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Valparaíso, 6 de Julio 2011. DE: DIPUTADO GABRIEL ASCENCIO MANSILLA A: CONTRALOR GENERAL DE LA REPUBLICA. GABRIEL ASCENCIO MANSILLA, Diputado, en virtud del art. 9 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional y el artículo 294 del Reglamento de la Cámara de Diputados, al Sr. Contralor General de la República dice y solicita: Según las actas, el directorio de La Polar conoció las repactaciones múltiples a sus deudores para generar falsas ganancias. Más aún, entre sus ejecutivos, habría operado una asociación ilícita para defraudar a clientes y accionistas, cuestión que está investigando el Ministerio Público. Existió otro sector especialmente dañado: los trabajadores afiliados a aquellas Administradoras de Fondos de Pensiones, que –usando fondos previsionales-, invirtieron en La Polar, comprando parte de su propiedad y parte de su deuda. En efecto, cuatro AFPs –Provida, Capital, Cuprum y Hábitat- con 59.581.260 acciones, eran dueñas del 24% de La Polar y, por esa razón contaban con representantes en un directorio que debió rechazar las ilegalidades contra sus más de 400 mil clientes. No solo avalaron la administración, sino que dando un paso más riesgoso aún, a fines del año 2010, las AFPs compraron bonos de la deuda de La Polar, arriesgando en total US$ 705 millones de dólares pertenecientes a los Fondos Individuales de Pensiones de sus afiliados. Estas desprolijas operaciones, generaron pérdidas a los trabajadores en el monto de sus Fondos de Pensiones y, por ende, en el monto de sus pensiones. Las AFPs, por ley, están obligadas a cautelar el patrimonio previsional de los trabajadores afiliados y no pueden hacer inversiones riesgosas, entonces, ¿Por qué invirtieron hasta en bonos de la deuda de La Polar? Una AFP salvó parte de los Fondos, porque logró vender un paquete de ellos antes de la crisis, vendió el 25% de las acciones que tenía. Hablamos de AFP Capital que tenía 12.484.901 acciones en La Polar, al vender una parte, se quedó con 9.099.057 acciones. Ahora la AFP Capital, perteneciente al grupo ING de Holanda, informó que decidió “hacer la pérdida” y tomó la decisión de vender todas sus acciones, que equivalían al 5% de la propiedad de La Polar, comprada con los Fondos A y C de sus afiliados. Sin embargo nadie hizo nada. La Superintendencia de Valores debió haber paralizado esa operación porque también son parte del tema penal, pero nada. Los organismos que tenían que fiscalizar, estaban obnubilados con la habilidad de estos ejecutivos. Todos sus pares los aplaudían. Tanto, que el año pasado, eligieron a Pablo Alcalde, ex gerente general y ex presidente de La Polar, el mejor, el más brillante, ejecutivo de los últimos 10 años. Ahora se sabe que, en realidad, lo premiaron por el falso prestigio que ganó estafando a modestos clientes, porque fabricaba utilidades y con ellas construía falsos balances que respaldaba con falsas auditorías de la Price Waterhouse Cooper. Es decir, también engañaron a pequeños accionistas con balances falsos. Además los ejecutivos tenían Sociedades de Inversión que le prestaban servicios a La Polar, misma empresa que ellos administraban. Estos ejecutivos, también recibían bonos por las utilidades y los directores porcentajes de esas falsas utilidades. Otra argucia detectada, eran los préstamos que se hacían a cuenta de los bonos de desempeño, como cuando Pablo Alcalde, -el 17 de diciembre de 2008-


