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Guía Violencia de género


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Diseño: e.com, Ediciones y Comunicación S.L. Imprime: Gráficas Vallobín. Depósito legal: AS-00395/2011.

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Índice

Historia

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Definición de violencia de género

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L.O. 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género

pág. 12

Tipos de violencia de género

pág. 28

Aprende a descrubrir si eres una mujer víctima de violencia de género

pág. 29

Como mujer debes saber

pág. 31


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Historia La lucha contra la violencia de género debemos enmarcarla en el largo y doloroso proceso por la Igualdad y la emancipación de la mujer. Debemos remitirnos a los orígenes del Feminismo Histórico, que abarca un periodo comprendido entre 1789 y 1870. En las sociedades europeas del Antiguo Régimen la desigualdad jurídica de los miembros de la sociedad era la norma. Los nobles y los clérigos gozaban de unos privilegios de los que la inmensa mayoría de la población estaba totalmente excluida. A ello se añadía la inexistencia de derechos políticos fundamentales como el voto y la ausencia total de libertad de expresión, de reunión o de religión. En este contexto histórico las mujeres estaban completamente subordinadas legalmente al esposo o al padre. Con la Revolución Francesa de 1789 y el resto de revoluciones liberales se persiguió la igualdad jurídica y libertades y derechos políticos de las que volvieron a quedar excluidas las mujeres. A partir de ese momento, tanto en Europa Occidental y Norteamérica nació un movimiento, el feminismo, que luchó por la liberación de la mujer y su igualdad frente a los hombres. Mary Wollstonecraft inicia en su obra, Vindicación de los Derechos de la Mujer la larga tradición del feminismo anglosajón en la sociedad occidental. Para ella la clave para superar la subordinación femenina era el acceso a la educación. En Estados Unidos la amplia participación femenina en movimientos humanitarios para la abolición de la esclavitud generó una conciencia de lucha entre las mujeres que se convirtieron en el núcleo impulsor del primer feminismo. La denominada Declaración de Seneca Falls, aprobada el 19 de julio de 1848 constituye un hito del feminismo norteamericano y es un ejemplo del camino recorrido por el feminismo desde entonces y que refleja lo que podríamos denominar una filosofía feminista de la historia, que denunciaba las vejaciones sufridas por las mujeres de forma continuada en el tiempo histórico. “La historia de la humanidad es la historia de las repetidas vejaciones y usurpaciones por parte del hombre con respecto a la mujer, y cuyo objetivo directo es el establecimiento de una tiranía absoluta sobre ella. Para demostrar esto, someteremos los hechos a un mundo confiado. El hombre nunca

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le ha permitido que ella disfrute del derecho inalienable del voto. La ha obligado a someterse a unas leyes en cuya elaboración no tiene voz. Le ha negado derechos que se conceden a los hombres más ignorantes e indignos, tanto indígenas como extranjeros. Habiéndola privado de este primer derecho de todo ciudadano, el del sufragio, dejándola así sin representación en las asambleas legislativas, la ha oprimido desde todos los ángulos. Si está casada la ha dejado civilmente muerta ante la ley. La ha despojado de todo derecho de propiedad, incluso sobre el jornal que ella misma gana. Moralmente la convertido en un ser irresponsable, ya que puede cometer toda clase de delitos con impunidad, con tal de que sean cometidos en presencia de su marido”.

Emilia Pardo Bazán

Declaración de Seneca Falls (1848) En España, caracterizada por una economía atrasada, con escaso desarrollo industrial y una fuerte ascendencia de la Iglesia Católica hizo que el feminismo tuviera una presencia mucho menor que en otros países de nuestro entorno durante todo el siglo XIX. Las dos grandes figuras destacadas del feminismo son la escritora gallega Emilia Pardo Bazán que denunció que los avances culturales y políticos logrados a lo largo del siglo XIX solo habían servido para incrementar las distancias entre sexos, sin promover la emancipación femenina. Y la penalista Concepción Arenal que defendía el papel de la mujer fuera del ámbito del matrimonio y la maternidad. El atraso del desarrollo español hizo que hasta principios del siglo XX no se pudiera hablar con propiedad de un movimiento feminista. A partir del último tercio del siglo XIX se produjeron unos enormes cambios políticos, económicos y sociales que provocaron una aceleración del movimiento feminista en los países más desarrollados. En Inglaterra, por ejemplo, a principios del siglo XX el 70,8% de las mujeres solteras, entre 20 y 45 años disponían de un trabajo remunerado, así como un aumento del número de mujeres solteras mayores de 45 años que empezaba a transformar la sociedad tradicional.

