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“CONFLICTO Y JUSTICIA: EL CASO URBANO” Por: Carlos Alberto Garzón “De manera que hay un crecimiento económico y social y que hay pobreza. Las necesidades de innovación compiten con las demandas de justicia. Tales antinomias ofrecen una primera visión del conflicto social moderno.” “La política de la libertad es la política de vivir con el conflicto. La diversidad y la igualdad tienen sus lugares respectivos en una constitución que pretenda ofrecer a todos las más amplias oportunidades vitales.” Ralf Dahrendorf

Introducción La convivencia y seguridad ciudadana ha sido en los últimos años, quizá, uno de los temas más recurrentes en las agendas de los gobiernos en todos los niveles de la administración pública. Por su lado, los planes de desarrollo nacional, departamental, distrital, municipal, local y regional contemplan estrategias dirigidas a mitigar el impacto negativo que la violencia social viene causando a la convivencia pacífica de los ciudadanos, circunstancia que deteriora inmediatamente la calidad de vida de los ciudadanos. El auge del tema de la justicia, la seguridad y la convivencia, que en algunos casos coincide más con iniciativas propagandísticas de los gobiernos que a políticas serias de intervención al problema de la Violencia Urbana en Colombia, opaca la importancia de iniciativas orientadas a mejorar los ambientes cotidianos y reconstruir el tejido social. Se observa un afán por incorporar a las políticas públicas asuntos de convivencia sólo por el hecho de estar de moda y no por su pertinencia. Esta circunstancia se evidencia cuando los gobiernos fijan pautas en estas materias sin considerar en ellas líneas de acción que posibiliten una atención integral al conflicto social urbano que vive hoy el país. Los procesos de reincorporación de actores armados en los barrios de las grandes ciudades, cruza más allá de la entrega de armas y del acto formal que significa la firma de pactos de convivencia que no amarran hechos reales de solución a la pobreza, el desempleo, la ausencia de una infraestructura e inversión social, esto es, una redistribución equitativa y justa de los beneficios generados por la acción del Estado entre los ciudadanos.

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Mientras estos factores no sean considerados con la importancia que tienen a la hora de movilizar las razones de la guerra que vivimos, difícilmente lograremos una aproximación a la desactivación de los escenarios de muerte que disparan las estadísticas de violencia urbana. Entre tanto, los planes y programas de desarrollo comunitario se quedan en una manifestación de voluntad que no logra ser incorporada en la vida cotidiana. No obstante esta realidad, existen esfuerzos importantes que intentan implementar experiencias de negociación de conflictos a escala urbana con actores armados como es el caso de algunas milicias en la ciudad de Medellín, donde se han logrado acuerdos significativos que han apalancado el desarrollo comunitario. En Bogotá se ha realizado acercamientos con pandillas con las que se ha llegado a acuerdos de desarme y no-agresión, los programas de validación del bachillerato para parches ha sido una experiencia relativamente importante. Lo mismo podríamos decir de las comunas Cali, donde igualmente ha habido este tipo de acercamientos, las mesas de concertación, por decir algo, han servido para fortalecer estas experiencias de convivencia. Pero aún a pesar de su valor y del interés que demuestran muchos en ellas, han sido residuales e insuficientes frente a la magnitud de la problemática. Finalmente, es importante tener en cuenta que las políticas públicas en materia de justicia y seguridad vistas desde el ángulo de la dominación neoliberal, no se apartan de los procesos globales de la reestructuración del Estado, y por el contrario, los paradigmas de lo privado y la racionalización de la administración pública se insertan en la definición de las nuevas relaciones ciudadano – convivencia. La justicia como parte del Estado es afectada por los cambios generados en la globalización, en consecuencia las políticas en estos asuntos igualmente persigue, en algunos casos la privatización en otros la descentralización y la autorregulación.

1.

