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PRÁCTICO CIVIL JURISPRUDENCIA CIVIL YINFORME REGISTRAL COMENTADA



COMENTARIO:

El que incita o ayuda a la producción de un daño ¿está obligado solidariamente?

Indescifrables enigmas en nuestros tribunales sobre la diferenciación entre la corresponsabilidad y la incitación y ayuda Ady Rosin CHINCHAY TUESTA(*)

1. INTRODUCCIÓN La citada sentencia servirá como pretexto para referirnos a la responsabilidad solidaria, en lo referente a sus presupuestos, así como al análisis que permitirá determinar quiénes son los responsables del daño, y hasta cuánto responderá cada uno de ellos. Este tema no es sencillo de abordar, puesto que es considerado como el perfil menos pacífico de toda la responsabilidad civil(1). Cabe advertir que este análisis causal será realizado tomando como base criterios materiales o fácticos, cuanto jurídicos, en aras de prever las consecuencias secundarias que las soluciones adoptadas podrían ocasionar, es decir, la causalidad será examinada también desde la óptica de las funciones de la responsabilidad civil(2). Así mismo realizaremos un breve estudio de la confusión existente entre la responsabilidad solidaria y la responsabilidad por incitación o ayuda, supuestos contemplados en dos artículos separados del Código Civil, a fin de concluir en una solución práctica que ayude a resolver los casos concretos.

2. PRESUPUESTOS Y ETAPAS DEL ANÁLISIS CAUSAL EN LA RESPONSABILIDAD SOLIDARIA Los presupuestos para la existencia de responsabilidad solidaria son: a) pluralidad de sujetos imputados, y b) unidad de daño(3), entendido como unidad de intereses lesionados(4). El primer presupuesto indica que son varios sujetos los que ocasionaron el daño, si bien sus conductas pueden realizarse simultánea y coordinadamente, este no es el único supuesto, puesto que también existe responsabilidad solidaria cuando estas conductas –producidas por diferentes sujetos– se realizan en momentos diferentes siendo cada una de ellas independiente de la otra; en realidad lo que determina la existencia de concurrencia de causas es la cooperación causal en la producción del evento lesivo, es decir, no solo se toma en consideración la conducta aislada de uno de los sujetos dañantes sino el conjunto de acciones de todos los dañantes al contribuir a la realización de dicho evento lesivo(5).

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Ahora bien, ¿cómo identificamos al evento lesivo?, la respuesta es mediante el interés vulnerado a un determinado sujeto(6). Por ejemplo, nadie dudaría la imputación de responsabilidad a varios sujetos pertenecientes a una organización delictual que golpean a un sujeto produciéndole graves lesiones, puesto que aquí se ve claramente la existencia de actos realizados al mismo tiempo y de manera coordinada entre los dañantes. Pero ¿qué sucedería si “X” golpea a “Y”, y al mismo tiempo “Z” hurta el auto de “Y” aprovechándose de la situación de indefensión de “Y”, partiendo de la premisa de que “X” y “Z” no se conocen? La respuesta es que se han causado dos daños diferentes, no porque “X” y “Z” realizaron acciones diferentes, ni porque no se conocían, sino simplemente por los daños producidos. Como lo señalamos anteriormente, la unidad del daño dependerá del interés lesionado, en este caso vemos dos conductas realizadas al mismo tiempo por dos sujetos distintos, ocasionando consecuencias dañosas a un mismo sujeto, pero cada uno de ellos responderá por daños completamente distintos; en el ejemplo planteado, “X” responderá por lesiones (vulneración al derecho a la identidad) y “Z” responderá por hurto (vulneración al patrimonio), por ende en este supuesto no cabe admitir corresponsabilidad

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entre ambos sujetos, y consecuentemente es imposible aplicar la responsabilidad solidaria. Luego de establecer los presupuestos de la responsabilidad pasemos a explicar las etapas del análisis causal. Por razones de espacio, no discutiremos ahora si existe uno o dos nexos causales, limitándonos a mencionar solo algunas características esenciales de cada una de estas concepciones. Los que afirman la existencia de una sola relación entre acto debido a un sujeto y la consecuencia dañosa, adoptan el modelo francés; en cambio los que consideran la existencia de dos relaciones en el análisis causal: relación entre la conducta de un sujeto con el evento lesivo y la relación entre ese evento lesivo y las consecuencias dañosas, adoptan el criterio propio del modelo alemán(7). Sea el análisis causal unitario (modelo francés) o doble (modelo alemán), autorizada doctrina peruana concuerda en afirmar que dicho análisis consta de dos etapas o fases, la primera es denominada causalidad de hecho y la segunda causalidad de jurídica, en la primera se busca identificar a los sujetos responsables del hecho dañoso y en la segunda se trata de determinar hasta dónde, es decir hasta qué daño, responderá cada

Asistente de docencia de Derecho Civil en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro del Taller de Derecho Civil José León Barandiarán de la misma casa de estudios.

