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¿A quién debo demandar por la responsabilidad de un gerente ya fallecido? Reconsideración de las situaciones jurídicas subjetivas como sucesor de la legitimación para obrar

Carlos Raúl Beraún Mac Long (*) TEMA RELEVANTE: En el presente artículo, el autor reflexiona acerca de la utilización de la legitimación tanto a nivel procesal como sustancial. Además, pone en primera plana la importancia de las situaciones jurídicas subjetivas como institución que sirve para explicar los fenómenos de la tutela de los derechos a nivel procesal, y establece un interpretación particular sobre el la legitimación y el interés para obrar a raíz de una sentencia de la Corte Suprema, que sirve de base para la aplicación de las ideas establecidas. Jurisprudencia: CAS. Nº 4124-2006 ICA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DEMANDANTE: Compañía Embotelladora Ica Sociedad Anónima DEMANDADO: Manuel Pablo Panizo Soler (Sucesión de Jorge Panizo Mariátegui) ASUNTO: Indemnización por daños y perjuicios FECHA: 25/06/2007 (El Peruano, 02/01/2008).

CAS. Nº 4124-2006 ICA. Indemnización por daños y perjuicios. Lima, veinticinco de junio del dos mil siete.- LA SALA CIVIL TRANSITORIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA; vista la causa número cuatro mil ciento veinticuatro - dos mil seis, en audiencia pública de la fecha y producida la votación con arreglo a ley, emite la siguiente sentencia; MATERIA DEL RECURSO: Se trata del recurso de casación interpuesto por Compañía Embotelladora Ica Sociedad Anónima mediante escrito de fojas cuatrocientos cuarenticinco, contra el auto de vista emitido por la Sala Civil de la Corte Superior de Justicia de Ica de fojas cuatrocientos treintiséis, su fecha veinticinco de febrero del dos mil cinco, en el extremo que confirma la resolución apelada de fojas cuatrocientos trece, únicamente en la parte que declara fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, concretamente de la Sucesión de Jorge Panizo Mariátegui, deducida por Manuel Pablo Panizo Soler; FUNDAMENTOS DEL RECURSO: El recurso de casación fue declarado procedente mediante resolución del veintidós de enero del dos mil siete, por las causales previstas en, los incisos primero y segundo del artículo trescientos ochentiséis del Código Procesal Civil, en virtud de lo cual el recurrente denuncia: I) la Interpretación errónea de los artículos ciento cincuenta y nueve dula Ley General de Sociedades y mil doscientos dieciocho del Código Civil, pues se interpreta el articulo invocado como si fuera concordante con una de las excepciones contempladas en el artículo mil doscientos dieciocho del Código Civil, cuando estamos ante normas que regulan supuestos distintos, pues la primera solo correspondería a (*)

Asistente de cátedra de Derecho de las obligaciones en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Miembro del Taller de Derecho Civil “José León Barandiarán”. Miembro de la División de Estudios Legales de Gaceta Jurídica.


