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Órgano del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela

Bs. 500 | Nº 2.987 | Año LXX | 23 de NOVIEMBRE al 13 de DICIEMBRE de 2017 ¡EL SOCIALISMO SIGUE SIENDO LA ESPERANZA DE LOS PUEBLOS!


2 TEMAS

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Otra modalidad de interferencia en América Latina

La política del «Buen Vecino»

ENRIQUE GARCÍA ROJAS. Especial para TP Profesor de Literatura

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as relaciones entre América Latina y Estados Unidos durante gran parte de los siglos XIX y XX se caracterizaron por las desmedidas ambiciones de EEUU en el continente. La potencia del norte se apropió de enormes territorios, se aprovechó de ventajas desleales en empresas agrícolas y mineras, se asoció con las oligarquías locales, y sembró sus bases militares. La conducta injerencista de EEUU encontró sustento en la «Doctrina Monroe», que en la práctica hacía de América Latina esfera exclusiva de influencia estadounidense, y daba pie para que Washington impulsara invasiones, intervenciones y golpes de Estado en nuestra región. Para ello sirvieron también el «Corolario Roosevelt», que legitimaba el intervencionismo «preventivo» o «civilizatorio» de EEUU en nuestros países, y la política del «Gran Garrote» que daba abiertamente licencia a la continuación de la diplomacia con la fuerza. En la década de 1930, una nueva política entró en juego, inspirada en la llama-

da doctrina del «Buen Vecino», anunciada por el presidente Franklin Delano Roosevelt durante el discurso inaugural de su primer mandato, el 4 de marzo de 1933. Se inició así un período libre de intervenciones directas de EEUU en nuestros países; este Roosevelt repudió las anteriores acciones militares de su país, ordenó el retiro de las tropas estadounidenses de Nicaragua y Haití, y negoció la anulación de la «Enmienda Platt» de la Constitución cubana. Este cambio ocurrió en medio de un nuevo clima político y social, tanto en el contexto internacional como en el interno de EEUU, dominado por el auge de la amenaza fascista, los efectos de la gran depresión económica iniciada en 1929, y el giro moderadamente progresista del propio gobierno de Roosevelt. No obstante, aunque esta política aparentemente abría un espacio de colaboración y renunciaba al uso del «Gran Garrote», en realidad creó un escenario propicio para la intensificación de la presencia económica privilegiada de las corporaciones estadounidenses en

Disney y Los tres caballeros, embajadores de la «amistad panamericana»

nuestros países. En cierto sentido, la política del «Buen Vecino» fue una nueva modalidad de la «Doctrina Monroe» adaptada a las circunstancias del momento, y procuraba fomentar las condiciones para el establecimiento de una zona de comercio continental, de la que las compañías estadounidenses se beneficiarían enormemente. Fue también en esta época que se comenzó a difundir el concepto del «panamericanismo», que ha servido como base para la masificación del imperialismo cultural estadounidense. El gobierno de

Roosevelt estimuló a las industrias culturales a colaborar con esta política, de lo que surgieron la figura de Carmen Miranda como imagen visible de Latinoamérica en Hollywood, y las películas de dibujos animados de Walt Disney basadas en las culturas de los países latinoamericanos, como Los tres caballeros y Saludos amigos. Así, bajo un disfraz benévolo, se perseguía una dominación pacífica pero no exenta de arrogancias, que pretendía convencer a todo el continente de los beneficios de la «amistad panamericana».

Educación y pensamiento crítico HENYS PEÑA. Especial para TP Profesor de la Uptamca

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l fenómeno político cuyo nombre final predominante está aún por decantarse, pero que ha dado a conocerse como «Revolución Bolivariana», ha implicado, entre otras muchas cosas, el uso de modo cada vez más común de términos antes circunscritos a sectores políticos o de la intelectualidad, como por ejemplo la crítica y autocrítica, o el pensamiento crítico, este último que incluso ha pasado a tener un premio para escritores en Venezuela. La constante asistencia a acalorados debates en los que se confunde en un mismo acto la crítica con la autocrítica –con vergonzosas frases como «tengo que hacerle una autocrítica camarada…»–, no debe llevarnos a dejar de buscar su correcta aplicación, además de sumar al arsenal de herramientas útiles al proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente el orientado a la liberación, el denominado pensamiento crítico.

Fundado el 17 de FEBRERO de 1948 Premio Nacional de Periodismo 2002

La aplicación de estos términos implica constancia en la rigurosidad y dominio consciente, efectividad en la comunicación y capacidades en la solución de problemas, bajo el signo del compromiso de superar el egocentrismo al que es proclive el ser humano, con acciones dirigidas a las correcciones y la disciplina colectivas.

No podemos detenernos largamente, pero merece atención el denominado sesgo cognitivo, prejuicio cognitivo o predisposición cognitiva, que conlleva importantes dificultades para ser superada porque induce a «una distorsión de la percepción, lo cual, concluye con un juicio impreciso o una interpretación ilógi-

ca» [Méndez, 2013]. Claro que también hay que reflexionar sobre la llamada crítica constructiva y su contrapartida, muletillas frecuentes de quienes logran la perfección en el «criticismo». En todo caso, el pensamiento crítico en el aula, en el Consejo Comunal o la asamblea del sindicato, podría permitirnos apoderarnos (quien prefiera use empoderarnos) del conjunto de secuencias que se desencadenan y son intrínsecas al acto de pensar y colocarlas al servicio de la liberación. Ante el temor de que esta idea pueda tender a robotizar el pensamiento y, aún peor, la acción, son de reivindicar las palabras de Eduardo Galeano (1940-2015) en su insistencia al hablar de un ser humano «sentipensante», es decir, capaz de «pensar sintiendo y sentir pensando», sentir auténtica e intensamente, pensar metódica y ordenadamente. Galeano perfecciona la idea, al sostener que es necesario «detener el actual obligado divorcio del alma del cuerpo y la razón del corazón».

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POLÍTICA

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Con firmeza y dignidad se vota en la tarjeta del Gallo Rojo

El PCV es la opción revolucionaria

Caracas.- Según el cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE) para la elección de alcaldes, la campaña electoral será del 23 de noviembre al 7 de diciembre, y los comicios en los que se escogerán las 335 Alcaldías del país y se repetirá la elección del gobernador del Zulia, serán el 10 de diciembre. El Partido Comunista de Venezuela (PCV) ratificó que su tarjeta se encuentra en todos los estados, con candidaturas propias o de otras fuerzas, como expresión de diversas modalidades de alianza, tanto con el Psuv, como con los demás partidos del Gran Polo Patriótico (GPP) o con organizaciones que integran el Frente Popular Antiimperialista y Antifascista (FPAA). Carlos Aquino, miembro del Buró Político del PCV, señaló que la tarjeta del Gallo Rojo tiene un significado particular para el pueblo, porque «es un voto consciente, revolucionario, patriota, crítico y propositivo; quien vota por el PCV sabe que lo hace por una organización consecuente, y sabe que ayuda a fortalecer el principal instrumento de lucha de la clase obrera y los trabajadores del campo y la ciudad, un partido que históricamente ha demostrado su lealtad inquebrantable al pueblo y a los intereses de la patria». En ese sentido, la consigna que levanta el PCV sintetiza su trayectoria y su compromiso de superar todas las adversidades para seguir cumpliendo su papel como organización de vanguardia: «¡Firmeza y dignidad revolucionaria! Por control popular y gestión participativa Vota Gallo Rojo». Esta campaña electoral es asumida por las y los comunistas como parte del proceso de acumulación de fuerzas, en el rumbo de lograr la unidad revolucionaria obrero-campesina y popular, articulando con los sectores antiimperia-

listas y antifascistas, para completar las tareas de la liberación nacional hacia el triunfo de una genuina revolución socialista. UN GALLO ROJO PARA CARACAS El Partido del Gallo Rojo, en esta lucha, enfrenta incluso el cerco mediático que burócratas y grupúsculos reformistas y clientelares intentan tenderle, «pensando equivocadamente que silenciarán los señalamientos y planteamientos que hace el PCV, siendo que son problemas concretos y cotidianos que vive la población. Pretenden coartarle al pueblo el derecho que tiene de que una organización consecuente le proponga soluciones en el marco de la defensa de las conquistas populares y la profundización revolucionaria del proceso bolivariano; frente a la desmoralización, la desmovilización y la abstención», enfatizó Aquino. Entre las candidaturas impulsadas por el PCV, el dirigente comunista resaltó la de Eduardo Samán para la Alcaldía del municipio Libertador, en Caracas, la cual debió haberse formalizado mediante un procedimiento administrativo que es muy expedito para algunos partidos, pero que en este caso se hizo engorroso porque, a pesar de haber hecho la sustitución en los tiempos establecidos, mediante una maquinación electrónica el CNE no la admitía y se requirieron movilizaciones, gestiones y presiones para que finalmente lo hiciera, aunque no se reflejará la sustitución en la pantalla de votación. «El pueblo de Caracas tiene que saber y tener claro que al votar en la tarjeta del Gallo Rojo lo está haciendo por Eduardo Samán, una candidatura que ha despertado gran interés y entusiasmo, porque es constructiva e inclusiva, que garantiza la continuidad y mejoría de las Misiones y los beneficios sociales, además de tra-

bajo mancomunado con el Gobierno nacional y las organizaciones populares», aclaró Aquino. Como expresión de esa amplitud, las organizaciones políticas y sociales que integran el FPAA (PCV, PPT, Redes, Partido Revolucionario del Trabajo, Gayones, Voces Antiimperialistas y Bravo Sur), de manera conjunta asumieron la candidatura de Samán. SIEMPRE JUNTO AL PUEBLO El PCV ha insistido en denunciar la agresiva y criminal política de escalamiento de los precios de los artículos de primera necesidad, así como el bachaquerismo de pequeña y de gran escala, y la falta de respuestas efectivas, contundentes y oportunas por parte del Gobierno nacional y la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), todo lo cual ahoga el poder adquisitivo del pueblo trabajador. Por eso impulsó la Jornada Nacional de Movilización y Lucha «Contra los hambreadores del pueblo y por los derechos de las y los trabajadores», que el pasado 16 de noviembre se movilizó en protesta a la sede de Fedecámaras, «porque –acusó Aquino– la oligarquía, los monopolios y la burguesía comercial-importadora son corresponsables de la situación de crisis que estamos viviendo, y se siguen beneficiando de las necesidades de la población». Luego se dirigieron al Palacio de Miraflores, consignando un documento dirigido a la Presidencia de la República y a la ANC, «porque son las principales instancias del Estado que tienen la obligación de darle la cara y respuestas al pueblo, de facilitar los espacios para la evaluación y construcción colectiva y unitaria de soluciones populares a los graves problemas que sufrimos», finalizó Aquino.

