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La escandalosa resolución del Tribunal Constitucional que ha motivado sólidos cuestionamientos jurídicos y políticos, incluso por parte de la mitad de los miembros de esa instancia jurídica, está en el ojo de la tormenta. Aquí los antecedentes del tema, los aspectos históricos y la palabra del discrepante magistrado Fernando Calle.


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recí dentro de una generación que no tenía dudas sobre que en el Perú tendría que haber una reforma agraria. No solo se trataba de la alucinante distribución de la tierra en la que un puñado de propietarios acaparaba inmensos territorios y las mejores tierras, relegando a las comunidades y campesinos a la condición de vasallos de los señores o arrinconándolos en las zonas altas y sin calidad productiva, sino del enorme poder político que emergía del control del campo que era un fortísimo obstáculo para la transformación del Perú en una sociedad moderna y democrática. El tremendo dolor causado por siglos, desde la colonia y la mayor parte de la república, nunca fue resarcido por un sistema de dominación que se fundó a sangre y fuego, a través de múltiples despojos, y de las decisiones de los poderes centrales para los que la miseria campesina era parte del orden natural de las cosas. Eso fue así hasta que los movimientos agrarios empezaron a extenderse por todo el país y a generar embriones de revuelta. Oleadas de tomas de tierras empezaron a modificar un orden de cosas que algunos imaginaban inmodificable. A comienzos de la década de los 60, un vigoroso movimiento de campesinos en el Valle de La Convención y Lares, en el Cusco, impulsó la formación de sindicatos campesinos y estableció un programa de reforma agraria decidido desde las bases. A eso la prensa de Lima le llamó “guerrilla” y convirtió a su dirigente emblemático, Hugo Blanco, en una especie de Che Guevara de la ceja de selva peruana. PRIMER INTENTO En 1962, el gobierno militar que reprimió a la organización campesina de La Convención y detuvo a Blanco acusándolo de la muerte de dos policías que cayeron en un enfrentamiento con los campesinos, y que además hizo la redada más amplia de dirigentes de izquierda que recuerde la historia y los mandó al Sepa, fue también el autor de la primera reforma agraria localizada en una sola provincia y que reconocía que la única forma de contener el alza de las luchas campesinas era satisfaciendo parcialmente las demandas de tierras. Una anécdota de la época señala que los hacendados de la zona de conflicto eran los que pedían ser incluidos en la reforma del gobierno militar, ya

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44 años de una medida que transformó el campo que ella les permitía retener algunas de las mejores tierras, antes que los sindicatos les aplicaran su propia norma que los dejaría sin nada. En 1963 es elegido el arquitecto Fernando Belaunde con un discurso de reforma social, que incluía por cierto la transformación de las estructuras del agro. Ganador en forma indiscutible de la votación, Belaunde se encontró enfrentado a una coalición parlamentaria entre el partido de los hacendados y oligarcas y el APRA, que entre otros temas se planteó frenar la presión a favor de la reforma agraria. Así el belaundismo fue derrotado varias veces en sus intentos en esta materia y fue bajando sus pretensiones de cambio hasta convertirlos en inocuos. Quien revise la prensa de la época verá que frente a la reforma agraria, aún en sus visiones más moderadas, había una oposición férrea, muy parecida a la que se puede apreciar ahora cada vez que se proponen cosas mucho más sencillas, como regular el consumo de comida chatarra en los colegios, asegurar la difusión de artistas peruanos en la televisión y la radio o comprar los activos de una empresa petrolera que antes eran del Estado y que están siendo mal administrados. La técnica del

escándalo ya estaba en uso en ese entonces con el mismo efecto paralizante que suele producir entre los políticos débiles de carácter. EL GOBIERNO MILITAR En 1968, las Fuerzas Armadas desalojaron del poder a Fernando Belaunde, cerraron el Congreso apro-odriísta e iniciaron un proceso de nacionalizaciones y reformas que cambió intensamente al país. La nueva doctrina que llevaban los inspiradores del nuevo régimen asumía que sin transformaciones profundas el país corría el riesgo de

precipitarse en una guerra civil y que uno de los puntos claves era el de la reforma agraria. Apenas ocho meses después del golpe de Estado, el general Velasco pronunciaría su célebre discurso anunciándole a los campesinos que el patrón nunca más comería de su pobreza. El remezón fue brutal. Más de 10 millones de hectáreas de tierra cambiaron de propietarios en un corto tiempo y el sistema de tenencia se convirtió en uno de los más democráticos de Latinoamérica al contar con el mayor número de pequeños propietarios viviendo de la agricultura.

