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INAUGURACIÓN

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múltiples normas que condicionan el acceso al mercado de servicios y la libertad de establecimiento. En este ejercicio de revisión, efectivamente, tendrá que ponderarse con extremo cuidado qué regulación debe mantenerse, —con las oportunas modificaciones, atendidas las razones de interés público que en cada caso sustente y justifique la misma y respetando el principio de proporcionalidad— y cuál ha de ser revisada y reformada por suponer barreras de entrada que no se justifican desde un óptica de libertad de acceso y, por tanto, de mayor competencia. En cuanto a los mercados regulados, representados en estas Jornadas a través del análisis del sector de la energía y la telecomunicaciones, el proceso de liberalización de estos mercados (energía, transporte, telecomunicaciones, servicio postal) permite o permitirá, en aquellos supuestos de más reciente liberalización, que los consumidores puedan escoger entre un mayor número de alternativas en los productos y los proveedores de servicios; la liberalización permite, además, tener la posibilidad de conseguir mejores precios y nuevos servicios más eficientes y enfocados al consumidor, lo que redunda, a su vez, en una economía más competitiva. También resultan de indudable actualidad todos los aspectos que van ligados a la concesión de ayudas públicas, pues este último año ha sido especialmente intenso en cuanto a intervenciones de gran dimensión y repercusión mediática. Qué duda cabe que en tiempos de graves dificultades los poderes públicos se ven en la disyuntiva de intervenir para salvar grandes estructuras empresariales o financieras, y tenemos recientes ejemplos de inyecciones multimillonarias en gigantes del sector de la automoción y del sector financiero en EEUU y también en Europa que quizás desde una perspectiva económica liberal no tengan una plena justificación; pero pienso que en este campo, como en muchos otros, el papel que deben jugar los poderes públicos es el de conseguir el máximo equilibrio en la ponderación de todos los intereses en juego, y el del mantenimiento de las condiciones de competencia seguro que es uno de ellos. Debe existir un consenso de todos respecto a que la aplicación de las normas sobre ayudas públicas es necesaria, precisamente en situaciones de crisis, para conseguir que las intervenciones tengan una orientación hacia el largo plazo que conduzca eficazmente hacia el final de la crisis. Por otra parte, a buen seguro que del intercambio de experiencias resultantes de las ponencias y mesa redonda sobre el sistema español de defensa de la competencia y la situación y perspectivas de las auto-

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III JORNADAS NACIONALES DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA COORDINACIÓN TRIBUNAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA (Valencia...