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Los jóvenes trabajadores y el contrato colectivo

Riesgos en el trabajo de excavación (II) DOUGLAS GÓMEZ. Especial para TP Coordinador nacional del Colectivo Clasista por la Salud y Seguridad en el Trabajo «Emigdio Cañizales Guédez»

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ada una de las operaciones de excavación lleva implícitos riesgos para la salud y vida de las y los trabajadores involucrados. Es norma de obligatorio cumplimiento para los encargados de las operaciones de excavación el realizar un estudio riguroso de las condiciones del terreno, a los fines de identificar los riesgos potenciales y determinar las medidas de control de riesgos que se han de adoptar (artículos 637 y 638 del Reglamento de las Condiciones de Higiene y de Seguridad en el Trabajo). De no proceder con esa previsión, las probabilidades de ocurrencia de lesiones se potencian si existen bajo tierra líneas de servicio público (electricidad, gas, combustible, aguas servidas); tal como ocurrió en la tragedia de Tejerías (Aragua) en 1993, donde no se identificó la existencia de una línea de gas bajo el terreno en el que una retroexcavadora abría una zanja para fibra óptica. RIESGOS EN LAS OPERACIONES DE EXCAVACIÓN a) Derrumbe de masa de tierra; cuyo volumen, al caer sobre los trabajadores que se encuentran dentro de la excavación, puede dejarlos sepultados, muriendo de asfixia mecánica. b) Caídas a diferente nivel y al mismo nivel; desde el borde de la excavación o dentro de la excavación, ocasionando fracturas, esguinces y otras heridas de gravedad. c) Caída de objetos, maquinarias o materiales cercanos a los bordes de la excavación; cuyo impacto sobre cualquier parte del cuerpo ocasiona heridas graves o la muerte del operador. d) Herramientas manuales y mecánicas, cuyas partes en movimiento pueden impactar al cuerpo, ocasionando heridas graves. e) Nubes de polvo generadas por el movimiento de tierra, cuya inhalación directa ocasiona trastornos respiratorios. f) Emanaciones de monóxido de carbono proveniente de las retroexcavadoras, la pala mecánica y buldócer; cuyas concentraciones altas dentro de la excavación desplaza al oxígeno ocasionando asfixias o intoxicaciones. g) Falta de oxígeno dentro de la excavación (pozo), cuya profundidad va a determinar los volúmenes presentes del mismo. h) Ruidos, generados por las herramientas de fuerza motriz y maquinarias pesadas, cuyos niveles ocasionan trastornos auditivos. i) Líneas eléctricas energizadas, subterráneas o aéreas, cuya descarga al contacto con ellas puede ocasionar la muerte o quemaduras graves por electrocución. j) Explosiones e incendios, por la presencia bajo tierra de líneas de combustibles (gas o gasolina), ocasionando quemaduras graves o la muerte de trabajadores. k) Vehículos de carga en movimiento, cuyo desplazamiento en la superficie de la excavación genera vibraciones que pueden desestabilizar los taludes de la misma, ocasionando derrumbes de masas de tierra. También pueden generar colisiones y arrollamiento de trabajadores.

Prensa JCV.- La crisis económica actual no es pasajera; se prolongará y agudizará mientras la clase trabajadora no asuma su papel combativo ante el modo de acumulación capitalista y las cada vez más frecuentes medidas de desvalorización de la fuerza de trabajo que aplica el Gobierno nacional. El deterioro del poder adquisitivo, el desempleo y la mala calidad de vida van en aumento y parecen indetenibles. El sindicato clasista es uno de los instrumentos de lucha de la clase obrera, lucha que permitirá elevar los niveles de conciencia de los trabajadores, conquistar reivindicaciones económicas, lograr mejoras en las condiciones de trabajo y de vida tanto para el trabajador como para el núcleo familiar. Su fortalecimiento es condición indispensable para contrarrestar los embates de la crisis capitalista. Las conquistas que se deriven de la lucha organizada de los sindicatos deben ser recogidas en una contratación colectiva que obligue a los patronos –estatales o privados– a cumplir. En el peor de los casos, ante la negativa del patrono a cumplir con lo establecido en la contratación colectiva, la organización clasista debe ejercer otra forma de lucha organizada: la huelga. El camarada Pedro Ortega Díaz, en su libro El derecho de huelga en Venezuela, explica: «Es conveniente precisar que la exigencia de los obreros del cumplimiento de su contrato colectivo de trabajo es una petición que puede ser objeto de conflicto colectivo. Muchas veces las autoridades del trabajo han pretendido que esto es solamente materia a decidir por los jueces.

Pero no es así. Si el patrono se ha comprometido a efectuar un aumento de salarios o sueldos y no lo ha hecho, es evidente que el cumplimiento puede ser exigido en un pliego conflictivo. Si en el contrato colectivo se estipula que el empresario montará un sistema de filtración para defender la salud de los trabajadores y en el plazo convenido no cumple, tal falta es motivo de reclamación colectiva y no materia a decidir por un juez». El sindicalismo clasista tiene presente que el contrato colectivo no elimina la explotación, sino que sólo es parte de la lucha por los objetivos finales, es decir, la liberación de nuestro pueblo, el fin de la explotación del hombre por el hombre, y la construcción de una sociedad nueva. Hoy, a 100 años de la primera revolución proletaria del mundo, cuando los trabajadores tomaron el poder político y económico desencadenando en poco tiempo grandes transformaciones en un país atrasado económica y socialmente como lo fue la Rusia zarista, los jóvenes trabajadores, tomando como precedente tan importante hecho, tienen la tarea histórica de organizarse y de luchar por instrumentos que respondan a sus intereses de clase, que combatan todos los flagelos que golpean actualmente a los trabajadores, y que les conduzcan no sólo a la lucha por mejores condiciones laborales, sino a la elevación de los niveles de formación y de organización, con miras a la toma del poder bajo la dirección del partido de la clase trabajadora, como se hizo en su momento con el partido bolchevique.

Trabajadores reclaman deterioro del comedor Caracas.- Trabajadores de la sede principal del Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) en Caracas, denunciaron el deterioro de los servicios de comedor ofrecidos en esa institución, pues, pese al aumento de precio de 112% ocurrido en los últimos días, ha desmejorado notablemente tanto la calidad como la cantidad de los alimentos servidos. Los trabajadores reclamaron que, aunque el precio del almuerzo por persona se ha incrementado de 5.900 Bs a 12.500 Bs, las raciones son ahora mucho menores y se ha reducido la variedad y el valor nutritivo de los alimentos. En opinión de los denunciantes, esto es una violación de la Ley de alimentación para las y los trabajadores, que establece la obligación de los patronos de proveer «una comida balanceada durante la jornada de trabajo», así como una infracción contra la cláusula 33 de la convención colectiva vigente, que garantiza el disfrute del servicio de comedor. También señalaron que hay una campaña de rumores en el sentido de que el servicio podría ser descontinuado o restringido en el futuro. Ante tal situa-

ción, representantes de las y los trabajadores exigen a las autoridades que rindan cuentas públicas acerca del estado actual del servicio de comedor, y hacen un llamado a ejercer la contraloría social para defender las reivindicaciones consagradas en la convención colectiva.


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FNLCT reafirma las propuestas y exigencias que ha hecho

Firmes por respuestas de la ANC

PEDRO EUSSE. Especial para TP Coordinador general de la Corriente Clasista de Trabajadores «Cruz Villegas» / FNLCT

Los CPT ¿negativos, positivos?

Caracas.- El Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT) aseguró que se mantendrá firme en los planteamientos y exigencias que le hizo a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), ante «decisiones desacertadas de instancias del Gobierno Nacional y por actuaciones impunes de los capitalistas». El pasado 5 de septiembre, una comisión del FNLCT fue recibida por el constituyente Francisco Torrealba, presidente de la Comisión de Trabajadores y Trabajadoras de la ANC, a quien se le consignó un «Pliego de peticiones y propuestas», comprometiéndose éste en canalizar una reunión conjunta con autoridades del Ministerio del Trabajo para revisar los casos expuestos. Posteriormente, el 28 de septiembre, ante la falta de cumplimiento, una nutrida representación de las organizaciones que conforman el FNLCT se apersonaron en la sede de la ANC consignando una comunicación dirigida a su presidenta Delcy Rodríguez, insistiendo en acciones inmediatas que deben ser ejercidas para revertir y corregir situaciones que vulneran los derechos y afectan los intereses del pueblo trabajador. Con la certeza de la justeza de sus luchas, se llevó a cabo una asamblea de dirigentes del movimiento obrero y popular, el 1 de noviembre, organizada conjuntamente por el FNLCT, el Partido Comunista de Venezuela (PCV) y el Bloque Popular Revolucionario (BPR) de Caracas, en la que se decidió asumir la propuesta de la Jornada Nacional de Movilización y Lucha «Contra los hambreadores del pueblo y por los derechos de las y los trabajadores». Esta jornada se desarrolló el 16 de noviembre, con gran contenido clasista revolucionario y la participación de representantes de diferentes sindicatos, co-

rrientes, Consejos de Trabajadores y de delegados de prevención del FNLCT. En el documento conjunto que se consignó a la Presidencia de la República, se sintetizaron las principales banderas de lucha en materia social, económica, política, laboral y agraria. PROBLEMAS URGENTES El FNLCT reafirmó que la ANC debe declarar nulos los miles de despidos injustos e ilegales, directos e indirectos, cometidos en empresas públicas y privadas, especialmente los cometidos en la Red de Abastos Bicentenario; centrales azucareros adscritos a CVA Azúcar; Centro de Almacenes Congelados C.A. (Cealco) y otras empresas adscritas a CVAL; PDVAL; Grupo de Empresas Polar; Metro de Caracas; y Diario Vea. Asimismo, exigen que la ANC deje sin efecto las calificaciones de despido declaradas con lugar de forma irregular por inspectores del Trabajo parcializados con la patronal; al igual que detener y corregir los procedimientos judiciales, despidos y renuncias forzadas por hostigamiento y chantaje policial-patronal, debiendo sancionar a patronos y funcionarios policiales, militares, fiscales y jueces que se hayan prestado para tales actos. Además de que se obligue a las instancias del Estado a cumplir y hacer cumplir las disposiciones constitucionales contra la tercerización y precarización laboral, el FNLCT propone que se suspenda y revierta el desmantelamiento y reprivatización de empresas estatales, para ser recuperadas con un nuevo modelo de gestión de dirección colectiva, basado en el control de obrero-popular sobre los procesos de producción, distribución y comercialización.

Trabajadores deportivos obtienen logros en Monagas Maturín.- Tras una lucha firme y constante por parte de la Unión de Trabajadores Deportivos del estado Monagas (Utdem), con el apoyo de la Corriente Clasista de Trabajadores «Cruz Villegas», se logró la inclusión de cerca de 200 trabajadores en la nómina del Instituto de Deportes del estado Monagas (Indem). El presidente de la unión deportiva, Víctor Acosta, resaltó que «en el estado se transformó la historia, que ahora es inclusiva, reivindicativa del entrenador a nivel nacional desde el estado, reconociendo la disposición del presidente del Indem, José Maicavares, y la gobernadora del estado, Yelitze Santaella». El líder deportivo puntualizó que se otorgaron 118 cargos fijos a entrenadores, y destacó el apoyo de la Corriente «Cruz Villegas» y del Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora en el proceso para formarse y fortalecerse como organización clasista. El gremio que agrupa a los entrenadores deportivos ha incrementado de manera importante

su aporte a la lucha de las y los trabajadores en la entidad, impulsando discusiones con las autoridades deportivas, cuya disposición al diálogo ha dado como resultado significativos logros reivindicativos.