Frente a esta gigantesca reforma, en la que sin duda se cometieron errores y excesos, como siempre ocurre con los grandes hechos históricos, la única crítica que se levantó en su momento es la que provino de sectores de la izquierda que cuestionaban el excesivo control estatal sobre las empresas asociativas y levantaban los reclamos insatisfechos de organizaciones comunales. Con sus propios errores, la izquierda aceleró el proceso de afectación, mientras la derecha callaba y no se atrevía a protestar por lo que estaba ocurriendo. Los expropiados medianos, que perdieron su capital con la reforma, nunca fueron defendidos por los que hoy hablan en nombre de ellos. Los bancos y entidades financieras actuaron más bien como lobos para arrebatarles los bonos que simbolizaban la deuda por sus bienes expropiados, que se los compraron al precio más bajo posible para ahora intentar cobrarlos a un valor muy superior con una formidable ganancia financiera. UN DEBATE IDEOLÓGICO Periodistas de derecha han escrito en estos días que así se trate de la cantidad de miles de millones de dólares que sea, hay que pagarle el bono a sus tenedores (80% en manos de bancos y financieras), para con eso matar la reforma agraria y subrayar que esas cosas no deben hacerse. Es decir la ideología antirreforma y antivelasquista sirve para justificar un traspaso brutal de dinero público a entidades que no tuvieron relación alguna con la tierra ni con las expropiaciones de hace 44 años. En esta trampa se quiere convencer al país que lo del 69 fue un abuso contra simpáticos propietarios a los que se les quitó su hacienda donde la agricultura florecía, para entregarla a personas que hicieron retroceder la historia. Todo esto es una apelación a la mala memoria. Y habrá que dar gracias a que este asunto vergonzoso de los bonos nos permita volver a discutir lo que realmente pasó en el país en los 60 y 70, que es lo que explica mucho de lo que está ocurriendo actualmente.


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esde finales del siglo XIX, la demanda por una justa distribución de las tierras agrícolas en el país comenzó a ser un clamor nacional. El primero en hacer esta invocación fue el ilustre pensador anarquista Manuel González Prada, quien denunció la explotación y casi esclavitud a la que eran sometidos los indígenas por los terratenientes. Dos de sus herederos que promovieron los primeros movimientos sociales en el Perú, Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del Apra, y José Carlos Mariátegui, considerado el más grande pensador marxista de América Latina, planteaban que la propiedad de las tierras pase a manos de los campesinos que las trabajan. Sin embargo tenían sus diferencias: mientras Haya veía de manera más paternalista a los indígenas; Mariátegui era contrario a esta visión, planteando que el “problema del indio” estaba relacionado al “problema de la tierra”, y que el primero debía tener el control directo de las tierras agrícolas. El gran problema radicaba en cómo hacer la pregonada reforma agraria, evitando que los costos económicos y sociales sean altos, tanto para campesinos y latifundistas como para el propio Estado. Procesos similares en otros países produjeron grandes conflictos, que incluso terminaron con muertos. Según el especialista en temas económicos y director de la revista Agronoticias, Reynaldo Trinidad, el 76% de las tierras estaba en manos de apenas 0,4% de los propietarios, mientras que una enorme mayoría de labriegos tenía pequeñísimas parcelas. Por ello, es bueno conocer cómo se hizo la reforma agraria en el Perú, y cuáles fueron los cambios que se hicieron al proceso de expropiación, así como la manera en que se hicieron. LA REFORMA APLICADA Manuel Prado Ugarteche vuelve al poder en 1956. En una de las crisis políticas que tuvo que enfrentar, convocó a nada menos que el director del diario La Prensa y mandamás de la Sociedad Nacional Agraria, Pedro Beltrán Espantoso, quien estaba en la oposición al régimen, para que

