Page 1

27 de agosto de 2013

B-2

El Heraldo Criterios

Modifican México y Bélgica convenio contra evasión fiscal México

M

Amenazas a nuestra institucionalidad

H

José Sosa

a pasado sólo un año de la elección federal de julio de 2012 y escasos 274 días desde que inició el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto y el orden institu-cional del país se encuentra viviendo una nueva tormenta de ataques y descalificaciones. No se trata de una cuestión puramente circunstancial, sino de la existencia efectiva de presiones y estrategias de actores políticos y sociales que pretenden modificar algunos de los más importantes acuerdos que sustentan el funcionamiento habitual de la economía, el gobierno y la sociedad. Que en tan poco tiempo de gobierno se presente esta situación puede ser considerado más un rasgo de ingobernabilidad que algo propio de lo que algunos analistas llaman la “normalidad democrática”. Los primeros meses de los gobiernos de los presidentes que van desde Miguel de la Madrid, en 1982, hasta Felipe Calderón, en 2006, se caracterizaron por la búsqueda de acuerdos políticos y sociales sustentados en las instituciones establecidas y casi siempre orientados a ampliar las bases de legitimidad de la administración en turno. Las reformas y ajustes al aparato de gobierno y al régimen constitucional se aplicaron justo al inicio de cada periodo de gobierno, para evitar poner en entredicho la capacidad de interlocución y negociación del Poder Ejecutivo. Sin embargo, y pese a que la actual administración federal cuenta con una gran dosis de legitimidad política y social, prevalecen actores e intereses que no desean la consolidación de nuestro régimen institu-cional. De esta forma, estamos presenciando cómo intereses de viejo y de nuevo cuño están pretendiendo evitar las reformas y avances que podrían romper la inercia negativa que afecta nuestro desarrollo económico y social. Coincido plenamente con Saúl Arellano cuando señala que el Régimen Político Mexicano está dominado por pseudo-actores y feudos de poder (La Crónica de Hoy, domingo 25 de agosto de 2013). De ahí que me parezca necesario denunciar estas posiciones y demandar la aplicación de una estrategia política de contención que evite que una ciudad, una región y un país entero puedan ser víctimas y rehenes por unas horas, por un día o por una vida. El primer frente que debe preocupar a la sociedad mexicana pasa necesariamente por el ruinoso papel que las dirigencias partidistas están teniendo en la actual coyuntura. Para pocos hay duda de que estas dirigencias no están pasando la prueba de con-

gruencia a la que los partidos están obligados, en términos de demostrar que sus verdaderos intereses están en la profundización de la vida democrática y no en la búsqueda obsesiva del poder. Esta demostración de congruencia es fundamental, no sólo porque es un rasgo esperado entre todos los actores que participan en el juego democrático. Su valor más esencial reside en que evita que formas pre-democráticas de búsqueda del poder se mantengan vigentes y ofrezcan beneficios a quienes las aplican. Pese a ello, y tal y como algunos eventos recientes muestran, las perspectivas de esta demostración de congruencia entre los partidos políticos de oposición no son del todo favorables. En cuando menos los dos casos principales, todo parece indicar que las dirigencias partidistas renunciarán explícitamente a su compromiso con la democracia para intentar acotar los resultados de las reformas. De esta manera, la izquierda radical y la derecha menguante intentarán obtener equilibrios y posiciones basados únicamente en visiones e intereses demasiado sectarios. En segundo lugar, y por lo que toca al creciente descrédito de las instituciones públicas, a lo que nos enfrentamos es a una situación en la que los mandos políticos de oposición prefieren señalar defectos y limitaciones en las negociaciones, antes que aceptar su propia incapacidad para aprovechar y encauzar la labor de éstas. No se pueden entender de otra forma las declaraciones y actitudes del Gobierno del Distrito Federal, cuando renuncia a su obligación de cumplir y hacer cumplir la ley en las calles, a pesar de que existan diversas denuncias y procesos judiciales en contra de supuestos líderes sociales. Ni que decir respecto de los efectos altamente nocivos en contra de la paz social y del desarrollo económico provocados por las protestas de diversas organizaciones que, más allá de su legítimo derecho a protestar, anulan los derechos y libertades del resto de los miembros de la sociedad mexicana. Por último, debemos considerar un atentado al orden institucional el uso del chantaje como forma de negociación política. Si bien es entendible la preocupación por la afectación de los intereses propios ante las posibilidades de aprobación legislativa que ya muestra el paquete de reformas propuesto por el Ejecutivo federal, ello no debería ser motivo suficiente para que desde las jefaturas de partidos y organizaciones gremiales se amenace con el incumplimiento de acuerdos y pactos.