La ciudad escenarios de conflictos

Para entrar en el tema planteado y que titula nuestra exposición, es indispensable, antes que nada, hacer algunas consideraciones respecto a la situación actual de la ciudad, pues éste es el espacio natural en el que se desenvuelve la conflictividad urbana. La lucha por sobrevivir, el diario transcurrir del conflicto urbano en todas sus posibilidades, la memoria e historia de las ciudades, las maneras de recrear lo cotidiano en entornos violentos y el uso de la imaginación como instrumento de vida son aspectos que rodean las alternativas y posibles

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soluciones; por ello el escenario de la ciudad adquiere sentido para la justicia, la seguridad y convivencia ciudadana. En primer lugar, los modelos capitalistas de desarrollo contemporáneos han facilitado la formación de un tipo de cultura urbana basada en la competitividad, la sostenibilidad y el predominio de valores individualistas. El acceso limitado a bienes y servicios ha llevado a las personas a optar por posturas egoístas, en las que el bien común es sustituido por la satisfacción de las necesidades particulares. Por eso las grandes ciudades como Bogotá, se transforman en una gran “selva de cemento y de fieras salvajes” como dice la canción, en la que cada uno debe defenderse como sea y al costo que sea. Normalmente en estos sistemas regulativos, las formas de disciplina social las acuerdan los ciudadanos con mayor capacidad para imponer su propia voluntad sobre la de los demás. De esta manera impera la ley del más fuerte, del “vivo” y del que tiene el poder a su favor; los demás viven sometidos y con miedo, no hay reacción ni movilidad social, su posición frente al conflicto es frágil. Quienes alguna vez han visitado las grandes metrópolis han encontrado, no obstante su importante riqueza cultural y artística, con habitantes de la calle, niños pidiendo dinero en los semáforos, indigencia o un hecho de violencia que les recuerda luego su experiencia de haber estado en esa ciudad. Difícilmente el recuerdo inmediato es la ciudad culta y amable, éstos conceptos se asocian a la utopía más que a la cotidianidad de sus habitantes. Las llamadas ciudades intermedias registran un panorama menos desolador pero igualmente conflictivo, por un lado por los procesos de concentración urbana producidos por fenómenos de desplazamiento forzoso y en otros por fenómenos de conurbación en el que pequeños municipios son absorbidos por la ciudad. A ello se suma la falta de planeación en el crecimiento y poblamiento de las ciudades. Estas crecen en estadísticas pero no se desarrollan de la misma forma; los beneficios de la actividad de la ciudad y sus oportunidades vitales no son redistribuidos equitativamente. Por el contrario, los contrastes son cada vez más fuertes y violentos, los cordones de miseria aumentan aparatosamente y sin control, y lo más grave, no hay autoridad que controle la actividad de urbanizadores piratas ligados algunas veces a sistemas financieros corruptos que se prestan para hacer circular los escasos recursos de gentes humildes a delincuentes de cuello blanco. Esta situación se inserta en la realidad de un modelo de desarrollo neoliberal que privatiza las empresas del Estado prestadoras de servicios públicos, que diseña la ciudad del futuro pensando en la movilización de los grandes capitales a costa de golpear al pequeño y mediano comerciante, que convierte las calles en correas de transmisión de los grandes negocios eliminando o desplazando la informalidad,

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que “recupera” sectores de la ciudad para embellecer la pobreza, que trastea a sectores populares asentados en polos de desarrollo a barrios marginales, etc. Este modelo económico de las ciudades en Colombia corresponde a un tipo de formación urbana desordenado, interesado más en la ganancia que deja la competencia que los beneficios que se pueden alcanzar con el bienestar común. Este esbozo de diagnóstico es apenas una referencia desde el cual se suscitan los conflictos urbanos, que van desde el conflicto social originado en el hogar, los enredos vecinales y la delincuencia común hasta el conflicto político que se manifiesta en la lucha por el poder y donde aparecen actores armados de una violencia que lacera la cotidianidad de la ciudad. La formación de grupos armados violentos en el contexto urbano se explica, no solamente por la carencia de mecanismos de concertación y negociación que los desmovilice e integre a la vida civil, sino por las condiciones de precariedad socioeconómica que caracteriza la vida en los barrios populares y las características históricas y culturales de cómo se ha configurado el territorio de la ciudad. Desde una perspectiva democrática de los contextos urbanos, los conflictos plantean oportunidades para el desarrollo y progreso de las comunidades más pobres, no por la intervención del Estado, sino por la acción cooperativa de algunos sectores populares que se han constituido en embriones de reconstrucción del tejido social a partir del fortalecimiento de redes de organización social. Es el caso del Movimiento Sin Tierra en Brasil, Los Sin Techo en Chile o el Movimiento de Desocupados en Argentina. Modelos como los viviendistas que por autogestión fomentan proyectos de vivienda popular, la puesta en marcha de centros educativos por la misma comunidad o la democratización del presupuesto barrial por algunas juntas comunales se constituyen en iniciativas que plantean un esquema de convivencia de abajo hacia arriba no impuesto desde los gobiernos. En este supuesto de ciudad democrática, la formación urbana adquiere unas connotaciones que la hacen más legítima; allí el conflicto se aborda como una posibilidad para mejorar los niveles de vida colectiva a partir de un empoderamiento que le permita a las comunidades asumir una actitud fuerte, una reacción y movilización frente a los problemas de justicia social y convivencia cotidiana. Es otra mirada del conflicto visto desde adentro de las comunidades. Desafortunadamente esta es una apreciación meramente académica que nos permite observar, con cierta nostalgia, como sería un ejercicio democrático de poder por la propia comunidad.

