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COMUNICACIÓN Y DERECHOS HUMANOS: EL CASO DE LAS CAPTURAS MASIVAS Por: Emerio Torres Pérez1 “Colombia es una República fundada, entre otros valores, en el respeto a la dignidad humana”, Artículo Primero de la Constitución Colombiana. “Un Estado Social de Derecho ha de fundamentarse en el respeto por la dignidad del ser humano y ha de garantizar el derecho a la libertad”. “Toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”, Artículo 29 de la Constitución Colombiana. A pesar de todos los esfuerzos que se hacen desde diferentes ámbitos de la sociedad, pasando por las entidades del Estado y las organizaciones no gubernamentales, las iniciativas ciudadanas y las iglesias, hasta llegar a movimientos de mujeres, sociales y barriales, Colombia sigue inmersa en una profunda crisis humanitaria y de derechos humanos. Para aliviar la patria de estas terribles enfermedades aún nos falta mucho camino por recorrer. Lo importante es seguir adelante y no desmayar en nuestro empeño de reconstruir este país acorralado por la violencia, la exclusión, la guerra y la corrupción. Y en esta gran cruzada nacional por la búsqueda de la paz, el respeto por la vida y la implementación de estrategias profundas para promover un cambio estructural de largo aliento en los campos políticos, económicos, educativos, sociales y culturales, tenemos una 1

Comunicador CORPADES

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gran responsabilidad los periodistas y los medios de comunicación que, muchas veces por ignorancia, ausencia notable de investigación, desconocimiento de las normas y falta de contexto en las noticias, nos hemos vuelto “cómplices” de la violación de derechos humanos. Y es que los periodistas en Colombia informamos mucho y comunicamos muy poco. Sin embargo, tenemos que reconocer que en este mundo globalizado, lleno de contradicciones y acosado por conflictos de toda índole, los medios de comunicación cumplen un papel fundamental y se han convertido en un elemento indispensable dentro de la estructura de la sociedad moderna. Ahora las noticias vuelan, el mundo está interconectado en su integridad y al instante conocemos los hechos que suceden en el planeta. La comunicación tiene mucho que ver con el desarrollo integral de la humanidad, pero tanta tecnología, desgraciadamente, no está puesta al servicio del hombre, de su bienestar y de su dignidad, por el contrario, sirve a intereses particulares e individuales que lo único que hace es aumentar la brecha entre los que más tienen y los más necesitados. Es así como en una ponencia presentada en el II Foro Social Mundial (Porto Alegre-2003), Sally Burch dice que “una nueva dimensión de la problemática comunicacional es el discurso en torno a la sociedad de información, que se nos presenta como el nuevo paradigma de la sociedad de futuro. Este discurso asigna a la tecnología un rol causal en el ordenamiento social, y lo ubica como motor del desarrollo, con lo cual cualquier consideración de conflicto social quedaría relegada. Ya no serían las luchas sociales sino la tecnología la que cambiaría la historia”. Por lo tanto debemos reconocer nuestra realidad tal cual es, sin ambigüedades ni sofismas, porque ese principio de certeza nos ayudará a encontrar las soluciones adecuadas. Y esta reflexión también tenemos que hacerla los periodistas y los medios de comunicación porque, en términos generales, siento que no existe, por lo menos en la

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actualidad, un compromiso serio y responsable para aportar a la solución de los graves problemas que vive el país. Lógicamente, y como en todos los avatares de la vida, existen excepciones porque, la verdad hay que decirlo, algunos medios y periodistas nos la jugamos todos los días por una propuesta de cambio en los esquemas informativos, en la no utilización sesgada de los medios masivos de comunicación y en sacar de ellos la guerra para presentar otras alternativas más educativas, pedagógicas y orientadoras de la opinión pública nacional, con el fin de aportar iniciativas más pacíficas, civilistas y negociadas a la coyuntura y la guerra que azota todo el territorio nacional. Sin embargo, esta no es una constante y aún se imponen los intereses particulares sobre los colectivos. Aún no hay una voluntad expresa de los grandes monopolios de los medios de comunicación para tener una apuesta certera y firme en la búsqueda de la convivencia, la igualdad y la paz para los colombianos. Los medios de comunicación y los periodistas podemos convertirnos en constructores de paz, pero también podemos ser generadores de violencia y guerra. NO ESTÁBAMOS PREPARADOS Ahora bien, otro de los graves problemas que tenemos los periodistas y los medios de este país es que no estábamos preparados para informar sobre la guerra ni teníamos la experiencia, los conceptos, el conocimiento y la sabiduría suficientes para enfrentarnos a las noticias de este tipo, para analizar tanto caos y contradicción. Peor aún, es que existe muy poca conciencia, sobre todo en los dueños de los medios, para, aunque tarde, emprender este camino: el de la preparación, estudio y análisis para hacerle frente a una realidad que nos absorbe, que desborda las salas de redacción y que supera las intenciones periodísticas. Por eso, siempre que ejercemos el oficio de periodistas promovemos múltiples formas de violencia, discriminación, intolerancia, exclusión y