una controversia donde se discutiría si el fallecido Jorge Panizo Mariátegui ejerció personalmente su cargo como funcionario de la sociedad o si lo delegó a favor de terceros sin contar con autorización del estatuto, mientras que en el caso sub materia lo que es objeto de controversia es concretamente si aquel, durante el desempeño personal de dicho cargo, realizó una serie de actos en perjuicio de la sociedad, por los que ahora debe indemnizarle, conjuntamente con los otros codemandados, siendo que esta obligación de carácter patrimonial sí puede ser transmitida a favor de sus herederos, motivo por el cual han sido emplazados con la demanda. La Sala infiere que al ser el cargo de director de una sociedad de naturaleza personal, en base a una errada interpretación del artículo ciento cincuenta y nueve de la Ley General de Sociedades, concluye que la Sucesión de Jorge Panizo Mariátegui se encuentra dentro de las excepciones previstas en el artículo mil doscientos dieciocho del Código Civil, confundiendo así una obligación de carácter patrimonial, como es la que corresponde al funcionario que ha ocasionado daños y perjuicios a una sociedad, con las de carácter personal o intuito personae. En síntesis, una correcta interpretación de los artículos denunciados conlleva a que se establezca que el carácter personal del ejercicio del cargo de director de una sociedad, no puede ser entendido como el supuesto de intransmisibilidad de obligaciones a los herederos, por ser supuestamente- inherentes a la persona, por cuanto la pretensión contenida en su demanda está referida a la responsabilidad civil de un funcionario ya fallecido, por actos cometidos durante el desempeño de su cargo como tal en la sociedad, por lo que al tratarse de una obligación de carácter patrimonial, sí puede ser transmitida a los herederos de aquel; II) la inaplicación de los artículos seiscientos sesenta, seiscientos sesenta y uno y ochocientos setenta y uno del Código Civil, pues la demanda es una de indemnización de daños y perjuicios por responsabilidad civil extracontractual, por la suma de seis millones de dólares americanos, la misma que ha sido dirigida contra la sucesión de Jorge Panizo Mariátegui, así como contra José Miguel Panizo Soler y Emilio Soldi Panizo; esto quiere decir que la empresa recurrente está exigiendo el resarcimiento de una obligación de carácter patrimonial y no de una obligación de carácter personal. De lo antes expresado queda claro que en las sentencias de mérito se ha omitido aplicar las normas denunciadas, que establecen que al heredero o sucesor no sólo se le transmiten bienes y derechos sino también obligaciones, deudas y cargas, tal como sucede en el presente caso, ya que se ha demandado una obligación de carácter patrimonial, por lo que deben comparecer los herederos para responder por la obligación dejada por su causante; y, CONSIDERANDO: Primero.- Que, de autos aparece que Compañía Embotelladora Ica Sociedad Anónima interpuso demanda de indemnización contra Jorge Alejandro Panizo Mariátegui (ex Presidente de Directorio y ex Gerente General), José Miguel Panizo Soler (ex Director Gerente) y Emilio Soldi Panizo (ex Director) para efectos de que cumplan con pagar una suma no menor a seis millones de dólares americanos por los daños y perjuicios ocasionados a la citada empresa durante su gestión. La actora precisó en su demanda que la pretensión dirigida contra Jorge Alejandro Panizo Mariátegui debía entenderse. contra su sucesión, al haber fallecido el emplazado con fecha veinticinco de noviembre del dos mil; Segundo.- Que, es en este contexto que Manuel Pablo Panizo Soler, miembro de la Sucesión de Jorge Alejandro Panizo Mariátegui, se apersonó al proceso deduciendo las excepciones de falta de legitimidad para obrar del demandado (propiamente de la Sucesión), falta de legitimidad para obrar de la demandante y de caducidad, refiriendo respecto a la primera de ellas que al ser el desempeño del cargo de director de carácter personalísimo, en atención a lo normado en el artículo ciento cincuenta y nueve de la Ley General de Sociedades, entonces las responsabilidades en que hubiera incurrido el causante no son transmisibles a los herederos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo mil doscientos dieciocho del Código Civil; Tercero.- Que, este razonamiento fue acogido por las instancias de mérito, para quienes la excepción así propuesta es fundada, pues-al igual que el excepcionante entienden que las funciones desempeñadas por un


alto funcionario de una sociedad anónima son enteramente personales y que, por ello, no puede pretender responsabilizarse a los herederos con los actos realizados por su causante; Cuarto.- Que, existe interpretación errónea de una norma de derecho material cuando concurren los siguientes supuestos: 1) el Juez establece determinados hechos, a través de una valoración conjunta y razonada de las pruebas aportadas al proceso; 2) que estos hechos, así establecidos, guardan relación de Identidad con los supuestos fácticos de una norma jurídica determinada; 3) que elegida esta norma como pertinente (sólo ella o en concurrencia con otras) para resolver el caso concreto, la interpreta (y aplica); 4) que en la actividad hermenéutica, el Juzgador, utilizando los métodos de interpretación, yerra al establecer el alcance y sentido de aquella norma, es decir, incurre en error al establecer la verdadera voluntad objetiva de la norma, con lo cual resuelve el conflicto de intereses de manera contraria a los valores y fines del derecho y, particularmente, vulnerando el valor superior del ordenamiento jurídico, como es el de la justicia; Quinto.- Que, el artículo mil doscientos dieciocho del Código Civil, regula la transmisión de las obligaciones por causa de muerte, señalando expresamente que la obligación se transmite a los herederos, salvo cuando es inherente a la persona o, en otras palabras, cuando es personalísima o intuito personae, es decir, cuando el obligado fue elegido en mérito a sus virtudes y cualidades personales, de forma tal que a su fallecimiento los herederos no estarían en aptitud de cumplir con la prestación a la que éste se encontraba obligado, sea legal o convencionalmente; Sexto.- Que, en autos se demanda el pago de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por Jorge Alejandro Panizo Mariátegui en el ejercicio de sus funciones como Presidente de Directorio y Gerente General de la Compañía Embotelladora Ica Sociedad Anónima, en virtud a lo normado en los artículos ciento setenta y siete y ciento noventa de la Ley veintiséis mil ochocientos ochenta y siete, por lo que cabe determinar en el proceso si dicha pretensión indemnizatoria, de carácter patrimonial, puede o no ser imputada a la sucesión del citado causante; Sétimo.- Que, para ello, es pertinente señalar que el carácter personal del ejercicio del cargo no puede confundirse con la obligación que asumen los funcionarios de una sociedad, por mandato de la ley, de reparar los daños que hubieran ocasionado como consecuencia de dicho ejercicio. El desempeño personal del cargo a que se refiere el artículo ciento cincuenta y nueve de la Ley veintiséis mil ochocientos ochenta y siete únicamente determina que el mismo no podrá ser ejercido por persona distinta de la designada, salvo que el estatuto autorice la representación; pero en autos no se demanda a la Sucesión de Jorge Alejandro Panizo Mariátegui para que desempeñe el cargo encomendado a su causante o asuma sus funciones, sino para que repare económicamente los daños presuntamente ocasionados por su causante, daños cuya comisión deberá determinarse al momento de resolver el fondo de la cuestión controvertida; Octavo.- Que, por ello no puede afirmarse que la reparación o resarcimiento económico de un daño causado sea personalísimo y que, por tal circunstancia, se trate de una obligación que no puede ser transmitida por herencia a los integrantes de la Sucesión de Jorge Alejandro Panizo Mariátegui, toda vez que ésta es capaz de responder económicamente por las obligaciones que pudieran ser imputables a su causante por imperio de la ley, en caso que la misma se llegara a acreditar en autos, pues la reparación del daño no constituye una obligación que exclusivamente debiera ser satisfecha por el citado causante; Noveno.- Que, fluye entonces que en el caso concreto las instancias de mérito han interpretado erróneamente del artículo ciento cincuenta y nueve de la Ley veintiséis mil ochocientos ochenta y siete (pues la ley sólo determina que es personal el ejercicio del cargo y no el resarcimiento por los daños y perjuicios ocasionados producto de tal ejercicio), y al aplicarlo en concordancia con el artículo mil doscientos dieciocho del Código Civil, han arribado a una conclusión que difiere de la voluntad objetiva de la norma, ya que la indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por un director a la sociedad no es una obligación intuito personae, sino queda misma puede ser cumplida a plenitud por los herederos del citado director (causante); razón