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En este ambiente y con el trasfondo de la Primera Guerra Mundial se desarrollo el movimiento sufragista en los países capitalistas más desarrollados, con una amplia clase media y una democracia consolidada. En los países católicos como España e Italia apenas se dio el movimiento sufragista y solo tras muchas luchas de las mujeres y muy tarde, como fue el caso de Italia que lograron el voto en 1945, o el caso de España que se obtuvo el voto femenino en 1931 con la República. A pesar que el feminismo en su filosofía era claramente interclasista, en los inicios del movimiento obrero no logró calar con amplitud. Hemos de destacar ampliamente la figura de Flora Tristán (1803-1844) como la gran pionera del feminismo socialista. “A vosotros, obreros que sois las víctimas de la desigualdad de hecho y de la injusticia, a vosotros os toca establecer al fin sobre la tierra el reino de la justicia y la igualdad absoluta entre la mujer y el hombre. Dad un gran ejemplo al mundo… y mientras reclamáis la justicia para vosotros, demostrad que sois justos, equitativos; proclamad, vosotros, los hombres fuertes, los hombres de brazos desnudos, que reconocéis a la mujer como a vuestra igual, y que, a este título, le reconocéis un derecho igual a los beneficios de la unión universal de los obreros y obreras”. Flora Tristán (1843) Pero será August Bebel, dirigente socialista alemán, el ser el primer teórico marxista que escribió sobre el tema en su libro La mujer y el socialismo. “La mujer de la nueva sociedad será plenamente independiente en lo social y lo económico, no estará sometida lo más mínimo a ninguna dominación ni explotación, se enfrentará al hombre como persona libre, igual y dueña de su destino”. August Bebel (1879) Y destacar por último a Clara Zetkin (1857-1933), figura destacada de la socialdemocracia alemana y creadora del Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, como la gran impulsora del feminismo en la Segunda Internacional.

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Clara Campoamor

En nuestro país, pese al retraso del movimiento feminista español, muchas mujeres emprendieron la lucha por la igualdad de hombres y mujeres. Mujeres como Dolors Monserdá (1845-1919), Teresa Claramunt (1862-1931), obrera textil y militante anarquista, María de Echarri (1878-1955), concejal del Ayuntamiento de Madrid e Inspectora de Trabajo del Instituto de Reformas Sociales. Siendo a partir de los años 20 cuando el feminismo español empezó a luchar por reivindicaciones políticas. En 1918 con la fundación de la Asociación Nacional de Mujeres Españolas entre las que podemos destacar a Clara Campoamor o a Victoria Kent, se plantearon de forma decidida la demanda del sufragio femenino. Clara Campoamor tuvo un papel fundamental en la defensa del sufragio femenino y en la defensa de una Constitución basada en la igualdad y en la eliminación de cualquier discriminación de sexo. La Constitución Republicana legisló todo lo relacionado con la familia desde una perspectiva de libertad e igualdad, estableciendo la ley del divorcio en 1932. La República había comenzado a igualar a España con el resto de países de nuestro entorno europeo en lo referente a la igualdad de hombres y mujeres cuando la guerra civil y la dictadura de Franco devolvieron a la sociedad española a una época de oscuridad, profundamente tradicional y reaccionaria. Hubo que esperar hasta la Constitución Española actual para poder desarrollar, no sin dificultad la igualdad de hombres y mujeres.

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Defifin nición de violencia de género En la declaración de las ONU sobre eliminación de la violencia de género contra las mujeres aprobada el 20 de diciembre de 1993 por la Asamblea General, ya se hablaba de “violencia de género” o “violencia contra las mujeres”, definiéndose como “todo acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado sufrimiento físico, sexual o psicológico para la mujer, así como las amenazas de tales actos, la coacción o la privación arbitraria de la libertad, tanto si se produce en la vida pública como en la vida privada”. En 1995 en la IV Conferencia Mundial de la Organización de las Naciones Unidas se extendió una definición técnica del síndrome de la mujer maltratada considerando como tal las agresiones sufridas por la mujer como consecuencia de los condicionantes socioculturales que actúan sobre el género masculino y femenino, situándola en una posición de subordinación al hombre y manifestadas en los tres ámbitos básicos de relación de la persona: maltrato en el seno de las relaciones de pareja, agresión sexual en la vida social y acoso en el medio laboral. Y en nuestra Constitución en su artículo 15 se establece el derecho de todos a la vida y a la integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes.

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Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género Esta Ley contempla y garantiza a las mujeres que son o han sido víctimas de violencia de género, una serie de derechos con los que se persigue que las mismas puedan poner fin a la relación de violencia y reanudar una vida normal. En la exposición de motivos de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género se aporta una definición sobre la violencia de género: “La violencia de género no es un problema que afecte al ámbito privado. Al contrario, se manifiesta como el símbolo más brutal de la desigualdad existente en nuestra sociedad. Se trata de una violencia que se dirige sobre las mujeres por el hecho mismo de serlo, por ser consideradas, por sus agresores, carentes de los derechos mínimos de libertad, respeto y capacidad de decisión”.

LA CARACTERÍSTICA DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO ES QUE SE EJERCE SOBRE LAS MUJERES POR EL MERO HECHO DE SERLO, INDEPENDIENTEMENTE DEL NIVEL SOCIAL, ECONÓMICO O EDUCATIVO.