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estigmatizamos personas o comunidades enteras, para sólo mencionar algunos efectos de la guerra; o nos convertimos en defensores de los derechos humanos y ayudamos al entendimiento, la integración, la participación, es decir, los valores que llevan a la plena vigencia del bien común, de la convivencia. Lo ideal, y en eso tenemos que trabajar todos, sobre todo aquellos que de una u otra manera estamos involucrados en el fascinante mundo de las comunicaciones, lo ideal, repito, es convertir a los medios de comunicación, y convertirnos los periodistas, en cómplices de la verdad y en constructores de una país mejor. El periodista polaco Kapusinski dice que “es vocación del periodismo promover la intercomprensión del mundo porque intentando comprendernos los unos con los otros dejáremos de ser enemigos” Otro tema inquietante en el mundo periodístico es el de la ética, concepto que también tiene que estar presente en todas las actividades de la vida y en las actitudes personales, individuales y profesionales de cada uno. Por eso debemos decirlo sin titubeos: la primera responsabilidad ética de los periodistas y los medios es con las víctimas civiles de la guerra, no con los promotores o actores de ésta. ¡No más micrófonos, grabadoras y cámaras de televisión para aquellos que cambiaron la palabra por las balas, la negociación por la confrontación, la política por el campo de batalla! Los medios de comunicación tienen que dejar de ser la vía a través de la cual nos entregan partes de guerra. Los medios no pueden seguir siendo el escenario para infringir derrotas militares ni crear falsas expectativas de una realidad que nos desborda. El periodista Javier Darío Restrepo dice que “la naturaleza de los medios debe apuntar hacia la construcción de la unidad y la concordia. Su instrumento, que es la palabra, tiene por fin socializar y su finalidad primaria es el servicio de toda la comunidad y no de grupos y de personas.”

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COMUNICACIÓN Y CENSURA No estoy pidiendo que desconozcamos, que cerremos los ojos o que permanezcamos indiferentes ante la realidad colombiana, que es lamentable y cruel. No podemos ser insensibles ante la guerra que nos agobia y la violencia que día a día cobra más víctimas, no, esa no es la intención, pero ni los medios ni los periodistas podemos seguir siendo los “idiotas útiles” de los actores del conflicto armado para satisfacer sus necesidades, llevar sus mensajes o ayudarles a ganar la guerra. Nosotros, por el contrario, tenemos que ayudar a construir la paz y tener el carácter suficiente para oponernos a todos aquellos que pretenden utilizarnos. Pensemos más en las víctimas y menos en los victimarios. Nuestra misión y compromiso debe ser la defensa de la vida, de los derechos humanos, de la población civil y la búsqueda de la verdad por encima de cualquier consideración. Y es que el manejo de la información en Colombia no difiere en nada a la de otros países en tiempos de guerra. Aquí también “la verdad es la primera víctima” y la distorsión y las noticias amañadas abundan. Además trabajamos muy poco el contexto y el análisis y nos dedicamos a poner los micrófonos y las grabadoras para luego replicar las mismas cosas, los mismos reportes de guerra. El historiador y teórico militar pruso, Carl Von Clausewitz, dice que “todo es sencillo en la guerra, pero lo simple es difícil y nada es seguro. El camuflaje y el engaño son algo normal. Las noticias, en su mayoría, son inseguras y con gran frecuencia equivocadas. El contenido de la mayoría de las informaciones en tiempos de guerra es falso”. A este mismo respecto, el canciller alemán Bismark expresó alguna vez que “nunca se miente más que en el tiempo que precede a una elección, durante una guerra y después de una cacería”. Por eso, agrega Clausewitz “si los periodistas pueden ser instrumentalizados, si pueden ser manipulados para producir propaganda, entonces son útiles; en tanto que si reportan la verdad, en

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la mayoría de los casos ponen en peligro el logro de los objetivos de la guerra”. COMUNICACIÓN Y DD.HH (EL “SÍNDROME DEL POSITIVO”) Con todo este desorden colombiano, ha llegado el momento de explorar y profundizar más el tema de la comunicación y los derechos humanos, porque se vienen creando situaciones complejas que sólo contribuyen a enrarecer, aún más, el ya enrarecido panorama nacional. La situación de derechos humanos se complica más si, a las descalificadoras y criticables acciones de grupos como la guerrilla, los paramilitares, los narcotraficantes y la delincuencia común, se suman acciones gubernamentales que dejan mucho que desear, que son polémicas y generan expresiones de rechazo en amplios sectores de la sociedad colombiana. Esta afirmación pretendo demostrarla a través de ejemplos claros y contundentes, relacionados con las detenciones masivas, estrategia del proyecto de Seguridad Democrática donde, a mi modo de ver, sistemáticamente se violan los derechos humanos. Algunas noticias publicadas de este tipo han sido, por ejemplo, “sesenta personas fueron capturadas en una operación contra SUPUESTOS integrantes de las autodefensas, que cobraban tres mil pesos diarios a conductores de buses y busetas en Santa Marta”. (El Tiempo, 10 de marzo de 2003). “Veintiséis PRESUNTOS integrantes de las bandas Los Triana y Cañada Negra, investigados por los delitos de concierto para delinquir, secuestros, extorsiones, terrorismo y desplazamiento forzado, fueron capturados por el ejército, la policía, el DAS y la fiscalía, en la Operación Metrópoli II”. (El Mundo, 22 de marzo de 2003).