por le cual la denuncia contenida en el punto 1) del recurso de casación debe ser amparada; Décimo.- Que, de otro lado, la inaplicación de una norma material se configura cuando concurren los siguientes supuestos:1) el Juez, por medio de una valoración conjunta y razonada de las pruebas, establece como probado ciertos hechos; 2) que estos hechos guardan relación de identidad con determinados supuestos fácticos de una norma jurídica material; 3) que no obstante esta relación de identidad (pertinencia de la norma) el Juez no aplica esta norma sino otra, resolviendo el conflicto de intereses de manera contraria a los valores y fines del derecho y, particularmente, lesionando el valor de justicia; Décimo Primero.- Que, la empresa recurrente denuncia la inaplicación del artículo seiscientos sesenta del Código Civil, según el cual desde el momento de la muerte de una persona, los bienes, derechos y obligaciones que constituyen la herencia se trasmiten a sus sucesores. Asimismo, denuncia la inaplicación del artículo seiscientos sesenta y uno del mismo texto normativo, según el cual el heredero responde de las deudas y cargas de la herencia sólo hasta donde alcancen los bienes de esta. Finalmente, denuncia la inaplicación del ochocientos setenta y uno del Código acotado, que señala que mientras la herencia permanece indivisa, la obligación de pagar las deudas del causante gravita sobre la masa hereditaria; pero hecha la partición, cada uno de los herederos responde de esas deudas en proporción a su cuota hereditaria; Décimo Segundo.- Que, como puede advertirse, la aplicación de todos los supuestos normativos contenidos en los artículos transcritos, al caso concreto, se sujeta necesariamente a la determinación previa de la existencia de una obligación de reparar un daño; en otras palabras, debe determinarse previamente si Jorge Alejandro Panizo Mariátegui era responsable de los daños y perjuicios que se alega fueron ocasionados a la persona jurídica demandante, pues sólo en el caso que tales imputaciones fueran ciertas estaríamos en posición de afirmar que la Sucesión del citado emplazados es la llamada a cumplir la obligación de reparar económicamente el daño con cargo a la masa hereditaria, supuestos que por el momento no pueden ser establecidos en autos, toda vez que ello corresponde dilucidarse al expedir la sentencia definitiva que resuelva la controversia planteada; razón por la cual la causal material denunciada en el punto II) no resulta atendible; Décimo Tercero.- Que, conforme a lo normado en el inciso primero del artículo trescientos noventa y seis del Código Procesal Civil, si la sentencia declara fundado el recurso por la causal prevista en el inciso primero del artículo trescientos ochenta y seis del mismo cuerpo normativo, la Sala Casatoria deberá resolver según corresponda a la naturaleza del conflicto de intereses, sin devolver el proceso a la instancia inferior. En tal sentido, debe tenerse en cuenta que la legitimidad para obrar es una de las condiciones del ejercicio válido de la acción y que en la doctrina ha sido conceptuada de distintos modos: a) como la relación lógica de correspondencia que existe o debe existir entre el demandante concretamente considerado y la persona a quien en abstracto la norma jurídica confiere el derecho legitimidad activa), o entre el demandado concretamente considerado y la persona que en abstracto debe cumplir una obligación (legitimidad pasiva); b) también como la posición habilitante para formular una pretensión o para contradecirla, y que surge de la afirmación de ser titular de un derecho (legitimidad activa) o de la imputación de una obligación o deber jurídico (legitimidad pasiva). En consecuencia, cuando el Juez examina si el demandado tiene o no legitimidad para obrar, debe verificar si existe esa relación formal de correspondencia; o, en la otra acepción, si es la persona habilitada para contradecir la pretensión. Por tanto, en general, al resolver una excepción de falta de legitimidad para obrar no debe juzgar la justicia de la pretensión ni el fondo de la litis, ni mucho menos si el demandado es la persona obligada en la relación sustantiva controvertida en el proceso, ya que estos aspectos de la pretensión deben ser objeto de pronunciamiento en la sentencia, mediante el respectivo juicio de fundabilidad y luego de haberse desarrollado la actividad probatoria sobre los hechos controvertidos en el principal; Décimo Cuarto.- Que, en autos se encuentra acreditado el fallecimiento de Jorge Alejandro Panizo Mariátegui con anterioridad a la fecha de la