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La otra repartija <]Z]hY_Yjk]kgdg Yn]j\Y\]jgk Y^][lY\gk   J]qfYd\gLjafa\Y\ kgkla]f]im]]d=klY\g\]Z] hY_Yj]dnYdgjY[lmYdarY\g \]dY\]m\YYdgkY^][lY\gk hgjdYj]^gjeYY_jYjaYg Ykmk`]j]\]jgk$lYd[geg `arg]fkmege]flg[gfdgk Y[j]]\gj]k]pl]jfgk&Af[dmkg hm]\]`Y[]jk][gfla]jjYk ]jaYrYk`YZadalYZd]k$e]\aYf% l]hjgq][lgk\]ajja_Y[aŽfg hgje]\ag\][gf[]kagf]k \]Zgkim]kmgljgkj][mjkgk fYlmjYd]k&

mico”, en palabras de Trinidad. El experto en temas agrarios argumentó que esta acción del deno;gfgr[YdY`aklgjaY\][Žegk]l]j_an]jkŽ]dhjg[]kg\]dY]phjghaY[aŽf\]dYkla]jjYk$ minado Gobierno Revolucionario Ygk\]khm…k\]dYj]^gjeYY_jYjaYaehmdkY\Yhgj]d_]f]jYdBmYfN]dYk[g9dnYjY\g$ de la Fuerza Armada “hizo realidad hYjYZ]f]Ç[ag\]_jYf\]k_jmhgk][gfŽea[gk$_jY[aYkYeYfagZjYkgk[mjYk\]Yd_mfgk la prédica de todos los movimientos ^mf[agfYjagk\]dEafakl]jag\]=[gfge‰Yq>afYfrYk\mjYfl]dY\…[Y\Y^mbaegjaklY& políticos del siglo XX, restituyendo masivamente la dignidad a los camasuma la presidencia del Consejo de militares Ricardo Pérez Godoy, pri- país. La reforma era incompleta pesinos despojados de estos bienes desde los orígenes de la colonia esmero, y Nicolás Lindley, después, e inconclusa. Ministros. pañola”. Bajo Prado y Beltrán, se convocó efectuaron las primeras afectaciones Además, “desactivó la gran a una Comisión Nacional de Refor- de tierras en La Convención para DESACTIVÓ LA bomba social que años más tarde BOMBA SOCIAL ma Agraria, presidida por el abogado contrarrestar aquel movimiento. Fernando Belaunde Terry fue Tendría que llegar al poder el habría utilizado Sendero LuminoErnesto Alayza Grundy, quien luego sería un connotado dirigente y electo presidente en 1963, siendo general Juan Velasco Alvarado en so para arremeter contra el ‘Viejo parlamentario del centro-derechista una de sus banderas de campaña la 1968, tras derrocar al presidente Estado’, usando como carne de ansiada reforma agraria para hacer Belaunde, para que el 24 de ju- cañón a los campesinos”. Partido Popular Cristiano (PPC). Según la Confederación CampesiEste grupo de trabajo concluyó su justicia y sacar al Perú de un anacró- nio del año siguiente decretara misión con un saludo a la bandera: nico sistema semifeudal. Empero, el lo que muchos consideran la re- na del Perú, esta reforma agraria fue había que hacer la reforma agraria, Congreso terminó controlado por la forma agraria más profunda de “un modelo a nivel mundial, pues no pero con un proceso previo de edu- coalición opositora conformada por América, con aquella frase que hubo derramamiento de sangre y se cación y organización de los bene- el Apra y la Unión Nacional Odriís- ha quedado grabada en la memo- promovió la justa distribución de la ficiarios, que serían los campesinos, ta. En este último partido había per- ria de los peruanos: “Campesino, propiedad de la tierra”. En tanto, Pedro Beltrán, en una para asegurar que el proceso sea sonajes ligados a los terratenientes, el patrón ya no comerá más de tu exitoso. Según Trinidad, dicho plan como Julio de la Piedra, quien era pobreza” y con el rebelde Túpac entrevista concedida al periodista César Hildebrandt en 1978, calificó era “inviable, porque los hacendados propietario de grandes tierras agrí- Amaru como símbolo. La junta militar encabezada como “disparate” la reforma agraria jamás habrían permitido que sus va- colas en Lambayeque. Este Congreso con mayoría por Velasco aprobó el Decreto Ley de Velasco. “Lo que han hecho aquí sallos se educaran para sustituirlos”. Llegó 1962 y Prado fue sacado de apro-odriísta aprobó, el 21 de 177716, expropiando todas las ha- es un crimen (…) Se han atrevido a dar Palacio de Gobierno por un golpe mayo de 1964, la Ley 15037 de ciendas y fundos del país, que pasa- la medida que debe tener cada chacra, de Estado. Poco después, se produ- Bases de la Reforma Agraria, ron a manos de cooperativas, comu- como si la tierra fuera igual en todas ciría el movimiento campesino en quedando afectadas solamente nidades campesinas y otras formas partes. Eso revela una ignorancia abLa Concepción (Cusco), encabezado las grandes haciendas de Junín asociativas, “para poner fin al semi- soluta”, sostuvo. por Hugo Blanco. Los gobernantes y Pasco, pero no en el resto del feudalismo antisocial y antieconó-