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“55 PRESUNTOS paramilitares fueron capturados por el ejército, la policía, el DAS y la fiscalía, en operativos adelantados en la madrugada de ayer en seis barrios de la Comuna Nororiental de Medellín”. (El Mundo, junio 14 de 2003). “La Policía Metropolitana capturó a 26 integrantes de una banda que apoyaban al ELN. En la operación denominada Romeral, se realizaron allanamientos en Itaguí y Caldas y fueron incautados un changón, munición de diversos calibres y uniformes camuflados. Según la policía los capturados tienen vínculos con alias ‘Rasputín’, jefe guerrillero del frente Proyecto Romeral del ELN y se encargaban de secuestros, homicidios y extorsiones”. (El Tiempo, 19 de junio de 2004). “La Policía Metropolitana capturó ayer a 21 personas que, según las autoridades, hacían parte de la banda ‘El Noral’ que opera en los municipios de Bello, Copacabana y Girardota y que se había ofrecido para cometer atentados terroristas contra los funcionarios que operan el peajito social en la doble calzada Bello-Hatillo. AL PARECER pretendían realizar atentados en las manifestaciones por esta obra. Los capturados están sindicados de homicidio y extorsión”. (El Tiempo, 3 de julio de 2004). TIRA Y AFLOJE Estas acciones despiertan todo tipo de comentarios y análisis encontrados entre quienes defienden la estrategia y quienes la critican por considerar que con ella se violan los derechos fundamentales de las personas, sobre todo de aquellas que son capturadas o retenidas en los operativos. Por ejemplo, el presidente Álvaro Uribe sostuvo que “las capturas masivas tienen que seguir con transparencia y soporte judicial pleno, pero con toda determinación, porque hacen parte de nuestra estrategia para aislar a los grupos terroristas con el propósito de condenarlos a

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vivir en madrigueras en los montes, alimentándose de raíces”. (El Colombiano, 16 de diciembre de 2003). El fiscal Luis Camilo Osorio también la respalda al afirmar que: “en determinadas zonas donde toda una comunidad se pone de acuerdo para hacer actos de violencia las detenciones tienen que ser colectivas". Y el procurador Edgardo Maya afirmó que si bien ha habido irregularidades, "no han sido en grado mayor". Por su parte, analistas del conflicto dejan entrever cierto escepticismo: "ese tipo de redadas aportan ventajas en el corto plazo, pero a mediano plazo, si la inteligencia no es lo suficientemente precisa, tienden a involucrar a personas que no están implicadas en grupos terroristas y la población podría negarse a colaborar con el Estado", dice Roman Ortiz, profesor de la Universidad de los Andes, explicando que así ocurrió en el País Vasco a finales de los 70. El senador del Polo Democrático, Antonio Navarro, es categórico en su crítica a la estrategia de capturas masivas: "eso es muy malo. Es como tirar una atarraya a ver que cae. Conduce a detenciones arbitrarias. La gente pierde su libertad por muchos días y pierde su buen nombre". Funcionarios de organismos internacionales también se han pronunciado sobre el tema, tal es el caso del comisario Europeo de Relaciones Exteriores, Chris Patten, que durante una visita a Colombia expresó que "en Irlanda del Norte en la década de 1970 cometimos una de las peores equivocaciones al detener masivamente a las personas sospechosas de vínculos con el IRA. Este abuso creó como reacción apoyo para la contraparte. El gobierno detuvo por sospechas, en menos de un año, a 900 católicos en Belfast (Irlanda del Norte). (El Colombiano, febrero 16 de 2004). QUÉ DICEN LAS ESTADÍSTICAS