(1) En ese sentido PONZANELLI, Giulio. “La Responsabilità Civile”. Il Mulino. Bologna, 1992. Pág. 88. FRANZONI, Massimo. “Fatti illecitti”. En Scialoja - Branca. “Comentario del Codice Civile”. Al cuidado de Galgano. Libro IV. “Delle obbligazioni”. art. 2055. Zanichelli. Bologna, 1993. Pág. 714. (2) Criterio afirmado por MONATERI, Pier Giuseppe. “La Responsabilità Civile”. Torino: UTET. 1998. Pág. 182. Quien considera que el problema de la causalidad solo podrá ser solucionado cuando las Cortes afronten esta cuestión como un problema de política del Derecho, esto es como problemas de deberes de previsibilidad de las consecuencias dañosas de las acciones propias. Aquí encontramos claramente la función disuasiva de la responsabilidad civil. (3) BIANCA, Massimo. “Diritto Civile”. T. V. Giuffré Editore. Milano, 1994. Pág. 646. (4) MONATERI, Pier Giuseppe. Ob. cit. Pág. 189 y sgtes. BUSNELLI, Francesco. “L’obbligazione soggettivamente complessa”. Citado por FRANZONI. Ob. cit. Pág. 716. (5) MONATERI, Pier Giuseppe. Ob. cit. Pág. 190. BIANCA, Massimo. Ob. cit. Pág. 646. En el mismo sentido resuelve la Corte de Casación Italiana, sentencia Nº 70 del 15 de enero de 1969, que considera que: “La responsabilidad solidaria no deriva de la concurrencia de comportamientos vinculados entre sí con un nexo psicológico-voluntarístico, pues es suficiente un nexo objetivo, siempre que exista unicidad en el hecho dañoso. Las causas pueden ser autónomas”. Citado por ALPA, Guido. “Nuevo tratado de la responsabilidad civil”. Edición y traducción al cuidado de Leysser L. León. Jurista Editores. Lima, 2006. Pág. 431. (6) BARRETO Bravo, José y CASTRO TRIGOSO, Nelwin. “Comentario al art. 1983 del Código Civil”. En: Código Civil comentado. T.X. Gaceta Jurídica. Lima, 2007. Pág. 159. (7) Esta diferenciación es advertida por MONATERI, Pier Giuseppe. Ob. cit. Pág. 152, quien considera que en realidad la cuestión es puramente descriptiva, siendo obvio que dada una cierta lesión de un interés protegido es necesario por un lado reconducir la lesión a un eventual responsable, y por el otro calcular las consecuencias dañosas que se reputan producidas por la lesión.

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uno de los sujetos responsables por el daño ocasionado(8). En realidad esta segunda fase adquiere relevancia cuando el sujeto responsable luego de haber efectuado el pago total del monto indemnizatorio a la víctima decide ejercitar la acción de regreso contra los demás responsables.

3. ORIGEN DE LA INCITACIÓN Y AYUDA EN NUESTRA LEGISLACIÓN Recordemos que la diferenciación entre corresponsables por un lado, y los incitadores y ayudantes, por el otro, fue incorporada por primera vez en nuestro medio en el Código Civil de 1984, por ende en el pasado, todos los sujetos que contribuían a causar el daño eran considerados simplemente corresponsables sean o no incitadores o ayudantes. ¿Qué fue lo que motivó al legislador de 1984 a incorporar dicho artículo? La verdad, ello es un misterio, pero lo que sí podemos afirmar es una fuerte influencia del Derecho Penal en el ámbito de la responsabilidad civil(9). Tal vez podamos encontrar algún sentido a este artículo si lo enfocamos desde la óptica de las funciones de la responsabilidad civil(10), que explicaremos luego de realizar las siguientes diferencias entre estas figuras en nuestro medio. La incitación es entendida como el acto mediante el cual un sujeto convence a otro de realizar una conducta dañosa (si media dolo), o de realizar una conducta que aumente el riesgo de producción de un daño (si media culpa), ejemplo del primer supuesto lo encontramos cuando “X” paga a “Z” para que golpee a “Y”, claramente existe dolo por parte del incitador; un ejemplo del segundo supuesto acontecería si “X” convence a “Z” de pasear por las calles de Lima con su Pitbull sin bozal ni una cuerda que lo sujete a su dueño, lamentablemente un niño pasa corriendo por la vereda y el Pitbull desfigura el rostro de la víctima, aquí “X” habría obrado con culpa, ¿podemos considerarlo un incitador? Ello dependerá del nivel de convencimiento del incitador para identificar el papel jugado por él en el aumento de riesgo de la producción de un daño. Por ende, la incitación debe considerarse como un supuesto que requiere el dolo, o en todo caso la culpa, pero en supuestos especiales de gravedad(11). Es importante recalcar que solo se considerará incitador a aquel cuyo convencimiento fue relevante para la producción del daño o para el aumento de riesgo de producción de un daño, y no fue solo una simple sugerencia(12). Tal deducción adquiere relevancia cuando lo relacionamos con la función desincentivadora de la responsabilidad civil que pretende tener un efecto disuasivo en los sujetos para impedir que estos inciten a otros a violar normas y/o de aumentar el nivel de riesgo de producción de un daño.