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LOS BONOS Antes, en 1968, el régimen velasquista dispuso que todos los ciudadanos peruanos presenten su declaración de bienes. Por temor a pagar cuantiosos impuestos, los terratenientes asignaron valores irrisorios a sus haciendas. Cuando las tierras fueron expropiadas, a partir del 24 de junio de 1969, el Estado aplicó los valores que habían declarado los terratenientes, a los bonos con los que sería cancelada la expropiación, que sería pagada de la siguiente manera: una parte pequeña con dinero líquido y el resto en tres tipos de bonos, redimibles en 20, 25 y 30 años, con intereses de 6, 5 y 4%, respectivamente. El Estado también dispuso que estos pagos debieran ser hechos por los beneficiarios, porque las adjudicaciones eran como contratos entre los antiguos propietarios y los nuevos, vale decir los campesinos, estableciéndose plazos para el pago de la misma, con el objetivo de que los campesinos no se vean perjudicados en el corto plazo. Además, el 50% de los bonos podía convertirse en dinero líquido, si los tenedores los invertían en otras actividades productivas, con autorización de los ministerios competentes. Quien aprovechó esta ventaja fue el empresario Dionisio Romero Seminario, el hombre fuerte del Banco de Crédito y el Grupo Romero, invirtiendo sus bonos en diversas actividades y comprando otros de quienes no consideraron esa posibilidad. Muchos hacendados no aceptaron lo valores irrisorios de los bonos, regalándolos o rematándolos de inmediato, para migrar a otros sectores o al exterior. Los menos prefirieron guardarlos, para esperar los plazos del DL 17716 La Asamblea Constituyente que redactó la Carta Magna de 1979 decidió condonar la deuda de los campesinos, y que esta sea cancelada por el Estado. Llegó 1989, año en que vencía el pago de los primeros bonos, pero el país estaba en pleno descalabro económico, bajo el primer gobierno de Alan García, por lo que no pudo cumplir con los pagos. APARECE FUJIMORI Alberto Fujimori fue elegido presidente en 1990. Bajo su mandato, no cumplió con los acreedores que tenían bonos y alegó que no había dinero, por la crisis económica en que se encontraba el Perú, y que no

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ría, para establecer si hubo delito.