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En un artículo publicado por el periódico El Tiempo, lunes 16 de febrero de 2004, se dice que “mientras cifras de la Fiscalía indican que dos de cada tres detenidos siguen presos, la estrategia de las capturas masivas es cuestionada por su eficacia a largo plazo. De los 1.264 colombianos que han terminado en la cárcel en 31 redadas, ya han sido dejados en libertad 414. Y aun cuando la Fiscalía trabaja en la recolección de evidencias para definir si llama a juicio o cesa el proceso de los 850 que permanentes detenidos, su suerte es aún incierta y hasta ahora, sólo 53 de ellos están a disposición de los jueces. Los organismos de seguridad destacan la mayoría de las redadas como éxitos que contribuyen a desvertebrar redes de apoyo de las FARC y el ELN, que se mimetizan en la comunidad. Contra los 'paras', se han llevado a cabo 3 de las 31 operaciones. Nombran, a manera de ejemplo, la redada del 21 de octubre en Arauca, donde detuvieron a buena parte de la dirigencia política del departamento petrolero, proceso en el cual han salido a relucir distintas pruebas en contra de los sindicados. O la del 19 de mayo, en Puerto Rico (Caquetá), en la cual un miembro de la columna 'Teófilo Forero' de las FARC, delató a cerca de 70 de sus supuestos apoyos logísticos y, según consideran, se rompieron importantes vínculos de la guerrilla con la sociedad civil. Es así como los puntos de vista con respecto a las capturas masivas están divididos. Por una parte están quienes las elogian sobre la base de que son indispensables en la estrategia de Seguridad Democrática del Gobierno. Y por otra, los que advierten que pueden ser contraproducentes en la medida en que los fracasos -detenciones sin pruebas contundentes- son leídos por las comunidades afectadas como arbitrariedad del Estado. En otro artículo del periódico El Colombiano, publicado el 15 de agosto de 2004, se indica que

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“la cifra por sí sola no podría ser más contundente: según el Ministerio de Defensa, 12.977 presuntos guerrilleros y 6.589 supuestos integrantes de las autodefensas han sido capturados entre agosto de 2002 y julio de 2004. Para un lego equivaldría a decir que, por lo menos, la mitad de los alzados en armas del país (se estiman en 42.000) fueron aprehendidos en las operaciones de las Fuerzas Militares, la Policía y el DAS. Pero la cuestión no es tan simple. Tanto el Ejército como la Policía insisten en explicar que las cifras de las capturas incluyen no sólo a jefes ilegales y combatientes sino a las llamadas estructuras de apoyo logístico. Sin embargo, ante la imagen recurrente de una larga fila de presuntos guerrilleros o autodefensas capturados en operativos conjuntos de las Fuerzas Militares, la Policía, el DAS y la Fiscalía, los organismos de seguridad insisten en asegurar que "no se trata de capturas masivas, como se las presenta en los medios de comunicación sino que son procesos individuales. Lo que pasa es que, para optimizar recursos y evitar que alguno de los procesados escape, se hace un operativo grande. Aquí no estamos tirando una red para ver a quién pescamos", se indicó. Según un reporte del Ministerio Público, entre enero de 2003 y febrero de 2004, de 1.927 personas capturadas mediante este procedimiento, sindicadas de rebelión, terrorismo, concierto para delinquir y tráfico de estupefacientes, 754 quedaron libres después porque no se encontraron méritos para procesarlas. De acuerdo con el informe, en Cali, Caquetá, Risaralda, Huila, Tolima, Arauca, Vichada y Meta, donde se realizaron capturas masivas, "se presentaron violaciones a las garantías judiciales de los aprehendidos, ilegalidad en las capturas y detenciones sin previa orden".

NO TODO ES COLOR DE ROSA

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Sin embargo, frente al tema de las detenciones masivas también se han presentado fracasos como el de Quipile (Cundinamarca), donde seis meses después de haber sido detenidas 69 personas, la Fiscalía les dio en diciembre la boleta de libertad a 65. En Sucre, en noviembre de 2003, y tras tres meses en la cárcel, regresaron a sus pueblos 128 personas, porque el fiscal de segunda instancia argumentó que los informes de inteligencia no son pruebas. Y hace apenas un mes, 38 pobladores de Villa Nueva y Santa Catalina (Bolívar) recuperaron su libertad luego de permanecer medio año tras las rejas. Tal vez el revés más difundido ha sido el del obispo de Ibagué, monseñor José Luis Serna, a quien la Fiscalía vinculó a través de indagatoria en la investigación que provocó la captura masiva de 17 personas en Ibagué. Igualmente, el jueves 5 de agosto de 2004 el periódico El Mundo publicó la siguiente noticia: “después de permanecer 5 meses tras las rejas, ayer recobraron la libertad las 11 personas que habían sido capturadas en el Municipio de Peque, acusadas de rebelión y de ser enlaces de las FARC. Por decisión de la Fiscalía, que precluyó la investigación por falta de méritos, fueron dejados en libertad la gerente del hospital, varios comerciantes y ciudadanos de esa municipalidad del Occidente antioqueño. Estas personas fueron capturadas en el marco de la “Operación Paramillo”, acusadas de auxiliar a los Frentes 5 y 18 de las FARC. Contra todos ellos la Fiscalía Especializada había expedido órdenes de captura por los delitos de extorsión y rebelión. Y es que ya son varios los casos de capturas masivas en las que funcionarios y habitantes del norte de Antioquia quedan libres después de haber sido señalados como supuestos colaboradores de grupos guerrilleros. Hace pocos días fueron liberadas varias personas capturadas en el municipio de Ituango, por la misma circunstancia: falta de pruebas. El 6 de julio pasado, un juez dejó en libertad al alcalde electo de Campamento, Yelen Piedrahíta, también retenido, junto a otras 36

