Introducción SUMARIO: 1. MARCO CONCEPTUAL. 2. LIBERTADES DE CIRCULACIÓN APLICABLES A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MEDIANTE EP. 3. EL ESTATUTO JURÍDICO DEL EP EN LA UE Y EN EL EEE. 4. LAS DIRECTIVAS COMUNITARIAS. 4.1. Directiva de intereses y cánones. 4.2. Directiva de reorganizaciones empresariales. 4.3. Directiva matriz-filial.
1. MARCO CONCEPTUAL La liberalización de las corrientes de capital y de comercio, la apertura de los mercados y la caída de las tradicionales barreras de entrada han supuesto la aparición de nuevas oportunidades de negocio e inversión. El tránsito de las empresas hacia la internacionalización, que se puede explicar por muy distintas razones, se puede alcanzar, principalmente, a través de la constitución de una filial o de un EP, decisión en la que, sin duda, se tienen en cuenta consideraciones de índole fiscal. La expresión “EP”, propia del ámbito financiero-tributario, se utiliza para referirse a la sede empresarial, carente de personalidad jurídica autónoma, a través de la que un operador económico desarrolla con carácter habitual y por sí mismo una actividad económica en un Estado distinto al de su residencia. Es decir, el EP constituye una explotación económica que depende de una persona o entidad residente en un Estado distinto de aquél en el que el mismo se halla situado: la denominada “casa central”. Por lo tanto, la realidad que subyace al EP es eminentemente fáctica de forma que, para la calificación de las rentas empresariales como obtenidas a través de EP, se debe partir de una situación de hecho que se considera como tal y en relación con la que, en principio, y a excepción de las sucursales, resulta irrelevante si el empresario ha registrado su presencia en el país extranjero en cuestión. Tanto en la definición de EP como en la atribución de efectos jurídicos al mismo influyen normas de distinta naturaleza y alcance: las legislaciones internas de los Estados de la fuente y de residencia,