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En el Título Preliminar de La ley de Protección Integral contra la Violencia de Género se delimitan los objetivos de la Ley sus principios rectores. Artículo 1. Objeto de la Ley. 1. La presente Ley tiene por objeto actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. 2. Por esta Ley se establecen medidas de protección integral cuya finalidad es prevenir, sancionar y erradicar esta violencia y prestar asistencia a sus víctimas. 3. La violencia de género a que se refiere la presente Ley comprende todo acto de violencia física y psicológica, incluidas las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. Artículo 2. Principios rectores. A través de esta Ley se articula un conjunto integral de medidas encaminadas a alcanzar los siguientes fines: a. Fortalecer las medidas de sensibilización ciudadana de prevención, dotando a los poderes públicos de instrumentos eficaces en el ámbito educativo, servicios sociales, sanitario, publicitario y mediático. b. Consagrar derechos de las mujeres víctimas de violencia de género, exigibles ante las Administraciones Públicas, y así asegurar un acceso rápido, transparente y eficaz a los servicios establecidos al efecto. c. Reforzar hasta la consecución de los mínimos exigidos por los objetivos de la ley los servicios sociales de información, de atención, de emergencia, de apoyo y de recuperación integral, así como establecer un sistema para la más eficaz coordinación de los servicios ya existentes a nivel municipal y autonómico. d. Garantizar derechos en el ámbito laboral y funcionarial que concilien los requerimientos de la relación laboral y de empleo público con las circunstancias de aquellas trabajadoras o funcionarias que sufran violencia de género. e. Garantizar derechos económicos para las mujeres víctimas de violencia de género, con el fin de facilitar su integración social.

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f. Establecer un sistema integral de tutela institucional en el que la Administración General del Estado, a través de la Delegación Especial del Gobierno contra la Violencia sobre la Mujer, en colaboración con el Observatorio Estatal de la Violencia sobre la Mujer, impulse la creación de políticas públicas dirigidas a ofrecer tutela a las víctimas de la violencia contemplada en la presente Ley. g. Fortalecer el marco penal y procesal vigente para asegurar una protección integral, desde las instancias jurisdiccionales, a las víctimas de violencia de género. h. Coordinar los recursos e instrumentos de todo tipo de los distintos poderes públicos para asegurar la prevención de los hechos de violencia de género y, en su caso, la sanción adecuada a los culpables de los mismos. i. Promover la colaboración y participación de las entidades, asociaciones y organizaciones que desde la sociedad civil actúan contra la violencia de género. j. Fomentar la especialización de los colectivos profesionales que intervienen en el proceso de información, atención y protección a las víctimas. k. Garantizar el principio de transversalidad de las medidas, de manera que en su aplicación se tengan en cuenta las necesidades y demandas específicas de todas las mujeres víctimas de violencia de género.

VIOLENCIA DE GÉNERO ES TODO ACTO DE VIOLENCIA FÍSICA Y PSICOLÓGICA, INCLUIDAS LAS AGRESIONES A LA LIBERTAD SEXUAL, LAS AMENAZAS, LAS COACCIONES O LA PRIVACIÓN ARBITRARIA DE LIBERTAD.

La ley de Protección Integral también establece medidas de sensibilización y prevención de la violencia de género mediante la creación de un plan Nacional de Sensibilización y Prevención y determina que los poderes públicos, en el marco de sus competencias, impulsarán campañas de información y sensibilización específicas con el fin de prevenir la violencia de género, garantizando siempre el acceso a las mismas de las personas con discapacidad. El sistema educativo español incluirá entre sus fines la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y de la igualdad entre hombres y mujeres, así como en el ejercicio de la tolerancia y de la libertad dentro de los principios democráticos de convivencia.

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Las diferentes Administraciones deberán prever la escolarización inmediata de los hijos que se vean afectados por un cambio de residencia derivada de actos de violencia de género. Al objeto de garantizar la efectiva igualdad entre hombres y mujeres, las Administraciones educativas velarán para que en todos los materiales educativos se eliminen los estereotipos sexistas o discriminatorios y para que fomenten el igual valor de hombres y mujeres. En cuanto al tratamiento de la mujer en los medios de comunicación, el Ente público al que corresponda velar para que los medios audiovisuales cumplan sus obligaciones adoptará las medidas que procedan para asegurar un tratamiento de la mujer conforme con los principios y valores constitucionales, sin perjuicio de las posibles actuaciones por parte de otras entidades. En este sentido, los medios de comunicación fomentarán la protección y salvaguarda de la igualdad entre hombre y mujer, evitando toda discriminación entre ellos. Dentro de los esfuerzos por prevenir la violencia de género, las Administraciones sanitarias, promoverán e impulsarán actuaciones de los profesionales sanitarios para la detección precoz de la violencia de género y propondrán las medidas que estimen necesarias a fin de optimizar la contribución del sector sanitario en la lucha contra este tipo de violencia.