Del marxismo aprendemos que la dialéctica materialista nos permite, entre otras cosas, valorar los procesos en su dinámica contradictoria. La dialéctica nos permite distinguir claroscuros, donde los mecanicistas ven las cosas sólo en blanco y negro; visualizamos cambios potenciales o en desarrollo, donde los no dialécticos ven realidades estáticas e inmutables. El Gobierno avanza en la conformación de los Consejos Productivos de Trabajadores (CPT) en centenares de entidades de trabajo. Como expresamos oportunamente, esos instrumentos están concebidos no para que «la clase obrera ejerza el poder», como lo pregona el Gobierno, sino como piezas del entramado del modelo económico capitalista mixto que establecen desde la «Agenda Económica Bolivariana». Los CPT, tutelados por la burocracia estatal y supeditados a la dirección reformista que domina al Gobierno y a la CBST, hacen a las y los trabajadores partícipes no conscientes de la política de colaboración de clases que se instrumenta. No obstante, la sola participación de numerosos trabajadores y trabajadoras en procesos de «contraloría social obrera» (aunque mediatizada) es en sí mismo un hecho positivo en favor, potencialmente, de la formación de conciencia de clase, en la medida en que se produce activismo colectivo para develar las sucias maquinaciones capitalistas y reclamar de la patronal pública o privada que no incurra en fraude contra la producción y la distribución. Ya se producen tensiones entre CPT y patronos, ya hay expresiones de descontento entre voceros obreros de algunos CPT al no recibir respuestas del Gobierno ante sus certeras denuncias o, si las hay, éstas no tienen la contundencia que esperan los denunciantes. Nos corresponde a los clasistas, a los que luchamos por que la clase obrera se despierte y tome el timón para hacer una auténtica Revolución, contribuir a que tales procesos de participación tutelada avancen hacia estadios superiores de protagonismo revolucionario. La lucha por el control obrero y popular sobre la producción y la distribución tiene poderosa vigencia.

Una sentencia que impacta en la LOTTT

Con ponencia del magistrado Luis Damiani, la Sala Constitucional del TSJ declaró con lugar la revisión constitucional de una decisión judicial en contra de la aplicación de providencia administrativa que ordenó reenganche y pago de salarios caídos a un trabajador de Cervecería Polar. Tal decisión orienta modificar la LOTTT para establecer «mecanismos legales idóneos mediante los cuales se le adjudiquen al Inspector facultades que permitan la efectiva materialización de actos administrativos dictados por él (…) mecanismos que conlleven a forzar el cumplimiento mediante el apremio sobre el patrimonio de los patronos, como medio directo de ejecución forzosa de los actos administrativos que dictan las Inspectorías del Trabajo». Buena esa. El movimiento obrero debe lograr se aplique correctamente para restituir derechos infringidos, en el sector privado y en el público.


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Propuestas para resolver problemas urgentes y producir una salida revolucionaria a la crisis

Jornada nacional de movilización y lucha Tribuna Popular.- Tuvo gran acogida entre organizaciones obreras, campesinas, juveniles, comuneras y sociales, la iniciativa emanada del 6º Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Venezuela (PCV), del pasado 29 de octubre, referida a desarrollar una jornada nacional de movilización y lucha, para enfrentar unitaria y articuladamente la agresiva y criminal política de escalamiento de los precios de los artículos de primera necesidad, y el incesante irrespeto de los derechos de los trabajadores por parte de la patronal pública y privada; denunciando a los especuladores y acaparadores, y exigiendo medidas enérgicas, contundentes y efectivas al Gobierno nacional y a la Asamblea Nacional Constituyente (ANC). El 16 de noviembre, el PCV y otros factores del Frente Popular Antiimperialista y Antifascista (FPAA), así como el Frente Nacional de Lucha de la Clase Trabajadora (FNLCT), el Bloque Popular Revolucionario (BPR) de distintas regiones del país y demás expresiones del movimiento obrero y popular, protestaron frente a la sede de Fedecámaras, símbolo de la oligarquía hambreadora, y posteriormente, superando la intemperancia del burocratismo oficial, una comisión integrada por el PCV; el sindicato Sinbonatra, de Abastos Bicentenario; el Colectivo «2 de junio», de Barrio Adentro; y, la federación sindical Fusbec, de Carabobo, entregó un documento en el Palacio de Miraflores, el cual TP reproduce seguidamente de manera íntegra para el análisis y la movilización organizada y consciente del pueblo trabajador. Al compatriota Nicolás Maduro Moros Presidente de la República Bolivariana de Venezuela A la Asamblea Nacional Constituyente Al pueblo trabajador venezolano Reciban un cordial saludo patriótico, bolivariano y clasista, del conjunto de las organizaciones revolucionarias, sociales y políticas, del movimiento obrero, campesino, comunal y popular que hemos decidido movilizarnos en una Jornada Nacional «Contra los hambreadores del pueblo y por los derechos de los trabajadores y trabajadoras». Venezuela atraviesa una severa crisis determinada por el colapso del capitalismo dependiente y rentista, agudizada por las agresiones múltiples y sistemáticas que desatan contra nuestro pueblo los grupos de la oligarquía monopólica y las fuerzas al servicio del imperialismo estadounidense y europeo. Como toda crisis capitalista, esta recae sobre los hombros del pueblo trabajador de la ciudad y el campo; los asalariados y sus familias, reciben el impacto terrible de los efectos de la crisis propia del sistema injusto aun imperante y ante la ausencia de políticas y planes efectivos, contundentes y profundos, que viabilicen una real salida a la situación económica y social que tiende a minar la fortaleza del proceso bolivariano de liberación nacional iniciado en 1999, bajo la conducción del Presidente Chávez y el empeño entusiasta de nuestro pueblo. Pese a las medidas de corte social que implementa el Gobierno nacional, nuestro pueblo no percibe salidas a las situaciones que lo están afectando cada vez con mayor gravedad: el incremento desenfrenado de precios, al utilizarse como marcador en la asignación de precios de mercancías el llamado «dólar today», la única mercancía no dolarizada resulta

ser la fuerza de trabajo (en el capitalismo la fuerza de trabajo es mercancía), que además es desvalorizada cuando el incremento del bono de alimentación, sin incidencias salariales, es mayor que el salario mínimo; la escasez de medicinas y otra serie de bienes esenciales; el corralito ilegal impuesto por la banca privada y pública, que virtualmente secuestra el dinero de los usuarios de los servicios bancarios, fundamentalmente de asalariados y pensionados, potenciado por la falta de dinero en efectivo; las impunes acciones criminales de especuladores pequeños y grandes; los abusos en la determinación de tarifas del transporte urbano y extraurbano, además de la falta y la carestía de repuestos que producen un colapso en el servicio de transporte. Por si fuera poco, se sigue registrando una caída y deterioro en la capacidad productiva en el campo, ante la ausencia de una política coherente y consecuente que incentive e impulse el desarrollo agrícola nacional, lo que conduce a una mayor importación de rubros agrícolas y al encarecimiento de los alimentos, favoreciendo los «agro-negocios» que empobrecen al campesino y enriquecen a inescrupulosos importadores, mercachifles y funcionarios corruptos. Aunado a lo anterior, continúan y se profundizan las constantes violaciones a los derechos de los trabajadores y trabajadoras, con la cómplice parcialidad de determinados funcionarios(as) del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo (MPPPST), que descaradamente actúan al servicio de la patronal en desmedro de las y los trabajadores y sus legítimos derechos colectivos e individuales. Se tienden a fortalecer direcciones autoritarias, burocráticas y corruptas en distintas empresas del Estado, particularmente en las nacionalizadas y creadas por el Go-

bierno nacional, muchas de las cuales están improductivas y se tiende a propiciar su desmantelamiento y reprivatización. Son inquietantes las prácticas antisindicales y las violaciones a la libertad sindical cometidas por patronos, funcionarios del MPPPST y cúpulas sindicales desclasadas; entre otras prácticas antidemocráticas y violatorias de los derechos humanos, como la criminalización y judicialización laboral, con que los patronos pretenden destruir liderazgos sindicales clasistas y liquidar la capacidad de resistencia colectiva de las y los trabajadores. Mientras todo esto acontece, las líneas centrales de las políticas públicas están signadas por una concepción reformista y de colaboración de clases y se pretende que la clase obrera se ponga al servicio de dicha concepción. Se pretende enfrentar la crisis capitalista con políticas que reafirman la dependencia capitalista, acompañadas con una serie de medidas que amortigüen socialmente las consecuencias de tal orientación. En ese mismo orden, se pretende que las Comunas y Consejos Comunales se subordinen a las instancias gubernamentales locales, regionales y nacionales, despojándolos de su potencial revolucionario de embriones de un auténtico poder popular comunal. Por todo lo anterior y luego de que diversas organizaciones han hecho llegar a la Asamblea Nacional Constituyente sus reflexiones críticas y propuestas, sin que hayan sido respondidas, nos dirigimos al Presidente de la República para llamar su atención y proponerle una serie de medidas, algunas inmediatas, dirigidas a resolver problemas puntuales, y otras de carácter programático, orientadas a producir una salida revolucionaria a la crisis, abandonando la concepción basada en la colaboración de clases. RESUMEN de PROPUESTAS al PRESIDENTE de la REPÚBLICA y a la ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE Medidas inmediatas y puntuales en favor de la clase obrera y del pueblo trabajador - Fortalecer a las Comunas y Consejos Comunales como embriones del poder popular comunitario, en tal sentido, respetar su autonomía y no subordinarlas a instancias gubernamentales municipales, estadales y nacional. - Actuar con enérgica contundencia hacia los grandes especuladores y/o empresarios saboteadores, ordenando encarcelamiento y confiscación del medio de producción que pasará a manos de sus trabajadores y trabajadoras en articulación con las comunidades organizadas y las autoridades respectivas.

- Declarar nulos todos los despidos ilegales e injustificados y reestablecer los derechos infringidos de trabajadores y trabajadoras víctimas de tal situación. Particularmente, instamos a anular en lo inmediato los despidos ilegales directos e indirectos, cometidos en entidades de trabajo públicas y privadas tales como: Red de Abastos Bicentenario S.A.; centrales azucareros adscritos a CVA Azúcar; Bus Yaracuy; CEALCO y demás empresas adscritas a CVAL; PDVAL; Grupo de Empresas Polar; Metro de Caracas; Lácteos Los Andes; Diario Vea; terminal de La Bandera; entre muchas otras. De igual modo dejar sin efecto las calificaciones de despido declaradas con lugar de forma irregular por inspectoras e inspectores del Trabajo parcializados con la patronal, que desestiman alegatos y pruebas de las y los trabajadores. - Establecer la contraloría obrera y sindical clasista, de carácter vinculante, hacia las diversas instancias del Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo y sus entes adscritos, tales como el INPSASEL. Depurar a ese Ministerio, sus Inspectorías del Trabajo y demás entes, de funcionarias y funcionarios patronales y corruptos. - Dejar sin efecto los procedimientos judiciales, las detenciones y los despidos que se hayan producido en ocasión de actos de hostigamiento policial, criminalización y judicialización laboral, particularmente cometidas contra luchadores del movimiento obrero y sindical clasista, siendo sancionados los funcionarios policiales, fiscales y jueces que se hayan prestado para tales actos que sólo sirven a los capitalistas y golpean a la clase obrera. - Resolver los casos de tercerización y precarización laboral existentes en el sector público y en el privado, obligando a las instancias del Estado venezolano a cumplir y hacer cumplir lo dispuesto en la Constitución y en la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y Trabajadoras (LOTTT). En tal sentido, resolver en lo inmediato, entre otros, los casos de tercerización en las plantas de revestimiento de tuberías petroleras (ENATUB-PDVSA Industrial); hacer cumplir las providencias administrativas que ordenan eliminar la tercerización, como en el caso de la Procter & Gamble (planta del estado Lara). - Reconocer plenos derechos laborales a las y los trabajadores de Barrio Adentro, asignarles cargos fijos al servicio del Ministerio del Poder Popular para la Salud y reconocer sus Consejos de Trabajadores y Trabajadoras; asimismo, en el caso de las y los trabajadores al servicio de diversas fundaciones y misiones que cumplen activi-


