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Lunes 6 de mayo de 2013 o 5

Para entender los derechos humanos

Luis González Placencia* • luisgonzalez.dh@cdhdf.org.mx

DH

Derechos, garantías, obligaciones y compromisos

T

enemos claro que los derechos humanos son herramientas jurídicas que protegen nuestra identidad, nuestro estilo de vida, y que buscan a través de la equidad y la inclusión disminuir la desigualdad. Cuando hablamos de nuestros derechos, de los de cada quien, eso queda más o menos claro; pero, ¿cómo armoniza esta idea cuando hablamos de los derechos de los demás? Aquí interviene un par de elementos sobre los cuales vale la pena comentar, pues una condición para hacer valer nuestros derechos es que cada quien haga valer los de los demás. Un punto de partida necesario requiere considerar que un elemento básico de los derechos humanos es que éstos son incondicionales, es decir, que no pueden estar sujetos a requisitos de ninguna clase. Por ejemplo, no se puede decir que el derecho de una niña a ser alimentada depende de que haga su tarea o lave los platos; tampoco se puede restringir el derecho a la educación a la pertenencia a una determinada clase social o religión. En este sentido, algunos autores hacen una distinción que puede resultar útil y que plantea que los derechos tienen dos dimensiones: una fundamental y una patrimonial. La primera salvaguarda esa característica incondicional de los derechos, que a su vez se complementa con otros dos aspectos: su irrenunciabilidad y su indisponibilidad. Así, esta dimensión significa tres cosas: 1) que nadie puede ni debe quitarme un derecho que me pertenece; 2) que no puedo renunciar a un derecho que me pertenece, y 3) que a pesar de que el derecho me pertenece, tampoco puedo enajenarlo, es decir, venderlo, regalarlo, donarlo o dárselo a alguien más. Por su parte, un derecho patrimonial es justo el que permite disponer de aquello sobre lo que se tiene derecho. Por ejemplo, puedo renunciar a comer, pero no puedo renunciar a mi derecho a la alimentación; puedo vender una propiedad, un coche o una casa, pero mi derecho a poseer una propiedad nadie puede quietármelo; puedo incluso disponer de mi vida, pero el derecho a la vida me debe ser salvaguardado. ¿Cómo es posible lo anterior? Para comprenderlo existen dos nociones que

resultan indispensables: las garantías y las obligaciones. En términos llanos, las primeras son aquellas vías que permiten el acceso a los derechos. Por ejemplo, no se puede acceder al derecho a la salud si no hay un sistema de salud gratuito o una red de hospitales con médicos, infraestructura y medicinas que estén disponibles para atender a las personas; así como el derecho de acceso a la justicia requiere de un sistema de juzgados y tribunales que lo garantice. Sin garantías los derechos no pueden ser protegidos; no tiene sentido que sean promovidos ni puede seriamente decirse que son respetados mientras no cuenten con sus respectivas garantías.

Las obligaciones frente a los derechos las tiene el Estado; y para que los derechos de todas y todos puedan armonizar, es necesario que la ciudadanía asuma compromisos, que son deberes de comportamiento cuya finalidad es evitar un daño a los derechos de las y los demás Y en este punto donde se vuelve relevante el tema de las obligaciones ya que, frente a cada derecho que es incorporado al régimen constitucional, el Estado tiene la obligación de crear sus garantías. Es muy importante entender que ésta le corresponde al Estado, pues con frecuencia se confunde esta idea y se dice que las y los ciudadanos tienen derechos siempre y cuando cumplan con sus obligaciones. En efecto, tenemos obligaciones como pagar nuestros impuestos o no cometer delitos, pero éstas no lo son frente a los derechos sino, en todo caso, frente al Estado. Por ello, incluso el incumplimiento de estas obligaciones frente al Estado no puede ser condición para el acceso a nuestros derechos. Al igual que en el ejemplo de la niña a quien no se puede condicionar su derecho a alimentarse si no hace la tarea, una o un ciudadano que no paga sus impuestos no puede ser privado de ninguno de sus derechos por ello; podría ser sancionado con una multa o una prohibición, pero eso no le quita sus derechos. En el régimen constitucional vigente en México ni

siquiera es posible que los derechos queden suspendidos por el incumplimiento de una obligación frente al Estado; podría ocurrir sólo con algunos, en caso de guerra o catástrofe, pero incluso en tales situaciones hay un núcleo duro de derechos que debe ser respetado y garantizado, por ejemplo, el derecho a la no discriminación. Pero, entonces, ¿las y los ciudadanos tenemos derechos sin ninguna obligación frente a ellos? La respuesta es sí, porque las obligaciones frente a los derechos las tiene el Estado. Sin duda, la principal de ellas es la de crear las garantías para que la ciudadanía pueda acceder a ellos; y enseguida, las de protegerlos, promoverlos y respetarlos. Sin embargo, dicha respuesta estaría incompleta si no mencionamos un elemento que es necesario para armonizar los derechos de todos y todas, el cual lo constituyen los compromisos. Frente a los derechos de todos, las y los ciudadanos adquirimos compromisos; éstos suponen deberes que son éticamente vinculantes frente a la posibilidad de que los derechos de las y los demás sean obstaculizados o anulados por una acción u omisión nuestra. Ello quiere decir que mi compromiso frente a los derechos de las y los demás es a no actuar o dejar de hacerlo si de ello se deriva un daño a éstos, si por mi causa –directa o indirectamente– los obstaculizo o los anulo. Todos los días enfrentamos situaciones en las que se ponen a prueba esos compromisos. En resumen, los derechos humanos no están sujetos a condición alguna; no pueden ser enajenados y ni siquiera su titular puede disponer de ellos. Deben, en cambio, ser garantizados y corresponde al Estado la obligación de hacerlo como condición para que también puedan ser cumplidas sus obligaciones de respeto, protección y promoción. Por lo tanto, las obligaciones frente a los derechos las tiene el Estado; y para que los derechos de todas y todos puedan armonizar, es necesario que la ciudadanía asuma compromisos, que son deberes de comportamiento cuya finalidad es evitar un daño a los derechos de las y los demás. H *Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal

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Derechos, garantías, obligaciones y compromisos.  

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