Los derechos de la mujer víctima de violencia de género La garantía de los derechos de los derechos reconocidos en la ley es universal, es decir, todas las mujeres víctimas de violencia de género, con independencia de su origen, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social, tienen garantizados los derechos reconocidos en esta Ley. Estos derechos se encuentran agrupados en cuatro apartados.

DERECHO A LA INFORMACIÓN, A LA ASISTENCIA SOCIAL INTEGRAL Y A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.

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A) Derecho a la información, a la asistencia social integral y a la asistencia jurídica gratuita. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a recibir plena información y asesoramiento adecuado a su situación personal, a través de los servicios, organismos u oficinas que puedan disponer las Administraciones Públicas. Dicha información comprenderá las medidas contempladas en esta Ley relativas a su protección y seguridad, y los derechos y ayudas previstos en la misma, así como la referente al lugar de prestación de los servicios de atención, emergencia, apoyo y recuperación integral. Se garantizará, a través de los medios necesarios, que las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género tengan acceso integral a la información sobre sus derechos y sobre los recursos existentes. Esta información deberá ofrecerse en formato accesible y comprensible a las personas con discapacidad, tales como lengua de signos u otras modalidades u opciones de comunicación, incluidos los sistemas alternativos y aumentativos. Asimismo, se articularán los medios necesarios para que las mujeres víctimas de violencia de género que por sus circunstancias personales y sociales puedan tener una mayor dificultad para el acceso integral a la información, tengan garantizado el ejercicio efectivo de este derecho. Las mujeres víctimas de violencia de género tienen derecho a servicios sociales de atención, de emergencia, de apoyo y acogida y de recuperación integral. La organización de estos servicios por parte de las Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, responderá a los principios de atención permanente, actuación urgente, especialización de prestaciones y multidisciplinariedad profesional. Esta atención multidisciplinar constará de: a. Información a las víctimas. b. Atención psicológica. c. Apoyo social. d. Seguimiento de las reclamaciones de los derechos de la mujer. e. Apoyo educativo a la unidad familiar.

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f. Formación preventiva en los valores de igualdad dirigida a su desarrollo personal y a la adquisición de habilidades en la resolución no violenta de conflictos. g. Apoyo a la formación e inserción laboral. Estos servicios actuarán coordinadamente y en colaboración con los Cuerpos de Seguridad, los Jueces de Violencia sobre la Mujer, los servicios sanitarios y las instituciones encargadas de prestar asistencia jurídica a las víctimas, del ámbito geográfico correspondiente. Estos servicios podrán solicitar al Juez las medidas urgentes que consideren necesarias. También tendrán derecho a la asistencia social integral a través de estos servicios sociales los menores que se encuentren bajo la patria potestad o guarda y custodia de la persona agredida. A estos efectos, los servicios sociales deberán contar con personal específicamente formado para atender a los menores, con el fin de prevenir y evitar de forma eficaz las situaciones que puedan comportar daños psíquicos y físicos a los menores que viven en entornos familiares donde existe violencia de género.

La asistencia jurídica Las mujeres víctimas de violencia de género que acrediten insuficiencia de recursos para litigar, en los términos establecidos en la Ley 1/1996, de 10 enero, de Asistencia Jurídica Gratuita, tienen derecho a la defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en todos los procesos y procedimientos administrativos que tengan causa directa o indirecta en la violencia padecida. En estos supuestos una misma dirección letrada asumirá la defensa de la víctima. Este derecho asistirá también a los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima. En todo caso, se garantizará la defensa jurídica, gratuita y especializada de forma inmediata a todas las víctimas de violencia de género que lo soliciten, sin perjuicio de que si no se les reconoce con posterioridad el derecho a la asistencia jurídica gratuita, éstas deberán abonar al abogado los honorarios devengados por su intervención. En todo caso, cuando se trate de garantizar la defensa y asistencia jurídica a las víctimas de violencia de género, se procederá de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1/1996, de 10 enero, de Asistencia Jurídica Gratuita. Los Colegios de Abogados, cuando exijan para el ejercicio del turno de oficio cursos de especialización, asegurarán una formación específica que coadyuve al ejercicio profesional de una defensa eficaz en materia de violencia de género.

