Plaza pública, 15
“La actual organización de la industria farmacéutica y su búsqueda de beneficios eludiendo riesgos conduce a que apenas se investigue en las enfermedades ‘olvidadas’ y que la investigación se centre en las enfermedades crónicas de los países desarrollados”.
178 millones hasta 2012, fecha de caducidad de la patente. Merck y la Federación Internacional de la Industria del Medicamento han criticado la decisión de Lula, que consideran perniciosa para la investigación y favorable para los productores de genéricos. Los movimientos ciudadanos y diversas ONG médicas y farmacéuticas han aplaudido la decisión del Gobierno brasileño como una decisión histórica que marca el camino a seguir: por problemas de emergencia sanitaria un gobierno estaría en condiciones de revocar una autorización y de permitir la entrada en el país de genéricos de especialidades aún protegidas por la patente. En julio de 2007, el laboratorio indio Auribondo vendió a Brasil el primer lote de genéricos de Efavirenz: 3,3 millones de comprimidos para adultos y 108.000 para niños, en una operación coordinada por UNICEF. Con esta actuación, Brasil medicará a 75.000 pacientes, el 10% de los enfermos brasileños con sida. Los países que han suspendido “legalmente” patentes para así adquirir genéricos son Mozambique, Malasia, Indonesia, Tailandia y Brasil. La malaria, en el centro de la tensión La malaria es una enfermedad en la que se evidencian las tensiones entre los intereses de la industria y los derechos de los gobiernos a tomar medidas que hagan posible la accesibilidad a los medicamentos. En fecha reciente se han producido avances significativos gracias a la colaboración de ONG, laboratorios y fundaciones privadas. Uno de los frutos de esta colaboración ha sido la puesta en el mercado de Asaq, un antimalárico a base de artemisina y amodiaquina, eficaz y muy barato: todo el tratamiento cuesta entre cincuenta centavos y un dólar. Ha sido el resultado de la colaboración ente Sanofi Avensis, Profármacos Contra las Enfermedades Olvidadas y Médicos Sin Fronteras. Se fabrica en Marruecos y no puede ser patentado, por lo que pueden fabricarlo todos los laboratorios que cumplan los parámetros de calidad. No hay que olvidar que, a pesar de que la malaria mata a un millón de personas al año, sólo se le dedica el 0,3% del total de los recursos para investigación sanitaria. Para paliar esta situación, ejemplo de las disfunciones de la investigación realizada por las compañías farmacéuticas, la fundación Bill & Melinda Gates ha dedicado hasta la fecha 580 millones de euros a la lucha contra la malaria, que incluyen dos millones para la Fundació Clínic de la UB, que coordina dos proyectos internacionales. La actuación de algunos gobiernos en favor de los intereses de sus enfermos aunque se perjudique a las compañías farmacéuticas y la colaboración entre los laboratorios y las
fundaciones y ONG suponen un cambio de rumbo y la posibilidad de solucionar paulatinamente el conflicto existente entre el derecho a la salud y el derecho a la patente, que sólo puede resolverse mediante la aceptación de que la situación de emergencia sanitaria que padecen muchos países les faculta para tomar medidas que inevitablemente han de perjudicar los derechos de los propietarios de las patentes. La actuación de los gobiernos no basta y es imprescindible la colaboración de las compañías farmacéuticas. Si se resuelve un problema que durante años ha parecido no tener solución, será en buena parte gracias a la nueva mentalidad, propiciada por la bioética, que considera el derecho a la salud como un derecho humano irrenunciable y que, en consecuencia, exige que los enfermos reciban la medicación que precisan con independencia de sus recursos económicos. La OMS debería superar sus actuales limitaciones y asumir un papel de liderazgo internacional para promover programas de acceso a los medicamentos, al menos a los esenciales. La agenda de investigación debería modificarse en algunos aspectos. En la actualidad está condicionada exclusivamente por los intereses de las multinacionales. Es preciso un mayor protagonismo de los organismos públicos, de modo que los descubrimientos realizados con fondos públicos sean de acceso universal sin existencia de patentes. Otra posibilidad a explorar es que la utilidad sanitaria influya en la concesión de las patentes, de modo que puedan ser denegadas si no tienen interés para la salud pública. También es imprescindible una mayor independencia y transparencia de los ensayos clínicos, para evitar que sean promovidos y financiados exclusivamente por los laboratorios, que en consecuencia tienden a dar prioridad a que los nuevos medicamentos sean seguros para evitar reclamaciones y no aportan suficientes recursos a líneas de investigación prioritarias desde el punto de vista social y humanitario. La corrección, gracias a la difusión de los criterios bioéticos, de los abusos existentes en la comercialización de los medicamentos, es uno de los factores que más pueden contribuir en el futuro a evitar que el acceso a los medicamentos se enfoque como un asunto exclusivamente mercantil. Es urgente corregir los criterios basados únicamente en el rendimiento y la obtención de beneficios económicos, y dar la máxima importancia a los criterios bioéticos que consideran prioritarios los beneficios sociales como la salud y la cohesión social, aunque para ello deban disminuir los beneficios empresariales, sobre todo en los países en vías de desarrollo que viven una situación de permanente emergencia sanitaria. M