Tribuna Popular Nº 2.990

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TRABAJADORES

8 al 28 de FEBRERO de 2018

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Contraloría obrero-popular de la salud Caracas.- El primer sábado de cada mes, se realizan asambleas en las 593 Áreas de Salud Integral Comunitaria (ASIC), en los Centros de Diagnóstico Integral (CDI), convocadas a instancias del Ministerio de Salud, en las cuales participan las y los trabajadores, miembros de la Comisión Médica Cubana y representantes de organizaciones populares, para analizar la situación de la salud en el área geográfica del ASIC, elevando las propuestas al Min-Salud. Ángel Castillo, coordinador del Colectivo «2 de junio» de trabajadores de Barrio Adentro, informó que las asambleas del pasado 3 de febrero discutieron acerca del relanzamiento de los Comités de Salud a través de la propuesta de Resolución ministerial y del Manual de sus Normas y Procedimientos, así como la participación de éstos en «parto humanizado», el comportamiento del 0800SALUDYA y el Plan de la Patria. Castillo explicó que se está desarrollando un gran debate a nivel nacional, para impulsar las articulaciones de la contraloría obrero-popular, con un plan piloto en el ASIC de la parroquia El Valle, de Caracas, verificando cómo se llevan las gestiones en CDI, Salas de Rehabilitación Integral (SRI) y Clínicas Populares.

PEDRO EUSSE. Especial para TP Coordinador general de la Corriente Clasista de Trabajadores «Cruz Villegas» / FNLCT

No a la bonificación del salario

Ángel Castillo, coordinador del Colectivo «2 de junio»

El Colectivo «2 de junio», que forma parte del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT), ha planteado a direcciones del Min-Salud el reconocimiento de los Consejos Socialistas de Trabajadores, de los que se han creado más de cien a nivel nacional, en aplicación de la Ley Orgánica de Contraloría Social. «El objetivo es mejorar y sumar voluntades para que el pueblo reciba el nivel de salud al que tiene derecho», finalizó Castillo.

Denuncian trabajadores hospitalarios de Margarita

Desidia gerencial y graves problemas

Las y los trabajadores denunciaron en asambleas graves deficiencias en los hospitales

Porlamar.- En asambleas realizadas en el estado Nueva Esparta con trabajadores del Hospital de Juan Griego y del Hospital Central Dr. Luis Ortega, de Porlamar, el sindicato Sistrasalud y el Partido Comunista de Venezuela (PCV) concluyeron que la situación del mencionado sector es delicada. Ambas organizaciones, como parte del trabajo acordado en el Comité Promotor del Bloque Popular Revolucionario (BPR) en la entidad insular, han venido desarrollando trabajo conjunto para construir un sindicato con fortaleza clasista. El pasado 25 de enero en Juan Griego los trabajadores, además de rechazar el producto de la firma del contrato colectivo, denunciaron hechos irregulares en la reparación del quirófano en los primeros días de diciembre de 2017 durante la campaña electoral en el municipio Marcano, explicó Carol Rendón, presidenta del sindicato. «Ese quirófano no se reactivó porque el aire acondicionado nunca estuvo listo, además llevaron equipos de otros centros de salud, armaron un escenario e hicieron su show; el resultado es que engañaron a la gente y desmoralizaron a los trabajadores. Además, colocaron un manto asfáltico sobre otro dañado, a las semanas se estaba filtrando el agua de las lluvias y lo peor de todo es que los trabajadores advirtieron que eso sucedería y no los escucharon», dijo Rendón. CIERRE TÉCNICO Por su parte, Manuel Arias, militante del PCV y colaborador del sindicato, refirió que la asamblea del 1 de febre-