interposición de la presente demanda, por tanto, la pretensión ha sido correctamente dirigida a sus herederos legales integrantes de la sucesión, por ser ésta la llamada a asumir las obligaciones que pudiera haber dejado su causante, conforme a lo dispuesto en el artículo mil doscientos dieciocho del Código Civil, incluso las derivadas de la indemnización por responsabilidad civil, por no ser intuito personae. Por tanto, al excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, propiamente de la Sucesión de Jorge Alejandro Panizo Mariátegui, formulada por el señor Manuel Pablo Panizo Soler, resulta infundada; Décimo Quinto.- Que, por lo demás, no habiendo sido apelado el extremo de la resolución de primera instancia que declaró infundada la excepción de caducidad, se tiene que la decisión adoptada respecto de ese punto ha quedado firme. Del mismo modo, no siendo materia de cuestionamiento alguno en sede casatoria el extremo de la resolución de vista en el que se declara infundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante, la decisión adoptada en tal sentido queda inmodificable; por cuyas razones, Declararon FUNDADO el recurso de casación interpuesto por Compañía Embotelladora lea Sociedad Anónima mediante escrito de fojas cuatrocientos cuarenticinco; CASARON la resolución impugnada, en consecuencia NULO el auto de vista de fofas cuatrocientas treintiséis, su fecha veinticinco de febrero del dos mil cinco, en el extremo impugnado que confirmando la resolución de primera instancia, declara fundada la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado, concretamente de la Sucesión de Jorge Panizo Mariátegui; y actuando en sede de instancia, REVOCARON la resolución apelada de fojas cuatrocientos trece, en la parte antes indicada, y REFORMÁNDOLA, declararon INFUNDADA la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado deducida por Manuel Pablo Panizo Soler, debiendo proseguir el trámite de la causa con la Sucesión de Jorge Alejandro Panizo Mariátegui; DISPUSIERON se publique la presente resolución en el Diario Oficial El Peruano; en los seguidos por Compañía Embotelladora lea Sociedad Anónima contra Jorge Alejandro Panizo Mariátegui y Otros sobre Indemnización de daños y perjuicios; interviniendo como Vocal Ponente el Doctor Ticona Postigo; y los devolvieron.-SS. TICONA POSTIGO, SOLIS ESPINOZA, PALOMINO GARCIA, CASTAÑEDA SERRANO, MIRANDA MOLINA C-145335-166

1. Introducción El problema de la legitimación para obrar surge a partir de su conceptualización en el derecho moderno. En el derecho germánico (pandectista y luego post pandectista) se desarrollo la noción de relación jurídica, pasándole a este la “centralización” del derecho privado desde la tribuna del derecho subjetivo. De esta forma, la relación jurídica (producto del binomio derecho-deber) pasó a ser usado en otros sectores del derecho, como en el derecho procesal estableciendo el concepto de la llamada relación jurídica procesal. Dicha relación está conformada por el sujeto demandante y el sujeto demandado, siendo la legitimación un presupuesto que permita configurar dicha relación. Sin embargo a lo largo del presente artículo plantearemos las premisas y desarrollaremos el background necesario, a efectos de demostrar (como ya se hizo en la noción de relación jurídica del derecho privado) que el verdadero “sujeto” de la relación jurídico-procesal son las situaciones jurídicas subjetivas (como la carga de probar, derechos potestativos del demandado como las excepciones y el interés para obrar) y que la legitimación es una figura prescindible a lege ferenda. La teoría de las situaciones jurídicas subjetivas permite explicar fenómenos en donde, por ejemplo, el derecho subjetivo cumple su finalidad sin necesidad del deber y viceversa desvirtuando la concepción pandectista de la relación jurídica. De la misma forma se puede lograr resultados análogos en el campo procesal para la explicación de fenómenos como la sucesión procesal y la legitimación para obrar. Para mayor


ilustración desarrollaremos una sentencia de la Corte Suprema donde se pone sobre el tapete la legitimación, además de la naturaleza de la obligación resarcitoria a propósito de la responsabilidad del gerente de una sociedad anónima que le generó perjuicios durante su gestión. 2. Interés material, interés legítimo e interés para obrar: el interés como presupuesto de la actividad humana y su relación con las situaciones jurídicas subjetivas