éxico y Bélgica suscribieron hoy el Protocolo que modifica el convenio entre ambos países para evitar la doble imposición e impedir la evasión fiscal en materia de impuestos sobre la renta, firmado el 24 de noviembre de 1992. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informa que los signatarios de dicho Protocolo fueron, por parte de México, el subsecretario de Ingresos, Miguel Messmacher Linartas, y por parte de Bélgica, el embajador en México, Boudewijn Dereymaeker. Señala que dicho Protocolo refleja la evolución en la política fiscal de ambos países desde que se firmó el actualConvenio en 1992, el cual forma parte de la red de convenios fiscales suscritos por México. En este Protocolo se incluye el Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU) como impuesto comprendido de manera expresa, agrega la dependencia federal en un comunicado. También resalta, la tasa de retención de 5.0 por ciento

para dividendos, en el caso que el receptor de los mismos posea al menos 25 por ciento del capital de la sociedad que los paga, y 15 por ciento en los demás casos, se modifica para quedar en una tasa general de 10 por ciento. Refiere que la tasa de retención sobre intereses también se modifica, pasando de una tasa general de 15 por ciento a una de 5.0 por ciento para los intereses pagados a bancos y de 10 por ciento para otros intereses. El Protocolo también amplía el intercambio de información entre ambos países, para que dé conformidad con la legislación interna relativa a los impuestos de cualquier clase y naturaleza exigidos por los Estados Contratantes, exista la posibilidad de intercambiar información bancaria y/o financiera. Este intercambio sería incluso de información aquella que no sea necesaria para los efectos impositivos del Estado requerido, lo cual posibilitará un combate más eficaz en la lucha contra la evasión y el fraude fiscal. Expone que, con el fin de

estrechar aún más la cooperación entre las autoridades competentes de ambos países, además del ya establecido procedimiento amistoso para resolver los conflictos que puedan surgir de la aplicación e interpretación del Convenio, se modificó el artículo 26 para permitir un mayor nivel de asistencia mutua en la recaudación de impuestos. Así, comenta la SHCP, el Protocolo permite que el Convenio siga cumpliendo su prin-

cipal objetivo de eliminar ladoble tributación mediante la armonización de los sistemas fiscales de los dos países y otorga certeza jurídica respecto del sistema fiscal aplicable a la inversión de México y de Bélgica. Ello, agrega, permitirá fomentar los negocios entre ambos países, y propiciar mayores niveles de rentabilidad de las inversiones que se realicen en cada uno de éstos, lo cual redundará en el bienestar económico tanto de

MEXICO.- Dicho Protocolo refleja la evolución en la política fiscal de ambos países desde que se firmó el actual Convenio en 1992, dijo el embajador en México, Boudewijn Dereymaeker.

Irrupción de CNTE en San Lázaro dejó daños por 4.5 mdp México

L

a irrupción de maestros de la CENTE en las instalaciones de la Cámara de Diputados el pasado 19 de agosto ocasionó al Palacio Legislativo daños y perjuicios por casi 4.5 millones de pesos. En un comunicado, el poder legislativo informó que los daños materiales sufridos en sus instalaciones esa noche ascienden a un millón 500 mil pesos, mientras que el perjuicio económico que acarreó el cambio de sede que llevaron a cabo ante el bloqueo ocurrido a partir del 21 de agosto es de casi tres millones de pesos. La noche de la irrupción de los maestros de la Coordinadora, se determinó que fueron robadas una cámara de circuito cerrado de televisión y seis equipos de extintores. Los bienes que sufrieron daños fueron dos cámaras de circuito cerrado de televisión; tres equipos biométricos; 20 rejas

de popotillo y una reja ubicada en el lado oriente fue derribada. De igual forma fueron cortadas cuatro mangueras contra incendio de 30 metros; cuatro pitones de las mangueras recuperadas presentan fallas de operación; resultaron dañados 24 vehículos automotores: 19 en el estacionamiento 2, a uno de ellos intentaron prenderle fuego; tres en el estacionamiento 1; dos en la rampa del acceso vehicular numero 5; uno de ellos fue incendiado, por lo que registra pérdida total. Según el informe, tres de los vehículos dañados son propiedad de la Cámara de Diputados y los demás son de trabajadores. También resultaron rotos los cristales y micas de policarbonato de las casetas de vigilancia de los estacionamientos 1, 2, Puerta 5 y la Aduana del estacionamiento 2, con desprendimiento de cables que brindan diferentes servicios.

