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Nº 2.973
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ANÁLISIS
2 al 22 de FEBRERO de 2017
una ley especial para autorizar su designación. Steven Mnuchin, Secretario del Tesoro: Trabajó en la gigante financiera Goldman Sachs durante 17 años, y alcanzó a ser su vicepresidente ejecutivo. Hasta 2015 fue el principal accionista del banco OneWest, el cual fue objeto de investigaciones gubernamentales por prácticas poco éticas de desalojo y desahucio de deudores hipotecarios durante la crisis de 2008-09. También ha tenido inversiones importantes en diversos estudios y empresas de producción cinematográfica. Entre sus metas como Secretario del Tesoro se propone reducir el impuesto a las empresas de 30% a 15%, y desmantelar las regulaciones a las corporaciones financieras establecidas luego de la crisis de 2008-09. Su designación todavía no ha sido confirmada por el Senado. Wilbur Ross, Secretario de Comercio: Inversor y financista especulativo, cuya especialidad ha sido la compra de compañías con dificultades financieras, para reestructurarlas y venderlas por medio de operaciones bursátiles. Fue por años Director General de N.M. Rothschild Inc., empresa en la que hizo la mayor parte de su fortuna por ese procedimiento. Ha sido socio de negocios de Trump, y mantuvo hasta hace poco diversas inversiones en industrias metalúrgicas, textiles y de minería; una de sus compañías mineras ha sido investigada por violaciones de seguridad laboral, incluyendo una explosión en una mina de carbón que en 2006 causó la muerte de doce trabajadores. Al igual que el propio Trump y la propuesta Secretaria de Educación, Elisabeth DeVos, se cuenta entre las 100 personas más ricas del planeta, con una fortuna personal de unos 3 mil millones de dólares. Su designación no ha sido confirmada. Thomas Price, Secretario de Salud y Servicios Humanos: Diputado en el Congreso desde 2005. Se ha opuesto reiteradamente a la Ley Salud a Bajo Costo («Obamacare»); a diversas iniciativas de avance de los derechos de las mujeres, especialmente las relativas a derechos reproductivos; a regulaciones de defensa del medio ambiente, especialmente las que afectan a las corporaciones petroleras; al programa de asistencia a los deudores hipotecarios morosos; a la regulación de las corporaciones tabacaleras bajo la agencia federal de control de drogas (DEA); al retiro parcial de las tropas estadounidenses en Irak. Es miembro de la junta directiva de al menos dos corporaciones de biotecnología y farmacia. Su nombramiento ha encontrado resistencia tanto por este último hecho como por su firme posición a favor del aumento de la privatización de los servicios de salud que él dirigiría, y no ha sido confirmado por el Senado. Andrew Puzder, Secretario del Trabajo: Abogado reconocido como uno de los más importantes activistas contra los derechos reproductivos de las mujeres; fue investigado por abuso y violencia doméstica contra su primera esposa. Hasta diciembre, fue presidente ejecutivo de la corporación de comida rápida CKE. Ha sido un crítico asiduo de los sindicatos, y proponente de la desregulación laboral. Se opone al aumento del salario mínimo federal y al establecimiento del pago doble por horas extra; es favorable a una política inmigratoria menos estricta que la
que propone Trump, por los efectos que la inmigración tiene sobre el abaratamiento de los costos laborales. No ha sido confirmado. Jefferson Sessions, Fiscal General: Senador republicano, proponente de las más despiadadas políticas contra la inmigración. Como fiscal distrital en la década de 1980, protegió por omisión a miembros del Ku Klux Klan que habían asesinado a un joven afroamericano, pero se ensañó contra activistas que defendían los derechos electorales de las comunidades afroamericanas. Debido a su historial racista, el Senado rechazó en 1986 su postulación por el presidente Reagan para el cargo de juez de Distrito. Como fiscal general de Alabama en los años 90, demostró una vez más ser enemigo de las minorías raciales y sexuales. Es un defensor racista del encarcelamiento masivo, con la excusa de combatir las drogas adictivas; se opone a la nacionalización de inmigrantes, al aborto, al apoyo médico a los veteranos de guerra, al control de armamentos, y a la regulación de protección del ambiente. Su nominación por Trump ha sido especialmente polémica, y se espera un duro debate en el Senado. De ser confirmado, tendrá bajo su control el Departamento de Justicia, con unos 110.000 empleados y un presupuesto anual de 27 mil millones de dólares, incluyendo el FBI (policía federal de investigaciones), la DEA y la ATF (agencia federal de control de alcohol, tabaco, armas y explosivos). Elaine Chao, Secretaria de Transporte: Una de las dos mujeres propuestas; fue Secretaria de Trabajo en el gobierno de G.W. Bush, cuando se destacó por sus políticas contrarias a la regulación de las condiciones de salud y seguridad laboral. Durante este período, y debido al relajamiento de las inspecciones por la OSHA (agencia federal de salud y seguridad laboral, dependiente de la Secretaría que Chao dirigía) se produjo la fatal explosión en la mina propiedad de Wilbur Ross, su nuevo compañero de gabinete. Hasta enero, ha sido miembro de las juntas directivas del banco Wells-Fargo, de la transnacional agroalimentaria Dole Food Corp., y de la corporación mediática News Corp. a la que pertenecen la cadena FOX y el Wall Street Journal, entre otros. Tiene poca experiencia en el área de transporte; es