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Igualmente, los Colegios de Abogados adoptarán las medidas necesarias para la designación urgente de letrado de oficio en los procedimientos que se sigan por violencia de género. DERECHOS LABORALES Y PRESTACIONES DE LA SEGURIDAD SOCIAL

B) Derechos laborales y prestaciones de la Seguridad Social. La ley de Protección Integral establece que la trabajadora víctima de violencia de género tendrá derecho, en los términos previstos en el Estatuto de los Trabajadores, a la reducción o a la reordenación de su tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica, al cambio de centro de trabajo, a la suspensión de la relación laboral con reserva de puesto de trabajo y a la extinción del contrato de trabajo. La suspensión y la extinción del contrato de trabajo previstas en el apartado anterior darán lugar a situación legal de desempleo. Igualmente, el tiempo de suspensión se considerará como período de cotización efectiva a efectos de las prestaciones de Seguridad Social y de desempleo. Se dan facilidades a las empresas para sustituir con contratos de interinidad a las trabajadoras de violencia de género que hayan suspendido su contrato de trabajo o ejercitado su derecho a la movilidad geográfica o al cambio de centro de trabajo, mediante una bonificación del 100 % de las cuotas empresariales a la Seguridad Social por contingencias comunes, durante todo el período de suspensión de la trabajadora sustituida o durante seis meses en los supuestos de movilidad geográfica o cambio de centro de trabajo. Cuando se produzca la reincorporación, ésta se realizará en las mismas condiciones existentes en el momento de la suspensión del contrato de trabajo. Las ausencias o faltas de puntualidad al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género se considerarán justificadas, cuando así lo determinen los servicios sociales de atención o servicios de salud, según proceda, sin perjuicio de que dichas ausencias sean comunicadas por la trabajadora a la empresa a la mayor brevedad. Y si eres trabajadora por cuenta propia víctima de violencia de género y tienes que cesar en tu actividad se suspende la obligación de cotización durante un periodo de seis meses que será considerado como cotización efectiva. Igualmente esta situación estará considerada como asimilada al alta.

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La ley también prevé programas específicos de empleo que desarrollarán planes especiales de actuación para las mujeres víctimas de violencia de género, y facilitarán el comienzo de una nueva actividad por cuenta propia. Acreditación de los derechos. Las situaciones de violencia de género que dan lugar al reconocimiento de los derechos reconocidos en la ley, se acreditarán con la orden de protección a favor de la víctima. Excepcionalmente, será título de acreditación de esta situación, el informe del Ministerio Fiscal que indique la existencia de indicios de que la demandante es víctima de violencia de género hasta tanto se dicte la orden de protección.

DERECHOS DE LAS FUNCIONARIAS PÚBLICAS

C) Derechos de las funcionarias públicas. Si eres funcionaria de cualquiera de las administraciones públicas tendrás derecho a la reducción o a la reordenación de tu tiempo de trabajo, a la movilidad geográfica de centro de trabajo y a la excedencia en los términos que se determinen en la legislación aplicable. Las ausencias totales o parciales al trabajo motivadas por la situación física o psicológica derivada de la violencia de género sufrida por una mujer funcionaria se considerarán justificadas en los términos que se determine en su legislación específica.

DERECHOS ECONÓMICOS

D) Derechos económicos. En la redacción de la ley se vio la necesidad de establecer medidas que permitan paliar las situaciones económicas difíciles para la mujer víctima de violencia de género. Así, la ley determina que, cuando las víctimas de violencia de género careciesen de rentas superiores, en cómputo mensual, al 75 % del salario mínimo interprofesional, excluida la parte proporcional de dos pagas extraordinarias, recibirán una ayuda de pago único, siempre que se presuma que debido a su edad, falta de preparación general o especializada y circunstan-

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cias sociales, la víctima tendrá especiales dificultades para obtener un empleo y por dicha circunstancia no participará en los programas de empleo establecidos para su inserción profesional. La cuantía de la ayuda será equivalente a la de seis meses de subsidio por desempleo. Si la víctima de la violencia ejercida contra la mujer tuviera reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33 %, el importe sería equivalente a 12 meses de subsidio por desempleo. Dichas ayudas, financiadas con cargo a los Presupuestos Generales del Estado, serán concedidas por las Administraciones competentes en materia de servicios sociales. En la tramitación del procedimiento de concesión, deberá incorporarse informe del Servicio Público de Empleo referido a la previsibilidad de que por las circunstancias a las que se refiere el apartado 1 de este artículo, la aplicación del programa de empleo no incida de forma sustancial en la mejora de la empleabilidad de la víctima. Y si la mujer víctima de violencia de género tiene responsabilidades familiares, su importe podrá alcanzar el de un período equivalente al de 18 meses de subsidio, o de 24 meses si la víctima o alguno de los familiares que conviven con ella tiene reconocida oficialmente una minusvalía en grado igual o superior al 33 %, en los términos que establezcan las disposiciones de desarrollo de la presente Ley. Por último, estas ayudas serán compatibles con cualquiera de las previstas en la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de Ayudas y Asistencia a las Víctimas de Delitos Violentos y contra la Libertad Sexual. Dentro de los derechos económicos de las víctimas de violencia de género, se regula también el acceso a la vivienda y a residencias públicas para mayores. En este sentido, las víctimas de violencia de género serán consideradas colectivos prioritarios en el acceso a viviendas protegidas y residencias públicas para mayores, en los términos que determine la legislación aplicable.