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La ayuda implica “cooperar en el evento causante del daño”, esta ayuda puede ser a título doloso o culposo. Ejemplo del primer supuesto se observa cuando “X” enciende al máximo las luces de su auto haciendo que el conductor que se encontraba en frente de este sea cegado por dicha luz ocasionando un accidente de tránsito. Ejemplo del segundo supuesto aparece cuando “X” facilita la compra de un arma sabiendo que “Z” lesionaría con dicha arma a “Y”.

4. ¿LA INCITACIÓN Y AYUDA SON SUPUESTOS DE RESPONSABILIDAD MANCOMUNADA? De los ejemplos antes descritos se puede deducir que en realidad las hipótesis de incitación y de ayuda son casos de corresponsabilidad, puesto que todos son responsables del evento dañoso, todos lo causaron. Por ende, si todos estos sujetos causaron el accidente no se entiende por qué el legislador ha separado su tratamiento en dos artículos diferentes, y peor aún este tratamiento diferenciado podría conllevar consecuencias sumamente peligrosas(13), puesto que si al dañante se le atribuye la calidad de coresponsable deberá pagar a la víctima el monto total del resarcimiento (con la posibilidad de recuperar lo pagado por vía de acción de regreso contra los otros coresponsables), en cambio, ¿qué sucedería si al juez se le ocurre calificar a uno o más de los sujetos dañantes como incitadores o ayudantes? ¿Estarían estos obligados al pago mancomunado? Consideramos que no. Antes de abordar los fundamentos por los cuales consideramos a los incitadores y ayudantes como responsables solidarios, debemos realizar una distinción entre responsabilidad mancomunada y responsabilidad solidaria(14). La primera implica que cada uno de los responsables deberá pagar el monto que le corresponde en cuanto al grado de responsabilidad en el evento dañoso, es decir, si por ejemplo “X” y “Z” están obligados a pagar a “Y” la

suma de diez mil soles entonces cada uno de los deudores deberá pagar al acreedor solo su parte de la deuda, es decir, en este caso “X” pagaría cinco mil y los cinco mil restantes los pagaría “Z”, sin que “Y” pueda demandar el pago de la totalidad de la deuda a uno solo de sus deudores, si la solidaridad no fue manifestada expresamente. En cambio, si “X” y “Z” son deudores solidarios de “Y” por la suma de diez mil soles, entonces “Y” podría pedir el pago total de la deuda a cualquiera de sus deudores, no pudiendo oponerse a dicho pago total, dejando a salvo su derecho a la acción de regreso. Como lo expresamos líneas atrás, la incitación y ayuda deben ser vistos como supuestos de responsabilidad solidaria, por lo siguiente: El primer enunciado del artículo 1978 establece que son responsables aquellos que incitan o ayudan a la producción del daño, por otro lado, la primera parte del artículo 1983 establece que los responsables del daño responderán solidariamente, de lo anteriormente alegado se deduce que al ser los incitadores y ayudantes responsables por el daño, en virtud del artículo 1983 deben pagar la suma indemnizatoria solidariamente. Ahora bien, ¿por qué en un principio advertimos que la distinción podría resultar peligrosa?, porque en nuestro medio se ha aceptado el criterio –desde nuestro humilde punto de vista– incorrecto de considerar que en los supuestos de incitación y ayuda prima la responsabilidad mancomunada, es decir, cada uno de los corresponsables por incitar o ayudar a la producción de un evento estarían obligados con la víctima a pagarle el monto por el cual son responsables; en cambio, si el juez considera que los responsables no ostentan la calidad de incitadores o ayudantes a la producción del daño, aplicarán el artículo 1983 obligando a todos el pago de la totalidad de la suma indemnizatoria a la víctima. Por lo tanto, la distinción hecha por el código entre los supuestos de incitación y ayuda por un lado, y los supuestos de corresponsabilidad