conocida por su activismo anticomunista tanto en contra de China, país de origen de sus padres, como de varios países de la antigua Unión Soviética. Su nombramiento fue confirmado. Benjamin «Ben» Carson, Secretario de Vivienda: Con una fortuna de unos 30 millones de dólares, es uno de los menos ricos entre los nominados por Trump, además de ser el único afroamericano. Es médico, un renombrado neurocirujano, psicólogo y psiquiatra. Miembro de la secta de los adventistas, es famoso por su fanatismo religioso y sus posiciones controversiales en contra de los derechos reproductivos de las mujeres; también debido a sus creencias, se opone a la teoría de la evolución y al concepto de calentamiento global como resultado de las actividades humanas, lo que, pese a su prestigio médico, lo ha hecho objeto de burlas en la comunidad científica. Es contrario a la regulación de las corporaciones financieras, a los impuestos a las corporaciones y en general a toda forma de tributación progresiva, a la extensión de la seguridad social, a la educación pública y al aumento del salario mínimo federal. Carece de experiencia alguna en el área de vivienda, pero ha afirmado que la construcción de viviendas públicas, al igual que toda otra forma de política de protección y bienestar social, es «comunista» y debe cesar. No ha sido confirmado por el Senado. Rick Perry, Secretario de Energía: Fue vicegobernador de Texas durante la gestión de G.W. Bush, y se convirtió en gobernador cuando éste renunció al cargo tras ser elegido presidente; mantuvo el cargo hasta 2015. Como el propio Bush, estuvo involucrado en su juventud en incidentes de abuso de alcohol; y también como él, ha sido empresario en la industria petrolera, la principal del estado texano; es hasta ahora miembro de la junta directiva de Energy Transfer Partners, empresa propietaria de una de las mayores redes de oleoductos y gasoductos del país. Tal hecho constituye un grave conflicto de intereses, puesto que esta empresa es la dueña y operadora de los controversiales oleoductos Keystone y Dakota Access, actualmente en construcción pese a la resistencia de diversas comunidades y colectivos. En 2011, afirmó durante un debate televisado que si fuera presidente
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eliminaría las Secretarías de Comercio, Educación y Energía, por considerar dañina su actividad reguladora; ahora Perry, quien cuestiona la validez de la evidencia científica acerca del calentamiento global y la contaminación ambiental, podría llegar a dirigir la Secretaría que propuso eliminar. Se espera un difícil debate en el Senado antes de su confirmación, que podría ser negada. Elisabeth «Betsy» DeVos, Secretaria de Educación: La segunda mujer propuesta por Trump. Su esposo se cuenta entre las 100 personas más ricas del planeta, con una fortuna personal de más de 5 mil millones dólares; además, es heredera de la fortuna de su padre, quien fue dueño-fundador de la corporación Johnson Controls, una gran fabricante de partes automotrices y electrónicas; «Betsy» es en este sentido la «peso pesado» del gabinete, más rica que el propio presidente. La familia es propietaria de la transnacional Amway, de la cadena hotelera internacional Alticor, y de varios equipos deportivos profesionales. Su hermano es fundador de la empresa de mercenarios Blackwater USA, cuyos empleados cometieron crímenes y violaciones de DDHH en Irak. «Betsy» es una poderosa dirigente del Partido Republicano, y se enfrentó duramente a Trump durante la campaña electoral, llamándolo un «intruso»; su inclusión en el gabinete representa el acuerdo pragmático entre Trump y el aparato partidista después de la victoria electoral de noviembre. Ha manifestado en reiteradas oportunidades su oposición a la educación pública, a la que considera un intento de monopolización por el Estado de un «mercado» que debería ser abierto a la libre competencia. En este sentido, comparte las opiniones de Perry, su compañero de gabinete, y, de ser confirmada, podría llegar a dirigir como éste un departamento que desea eliminar. General John Kelly, Secretario de Seguridad Nacional: Hasta hace unos días fue Comandante del Comando Sur, unidad responsable de las operaciones militares de EE.UU. en Latinoamérica y el Caribe; antes había sido Comandante General de la Fuerza Multinacional en Irak. Fue responsable de la formación de la milicia sunita Anbar Awakening, que dio origen al autodenominado Estado Islámico. Se recuerdan sus actuaciones y declaraciones agresivas contra Venezuela, PetroCaribe y el ALBA. Es considerado un militarista extremista, incluso según los estándares del Pentágono. Sólo él y el también general James Mattis lograron obtener la confirmación de sus nombramientos en el gabinete de Trump el propio 20 de enero. Como Secretario de Seguridad Nacional (Homeland Security), está en control de unos 240.000 empleados, el tercer Departamento más grande que incluye a ICE (agencia federal de inmigración y aduanas) para desarrollar tareas que comparte con los Departamentos del Interior y de Justicia. Sus responsabilidades incluyen la lucha contra la oposición política, el terrorismo, el contrabando de drogas, y la inmigración ilegal, específicamente en la frontera mexicana. Kelly se hay manifestado en contra del cierre de la cárcel ilegal de Guantánamo, y a favor de la aplicación a prisioneros de las formas de tortura llamadas «técnicas especiales de interrogación».