sería posible pagarles. Según Trinidad, los funcionarios del Ministerio de Economía y Finanzas, “utilizando la información privilegiada que solo ellos conocían”, indujeron a los acreedores a la venta de los bonos impagos a ciertos grupos económicos del país y del exterior, con la asesoría de algunos estudios jurídicos, e incluso les facilitaron a los compradores, con los que estarían cercanamente relacionados. Luego de este proceso, la gran mayoría de los bonos de la reforma agraria ya no estaban en poder de sus propietarios originales, sino de grandes grupos económicos, como el Grupo Romero y Gramercy de los Estados Unidos que, según el economista Pablo Secada, del neoliberal Instituto Peruano de Economía, tienen 80% de los bonos. Trinidad confirmó que la maniobra se hizo para favorecer negocios privados a costa del mismo Estado y estimó que “entre el 70 y el 80% de los bonos impagos de reforma agraria se encuentra en manos de dos grandes compañías extranjeras (posiblemen-

te asociadas con los dignatarios y funcionarios peruanos que les facilitaron información privilegiada y orientaciones adicionales para hacer las compras especulativas) y de un grupo económico nacional”. El Congreso dominado por el fujimorismo aprobó, el 10 de abril de 1996, la Ley 26597, que dispuso que el pago de los bonos se haga en función de los valores nominales y originales, agregando intereses para

cada emisión y tipo de bonos. En pocas palabras, los bonos ya no tendrían 10 y 20% de su valor real como cuando fueron vendidos a estos grupos económicos, sino que tendrían un precio normal, con lo que la deuda estatal llega a miles de millones de dólares. Doce días después, Fujimori promulgó la norma. Para Trinidad, esas acciones indebidas deben ser investigadas por el Congreso, la Fiscalía y la Contralo-

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PAPEL DEL TC En el año 2001, el Tribunal Constitucional (TC) anuló algunos artículos sobre la norma de la polémica valoración de los bonos, y resolvió que esta debía determinarse en procesos judiciales, por medio de los cuales se ha ido pagando a algunos propietarios. Sin embargo, fue presentada al TC una extraña demanda sobre el tema, usando indebidamente el nombre del Colegio de Ingenieros. Pero ya habían pasado diez años de la decisión del Tribunal, por lo que el plazo para presentar apelaciones había vencido. Allí entró a tallar el presidente de este organismo, Óscar Urviola, que trabajó como ejecutivo y asesor del Banco de Crédito durante 22 años (y que tiene en su poder parte de los bonos, que dice haber recibido como pago de sus clientes). No solo votó para disponer cómo, cuándo y cuánto tenía que pagar el Estado por los bonos, sino que ejerció su voto dirimente para sacar adelante, desoyendo la demanda de quienes lo invitaban a inhibirse por el conflicto de interés planteado por larga relación con el BCP. No solo han cuestionado la resolución del TC, porque ha transcurrido más de una década para la reconsideración y porque según revelación del propio decano del Colegio de Ingenieros, el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi, esta institución nunca presentó oficialmente un recurso ante el TC, con lo que el fallo queda sin piso, según han señalado destacados juristas.


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Henry Cotos Redacción

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l magistrado Fernando Calle está a punto de dejar el Tribunal Constitucional en medio de la polémica por el fallo de esa institución que dispone el millonario pago de la deuda por los bonos agrarios. Dice que está con la conciencia tranquila y que felizmente cada voto en el TC tiene nombre propio y está dispuesto a defender el suyo. —¿Por qué emitió su voto en contra en el caso de los bonos agrarios? —Considero que no hay legitimidad en cuanto a titularidad de los bonos. La ejecución de la sentencia se da hace 12 años cuando la acción de inconstitucionalidad es acogida por el TC y el año 2001 declara la inconstitucionalidad de los artículos y son expulsados del ordenamiento jurídico. Ahí se ejecuta la sentencia. Mi discrepancia es que no somos quienes para señalar el tiempo de ejecución. Creo que esa función corresponde en base a la sentencia. —¿El TC no está facultado para intervenir en este tema? —Luego de doce años hay que analizar algunas cosas que corresponden al Poder Judicial. El ministro de Economía aseguró que estaban pagando y desde mi óptica no se podía afirmar que no había cumplimiento y eso mereció un debate interno en el TC. Eso estaba en fueros que no competen al TC. —¿Cómo explicar entonces la decisión del TC? —Mi explicación es sobre un voto singular. La mayoría ha ganado y ellos deben explicar la realización de esos alcances que, desde mi óptica, debe corresponder a órganos distintos al TC. Siempre he explicado que las instituciones tienen sus funciones, mi proceder expresa ese sentimiento que es la limitación que la ley nos impone para algunas acciones. —El ministro de Economía pidió prudencia al Tribunal Constitucional… —Nosotros no somos quienes para señalar las formas de pago. Creo que eso se debe hacer en base a la sentencia de 1996. Después