- Contexto socio político del conflicto urbano

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Los contextos de la violencia urbana en los cuales se expresan los conflictos cotidianos presentan unas características muy singulares que hacen variar la situación sociopolítica de una ciudad a otra. Las causas y factores generadores de la violencia urbana, aunque en lo general mantienen la misma base social: pobreza, desempleo y crisis económica presenta cierta particularidad que matiza las expresiones de ella y su tratamiento en cada territorio, barrio, cuadra, parche o esquina. Así, por ejemplo, en Cali el narcotráfico, la delincuencia juvenil y el proceso desordenado de configuración del espacio geográfico, especialmente en el sector de laderas y el Distrito de Aguablanca, han llevado a la formación de redes de violencia local, en las cuales la cotidianidad se ve afectada. La acción de respuesta a este tipo de violencia difusa ha sido, en la mayoría de las veces, igualmente violenta. Allí cada actor se considera con el derecho propio de intimidar y reducir a su contradictor. Paralelo a este fenómeno de violencia, la comunidad ha alcanzado importantes niveles de organización que le han válido para establecer procesos de concertación con la administración municipal en la solución de las problemáticas que le aquejan y desarrollar experiencias de trabajo cultural con los jóvenes. En la misma forma, en Medellín, el resquebrajamiento de la cultura de la “antioqueñidad” impuesta desde arriba por el narcotráfico a través de la modalidad sicarial, hizo crisis y dejó a la deriva y sin referente orgánico a un sector importante de la juventud que le permitiera un tipo de solidaridad grupal distinto a la violenta. La ocupación del espacio geográfico en la ciudad está mediado por la amenaza, el deseo de venganza o simplemente la formación de grupos privados de justicia y seguridad. Por su lado, las milicias han intentado diferenciarse y dar contenido social a su planteamiento armado, de ahí, que los grupos de milicianos reincorporados a la vida civil por medio de pactos de concertación y negociación estén buscando alternativas a las necesidades de sus comunas. En el primer semestre del 2.000 el desplazamiento forzado, invisivilizado por un tipo de migración silenciosa se hace más evidente en los barrios populosos. En la Costa Atlántica y especialmente en Barranquilla el impacto del conflicto armado interno insurgencia – Estado y la acción del paramilitarismo han provocado el éxodo masivo de campesinos a las ciudades capitales. De tal suerte que centenares de familias provenientes de zonas o regiones donde el conflicto armado se ha agudizado como Urabá, Córdoba, sur de Bolívar, Magdalena Medio, e incluso del occidente del país, han tenido que migrar a otras ciudades, en este caso a Barranquilla donde es más notorio el fenómeno del desplazamiento forzado. La ubicación de estos nuevos pobladores en la periferia de la ciudad,