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dades regulares con una relación laboral permanente, objetivamente existente. - Salvaguardar y fortalecer el salario: convertir el ingreso denominado «cestaticket de alimentación» en parte del salario; prohibir la bonificación de los salarios. - Establecer normativas avanzadas que regulen a las empresas de vigilancia y seguridad con garantía de los derechos de sus trabajadores y trabajadoras. - Suspender y revertir procesos de desmantelamiento y reprivatización de empresas estatales. Recuperarlas y relanzarlas con un nuevo modelo de gestión de dirección colectiva, basado en el control obrero y popular, en articulación con autoridades del Gobierno nacional. - Aprobar la Ley Especial de los Consejos de Trabajadoras y Trabajadores, en cumplimiento con lo previsto en la LOTTT y el Plan de la Patria. - Definir la situación jurídica de las empresas intervenidas, ocupadas y creadas por el Gobierno nacional, convirtiéndolas legalmente en entidades de propiedad social con un modelo de gestión de dirección compartida y colectiva, con implementación del control obrero y popular. - Establecer un sistema público nacional de transporte, que garantice un servicio de calidad y se dignifique a las y los trabajadores del sector transporte. - Revertir los procedimientos administrativos o judiciales de revocatoria de otorgamiento de tierras a movimientos campesinos, recursos mediante los cuales se despojaron a pequeños campesinos para favorecer a viejos y nuevos terratenientes. - Dejar sin efecto y corregir todas las decisiones en política económica que favorezcan a empresas transnacionales y a oligarcas nacionales, en desmedro de la soberanía nacional, el medio ambiente y el interés del pueblo trabajador venezolano, tales como el denominado Arco Minero del Orinoco.

Medidas estructurales económicas, sociales y políticas - Establecer dirección colectiva y unitaria del proceso bolivariano, a nivel nacional y a todos los niveles. - Instaurar el control obrero y popular sobre los procesos de producción, distribución y comercialización de los bienes y servicios fundamentales. - Favorecer las condiciones para que la clase obrera y el pueblo trabajador de la ciudad y el campo, a través de sus organizaciones revolucionarias, sociales y políticas, asuman la vanguardia del proceso de liberación nacional y social. - Asumir una estrategia de desarrollo de las fuerzas productivas en armonía con el ambiente y garantizando los derechos laborales, particularmente la salud y seguridad en el trabajo. - Desarrollar la red estatal de abastecimiento y comercialización de alimentos y otros rubros esenciales, bajo control obrero y popular, que desplace a las grandes cadenas privadas de carácter monopólico. - Nacionalizar de inmediato la banca y todo el sistema financiero. - Nacionalizar el comercio exterior, y establecer la centralización estatal de las importaciones. Los dólares de la República serán utilizados para alcanzar el desarrollo productivo nacional y para la satisfacción creciente de las necesidades de nuestro pueblo. - Suprimir toda norma que debilite o ceda al capital privado la propiedad y rectoría estatal sobre los hidrocarburos y su industria integralmente, así como en general sobre los recursos estratégicos de la nación. - Establecer un nuevo régimen tributario que traslade el peso de la carga impositiva hacia los grandes capitales, las actividades especulativas y el consumo suntuoso; incrementar las tasas de impuesto sobre la renta a las personas jurídicas y grandes contribuyentes; pechar las ganancias excesivas o súbitas y las tierras y bienes de capital ociosos o subutilizados; eliminar el IVA; suprimir todo mecanismo de evasión

por los capitalistas y eliminar los tratados contra la doble tributación. - Auditar la deuda pública nacional, investigando posibles casos de endeudamiento fraudulento, analizando los escenarios y términos de refinanciamiento o renegociación, suspendiendo los pagos de servicio en ciertos casos y considerando la posibilidad de declaración de una moratoria general de la porción externa de la deuda. - Asumir una política integral de desarrollo agroproductivo con soberanía y participación protagónica de los campesinos y campesinas, las comunas y las trabajadoras y trabajadores. Superar la injusta tenencia de la tierra con vocación agrícola, hasta abolir el latifundio; apoyo técnico, financiero y de insumos a los pequeños y medianos productores; propiciar las condiciones para la colectivización de la producción agrícola; creación de un banco nacional de semillas que garantice el abastecimiento y suprima la dependencia de las semillas transgénicas. Las organizaciones clasistas y revolucionarias del movimiento obrero, campesino, comunal y popular que hacemos los anteriores planteamientos y otros, con la finalidad de propiciar una nueva realidad que nos permita avanzar hacia la verdadera transformación revolucionaria de la sociedad y garantizar una mejor calidad de vida para todo nuestro pueblo, reafirmamos nuestro compromiso de lucha indeclinable por la liberación nacional, por lograr plena independencia económica y política, en defensa del derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano y por destruir los cimientos del injusto sistema capitalista, por lo que nos planteamos el establecimiento de un nuevo Estado revolucionario, bajo la dirección colectiva de la clase obrera y de todo el pueblo trabajador de la ciudad y el campo. ¡Unidos venceremos! Representantes y voceros(as) de las diversas organizaciones Caracas, 16 de noviembre de 2017.

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Continúa la desalarización del ingreso Tribuna Popular.- Con el quinto aumento de salario mínimo y bono alimentario de este año, vigente desde el 1 de noviembre, queda confirmada la persistencia por tercer año consecutivo de la muy dañina tendencia a la desalarización del ingreso de la clase trabajadora. El reciente aumento elevó el salario en 30%, hasta 177.500 bolívares, y el bono en 47,6%, hasta 279.000 Bs. Sumando los quince aumentos habidos desde que comenzó a agudizarse la desalarización a principios de 2015, la bonificación alimentaria ha aumentado un 19.870%, mientras que el salario mínimo ha crecido sólo un 4.075%. En otras palabras, en los últimos tres años el bono ha crecido casi cinco veces más rápido que el salario. El incremento del bono alimentario a una velocidad mayor que la del aumento del salario, resulta en la progresiva disminución del peso de la remuneración salarial en el ingreso total mensual de las y los trabajadores; como ha venido alertando reiteradamente el Partido Comunista de Venezuela (PCV), esta desalarización del ingreso tiene implicaciones gravísimas para los intereses del pueblo. En el gráfico se observa que a lo largo de 2014 el bono alimentario representó como media menos de 27% de los ingresos mensuales de las y los trabajadores con salario mínimo; pero a consecuencia de la desalarización, ese peso

medio ha venido creciendo desde 2015 hasta superar este año 62% del total mensual. El problema reside en que los derechos y prestaciones laborales de ley, tales como los pagos de vacaciones, las utilidades anuales, las prestaciones sociales por antigüedad, y las contribuciones patronales a la caja de ahorros, el fondo de jubilaciones y el fondo de ahorro habitacional, entre otros, son calculados sobre la base del salario de los trabajadores, y no sobre sus ingresos mensuales totales. Por lo tanto, sólo los incrementos de salario tienen efectos en términos de proteger la remuneración integral, y sólo ellos tienen incidencia en la construcción de los haberes patrimoniales a futuro de los trabajadores y sus familias. Los ingresos por vía del bono alimentario, en cambio, no contribuyen en este sentido, puesto que ese bono es legalmente definido como un «beneficio social de carácter no remunerativo», esto es, que no forma parte del salario. A fin de cuantificar el daño patrimonial que esto causa a la clase trabajadora, supongamos que los 456.500 Bs de ingresos mensuales que perciben las y los trabajadores a partir del 1 de noviembre, se distribuyeran según la proporción salario-bono vigente en 2014, es decir, que el salario representase 73,2% de ese total (334.158 Bs) y el bono el 26,8% restante

(122.342 Bs). En ese caso, la parte patronal debería aportar, por cada trabajador de nuevo ingreso a salario mínimo, un total de 1.851.237 Bs anuales por trabajador. Pero al hacer ese cálculo según la proporción salario-bono vigente este año (37,6%-62,4%), el total anual aportado por el patrono sólo alcanza a 950.908 Bs,

una diferencia de más de 900.300 Bs anuales en contra de cada trabajador de nuevo ingreso a salario mínimo; en proporción cada vez mayor a medida que aumente la antigüedad del trabajador, con efectos acumulativos muy dañinos sobre el patrimonio personal y familiar a futuro de cada trabajador.

Refinanciamiento de la deuda externa (I) ANDRÉS VILLADIEGO. Especial para TP Economista

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ecientemente el Gobierno nacional inició un proceso de negociación con inversionistas privados que en su oportunidad adquirieron parte de la deuda externa venezolana emitida mediante bonos soberanos y bonos de PDVSA. Según lo anunciado por voceros oficiales, se intenta lograr un acuerdo de refinanciamiento que se sume al recientemente alcanzado con Rusia por un monto de 3.150 millones de dólares, correspondientes a la deuda bilateral que se adquirió con dicho país en 2011 para la compra de armamento ruso. Es necesario explicar en primer término que un refinanciamiento implica el canje de una deuda vieja por una nueva con condiciones de financiamiento distintas a las de la deuda original, lo cual permite a su vez diferir el vencimiento de los plazos y obtener cierta holgura en el cronograma de reembolso a los acreedores. En cambio, en el caso de una restructuración de deuda, se pueden acordar nuevos plazos para el cumplimiento y obtener periodos de gracia por varios años, pero se trata esencialmente de la misma deuda original, aunque con condiciones distintas para el cumplimiento de los pagos. La negociación recién iniciada va a ser mucho más compleja que la que ocurriría en el caso de una deuda bilateral, ya que

el Gobierno nacional tendrá que llegar a acuerdos con alrededor de 400 tenedores de bonos, muchos de los cuales podrán optar por iniciar un litigio contra la República si las condiciones ofrecidas por el Gobierno no satisfacen sus demandas, lo que pondría a Venezuela en una posición parecida a la de Argentina a principios del presente siglo. Por otra parte, un refinan-

ciamiento pudiera implicar un encarecimiento significativo del crédito externo, con tasas de interés de más de 30 puntos porcentuales por encima de los estándares de financiamiento internacional, lo que comprometería todavía más el futuro financiero de la nación. La mayor parte de esa carga fue contraída en el período 2007-2012, cuando

la deuda con tenedores de bonos pasó de menos de 30 mil millones a más de 67 mil millones de dólares (ver gráfico anexo), con el agravante del aumento en los costos de financiamiento. Por lo anterior, es muy poco probable que los tenedores de bonos acepten tasas de rendimiento menores a las que han obtenido en los últimos años, tomando en cuenta además que Venezuela no muestra por ahora indicio alguno de recuperación económica, lo que aumenta la incertidumbre y el riesgo a futuro para los acreedores. Hasta el momento tampoco se conocen los términos ofrecidos por cada una de las partes involucradas en el proceso de negociación, pero no se debe perder de vista el hecho de que ningún proceso de refinanciamiento ni de restructuración de deuda está exento de condiciones que van más allá de lo estrictamente financiero. Por lo general estos procesos van acompañados de programas de ajuste macroeconómico y de «asesoría técnica» por parte de organismos financieros internacionales. El pueblo trabajador venezolano debe estar vigilante y movilizado para exigir que las condiciones del eventual acuerdo no vulneren los intereses nacionales, y para demandar la adopción de una política económica verdaderamente dirigida al desarrollo productivo, única garantía para romper la dependencia con el capital financiero internacional.