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Medidas penales y judiciales de protección a las víctimas TUTELA PENAL Y JUDICIAL

En su título IV, la Ley Orgánica de Protección Integral introdujo normas de carácter penal, dentro de los tipos de lesiones, uno específico que incrementa la sanción penal cuando la lesión se produzca contra quien sea o haya sido esposa del autor de las lesiones, o mujer que esté o haya estado ligada por similar relación afectiva, aunque no haya habido convivencia. Igualmente se castigan como delito las coacciones leves y amenazas de cualquier clase cometidas contra las mujeres. Igualmente introduce importantes modificaciones en el Código Penal con la pretensión de proteger a la mujer contra las lesiones, los malos tratos, las amenazas, las coacciones, el quebrantamiento de condena o las vejaciones leves. Las mujeres tienen derecho de denunciar las situaciones de violencia de género que han sufrido. La denuncia se puede presentar en cualquier Comisaría de Policía o Cuartel de la Guardia Civil, así como en el juzgado de instrucción o ante el ministerio fiscal. Dicha denuncia inicia un procedimiento judicial en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer competente. La Ley Orgánica de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género en su artículo 44 determina las competencias de los Juzgados sobre Violencia de la Mujer: “Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los siguientes supuestos: De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o incapaces que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho

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de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género. De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior. De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia. Del conocimiento y fallo de las faltas contenidas en los títulos I y II del libro III del Código Penal, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas anteriormente. 2. Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer podrán conocer en el orden civil, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de los siguientes asuntos: Los de filiación, maternidad y paternidad. Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio. Los que versen sobre relaciones paterno filiales. Los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar. Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores.

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Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción. Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores.”

EL JUZGADO DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER CONOCERÁ DE LA INSTRUCCIÓN Y, EN SU CASO, DEL FALLO DE LAS CAUSAS PENALES EN MATERIA DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER, Y DE AQUELLAS CAUSAS CIVILES RELACIONADAS.

Medidas judiciales de protección y de seguridad de las víctimas de violencia de género Las medidas de protección que se pueden acordar a favor de la mujer víctima de violencia de género pueden ser de carácter penal y civil.

LA ORDEN DE PROTECCIÓN RECONOCE UNA SITUACIÓN OBJETIVA DE RIESGO FÍSICO PARA LA MUJER VÍCTIMA Y ORDENA LA PROTECCIÓN DE LA MUJER DURANTE EL PROCESO PENAL.

Recibida la solicitud de adopción de una orden de protección (art. 62 Ley de Protección Integral), el Juez de Violencia sobre la Mujer y, en su caso, el Juez de Guardia, actuarán de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal y dictará orden de protección para las víctimas de violencia doméstica en los casos en que, existiendo indicios fundados de la comisión de un delito o falta contra la vida, la integridad física o moral, la libertad sexual, libertad o seguridad de la mujer, y en su caso de sus hijos e hijas. La orden de protección será acordada por el juez de oficio o a instancia de la víctima o persona que tenga con ella alguna de las relaciones indicadas en el apartado anterior, o del Ministerio Fiscal.

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LA ORDEN DE PROTECCIÓN PODRÁ SOLICITARSE DIRECTAMENTE ANTE LA AUTORIDAD JUDICIAL, EL MINISTERIO FISCAL, LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD, Y LAS OFICINAS DE ATENCIÓN A LA VÍCTIMA O LOS SERVICIOS SOCIALES.

Los servicios sociales facilitarán a las víctimas de la violencia doméstica a las que hubieran de prestar asistencia la solicitud de la orden de protección, la información necesaria, los formularios y, en su caso, canales de comunicación telemáticos con la Administración de Justicia y el Ministerio Fiscal. La orden de protección aúna los diferentes instrumentos de protección a la mujer víctima de violencia de género existentes.

LA ORDEN DE PROTECCIÓN PODRA HACERSE VALER ANTE CUALQUIER AUTORIDAD Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA.

¿Quién puede solicitar la Orden de Protección? - La víctima de actos de violencia física o psicológica por parte de quien sea o haya sido su cónyuge o de quien esté o haya estado ligado a ella por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia. - Los descendientes de la víctima, sus ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, los menores o incapaces que convivan con la víctima o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho. - El Ministerio Fiscal. - El órgano judicial puede acordarla de oficio. - Las entidades u organismos asistenciales, públicos o privados que tuviesen conocimiento de la existencia de alguno de los delitos o faltas de violencia de género, deberán ponerlos inmediatamente en conocimiento del Juez/a de Violencia sobre la Mujer o, en su caso, del Juez/a de Instrucción en funciones de guardia, o del Ministerio Fiscal con el fin de que el Juez/a pueda incoar o el Ministerio Fiscal pueda instar el procedimiento para la adopción de la orden de protección. Recibida la solicitud de protección, se enviará de forma inmediata al Juez/a de Violencia sobre la Mujer o, en su caso, al Juez/a de Guardia.

