralidad jurídica cuando ésta es compatible con los derechos humanos. Hay Estado social y democrático de derecho cuando el sistema político-electoral asegura la alternancia en el poder, reglas electorales justas y equilibrio de las oportunidades (electorales, publicitarias, de acceso a la información estatal) de los distintos actores políticos. El Estado de derecho asegura la transparencia efectiva de los actos públicos, el derecho irrestricto a la recolección de información y a la libre expresión, y la obligación de los servidores públicos de rendir cuentas ante instancias formalmente establecidas. Concebimos el Estado como un poder comprometido con el bienestar colectivo y no sólo como un garante del orden. El Estado debe asegurar el respeto de los derechos civiles y políticos, pero también darle base material y legitimidad al ejercicio de estos derechos, lo que sólo se puede lograr redistribuyendo la riqueza, disminuyendo las inequidades y mejorando las oportunidades socioeconómicas de los habitantes por medio de instituciones sólidas, previsibles y transparentes.

La República democrática y el Estado plurinacional Reconocemos al Estado plurinacional como una conquista histórica que simboliza la inclusión social y señala un horizonte de igualdad política del conjunto de las comunidades que conforman la sociedad boliviana, aunque nos oponemos a su diseño constitucional y su utilización como señuelo de un proyecto de poder basado en la cooptación estatal de los pueblos indígenas y de las organizaciones sociales, por considerarlo contrario a la democracia y al Estado de derecho.

El Estado plurinacional no puede ni debe ser contrario al ideal de la República democrática, concebida como la superación histórica del despotismo, la instauración del gobierno de las leyes y la participación activa de la ciudadanía. La República se fundamenta en la igualdad de todos los ciudadanos frente a la ley, a diferencia de otros regímenes que postulan derechos jerarquizados en función de orígenes étnicos, regionales, de clase o corporativos, como ocurre en el diseño del Estado plurinacional impuesto por el MAS. La igualdad republicana es impensable sin el sometimiento de todos los ciudadanos a una legislación común. El pluralismo jurídico y los distintos regímenes de usos y costumbres no pueden colocarse por encima de los principios de legalidad y equidad. El principio de legalidad se asienta en el carácter universal e impersonal de la ley, su conocimiento público y el hecho de poder ser modificada sólo por otra ley aprobada por los representantes del pueblo elegidos democráticamente. Asimismo, es inherente a la República democrática la separación e independencia de los poderes públicos; la elección democrática de los representantes; el ejercicio pleno de la ciudadanía; la publicidad y transparencia de los actos de gobierno; la periodicidad de los cargos públicos y la idoneidad como condición de acceso a los mismos. La República moderna es un régimen constitucional basado en un pacto social democrático. La abolición de la República propiciada por el MAS lleva aparejada la supresión del Estado de derecho y la anteposición de los intereses particulares al bien común. Como síntesis entre ambos programas sociales y estatales –el del Estado plurinacional y el de la República democrática– hacemos nuestra la consigna katarista de la unidad en la diversidad. Así, mientras la República pone énfasis en aquello que nos une –lo común, lo que es del dominio de la res-pública–, el Estado plurinacional destaca la diversidad cultural que caracteriza a la sociedad boliviana. Al asumir el horizonte programático de la igualdad política y de la diversidad, denunciamos la reproducción de diversas formas de colonialismo interno incluyendo la que ejercen los pueblos indígenas mayoritarios sobre los pueblos minoritarios; condenamos la división de las organizaciones indígenas promovida por el gobierno del MAS, la cooptación clientelar de los sindicatos y el cuoteo prebendal de la administración pública entre las corporaciones sindicales o cooperativas que respaldan al gobierno.