(8) En tal sentido a nivel nacional, DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. “La responsabilidad Extracontractual”. 7a ed. 1a reimpr. T. I. Fondo Editorial de la PUCP. Lima, 2003. Pág. 306 y sgtes. ESPINOZA ESPINOZA, Juan. “Derecho de la responsabilidad civil”. 2a edición. Gaceta Jurídica. Lima, 2003. Pág. 131. A nivel internacional: MONATERI, Pier Giuseppe. Ob. cit. Pág. 152. FRANZONI, Massimo. Ob. cit. Pág. 714. PONZANELLI, Giulio. Ob. cit. ALPA, Guido. Ob. cit. VISINTINI, Giovanna. “Tratado de la responsabilidad civil”. Traducción de Aída Kemelmajer De Carlucci. T. II. Astrea. Buenos Aires, 1999. Págs. 285 y 286. (9) DE TRAZEGNIES GRANDA. Ob. cit. Pág. 570. (10) Las funciones de la responsabilidad, como la “compensation”, “deterrence”, “punishment” son claramente explicadas por PONZANELLI, Giulio. Ob. cit. Pág. 25 y sgtes. (11) DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. Ob. cit. Pág. 563. Quien advierte la necesariedad de dolo o de culpa, esta última en casos excepcionales, con dos ejemplos: “(…) si Antoninus sube al automóvil de Terrentii y le ofrece dinero para que atropelle a un determinado peatón, estamos frente a un caso de incitación a cometer el daño. Pero puede suceder que simplemente Antoninus suba en el taxi de Terentii y le pida que lo lleve muy rápido al aeropuerto porque va a perder su avión”. (12) Ejemplo de ello lo encontramos cuando: “(…) Antoninus ofrece una suma adicional al taxista para conducir a mayor velocidad que la legalmente permitida para penetrar en una calle en contra del sentido del tráfico para cortar camino, no cabe duda que Antoninus debe responder por los daños que se deriven de ello. Ibíd. Pág. 564. (13) Ibíd. Pág. 570, quien afirma que “(…) estas categorías ubicadas dentro del Derecho Civil, en el seno de la responsabilidad extracontractual, crean un cierto malestar y se prestan para cualquier cosa debido a que no se ajustan a la coherencia del sistema. Es por ello que los jueces deben ser muy prudentes en la aplicación de esta norma”. (14) FLÓREZ ALFARO, Carlos. “Comentario al art. 1172 del Código Civil”. En: Código Civil comentado. T. X. Gaceta Jurídica. Lima, 2007. Pág. 143.


PRÁCTICO CIVIL JURISPRUDENCIA CIVIL YINFORME REGISTRAL COMENTADA expresadas en el artículo 1983, por el otro no debería tener sentido al momento de atribución de responsabilidad, por lo menos en materia de responsabilidad civil, sobre todo si consideramos las posibles consecuencias prácticas que la adopción de esta solución acarrearía, la cual sería negarle el pago total de la suma indemnizatoria a la víctima. Siendo razonables, consideramos que el legislador de 1984 trató, de plasmar con el artículo 1978 –trató pero no lo hizo– su preocupación ante los casos en los que la incitación y la ayuda fuesen pequeñas, considerando injusto el imputarle el deber de pagar el total del monto indemnizatorio a la víctima, por tal motivo ellos deberían ser tratados de manera diferente a los sujetos corresponsables considerados dentro del artículo 1983; es decir, los sujetos comprendidos dentro del ámbito del artículo 1978 solo pagarían el monto que les corresponde ante la víctima. El problema es que no se tomaron bases sólidas para identificar cuándo nos encontramos frente a uno u otro supuesto, y si a ello le añadimos que muchas veces es el incitador y el ayudante quienes toman un rol protagónico en el daño, concluiremos que su grado de responsabilidad en el daño no es precisamente menor que el del responsable, llamémoslo “responsable principal” solo por utilizar un adjetivo, sino que incluso muchas veces puede llegar a ser igual o mayor, ejemplo de ello lo tenemos cuando “X” ofrece pagarle a “Z” una suma de dinero por golpear a “Y”, la víctima sufre lesiones graves por este actuar, resulta claro que nos encontramos frente a un supuesto de incitación al daño de parte de “X” hacia “Z”, y es lógico que el juez decida imputar responsabilidad en un 50% a cada uno de ellos, pero ante ello nos preguntamos: ¿es justo que en este caso, solo por tratarse de un caso de incitación al daño, la víctima se vea afectada ante la insolvencia de uno de los sujetos obligados?, ¿qué sucedería si “Y” no cuenta con la suficiente solvencia económica para pagar el monto adeudado? Si admitimos un tratamiento diferenciado entre la incitación y ayuda por un lado y la corresponsabilidad por el otro, entonces la víctima solo podría cobrar un 50% del monto total de la indemnización y no el 100%, como en efecto sucedería si se hubiese imputado responsabilidad solidaria entre el incitador y el “responsable principal”, por llamarlo así. El artículo 1978 establece que “El grado de responsabilidad será determinado por el juez de acuerdo a las circunstancias”, una lectura rápida a esta norma podría resultar engañosa, ya que se podría alegar que el legislador ha querido imputar diferentes soluciones a los supuestos contemplados en este artículo y en el artículo 1983 (que contempla la corresponsabilidad), puesto que en los supuestos de incitación y ayuda el juez se encuentra en el deber de determinar el grado de

