Issuu on Google+

8 de marzo de 2014

B-2

El Heraldo Criterios

Y después del triunfalismo, ¿qué sigue? Juan

S

José

Huerta

í, fue muy importante la recaptura de Joaquín El Chapo Guzmán, pero el triunfalismo con que el gobierno federal la festejó tuvo el serio efecto negativo de engrandecer aún más la figura del capo y empequeñecer la superioridad de la autoridad, por ejemplo, cuando en la conferencia de prensa ofrecida para anunciar la captura estuvieron presentes seis destacados integrantes del gabinete, o cuando el propio presidente Peña Nieto abordara el caso en sus intervenciones en eventos oficiales. Otro efecto dañino a la propia lucha contra la delincuencia es la amplísima difusión de detalles del operativo, de las técnicas y tácticas utilizadas, información muy útil para que los delincuentes activos se informen de cómo eludir las acciones de la justicia. Se imponía la discreción. Pero todo pasa, y ahora se hace evidente que la lucha para volver a poner a México en una efectiva ruta de paz, de seguridad, de “trabajo fecundo y creador”, tiene que ser un esfuerzo multifactorial y que abarca muchos sectores, alejado tanto como se pueda de la difusión, de la propaganda, del triunfalismo pues. En primer lugar, considerar que la prisión de un alto jefe del narcotráfico difícilmente debilita la estructura básica de ese negocio, pues de inmediato habrá varios subalternos o jefes de otros grupos listos para ocupar su lugar con rápidos reacomodos, incluso por medio de la violencia. La solución al problema está más allá de la eliminación de algunas cabezas, sobre todo cuando hemos llegado ya a la formación de poderes fácticos paralelos a las autoridades establecidas, poderes con una gran fuerza financiera y criminal que, mediante el convencimiento o la amenaza, todo lo pueden corromper. Bueno, el especialista Ernesto López Portillo incluso llega a afirmar que “queda claro en todo caso que el emporio asociado al narcotráfico abarca ambas esferas de poder, la pública y la privada… la guerra contra las drogas, al final del día, se sostiene en su potencia para producir poder a unos y otros”. (“Es el poder no la droga”, artículo en el sitio El Debate, 5mar14). Esto nos lleva a los ingentes recursos públicos que se están dedicando a la lucha contra las drogas. Por supuesto que es muy necesario optimizar las labores de investigación e inteligencia para combatir más eficazmente la criminalidad, pero ¿es justificable un gasto de 4 mil 721 millones de pesos en siete proyectos de inversión para el Centro de Investigación y Seguridad Nacional, CISEN, destinados a equipos de investigación, de comunicación y para establecer el Sistema Nacional de Inteligencia? Y la cuestión que resalta también de cómo evitar que esta tendencia a la intensificación de las capacidades de vigilancia pública lleve a efectos indeseables sobre las libertades y derechos humanos de los mexicanos. Ya es urgente también reconsiderar el involucramiento central de las Fuerzas Armadas en el combate al narcotráfico. Como algunos de los mismos jefes militares dicen, “no nos preguntaron si queríamos entrarle a esto”, pues la disciplina los obligó a acatar las órdenes de su entonces Comandante en Jefe. Pero después de varios años de esta experiencia, son evidentes las inconveniencias de tal esquema, incluso para los propios militares, y aquella tarea debe dejarse, como corresponde, a las fuerzas de policía bajo la autoridad civil. Y, claro, en un modelo de mantenimiento de la seguridad y el orden públicos que cumpla con los requisitos para ser verdaderamente eficaz en el combate al crimen, dentro de los lineamientos constitucionales. En primer lugar, que no se siga en el centralismo creciente, donde los recursos, estrategias y tácticas, e incluso la fijación de acciones específicas a cada localidad, provienen de la autoridad federal, con base en la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, pues es esencial involucrar a las autoridades estatales y municipales, mucho más cercanas a los hechos, en el combate a la delincuencia en sus localidades. Sí, también están mucho más expuestas a la amenaza y a la corrupción, pero las ganancias de algunos delitos, como el narcotráfico, son tan extraordinarias que alcanzan el poder de corromper a cualquiera, incluso policías y militares federales, o miembros de la clase política. Aparte de la reducción de la fuerza financiera del delito, la solución estriba también en el blindaje de policías, ministerios públicos, jueces locales, contra amenazas y corrupción. Y con este objetivo, una revisión de procedimientos que pueden parecer lógicos, como el dar de baja de inmediato a policías que no cumplen los estrictos controles de confianza, pero que es una práctica con efectos muy indeseables de alimentar los cuerpos delincuenciales con muchas personas en la desesperación de ya no tener, y no encontrar, trabajo y medios de vida. Y aquí entra el dilema de las autodefensas o policías comunitarias. Su lado positivo es, por supuesto, que representan la acción ciudadana organizada en contra del crimen y la inseguridad en localidades muy específicas que conocen bien, y el blindaje que ellos mismos se proporcionan contra las amenazas criminales, al estar armados y organizados. Lo negativo reside, claro, en que son una estructura paralela al Estado y al estado de derecho, que pueden pretender seguir sus propios lineamientos, o incluso que pueden ser infiltrados por la misma delincuencia. Así, parecería que el modus vivendi temporal que se está alcanzando es una solución apropiada, mediante el cual las autodefensas refuerzan durante un período limitado la seguridad y el orden locales, para incorporarse poco después algunos de sus miembros a la institucionalidad, ya sea policíaca o política. Métodos y procedimientos innovadores han de buscarse también para fortalecer en las localidades la infraestructura y el sistema de procuración de justicia, para reducir los delitos de alto impacto y para disminuir el alto grado de impunidad en la comisión de delitos. Esperemos que el Código Nacional de Procedimientos Penales promulgado esta semana, y que entrará en vigor gradualmente en los Estados, a más tardar en junio de 2016, tenga los efectos positivos que se le atribuyen. Mucho tendrá que ver en ello, y en la disminución de la proclividad al delito, que ha tenido un incremento exponencial en los últimos quinquenios, lo que mencionó en su discurso durante la ceremonia de promulgación de dicho Código el procurador general de la República.