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Sigue el calvario de los pensionados Caracas/LRH.- Los jubilados y pensionados, como se dice coloquialmente, reciben una de azúcar y otra de sal, ya que mejoró sustancialmente el servicio que se les venía prestando en las entidades bancarias públicas y privadas, puesto que hasta el mes de octubre el pago se les hacía fraccionado y por fin el mes de noviembre lo pudieron cobrar completo junto con dos de los tres meses de aguinaldo. Pero están sufriendo, al igual que una parte importante de la población, de la distorsión en la que sólo se pueden cobrar sumas ínfimas, de 10 mil y 20 mil bolívares, o 100 mil con el nuevo billete, es decir, no hay términos medios; lo que, al haber muy poca existencia del billete

de 20 mil y no haberse emitido el de 50 mil, les limita en la posibilidad de hacer ciertas compras porque se aduce que no se tiene cambio para dar el vuelto, o incluso se les cobra 10% para aceptar el billete de 100 mil. Lo que no ha mejorado es que a los jubilados y pensionados se les obliga a largas colas de seis y ocho horas en las puertas de los bancos, parados sin agua ni sanitarios, expuestos al sol y la lluvia; con casos similares en los pocos cajeros electrónicos que funcionan. Por lo que la falta de efectivo sigue siendo un grave problema, ya que múltiples compras y pagos se tienen que hacer sin tarjeta de débito o de crédito; sumado a que muchos locales comerciales cobran

10 o 15% por «el derecho» a utilizar el punto de venta. Mucho más de uno y una, se alegró por el bono especial de 500 mil bolívares anunciado por el presidente Maduro; debiendo recordar que no tiene carácter inclusivo, ya que, al igual que otros derechos a los que debería poderse acceder por el sólo hecho de ser venezolano o vivir en esta tierra, sólo se otorga a quien tenga el «Carnet de la patria». La aguda crisis del modelo de acumulación capitalista dependiente y rentista por la que atraviesa Venezuela, no será resuelta con políticas asistencialistas ni de conciliación de clases, sino con medidas revolucionarias que estimulen el protagonismo y control obrero-popular.

Acuerdos sin solución para el pueblo

Caracas/LRH.- Ante el criminal incremento incesante de los precios de los artículos de primera necesidad, que afecta a las masas populares y de la que se benefician los monopolios y sectores inescrupulosos devenidos en bachaqueros, el pueblo trabajador exige del Gobierno nacional y de la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) medidas urgentes, contundentes y efectivas, y no «paños calientes». Desde el Ejecutivo se ha dicho que las soluciones emanarán del «Consejo Nacio-

nal de Economía Productiva» –donde anida una parte importante del empresariado venezolano–, de los «precios acordados» –para lo cual la ANC incluso aprobó una «Ley Constitucional»–, y de los CLAP devenidos en CLAPS –ya que además de afirmar que son «de Producción», ahora también son «Socialistas»–. Sin embargo, el precio de los productos sigue en incesante aumento y los que se han fijado por el Sundde –en acuerdo con los empresarios– son inaccesibles

para una familia trabajadora; los monopolios privados continúan dominando la estructura de distribución y comercialización, al tiempo que sigue el desmantelamiento de estructuras públicas como Abastos Bicentenario, Mercal y Pdval; las empresas de procesamiento de alimentos y agroindustriales del Estado están abandonadas e improductivas; todo lo cual redunda en la reproducción del modelo de acumulación capitalista dependiente y rentista de nuestro país.

COSI rindió homenaje a la Revolución de Octubre Maturín.- El coordinador regional del Comité de Solidaridad Internacional (COSI) en el estado Monagas, Ramón Pomblas, informó que realizaron un foro en el Consejo Legislativo de la entidad, en homenaje a los 100 años de la Gran Revolución Socialista de Octubre de 1917 en Rusia. «En el foro se realizaron cinco ponencias, en las que se expuso el valor histórico de la revolución bolchevique y su aporte a los movimientos sociales, de izquierda y la organización de la clase trabajadora a nivel mundial», señaló Pomblas, quien fue uno de los exponentes, destacando el papel cumplido por Lenin. «La idea del partido de nuevo tipo, los principios leninistas de organización, centralismo-democrático, crítica y autocrítica, dirección colectiva,

siguen contribuyendo a la lucha de los trabajadores por la toma del poder», puntualizó. También participaron como ponentes Tomas Freites Paz, quien abordó los antecedentes y reseña histórica de la revolución de octubre; Limber Salazar, sobre

la incidencia y aportes en América Latina y el mundo; Rómulo Donmar, acerca de aportes de la revolución bolchevique a la organización de la juventud; y, Domingo Poito, sobre la vigencia del leninismo y el legado de la gran revolución socialista de octubre.

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En cumplimiento de la Disposición Transitoria Segunda de la Ley constitucional contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia, que establece la obligatoriedad de que «todos los medios impresos deben publicar íntegramente esta Ley Constitucional», Tribuna Popular procede a publicarla de manera íntegra y fidedigna, sin menoscabo de su posición política ante ciertos aspectos de su contenido.

Dirección de Tribuna Popular

Por la municipalización del transporte

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l Bloque Popular Revolucionario (BPR), en días pasados, organizó una protesta y un llamado a las autoridades del Gobierno nacional para que de una vez por todas se municipalice el servicio de transporte superficial en Caracas. Esta actividad se realizó en la parada de El Junquito ubicada en la entrada de La Yaguara, donde se constató la falta de unidades y el tratamiento abusivo a los adultos mayores al limitarse la cantidad de estos por unidad, así como el cobro del 50% del pasaje, y la presencia de autobuseros piratas que especulan cobrando alta tarifas sin regulación alguna y fraccionando el servicio cada 12 km para cobrar otro pasaje, entre otros abusos. El transporte superficial es estratégico y primordial, pero gran parte de este servicio está en manos privadas y constantemente aumentan las tarifas aduciendo que deben comprar repuestos, mantener y hasta adquirir nuevas unidades, cuando no siempre están comprando repuestos, ni unidades nuevas. El presidente Chávez comprendió que el transporte es estratégico, por ser el servicio que garantiza la movilidad de las fuerzas productivas (trabajadores y trabajadoras), por ello en abril de 2007 (según Decreto de Ley Nº 5.307, publicado en Gaceta Oficial Nº 38.670), se crea el Sistema Integral de Transporte Superficial, (Sitssa), para la construcción de un modelo de transporte social armónico y de bienestar común para todos los venezolanos, que favorezca a toda la sociedad sin exclusión. Dicho sistema (Sitssa) se ha ido debilitando, y hoy, vemos con indignación cómo se fortalece más bien el servicio privado del transporte, otorgándoles unidades nuevas, creando proveedurías y consintiendo incrementos en tarifas cada vez que lo solicitan. Por otra parte, en la última Gaceta Municipal se dejó colar un «error material» que no ha sido corregido, donde se obliga a pagar medio pasaje a los adultos mayores, este cobro es inaceptable y totalmente ilegal. ¿A quién estamos favoreciendo con este «error»? Obviamente a los transportistas privados. ACCIONES CONCRETAS El BPR también se reunió con el concejal José Bracho, presidente de la Comisión de Transporte del Concejo Municipal de Caracas, a quien se entregó una comunicación suscrita por todas las organizaciones que integran el Bloque, para hacerle saber sobre las acciones de chantaje que transportistas especuladores han venido ejecutando al sacar de servicio unidades, con la excusa de falta de repuestos. En dicho documento proponemos: la municipalización del transporte, control estricto de las líneas privadas y la confiscación de las unidades cuando no presten el servicio de acuerdo a las normas municipales, además de la suspensión del permiso a todo aquel transportista que esté «guarimbeando» con el transporte. Ya basta de chantaje, necesitamos mano dura con estos transportistas inescrupulosos y explotadores del pueblo trabajador.

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE La Asamblea Nacional Constituyente, en ejercicio de las facultades previstas en los artículos 347, 348 y 349 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela conforme al mandato otorgado el treinta de julio de dos mil diecisiete en elecciones democráticas, libres, universales, directas y secretas por el pueblo venezolano como depositario del poder originario. DECRETA LEY CONSTITUCIONAL CONTRA EL ODIO, POR LA CONVIVENCIA PACÍFICA Y LA TOLERANCIA Capítulo I Disposiciones Generales

Objeto Artículo 1. La presente Ley Constitucional tiene por objeto contribuir a generar las condiciones necesarias para promover y garantizar el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de odio, desprecio, hostigamiento, discriminación y violencia, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos, favorecer el desarrollo individual y colectivo de la persona, preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la Nación. Valores y principios Artículo 2. La actuación del Estado y la sociedad dirigida a promover y garantizar la convivencia pacífica se regirá por los siguientes valores y principios: 1. Preeminencia de los derechos humanos. 2. Vida. 3. Paz. 4. Amor. 5. Democracia. 6. Convivencia. 7. Libertad. 8. Igualdad y no discriminación. 9. Fraternidad. 10. Justicia. 11. Igualdad y equidad de género. 12. Hermandad. 13. Diversidad. 14. Reconocimiento. 15. Respeto. 16. Tolerancia. 17. Solidaridad. 18. Pluralidad. 19. Corresponsabilidad. Derecho a la Paz Artículo 3. El pueblo venezolano tiene el derecho irrenunciable a la Paz, la convivencia pacífica y la tranquilidad pública. Se declara a la República Bolivariana de Venezuela como un territorio de paz, contrario a la guerra y la violencia en todas sus formas, expresiones y manifestaciones. Se consideran contrarios al derecho humano a la paz cualquier forma de violencia política, odio, discriminaciones e intolerancias. Corresponsabilidad en la promoción y defensa de la paz Artículo 4. El Estado, las familias y la sociedad, tienen el deber y derecho de promover una cultura y valores de paz, diversidad, tolerancia, igualdad, respeto mutuo y convivencia solidaria para prevenir y erradicar toda forma de violencia política, odio, discriminación e intolerancias, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos. Los órganos, entes del Poder Público, las Misiones, los Consejos Comunales, las Comunas, las organizaciones políticas, culturales, deportivas, religiosas, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género, afrodescendientes, indígenas, personas con discapacidad, adultas y adultos mayores, jóvenes y la sociedad en general, deberán realizar acciones educativas, culturales, sociales, deportivas, artísticas, recreativas y comunicacionales, dirigidas a la promoción de la cultura de paz, tolerancia, respeto, pluralismo y diversidad. Las obligaciones previstas en este artículo son aplicables a las empresas públicas y privadas, así como las unidades socioproductivas comunales. En el ejercicio de la responsabilidad de crianza, las madres, padres, representantes y responsables deben brindarles a los niños, niñas y adolescentes formación dirigida a promover una cultura de paz, el respeto a la diversidad y la vigencia de los derechos humanos. Participación protagónica por la paz Artículo 5. Todas las personas tienen el derecho y el deber de participar de forma directa y protagónica en la construcción de la paz y la convivencia solidaria, entre otras, en la formulación, ejecución y control de las políticas públicas en esta materia. Las organizaciones y movimientos sociales, especialmente del Poder Popular, tienen la responsabilidad de promover en sus comunidades y espacios territoriales una cultura y valores de paz, diversidad, tolerancia, igualdad, respeto mutuo y convivencia solidaria. Así mismo, deben contribuir a prevenir y erradicar toda forma de violencia política, odio, discriminación e intolerancias. Principios de interpretación Artículo 6. En caso de dudas en la interpretación o aplicación de la presente Ley Constitucional, se adoptará aquella alternativa que brinde mayor protección a los derechos humanos, la paz y la convivencia pacífica. Capítulo II Promoción y Educación para una Cultura y Valores para la Paz y la Tolerancia Política pública para la convivencia pacífica Artículo 7. El Estado tiene la obligación indeclinable de desarrollar políticas públicas para la promoción y garantía de la convivencia pacífica, las cuales se fundamentarán en los valores y principios establecidos en la presente Ley Constitucional y en los siguientes ejes interdependientes: 1. Procesos familiares, educativos, culturales, recreacionales, deportivos, comunales, comunicacionales, institucionales, laborales y sociales, con énfasis en los niños, niñas, adolescentes y jóvenes. 2. Procesos de prevención y control de las formas