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particularmente en el Suroccidente, ha entrado a constituirse en un elemento nuevo que habrá de tomarse en cuenta para la convivencia. Bogotá, la capital del país resume en forma gravísima estos contextos. La pobreza absoluta de buena parte de sus habitantes hace invivible la ciudad. En Ciudad Bolívar, uno de los asentamientos humanos más grandes del continente por cada 3 de sus habitantes 2 no cuentan con el mínimo de necesidades básicas satisfechas (agua potable, vías, vivienda, etc.). La situación de otras localidades como Kennedy, Engativá, Usaquén, Suba, Usme y San Cristóbal entre otras localidades es similar. El centro de la ciudad es la expresión más auténtica del caos, el desorden urbano, el ruido y la inseguridad, total, las condiciones ambientales son las más inapropiadas para el desarrollo humano. Estas pautas de las metrópolis, son algunas características que definen una tendencia del comportamiento del conflicto urbano pero no significa que sean las únicas. La complejidad de las redes de violencia en los barrios muchas veces supera la ficción de sus actores. Por ello, existen muchas expresiones de conflicto que se quedan por fuera de la observación analítica, pero que inciden en la conducta de los ciudadanos. Con este panorama sombrío de las ciudades más importantes del país como telón de fondo, podemos afirmar que el comportamiento de las ciudades llamadas intermedias, pero no por ello menos importantes, recoge esta tradición de violencias. Quizá la diferencia con otras ciudades como Bucaramanga, Cúcuta, Tunja, Ibagué, Pereira, Armenia, Manizales, etc., sea el tamaño de su área geográfica y densidad poblacional, porque en general tanto factores desencadenadores de conflictos como actores, tipos de conflictos y maneras de resolución son las mismas, sólo que se reproduce a menor escala. Lo que quiere decir que la violencia partidista, que golpeó a mediados de siglo pasado al país, proyectó homogéneamente en campos y ciudades unas bases similares para el conflicto posterior. No hay una desarticulación muy clara entre la violencia política originada en las desavenencias partidistas de aquellas violencias menores que impactan la vida cotidiana de la ciudad. Unas y otras se entrecruzan alimentado el conflicto social, que es en últimas donde se puede explicar la violencia en términos generales. 2.

Conflicto Urbano y Justicia Comunitaria

a. Los conflictos en la comunidad La distancia entre la norma y la realidad se evidencia en los tipos de conflictos que se tramitan por las formas comunitarias de resolución de conflictos. Por lo compleja que ha llegado a ser la vida en comunidad, por los múltiples intereses

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involucrados en las relaciones interpersonales y las subjetividades individuales, los comportamientos en comunidad llegan a plantear una filigrana de conductas que se escapan a la descripción legal que traen los códigos y leyes de la república. Igualmente los valores con que se lee en la comunidad la ley no son los mismos que tuvo en cuenta el legislador al momento de hacerla. Ese vacío norma realidad es otra causa de impunidad que no alcanza a ser recogida en las estadísticas oficiales, cuyas nomenclaturas no recogen conductas que pueden ser irrelevantes para el derecho formal, pero que ponen en juego situaciones vitales para quienes se ven enfrentados. La regulación de la manguera del agua por el fontanero, el manejo de los problemas en los barrios formados por invasión o los malentendidos en el hogar que resuelven las madres comunitarias, son algunos ejemplos de manejo de tipos de conflictos no previstos por la ley y gestionados sin violencia por la misma comunidad. No se busca que se legisle al detalle el comportamiento humano. Por el contrario, se trata de descriminalizar a la comunidad y darle herramientas para que pueda manejar sin violencia esas diferencias. Históricamente se ha demo


b. Justicia comunitaria o paralela a la oficial Se evidencia, la manifestación de un conflicto social fuerte especialmente en sectores altamente vulnerables de las ciudades en Colombia. Esa masa de conflictos, por su parte, ha desbordado el papel tradicional de la administración de justicia formal y originado el surgimiento de mecanismos privados de disciplina social, regularmente violentos, a través de los cuales se están gestionando los conflictos cotidianos. Pero aún así, también se gestan en el seno de la comunidad formas no violentas de convivencia sin las cuales, seguramente, los índices de violencia serían mayores. De las formas violentas y pacíficas de tratamiento de los conflictos, nos referiremos exclusivamente a las segundas, las que en definitiva aportan a mejorar los ambientes de vida en los barrios. Ante la ausencia de una administración de justicia eficaz, las comunidades vienen construyendo, desde su propio seno, iniciativas orientadas a mitigar los niveles de violencia que les aqueja. Pero la manifestación de esas formas o maneras de atender los conflictos varían de un entorno barrial a otro, de un territorio a otro, de una ciudad a otra. Quiere decir esto, que no es homogéneo ni existen parámetros precisos de cómo se resuelven los conflictos en la comunidad. Entre tanto, los procedimientos utilizados en la generación de pactos y acuerdos son tan variados como lo son los imaginarios de una sociedad que crece en el miedo y el temor de sus propias gentes. En esa angustia, marcada por la diversidad y la creatividad de un medio social golpeado por la violencia cotidiana es donde descansa la legitimidad de las formas o maneras de justicia en la comunidad. Factores preponderantes para entender este modelo de justicia paralela a la oficial o del Estado, son las costumbres y usos de los pobladores de un área geográfica determinada, que por el transcurrir del tiempo se constituyen validamente en norma social, convirtiéndose en obligatoria para el conglomerado dentro del territorio. La construcción del tejido social en comunidades con escasos recursos económicos y marginada de un desarrollo urbano serio, pasa por entender y aceptar este tipo de normas sociales elaboradas en su propio territorio y correspondientes a un devenir cultural e histórico. La vida de la vecindad en los barrios tiene sus propias características y es a ellas que corresponden, tanto las costumbres hechas normas sociales como las formas y maneras para hacerlas efectivas.

