ACCESO A SERVICIOS PÚBLICOS PROBLEMA /
Las instituciones débiles y las deficiencias en el control favorecen el desvío de fondos destinados a servicios públicos como salud y educación. Los estudios de seguimiento del gasto público realizados en algunos países han demostrado que hasta un 80% de los fondos no asignados a sueldos, que se transfieren del nivel nacional al local, nunca llegan a los centros de salud (Banco Mundial). Del lado de los prestadores de servicios, una gestión deficiente implica que los empleados públicos, por ejemplo los directores de escuelas o el personal de hospitales, abusan a menudo de sus cargos para exigir sobornos a las personas a las que deberían ayudar. En el caso de las víctimas, una gestión deficiente las obliga a pagar sobornos para que sus hijos puedan asistir a la escuela. Cuando no pueden asumir el costo de enviar a varios hijos a la escuela, son por lo general las niñas a quienes se deniega el acceso a la educación. En la atención sanitaria, la corrupción puede incluso cobrarse vidas si los hospitales comercializan medicamentos falsificados o adulterados, provenientes del extranjero y que de manera ilegal recorren la cadena de suministro. El resultado es que no se dispone de medicamentos indispensables de buena calidad, y que los pacientes pueden morir. Aun cuando no se producen víctimas mortales, los esfuerzos destinados a superar graves obstáculos a la salud como son la malaria y el VIH/SIDA se ven menoscabados.
SOLUCIÓN /
Los presupuestos destinados a instituciones y servicios públicos, como escuelas, hospitales e infraestructura, deben ser transparentes para que los ciudadanos, activistas, investigadores y periodistas puedan llevar a cabo un seguimiento de esos fondos e impedir que se desvíen. La información debe ser de fácil acceso y comprensión. Los ciudadanos desempeñan un rol importante en promover la transparencia y la rendición de cuentas a nivel local, ya sea a través del escrutinio de los presupuestos de las escuelas públicas o simplemente familiarizándose con el coste oficial de los servicios públicos. Los gobiernos tienden cada vez más a sumar a la sociedad civil y los ciudadanos en las consultas sobre políticas sectoriales a nivel nacional y en el ámbito de los gobiernos locales, e involucrarlos tanto en la planificación como la implementación de los servicios. Pero si la participación ciudadana no es informada, institucionalizada e inclusiva, no podrá prevenir la corrupción en el uso de los fondos y continuará excluyendo a los grupos más desfavorecidos de la prestación de servicios vitales. En muchos casos, la solución se encuentra más allá de las fronteras nacionales y exige una cooperación entre países. Para erradicar el problema de los medicamentes falsificados se requiere un enfoque común, trabajar con el sector de las aduanas, los proveedores y las instituciones médicas del país y propiciar una asistencia legal recíproca que permita llegar a la raíces del problema, que por lo general están en el exterior.
Acceso a Servicios Públicos
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