de violencia, odio, intolerancias y otras conductas relacionadas. Estas políticas públicas deben formularse y ejecutarse con fundamento a la corresponsabilidad y participación protagónica del Pueblo en la promoción y defensa de la paz, especialmente en las localidades y comunas. Medidas específicas de prevención Artículo 8. Son medidas específicas de prevención contra el odio, desprecio, hostigamiento, la discriminación, xenofobia y violencia moral o física entre las personas, las siguientes: 1. La formación y capacitación educativa. 2. La difusión de valores y mensajes de concientización a través de los medios masivos de comunicación. 3. El desarrollo de acciones y programas de asistencia jurídica y social. 4. La atención psicoterapéutica y de otros cuidados a la salud. 5. Las demás que determine la Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica. Formación para la paz y la convivencia pacífica en el Sistema de Educación Artículo 9. El Sistema de Educación debe garantizar que los centros e instituciones educativos sean espacios de y para la paz, diversidad, tolerancia, igualdad, respeto mutuo y convivencia solidaria. A tal efecto, los Ministerios del Poder Popular con competencia en materia de educación básica y de educación universitaria deben adoptar todas las medidas que sean necesarias y adecuadas para: 1. Incluir dentro de los programas educativos un eje transversal de formación dirigido a la construcción de una cultura de paz y de respeto a los derechos humanos. 2. Orientar las normas de convivencia y disciplina a promover y garantizar el reconocimiento de la paz, diversidad, la tolerancia, igualdad y el respeto recíproco, así como a prevenir y erradicar toda forma de violencia política, odio e intolerancias. 3. Desarrollar medios alternativos de resolución de conflictos en todos los centros e instituciones educativas para la prevención y solución de disputas entre quienes integren las comunidades educativas. 4. Crear y acompañar Brigadas Estudiantiles de Paz y Convivencia, con el objeto de contribuir con el impulso de las acciones previstas en este artículo, con la participación activa de las y los docentes. Efemérides Artículo 10. Se declara el veintiuno de septiembre de cada año como Día Nacional de la Paz. Así mismo, se declara el mes de mayo de cada año como Mes Nacional para la Promoción de la Paz, la Convivencia y la Lucha contra la Intolerancia. Durante estas fechas los órganos y entes del Poder Público deberán realizar acciones educativas, culturales, sociales, deportivas, artísticas, culturales, recreativas y comunicacionales, dirigidas a la promoción de la cultura de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad. Prohibición de partidos políticos, organizaciones y movimientos sociales que promueven el odio, la intolerancia y la guerra Artículo 11. Los partidos políticos y organizaciones políticas cuyas declaraciones de principios, actas constitutivas, programas de acción política, estatutos o actividades se funden o promuevan el fascismo, la intolerancia o el odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación y la violencia no podrán ser inscritos o constituidos ante el Consejo Nacional Electoral. Así mismo, se revocará la inscripción de aquellos partidos políticos y organizaciones políticas que incumplan lo previsto en la presente disposición. Los partidos políticos y organizaciones políticas contemplarán dentro de sus normas disciplinarias la medida preventiva de suspensión y la sanción de expulsión de las personas que contravengan la presente Ley Constitucional. En caso de abstenerse de incluir dichas normas o de iniciar, tramitar y decidir oportunamente los procedimientos disciplinarios por estos motivos, el Consejo Nacional Electoral revocará su inscripción. Se prohíbe facilitar o permitir la constitución o funcionamiento de personas jurídicas de derecho privado, así como de movimientos y organizaciones sociales que incumplan con lo previsto en el presente artículo. Capítulo III Responsabilidad de los Medios de Comunicación para la Convivencia Pacífica y la Tolerancia Promoción de mensajes para paz y la convivencia Artículo 12. Los prestadores de servicio de radio, televisión, por suscripción y medios impresos, públicos, privados y comunitarios, están obligados a difundir mensajes dirigidos promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad. A tal efecto, el Estado podrá ordenarle a los prestadores de estos servicios la difusión de estos mensajes por un tiempo de treinta minutos semanales. En la difusión de estos mensajes se otorgará prioridad a aquellos producidos por productores nacionales independientes y organizaciones y movimientos sociales del Poder Popular. El Fondo de Responsabilidad Social y el Fondo de Promoción y Financiamiento del Cine deberán otorgar prioridad al financiamiento de la producción de contenidos dirigidos promoción de la paz, la tolerancia, la igualdad, el respeto y la diversidad. Prohibición de propaganda de guerra y mensajes de intolerancia y odio Artículo 13. Se prohíbe toda propaganda y mensajes a favor de la guerra y toda apología del odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia. El Estado garantizará de forma prioritaria el cumplimiento de esta disposición en los prestadores de servicio de radio, televisión, por suscripción y medios impresos, públicos, privados y comunitarios, así como en los medios electrónicos. Responsabilidad en las Redes Sociales Artículo 14. La difusión de mensajes a través de las redes sociales y medios electrónicos que promuevan

la guerra o inciten al odio nacional, racial, étnico, religioso, político, social, ideológico, de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género y de cualquier otra naturaleza que constituya incitación a la discriminación, la intolerancia o la violencia a través se encuentra prohibida. Las personas jurídicas que administran las redes sociales y medios electrónicos se encuentran obligadas a cumplir estrictamente lo dispuesto en esta disposición y adoptarán las medidas adecuadas para prevenir la difusión de estos mensajes. A tal efecto, deberán retirar inmediatamente de su difusión cualquier propaganda o mensaje que la contravenga. Capítulo IV Comisión para la Convivencia Pacífica Comisión para la Convivencia Pacífica Artículo 15. Se crea la Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica, como espacio interinstitucional encargado de diagnosticar, organizar y formular las directrices de la política pública destinada a promover y garantizar la dignidad humana, el reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de violencia, odio e intolerancia política, social y de cualquier otro tipo. Mandato Artículo 16. La Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica circunscribirá su ejercicio a la política interinstitucional y a los lineamientos para la gestión social dirigidos al fortalecimiento y garantía eficaz del respeto, la tolerancia, la diversidad, la paz y tranquilidad pública y a la erradicación de toda forma de violencia, odio e intolerancia, así como de las conductas asociadas directa o indirectamente a éstas. Atribuciones Artículo 17. La Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica tiene las siguientes atribuciones: 1. Diseñar la política pública dirigida al fortalecimiento y garantía del respeto, la tolerancia, la diversidad, la paz y tranquilidad pública, así como a la erradicación de toda forma de violencia, odio e intolerancia y demás conductas asociadas directa o indirectamente a éstas. 2. Convocar y coordinar con los diversos órganos y entes del Poder Público para la formulación, ejecución y control de la política pública destinada a promover y garantizar la convivencia pacífica. 3. Formular propuestas de normas, medidas, directrices y recomendaciones para ser presentadas ante las autoridades públicas a los fines de su consideración. 4. Dictar medidas de aplicación inmediata por parte de todos los órganos y entes del Poder Público. 5. Realizar los estudios, diagnósticos y evaluaciones necesarias para la formulación, ejecución y control de la política pública destinada a promover y garantizar la convivencia pacífica. 6. Realizar consultas públicas sobre las materias de competencia de la Comisión. 7. Diseñar, organizar y gestionar la participación de todos los sectores sociales en el cumplimiento de sus objetivos. 8. Organizar eventos, seminarios, foros, encuentros, nacionales e internacionales, destinados a conocer, difundir e incrementar la comprensión y compromiso con el desarrollo de la política pública destinada a promover y garantizar la convivencia pacífica. 9. Promover medidas, acciones y políticas encaminadas a difundir la cultura de la paz, la tolerancia, el respeto y la diversidad en los procesos educativos, culturales, sociales, deportivos, artísticos, culturales, comunales, recreativos y comunicacionales. 10. Diseñar las medidas, políticas y normas que orienten las políticas de prevención y control dirigidas especialmente a la reducción y erradicación de la violencia, intolerancia y otras formas de odio, incluyendo la presentación ante la Asamblea Nacional Constituyente de las propuestas de modificaciones a normativas, políticas y medidas que deban dictarse o implementarse. 11. Presentar informes periódicos a la Asamblea Nacional Constituyente sobre el cumplimiento de su mandato, bajo los principios de eficiencia, transparencia y responsabilidad. 12. Dictar su Reglamento Interno. 13. Las demás que le otorgue la Asamblea Nacional Constituyente, la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las leyes. Integrantes Artículo 18. La Comisión para la Promoción y Garantía de la Convivencia Pacífica estará compuesta por quince (15) integrantes designados y designadas por la Asamblea Nacional Constituyente, de conformidad con los siguientes criterios: 1. Tres integrantes de la Asamblea Nacional Constituyente. 2. La Ministra o Ministro del Poder Popular con competencia en materia de Educación. 3. La Ministra o Ministro del Poder Popular con competencia en materia de Educación Universitaria. 4. La Ministra o Ministro del Poder Popular con competencia en materia de relaciones interiores, justicia y paz. 5. La Ministra o Ministro del Poder Popular con competencia en materia de comunicación e información. 6. La Presidenta o Presidente del Tribunal Supremo de Justicia. 7. La o el Fiscal General de la República. 8. La Defensora o Defensor del Pueblo. 9. La Defensora Pública o Defensor Público General. 10. Una Rectora o Rector del Consejo Nacional Electoral. 11. Tres voceras o voceros de organizaciones sociales que tengan por objeto la promoción de la paz, la convivencia y la tolerancia. Deber de colaboración y cumplimiento Artículo 19. Todos los órganos y entes del Poder Público, personas jurídicas de naturaleza privada y la sociedad tienen el deber, responsabilidad y compromiso de colaborar activamente y cumplir con el propósito de asegurar el reconocimiento de