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personas, en la Operación Marconi, cumplida por el Ejército, en diciembre de 2003. SEÑALAMIENTOS INDIVIDUALES

Tanto las detenciones colectivas como las individuales le han causado problemas a las personas que no tienen ninguna cuenta pendiente con la justicia, pero que son capturadas o retenidas en este tipo de operativos. Son los casos, por mencionar sólo algunos, del grupo musical Pasajeros, acusados por rebelión. Por la misma causa fue detenido en Barranquilla el folclorista y publicista, José Yamil Cure Molinares, quien es uno de los grandes impulsores del Carnaval de Barranquilla. Dejado en libertad 10 días después por falta de pruebas. Otro caso bien sonado y que terminó en tragedia fue el del sociólogo e ingeniero agrónomo, Alfredo Correa de Andreis, quien fue asesinado el viernes 17 de septiembre de 2004, después de permanecer detenido un mes acusado por tres reinsertados de ser ideólogo de las FARC. En Antioquia también pasó: “como un buen profesor y un buen estudiante es conocido Rodrigo Castro Marín en la Universidad de Antioquia. Por eso la captura del docente del Departamento de Matemáticas, por su presunta vinculación con el frente Carlos Alirio Buitrago, del ELN, causó extrañeza en el medio universitario. "Es un profesor del que nunca se ha tenido una queja. Y como estudiante (de un postgrado) tiene un buen desempeño", comentó Martiniano Jaime Contreras, vicerrector general de la Universidad de Antioquia. Sin embargo, la Policía Antioquia, que realizó la operación, dice que él es ideólogo del frente Carlos Alirio Buitrago, del ELN, donde sería conocido con el alias de La Roca. Con su captura y la de otras ocho personas, ocurridas en Guatapé, Peñol, Marinilla, Guarne, Medellín y Cartagena, se habría desmantelado una red de apoyo al ELN”.

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Otra noticia en este mismo sentido fue publicada por El Espectador el 22 de agosto del 2004, “Los desertores de la guerrilla en Arauca tienen en jaque a los sindicalistas y organizaciones no gubernamentales de este departamento. Desde el pasado mes de febrero, cuando fue detenida la presidenta de la Asociación de Campesinos de Arauca (ACA), Luz Perly Córdoba Mosquera, las delaciones de reinsertados de las FARC y el ELN se han convertido en el soporte fundamental para encausar a buena parte de la dirigencia sindical araucana. De hecho, el polémico operativo militar del pasado 4 de agosto en la vereda Caño Seco, en Saravena (Arauca), en donde murieron en confusas circunstancias tres reconocidos sindicalistas de la región, estuvo motivado por las declaraciones aportadas por ex integrantes de grupos al margen de la ley, que ahora apoyan las investigaciones de las autoridades. Es evidente que las redes de informantes tienen en aprietos al movimiento sindical en Arauca, y que las actividades de las ONG´s de DD.HH en este departamento son examinadas por las autoridades. Una acción que en el ámbito nacional pasaba desapercibida, hasta el controvertido operativo militar del 4 de agosto, donde aún no es claro si el Ejército, como lo afirmó, encontró resistencia y dio muerte a tres dirigentes sindicales con medidas cautelares de la OEA y con órdenes de captura de la Fiscalía. La Fiscalía constató que sí existían órdenes de captura contra los líderes sindicales Jorge Prieto, Leonel Goyeneche y Héctor Martínez , pero aún persisten dudas en torno a la forma como murieron en el operativo adelantado por unidades del Batallón Revéiz Pizarro. Según la organización de derechos humanos, Minga, se trató de una ejecución extrajudicial. En contraste, el Ejército señaló que los sindicalistas enfrentaron a la fuerza pública y murieron en combate. La Procuraduría también indaga, con base en pruebas técnicas, si hubo irregularidades en la presentación de las órdenes de captura a los sindicalistas”.

