Ernesto Meccia
lleve a pensar que es una falacia circunscribir la homosexualidad a la intimidad y que, por lo tanto, los homosexuales tienen el derecho de gestionar sus derechos en tanto que ciudadanos, es probable que aquello que era gratitud se convierta en un sentimiento de estafa. Porque, en efecto, esconde una estafa la circunstancia de haber sido tolerado si se permanecía invisible y silencioso, seguida de las groseras imprecaciones que los tolerantes vociferan cuando los tolerados tratan de trascender a través de la organización política ese estado. Quisiera probar entonces que, puesta a funcionar, y al menos referida a la homosexualidad, la política estatal de la tolerancia es hipócrita y antidemocrática porque pretende usufructuar para perpetuar aquello que produce: la ausencia de los tolerados de la esfera pública, ausencia que implica la reproducción de la subordinación social de los gais. En realidad, en Argentina, la homosexualidad fue solo intermitentemente objeto de tolerancia; la reapertura democrática de 1983 permitió saberlo. Las listas de los primeros reclamos estaban signadas por el “no”: no a la intromisión de la policía en los lugares de encuentro, “no” a las detenciones extorsivas en las calles, “no” a la incertidumbre en los ámbitos laborales. Y todo ello a pesar de no estar la homosexualidad tipificada en el Código Penal ni condenada por la Carta Magna. En los hechos, la tolerancia “en el papel” era compatible con la existencia de un andamiaje legal inconstitucional que posibilitó la represión abierta de numerosos homosexuales (Modarelli y Rapisardi, 2001). Con posterioridad, en la primera mitad de la década del 80, cuando el sistema de alertas en pos del respeto a los Derechos Humanos imposibilitó esa clase de represión, hizo su aparición la violencia discursiva emanada directamente de las agencias del Estado y del Catolicismo. Ello se producía cada vez que los tolerados intentaban instalarse como un colectivo portador de derechos en la esfera pública, reacciones violentas que permiten inferir que en un régimen de tolerancia la esfera pública es propiedad de los grupos tolerantes y que son ellos quienes inauguran y ponen celo en cumplir un régimen de condicionalidades estricto. Se está en presencia de una condicionalidad típica de la Iglesia Católica que hizo suya la mayoría de la clase política en Argentina hasta buena parte de la década ORIENTACIONES revista de homosexualidades
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