ro en el hospital central del estado es la mejor forma de medir el rechazo que hay contra la normativa laboral negociada entre el Gobierno y la ilegal federación, es además una respuesta contundente a la reciente visita del viceministro de Hospitales, Exavier Campos, en la que refirió que en el hospital no había cierre técnico, «cuando, desde hace cuatro semanas, para las personas que asisten a diario a ese centro de salud han resultado evidentes los horarios de contingencia y los problemas que hay de atención en emergencia, hospitalización y citas médicas». «Lo dicho por el viceministro es una burla a los trabajadores que no tienen ni cómo trasladarse a los puestos de trabajo. Nada más que por el tema del transporte ya existe cierre técnico en muchos lugares; luego, hay que sumar a eso el hecho de que la gente deja de ir al trabajo para buscar comida. También hay que sumar las renuncias en masa que se han dado en este hospital, donde por ejemplo hace dos semanas renunciaron seis residentes de traumatología», amplió Arias. El dirigente señaló que «el viceministro Campos fue muy mal informado o simplemente miente; ciertamente los factores políticos de la burguesía se sirven de esto, pero no se puede tapar el sol con un dedo. Por esta razón el sindicato siempre propone que los cargos de dirección y coordinación en los centros de salud deben ser postulados y removidos por los trabajadores en asamblea. El ministerio y el pueblo se ahorrarían muchos dolores de cabeza».

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n la edición anterior nos referimos a la necesidad de luchar contra la desalarización del ingreso o bonificación del salario, haciéndola parte de la lucha general de la clase trabajadora por su emancipación. Cierto que debemos oponernos con todas nuestras fuerzas a las pretensiones del imperialismo yanqui y sus aliados-súbditos de apoderarse de nuestro país, pero el reformismo pro-capitalista imperante en la dirección del Gobierno lleva al movimiento obrero revolucionario a librar luchas con independencia de clase, en alianza con el movimiento campesino, comunero y popular, para impedir que en medio de la crisis del capitalismo dependiente, los factores del capital impongan su esquema de flexibilización neoliberal, destruyendo el salario, facilitando el despido, quebrando y reprivatizando empresas nacionalizadas, criminalizando luchas obreras y populares, dándole amplias facilidades al capital extranjero para el éxito de sus inversiones, sacrificando la soberanía nacional y los derechos laborales y populares. Reiterando el llamado a dar la pelea por que el ingreso denominado «cestaticket de alimentación» sea reconocido como parte integral del salario, para incrementar la base de cálculo para todas las indemnizaciones derivadas de la relación laboral, instamos al Gobierno nacional a hacer más efectiva y coherente la lucha contra la injerencia imperialista respetando y fortaleciendo los derechos del pueblo trabajador, asumiendo medidas revolucionarias para enfrentar la crisis, entre otras: nacionalizar la banca y el comercio exterior, establecer control obrero y popular en los procesos de producción y comercialización, reenganchar a miles de despedidos ilegalmente, rectificar la tendencia a la bonificación del salario que ha llevado a que el salario mínimo sea tan solo el 31% y el bono de alimentación 69% del ingreso mínimo de las y los trabajadores. ARGUMENTOS JURÍDICOS Apoyándonos en un estudio realizado por el camarada Fernando Oliveros (coordinador del FNLCT-Yaracuy, integrante del Colectivo Clasista de Abogados Laboralistas «Pedro Ortega Díaz»), vemos que el bono de alimentación entra en la definición de salario contenida en el artículo 104 de la LOTTT, norma que colide con el 105 en su numeral 2. Aplicando la Constitución se resuelve la colisión de ambas normas. El artículo 89 de la Constitución desglosa normas principistas en materia laboral que resuelven la duda: «1. Ninguna ley podrá establecer disposiciones que alteren la intangibilidad y progresividad de los derechos y beneficios laborales. En las relaciones laborales prevalece la realidad sobre las formas o apariencias. 2. Los derechos laborales son irrenunciables. […]. 3. Cuando hubiere dudas acerca de la aplicación o concurrencia de varias normas, o en la interpretación de una determinada norma se aplicará la más favorable al trabajador o trabajadora. […]». El apego a tales principios normativos en materia laboral, lleva a corregir la irregularidad de la ley del cestaticket «socialista» de alimentación al declarar tal beneficio como de carácter no salarial, siendo incongruente con lo estipulado en el artículo 91 de la Constitución.


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