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¿ES ESTO UNA COINCIDENCIA? En su edición de septiembre 27-octubre 4, la Revista Semana publicó un artículo titulado “Con la lápida en la espalda”, en la que hace un análisis sobre una docena de personas que fueron asesinadas luego de recobrar la libertad y de ser exhibidas en los medios de comunicación en capturas masivas. “Maury Padilla tuvo que dejar lo que más quiere, su país. El martes pasado tomó un avión rumbo al exilio, con la amargura de saber que sólo 5 días antes su amigo Alfredo Correa de Andeis había sido asesinado por sicarios cerca de su casa. Ambos fueron detenidos en casos idénticos. Padilla fue capturado en diciembre pasado, recién había abandonado su cargo como asesor de paz de la Gobernación de Bolívar. Un informante de dudosa procedencia lo señaló como miembro de la guerrilla y en un tiempo record de dos días, un fiscal de Cartagena – el mismo que encarceló a Correa de Andreis- le dictó una orden de captura. Siete meses después el proceso en su contra se cayó como un castillo de naipes. Pero la suerte que tuvo Padilla de conservar la vida no acompañó a otras personas que a lo largo del país han sido asesinadas después de salir de prisión. Muchas de ellas estuvieron involucradas en capturas masivas como sospechosas de tener vínculos con la insurgencia. Nunca se les probó culpabilidad, pero sí fueron expuestas al lente de los medios de comunicación y engruesan las generosas cifras de resultados operativos en la guerra. Aunque libres, nunca pudieron librarse del estigma y la sospecha. En Bolívar, según lo ha denunciado la Defensoría del Pueblo, han sido asesinadas este año seis personas que estuvieron detenidas en capturas masivas. Igual suerte corrió en Arauca Alexander Vargas Linares, un campesino de 23 años que estuvo detenido en febrero de este año, en un proceso por rebelión...

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Al otro lado de la geografía nacional, en Tolima, también fue denunciado el caso de Marco Antonio Rodríguez, un joven que había sido detenido en una redada en Cajamarca y puesto en libertad casi de inmediato. Su cadáver fue encontrado en una fosa común... Los organismos humanitarios presumen que puede haber más casos, pero hasta ahora nadie ha hecho un seguimiento que permita establecer si hay un exterminio sistemático de las personas que han sido declaradas inocentes por la justicia”. En su artículo, la Revista Semana también habla de protección especial para personas que han sido retenidas, así como desplazamiento forzado de otras por temor a ser asesinadas. Indica, además, que “al daño que significa una captura injustificada se suma que los prisioneros sean exhibidos públicamente en los medios de comunicación, sin haber sido condenados o por lo menos llamados a juicio. Se puede estar violando la presunción de inocencia y el derecho al buen nombre”, dice el defensor del pueblo, Volmar Pérez. “Al respecto, el Ministro de Defensa, Jorge Uribe, dijo que publicar las imágenes de los detenidos es una decisión de los periodistas”.

BIENAL DE DELINCUENTES EN BELLO

Así como todos los anteriores abundan los ejemplos a lo largo y ancho del país, ampliamente conocidos. En esta materia los periodistas y los medios cometemos muchas ligerezas porque sólo nos remitimos a la información oficial y no nos preocupamos por investigar, contrastar la noticia o consultar otras fuentes, contribuyendo con nuestra actitud a la violación de los derechos de las personas detenidas. Pero el caso realmente insólito ocurrió el viernes 28 de febrero de 2003, cuando fueron detenidas 24 personas en el Municipio de Bello, acusadas de pertenecer a la banda “La Mina” o “Los Colchoneros”, en

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operativos realizados por la Policía Metropolitana, el DAS y la Fiscalía, a través de la denominada Operación “Felino”. A simple vista parece una noticia normal, aunque por el número de detenidos tiene una connotación especial. Fue absolutamente degradante la forma como los organismos de seguridad presentaron públicamente a estas personas: en pleno parque de Bello y ante toda la comunidad. Hecho lamentable, por demás, porque mediante esta acción se les violaron los más mínimos derechos fundamentales y las entidades del Estado no están para violar los derechos de las personas, sino para garantizarlos. La dignidad humana no puede ser utilizada para montar un show y mostrar resultados. En declaraciones a los medios de comunicación sobre la Operación “Felino”, el entonces Comandante de la Policía Metropolitana, general Leonardo Gallego, dijo que “la investigación comenzó hace unos 7 meses...”. Esto es, se realizaron labores de inteligencia durante este tiempo para llevarla a cabo. “Según el oficial, los 24 capturados son investigados por homicidios selectivos, extorsión, desplazamiento forzado, cobro de vacunas, hurto a vehículos repartidores de mercancías y distribución de estupefacientes”. Sin embargo, 43 días después fue dejado en libertad, por falta de pruebas, el líder comunitario del barrio Fontidueño de Bello, Nelson de Jesús Arango Rúa, exhibido como un “delincuente” y acusado de “ser uno de los jefes” de la banda “La Mina”, Arango Rúa es reconocido como una persona con alto grado de compromiso con su comunidad y ha liderado y conseguido varios proyectos para su barrio. También promovió, hace algunos años, pactos de convivencia y no agresión entre bandas que operaban en Fontidueño, con los que se disminuyeron los enfrentamientos y las muertes en este sector del municipio. Luego de su liberación expresó que “yo me quería ir del barrio donde he vivido 40 años, pero el recibimiento que me hizo la gente me