La actividad humana presupone siempre una necesidad ante la carencia de recursos y dicha necesidad genera un interés por parte del sujeto que posee dicha carencia. Para la satisfacción de dichos intereses, las personas realizan intercambios cuando no pueden conseguir por ellos mismos los recursos que necesitan o cuando hacerlo implique un sacrificio desmesurado e incongruente. Así el que es hábil cazando (para entender “primitivamente” el fenómeno) intercambiará parte de la caza con el que es hábil cosechando y trabajando la tierra por parte de la cosecha. Ello se conoce como ventajas comparativas, en donde cada persona realiza aquello en lo cual es más hábil de acuerdo a la materia prima que tiene (el más inteligente y audaz pero débil físicamente realizará tareas como la administración de los recursos mientras que el más fuerte físicamente realizará tareas como la caza o trabajando la tierra) generando la maximización de los recursos y de la mano de obra. Todo con la finalidad del a satisfacción de los intereses. Bajo esa consigna las sociedades organizadas y, posteriormente, con el reconocimiento de los derechos fundamentales por medio de las distintos hechos históricamente conocidos, se dio importancia a la protección de los intereses de los particulares al grado de ser relevante jurídicamente. Dicha importancia se da ante la necesidad de resolver los conflictos de intereses producto de la vida de relación entre las personas. Dicha solución fue dada por el ordenamiento jurídico, ya que este y a través de las normas jurídicas, establecen una prevalencia y gradación entre los intereses en relación con la escasez de los bienes. A modo de ejemplo, el interés de A prevalece sobre el interés de “B” sobre determinado bien “X”, cuando el ordenamiento brinda mecanismos y posibilidades que no se le dan a “B” e incluso regulando comportamientos que orienten la conducta de “B” para la satisfacción del interés de “A” sobre el bien “X”. Así cada sujeto posee una situación determinada por el ordenamiento conocida como situaciones jurídicas subjetivas, resumidas en “la forma como las normas regulan las posibilidades de diversos sujetos, en relación con los bienes, de conformidad con la gradación que las propias normas buscan establecer entre los intereses de los sujetos”1. La realidad social es valorada por el ordenamiento por medio de la calificación que hace la norma sobre el interés particular.

Dicha visión sobre el desenvolvimiento de la realidad social nunca fue unánime. Con el liberalismo post Revolución francesa, donde se ensalzaba la figura del sujeto y sus derechos fundamentales, como clara influencia del Code Napoleón de 1804 se empezó a germinar la noción del derecho subjetivo como centro de las relaciones individuales. Posteriormente, con el pandectismo alemán, se desarrolló la figura de la relación jurídica, conformada por el binomio derecho subjetivo-deber sustituyendo al 1 Situaciones jurídicas y relaciones jurídicas en: ROPPO, Vincenzo. “Istituzioni di diritto privato”. 4º ED. Bolonia. 2001. Traducido y recopilado por Leysser L. León en: “Derecho de las relaciones obligatorias”. Ed. Jurista, 2007, Pág.47. RESCIGNO, Pietro. “Manuale del diritto privato italiano”. Editrice Dott. Eugenio Jovene, Napoli, 1997. Pág. 263.


derecho subjetivo. De esta forma todo derecho subjetivo debería representar una faz separada del todo, que es la relación jurídica. Sin embargo, la definición de relación jurídica era (es) insuficiente para efectos de explicar aquellos fenómenos en donde no se desarrolla una relación sujeto-norma, como las situaciones autosuficientes o situaciones próximas que se contraponen. Un ejemplo de ello sería el seguir pretendiendo que hay una relación entre objetos (accesoriedad), o entre un sujeto y un determinado lugar o las mismas relaciones sociales irrelevantes para el derecho (como una invitación a salir, un saludo, etc.). La consecuencia sería establecer una equivalencia entre relaciones meramente sociales y relaciones jurídicas. En nuestro medio es conocida la afirmación de que existen relaciones obligatorias y relaciones reales, siendo esta última producto de la concepción obligacionista de los derechos reales. Así, un propietario tendría una relación con la sociedad, o sea, erga omnes, en donde la sociedad tiene el deber de no impedir el ejercicio del derecho del propietario sobre el bien. Dicha visión implica un desconocimiento de la noción de situaciones jurídicas subjetivas, ya que en realidad no hay una relación erga omnes, sino una situación jurídica autosuficiente llamada derecho subjetivo (el derecho de propiedad). Por ello, es erróneo (rectius apresurado) partir de una noción de relación cuando es muy probable que en ciertos fenómenos humanos no se presente, siendo lo más correcto centrarse en el análisis de las situaciones jurídicas para posteriormente desembocar en la relación jurídica. De ahí que en la actualidad se haya dejado de lado la figura de la relación jurídica para ser reemplazado por la doctrina de las situaciones jurídicas en el centro de la calificación de los intereses humanos. Ahora no todo interés es tutelable (rectius relevante) para el derecho. Existen intereses que el ordenamiento califica como ilícitos cuando están en contraposición a los intereses del ordenamiento, y por ello no están protegidos por el derecho2. En cuanto a los intereses merecedores de tutela tenemos que cada interés depende de la posición del sujeto en relación con un bien. De esta forma, puede existir un interés conservatorio y de disfrute, al ser dueño de un bien “A” o bien un interés adquisitivo en el sentido de necesitar el bien “B” cuando no se es dueño del mismo3. En el primer supuesto, el ordenamiento califica dicha situación por medio de las facultades inherentes al derecho subjetivo del cual es titular (facultad de disfrute o al ser titular del derecho de propiedad); en el segundo supuesto el ordenamiento otorga un poder negocial para autodeterminar, mediante una regulación protegida por el derecho, las condiciones en que dicho sujeto pueda adjudicarse dicho bien.