Interculturalidad La construcción de una ciudadanía que fortalezca efectivamente la institucionalidad de una democracia centrada en el reconocimiento de, y el respeto a, los derechos humanos individuales y colectivos fundamentales implica también una práctica de la interculturalidad más justa y tolerante debido al carácter dominantemente asimétrico, intolerante, injusto y desigual de las relaciones entre las culturas de raíces europeas, las culturas mestizas y las culturas indígenas que se fueron estableciendo en lo que hoy es Bolivia a partir de la Colonia, primero, y el devenir de la República, luego. Corregir las asimetrías de esas relaciones interculturales hasta ahora prevalecientes entre criollos, mestizos e indígenas implica el despliegue de una práctica de interculturalidad democrática y emancipadora fundada en el reconocimiento más pleno de la igualdad entre todos los hombres y mujeres y entre las distintas comunidades. A todas estas dimensiones de la interculturalidad debemos añadir el creciente intercambio con las corrientes de las culturas mundiales, promovido por el uso de las tecnologías de comunicación e información y de medios de difusión transnacionales. Bolivia requiere participar en ese intercambio no sólo como receptor, sino como difusor de su rica diversidad cultural, superando el repliegue a lo local inducido por una globalización poco democrática, unidireccional y folclorizante de las culturas nativas.


El pacto social, fiscal y territorial Fieles a los ideales democráticos y republicanos, los integrantes del Frente Amplio reivindicamos la necesidad de edificar el orden social y político sobre pactos libremente convenidos por la ciudadanía y sus representantes legítimos en torno a reglas de convivencia social, la conformación de los poderes públicos, la administración del bien común, la generación y distribución de la riqueza y la organización territorial. Ningún “sujeto histórico” puede estar investido mesiánicamente de la misión de imponer a los demás sus propios intereses o visiones. El Frente Amplio apunta a la construcción de un pacto social que supere la confrontación de la comunidad nacional en clases, etnias o regiones. Propugnamos la autonomía de las organizaciones sociales como fundamento del relacionamiento democrático de la sociedad con el Estado. El nuevo pacto social debe basarse en la diversidad y el intercambio cultural, el empoderamiento simbólico, político y económico de los pueblos indígenas y el respeto de sus tradiciones políticas y orga-

nizativas, en la medida en que no estén reñidas con los derechos humanos y la democracia. Asimismo, propugnamos una redistribución de la representación política para que exprese no sólo la diversidad social y de género, sino el equilibrio de los factores de menor población o menor grado de desarrollo de las distintas unidades políticoadministrativas, y dentro de ellas, del peso demográfico de la población rural y urbana. El pacto social debe superar las desigualdades que pesan sobre las mujeres y las minorías sexuales, para garantizar una sociedad en la que la igualdad de los ciudadanos y las ciudadanas pase del postulado a la práctica. El Frente Amplio proclama la necesidad de un pacto territorial y fiscal que redistribuya las responsabilidades y los recursos del país entre los departamentos, las regiones y los municipios, de manera efectivamente descentralizada y, al mismo tiempo, equitativa. La nueva organización territorial debe ser un genuino instrumento de la ciudadanía para resolver democrática y directamente sus problemas. Nos proponemos impulsar las autonomías departamentales, municipales e indígenas, otorgándoles las competencias que les fueron cercenadas.


El Frente Amplio es la expresión de la voluntad de concertación de diversas agrupaciones ciudadanas, grupos de reflexión y acción, partidos políticos y personas que, recogiendo la demanda de unidad de la sociedad boliviana, decidimos construir una asociación de largo aliento que ofrezca a la ciudadanía democrática un espacio para la deliberación, la participación y la representación política. El Frente Amplio no es, en principio, un partido político o una alianza electoral, sino que se concibe y organiza como una “institución para la democracia”, en el doble sentido de su conformación y funcionamiento interno, y de su objetivo programático fundamental: la democratización de la sociedad y del Estado para garantizar la vigencia efectiva del conjunto de los derechos humanos, particularmente de los derechos de las personas y colectividades más vulnerables que han sido y siguen siendo desconocidos por las instituciones del Estado.


Visión y principios del Frente Amplio