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A partir de allí se construye una especie de legislación, unos tribunales y unos procedimientos particulares, fenómeno que puede entenderse desde tres puntos de vista; que el modelo de descentralización y participación de la Constitución Política se hace extensivo con la justicia comunitaria, en segundo lugar, que las condiciones de precariedad socioeconómica de los barrios populares y la periferia les lleva a resolver sus conflictos de manera directa, y en tercer lugar, que la existencia de rasgos culturales tradicionales, de identidad y pertenencia común entre grupos humanos garantiza una mayor solidaridad. Estos fenómenos son relevantes en la medida que los niveles de organización y movilización social son altos La discusión acerca de las formas o maneras de gestión de los conflictos locales está ligada al surgimiento de una juridicidad o derecho distinto al oficial o del Estado. Dice Boaventura que "El derecho oficial que está en los códigos es apenas una de esas formas, aunque tendencialmente la más importante. Esas formas varían en cuanto a los campos de acción social o los grupos sociales que regula,...". Pues ese derecho no oficial que se ha venido formando a través de la costumbre y los usos culturales, ha tendido unas raíces muy profundas en los contextos comunitarios, por la proximidad a la realidad que contiene esa juridicidad popular o comunitaria. La distancia de los códigos a los procesos sociales les hace precarios de legitimidad frente a quienes pretende llegar, los que a su vez van creando nuevas fuentes de regulación social. Luego las formas o maneras con que cuenta la comunidad para gestionar los conflictos tiene como base un nuevo derecho comunitario y los operadores de ese nuevo derecho cuentan, a su vez, con la legitimidad que les da la experiencia, el conocimiento y la proximidad a los conflictos, en última instancia su cercanía a la realidad. Cuando una persona de la comunidad acude a los servicios de los operadores de justicia comunitaria, lo hace voluntariamente y con la convicción de que quiere solucionar su problema. Es decir, no se trata de un requerimiento legal y de carácter obligatorio, por el contrario se busca el mayor grado de informalidad que despoje de cualquier ritualismo el proceso de aproximación entre los intereses y necesidades de las partes en conflicto. En el Distrito de Aguablanca en Cali, por ejemplo, existen unas consejeras o conciliadoras familiares llamadas “las doctoras” que resuelven conflictos en su comunidad con tal fuerza que sus decisiones son, en algunos casos, de mayor acatamiento por las partes que las órdenes de la Inspección de Policía o la Comisaría de Familia. Otro ejemplo palpable de esta nueva realidad, es la experiencia del Centro Comunitario de Resolución de Conflictos y Conciliación CCRCC de los barrios Moravia y el Bosque en la ciudad de Medellín, donde las mismas instituciones de justicia formal le remiten al Centro, atendido por líderes comunitarios, casos para que éste tome la decisión.

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El componente básico de este sistema de justicia informal es el valor de la palabra que le han dado sus actores, es el elemento simbólico más trascendental en la construcción de los acuerdos. Por ser los integrantes de la misma comunidad los que tramitan sus diferencias, tanto los actores del conflicto como los facilitadores, le da un contenido y una fuerza a lo que se dice y pacta que regularmente nadie incumple, precisamente por la fuerza social del operador de justicia y del proceso llevado a cabo. El milagro que no aparece en la justicia formal y que hace viable los acuerdos en la justicia comunitaria es la legitimidad y espontaneidad del proceso. Este elemento, que no es material por que no se percibe por los sentidos, es lo que sirve de sustento a la justicia comunitaria y es la base axiológica de una propuesta democrática de seguridad y convivencia ciudadana. La idea es como canalizar esa masa de conflictos anotados en el punto anterior por esta vía ciudadana, sin que los gobiernos pierdan la obligación de respeto y garantía de los derechos que subyacen en la base de los conflictos, los cuales sólo se mantienen vigentes si el Estado hace importantes inversiones en obras de desarrollo y crea las bases necesarias para una convivencia pacífica.

