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PUERTO RICO es un territorio orgullosamente de habla hispana. Es tan materialmente pobre como lo es rico en cultura. Además, Puerto Rico ha entrado en una nueva y exótica versión de bancarrota, pues enfrenta obligaciones de deuda y pensiones por la asombrosa cantidad de 123 mil millones de dólares. En pocas palabras, es difícil imaginar un peor momento para que los funcionarios del partido gobernante en este territorio del Caribe convenzan a Washington de que están listos para convertirse en el estado número 51 de Estados Unidos. Pero se han comprometido a defender sus argumentos de todos modos. Si les dicen que la misión parece imposible, invocarán el largo arco moral del universo y cómo se inclina hacia la estadidad de Puerto Rico. “Eso le dijeron a los negros”, dijo un indignado Ramón Rosario Cortés, secretario de Relaciones Públicas de Puerto Rico, en una entrevista a principios de mayo. “¡Que estaban perdiendo su tiempo cuando asistían a las marchas de Martin Luther King Jr. porque nadie iba a escuchar el clamor de la gente!”. El fuerte impulso a favor de la estadidad fue una promesa central de campaña del gober-

nador Ricardo Rosselló, de 38 años, quien asumió su cargo en enero. Como parte de un arreglo a largo plazo, para un territorio que enfrenta un periodo de severa austeridad, la cual incluirá el cierre de escuelas públicas, el congelamiento de los salarios, cortes a las pensiones y afectaciones a las inversiones en materia de salud pública. La isla sigue sufriendo una recesión que se ha mantenido durante gran parte de la década pasada. La estadidad, según argumentan Rosselló y sus aliados, significaría más inversiones en infraestructura, lo cual atraería más negocios y crearía una economía más estable. Rosselló también ha calificado la relación actual de Puerto Rico con Estados Unidos como un “estatus colonial” que priva a sus 3,4 millones de residentes “del derecho a la igualdad política, social y económica bajo el control estadounidense”. Pero Rosselló no solo debe convencer a un congreso en Washington que, por ley, es la clave de la relación de Puerto Rico con Estados Unidos. En la isla, la cuestión del “estatus”, como se le suele llamar, ha sido durante décadas la cuestión definitoria —y más divisoria— en el centro de la política puertorriqueña. Los tres partidos políticos principales no

están divididos según líneas ideológicas; en vez de eso, los puertorriqueños los conocen como el partido de la estadidad, el partido de la independencia y el partido que apoya una versión mejorada del statu quo. A los votantes del plebiscito del 11 de junio se les pedirá que escojan entre esas tres visiones. En Puerto Rico hay un remolino de sentimientos complejos hacia Estados Unidos, que obtuvo el territorio en 1898 como despojo de su guerra contra España. Hoy en día, su cultura caribeña mezclada tiene cepas tanto de un patriotismo estadounidense ferviente como de una profunda preocupación por la dilución de una herencia hispana única y su compatibilidad con el proyecto estadounidense más general. El terreno intermedio ha sido ocupado por el Partido Popular Democrático. Sus dirigentes no quieren abandonar la autonomía que ofrece la situación actual, pero sostienen que se necesitan cambios serios para salvar la economía de la isla, como permitir a los buques no estadounidenses puedan transportar mercancías entre la isla y el continente, dijo Héctor Ferrer, el presidente del partido. Sin embargo, también advirtió de las pérdidas culturales que vendrían con Por favor, pase a la página siguiente.

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Caribe primera edicion de agosto  
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