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convenció de que me tenía que quedar para seguir luchando por mi comunidad y por las personas que tanto me quieren”. Ahora bien, se dice que uno “peca por acción o por omisión” y los periodistas y los medios de comunicación nos estamos convirtiendo en “cómplices” de la violación de los derechos humanos. Con el deplorable espectáculo en Bello ningún medio de comunicación ni ningún periodista se tomó la molestia de analizar el hecho y darle un enfoque diferente al de la simple presentación de una noticia. Ni la prensa, ni la radio, ni la televisión mencionaron o hicieron alusión a aquellos aspectos que defienden los derechos, la dignidad de las personas y el debido proceso, como por ejemplo los acuerdos sobre DD.HH, la Constitución o el Código Penal Colombiano. Sólo se limitaron a ser caja de resonancia de los informes oficiales, como desgraciadamente viene sucediendo desde hace ya bastante tiempo. Debo anotar que todo aquel que haya delinquido tendrá que pagar por sus delitos, pero no es en una plaza pública y ante cientos de personas como se les debe juzgar. Existen canales y procesos previamente establecidos que las autoridades deben respetar. Pues bien, ese mismo derecho tienen los “supuestos delincuentes” capturados en Bello, o en cualquier otro rincón de Medellín o del país. A ellos también los debe juzgar la autoridad competente y se les debe respetar el debido proceso y la presunción de inocencia. Esa es la ley. Por eso, Nelson de Jesús Arango Rúa dijo, y con toda razón, “lastima que el día de mi regreso al barrio no hayan estado los medios de comunicación, esos mismos que se hicieron presentes cuando nos exhibieron en el parque de Bello”. Pero todo este tema tiene su historia: desde hace mucho tiempo hizo carrera entre los medios de comunicación y los periodistas la expresión “síndrome de la chiva”, con la que significamos o magnificamos una noticia extraordinaria, que es novedosa o que determinado medio la entrega primero, antes que los demás.

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SÍNDROME DEL POSITIVO Igualmente, en los últimos tiempos, escuchamos la frase “síndrome del positivo” con la que se hace un paralelo del “síndrome de la chiva” y con la que se quiere significar que los organismos de seguridad del estado, en su afán por mostrar la efectividad de su trabajo, magnifican los resultados y recurren a diferentes estrategias para presentarlos ante la opinión pública, aún por encima de cualquier consideración de tipo ético o violatorio de los derechos humanos, como en el caso del Municipio de Bello y de muchos otros de los cuales hemos tenido conocimiento. Y esto del “Síndrome del Positivo” que, reiteramos, se traduce en el afán por mostrar resultados por parte de la Policía, el Ejército y demás, tiene su razón de ser y su explicación clara en una directriz del Ministerio de Defensa. La noticia fue publicada por el Periódico El Colombiano el 19 de febrero de 2003: “El Ministerio de Defensa anunció que evaluará mensualmente a los comandantes militares con base en el número de capturas, la neutralización de acciones hostiles y las deserciones de grupos armados, que ocurran en sus jurisdicciones. Cada uno de ellos debe tener una cuota propia de resultados en materia de capturas, en materia de desmovilizaciones y en materia de acciones tendientes a entrar a la retaguardia de las bases de los grupos terroristas, declaró en su momento la entonces ministra de defensa, Marta Lucía Ramírez. La funcionaria precisó que cada comandante tiene que fijar sus propias metas en materia de resultados. La política busca establecer una base cuantitativa para medir los progresos de la estrategia de seguridad democrática del gobierno de Alvaro Uribe”.

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Comparto el concepto de que las Fuerzas de Seguridad del Estado son las llamadas, como lo reza la Constitución, a garantizar la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y son ellas, y sólo ellas, las que deben ejercer la autoridad a todo lo largo y ancho del país, pero no comparto la estrategia del Ministerio de la Defensa porque se puede presentar, como evidentemente está sucediendo, para que se cometan excesos y violaciones a los derechos fundamentales de las personas. LA CORTE SE PRONUNCIA Sobre las “pescas milagrosas” de los organismos del Estado y la forma como se presentan los resultados a la opinión pública, a través de los medios de comunicación, existen pronunciamientos de la Corte Constitucional que no son acatados. En Sentencia T-525 de 1992, la Corte Constitucional se pronunció para proteger el derecho al buen nombre de Darío Antonio Mejía, por una información publicada en El Espectador bajo el título “Las Guerras de la Guerrilla”, donde se afirmó que esta persona era uno de los cerebros de la agrupación subversiva disidente del EPL. La Información fue entregada por la Dirección de Inteligencia del Ejército. Dice la Corte que “Se violó el derecho al buen nombre por parte de la Dirección de Inteligencia del Ejército al no hacer claridad sobre el carácter de la información contenida en el documento enviado a El Espectador, en el sentido de que se trataba de una versión entregada por "un informante" de la cual no se deriva certeza. Dicha información fue publicada el día 27 de enero de 1992 bajo el titular " Las guerras de la guerrilla ", en donde se afirma que Darío Antonio Mejía, con el alias de Iván Morales, era uno de los cerebros de la agrupación subversiva disidente del EPL”.