Secuestros crecen 20%: Renato Sales Acapulco

E

l Coordinador Nacio nal Antisecuestros, Renato Sales Heredia, informó que entre 2012 y 2013 se registró un incremento en el delito de secuestro de un 20%. Por ello, urgió a las secretarías de seguridad de los estados y sus procuradurías a articular esfuerzos de manera regional, para atender de manera directa esa "tragedia" que es la privación ilegal de la libertad. La Coordinación Nacional Antisecuestros detalló que en ese lapso el delito de secuestro pasó de mil 407 casos a mil 702. Entrevistado antes de la inauguración de la Conferencia Nacional de Secretarios de Seguridad y Procuradores de la Región Centro del País, el funcionario federal, reconoció que el incremento en el delito se debe a la falta de coordinación de las autoridades para hacerle frente al delito. Por lo que propondrán en este encuentro, el impul-

so de la creación de jueces especializados en la materia, mediante la intervención de los congresos estatales y los tribunales superiores de justicia, que la sanción a secuestradores se de en penales de máxima seguridad, la activación de un número único para la denuncia anónima del ilícito, y la articulación de una alerta temprana similar a la alerta AMBER. "La creación de un número único que eventualmente será el 088, ese número único estará a disposición en todo el país y vinculará con los C-4 de los estados con mecanismos de articulación de alerta temprana similar a lo que se hace con la alerta AMBER, para poder reaccionar de manera inmediata en lo que se hace en un tema de privación ilegal de la libertad en su modalidad de secuestro" señaló. Reportó que Guerrero forma parte ya de la región de la zona centro y que el secuestro se ha disparado en algunas entidades federativas

ACAPULCO.-La creación de un número único que eventualmente será el 088, ese número único estará a disposición en todo el país y vinculará con los C-4 de los estados. Explicó que el 74 % de la incidencia de secuestros en todo el país se concentra en 10 entidades federativas. Acompañado por Fernando Schutte Elguero, secretario Técnico de la Comisión Nacional de Secretarios de Seguridad, Sales Heredia dijo que el objetivo del encuentro es para atender problemas

regionales, cómo enfrentarlos y cómo articular la relación entre procuradurías y secretarios de seguridad pública, consideró sumamente importante que se actúe coordinadamente y tratamos de actualizar un auténtico sistema de justicia penal hasta la sanción.

Los países de AL que ya aplican la Consulta Popular México

C

on la aprobación del dictamen de regla mentación de la ley de Consulta Popular en la Cámara de Diputados, en México los ciudadanos podrán ser parte activa en temas que se consideren de 'Trascendencia Nacional'. El tema de la participación democrática directa es un tema que resulta importante para la evolución en materia de democracia en México, sin embargo, este paso no resulta vanguardista, ya que en otros países del mundo se aplica este tipo de consultas desde hace tiempo, y particularmente en América Latina estos mecanismos son parte de su constitución de manera significativa. Países como Argentina,

Perú, Bolivia, Colombia, Uruguay y Paraguay implementan la democracia directa a través de la consulta popular, el plebiscito o el referéndum. Una Agencia de noticias a nivel nacional te presenta algunos de los ejemplos más significativos en el sentido equivalente a la Consulta Popular planteada en nuestro país. Consulta popular en América Latina Este instrumento e susado esencialmente para consultar a la sociedad sobre las reformas constitucionales planteadas por órganos legislativos o por el propio ejecutivo. En Bolivia una reforma total o parcial de la constitución se puede llevar a cabo por iniciativa ciudadana, con la firma de al menos el 20% del electorado. Dirimiéndose, fi-

nalmente, en un referendo. En Colombia el artículo 374 define que “La Constitución Política podrá ser reformada por el Congreso, por una Asamblea Constituyente o por el pueblo mediante referendo”. En Ecuador, el único mecanismo de democracia directa para el cambio de Constitución requiere que un mínimo del 1% de los electores patrocine una reforma constitucional. Si los congresistas no tratan la propuesta en un año, los proponentes podrán solicitar al Consejo Nacional Electoral que convoque a consulta popular. En Paraguay luego de tres años de la promulgación de la Constitución, se podrán realizar enmiendas; podrán proponer cambios: el Presidente, las cámaras del Congreso o treinta mil electores.