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responsabilidad, para, posteriormente, poder imputar el pago del monto indemnizatorio a cada uno de los sujetos causantes del daño, acorde a dicho grado de responsabilidad. Nosotros refutamos tal argumento bajo los siguientes fundamentos: a) este deber del juez de determinar el grado de responsabilidad solo tiene efectos cuando uno de los sujetos causantes del daño (sea el incitador, ayudante o “responsable principal”) solo toma protagonismo al momento de que uno de ellos ejercite la acción de regreso contra los demás deudores, luego de haber pagado el total del monto indemnizatorio. b) El artículo 1983 sobre responsabilidad solidaria, contempla que “(…) aquel que pagó la totalidad de la indemnización puede repetir contra los otros, correspondiendo al juez fijar la proporción según la gravedad de la falta de cada uno de los participantes. Observamos que aquí también la ley ordena al juez determinar el monto adeudado con base en la gravedad de la falta cometida por cada uno de los sujetos corresponsables, entonces esto significa acaso que dicha determinación de responsabilidad en los supuestos de corresponsabilidad implica la existencia de mancomunidad. Consideramos que no, puesto que a pesar que la norma no especifica a qué juez le corresponde determinar el grado de responsabilidad, (o bien al juez que resolvió el proceso de indemnización o el juez que resolverá el proceso de acción en vía de regreso) resulta más conveniente admitir que se refería al primero de ellos, por motivos de grado de conocimiento de nuestros jueces y celeridad procesal(15).

5. ERRORES INCURRIDOS POR LA CORTE SUPREMA Como se ha podido observar el caso se trataba de un choque entre un vehículo trimotor (mototaxi) –el cual transportaba a dos pasajeros– cuyo conductor carecía de licencia de conducir y manejaba en sentido contrario al establecido y a una velocidad no permitida por una avenida principal; y una camioneta, cuyo conductor se encontraba manejando en estado de ebriedad. Las víctimas fueron los dos pasajeros del vehículo trimotor, ante tal acontecimiento la pregunta es ¿quiénes son los responsables? Los únicos argumentos rescatables de la citada sentencia son, primero, aceptar que

nos encontramos frente a un supuesto de daño frente a una actividad riesgosa o peligrosa, y por ende utilizar criterios de imputación objetivos, aunque consideramos innecesaria la invocación del artículo 1970 del Código Civil para la solución del presente caso, por existir un régimen especial para accidentes de tránsito en la Ley General de Tránsito; y segundo, la no aplicación del artículo 1972 del Código Civil que contempla los supuestos de “ruptura del nexo causal”, a este caso en concreto. En algo, pues, estamos de acuerdo con los juzgadores, puesto que los demás argumentos nos parecen erróneos y contradictorios con nuestro ordenamiento. Veamos cuáles son tales errores incurridos por la Corte Suprema:

a) Reducción del monto indemnizatorio por hecho de tercero Aplicación del artículo 1973 que establece el supuesto de reducción del monto indemnizatorio por imprudencia de la propia víctima, mal llamado por la sala “supuesto de atenuación de responsabilidad”. Es de vital importancia interpretar este artículo sistemáticamente, debiendo ubicarlo correctamente en el cuerpo normativo al que pertenece, puesto que a pesar de que el artículo 1973 omita establecer de manera expresa que nos encontramos frente a un supuesto de imprudencia de la propia víctima, este debe ser entendido así, por ende, no resultaría aplicable si nos encontramos frente a un supuesto de caso fortuito, ni de hecho determinante de tercero. Recordemos que el artículo 1972 hace referencia a tres conductas conocidas bajo el nombre de supuestos de ruptura del nexo causal, estas son el caso fortuito o fuerza mayor, el hecho determinante de tercero, y la imprudencia de quien padece el daño; inmediatamente después el artículo 1973 hace mención a cierta imprudencia que concurre a la producción del daño, lo que al parecer fue mal interpretado por nuestro tribunal, ya que este opta por subsumir las hipótesis de imprudencia de un tercero en la producción del daño dentro de esta norma, lo cual es por demás incorrecto. En efecto, cuando la norma establece la reducción del monto indemnizatorio para la víctima,

(15) El deber del juez de fijar el grado de responsabilidad entre los sujetos causantes del daño ha sido materia de debate, aunque en las cortes italianas se ha optado por afirmar que dicha determinación solo se realizará cuando quien pagó el total del monto indemnizatorio decida hacer uso de su acción en vía de regreso. Esta solución que puede funcionar en Italia –desde nuestro punto de vista– no funcionaría en el Perú, puesto que ello significaría admitir que un juez completamente diferente al que resolvió la causa referente a la existencia de responsabilidad, deba identificar ahora el grado de responsabilidad de cada uno de los corresponsables. Tomemos en cuenta dos cosas: el conocimiento de nuestros jueces, y la celeridad procesal. Con respecto a lo primero recordemos que la mayoría de nuestros jueces ignoran el proceso de análisis causal, si ya le es difícil al juez que resolvió el proceso correspondiente a la indemnización determinar el grado de responsabilidad, será más difícil para el juez que resuelva el proceso de acción en vía de regreso determinar ese grado de responsabilidad. En cuanto a lo segundo, consideramos que sería más rápido que el juez que resolvió el primer proceso (sobre indemnización) determine el grado de responsabilidad, que el juez del segundo proceso (acción de vía de regreso), puesto que este último ya no tendría que realizar un nuevo análisis de todo el caso, limitándose tan solo a ordenar el pago de lo que uno de los corresponsables pagó. Como vemos ello implicaría un ahorro de tiempo.

