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PABLO GARCÍA MEXÍA

de vista: tanto desde el de los países desarrollados, donde se reconoce con generalidad como un elemento crucial de legitimidad de sus sistemas políticos; como desde el de los países en desarrollo, respecto de los que ha llegado a ser considerado, no ya como un obstáculo más al desarrollo —cosa que no sorprendería—, sino como el mayor de todos ellos2. De ahí que no puedan dejar de sorprender tesis como la de M. Naim (2005), quien ha llegado a asegurar literalmente que “la lucha contra la corrupción perjudica al mundo”, en la medida en que bajo su bandera encuentran justificación múltiples tentativas políticamente desestabilizadoras, siendo no obstante constatable la “prosperidad” (sic) de países donde la corrupción alcanza tasas elevadas (China, Italia o Hungría serían algunos ejemplos), a los que sólo un consejero “descubridor de mediterráneos” recomendaría ser más libres y democráticos. Muy aventurada, casi temeraria, la tesis de Naim debe a nuestro juicio y, sin embargo, agradecerse, por lo que de sincero y valiente tiene, y en esa misma línea, dado su indiscutible valor como una suerte de antidogmática “sacudida académica”, siempre saludable, al obligar a revisar fundamentos que casi de forma inconsciente figuran ya “incrustados” en nuestras mentes. Con todo, no podemos compartirla. Sin ánimo de recurrir a un análisis exhaustivo, y para empezar, incurre en contradicciones, al iniciarse afirmando que —y en ello esta-

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Así lo hizo durante su intervención en el Congreso fundacional de la Organización Mundial de Parlamentarios contra la Corrupción (GOPAC, en sus siglas inglesas), desarrollado en Ottawa (Canadá) en octubre de 2002, una de las Vicepresidentas del Banco Mundial (www.parlcent.ca/ gopac/index_f.php). Quizá por ello, la principal conclusión de la Conferencia Internacional sobre Financiación del Desarrollo mantenida en Monterrey (México) entre los días 18 y 22 de marzo de 2002 bajo el auspicio de las Naciones Unidas, había radicado en la necesidad que —a juicio de los países desarrollados— tienen los países en desarrollo de prevenir y combatir la corrupción, siempre y cuando deseen continuar percibiendo la ayuda de aquéllos para su progreso. Dejamos al lector el juicio moral y político de esta conclusión.

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