informó al directorio que había aprobado un préstamo por $ 339.500.000 a cinco ejecutivos, a cuenta de los mencionados futuros bonos por buen desempeño. ¿Dónde estaban los fiscalizadores? ¿Qué hicieron los directores de las AFPs? ¿Dónde estaban los directorios de estas AFPs que no cruzaron datos? ¿Dónde estaba la Superintendencia de Pensiones que no fiscalizó? Fueron abogados privados, Andrés Sepúlveda y Andrea Silva, quienes asesorando a un amigo inversionista, al cruzar datos públicos, descubrieron el desfalco. En cifras, al 31 de mayo de 2011, las AFPs tenían invertidos US$ 330 millones en acciones, equivalentes al 24% de la propiedad de La Polar, además de US$ 375 millones “invertidos en bonos de la deuda” según la Superintendencia de Pensiones. En total, US$ 705 millones entre acciones (papeles) y bonos de deuda de la multitienda. AFP Habitat, en un comunicado, admitió que tenía “inversión tanto en acciones como bonos emitidos por la empresa La Polar”. Sugiriendo que fueron engañados, dijo: “La Polar, no sólo engañó a sus clientes, sino que a accionistas, acreedores, proveedores, etc., al presentar información financiera falsa”, anunció “acciones civiles y penales, a fin de cautelar los intereses de nuestros afiliados”. Los trabajadores más perjudicados son los que deberán pensionarse en este periodo. Lo peor es que ni siquiera encuentran apoyo en la Superintendencia de Pensiones quien comunicó, que solo si “se llega a probar que hubo negligencia en la administración de los Fondos de Pensiones, podría haber compensación” Quedó en evidencia que en el retail no existe transparencia y que los Fondos Individuales de Pensiones de los trabajadores no están suficientemente resguardados frente a administradores o políticas irresponsables y que al mercado le falta regulación. ¿Cómo es posible que las auditorías y las clasificadoras de riesgos las paguen los mismos que hacen trampas? El gobierno además de sancionar ejemplarmente a las AFPs debiera, a través del Estado, indemnizar a los afiliados que perdieron parte de su patrimonio de sus Fondos de Pensiones. Sobre el tema hay que puntualizar que al menos hasta ahora queda claro que nadie hizo nada. A la SVS le mintieron todo 2010 y 2011. A la Superintendencia de Bancos, la misma historia. Ellos han dicho que era imposible que se dieran cuenta, pero ambas sabían de las repactaciones unilaterales. El Sernac decidió presentar demandas a fines de 2010, pero conociendo que podían existir hechos que revistieran caracteres de delito en La Polar, nunca informaron a las otras dos instituciones. Al respecto han sostenido que carecen de atribuciones para ello y las otras dos aseguran que sólo se remitieron a lo que entregó La Polar y Price Waterhouse, la consultora, que también dice que fue engañada. En concreto todos se pasan la pelota. Sumémosle lo que dijo hace un par de semanas Paulmann el dueño de Jumbo, que dijo que se sabía en el mercado de estos hechos. Actualmente la fiscalía investiga por varios delitos. Estafa, infracciones a la ley de bancos y a la de valores, más una última querella de unos accionistas minoritarios por lavado de dinero. Aquí es más interesante el problema, porque la ley de lavado se modificó en diciembre de 2009 y apunta a la responsabilidad de las personas jurídicas. Entonces creo que en el marco de las atribuciones que


tenían los tres actores, todos miraron para el techo, evitaron inexplicablemente hacer algo y por el contrario, dejaron que la debacle llegara así como así. Creo que con esos antecedentes queda claro que la Contraloría General de la República debería al menos establecer cuáles fueron las medidas estas instituciones, la Superintendencia de Valores y Seguros, La Superintendencia de Pensiones, el Sernac, tomaron para evitar estas maquinaciones o para saber cómo conocieron del tema, si sabían de antes, si el Sernac les informó antes (algunas fuentes dicen que sí). Aquí hay un tema relevante porque el jefe de la SVS ha criticado directamente al Sernac de que nunca dijeron nada. Ahí hay contradicciones. Otro punto que estimó debiera profundizar la Contraloría es si se apegaron a los procedimientos o protocolos o estándares de trabajo que cada uno de estos actores debiera cumplir por ley. Tiene que ver con la responsabilidad funcionaria y la negligencia evidente. Por todo lo anterior es que solicito al Sr Contralor General de la República que en virtud de sus facultades fiscalizadoras inicie una investigación acerca de las responsabilidades que las Instituciones públicas mencionadas en esta petición tienen en razón de la no fiscalización oportuna frente al conocimiento que habrían tenido desde el inicio de las acciones de las autoridades, miembros del directorio y ejecutivos, de La Polar, hicieron para defraudar a sus clientes y colateralmente, a los miles de afiliados a las administradoras de Fondos de Pensiones señaladas, y en definitiva si cumplieron o no con sus obligaciones legales y los procedimientos respectivos, para evitar lo ocurrido.


Presentacion Ascencio  

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