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hace referencia al supuesto en el cual es ella misma quien ha contribuido a la realización del daño, donde ella también sería responsable en parte de ese daño(16). Esta idea perfectamente entendible en esta hipótesis no debe ser interpretada extensivamente a los supuestos de caso fortuito, ni de hecho determinante de tercero, puesto que en estos casos estaríamos en presencia de lo que usualmente se conoce bajo el nombre de “supuestos de ruptura de nexo causal”, por ende, si el daño se debió completamente a un caso fortuito será la víctima quien deberá soportar el daño, si el daño se debió totalmente al hecho determinante de tercero será este tercero a quien se le deberá trasladar el costo del daño, y si el daño se debió exclusivamente a imprudencia de la propia víctima será ella quien deberá soportar el costo del daño. Ahora bien, si una de estas tres hipótesis hubiese solo contribuido a la realización del daño entonces, ello no significa que el pago del monto indemnizatorio a la víctima deba ser reducido. En otras palabras el artículo 1973 solo es aplicable en el caso de concurrencia de causas entre el sujeto imputado y la víctima, de allí se desprende la reducción del monto indemnizatorio. ¿Qué sucedería si incorporamos dentro de este artículo a los supuestos de concurrencia de causas entre el sujeto imputado y un tercero?, la víctima de ningún modo debería verse afectada, puesto que ella igual deberá recibir el íntegro de la indemnización, teniendo –el grado de responsabilidad de cada uno de los responsables– protagonismo luego de que uno de ellos haya efectuado el pago del total del monto indemnizatorio al momento de ejercitar la acción de repetición contra los otros responsables. Al admitir que tanto el caso fortuito, como el hecho determinante de tercero se encuentran dentro de este artículo la sala incurre en un gravísimo error, más aún si después este criterio es tomado en consideración para reducir el monto en desmedro de la víctima.

b) Omite pronunciarse sobre el artículo 272 del Reglamento Nacional de Tránsito a pesar de haber sido alegado por una de las partes La corte no expresa nada con respecto a uno de los fundamentos utilizados en casación, correspondiente a la inaplicación del artículo 272 del Decreto Supremo Nº 033-2001-MTC (Reglamento Nacional de Tránsito), que establece la presunción de responsabilidad del accidente al conductor que incurra en violaciones a las normas establecidas en dicho reglamento. En realidad esta norma podría llevar a confusiones puesto que hace referencia a una presunción de responsabilidad, pero sin determinar cuál es el criterio de imputación que se presume,

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lo que para muchos sería la culpa y ello no es así; ya que –por lo menos frente a la víctima– nos encontramos con un supuesto de responsabilidad objetiva, y solidaria entre el conductor y el propietario del vehículo, como lo establece el artículo 29 de la Ley de Transporte y Tránsito, y el artículo 1970 del Código Civil.

c) No hace referencia a la Ley de Transporte y Tránsito En ningún momento la sala hace referencia a la Ley de Transporte y Tránsito, debiendo haberse invocado el artículo 29 de este cuerpo legal. Claro que el uso de vehículos motorizados implica el ejercicio de una actividad riesgosa o peligrosa, pero para la solución de este caso bastaba con invocar esta ley sin tener que recurrir a la norma general de responsabilidad objetiva contemplada en el artículo 1970 del Código Civil.

d) Existe concausa cuando existe “cooperación parcial al evento dañoso” Se señala que la responsabilidad objetiva en este caso específico tiene por factor determinante la conducta del conductor del vehículo trimóvil y que el manejar en estado de ebriedad por parte del conductor de la camioneta es solo una contribución a la realización del evento dañoso. Tal afirmación puede inducir a equívocos puesto que, aparentemente el tribunal considera que “contribución” o “cooperación” por parte del conductor de la camioneta sería un supuesto de ayuda contemplado en el artículo 1978, pero nuestros juzgadores líneas después establecen que nos encontramos frente a un supuesto de concurrencia causal o concausa, fundamentando tal conclusión en la “cooperación parcial del evento dañoso” por parte del conductor de la camioneta. Lo que a todas luces resulta incoherente.

e) Ordena el pago mancomunado a pesar de existir responsabilidad solidaria El tribunal impone el pago de la suma de trece mil nuevos soles al conductor del vehículo trimóvil y el pago solidario de nueve mil nuevos soles entre el conductor y el propietario de la camioneta cuando en verdad nos encontramos frente a un supuesto de responsabilidad solidaria entre los tres sujetos y no solo entre el conductor y el propietario de la camioneta. La correcta solución implicaba el

ordenar el pago solidario de los veintidós mil nuevos soles a los tres responsables en virtud de lo indicado por el artículo 1983 del Código Civil y la Ley General de Transporte y Tránsito. Dejamos en claro que estamos de acuerdo en que la sala determine el grado de responsabilidad de cada uno de los sujetos imputados, para identificar hasta cuánto cada uno de ellos deberá responder, pero recordemos que ello solo tiene sentido después que uno de los coresponsables haya pagado a la víctima la indemnización y decida ejercitar la acción de regreso contra los otros corresponsables.