Cuando una situación jurídica de ventaja sea vulnerada, surge un derecho potestativo en cabeza del perjudicado llamado derecho de acción, destinado a operar en el plano procesal4. En otros supuestos no es necesario el actuar del que ve perjudicada su situación, ya que la norma opera automáticamente a la eliminación del hecho lesivo (un ejemplo sería el 181 del Código Civil cuando el deudor queda insolvente o se disminuye las garantías dadas, el ordenamiento tutela al acreedor por medio de dicha

2 GAZZONI, Francesco. “Manuale di Diritto Privato”. VII Edizione, Edizzioni Scientifiche Italiane, 1998. Pág. 55. 3 Ibid. Pág. 56 4 BIGLIAZZI GERI, Lina; BRECCIA, Umberto; NATOLI, Ugo; BUSNELLI, Francesco. Derecho Civil. Tomo I, Volumen I. Normas, sujetos, relación jurídica. Traducción de Fernando Hinestrosa. Universidad Externado de Colombia, 1987. Pág. 363


previsión normativa con la caducidad del plazo puesto en beneficio del deudor, pudiendo el acreedor exigir inmediatamente el cumplimiento de la obligación).

El interés legítimo es una situación de ventaja similar al derecho subjetivo, en el sentido de que ambos son intereses jurídicamente protegidos, para la consecución de un resultado favorable. Su diferencia radica en que el interés legítimo es una situación inactiva; la satisfacción del interés material no depende del comportamiento del sujeto encaminado a la satisfacción del mismo sino de un tercero. Depende de una situación autónoma (potestad o deber), siendo por ello la discrecionalidad su principal característica. Así, el deudor tendrá un interés legítimo de liberación de la deuda, cuya satisfacción dependerá de la conducta del acreedor de dar las condiciones para el efectivo cumplimiento. Así el interés legítimo de un postulante de ganar en concurso para un puesto de trabajo; sería absurdo decir que los participantes tendrían un derecho subjetivo de obtener el puesto. Si el concurso se desarrollara en contravención de las bases y se elige un ganador en esas circunstancias, el otro participante tendría la posibilidad de hacer valer su interés legítimo. Todo interés material es presupuesto de un interés legítimo. Este último sirve para la satisfacción del primero. Sin embargo nuestro legislador parece confundir ambas figuras cuando en el artículo VI del Título Preliminar del Código Civil se establece que “para ejercitar o contestar una acción es necesario tener legítimo interés económico o moral. El interés moral autoriza la acción solo cuando se refiere directamente al agente o a su familia, salvo disposición expresa de la ley” (el subrayado es nuestro). El error del legislador fue equiparar en un mismo plano al interés material y al interés legítimo, ya que solo el interés material puede ser pasible de calificación objetiva o subjetiva al ser una simple situación de hecho5, y que una vez calificado por el ordenamiento se estatuye una situación jurídica de ventaja para la satisfacción de dicho interés. Por ello, el interés legítimo busca proteger los intereses ya sean patrimoniales (o económicos) o no patrimoniales (morales). Es impensable calificar subjetivamente a un interés legítimo, ya dicha situación es plenamente objetiva en cuanto es un interés jurídicamente relevante en relación con el ordenamiento jurídico.

Sobre la norma en comentario, es sintomático que se quiera regular (como sostienen varios autores destacados) la legitimación para obrar a partir de la descripción de su presupuesto: el interés legítimo. Sin adelantarnos mucho, es pertinente mencionar que el fenómeno de la legitimación Implica una aclaración: una cosa es ser titular de una situación jurídica determinada (derecho subjetivo, por ejemplo) y otra estar legitimados para disponer de dicha situación (en caso el titular sea un incapaz) relacionada con la situación propia (los padres del titular incapaz: tienen una potestad; los acreedores de un defraudador: tienen un derecho potestativo) que legitima dicha disposición (el ordenamiento brinda la potestad a los padres para disponer de los bienes del menor; también califica la situación del acreedor defraudado con los actos de disposición del deudor disminuyendo su patrimonio)6. Sobre esta afirmación tendremos oportunidad de sentar una posición. Por otro lado, en el plano procesal, el interés para obrar implica una utilidad que tiene la providencia jurisdiccional solicitada con el inicio del proceso para la tutela del interés lesionado7. Esta es la verdadera figura regulada en el artículo VI del Título Preliminar del Código Civil, y no la legitimación para obrar. La legitimación es calificada por el 5 Ibid. Pág. 353. 6 Ibid. Pág. 354. 7 PRIORI POSADA, Giovanni. “Código Civil comentado por los 100 mejores especialistas”, Tomo I, Gaceta Jurídica, Lima, 2003. Pág. 67.


ordenamiento en cada supuesto de hecho, y no en una sola norma. El mencionado artículo describe las situaciones en donde los intereses legítimos son tutelables por el derecho, como presupuestos del interés para obrar.