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“Felizmente cada voto tiene nombre propio” EY_akljY\g\]dL;$>]jfYf\g;Ydd]$[gfka\]jYim]\]m\Y\]ZgfgkY_jYjagkqY ]klYZYj]km]dlYqfg]jYfa]k^mf[aŽf\]dL;\][aj[Žegq[m~f\ghY_Yj& FOTO: HUGO CUROTTO

hubo otra solicitud el 2001, donde el Tribunal ratifica lo mismo. Luego un grupo de tenedores de bonos recurre a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y esta le dice que hay canales internos. La Nación comprenderá que si el Estado dice que ya está cumpliendo, entonces no es nuestra función intervenir en este caso. —¿Quien es responsable de esta acción? —No somos intocables y naturalmente las mayorías tienen la responsabilidad y tienen que sustentar su posición, siempre he creído que una cosa es la acción de inconstitucionalidad y otra es solicitar el pago de la ejecución, que a mi modesta opinión corresponde a los que tienen el bono. —El decano del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), Carlos Herrera Delcalzi, ha dicho que no presentó la demanda sobre la que ha fallado el TC… —Es una denuncia grave haber

tomado el nombre del Colegio de Ingenieros para esa demanda en el que está en juego el dinero de todos los peruanos. —Ante estos hechos, ¿es posible que se anule la resolución ejecutoria que ordena el pago de los bonos de la reforma agraria? —El TC no puede anular sentencias, pero muchas veces sí se han anulado. En todo caso eso le compete resolver a quienes han elaborado la resolución ejecutoria en mayoría, si se ha presentado alguna nulidad o algo dentro del plazo de ley. —Si el TC no tiene funciones para intervenir pues el caso ya había sido resuelto el 2001, ¿por qué entonces lo hace? —Desde mi posición no violaría ningún artículo del código civil (se refiere al artículo 2001 que fija un período de 10 años para alguna acción contra una resolución) ni ninguna norma. Siempre he creído que cuando hay una norma que

te incomoda o te fastidia, hay que hacer un esfuerzo por cambiarla, pero no pasar por encima de ella. —¿Cree que se ha forzado la aprobación de esta resolución? —Eso tendría que preguntarle al presidente (del TC), no se olvide que a él le corresponde la titularidad. Yo le soy sincero, que desde que leí el expediente senté mi posición y eso se ha ido acentuando con las versiones de quienes debían ser parte el 1996. —¿No hay un conflicto de interés en el caso del presidente del TC que ha sido gerente del Banco de Crédito, que tiene bonos por cobrar? —En los casos constitucionales los magistrados hablamos por nuestras sentencias. Es muy diferente equivocarse o cometer una infracción. Uno puede equivocarse, pero defiende su posición. Si hubiera alguna infracción debería investigarse profundamente.