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La orden de protección implica la obligación de informar permanentemente a la víctima sobre la situación procesal del imputado así como sobre el alcance y vigencia de las medidas cautelares adoptadas. En particular, la víctima será informada en todo momento de la situación penitenciaria del presunto agresor. A estos efectos se dará cuenta de la orden de protección a la Administración penitenciaria. ¿Qué medidas se pueden adoptar en la Orden de Protección? Medidas penales • Desalojo del agresor del domicilio familiar. • Prohibición de aproximación del agresor a la víctima y/o sus familiares u otras personas a la distancia que el juez/a establezca. • Prohibición de residir en la misma población. • Prohibición de comunicación con la víctima, con sus familiares u otras personas por cualquier medio. • Prohibición al agresor de de acercarse a determinados lugares, como el centro de trabajo de la mujer o los centros escolares de los hijos. • Omisión de datos relativos al domicilio de la mujer. • Protección judicial de la mujer en las oficinas judiciales. • Retirada de armas u otros objetos peligrosos y prohibición de tenerlas.

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Medidas civiles • Atribución del uso y disfrute de la vivienda familiar, el mobiliario y el ajuar familiar. • Determinar el régimen de la guarda y custodia de sus hijos/as menores, así como las visitas, comunicación y estancia con ellos. • La suspensión de la patria potestad. • La suspensión del régimen de visitas del padre con los hijos/as, o determinar la forma en que pueda llevarlas a cabo. • La fijación de una prestación de alimentos. • Y cualquier medida de protección al menor para evitarle peligros o perjuicios. Las medidas de naturaleza civil deberán ser solicitadas por la víctima o su representante legal, o bien por el Ministerio Fiscal cuando existan hijos menores o incapaces. Las medidas de naturaleza civil tendrán una vigencia temporal de 30 días. Si dentro de este plazo fuese incoado a instancia de la víctima o de su representante legal un proceso de familia ante la jurisdicción civil las medidas adoptadas permanecerán en vigor durante los 30 días siguientes a la presentación de la demanda. En este término las medidas deberán ser ratificadas, modificadas o dejadas sin efecto por el/la Juez/a de Primera Instancia o el/la Juez/a de Violencia sobre la Mujer que resulte competente. Así mismo, la mujer víctima tiene derecho: • a ser parte en el procedimiento penal, • a recibir información sobre las actuaciones judiciales, • a la reparación del daño e indemnización del perjuicio sufrido, • a la dignidad e intimidad de la víctima en los procedimientos sobre violencia de género, • acceso a las ayudas económicas previstas, • a la escolarización inmediata de los hijos/as en el supuesto de cambio de residencia motivada por la violencia de género.

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Mujeres extranjeras Las mujeres extranjeras podrán solicitar “permiso de residencia independiente” si el que disponían era por reagrupación familiar vinculado al permiso de residencia del agresor. Si la mujer estuviera en situación irregular en España, puede solicitar una autorización de residencia temporal por razones humanitarias, quedando en suspenso el procedimiento sancionador contra la mujer que se hubiese iniciado por su estancia irregular en el país. Podrá obtener la condición de refugiada la mujer extranjera que huya de su país de origen a causa del temor a sufrir persecución por motivos de género. Y si la mujer extranjera víctima de violencia de género, encontrándose legalmente en España, no tuviera autorización de trabajo, será informada en la Oficina Pública de Empleo que correspondiente sobre sus derechos para inscribirse como demandante de empleo y el acceso a las acciones de formación, de intermediación laboral y a la Renta Activa de inserción.

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Tipos de violencia de género Debemos distinguir entre varias formas de violencia, no sólo física. Ya que si bien la violencia física es el referente en la violencia de género, existen diversas formas de agresión hacia la mujer que son menos visibles, pero que se suelen dar con mucha más frecuencia. Los diferentes tipos de violencia pueden ser entre otros: - Verbal: insultos, menosprecios, gritos, amenazas, comentarios humillantes, etc. - Psicológica: tratar a la mujer como una inútil, no dejarla trabajar, estudiar, ignorarla, hacerla de menos frente a terceras personas, etc. - Sexual: coaccionar a la mujer a mantener relaciones sexuales, o realizar prácticas sexuales humillantes. - Social: maltrato verbal delante de otras personas, controlar sus relaciones, sus amistades, menospreciar a los familiares - Espiritual: cuando se ridiculizan las creencias de la mujer, o se la intenta coaccionar para aceptar otro tipo de creencias religiosas o culturales. - Económica: cuando se quiere controlar el dinero de la mujer, incluso el que ella misma gana, o limitarle lo que puede o no comprar. - Física: que puede comenzar por empujones, dar bofetadas, sujetar con fuerza los brazos de la mujer, golpear, pinchar con objetos, escupir, quemar con cigarrillos, etc, hasta llegar al asesinato de la mujer.

LA VIOLENCIA PUEDE SER: VERBAL, PSICOLÓGICA, SEXUAL, SOCIAL, ESPIRITUAL, ECONÓMICA Y FÍSICA.