3. Seguridad y Convivencia en el marco de la Reestructuración del Estado Como lo señalamos al principio, los temas de la seguridad y la convivencia ciudadana, por hacer parte de la política del Estado, necesariamente se ven afectados por los cambios que, en las últimas décadas, ha sufrido éste, especialmente luego de haber fracasado el modelo cepalino de intervencionismo estatal, caracterizado por la teoría social como el período fordista o del Estado de Bienestar, que de bienestar no tuvo sino el nombre. Es así como en la reforma política al sector justicia, se la ha subsumido en valores y criterios de flexibilización, modernización y privatización que fueron las lógicas impuestas a las condiciones del mercado y la economía. Por eso política, economía y justicia van de la mano en una misma dirección, hacia un mismo modelo de organización de los asuntos públicos. Estos cambios se comenzaron a manifestar a mediados de los años 70s, cuando en América Latina, especialmente en el cono sur (Chile) comenzaron a sustituirse las formas de organización estatal propia del Estado de Bienestar por un modelo de desregulación de las funciones del Estado. Ahora bien, en el nuevo contexto de la política pública y de acumulación del capital internacional, el mercado se coloca como el ordenador de las relaciones sociales y jurídicas de los ciudadanos.

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El Estado Nación inmerso en esa dinámica es absorbido hasta hacer desaparecer su papel regulador de los asuntos públicos. Los grandes temas de la política económica y de la seguridad nacional encuentran en los escenarios internacionales los espacios de discusión y toma de decisiones. Mientras tanto la esfera de lo nacional se domestica hasta el punto de tratar asuntos que para nada inciden en la política internacional, por los mens r


Como quiera que el referente de la democracia participativa es un dispositivo intrínseco del modelo de acumulación capitalista que mencionamos anteriormente, pero aún así, también refleja las condiciones de un nuevo pacto político en Colombia que buscó relegitimar e incorporar al proyecto estatal los actores que no estaban representados en el agotado esquema bipartidista frentenacionalista que caracterizó al régimen político durante más de cinco décadas y de abrir canales institucionales a la iniciativa ciudadana. De otro lado, los indicadores que el modelo de acumulación capitalista neoliberal se propuso derrotar como la pobreza, el hambre, las altas tasas de criminalidad, la marginalidad y la exclusión social, antes que desaparecer o mitigar su impacto, por el contrario fueron factores que agudizaron aún más el conflicto social. Tal vez superamos los desarrollos propios de una sociedad vertical y tribal, pero desafortunadamente accedimos a una modernidad a medias, en la que los dirigentes políticos andan más preocupados de su imagen personal y los votos que de la construcción de un proyecto democrático de sociedad. En este sentido hay una tensión muy fuerte entre la formación clientelista de nuestro sistema político y una apropiación de lo público como forma del ejercicio ciudadano del poder, entonces es necesario un orden social basado en la equidad, la justicia y en las formas de un sistema democrático y no en el formalismo de un constitucionalismo reglamentista que define todos los derechos habidos y por haber de los ciudadanos, pero que olvida los instrumentos para hacerlos ejercitables. Allí radica el reto de una política pública en el tema de la convivencia, la justicia y la seguridad ciudadana, en la participación real de los actores comprometidos en el conflicto social, las instituciones, las Ong's, la academia, los líderes sociales y la comunidad en el diseño de políticas de corto, mediano y largo plazo que permitan el progreso social basado en unas condiciones de equidad y justicia social. La repolitización de la sociedad se entiende, entonces, como el ejercicio de los ciudadanos en la elaboración de ese proyecto de sociedad que todos anhelamos, y a cuya base subyace la solución del conflicto social como condición de una paz duradera, sostenible y real.

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CONFLICTO Y JUSTICIA: EL CASO URBANO