De este modo, el interés para obrar sirve de instrumento procesal para la tutela del interés legítimo lesionado, cuando no existen medios extrajudiciales que permitan la restitución al estado anterior a la lesión8. En consecuencia, la figura del interés para obrar tiene implicancias prácticas, ya que el proceso no se iniciará si es que no concurren los presupuestos necesarios, entre ellos el interés para obrar.

Como vemos, es innecesario hablar de relación jurídica ante la suficiencia de las situaciones jurídicas subjetivas. En consecuencia, y luego de establecida la primacía de las situaciones sobre las relaciones, pasaremos a afrontar el tema de las situaciones procesales.

3. La legitimación y el interés para obrar: entrampados en problemas bizantinos

Mucho se ha dicho de la clasificación de la legitimación para obrar en ordinaria y en extraordinaria. Así la legitimación ordinaria implica coincidencia entre titularidad de la relación jurídica material y la relación jurídica procesal, mientras que la extraordinaria implica un rompimiento de este esquema, donde el ordenamiento otorga a un tercero ajeno a la relación jurídica, la facultad de ser parte del proceso en nombre e interés propio9. Ahora bien, la creación de la figura de la legitimación (tanto procesal como sustancial) es inútil. Dicha figura desconoce la teoría de las situaciones jurídicas, siendo artificial y poco útil la permanencia de dicha figura en el ordenamiento. Muchos juristas han cuestionado su utilidad, a raíz de la superación de la centralización de la relación jurídica10. Comencemos. Cuando hablamos de una legitimación para obrar en el fondo estamos hablando de una titularidad de una situación jurídica tutelable en el proceso. Dicha situación jurídica es el presupuesto del interés para obrar. Ante este fenómeno, ¿es necesaria o útil la utilización de una figura llamada legitimación? Pues creemos que no, ya que la función que se le pretende dar a la legitimación la cumple cabalmente la titularidad de una situación jurídica. Si soy acreedor de una obligación y se lesiona mi derecho de crédito, pues tengo la titularidad de una situación jurídica (interés para obrar) para hacer valer mi pretensión en un proceso. Basta que alegue tener un interés para obrar, producto de un de la lesión de un derecho subjetivo, para ser parte del proceso como demandante. Ya un gran jurista decía que “desde el momento que para actuar se precisa tener interés, he aquí que la legitimación se identifica con el interés mismo, por lo tanto vale para la legitimación lo que habíamos dicho para el interés. Y ello es perfectamente lógico, en cuanto el interés no se puede concebir más que 8 SATTA, Salvatore y PUNZI, Carmine. “Diritto Processuale Civile”. VIII Edizione, CEDAM, Papua, 2000. Pág. 136. 9 LEIBLE, Stefan. “Proceso Civil alemán”. II Edición, Biblioteca jurídica Dike, 1998. Pág. 102. MONTERO AROCA, Juan. “Legitimación en el Código Procesal Civil del Perú” en Ius et Praxis Nº 24, 1994. Pág. 15. 10 BIGLIAZZI GERI, Lina; BRECCIA, Umberto; NATOLI, Ugo; BUSNELLI, Francesco. Op. Cit. Pág. 353.


subjetivado, y ya no objetivado, símil a un personaje que busque a su autor. Se debe concluir que no existen dos problemas sino uno…”11. Como mencionamos líneas arriba el interés para obrar implica una calificación del ordenamiento de determinados intereses susceptibles de ser tutelados en el proceso por su titular. La titularidad de ese interés es lo que se quiere dar a entender con la legitimación. El lector suspicaz dirá que dicha titularidad es procesal distinta a la sustancial que pueden no coincidir. Es verdad, pero falta un dato relevante el cual es la división de la legitimación en ordinaria y extraordinaria. Dicha diferenciación es irrelevante, ya que la norma no distingue entre ambos. Basta ser titular de una situación jurídica con interés para obrar para ser considerado como parte en el proceso. Si veo lesionado mi derecho de crédito y es necesario un proceso para la tutela de este, pues el ordenamiento me otorga el derecho potestativo para poder ser parte del proceso (el derecho de acción). Igual resultado se logra cuando un sujeto no cobra la acreencia que tiene, y yo soy su acreedor. Aquí el ordenamiento me otorga un derecho potestativo de exigir judicialmente el cobro de dicha acreencia aun cuando no soy el acreedor de la misma (subrogación). Sin embargo, dicha situación surge producto de la inercia del deudor y el interés que tengo sobre el cobro del mismo. Otro ejemplo paradigmático es el de quien se ve perjudicado por la simulación relativa. El ordenamiento le otorga un derecho potestativo para pedir la nulidad del acto simulado. Por ello, toda situación sustancial coincidirá inevitablemente con la llamada relación jurídico-procesal. Y es que en el proceso se llevará acabo la dilucidación de la controversia entre las partes, las cuales alegarán ser o no titulares de determinadas situaciones jurídicas. El Juez simplemente evaluará a lo largo del proceso si cada parte es o no titular de las situaciones alegadas por medio de la actuación probatoria y con la ayuda de las presunciones legales. Es totalmente absurdo pretender evaluar dicha condición por medio de la procedencia de la demanda, al inicio del proceso. Incluso en la llamada etapa de saneamiento (que en realidad no sirve para nada) aún no se actúan los medios probatorios que determinen la titularidad de las situaciones de las partes. Ni siquiera bajo la excusa de la economía procesal. Lo que es legítimo controlar es si las partes alegan una situación que es amparable en el proceso. O sea basta alegar que se es titular de determinada situación (amparable en el proceso como un tercero perjudicado, por ejemplo) para luego evaluarse si efectivamente es titular de dicha situación (vulnerada y tutelable en el proceso).