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Yo felicito a quienes se preocupan por un organismo constitucional pequeño, poco burocrático, con poco presupuesto, pero que decide muchas cosas. —¿Los magistrados del TC tienen demasiado poder? —Tenemos un poder que nos ha dado el Estado, a través de la Constitución, pero no de forma descontrolada. El Congreso nos fiscaliza y la Contraloría también. Nosotros no estamos exentos del control político ni administrativo. El poder no es para que uno haga lo que quiera con los intereses del país. —¿Se siente en paz con su voto y cree que nadie lo señalará? —Nadie me podrá señalar, seguramente habrá discrepancias, pero sabré explicar eso. No ha habido discrepancias que no haya sabido explicar. —Cada vez hay menos confianza en las instituciones… —Veo que algunos peruanos tienen más confianza en los medios que en el Poder Judicial. Los juicios no deben debatirse en la prensa. En el caso del Tribunal Constitucional estamos hablando de palabras mayores y es necesario que se realicen ciertas reformas. Un magistrado puede que tenga o no la razón, pero debe garantizar que no puede ser manejado por presiones políticas y económicas. Si sucede es porque lo admiten la Nación y el Parlamento. —¿El Congreso debe intervenir en este caso? —El Congreso puede intervenir y eso no es interferencia. Si nos llama, debemos ir a explicar lo que quieran. En el país todos tenemos funciones, no somos intocables, ni podemos hacer lo que querramos. Nuestra función está establecida claramente. Hay que ver el origen de una sentencia también y es lo que aprecio antes de dar mi voto. Felizmente todos los votos tienen nombre propio. —¿Este tipo de decisiones polémicas afectan la institucionalidad? —Debemos cuidar la institucionalidad. Lo primero que se han cuidado en mantener los países más poderosos del mundo es la institucionalidad. Y eso implica calidad de conocimientos y dignidad de los representantes, sobre todo porque en manos de estas personas está el destino de muchos ciudadanos.


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Un fallo para la controversia FOTO: LA PRIMERA

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a resolución ejecutoria del Tribunal Constitucional (TC) que ordena el pago de la deuda agraria, generó polémica y ha merecido serios cuestionamientos de juristas y políticos. La decisión es tan controvertida, que tres de los seis magistrados del TC se negaron a darle su aprobación y plantearon desestimar el pedido supuestamente hecho por el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) por considerar que el tribunal no podía intervenir en este caso, por haberse resuelto el año 2001 y cualquier aclaración podía hacerla antes de transcurrir diez años desde el fallo. El jurista Guillermo Olivera Díaz considera la resolución como “prevaricadora, ilegal y delictiva, por haber revivido un proceso fenecido y haber citado hechos falsos, tanto en los considerandos como en la parte resolutiva. Se trata de una resolución viciada de nulidad absoluta”. Asegura que nunca fue motivo de la demanda en 1996 ni del fallo del 2001, el problema del tiempo o término de pago, “ni que el Estado debe dictar un decreto supremo dentro de 6 meses para el registro, la valorización y las formas de pago de los bonos de la deuda agraria”. Olivera explica que “prevarican porque alteran el fallo del 2001, incluyendo hechos falsos. Están metiendo hechos ajenos, alejados del proceso de inconstitucionalidad terminado”, señaló. LATROCINIO Añade que el fallo de 2001 solo se refería a la inconstitucional de la ley 26597, y nada más, “por lo que están metiendo ilegal y delictivamente el tema del

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afectados por la reforma agraria, entre ellos dos importantes grupos económicos del país. MUY GRAVE El legislador cuestionó que en esa decisión del organismo constitucional haya participado Óscar Urviola, presidente del TC, quien años atrás trabajó para el Banco de Crédito del Perú, uno de los beneficiarios del pago, por tener bonos transferidos por los propietarios originales. El legislador Yhony Lescano advierte a su vez que es “muy grave” que la resolución del Tribunal Constitucional (TC) sobre los bonos agrarios se haya basado en un hecho irregular, al conocerse que se usó indebidamente el

nombre del Colegio de Ingenieros para presentar una demanda de ejecución de sentencia. Señala que, al confirmarse que el Colegio de Ingenieros no presentó ninguna demanda al respecto, se revela que los magistrados del TC cometieron el delito de prevaricato por promover un proceso anómalo. A su juicio, el TC debió conocer esta situación y, por eso, nunca notificó al Colegio de Ingenieros sobre la causa. Según Lescano, este hecho constituye una prueba más para acusar constitucionalmente a los magistrados Óscar Urviola, Gerardo Eto Cruz y Ernesto Álvarez, quienes votaron a favor de la sentencia, por el delito de prevaricato.