f) El conductor del vehículo trimóvil tiene mayor responsabilidad que el conductor de la camioneta que conducía en estado de ebriedad Ya para referirnos a la segunda etapa del análisis causal, esto es, con respecto al quántum, nos preguntamos ¿en qué criterios se basó la corte para determinar que el conductor del vehículo trimóvil tenía mayor grado de responsabilidad en el evento dañoso? ¿Cómo saber cuál de las conductas contribuyó más a la realización del evento, el estado de embriaguez del conductor, o el manejar en sentido contrario a mayor velocidad? Ya lo expresó el profesor Pier G. Monateri: solo podemos realizar un análisis causal si tomamos en consideración la política del Derecho(17), y si consideramos una función preventiva de los daños y desincentivadora de los eventos lesivos, debemos admitir que lo que busca el Derecho es fomentar y desincentivar conductas(18); en este supuesto se trata de desincentivar tanto el manejo de vehículos motorizados en estado de ebriedad, como el manejo de vehículos motorizados a mayor velocidad que la permitida, máxime si se maneja en sentido contrario. Siguiendo tal orden de ideas, la determinación de cuán responsable es cada uno de los sujetos que intervinieron en la creación del evento lesivo pertenece a la segunda fase del análisis causal, esto es, en lo referente al quántum, y no pertenece a la primera fase referida a la relación entre las conductas realizadas y el evento dañoso acontecido. En otras palabras, el tribunal separa las conductas de tal manera que considera que solo una de ellas fue el factor determinante para la realización del evento dañoso, y por otro lado, afirma que la conducta de manejar

(16) Tal afirmación es explicado por DE TRAZEGNIES GRANDA, Fernando. Ob. cit. Pág. 382. Quien concluye que, “(…) como en el caso de la víctima quedan confundidos los derechos y las obligaciones de acreedor y deudor respectivamente, en al parte que le corresponde de responsabilidad, solo queda en pie la responsabilidad del “causante no-víctima”.Y dado que este solo responde por una parte del daño (porque puso solo una parte de la causa), es lógico que pague una indemnización reducida si se la comprar con la que hubiera correspondido pagar si hubiera sido el causante exclusivo”. (17) MONATERI, Pier Giuseppe. Ob. cit. (18) Cabe aclarar que el hacer mención a la función disuasiva de la responsabilidad solidaria no implica desconocer su función de garantía ante la posible insolvencia de uno de los sujetos co-responsables sino solo queremos hacer notar que este no es su único fundamento.


PRÁCTICO CIVIL JURISPRUDENCIA CIVIL YINFORME REGISTRAL COMENTADA en estado de ebriedad solo implica una cooperación, ordenando el pago mancomunado entre estos sujetos como si se tratara de dos conductas que causaron varios eventos lesivos, cada uno con sus correspondientes daños.

g) La solución adoptada por nuestros jueces no se identifica con ninguna de las principales teorías sobre la causalidad De la sentencia citada no se observa con claridad cuál es la teoría adoptada para la solución de este caso, al parecer se opta por la teoría de la conditio sine qua non en la que aparece la idea de que son causas todos los antecedentes sin los cuales el daño no se hubiera verificado, realizando una depuración de otros hechos, subvaluándolos a la calidad de meras ocasiones, por lo que son solo dos comportamientos los que importan, el del conductor del mototaxi y el del conductor de la camioneta. A luz de esta teoría no entendemos cómo puede ordenar el pago mancomunado del total de la indemnización a los responsables si todos son responsables del daño. Si el tribunal hubiese aplicado correctamente esta teoría hubiese llegado a una solución distinta, consistiendo esta en admitir que en la serie causal se encuentran varios actos sin que podamos identificar a uno solo con fuerza absorbente necesaria para convertir a los demás comportamientos en irrelevantes, es decir, no se puede afirmar que el hecho de manejar es estado de ebriedad es irrelevante para el Derecho y que el manejar en sentido contrario y a mayor velocidad de la permitida es el verdadero acto que absorbe a los demás; por ende, adscribirse a esta teoría y a la vez afirmar que el manejar en estado de ebriedad es una mera ocasión, resulta contradictorio. El tribunal habría sido congruente si hubiese aplicado el criterio de la causalidad adecuada, que tiene mayor aceptación en nuestro entorno(19). Esta teoría afirma que son causas aquellos eventos que normalmente producirían un determinado evento lesivo, la normalidad se determinará en función a un análisis estadístico que permitirá medir el nivel de frecuencia recíproca entre la conducta realizada y el evento dañoso. Aplicando esta teoría al caso concreto, se hubiese resuelto así: ¿qué tan probable era que el conducir en estado de ebriedad ocasione un accidente de tránsito? y ¿qué tan probable era que el conducir en sentido contrario y a mayor velocidad que la permitida ocasione un accidente de tránsito? Como podemos observar ello implica realizar un análisis de probabilidad de las conductas ex ante y por separado para determinar mediante el riesgo qué tan probable era que un daño como el que sucedió se realizara con la conducta de cada uno de los sujetos imputados.