4. Confusión de roles ante la indiferencia de intereses protegidos: ¿a quién debo demandar por la responsabilidad de un gerente ya fallecido?

El presente caso me llamó mucho la atención por las siguientes consideraciones. Primero, que fue resuelto de forma coherente por el colegiado explicando detalladamente los motivos del fallo. Segundo, por que el colegiado diferenció entre obligación intuito personae, o personalísima, y obligación (rectius deber) resarcitoria(o). Tercero, porque desarrolló la legitimación para obrar de la mejor forma posible. En resumidas cuentas el caso es el siguiente:

SATTA, Salvatore y PUNZI, Carmine. “Diritto Processuale Civile”. VIII Edizione, CEDAM, Papua, 2000. Pág. 136. 11


La Compañía Embotelladota Ica S.A. (la sociedad en adelante) demandó a sus directores, en donde uno de ellos falleció. Consecuencia de ello es que la sociedad demanda (muy aparte de los otros directores) a la sucesión, esto es a los herederos por responsabilidad extracontractual. Sin embargo, los demandados deducen la excepción de falta de legitimidad para obrar de los demandados alegando que la obligación del causante era personalísima y que ellos no responden en virtud del artículo 1218 del Código Civil (“La obligación se transmite a los herederos, salvo cuando es inherente a la persona, lo prohíbe la ley o se ha pactado en contrario”). Las instancias de mérito declararon fundada dicha excepción bajo el argumento de que “las funciones desempeñadas por un alto funcionario de una sociedad anónima son enteramente personales y que, por ello, no puede pretender responsabilizarse a los herederos con los actos realizados por su (sic) causante”. Sin embargo, el colegiado diferenció la obligación del causante como director de la sociedad (que efectivamente es personalísima) y el deber resarcitorio como consecuencia de la lesión a la sociedad producto de la gestión del causante como director (que es de carácter pecuniario). La falta de criterio de las instancias de mérito para diferenciar ambas obligaciones es la ignorancia del patrón diferenciador de los intereses en juego. La sociedad demandante no busca que los herederos cumplan con la obligación del causante (el cual sería desempeñar cabalmente las funciones de director, por tanto intuito personae y, por ende, intransmisible) sino el resarcimiento del daño causado durante el ejercicio de las funciones encomendadas al causante (perfectamente transmisible mortis causa). La situación creada como consecuencia de la lesión al interés del derecho de crédito, constituye el presupuesto inmediato de un nuevo derecho de crédito (resarcimiento de los daños) 12. Si el demandante alega ser el perjudicado y los demandados alegan no tener un deber de resarcir por las consideraciones expuestas, pues dichas instancias debieron declarar infundada dicha excepción, ante una alegación no concordante a derecho (La aplicación del iura novit curia, ya que se aplicó indebidamente el artículo 1218 cuando no correspondía hacerlo). Distinto es el caso cuando en el proceso se determina que dichos demandados no son los verdaderos herederos mediante la actuación probatoria, y por ende en se falla declarando improcedente la demanda. Ello como sanción ante la falta de diligencia de los demandantes al no demandar correctamente a los verdaderos herederos.

Finalmente, podemos resaltar que el presente caso nos pinta completamente la figura del fenómeno de la titularidad de las situaciones jurídicas en el proceso. En este caso la parte demandada es la sucesión (cuando es un mas indivisa como preceptúa el artículo 871 del Código Civil) importando no quien sea el sujeto obligado, sino la titularidad de la situación jurídica (portador de un interés legítimo en el proceso sin dudas). Dichas situaciones son las que conforman la relación jurídico-procesal, sin necesidad de acreditar una legitimación antes de iniciar el proceso. El control judicial debe versar sobre la correspondencia entre la situación alegada y el derecho, y no entre la situación alegada y los hechos. Ello se debe revisar en la etapa probatoria con todas las garantías que el proceso debe brindar.

12

BRECCIA, Umberto. “Le obbligazioni” En el “Trattato di diritto privato” a cura di Giovanni Iudica e Paolo Zatti. ED. Giuffrè, Milano, 1991. Págs. 626-627.


¿A quién debo demandar por la responsabilidad de un gerente ya fallecido Reconsideración de las situ