FOJAS CERO Por su parte, el parlamentario Víctor Andrés García Belaunde pidió que el caso vuelva a fojas cero debido a la denuncia del decano del Colegio de Ingenieros del Perú (CIP), quien indicó que esta institución nunca presentó de manera formal una demanda de ejecución de sentencia ante el Tribunal Constitucional. “Si los que han presentado la demanda no tenían legitimidad, entonces el juicio se cae solo. Si la demanda no era representativa de nadie ¿a quién se sentencia?, ¿ante quién?, ¿para quién?”, dijo. OBJECIONES DEL GOBIERNO El gobierno ha encargado que los técnicos estudien minuciosamente la resolución del TC, antes de pronunciarse, según ha señalado el presidente Ollanta Humala, pero es un hecho que


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FOTO: JAVIER QUISPE

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pedirá una serie de aclaraciones al Tribunal Constitucional (TC) en torno a la resolución que le ordena la cancelación de los bonos de la reforma agraria en un plazo de ocho años. Una de las principales dudas surge porque el fallo ordena reajustar el valor de estos papeles según su valor inicial en dólares y señala que a este se le deberá agregar un interés similar al de los bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Sin embargo, no aclara cómo se calculará esa tasa -que varía dependiendo de las condiciones del mercado- y qué pasará con los intereses que reconocen

los propios bonos de la reforma agraria. Los bonos emitidos por el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado fueron de tres tipos: a 20, 25 y 30 años, con un interés anual de 4%, 5% y 6%, respectivamente. En ese sentido, el TC tendrá que explicar qué sucederá si el cálculo del rendimiento de los bonos estadounidenses resulta menor al establecido por el propio Gobierno. Le correspondería esclarecer también por qué prefirió una tasa de interés que

podría resultar perjudicial para el interesado que recurrió al TC precisamente para que reconociera sus derechos. PLAZOS VENCIDOS El TC también deberá justificar cómo operarían los plazos de prescripción establecidos para los bonos, que perdían todo valor si no eran cobrados por sus titulares 10 años después de su vencimiento. Como se recuerda, para interrumpir ese plazo, muchos bonistas demandaron al Gobierno ante el Poder Judicial.

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En el Medievo servían el pescado con una rodaja de limón pues creían que disolvía las espinas que pudieran ingerir.

PARTES DE UNA CARTA ESTRUCTURA ENCABEZAMIENTO MEMBRETE LUGAR

¡Que buena...!

Soluciones Nº 2435

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CLUB DE SULLANA

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ARTICULO NEUTRO

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INTERJECC. TELEFONICA

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PATRIA DE HUPOCRATES

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PADRE DE JASON

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ANIMAL CUADRUPEDO

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TORTUGA MARINA

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“EN ESTILO DE OCTUBRE NATACION NO HAY MILAGROS”

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ALBUM “SIN ALIENTO”

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“SUEÑO Y POESIA”

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SU CAPITAL: EFUSION DE JERUSALEN LAGRIMAS

CONSUMEN, TERMINAN

LLOVIZNA

HORMIGA (INGLES)

SOL (INGLES)

DINASTIA FAMILIAR

PREFIJO DENTRO

FECHA DESTINATARIO SALUDO EL CUERPO

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ASPERO AL GUSTO

IGUALDAD DE NIVEL

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ABUELA DE JESUS

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PANDA O KODIAK

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Nº 2436

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Nº 2437

¿AMOR HAZ VISTO MI CAMISA BOMBA?

INTRODUCCION NUCLEO CONCLUSION EL CIERRE


Línea - 21 Julio 2013  

Suplemento Línea publicado por Diario La Primera - Lima Perú del 21 de Julio de 2013

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