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Aprende a descubrir si eres una mujer víctima de violencia de género Si bien no existe un perfil concreto de mujer maltratada, porque el maltrato se realiza hacia la mujer simplemente por el hecho de serlo, es una lacra que puede ocurrir a cualquier mujer en cualquier momento. Es muy importante que las mujeres se den cuenta de que una situación de violencia de género prolongada en el tiempo supone para la mujer afectada una degradación o destrucción de su propia personalidad. La mujer maltratada puede pasar de un estado previo de shock ante la situación de violencia a otro de negación caracterizado por el intento de olvido de lo ocurrido y de no hablar de ello a otro de aceptación de la situación surgiendo un sentimiento de culpa por lo ocurrido y depresión. Esta situación, alargada en el tiempo acaba provocando lo que se denomina estado de indefensión aprendida postulada por el psicólogo Martin Seligman y es una condición psicológica en la que la persona aprende a creer que está indefenso y que no tienen ningún control sobre la situación en la que se encuentra y que cualquier cosa que haga va a ser inútil. Los síntomas del maltrato en la mujer víctima pueden ser: - Psicológicos, con destrucción de la autoestima de la mujer, perdida de dignidad, miedos, ansiedad, confusión, anorexia, insomnio, sentimientos de vergüenza y culpa, fuerte dependencia emocional del agresor, sumisión, depresión, intentos de suicidio… - Físicas, con dolores de cabeza, musculares, pérdida de peso, ahogos, palpitaciones, transtornos alimenticios, heridas, hematomas, fracturas… - Sexuales, con problemas ginecológicos, perdida de deseo sexual, embarazos no deseados, abortos… - Sociales y laborales, con problemas para establecer relaciones sociales, aislamiento personal, dificultades en el centro de trabajo, disminución del rendimiento laboral, bajas laborales, o incluso, posible pérdida del puesto de trabajo…

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El agresor El hombre violento - agresor- existe en cualquier clase social. Si bien no podemos generalizar sobre las características personales de los agresores, se encuentra contrastado en diversos estudios sobre violencia de género que sí existen ciertas características, vivencias y situaciones específicas comunes a la mayoría de estos hombres. Un gran porcentaje de maltratadores han sido víctimas o testigos de malos tratos, y han aprendido a adoptar de forma natural este tipo de comportamiento y relación. El hombre agresor, no deja de ser el resultado de un sistema social, económico, cultural y educativo en el que encontramos los ingredientes básicos para el desarrollo del maltrato de género. El agresor puede mantener un sistema de creencias basado en los mitos culturales acerca de de la inferioridad de la mujer. No suele expresar sus sentimientos, especialmente hacia su pareja, ya que lo considera un signo de debilidad. En este sentido, es una persona aislada emocionalmente que percibe que su poder personal se encuentra amenazado y que puede perder el control. Tiende a echar siempre la culpa a la mujer, a su pareja afectiva para explicar su comportamiento violento. Suele tener una doble imagen, una hacia el exterior como persona sociable y correcta y otra distinta en su vida privada en la que manifiesta su verdadero comportamiento. En muchas situaciones puede aparecer como un hombre respetable por su educación y su profesión, con lo que la mujer suele quedar como una exagerada o una histérica. Y en familias con hijos, puede intentar hacerse pasar ante ellos por ser la víctima de los caprichos de la mujer.

EL HOMBRE VIOLENTO EXISTE EN CUALQUIER CLASE SOCIAL

El agresor suele ser: • Celoso y posesivo. • Un gran manipulador. • Muy persuasivo.

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• Siempre busca el control sobre su pareja. • Muy correcto fuera de la relación de pareja. • Suele repetir las conductas violentas en futuras relaciones. El agresor suele intentar: • Aislar a la pareja lo más que pueda de su entorno social o familiar. • Intimidar a su pareja. • Acaparar completamente a la mujer con exigencias continuas. • Desviar el problema, no asumiendo ninguna responsabilidad. • Minimizar los hechos, no les da importancia. • Culpabilizar a su pareja de lo que ocurre. • Humillar a la mujer, tratando de desvalorizarla • Negar la conducta violenta, intentando que se olvide. • Pedir siempre una segunda oportunidad.

Como mujer debes saber • Que tú no eres la culpable de lo que ocurre, eres la víctima. • Que ningún motivo justifica la violencia ejercida sobre ti por tu pareja. • Que si alguien te quiere de verdad, nunca te maltratará, ni verbal, ni físicamente. • Que el maltratador no va a cambiar de actitud, cada vez se hará más violento. • Que puedes llevar una vida sin miedo y rehacer tu vida. Todos los hombres no son violentos. • Que los malos tratos que recibes son un delito, y que lo puedes denunciar. • Que existen medios para protegerte y para ayudarte a salir de esa situación de violencia. • Que puedes informarte en la Secretaría de Igualdad de UGT-Gijón.

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Violencia de género. Guía