Además un reloj digital del equipo biométrico fue arrancado mientras que 30 cristales de la planta baja del edificio «G» resultaron rotos; 10 rejillas de drenaje fueron utilizadas para atacar a los efectivos de la Policía federal al igual que nueve macetones de barro y el desprendimiento de lajas de recubrimiento de las jardineras ubicadas a un costado de las escalinatas del Edificio G, materiales utilizados para agredir al personal de resguardo y seguridad. Continúan señalando que tres caretas de policarbonato de los cascos que utiliza personal de Protección Civil resultaron rotas derivado de los proyectiles que arrojaron los maestros durante las maniobras de los conatos de incendio, por lo que hasta el momento, el costo aproximado de las afectaciones al patrimonio de la Cámara de Diputados es de un millón 500 mil pesos. El comunicado de la Cámara de Diputados señala que a fin

de estar en posibilidad de cumplir con sus labores, incurrió en una serie de gastos derivados de llevar a cabo el periodo extraordinario de sesiones en una sede alterna. El costo aproximado de esta situación es cercano a los tres millones de pesos, siendo la renta de los salones, equipos y servicio de alimentos del Centro Banamex los más caros, como un monto de un millón 900 mil pesos. Entre otros de los gastos que señalan, está la renta de salones y servicio de alimentos del Hotel Camino Real para el grupo parlamentario del PAN, que tuvo un costo de 222 mil pesos. Para el PRI y el personal administrativo de la Cámara de Diputados se rentaron salones y se contrató el servicio de alimentos del Hotel Riazor, con un costo de 190 mil pesos, mientras que el traslado de los legisladores al Centro Banamex en 19 autobuses tuvo un costo de 143 mil pesos.

Sener impugnará resolución «Decir que reforma pretende privatizar es una falacia»: Lozoya de CFC sobre Pemex México

E

l secretario de Energía, Pedro Joaquín Coldwell, afirmó que Pemex no incurrió en prácticas monopólicas, como determinó la Comisión Federal de Competencia (CFC) y adelantó que la defensa de la paraestatal se basará enla Constitución. En conferencia de prensa, luego de reunirse en privado con senadores del PRI, el funcionario consideró que la CFC no tiene competencia en esa área, que es reservada para el Estado. Coldwell confirmó que van a impugnar la resolución del órgano regulador y para ello se basarán en la misma Constitución. Sobre las posibles movilizaciones por la reforma energética, a las que convocó este lunes Cuauhtémoc Cárdenas, dijo que este es un país democrático y la gente puede salir a manifestarse de manera pacífica, pero advirtió que la reforma «es inaplazable». Recordó que quienes deciden son los legisladores y México debe aprender a resolver sus diferencias. El funcionario indicó que

aunque el tema es ideológico, también tiene que verse desde un punto de vista económico. Coldwell dijo que el presidente Enrique Peña Nieto presentó una reforma energética porque el país necesita una, y afirmó en ese sentido que en el sector no se puede seguir así. Interrogado sobre la carga fiscal que se liberaría para Pemex con una reforma hacendaria, dijo que le permitiría obtener entre 10 mil y 12 mil millones de dólares, pero el requerimiento es de 60 mil millones. Por eso, dijo que el régimen fiscal ayuda, pero no basta.

MEXICO.- Pedro Joaquín Coldwell niega que la paraestatal haya incurrido en prácticas monopólicas.

México

E

milio Lozoya Austin está convencido de que llevar a cabo un cambio al régimen fiscal de P e m e x, s i n u n a r e f o r m a energética no sería suficiente para desarrollar todos los proyectos petroleros que el país requiere y señala que decir que con la propuesta del Ejecutivo se pretende privatizar la renta petrolera no es más que “una falacia”. En entrevista con un diario, el joven director general de Pemex destaca que la creación de una compañía en el extranjero para explorar y producir tanto gas de esquisto como crudo en aguas profundas es una opción que se puede aplicar si no se concreta la reforma, pero si ésta llega a buen puerto se evaluaría si es conveniente crearla e inclusive Pemex podría crear una división enfocada en shale gas y shale oil. Plantea que con la participación de empresas especializadas que tienen tecnología de vanguardia y capital de riesgo, México aspira a elevar el porcentaje de recuperación de las enormes reservas prospectivas conven-

cionales y no convencionales a un 50%, muy por arriba del promedio mundial que es de 30%. Detalla también que en el caso de los contratos incentivados, que se manejan actualmente, existe la posibilidad de que sean transformados a contratos de utilidad compartida “para así reducir costos y maximizar la producción”, como sería el caso del activo Chicontepec, dada su enorme complejidad técnica y las cuantiosas inversiones que demanda. El funcionario subraya que las regiones de explotación en aguas profundas, que formarán parte de los contratos de utilidad compartida, serán zonificadas, como se realiza a nivel internacional, y da a conocer que se requieren 50 o más plataformas para la zona del Golfo de México. Informa también que Pemex se encuentra en negociaciones con astilleros extranjeros para construir barcos y plataformas marinas, “de tal forma que estos equipos se construyan en México” y, de paso, se impulse a la industria acerera nacional.

edo