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En su sentencia, continúa diciendo la Corte que “una de las manifestaciones más dramáticas de la falta de criterio profesional y constitucional y legal en el funcionamiento de la inteligencia militar, se presenta en el manejo de la información que reciben, procesan y entregan a la opinión estos organismos. Los procedimientos empleados en la búsqueda son, a veces, poco confiables. El caso del ex guerrillero Darío Antonio Mejía que ocupa a esta Corte, es un buen ejemplo de ello: la información no era verídica y completa, no obstante lo cual se hizo circular, violando con ello derechos del peticionario. Pero la gravedad de estos hechos no se limita al ámbito de la eficiencia militar. La presentación asertiva de la información recogida por los organismos de inteligencia y la forma descuidada como ella se distribuye a los medios de comunicación, ponen en peligro los derechos fundamentales de las personas”. Agrega la sentencia de la Corte que “la presunción de inocencia es un derecho fundamental consagrado en el inciso cuarto del artículo 29 y en el artículo 248 de la Constitución Nacional. En consecuencia, toda información relativa a personas no sancionadas judicialmente debe adoptar formas lingüísticas condicionales o dubitativas, que denoten la falta de seguridad sobre la culpabilidad”. Igualmente, la Corte se había pronunciado al respecto en la sentencia T- 444 de julio 7 de 1992, con ponencia del magistrado Alejandro Martínez Caballero, en la cual se dijo: “la labor que realicen los organismos encargados de llevar a cabo la investigación, no debe hacerse pública antes de la etapa de juzgamiento (...) por más importante que resulte el hallazgo hecho y mucho menos en "ruedas de prensa" realizadas a fin de explicar a la opinión pública el método utilizado, o los resultados obtenidos por los presuntos infractores de la ley penal, pues este comportamiento viola el derecho al buen nombre, entorpece el desarrollo de la futura investigación penal y es un mecanismo de presión de un fallo anticipado. Por consiguiente, los informes destinados a los medios de comunicación provenientes de los organismos de seguridad del Estado deben ser excepcionales y

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responder siempre a propósitos de seguridad bien precisos. Su divulgación no debe afectar los derechos fundamentales de las personas. Los datos de que dispone los organismos de inteligencia no pueden ser divulgados con criterios de mera información periodística”. Ahora bien, no olvidemos que “Colombia es una República fundada, entre otros valores, en el respeto a la dignidad humana”, Artículo Primero de la Constitución Colombiana, y que “un Estado Social de Derecho ha de fundamentarse en el respeto por la dignidad del ser humano y ha de garantizar el derecho a la libertad”; además, “toda persona se presume inocente mientras no se la haya declarado judicialmente culpable”, Artículo 29 de la Constitución Colombiana. Igualmente, el Código Penal, en su artículo primero, consagra la dignidad humana y la desarrolla estipulando que “el Derecho Penal tendrá como fundamento el respeto a la dignidad humana”; mientras que el artículo primero, Normas Rectoras del Código de Procedimiento Penal, indica que “todos los intervinientes en el proceso penal serán tratados con el respeto debido a la dignidad inherente al ser humano”. Como quien dice: con las detenciones masivas de los organismos del Estado y la forma como se adelantan estos operativos no sólo se desatienden las sentencias de la Corte Constitucional, sino que se viola la Constitución Colombiana, el Código Penal y el de Procedimiento Penal, y nosotros los periodistas y los medios de comunicación somos cómplices de estos desafueros. Sin embargo, el tema más desconcertante sobre estos asuntos fue publicado recientemente por la revista Semana (agosto 30 a septiembre 6), en un artículo titulado “Malestar en las filas”, donde se dice que “también ha sembrado desconcierto una circular que recibieron los comandantes de brigadas y divisiones en la que se establecen el número de bajas y capturados que requieren para acceder a las medallas. Un comandante de brigada, por ejemplo, tiene que mostrar 150 enemigos muertos y 500 capturados para recibir la medalla de orden público. ¿Estimula esta medición que se presente muertes como la de los 3 sindicalistas de Arauca? Ciertamente, dicha circular

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contradice un elemento clave de la Política de Seguridad Democrática que consiste en medir el éxito operacional de acuerdo con el grado de seguridad que se logre en una región y al cumplimiento de objetivos estratégicos y no a los cadáveres que muestre un oficial”.

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COMUNICACIÓN Y DERECHOS HUMANOS: EL CASO DE LAS CAPTURASMASIVAS