ACTU ALID AD J URÍDIC A CTUALID ALIDAD URÍDICA

La respuesta es que ambos han aumentado el riesgo a tal punto que ambos deben responder frente a las víctimas, puesto que cada una de estas conductas de por sí vistas desde un punto de vista aislado incrementaban relevantemente el riesgo de producción de un daño. Está de más mencionar que nuestros juzgadores no consideraron –ni siquiera de forma remota– esta doctrina. La sala tampoco se adscribió a la teoría de la previsibilidad del evento que considera que no es suficiente haber querido el evento, sino que es necesario también el haberse imaginado el particular desarrollo causal de la conducta al evento lesivo y consecuentemente al daño. Bajo la óptica de esta teoría tanto el conductor del mototaxi como el conductor del vehículo serían responsables, puesto que cada uno de los conductores pudo predecir el acontecimiento de un accidente al aumentar el riesgo con sus conductas. Un análisis con base en la teoría del objeto de la norma violada nos llevaría a concluir que los dos conductores son responsables, puesto que ambos violaron deberes extracontractuales previstos por el ordenamiento. Por último, si el tribunal se hubiese adscrito a la teoría de la señoría del acto hubiese afirmado que ambos son responsables porque el evento puede ser considerado obra de ambos agentes, la previsibilidad del daño se encontraba dentro de la esfera jurídica de cada uno de los dañantes, o en palabras de Bianca refiriéndose a la prueba del nexo causal “El dañado debe probar, precisamente, que el daño lamentado ha sido provocado por el dañante o en todo caso que haya derivado de un acto imputado a su esfera jurídica”(20). En síntesis, la solución adoptada por nuestros jueces no se enmarca en ninguna de las cinco principales teorías que buscan explicar la relación de causalidad en la responsabilidad civil. Nos preguntamos: ¿acaso nuestra corte ha innovado un nuevo criterio de causalidad, sin ningún sustento e infringiendo la ley? Pues al parecer ello lamentablemente ha acontecido.

h) El conductor del vehículo trimóvil es el “autor directo” del daño Otro error palpable de nuestros jueces, lo encontramos en el lenguaje utilizado, como por ejemplo el usar el término de “autor directo” para referirse al conductor del “mototaxi”, lo que nos podría llevar a concluir –equivocadamente– que

el conductor de la camioneta es el “autor indirecto” del daño, lo cual no tiene sentido.

6. CONCLUSIONES - Con respecto a uno de los presupuestos de la responsabilidad solidaria, esto es, la unidad del daño, esta debe ser entendida como unidad de intereses lesionados, por ende, lo que determina la existencia de concurrencia de causas es la cooperación causal en la producción del evento dañoso, es decir, no solo se toma en cuenta la conducta aislada de uno de los dañantes sino el conjunto de acciones de todos los dañantes al contribuir a la producción de dicho evento dañoso aunque no se hayan realizado coordinada y simultáneamente. - La inserción de los supuestos de incitación y ayuda comprueban una vez más la fuerte influencia del Derecho Penal en la responsabilidad civil, el problema no está en la importación de figuras, sino en cómo debemos entender tales categorías en materia civil, es decir, es necesario delimitar reglas claras que permitan aplicar tales conceptos de manera correcta, evitando confusiones. - La incitación y ayuda deben ser vistos como supuestos de responsabilidad solidaria, porque primero el artículo 1978 establece que son responsables aquellos que incitan o ayudan a la producción del daño; segundo, el artículo 1983 establece que los responsables del daño responderán solidariamente, en resumen al ser los incitadores y ayudantes responsables del daño, en virtud del artículo 1983 deben pagar la suma indemnizatoria solidariamente. - Una mala adopción de criterios podría ocasionar lamentables efectos, como en el presente caso, donde se ordenó el pago por separado de una indemnización cuando en realidad debió ordenar el pago solidario, por existir una hipótesis de corresponsabilidad. Por ello es necesario adoptar criterios que permitan delimitar claramente las soluciones a estos casos no solo en base a criterios teóricos sino también fácticos, no perdiendo de vista el papel jugado por la responsabilidad civil. - Nuestros tribunales están acostumbrados a aplicar las normas generales contenidas en el Código Civil a pesar de contar con normas especiales para resolución de casos concretos como este, donde se debió invocar la Ley General de Transporte y Tránsito.

(19) Y no solo en nuestro ordenamiento, sino también en Italia, Alemania. Este predominio no es óbice para afirmar la existencia de falencias de esta teoría, así lo hace notar TRIMARCHI, Pietro. “La causalità nella Responsabilità Civile”. Pág. 2 en http://appinter.csm.it/incontri/relaz/13904.pdf (20) BIANCA, Massimo. Ob. cit. Pág. 625.

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El que incita o ayuda a la producción de un daño ¿está obligado solidariamente¿  
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