Ofrecen disculpa pública a guatemalteca discriminada San cristobal de la casas

C

omo un "día memora ble" para todos los in dígenas que viven en esta localidad, calificó la estudiante de doctorado Rosa Liberta Xiap Riscajche (Ali Roxox), la disculpa pública que este viernes le ofreció el gobierno mexicano, a raíz de que el 12 de noviembre sufrió un acto de discriminación en una cafetería de esta localidad. En la sala de cabildos del ayuntamiento, la indígena quiché consideró que hoy "es un día en el que se reconocen los agravios, el racismo y la

discriminación, que cotidianamente sufrimos, por motivos de nuestra identidad étnica, como parte de los pueblos originarios de estas tierras". El 12 de noviembre "fui agredida en la cafetería "Oh La La. Pastelería francesa, cuando una trabajadora del lugar impidió con violencia verbal, mi ingreso al local comercial. Acto que fue ampliamente condenado por la sociedad civil, mediante las redes sociales". Días después escribió su rechazo e indignación por este incidente y exigió a la cafetería una disculpa pública, pero hasta el día de hoy no

SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS.- Un grupo de estudiantes le gritó "Rigoberta Menchú, no con el afán de orgullo.

se ha dado. Por esto, Ali Roxox, la candidata a un doctorado por la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (Unicach), celebró que sean las instancias gubernamentales las que asuman el acto de desagravio y que vayan "más allá", con medidas que den lugar a políticas públicas dirigidas a erradicar el racismo y la discriminación en las calles, comercios y espacios públicos de esta localidad. Rogó que las acciones que pide el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), para erradicar la discriminación en México, se cumplan y su ejecución sea monitoreada, tanto por las instancias gubernamentales, como por la sociedad civil. "Deseo sinceramente que esta fecha pueda ser un momento histórico", agregó la maestra de la Escuela Normal Bilingüe Intercultural de Quetzaltenango, Guatemala y por lo tanto propuso que este día sea un "parte aguas", que permita "una nueva relación de respeto en la convivencia y de ejercicio de derechos a la población indígena en esta ciudad". En entrevista, Ali Roxox comentó que en los tres años de vivir en esta localidad sufrió dos actos discriminatorios más, ya que en el 2010, un grupo de estudiantes le gritó "Rigoberta Menchú, no con el afán de orgullo.

En Perú se establece que toda reforma constitucional debe ser aprobada por la mayoría absoluta del Congreso, y ratificada por referéndum. La iniciativa de reforma constitucional puede nacer por parte del Presidente de la República, los congresistas o un número de ciudadanos que represente el 0,3% de la población electoral. En Uruguay El 10% de los ciudadanos inscritos en el Registro Cívico Nacional pueden presentar una propuesta da reforma, luego de eso, el Presidente de la Asamblea General, deberá someterlo a referendo. Otros ejemplos significativos de países que promueven la participación directa de sus ciudadanos son en temas de inetrés nacional son EU, Canadá, Gran Bretaña, Fracia, Dinamarca y Suiza.

Diseña Senado plan jurídico contra constructoras México

E

l Senado de la República alista una estrategia jurídica en caso de posibles eventualidades con la empresa que construyó la nueva sede de la Cámara Alta debido a las fallas que presenta el inmueble. La constructora GAMI, filial de Grupo Indy, reclama un pago de 600 millones de pesos para finiquitar el proceso de entrega recepción, mientras que el Senado reconoce un adeudo de 280 millones de pesos. El mes pasado, el Comité Técnico del Senado, integrado por legisladores de todas las bancadas y encargado de agilizar la entrega de la nueva sede, recomendó contratar a despachos jurídicos White and Case SC y el Bufete Dávalos y Asociados, para “ayudar al proceso de finiquito”. De acuerdo con información, a la que tuvo acceso un Diario de circulación nacional, estas firmas contribuirán a dar más certeza jurídica para el desahogo de las etapas de entrega recepción y de la nueva sede, toda vez que se trata de un proceso muy complejo. La situación entre la empresa GAMI y el Senado ha llegado a un nivel de conflicto que podrían terminar en los juzgados por el retraso generado en la entrega de la obra.


edo