la diversidad, la tolerancia y el respeto mutuo, así como prevenir y procurar la erradicación de toda forma de violencia política, odio e intolerancias, a los fines de asegurar la efectiva vigencia de los derechos humanos, evitar la impunidad, favorecer el desarrollo social, preservar la paz y la tranquilidad pública y proteger a la Nación. Capítulo V De las Responsabilidades, Delitos y Sanciones Delito de promoción o incitación al odio Artículo 20. Quien públicamente o mediante cualquier medio apto para su difusión pública fomente, promueva o incite al odio, la discriminación o la violencia contra una persona o conjunto de personas, en razón de su pertenencia real o presunta a determinado grupo social, étnico, religioso, político, de orientación sexual, de identidad de género, de expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio será sancionado con prisión de diez a veinte años, sin perjuicio de la responsabilidad civil y disciplinaria por los daños causados. Agravante por motivos de odio e intolerancia Artículo 21. Será considerado como un agravante de todo hecho punible que sea ejecutado o incrementado por motivo de la pertenencia, real o presunta, de la víctima a determinado grupo racial, étnico, religioso o político, así como por motivos de género, orientación sexual, identidad de género, expresión de género o cualquier otro motivo discriminatorio. En estos casos la sanción aplicable será el límite máximo de la pena establecida para el hecho punible correspondiente. Sanción por la difusión de mensajes a favor del odio y la guerra Artículo 22. El prestador de servicio de radio o televisión que difunda mensajes que constituyan propaganda a favor de la guerra o apología del odio nacional, racial, religioso, político o de cualquier otra naturaleza serán sancionados con la revocatoria de la concesión, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. En el caso de las redes sociales y medios electrónicos si la difusión de los mensajes a que hace referencia este artículo, no es retirada dentro de las seis horas siguientes a su publicación, la persona jurídica responsable de la misma será sancionada con multa desde cincuenta mil a cien mil unidades tributarias. Así mismo, dará lugar al bloqueo de los portales, sin perjuicio de la responsabilidad penal y civil a que hubiere lugar. El prestador de servicio de radio o televisión durante la difusión de mensajes en vivo y directo, solo será responsable de las infracciones previstas en la presente Ley o de su continuación, cuando la Administración demuestre en el procedimiento que aquél no actuó de forma diligente. Negativa de cesión de espacios para la promoción de la paz Artículo 23. El prestador de servicio de radio o televisión que incumpla la obligación de ceder los espacios gratuitos destinados a la difusión de mensajes que promuevan la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco, así como para prevenir y erradicar toda forma de violencia política, odio e intolerancia, serán sancionados con multa desde el tres por ciento (3%) hasta el cuatro por ciento (4%) de los ingresos brutos causados en el ejercicio fiscal inmediatamente anterior a aquél en el cual se cometió la infracción, de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Medios Electrónicos. Esta multa será depositada en el Fondo de Responsabilidad Social de Radio y Televisión. Sanciones por abstención omisión u obstrucción Artículo 24. Será sancionado o sancionada con prisión de ocho a diez años: 1. Todo funcionario o funcionaria policial o militar que en ejercicio de sus funciones, voluntariamente se abstenga, omita o retarde intervenir para evitar la consumación de cualquiera de los hechos punibles establecidos en la presente Ley o para detener a la persona respectivamente responsable; salvo que medien circunstancias de fuerza mayor o algún hecho o fuerza insuperable que ponga en peligro su propia integridad física. 2. Todo personal de salud que en ejercicio de sus funciones, sea en instituciones públicas o privadas, voluntariamente se abstenga, omita o retarde atender a una persona por razones de odio, discriminación, desprecio o intolerancia, salvo que medien circunstancias de fuerza mayor o algún hecho o fuerza insuperable que ponga en peligro su propia integridad física. Imprescriptibilidad Artículo 25. Los hechos establecidos en la presente Ley tienen carácter imprescriptible por tratarse de violaciones graves de los derechos humanos. Disposiciones Transitorias PRIMERA. Cualquier norma que colide con lo establecido en esta Ley Constitucional queda derogada. SEGUNDA. Todos los medios de comunicación deben difundir en su totalidad esta Ley Constitucional. Asimismo, todos los medios impresos deben publicar íntegramente esta Ley Constitucional. Disposición Final ÚNICA. La presente Ley Constitucional entrará en vigencia a partir de su publicación en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela. Dada y firmada en el Hemiciclo Protocolar del Palacio Federal Legislativo, Sede de la Asamblea Nacional Constituyente, en Caracas, a los dos días de noviembre de dos mil diecisiete. Años 207º de la Independencia, 158º de la Federación y 18º de la Revolución Bolivariana. Cúmplase, DELCY ELOINA RODRÍGUEZ GÓMEZ Presidenta ARISTÓBULO IZTÚRIZ ALMEIDA Primer Vicepresidente ELVIS EDUARDO AMOROSO Segundo Vicepresidente FIDEL ERNESTO VÁSQUEZ I. Secretario CAROLYS M. PÉREZ GONZÁLEZ Subsecretaria


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INTERNACIONAL

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Se fortalece el PC chileno Tribuna Popular.- Los resultados de las elecciones generales realizadas el pasado domingo 19 de noviembre en Chile demuestran, por tercer ciclo electoral consecutivo, que el Partido Comunista de Chile (PCCh) continúa avanzando, y que la influencia de su mensaje sigue creciendo entre las y los trabajadores y el pueblo chileno todo. Esta tendencia ascendente se inició a partir de las elecciones de 2009, cuando el PCCh obtuvo 132 mil votos (2,0% del voto nacional) que le permitieron alcanzar tres curules en la Cámara de Diputados del Congreso Nacional de ese país; en 2013, el PCCh obtuvo 255 mil votos (4,1%), con los que logró la elección de seis diputados; este año, la votación total comunista ha alcanzado 275 mil votos (4,6%), lo que otorga al PCCh ocho diputados para el período constitucional que se iniciará en marzo del año que viene.

Al mismo tiempo que Alejandro Guillier, candidato presidencial apoyado por el PCCh, logró su pase a la segunda vuelta que se efectuará el 17 de diciembre próximo, resultaron reelegidos cinco de los diputados comunistas que han ejercido durante el período 20142018: el presidente del PCCh Guillermo Teillier, las ex dirigentes estudiantiles Camila Vallejo y Karol Cariola, el abogado defensor de derechos humanos Hugo Gutiérrez, y el sociólogo y profesor universitario Daniel Núñez. A ellos se sumarán ahora como nuevos diputados Carmen Hertz, Amaro Labra y Boris Barrera, los tres en distritos electorales de la región metropolitana de Santiago. El secretario general del PCCh y hasta ahora diputado Lautaro Carmona, fue esta vez candidato a senador, cargo que no logró obtener pese a recibir cerca de 18% de los votos en la norteña región de Atacama.

Vallejo, Núñez, Teillier y Cariola se cuentan entre los reelegidos

El gobierno Trump se aísla del mundo Tribuna Popular.- La reciente Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, realizada del 6 al 18 de noviembre en Bonn, Alemania, con el propósito de avanzar en la implementación del «Acuerdo de París», ha concluido con modestos progresos en el cumplimiento de su agenda, pero con gran revuelo en cuanto a las implicaciones políticas de la participación de algunas delegaciones. Formalmente, se ha ratificado el convencimiento mayoritario acerca de la necesidad de eliminar la quema de carbón antes de mediados de siglo, así como de detener la demanda de petróleo en los próximos 20 años; se ha ratificado el compromiso por la mayoría de los países industrializados de proveer fondos para facilitar a los países menos desarrollados la transición hacia energías menos contaminantes y para afrontar las consecuencias del cambio climático; y se ha acordado la agenda de futuras reuniones sobre estos temas.

Pero lo más significativo ha sido el espectáculo colateral de las varias delegaciones contrapuestas de EEUU: la oficial, designada por el gobierno de Donald Trump, ha actuado según la decisión de ese gobierno de retirarse del «Acuerdo de París» y de fomentar las industrias de combustibles fósiles contra los propósitos de ese acuerdo global que EEUU firmó en 2015; las delegaciones no oficiales, algunas de las cuales incluían gobernadores y otros altos funcionarios estadounidenses, han manifestado ante el mundo su desacuerdo con la política del presidente Trump. Con la incorporación tardía de Siria y Nicaragua al «Acuerdo», EEUU se convierte en el único país del mundo excluido, y queda completamente aislado en materia ambiental. Este hecho ha agudizado las tensiones entre las élites políticas estadounidenses ante el conflictivo programa de gobierno que ha venido desarrollando el presidente Trump desde su elección, que amenaza con provocar una crisis institucional en ese país.

Histórico incumplimiento del Estado ARGELIO PÉREZ FABRA. Especial para TP Responsable del Partido Comunista Colombiano (PCC) en Venezuela

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l incumplimiento del Estado colombiano al acuerdo de paz hecho con la insurgencia, tiene sus orígenes en la época de la colonia cuando, en 1781, se incumplieron los acuerdos firmados con los comuneros liderados por Francisco Berbeo y José Antonio Galán. En esa ocasión más de 30 mil comuneros marcharon hacia Santa Fe de Bogotá, sede del Virreinato de Nueva Granada, para reclamar la disminución de los impuestos al tabaco, el aguardiente y la devolución de las minas de sal a los indígenas. Después de llegar a un acuerdo que se denominó «Las Capitulaciones», el virrey desconoció lo firmado con los líderes comuneros los cuales, posteriormente, al intentar alzarse nuevamente, fueron asesinados. En la década de 1950 ocurrió lo mismo con las guerrillas de los Llanos Orientales que comandaba Guadalupe Salcedo. Luego de creer en los anuncios del gobierno de Gustavo Rojas Pinilla, entregaron las armas y se desmovilizaron con la promesa de recibir créditos, escuelas, puestos de salud, tierras, arreglo de carreteras; promesas que tampoco fueron cumplidas. Al empezar Guadalupe Salcedo y sus compañeros a reclamarle al Gobierno los acuerdos firmados, fue ultimado por la policía en 1957. Luego, en los años 80, después de firmar los acuerdos de paz de La Uribe con el gobierno de Belisario Betancur, una gran parte de las organizaciones sociales y algunos líderes de la guerrilla conformaron el partido Unión Patriótica para que el pueblo pudiese escoger una opción distinta al bipartidismo liberal-conservador. El resultado: más de cinco mil cuadros de la UP asesinados, incluyendo dos candidatos presidenciales, cuatro congresistas, y decenas de alcaldes, diputados y concejales. NO DEBEMOS ASOMBRARNOS Por eso, nadie puede asombrarse de los incumplimientos que hace el gobierno de Juan Manuel Santos al acuerdo suscrito con las FARC. Lo único que ha cumplido Santos ha sido permitir a la guerrilla conformar su partido, para participar en las próximas elecciones del Congreso y la Presidencia. Pero la amenaza más grande está en los obstáculos que ponen los congresistas para aprobar la Jurisdicción Especial de Paz (JEP) como había sido acordada, y se pretende someter a ésta a los jefes guerrilleros para aspirar a ser electos popularmente. Lo más grave es que las facultades especiales que tiene el Ejecutivo para firmar todas las leyes que faciliten la implementación de estos acuerdos, finalizan el 30 de noviembre. Además, si los excomandantes guerrilleros salen electos y no han definido su situación jurídica, no podrán asumir sus curules en el Congreso. Según algunos analistas los tiempos alcanzan, porque en el caso de que el Congreso apruebe la JEP tiene que pasar por la Corte Constitucional para darle el visto bueno. Este proceso dura por lo menos tres meses. Lo que indica que cada día se torna más oscuro el panorama político para los exguerrilleros que aspiran a dar la lucha legal con las ideas y el debate. A esto se suma el incremento de la llamada «guerra sucia» contra los líderes sociales y guerrilleros desmovilizados, que a diario cobra más víctimas fatales.


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Fidel, ejemplo de firmeza y coherencia NATALYA M. GARCÍA. Especial para TP Analista política

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ólo quien «haya visto tan desamparada la patria y envilecida la justicia, puede hablar […] con palabras que sean sangre del corazón y entrañas de la verdad»; tal fue el caso de Fidel Castro Ruz, simplemente Fidel, líder de la Revolución Cubana y de los más distinguidos personajes del movimiento comunista internacional. Nació el 13 de agosto de 1926, en el pequeño pueblo de Birán, al extremo oriental de Cuba. Miembro de una familia con una sólida posición económica, comprendió desde muy joven de qué lado de la historia debía estar, renunciando así a una vida de comodidades y riquezas. Durante su carrera universitaria formó parte de movimientos revolucionarios contra la dictadura dominicana de Trujillo, por la independencia de Puerto Rico, por la nacionalización del Canal de Panamá y por la unidad estudiantil latinoamericana. Tras el golpe de Estado de Fulgencio Batista (1952), lideró el grupo de jóvenes que, decididos a acabar con la tiranía, emprendieron el asalto al Cuartel Moncada, en Santiago de Cuba, el 26 de julio de 1953. El asalto fracasó y la represión no se hizo esperar; muchos murieron y otros, como Fidel, fueron encarcelados. Sin embargo, este episodio

de lucha fue determinante en el posterior desarrollo de la Revolución Cubana. Allí nacería y así obtendría su nombre el «Movimiento 26 de Julio». En su defensa, como acusado y abogado a la vez, frente a sus acusadores esbozó la realidad cubana: «Lo inconcebible es que haya hombres que se acuesten con hambre mientras quede una pulgada de tierra sin sembrar; […] que hay

niños que mueran sin asistencia médica, […] que el 30% de nuestros campesinos no sepan firmar; […] que la mayoría de las familias de nuestros campos estén viviendo en peores condiciones que los indios que encontró Colón al descubrir la tierra más hermosa que ojos humanos vieron» Condenado a 15 años de prisión, la presión de masas logró su amnistía en

1955. Se exilió entonces en México, donde organizó el regreso a Cuba, en el entendido de que no existía otra salida que la revolución. «Si salgo, llego; si llego, entro; si entro, triunfo», tal era la confianza de Fidel en el futuro del pueblo cubano. Y así fue: el 1 de enero de 1959, a la cabeza del Ejército Rebelde, Fidel, con 32 años, cumplió su promesa e inició el proyecto que ya lleva casi 59 años. Fidel empeñó grandes esfuerzos para consolidar el Estado, el Partido y las organizaciones de masa que aseguren libertad, democracia, tierra, industrialización, vivienda, empleo, educación, cultura, salud y felicidad para el pueblo. Ni la invasión de Playa Girón (1961), ni los más de 600 intentos de asesinato a Fidel por la CIA, ni el sabotaje, las décadas de bloqueo económico y el asedio imperialista, han impedido que Cuba sea hoy el único país latinoamericano sin desnutrición infantil, el que muestra la esperanza de vida más alta de la región, y el que tiene la más alta tasa total de alfabetización. El 25 de noviembre, hace un año, partió sin poderse reprochar «haber dejado principio por defender, verdad sin decir, ni crimen sin denunciar». Su ejemplo estará siempre presente en cada lucha por la liberación de las y los trabajadores de la ciudad y el campo, en la lucha por el socialismo en cada rincón del mundo. ¡Hasta la victoria siempre, Comandante!

Los Soviets y su ejemplo para hoy (y II) MARIANO VIVANCOS. Especial para TP Militante en la Célula «Eduardo Gallegos Mancera» del PCV en Caracas

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a fábrica fue la base para la constitución de los Soviets de obreros; en la elección de diputados participaban todos los obreros, sin excepción ni restricción. Igual ocurría con los campesinos y los soldados en sus respectivos Soviets en los campos y cuarteles. Así, cada Soviet aglutinaba el poder legítimo de los obreros, soldados o campesinos, y emergía como órgano de gobierno con el respaldo y la confianza de todo el pueblo. Paralelamente, se crearon más tarde Soviets de barriada, que formaban parte de los Soviets locales junto a los diputados de la unión de profesionales, que comprendía doctores, juristas, docentes y otros. Se excluía la representación de la alta y media burguesía. Cada Soviet formaba comisiones de formación política e ideológica, ayuda a desempleados, publicaciones y propaganda, hacienda, y designaba a los gerentes de las instituciones que el Soviet tomaba bajo su control, como los servicios locales de correos, telégrafos o ferrocarriles, entre otros. Los diputados en los Soviets, a diferencia de los representantes en los parlamentos burgueses, no percibían retribución alguna por el ejercicio de sus funciones, y podían ser relevados en

cualquier momento de sus cargos si sus electores estimaban que no habían cumplido adecuadamente. Comparado con el parlamentarismo burgués, el sistema de los Soviets es un avance de trascendencia histórica en el desarrollo de la democracia, pues constituye la expresión viva de una democracia inmediata y directa, en que todos los poderes del Estado quedan reunidos en el colectivo de los diputados, sin la separación formal entre las funciones legislativas, ejecutivas y judiciales que caracteriza a los regímenes burgueses. Sus principales funciones inmediatamente después del triunfo revolucionario de octubre de 1917, fueron la defensa y consolidación de la revolución. Como organizaciones de vanguardia del pueblo, los Soviets cumplían asimismo tareas de educación, instrucción y guía de toda la clase que hasta entonces había sido apartada de la vida política real. Una vez formalizada la nueva estructura del Estado, se estableció el mecanismo de elección de abajo hacia arriba, según el cual los Soviets locales creaban los de los niveles superiores hasta llegar al Gobierno central del país. Según la Constitución de la Unión de Re-

Asamblea de un Soviet de fábrica

públicas Socialistas Soviéticas (URSS), esta cadena de elecciones hacia arriba concluía en el Soviet Supremo, máximo órgano del Estado, que estaba compuesto por dos cámaras con poderes iguales: el Soviet de la Unión, elegido sobre la base de la población en proporción de un diputado por cada 300.000 habitantes, y el Soviet de las Nacionalidades, que daba igual representación a cada una de las repúblicas agrupadas en la URSS independientemente de su

tamaño, a razón de 32 diputados por cada república. La idea de los Soviets, legado imperecedero del proletariado ruso, es ahora patrimonio de todo el proletariado internacional. Es evidente que cada revolución tendrá características distintas en cada país, pero está fuera de duda que ninguna genuina revolución podrá prescindir de organizaciones semejantes a los Soviets, que organicen y expresen el poder de la dictadura del proletariado.


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CULTURA

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Orsini sigue vivo en sus sainetes FANY CALZADILLA. Especial para TP Secretaria Nacional de Cultura y Pioneros de la JCV

La fiesta del verso

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umberto Orsini (1926-2017), militante comunista venezolano, a partir de sus múltiples facetas de actor, director, productor, animador cultural, investigador, fundador del grupo Máscaras –donde compartió una estrecha amistad y trabajo profesional con César Rengifo, Enrique Izaguirre, entre otras figuras de las tablas de la época– e instituciones de diversa índole, se consagró como un hombre imprescindible para la historia del teatro venezolano, con especial referencia en los géneros de teatro político, comprometido y el sainete. Este último, originario de España del siglo XVIII, es la muestra de un pequeño mundo, donde, como dijo Orsini, se levanta una pieza teatral breve, jocosa, popular y de ambiente parroquial que narra la vida de sus ciudadanos. En Venezuela además incluyó las costumbres, hábitos y enredos. Podemos verlo en Los sueños rotos de la familia Berruga, cuando doña Angelina miente sobre su realidad socioeconómica, para sellar el compromiso de su hija Rita con la adinerada familia de Encarnación Aguerrevere. Asimismo, se evidencian las costumbres de la época, cuando su esposo Sinforoso entra borra-

Por: PAÚL SEIJAS

cho y cantando Carmen la que contaba 16 años, popular merengue caraqueño. En el sainete, el público va a verse retratado allí, a reírse de sí mismo y a reflexionar sobre su realidad, pues los temas son sobre la vida cotidiana y sus principales contradicciones. Es el caso del borracho Sinforoso, que al culminar la obra expresa: «¿Yo? Yo soy la víctima. Yo soy un ejemplo de lo que ha parido la sociedad». También, este género es una oportunidad para expresar las vicisitudes de una sociedad en crisis desde todo punto de vista. Tal es el caso de Doña Anacleta, personaje del sainete Más caliente que plancha e’ chino –estampa de la Caracas de ayer–, la cual expresa «¿A que no adivinan a cómo subieron el kilo de

queso? Pues lo subieron a real y medio y cuartillo. ¡Eso es un robo descarado, mijito! Si los precios siguen subiendo así, yo no sé qué vamos a comer.» Tiene especial atención La convención, el único sainete del absurdo de los años 60, en el que se satiriza la corrupción política dilucidando sobre la cosa y el coroto, los otros, los de arriba, los de abajo y el idioma cuti, para culminar en la nada y entonando el himno al árbol. Humberto Orsini, a través del sainete, defendió y promovió el teatro venezolano, buscando las causas del desarraigo de la sociedad, del clientelismo político en la bonanza petrolera; generando propuestas y denuncias con humor, caricaturas y enredos familiares.

Por: CENAMEC / SAULO RADA ARANDA

El mejor reloj

Si el mejor reloj es el que da la hora correcta con mayor frecuencia y alguien tiene dos relojes, uno que no funciona y otro que atrasa un minuto por día, ¿cuál es el mejor reloj? a) Ninguno de los dos b) El que atrasa un minuto por día c) El que no funciona d) Depende de la marca de los relojes Solución del criptograma anterior: Medidas radicales contra la especulación

Solución del reto anterior: La respuesta es la «c», es decir, el 30% de la población habla los dos idiomas.

Por: JUAN D. GÓMEZ R.

Una vez más, como tradicionalmente ha venido realizando el Min-Cultura, los venezolanos amantes de la copla, la décima, la prosa y el soneto, podrán disfrutar del Festival Mundial de Poesía Venezuela 2017, el cual, en su 14ª edición, arrancará con una gran gala inaugural en los espacios del Complejo Cultural Teresa Carreño el domingo 26 de noviembre. Compositores y poetas de todo el mundo se dirigirán a las plazas, urbanismos y espacios abiertos de los 23 estados del país y la ciudad capital para, con su altisonante voz, realizar foros, recitales y talleres poéticos, en el marco de un festival que, además de proclamarse como antiimperialista, rendirá un sentido homenaje, desde su inicio y hasta el 1 de diciembre, al escritor falconiano Blas Perozo Naveda y al «Comandante Carache» Argimiro Gabaldón.

¡Aclárame esto! TP Nº 2.986

LATO (página 14, columna 1, párrafo 1, línea 2) e usa comúnmente para que una palabra se interprete de una forma amplia y/o extensa. Puede verse que, en el artículo, al decir «en sentido lato», además del «sentido estricto», se busca interpretar el término «revolución» de la manera más amplia posible, ya sea aplicada en ciencias sociales, arte, biología u otras disciplinas.

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PULVÍGENO (página 4, izquierda, párrafo 1, línea 8) n salud ocupacional, este término es utilizado para calificar un ambiente que está altamente cargado de polvo. Las bibliotecas, si no se acondicionan adecuadamente, pueden ser lugares de trabajo con mucha acumulación de polvo; de ser así, se pudiera decir que un estudiante, al hacer sus investigaciones allí, está leyendo en medio de un ambiente pulvígeno.

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Escríbenos: SeccionCulturaTP@gmail.com


Nº 2.987 | Año LXX | XI Época

| 23 de NOVIEMBRE al 13 de DICIEMBRE de 2017 | www.issuu.com/Tribuna_Popular

Tribuna Popular 2.987  
Tribuna Popular 2.987  

23 de noviembre al 13 de diciembre de 2017

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